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Sentencia CL-336-09 — Registro 945

Resumen

El trabajador interpuso demanda ante el juzgado solicitando prestaciones laborales por despido directo e injustificado y demás derechos adquiridos, el juzgado falló en su contra y la corte de apelaciones revocó la sentencia dandole sus derechos a el trabajador, por lo que el patrono interpusó recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR DE OFICIO la sentencia recurrida"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 113 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 956 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de marzo del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha siete de octubre de dos mil nueve, por el Abogado ERICO DANILO FIGUEROA G., mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales por despido directo e injustificado y demás derechos adquiridos, costas del juicio; interpuesta el veinticinco de febrero de dos mil ocho, ante el Juzgado Segundo de Letras Seccional del Departamento de Copan, por el señor JOSE ANGEL RAMIREZ LOPEZ, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en el Municipio de Cucuyagua, Copan, en contra el negocio denominado “CAR WASH Y LUBRICENTRO AAA”, por medio de su propietario el señor ARMANDO LARA GONZALEZ, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y con domicilio en la ciudad de Cucuyagua, Copan.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, que falló REVOCANDO la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Letras Seccional del Departamento de Copan, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Vilma Araceli Ayala Batres, representado al demandado ARMANDO LARA GONZALEZ; SEGUNDO: REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA de fecha veintisiete de octubre de dos mil ocho, emitida por el Juzgado Segundo de Letras Seccional de Copan, en la Demanda de Primera Instancia para el Pago de Prestaciones Laborales por Despido Indirecto e Injustificado y Demás Derechos Adquiridos; TERCERO: ABSUELVE al demandado ARMANDO LARA GONZALEZ del pago de prestaciones laborales y de salarios caídos en concepto de daños y perjuicios que pudieran hablarle correspondido al que una vez fue su trabajador, JOSE ANGEL RAMÍREZ.” SIN COSTAS en ambas instancias.- RESULTA: Que mediante sentencia de fecha trece de agosto de dos mil nueve, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado ERICO DARIO FIGUEROA, actuando en su condición de apoderado de el señor JOSE ANGEL RAMIREZ LOPEZ, ambos de generales ya establecidas, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.-RESULTA: Que en fecha siete de octubre de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado ERICO DARIO FIGUEROA, actuando en su condición de apoderado del señor JOSE ANGEL RAMIREZ, ambos de generales ya establecidas, formalizando su demanda de la siguiente manera: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION. En el presente caso, me propongo con el presente recurso, destruir totalmente el fallo recurrido, en su parte resolutiva, que declara con lugar el recurso de apelación de la parte demandada y REVOCA la sentencia de la de primera instancia.- Sentencia de Segunda Instancia, que en su parte resolutiva, literalmente dice: POR TANTO: La Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, siendo PONENTE EL MAGISTRADO PROPIETARIO ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ, en aplicación de lo prescrito por los artículos 1, 127, 128, 128, 129, 134, 303, 204, 231 de la Constitución de la República 1, 55 No.2 Y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 183, 184, 187, 189, 190, 192, 421, 422 Y 428 del Código de Procedimientos Civiles, V23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la declaración de derechos y deberes del hombre, precepto 14, el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales parte III, articulo 6 numeral 1; 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 112, 113, 616, 617 d y g, 618, 619, 664, 665, 738, 739, 744, 760 y 858 del Código del Trabajo. FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada VILMA ARACELY AYALA BATRES, representando al demandado ARMANDO LARA GONZALES.- SEGUNDO: REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA de fecha veintisiete de octubre de dos mil ocho, emitida por el juzgado segundo de letras seccional de Santa Rosa de Copan, en la Demanda de Primera Instancia para el pago de prestaciones Laborales por despido directo e injustificado y demás derechos adquiridos; TERCERO: ABSUELVE al demandado ARMANDO LARA GONZÁLES del pago de prestaciones laborales y de salarios caídos en concepto de daños y perjuicios que pudieran haberle correspondido al que una vez fue su trabajador, JOSE ANGEL RAMIREZ. Y MANDA: Que en el caso de no interponerse recurso alguno lo que hará constar el Secretario del Tribunal, Con la Certificación de estilo se devuelva la primera pieza de autos al Juzgado de su procedencia para los fines legales consiguientes. QUEDAN LAS PARTES NOTIFICADAS POR ESTRADOS. En esta instancia. NOTIFIQUESE. — EN PRIMER LUGAR SOLICITO: Casar la Sentencia en la parte resolutiva anteriormente transcrita anulándola totalmente.- EN SEGUNDO LUGAR SOLICITO: Que casada esta, la Honorable Corte Suprema de Justicia, acto seguido en sede de Instancia la sustituya por lo que en derecho corresponda, dictando el fallo en los términos siguientes: POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1 y 80 atribución primera, 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 127, 128, 129, 134, 303, 314, y 319 ordinal 7 de la Constitución de la República, 1, 3, 4, reformado, 5, 6, 19, 20, 30, 42, 47, 99, 100 numeral 7, 104 numeral 3, 113, 116, 118, 120, 322, 329, 330, 338, 339, 340, 345, 349, 363, 664, 665, 865 y 858 del Código del Trabajo. FALLA: PRIMERO: Casar totalmente la Sentencia recurrida y en consecuencia DECLARAR CON LUGAR: La Demanda Laboral de Primera instancia Promovida por el señor JOSE ANGEL RAMIREZ, de generales expresadas, contra el señor ARMANDO LARA GONZALES, en su condición de propietario de Car Wash y Lubricentro AAA, también de generales conocidas, 2.) Condena al Señor ARMANDO LARA GONZALES a pagar al señor JOSE ANGEL RAMIREZ, la cantidad de VEINTIOCHO MIL DOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (LPS.28,292.38), por los siguientes conceptos: POR 60 DIAS DE PREAVISO, LA CANTIDAD DE SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (LPS.7,466.40).. POR AUXILIO DE CESANTIA, DOS MESES LA CANTIDAD DE SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (LPS.7,466.40).- POR 291 DIAS DE AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL, LA CANTIDAD DE DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS.2,984.50).- POR 23 DIAS DE VACACIONES, LA CANTIDAD DE DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS DOCE CENTAVOS (LPS.2,862.12).- POR 16 DIAS DE VACACIONES PROPORCIONALES, LA CANTIDAD DE DOS MIL ONCE LEMPIRAS CON DIESISIETE CENTAVOS (LPS.2.011.17).- POR 1.75 DIAS DE TRECEAVO MES DEL AÑO PROPORCIONAL, LA CANTIDAD DE DOCIENTOS DIESISIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (LPS.21.42).- POR 30 DIAS DE CATORCEAVO MES DEL AÑO, LA CANTIDAD DE TRES MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.3.200.00).- POR 16.75 DIAS DE CATORCEAVO MES DEL AÑO PROPORCIONAL, LA CANTIDAD DE DOS MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETECENTAVOS (LPS.2,084.37), TREINTA Y OCHO CENTAVOS (LPS.28,292.38).- Mas a titulo de Daños y Perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido directo, hasta la fecha en que quede firme esta Sentencia.- CON COSTAS. V. EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva de orden Nacional por Infracción directa en los artículos 117, 617 letra g), 738 y 739 todos del Código del Trabajo, por falta de apreciación, por error de derecho que aparece de manifiesto en los autos del MEDIO DE PRUEBA NUMERO DOS—INSPECCIÓN, letra A), consistente verificar si el expediente del señor José Ángel Ramírez, a ver si se encuentra un reporte de inasistencias el día dos y tres de enero del año dos mil ocho. B) a corroborar que el señor ARMANDO LARA GONZALES (Demandado) hizo caso omiso a las dos citaciones conciliatorias giradas por esa autoridad administrativa. Las fotocopias de estas diligencias, aparecen a folios cincuenta y tres (53) vuelto, Cincuenta y cuatro (54) vuelto, cincuenta y cinco (55) vuelto y cincuenta y seis (56) vuelto, del expediente de primera Instancia.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está Contenido en el artículo 765 numeral 1, párrafo 1, del Código del Trabajo, en relación con los artículos dicha violación la explico en la forma siguiente: La Corte Sentenciadora ha incurrido en violación de las Normas Sustantivas de orden Nacional relacionadas, al no apreciar el medio de prueba singularizado del tipo inspección, en virtud de carecer la “notificación de abandono de trabajo” (folio 56 vuelto) de las formalidades con las cuales la autoridad administrativa como ser el ministerio de Trabajo debió constatar el abandono de trabajo, ya que la parte demandada alega que mi representado se ausento a su trabajo desde el día dos (2) de enero del año dos mil ocho al día veintiuno (21) de enero del mismo año, lo cual no pudo probar en el transcurso del juicio, porque si bien es cierto solicito una inspección a la empresa en fecha veintidós de enero del dos mil ocho misma fecha que mi representado inicio su reclamo en el ministerio del trabajo de Santa Rosa De copan (folios 8 vuelto, 9 vuelto, 10 vuelto), la misma se llevo a cabo hasta el día veintiocho de enero del mismo año, (acta que corre a folio 11) en la cual ninguno de los trabajadores entrevistados (José de la Cruz Álvarez, Luís Orlando Lara, Luís Rodolfo Rojas), dio una respuesta clara que concordare con lo manifestado por el patrono ARMANDO LARA GONZALES, diciendo con claridad desde que fecha se ausento supuestamente el señor JOSE ANGEL RAMIREZ, de su puesto de trabajo, al extremo, el señor Luís Orlando Lara Primo hermano del demandado) manifestó . Tengo veintiocho años de trabajar con la familia Lara, siendo claro que la declaración de este trabajador puede ser acomodada a la posición de su primo (el demandado). Siendo esto una represalia contra mi representado En virtud que este ya había intentado ejercer sus derechos laborales, ese mismo día veintidós de enero del dos mil ocho. Por tanto, dejar de apreciar el medio de prueba aludido, siendo el caso de hacerlo, fue un error de derecho que llevó a la Corte Sentenciadora a no aplicar la Norma Sustantiva de orden Nacional indicada, y como consecuencia de la rebeldía, violentar la misma por vía directa provocando la tergiversación del fin indicado, con una improcedente Sentencia absolutoria.- Por tal razón Honorables Magistrados, estando plenamente demostrado la violación indicada procede se case la Sentencia en este primer motivo, por ser evidente el error de derecho, en la no apreciación del medio de prueba relacionado, siendo el caso de hacerlo.- SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de orden Nacional por infracción indirecta del Artículo 320 en relación con el 336 del código de procedimientos, en relación con los artículos 738 y 739, todos del Código del Trabajo, por apreciación errónea por error de hecho que aparece de manifiesto en los autos de los medios de prueba que a continuación singularizo: a) MEDIO DE PRUEBA NUMERO UNO CONFESION.- La cual aparece a folios del 131 al 133 del expediente de Primera Instancia; b) Prueba Documental a folios 1, 2, 51 y 52 de la primera pieza de autos.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 19, párrafo 2. Del Código del Trabajo.- Dicha Violación la explico en la forma siguiente: La Corte Sentenciadora, incurrió en Violación de la Norma Sustantiva de Orden Nacional, relacionado al apreciar erróneamente por error de hecho los medios el medio de prueba documental que corre a folio 5 de la primera pieza, dicho documento es la primera hoja del expediente que se le abrió a mi representado en la clínica del doctor JOSUE DANIEL ESPINOZA, el cual consigna el cuadro patológico con el que llego mi representado Ángel Ramírez el día 14 de enero del mismo año, y si por un lapsus calami, el médico tratante escribió que la fecha de primera visita fue el 21 de enero del año dos mil ocho, y como segunda fecha de visita el 14 de enero del año dos mil ocho, con respeto a la corte sentenciadora, es por lógica que este error o lapsus calami ocurrió, no es menos cierto que estas son las fechas que este demandante a sostenido en base a verdad desde el inicio del juicio como las cuales mi representado fue incapacitado por su enfermedad, además de ello todo el contenido de dicha hoja donde consta la incapacidad que le otorgare a el señor JOSE ANGEL RAMIREZ fue desvalorizada, incluso los jueces de la corte de apelaciones solo valoraron la fecha, y no hacen ningún análisis del contenido toral de este importante documental, dejando a mi representado, como si su enfermedad no hubiese ocurrido, lo cual es abalado por los documentales de folio 6 y 7 de la primera pieza.- Por tanto estando plenamente demostrado que la Corte Sentenciadora Fundamentó su decisión en la apreciación errónea de la prueba, es evidente que se ha violentado la Norma Sustantiva de orden Nacional invocada, y en consecuencia procede casar la Sentencia por este segundo motivo. TERCER MOTIVO DE CASACION: Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de orden Nacional por infracción indirecta del Artículo 30 en relación con los artículos 738 y 739, Todos del Código del Trabajo, por apreciación errónea por error de hecho que aparece de manifiesto en los autos de los medios de prueba que a continuación singularizo: a) MEDIO DE PRUEBA NUMERO UNO.- CONFESION.- La cual aparece a folios del 131 al 133 del expediente de Primera Instancia; b) Prueba Documental a folios 1, 2, 51 y 52 de la primera pieza de autos.- Precepto autorizante: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 12, párrafo 22. Del código del trabajo.- Dicha violación la explico en la forma siguiente: la corte sentenciadora, incurrió en violación de la norma sustantiva de orden nacional al desacatar el artículo 30 del código del trabajo que textualmente dice “La inexistencia del contrato escrito exigido por este código es imputable al patrono. El patrono que no celebre por escrito los contratos de trabajo, omita algunos de sus requisitos, liará presumir, EN CASO DE CONTROVERSIA, QUE SON CIERTAS LAS ESTIPULACIONES DE TRABAJO ALEGADAS POR EL TRABAJADOR. Sin perjuicio de prueba en contrario. Y en vista de lo antes manifestado, en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copan, en folio 23 vuelto, 24 vuelto de segunda pieza, redactan en los considerandos de su sentencia que la constancia y incapacidad medica extendida por el doctor JOSUE DANIEL ESPINOZA, que se encuentra a folio 5 de la primera pieza, les crea duda, al estar consignadas de manera contraria las fechas de las visitas hechas por el señor JOSE ANGEL RAMIREZ, y basar su sentencia el ello causa por la cual enfocan su sentencia es causa de una desvalorización del contenido de la misma, y el lapsus calami, o error de el médico tratante al escribir fechas en líneas equivocadas, no contradice que mi representado fue a consulta el 14 de enero del 2008, y el 21 de enero del mismo año, así mismo, no contradice que se incapacito a mi representado, además de ello tal medio de prueba no fue objetado por la defensa del demandado ARMANDO LARA GONZALES, esto relacionado con el artículo 336 del Código de Procedimientos Comunes que dice textualmente “Los documentos privados y la correspondencia serán reconocidos bajo juramento, a la presencia judicial, por la parte a quien perjudiquen, silo solicitare la contraria. No Será Necesario Dicho Reconocimiento Cuando La Parte A Quien Perjudique El Documento Lo Hubiere Aceptado Como Legítimo Al Fijar Los Hechos En El Escrito De Contestación”. Y en virtud de los términos del artículo anterior queda claro y evidente los señores jueces de la corte de apelaciones encontrar duda, debieron dictar su resolución favorable al trabajador, ya que la inexistencia de de oposición como dice el artículo citado, la parte a quien perjudica ese documental (folio 5), no fue presentada oposición por la defensa del demandado a este medio de prueba, por lo que la intervención de FONDO de la Corte de Apelaciones no era procedente. Por tanto claramente demostrado que la Corte Sentenciadora fundamentó su decisión en la apreciación errónea y desvalorizada de la prueba sin causa justa, es evidente que se ha violentado la Norma Sustantiva de orden Nacional invocada, y en consecuencia procede casar la Sentencia por este segundo motivo. SUBSIDIARIAMENTE SE RECLAMA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES. Sin perjuicio de lo procedente en la admisión de los motivos de casación expuestos, con fundamento en el artículo 956 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el 858 del Código del Trabajo, PRIMERO: que conforme a lo antes expresado en el tercer motivo de este recurso de casación, La honorable Corte recurrida, su decisión es gravosa para esta parte demandante; En la segunda pieza aparece a folio veintiuno (20) al veintidós (27), la Sentencia dictada por el Tribunal Ad-Quem, la cual revoca la Sentencia dictada por el Tribunal A-quo, en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil ocho (2.008) y en la misma, no aparece el presupuesto procesal de absolver al demandado, por lo que subsume el error procesal indicado.- Como observará este Honorable Tribunal Supremo, la Corte Sentenciadora impugnada, viola con este fallo en lo preceptuado en el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el 858 del Código del Trabajo, lo que la convierte en una Sentencia SITRAPETITA, al no consignar lo explicado anteriormente; por lo que se han infringido Normas de Orden Público de obligatorio cumplimiento, por lo que se reclama su nulidad, de la Sentencia dictada por el Juez AQuem, en fecha diecisiete (15) de Junio del año dos mil nueve (2.009), y demás actuaciones posteriores, por ser estas actuaciones violatorias a la Norma Constitucional establecida en el artículo 90 de nuestra Constitución de la República, a fin de que volviendo a la legalidad se proceda con arreglo a derecho”.- RESULTA: Que en fecha ocho de octubre de dos mil nueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Abogado ERICO DARÍO FIGUEROA, actuando en su condición de apoderado de el señor JOSE ANGEL RAMIREZ, ambos de generales ya establecidas, por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; sin éste hacer uso de ese derecho; por lo que, en proveído de fecha cuatro de noviembre de dos mil nueve, se declaró caducado de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte de la Abogada VILMA ARACELI AYALA, mayor de edad, soltera, hondureña, actuando en su condición de apoderada de el señor ARMANDO LARA GONZALEZ, de generales ya establecidas.- RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- CONSIDERANDO (1): Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO (2): Que toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.- CONSIDERANDO (3): Que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- CONSIDERANDO (4): Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- CONSIDERANDO (5): Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- CONSIDERANDO (6): Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de fecha 15 de Junio del 2009, la cual revoca la de primera instancia dictada el 27 de octubre del 2008, de manera evidente se encuentra en abierta inobservancia del artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles en relación con el 858 del Código del Trabajo, en virtud de que su fallo en el caso de mérito no es congruente con las pretensiones deducidas en el juicio, ya que si bien declara SIN LUGAR la demanda de mérito y absuelve a la demandada del pago de las prestaciones laborales reclamadas, omite pronunciarse y resolver sobre los derechos adquiridos, que si fueron condenados por el Juez A-quo y que proceden a favor del trabajador aún en el caso de desestimarse su acción por estimarse justo y legal el despido de que se trate. También en dicho fallo, si bien inicialmente aparece y se indica que fue proferido en audiencia, en el acta respectiva donde se consigna el mismo, se observa que no se ha seguido la estructura pertinente a tal actuación procesal, dejándose varios espacios incompletos y sin el cierre de la audiencia correspondiente. Finalmente, se realizan valoraciones de documentos que, si bien constan en el proceso, no fueron propuestos y evacuados en la fase procesal respectiva de primera instancia, violentándose con ello lo dispuesto en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo.- CONSIDERANDO (7): Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- CONSIDERANDO (8): Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- CONSIDERANDO (9): Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR DE OFICIO la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 190 del Código de Procedimientos Civiles; 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: ANULAR DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de fecha 15 de Junio del 2009, visible a folios veinte (20) al veintisiete (27) de la segunda pieza.- Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho.- Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de marzo de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha ocho de Marzo de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 336-09.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL