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Sentencia CL-123-10 — Registro 1356

Resumen

la empleada recurrente presento demanda ordinaria laboral para que se le haga efectivo el pago del reajuste de salario en forma retroactiva; La segunda instancia revocó la sentencia definitiva dictada por la primera instancia, declarando sin lugar la demanda.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que conforme con lo establecido en el artículo 23 numeral 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”, que también aparece contemplado en el artículo 128 numeral 3 de la Constitución de la República y desarrollado en el artículo 367 del Código del Trabajo. También el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina que: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”.- VI.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VII.- Que en el presente caso, la acción de mérito tiene como base que en sentencia definitiva se ordene el reajuste de salario a partir del principio de que “a trabajo igual corresponde salario igual”, ya que su patrono les paga mayor salario a sus compañeros de trabajo, cuando realizan el mismo trabajo de Auxiliares Jurídicos, en la misma jornada y con las mismas condiciones de eficiencia; por otro lado, la demandada se fundamenta en que la situación financiera que ha venido sufriendo le ha obligado a realizar ajustes presupuestarios, transformado o suprimiendo unidades, que le permitan un real aprovechamiento de sus recursos, lo cual incluso ha determinado suprimir puestos de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, no siendo el caso de la demandante que ha gozado de estabilidad laboral y de otros derechos consignados en las Leyes de nuestro país.- VII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial de fecha 16 de febrero del 2010, revoca el fallo definitivo de primera instancia, consecuentemente, dicho Tribunal declaró sin lugar la demanda y absolvió de toda responsabilidad a la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, bajo el criterio de que la demandante no probó tener las mismas condiciones ni capacidades de trabajo que sus compañeros, así como tampoco que las funciones eran las mismas, lo cual no corresponde a la carga probatoria que tenía dicha parte en el proceso, exigiendo una probanza ajena al debate, cuando el demandado en ningún momento adujo dicha situación al contestar la demanda de mérito.- IX.- Que en sentencia dictada por este Tribunal, el 3 de marzo del 2003, en el Recurso de Casación formalizado por la Licenciada LUZ CARIAS VELASQUEZ, como apoderada del señor HUGO JAMES AREVALO MARTIN, en la demanda laboral para el pago de ajuste de salarios adeudados que promoviera contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), se determinó “Que corresponde al empleador como responsable de la administración de la empresa o centro de trabajo, elaborar y poner en funcionamiento los manuales de clasificación de puestos y salarios, asimismo establecer las categorías de puestos de cada clase, entendiendo que igual categoría en el campo laboral implica igualdad de condiciones para el trabajador, por lo que en términos de la retribución del servicio sin discriminación puede variar el salario únicamente en razón de la antigüedad en el servicio y la comprobada calidad y eficiencia en el desempeño del trabajo…la demandada no acreditó los hechos y razones de su defensa, ni probó en juicio que los empleados de igual categoría a la del demandante devengaban mayor salario en razón de tener mayor antigüedad en el servicio, calidad y eficiencia en el desempeño del trabajo” (Expediente CL 1515-02), por lo que con dicho criterio se estableció que la carga de la prueba de esos conceptos es del patrono, por lo cual dicha sentencia de manera evidente se encuentra en abierta inobservancia del artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles en relación con el artículo 858 del Código del Trabajo, en virtud de que su fallo en el caso de mérito no es congruente con las pretensiones deducidas en el juicio.- X.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.-XI.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XII.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 190 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., uno de noviembre del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintisiete de mayo de dos mil diez, por el Abogado NELSON OMAR RODEZNO CRUZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de Apoderado de la señora DEISY SUYAPA BACA GARCIA, en relación a la demanda ordinaria laboral para que se le haga efectivo el pago del reajuste de salario en forma retroactiva, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de enero de dos mil nueve, por la señora DEISY SUYAPA BACA GARCIA, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio, en contra de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), por medio de su Alcalde Municipal, señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, mayor de edad, hondureño, Licenciado en Administración de Empresas, y de ese domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de febrero de dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., que falló REVOCANDO la sentencia de fecha uno de diciembre de dos mil nueve, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “FALLA: 1.- Declarando CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado DONADIN FUENTES ALVAREZ, en su condición de apoderado apelante – demandado.- 2.- REVOCANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán en fecha 01 de diciembre del año 2009, y que se encuentra agregada a folios 64, 65, 66 y 67 de la primera pieza de autos: en consecuencia: a) DECLARA SIN LUGAR la demanda promovida por DEISY SUYAPA BACA GARCIA, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), a través del Alcalde Municipal RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, en cuanto al reajuste de salario, a partir del 25 de septiembre del 2008, en la cantidad de VEINTIUN MIL LEMPIRAS (Lps.21,000.00), y a todos sus derechos como vacaciones, aguinaldo y décimo cuarto mes de salario en consecuencia; b) ABSUELVE a la demandada la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), a través del Alcalde Municipal RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, a pagar a la señora DEISY SUYAPA BACA GARCIA, el salario de VEINTIUN MIL LEMPIRAS (Lps. 21,000.00), a partir del 25 de septiembre del año 2008, hacer el reajuste de su salario a partir de esa fecha y hacer la liquidación de su salario y a todos los derechos, como vacaciones, aguinaldo décimo cuarto mes de salario.- 3.- SIN COSTAS en ambas instancias.".- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició a laborar con la demandada el 1 de agosto de 2008, mediante acuerdo de nombramiento 091-2008; que la Constitución de la República en su artículo 128 establece: “Las leyes que rigen las relaciones entre los patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 1.)… 2.)… 3.)… “A trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales”… Y que a sus compañeros de trabajo, con los que desempeñan las mismas labores, con igualdad de condiciones se les da un salario superior que al que a ella se le paga. Solicita que se condene a la demandada a pagarle el pago de reajuste de salario, así como el pago retroactivo de los mismos desde la fecha de su contratación.- 2.- La parte demandada, ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), contestó dicha demanda señalando que en el marco de su competencia y para hacer frente a la situación financiera, la administración está autorizada a realizar una reestructuración administrativa sujeta a 4 ejes estratégicos presentados en el PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA 100/2009, aprobado por la Corporación Municipal, en donde se plasma la situación financiera en que se encuentra la Alcaldía Municipal del Distrito Central, sumándole a ello, el hecho de que el Poder Ejecutivo no ha cumplido con la transferencia que por ley le corresponde.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de diciembre del año dos mil nueve, dictó sentencia definitiva declarando: Con lugar la demanda, se condena a la demandada al pago de igual salario, así como el pago del retroactivo de los salarios ya causados. Con el criterio que la demandante acreditó que desempeña su labores en iguales condiciones que sus compañeros quienes tienen un sueldo superior al de ella y que el estado financiero de la institución no es causal para no pagarle igual que a los demás.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de febrero del año dos mil diez, dictó sentencia definitiva declarando con lugar el recurso de apelación, revoca en sentido de declarar sin lugar la demanda promovida, absolviendo a la demandada del pago demandado. Con el criterio de que No se probó tener las mismas condiciones ni capacidades de trabajo que sus compañeros, así como tampoco que las funciones eran las mismas.-5.- Que mediante sentencia de fecha nueve de abril de dos mil diez, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado NELSON OMAR RODEZNO CRUZ, de generales ya establecidas, actuando en su condición de Apoderado de la señora DEISY SUYAPA BACA GARCIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha veintisiete de mayo de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia el Abogado NELSON OMAR RODEZNO CRUZ, de generales ya señaladas y en su condición de Apoderado de la señora DEISY SUYAPA BACA GARCIA, formalizando el Recurso, exponiendo dos (2) motivos de casación.- 7.- Que en fecha treinta y uno de mayo de dos mil diez, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado NELSON OMAR RODEZNO CRUZ, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda, sin éste hacer uso de ese derecho por lo que, en proveído de fecha veintitrés de junio del año dos mil diez, se declaró caducado de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte de el Abogado DONADIN FUENTES ALVAREZ, apoderado de la parte demandada, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que conforme con lo establecido en el artículo 23 numeral 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”, que también aparece contemplado en el artículo 128 numeral 3 de la Constitución de la República y desarrollado en el artículo 367 del Código del Trabajo. También el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina que: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”.- VI.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VII.- Que en el presente caso, la acción de mérito tiene como base que en sentencia definitiva se ordene el reajuste de salario a partir del principio de que “a trabajo igual corresponde salario igual”, ya que su patrono les paga mayor salario a sus compañeros de trabajo, cuando realizan el mismo trabajo de Auxiliares Jurídicos, en la misma jornada y con las mismas condiciones de eficiencia; por otro lado, la demandada se fundamenta en que la situación financiera que ha venido sufriendo le ha obligado a realizar ajustes presupuestarios, transformado o suprimiendo unidades, que le permitan un real aprovechamiento de sus recursos, lo cual incluso ha determinado suprimir puestos de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, no siendo el caso de la demandante que ha gozado de estabilidad laboral y de otros derechos consignados en las Leyes de nuestro país.- VII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial de fecha 16 de febrero del 2010, revoca el fallo definitivo de primera instancia, consecuentemente, dicho Tribunal declaró sin lugar la demanda y absolvió de toda responsabilidad a la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, bajo el criterio de que la demandante no probó tener las mismas condiciones ni capacidades de trabajo que sus compañeros, así como tampoco que las funciones eran las mismas, lo cual no corresponde a la carga probatoria que tenía dicha parte en el proceso, exigiendo una probanza ajena al debate, cuando el demandado en ningún momento adujo dicha situación al contestar la demanda de mérito.- IX.- Que en sentencia dictada por este Tribunal, el 3 de marzo del 2003, en el Recurso de Casación formalizado por la Licenciada LUZ CARIAS VELASQUEZ, como apoderada del señor HUGO JAMES AREVALO MARTIN, en la demanda laboral para el pago de ajuste de salarios adeudados que promoviera contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), se determinó “Que corresponde al empleador como responsable de la administración de la empresa o centro de trabajo, elaborar y poner en funcionamiento los manuales de clasificación de puestos y salarios, asimismo establecer las categorías de puestos de cada clase, entendiendo que igual categoría en el campo laboral implica igualdad de condiciones para el trabajador, por lo que en términos de la retribución del servicio sin discriminación puede variar el salario únicamente en razón de la antigüedad en el servicio y la comprobada calidad y eficiencia en el desempeño del trabajo…la demandada no acreditó los hechos y razones de su defensa, ni probó en juicio que los empleados de igual categoría a la del demandante devengaban mayor salario en razón de tener mayor antigüedad en el servicio, calidad y eficiencia en el desempeño del trabajo” (Expediente CL 1515-02), por lo que con dicho criterio se estableció que la carga de la prueba de esos conceptos es del patrono, por lo cual dicha sentencia de manera evidente se encuentra en abierta inobservancia del artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles en relación con el artículo 858 del Código del Trabajo, en virtud de que su fallo en el caso de mérito no es congruente con las pretensiones deducidas en el juicio.- X.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.-XI.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XII.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles; 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de fecha 16 de Febrero del 2010, visible a folios 8 al 10 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de noviembre de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha uno de noviembre de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 123-10.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL