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Sentencia CL-278-09 — Registro 887

Resumen

El trabajador solicitó el pago del ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales y ajuste salarial retroactivo por aplicación del Arancel del Profesional del Derecho.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen".

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 113 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 956 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de febrero del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación por infracción de ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinticuatro de agosto de dos mil nueve, por el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, mayor de edad, casado, hondureño, de este domicilio, actuando en su condición de apoderado de la señora MELISSA NINOSKA CALIX ORDÓÑEZ, mayor de edad, soltera, hondureña, Abogada, de este domicilio; en relación a la demanda ordinaria para el pago del ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales y ajuste salarial retroactivo por aplicación del Arancel del Profesional del Derecho, en virtud de despido directo que tácitamente se tuvo por ilegal e injusto al reconocerse derechos laborales; interpuesta el diez de octubre de dos mil seis, ante el entonces Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, por la señora MELISSA NINOSKA CALIX ORDÓÑEZ, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), por medio de su representante legal, en carácter de Directora Ejecutiva, la señora DORIS YOLANY GARCÍA, mayor de edad, casada, hondureña, Licenciada en Trabajo Social, de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintidós de mayo de dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que falló confirmando la sentencia dictada en fecha cuatro de marzo de dos mil ocho, por el entonces Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, misma que fue proferida de la siguiente manera: “1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA promovida por, MELISA NINOSKA CALIX ORDOÑEZ en cuanto al reajuste del salario en aplicación con el Articulo 89 del Arancel del Profesional del Derecho desde el 9 de Julio hasta el 4 de Septiembre del año 2003 en consecuencia 2) CONDENA AL DEMANDADO INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), a través de su Directora Ejecutiva DORIS YOLANY GARCIA, a pagar la cantidad de VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (Lps. 22,599.12) por reajuste de salario de 58 días del 9 de Julio al 4 de Septiembre del 2003. 3) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por, MELISA NINOSKA CALIX ORDOÑEZ en cuanto al reajuste del pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales en consecuencia 4) ALBSUELVE AL DEMANDADO INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), a través de su Directora Ejecutiva DORIS YOLANY GARCIA, por dichos conceptos”.- SIN COSTAS en ambas instancias.- RESULTA: Que mediante sentencia de fecha dieciséis de junio de dos mil nueve, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, actuando en su condición de apoderado de la señora MELISSA NINOSKA CALIX ORDÓÑEZ, ambos de generales ya señaladas, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ya mencionada, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días, para que formulara por escrito la demanda de casación.- RESULTA: Que en fecha veinticuatro de agosto de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, de generales y condición ya indicadas, formalizando su demanda de la siguiente manera: “DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN En el presente caso me propongo con el recurso, desquiciar la sentencia recurrida en FORMA TOTAL sentencia que dice: “POR TANTO: Esta CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos: 128 134, 135, 303 y 304 de la Constitución de la República de Honduras; 2, 25, 26, 664, 665, 666 letra b); 672, 686, 699 párrafo último, 738, 739, 740 numeral 2°., 744, 760 y 858 del Código del Trabajo este último en relación analógica con los artículos 183, 184, 187, 190, 192, 200 y 42O del Código de Procedimientos Civiles; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandante Apoderado apelante. - 2.- CONFIRMANDO La sentencia definitiva proferida por el Juzgad de Letras Primero del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha cuatro de marzo del año dos mil ocho, que corre agregada a folios 96, 97 y 98 de la primera pieza de autos, en la Demanda Ordinaria promovida por la señora MELISA NINOSKA CÁLIX ORDÓÑEZ contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), representada por su Directora Ejecutiva DORIS YOLANY GARCÍA para el pago de ajuste de prestaciones e indemnizaciones y ajuste salarial retroactivo de conformidad al articulo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, por despido directo, que tácitamente se tuvo por ilegal e injusto, por haberse reconocido los derechos laborales, pago de las costas del juicio.- SIN COSTAS, en esta instancia, por considerar que existen motivos racionales para litigar.” EN PRIMER LUGAR SOLICITO: CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA en la parte resolutiva anteriormente transcrita, anulándola en su totalidad. EN SEGUNDO LUGAR SOLICITO: Que casada ésta, la Honorable Corte Suprema de Justicia, acto seguido y en sede de instancia la sustituya por la que en derecho corresponde dictando el fallo en los términos siguientes: “POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Contencioso Administrativo y aplicación de los artículos 303, 313 numeral 5 y 319 de la Constitución de la República; 1, 64 y 80 numeral 1° de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 25, 26, 664, 665, 666 letra c); 672, 699 párrafo primero, 738, 739, 740 numeral 3°., 764 preámbulo e inciso a), 778y 858 del Código del Trabajo este último en relación analógica con los artículos 183, 184, 187 reformado, l90 y 192 del Código de Procedimientos Civiles; 2 y 8 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados; 1, 2, 3, 4, 9, 89, del Arancel del Profesional del Derecho; 15, 20 y 30 del Decreto No. 103 que contiene la Ley de Salario Mínimo; FALLA: CASANDO TOTALMENTE LA SENTENCIA RECURRIDA EN CONSECUENCIA: 1) DECLARAR CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por MELISA NINOSKA CÁLIX ORDÓÑEZ, de generales expresadas en su escrito de demanda, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA) a través de su representante legal en funciones, para el pago del reajuste retroactivo del salario en aplicación del artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho desde el 9 de julio del 2003 hasta el 2 de mayo del 2006; 2) CONDENA AL DEMANDADO INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA) a través de su representante legal en funciones, a pagar la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS DE LEMPIRA (L.238,190.71) por los siguientes reajustes: a) Del 9 de julio del 2003 al 4 de septiembre del 2003, al salario devengado de NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS (L. 9,311.00) mensuales, un reajuste de ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS (L. 11,689.00) mensuales; b) Del 5 de septiembre del 2003 al 14 de febrero del 2005, al salario devengado de CATORCE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 14,300.00) mensuales, un reajuste de SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 6,700.00) mensuales; c) Del 15 de febrero del 2005 al 2 de mayo del 2006, al salario devengado de DIECISIETE QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS, CON CINCUENTA CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 17,537.50) mensuales, un reajuste de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS, CON CINCUENTA CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 3,462.50) mensuales; 3) DECLARAR CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por MELISA NINOSKA CÁLIX ORDÓÑEZ, de generales expresadas en su escrito de demanda, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA) a través de su representante legal en funciones, para el pago de ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, conforme al Arancel del Profesional del Derecho; 4) CONDENA AL DEMANDADO INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA) a través de su representante legal en funciones, a pagar la cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE LEMPIRA (L.47,748.75) como salario complementario de décimo tercero y décimo cuarto mes de salario; CON COSTAS.” MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional, por infracción directa del artículo 25 del Código del Trabajo, por la aplicación Indebida de dicha norma, en relación con el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.- Por ley sustantiva se entiende toda norma de derecho de carácter nacional que instituye derechos y obligaciones correlativos, tipología a la que corresponde el artículo 25 del Código del Trabajo, preceptivo de que, y me permito citar: “En todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos, por lo menos, las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el presente Código, sus Reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social”, enunciado sustantivo que instituye como derecho a incluir en el contrato individual del trabajo, sobreagregado a los derechos y garantías consagradas en favor del trabajador por los cuerpos legales que menciona, cualesquier otro que corresponda a esa misma naturaleza jurídica, siendo por ello, sin lugar a dudas ésta una ley sustantiva por excelencia, que ha de ser entendida en su más amplio sentido cuando de beneficios al trabajador se trate, pues así se deduce de la estructura de su redacción, ya que al utilizar con carácter preliminar al desarrollo de su contenido el término “por lo menos” no agota en su catalogo legal enunciado, los instrumentos legales que consagran las garantías y derechos que se otorguen al trabajador, pues lo deja abierto o incluye, además de los expresamente mencionados, a cualquier otro suceso que conlleve consecuencias jurídicas contentivas de derechos o garantías a favor del trabajador, que por virtud de la disposición comentada, se entenderán incluidos en el contrato individual de trabajo, lo que desde luego, se extiende incluso a los que pudieran derivar de actos o circunstancias ajenos a una norma escrita, por ello es razonable y legítimo sostener que el derecho consagrado en el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, es un beneficio laboral instituido en favor del trabajador, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 25 del Código del Trabajo, pues se trata de un derecho laboral exclusivo de todo profesional del derecho, de gozar de un salario mínimo no inferior a los veintiún mil lempiras mensuales, cuando labore en forma permanente y continua en instituciones públicas, centralizadas y descentralizadas, autónomas y semi autónomas, incluso la empresa privada; por lo que acorde a la norma que se acusa vulnerada, el profesional del derecho, que como mi representada al laborar en forma permanente o continua en una institución pública autónoma como el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA, debe entendérsele incluidos en su contrato individual de trabajo, además de las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el Código del Trabajo, sus Reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social, el derecho a gozar de un salario mínimo no inferior a los veintiún mil lempiras mensuales, y en su caso, como se demandó, al reajuste salarial correspondiente, por lo que al no darse estricta observancia a la norma por cuya infracción se residencia este recurso, se legitima la invocación de este motivo casacional; siendo oportuno agregar que aunque la sentencia recurrida menciona entre sus fundamentos de derecho el artículo 25 del Código del Trabajo, lo hace, no para justificar la inserción en el contrato individual de trabajo de la actora, del goce del beneficio laboral que funda la pretensión de mérito, como debió haberse aplicado, sino para volver nugatorio el ajuste derivado del artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, lo que da lugar a una clara aplicación indebida de dicha norma y consecuentemente al quebranto de la ley, en el caso sub judice del artículo 25 del Código del Trabajo, por la infracción directa que funda este motivo, es decir, la Corte recurrida aunque aplicó la norma correcta, lo hizo en forma tal que los efectos jurídicos que se dieron, fueron contrarios a los que persigue la ley y no dedujo las consecuencias en ella previstas, y esto es una cuestión suficientemente zanjada por la jurisprudencia colombiana en matera laboral, cuando ha sentado, por cierto muy acertadamente que, y transcribo en lo conducente: “La aplicación Indebida de la ley presenta dos modalidades: una directa, cuando entendida la norma en su recto sentido, sin mediar errores de hecho o de derecho, se la aplica a hecho probado que no regula, o se la aplica a ese hecho probado llegando a consecuencias contrarías a las previstas por las reglas jurídicas; y la otra indirecta a través de errores de hecho o de derecho en la actividad probatoria del sentenciador:” (Las negritas y el subrayado son míos) siendo obvio que el supuesto comprendido en el segundo segmento subrayado, prácticamente describe la situación denunciada en este cause casacional, restándome únicamente expresar, que este es un claro caso de violación directa de ley sustantiva de orden nacional, por indebida aplicación de la ley, en consecuencia se ha dado una manifiesta rebeldía del sentenciador contra la norma legal, que devino en desacierto de su aplicación, por lo que debéis declarar la admisibilidad de este motivo y en su oportunidad la prosperidad del recurso de casación, dictando la sentencia que en los términos que se dejan fijados en el apartado “Declaración del alcance de la impugnación” constitutivo del petitum de la presente demanda. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está expresamente comprendido en el artículo 765 preámbulo, número 1° y párrafo primero del Código del Trabajo. QUE SE DECRETE NULIDAD SUBSIDIARIA Consta en los antecedentes del presente juicio, que esta Corte ya había conocido y había emitido pronunciamiento sobre la justicia de fondo, que es en definitiva el que debe prevalecer, que aparece reflejado en la sentencia que dictasteis el 12 de octubre del 2007, con motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado por la abogada NORMA LIZETH LAZO MOYA, en su condición de apoderada del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA) contra la sentencia definitiva que dictó la Corte de Apelaciones el Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el 11 de abril del 2007, según consta en la certificación que corre agregada a la primera pieza de autos, a folios 88 frente al 93 frente, la Sala Laboral—Contencioso Administrativo no se refiere a infracciones de ley o razones por las que pueda declarar la prosperidad de la casación por cuya virtud conocía del juicio, es decir, no se dio un pronunciamiento que conllevara confrontación de la sentencia acusada con la ley sustantiva que se aducía violación y se limító a observar que en la declaratoria de los derechos reconocidos a la trabajadora, que son los que constan en la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el 11 de abril del 2007 --que no objetó-- tenía por único inconveniente que el Tribunal Ad Quem no reparó en el yerro cometido por el tribunal de primera instancia, de no consignar los años o periodos a que se refiere el pago de VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS DE LEMPIRAS (L. 22,699.12) por reajuste de salario por 68 días, y que en la condena de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS, CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 285,939.46) como ajuste y complemento de salario devengado, no indica a qué periodo se refiere el ajuste, ni el monto del salario sobre el que debe aplicarse, circunstancias bajo las que consideró infringía disposiciones legales que acarreaban nulidad absoluta, por lo que la Sala estimó procedente decretar de oficio, la nulidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 11 de abril del 2007, a efecto de que se proceda a enderezar el procedimiento de ley correspondiente; lo que no puede ser entendido sino, en el sentido de que esta Corte Suprema anuló la sentencia recurrida en casación, para que la Corte recurrida dictase sentencia en los mismos términos en que profirió la anulada, con el mismo razonamiento y que únicamente procediese a enmendar el procedimiento, esto es, consignando a qué años o periodos se refiere el pago de VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS DE LEMPIRAS (L. 22,699.12) por reajuste de salario por 58 días y consignar a qué periodo se refiere el ajuste y complemento de salario devengado y el monto del salario sobre el que debe aplicarse la condena de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS, CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 285,939.46) por lo que en consonancia con lo que la doctrina y jurisprudencia colombiana han dado en llamar “inamovilidad de lo fallado” y sobre todo por razones de seguridad jurídica, no le era dable a la corte recurrida, modificar el pronunciamiento que ya había proferida en su sentencia del 11 de abril del 2007, la que sin alterar, ni desnaturalizar sustancialmente, tenía como única modificación a como la dictó originalmente, la de efectuar las consignaciones de periodos y montos referidos por su superior; nunca dictar una sentencia como la del 8 de mayo del 2008, ni la del 22 de mayo del 2009,en la que su razonamiento es contrario al que ya había expresado con anterioridad y al que correspondía al espíritu de la sentencia emitida por este Alto Tribunal, a que hacemos reiterada referencia, por lo que consecuente con su propia sentencia, este Tribunal Supremo debe decretar la nulidad absoluta de actuaciones y enviar nuevamente los antecedentes al tribunal recurrido, para que proceda a dictar la sentencia en los términos expresados en la sentencia que dictasteis el 12 de octubre del 2007; porque en definitiva la Corte recurrida, no ha dado cumplimiento a dicha sentencia, sino que ha creado una nueva situación, que no se corresponde con las disposiciones que constan en dicho fallo, el cual desconoció y dejó de cumplir. Siendo criterio de esa Honorable Corte que la casación no comprende los errores in procedendo, también lo es que, independientemente del recurso extraordinario de que haga mérito, al detectarse manifiestas violaciones del procedimiento como las que se han denunciado, le corresponde pronunciarse de oficio sobre los señalados vicios invalidatorios y en su caso aplicar el correctivo, haciendo cesar sus efectos mediante el correspondiente decreto de nulidad de lo actuado”.- RESULTA: Que en fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, y por formulado en tiempo el recurso de casación; ordenándose el traslado a la opositora para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha dieciséis de septiembre de dos mil nueve, extemporáneamente; por lo que, en providencia de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, se declaró caducado de derecho e irrevocablemente perdido el término para que la Abogada NUBIA ISIDRA AVILÉZ CRUZ, mayor de edad, soltera, hondureña, de este domicilio, actuando en su condición de apoderada del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), pudiese contestar el recurso de casación planteado.- RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente al Abogado JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- CONSIDERANDO (1): Que en la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, el 22 de Mayo del 2009, se indica que se confirma la de primera instancia bajo el único criterio de que la misma se ajusta a derecho, igualmente toma en consideración un fallo de la Sala de lo Constitucional de 5 de marzo del 2009, cuando el mismo fue dictado por esta Sala de lo Laboral de lo Contencioso Administrativo. También se puede advertir que participó en la emisión de la sentencia recurrida, una Magistrada integrante que no participó en la vista del pleito, en violación a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.- CONSIDERANDO (2): Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- CONSIDERANDO (3): Que la sentencia es el más solemne de los mandatos de un Juez o Tribunal; por ello, requiere de total claridad, precisión y congruencia con las cuestiones planteadas por las partes.- CONSIDERANDO (4): Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- CONSIDERANDO (5): Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR DE OFICIO la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1) y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c) y 858 del Código del Trabajo; 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil; 190 del Código de Procedimientos Civiles; 1, 64 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 22 de mayo del 2009, visible a folios 38 y 39 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de Febrero de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha quince de febrero de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 278-09.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL