Sentencia CL-521-09 — Registro 1146
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la demanda de prestaciones laborales. Se condenó al patrono . En segunda instancia se confirmó la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“El alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente depende que La Corte de casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el caso in examine, el fallo recurrido es confirmatorio de la sentencia de primera instancia, la cual es contentiva de algunos pronunciamientos que son favorables para el impetrante y, por ello, se incurre en error de técnica al pretenderse un quebrantamiento total. El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa.-…respecto a las nulidades solicitadas en forma subsidiaria, este tribunal de justicia es del criterio que dichas pretensiones son inadmisibles por las razones siguientes: a) si se estimaba que con ciertas actuaciones se violentaba el debido proceso, entonces tal situación debió ser alegada en la audiencia primera de trámite para ser sustanciada como un incidente, tal como lo establece el artículo 715 del Código del Trabajo; y, b) si se aduce que la sentencia impugnada carecía de claridad, precisión y congruencia, entonces debió ser solicitada su aclaración dentro del término legal establecido, tal como lo dispone el artículo 195 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el artículo 858 del Código del Trabajo. Además, este alto tribunal es de la opinión que la etapa de juzgamiento fue desarrollada con absoluto respeto a los derechos de las partes litigantes”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M. D. C., diez de diciembre de dos mil diez.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha uno de marzo de dos mil diez, por el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRÍGUEZ VALLADARES, mayor de edad, hondureño, soltero y de este domicilio, en su condición de apoderado del señor FABIO RAMÓN AGUILAR BARDALES, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, soltero, hondureño y de este domicilio; en relación a la demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa de despido, caso contrario, se le pague las prestaciones e indemnizaciones laborales, en virtud de despido directo, ilegal e injusto; salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, y costas del juicio; interpuesta el tres de abril de dos mil nueve, ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor FABIO RAMON AGUILAR BARDALES, de generales ya establecidas, en contra de la empresa mercantil AUTO EXCEL, S.A. de C. V. representada por el señor LAUREANO GUTIÉRREZ, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil nueve, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES promovida por el señor FABIO RAMON AGUILAR BARDALES contra la Empresa Mercantil AUTO EXCEL, S.A. DE C. V., representada por el señor LAUREANO GUTIÉRREZ, en su condición de Gerente General y Representante Legal; 2) ABSUELVE A La Empresa Mercantil AUTO EXCEL, S.A. DE C. V., representada por el señor LAUREANO GUTIÉRREZ, en su condición de Gerente General, de pagarle al señor FABIO RAMON AGUILAR BARDALES, Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcional y los salarios dejados de percibir; 3) DECLARANDO CON LUGAR la demanda promovida por el FABIO RAMON AGUILAR BARDALES contra la Empresa Mercantil AUTO EXCEL, S.A. DE C.V., representada por el señor LAUREANO GUTIÉRREZ, en su condición de Gerente General y Representante Legal, en cuanto al pago de Vacaciones; Vacaciones Proporcionales, Aguinaldo proporcional y decimocuarto mes proporcional, en consecuencia; 4) CONDENA a La Empresa Mercantil AUTO EXCEL, S.A. DE C.V., representada por el señor LAUREANO GUTIÉRREZ, en su condición de Gerente General y Representante Legal a pagarle al señor FABIO RAMON AGUILAR BARDALES, la cantidad de DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (LPS.203,497.62), por los siguientes conceptos: Vacaciones: Lps.48,000.44; Vacaciones Proporcionales: Lps.39,744.36; Aguinaldo Proporcional: Lps.78,876.56; Decimocuarto mes Proporcional: Lps.36,876.26. SIN COSTAS en ambas instancias.- RESULTA: Que mediante sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil nueve, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado JOSE HELIODORO ZAMORA FLORES, mayor de edad, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de apoderado del señor FABIO RAMON AGUILAR BARDALES, de generales ya establecidas, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- RESULTA: Que en fecha uno de marzo de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRÍGUEZ VALLADARES, actuando en su condición de apoderado del señor FABIO RAMON AGUILAR BARDALES, ambos de generales ya establecidas, formalizando su demanda de la siguiente manera: DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Con el presente recurso se persigue: 1) La CASACION TOTAL de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán el Cinco (05) de Noviembre de dos mil nueve, en la cual se confirma la Sentencia Definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán el Veintinueve (29) de Septiembre de dos mil nueve, la que en su parte resolutiva dispone: POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de esta Sección Judicial, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo ponente el Magistrado VILLALOBOS GALO; y en aplicación de los artículos 80, 134, 303 y 304 de la Constitución de la República; 47, 664, 665, 666 letra b); 672, 686, 699 párrafo último; 760 y 858 del Código del Trabajo; 184, 187 y 420 del Código de Procedimientos Civiles; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: 1) CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha veintinueve de septiembre de dos mil nueve, que se conoce en grado de apelación, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial, en la ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO, CASO CONTRARIO, SE PAGUEN LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, COSTAS, promovido por el señor FABIO RAMON AGUILAR BARDALES contra la empresa mercantil AUTO EXCEL, S.A. DE C. V., representada por el señor LAUREANO GUTIERREZ, en su condición de Gerente General y Representante Legal.- SIN COSTAS en esta instancia.- Y MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los apoderados de las partes en litigio. Luego que sea firme el fallo se remita al Juzgado de su procedencia el expediente con la certificación de estilo, para los efectos legales pertinentes.- Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia.- Firman para constancia los Magistrados y el Secretario del Despacho que da fe. FIRMA Y SELLO. ABOG. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, PRESIDENTA. FIRMA, ABOG. JORGE ANTONIO CANALES MEJIA. FIRMA, ABOG. JUAN ROBERTO VILLALOBOS GALO.- FIRMA Y SELLO. MIGUEL ENRIQUE REINA, SECRETARIO. 2)Que una vez casada totalmente la sentencia recurrida, seguidamente se constituya este Tribunal Supremo en sede de instancia y emita el fallo que ha de reemplazar el recurrido, pronunciándose de la manera siguiente: POR TANTO: La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y haciendo aplicación de los Artículos 129, 134, 135, 303 reformado, 304 reformado, 313 numeral 5) reformado, y 316 reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 113 párrafo segundo literal b) interpretado por el Decreto Legislativo número 89 del 23 de Septiembre de 1969, 117, 664, 665, 738, 739, 765 numeral 1) párrafo primero y segundo, 778 y 858 del Código de Trabajo; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.- FALLA: PRIMERO: CASA TOTALMENTE la sentencia definitiva de fecha jueves cinco (05) de Noviembre del año dos mil nueve (2009) dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial.- SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO, CASO CONTRARIO, SE PAGUEN LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, COSTAS promovida por el señor FABIO RAMON AGUILAR BARDALES, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, en contra de la sociedad mercantil AUTO EXCEL, S.A. de C. V..- TERCERO: CONDENA a AUTO EXCEL, S.A. de C. V., a pagar al demandante en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales la cantidad de UN MILLON DOS CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS (L. 1,234,564.57), y que se desglosan así: 1) Preaviso: Ciento Ochenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Lempiras con Sesenta y Ocho Centavos (L. 186,666.68); 2) Auxilio de Cesantía: Setecientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Lempiras con Setenta y Dos Centavos (L. 746,666.72); 3) Auxilio de Cesantía Proporcional: Setenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Lempiras con Ochenta y Seis Centavos (L. 77,248.86); 4) Vacaciones: Sesenta y Dos Mil Doscientos Veintidós Lempiras con Veinte Centavos (L. 62,222.20); 5) Vacaciones Proporcionales: Cincuenta y Un Mil Quinientos Diecinueve Lempiras con Noventa y Ocho Centavos (L. 51,519.98); 6) Aguinaldo Proporcional: Setenta y Cinco Mil Ciento Veinte lempiras con Nueve Centavos (L. 75,120.09); 7) Décimo Cuarto Mes Proporcional: Treinta y Cinco Mil Ciento Veinte Lempiras con Cuatro Centavos (L. 35,120.04); junto con el pago de los salarios dejados de percibir a titulo de indemnización de daños y perjuicios, desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales deba quedar firme la sentencia condenatoria respectiva..- CUARTO: SIN COSTAS.- Y, MANDA: Que firme que sea esta sentencia, con la certificación de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE.” EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del Artículo 112 letra e) del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el párrafo primero numeral 1) del Artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACIÓN La ley sustantiva objeto de casación es aquella que crea, reconoce, modifica o consagra derechos y obligaciones de las personas. El Código del Trabajo en su Articulo 112 letra e) da el derecho al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, cuando el trabajador comete un acto inmoral o delictuoso en el taller, establecimiento o lugar de trabajo, pero también le crea a ese mismo patrono la obligación de que ese acto inmoral o delictuoso sea debidamente comprobado ante autoridad competente. Así, cuando el patrono invoca esta causal de despido, debe haber previamente hecho comprobar ante autoridad competente ese acto inmoral o delictuoso. En este caso existe un hecho que no se discute y que se comprobó debidamente: El despido del cual fue objeto el trabajador mediante nota de fecha ocho (08) de diciembre de dos mil ocho (2008). Teniendo lugar la infracción directa cuando a un hecho que no se discute, o debidamente comprobado, se dejada de aplicar la norma que lo regula, es claro que el sentenciador, en manifiesta rebeldía al Articulo 112 letra e) del Código del Trabajo, lo dejó de aplicar, ya que el demandado no acreditó en juicio haber comprobado debidamente ante autoridad competente el supuesto acto inmoral o delictuoso, lo que puede ser corroborado por este Tribunal mediante la revisión de los medios probatorios utilizados en juicio. Sin necesidad de interpretación la norma es clara: el patrono debe, previo al despido, comprobar el supuesto acto inmoral o delictuoso ante la autoridad competente. Es, como lo ha dejado sentada la jurisprudencia del trabajo, una obligación para el patrono hacer comprobar el acto inmoral o delictuoso, y un derecho para el trabajador, otorgado por la misma norma sustantiva, que se le compruebe la supuesta comisión del acto, como defensa frente a un patrono que lo acuse antojadizamente de cometerlo. Se acreditó el despido en el proceso, y el sentenciador dejó de aplicar la norma que lo regula en este caso concreto, que fue además invocada como causal, haciendo que se produjeran efectos contrarios a esta norma. Ha dejado sentado este Alto Tribunal que en el origen, ejecución y terminación de todo contrato de trabajo debe observarse el principio de la buen fe y que evidentemente pugna contra ese principio el hecho que al ponérsele fin unilateralmente al contrato de trabajo por alguna de las partes, como ha ocurrido en este caso, invocando como supuesta causal la comisión de un acto inmoral o delictuoso por parte del trabajador, de previo no se haya comprobado el mismo ante la autoridad competente como lo exige claramente la norma infringida directamente por el sentenciador, ya que estaba en la obligación de aplicarla porque regula directamente el caso debatido. Ha ocurrido por tanto infracción directa de ley sustantiva de orden nacional, por lo que se impone la casación de la sentencia en este punto. SEGUNDO MOTIVO Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del Artículo 117 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el párrafo primero numeral 1) del Artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACIÓN El Artículo 117 del Código del Trabajo establece: La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos. Impone esta norma laboral de carácter sustantivo la obligación, a la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, de notificar la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación, lo que recíprocamente es un derecho para la otra parte, ya que después no se podrá alegar válidamente causales o motivos distintos. Además, esta norma obliga al patrono, como es este el caso, a señalar con claridad y precisión cuáles son las causas o motivos, de lo contrario se le genera al trabajador indefensión. Estos criterios jurisprudenciales fueron recogidos recientemente en la Sentencia de Casación pronunciada por esta misma Corte Suprema el diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009) en la demanda ordinaria laboral promovida por los señores Héctor Pastor Berrios Padilla y René Mauricio Reyes Godoy en contra del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), registrada bajo el número SL-390-08. En la nota de despido, visible en la primera pieza de autos a folios 59 y 60, se citaron casuales de despido que no están establecidas ni como obligaciones contractuales ni reglamentarias, ya que la acusación no tiene relación absoluta con el trabajo que como empleado prestaba el demandante. Al apreciar y valorar esta prueba podrá la Honorable Corte llegar a la conclusión de que el patrono omitió los requisitos que exige esta norma, haciendo imputaciones que como hemos señalado no guardan relación con el trabajo para el cual fue contratado el trabajador, lo que hace que la nota de despido carezca de claridad y sea imprecisa. No existe únicamente falta de claridad y precisión en la nota de despido. Al trabajador se le creo indefensión ya que en la Audiencia de Descargo celebrada el lunes ocho (08) de diciembre de dos mil ocho (2008), y que utiliza como fundamento el patrono en la nota de despido, cuya Acta obra de folios treinta y cuatro (34) a treinta y siete (37) de la primera pieza de autos, de su simple lectura se desprende que nunca se le dio al trabajador ni la posibilidad ni el derecho de desvanecer los cargos imputados. Simplemente se le atacó y se le increpó, dando como ciertas las supuestas causales, con el agravante que de la simple lectura de la nota de convocatoria se desprende que en la misma se le cita para ser escuchado en relación a la queja que hizo una cliente, sin señalarle concretamente a qué queja se hacía referencia, generándole una clara indefensión ya que el trabajador no conocía el objeto de la misma (Ver folio treinta y ocho -38- de la primera pieza de autos). Se le convocó además el mismo día en que ésta se celebraría, es decir, el ocho (08) de diciembre de 2008 y no se le hizo tampoco la advertencia de que podía hacerse acompañar de testigos ni de los medios de prueba que considerara idóneos para desvanecer los cargos, lógicamente porque el patrono no los definió claramente. Así era imposible que el trabajador se defendiera. Ha ocurrido por tanto infracción directa de ley sustantiva de orden nacional, por lo que se impone la casación de la sentencia en este punto. NULIDAD SUBSIDIARIA DE ACTUACIONES Además, las normas del debido proceso fueron violentadas en la primera instancia dando lugar a que se decrete esta Nulidad en virtud de lo siguiente:1) En Auto de tres (03) de abril de dos mil nueve (2009) se tiene por presentada la demanda ordinaria laboral y es admitida, ordenándose que por medio del Receptor del Despacho se cite y emplace en legal y debida forma al representante legal de la demandada. Ver folio número 12 de la primera pieza de autos. 2) El veintiséis (26) de mayo de dos mil nueve (2009) se citó y emplazó personalmente, en legal y debida forma, al representante legal de la demandada, concediéndosele el término de seis días para que contestara la demanda. Ver folio número trece (13) de la primera pieza de autos. 3) El dos (02) de junio de dos mil nueve (2009) el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ en su condición de apoderado legal de la sociedad demandada contestó la demanda y acreditó su condición mediante fotocopia debidamente autenticada de Testimonio de Poder Especial para Pleitos otorgado a su favor mediante Instrumento Público Número Veintitrés (23) autorizado ante los oficios del Notario Rafael Roger Ordoñez el 22 de agosto de 2006. Ver folios catorce (14) a veintisiete (27) de la primera pieza de autos. 4) En Auto de fecha tres (03) de junio de dos mil nueve (2009) se tiene por contestada la demanda, señalándose fecha para Audiencia de Conciliación y apertura de Primera de Trámite en caso de no ser posible la conciliación. En la parte final del Auto se ordena literalmente lo siguiente: Una vez razonado en autos devuélvase al compareciente el testimonio de Escritura poder N. 905 documento con el cual acredita al Abogado EDGARDO PAZ FERNANDEZ, la representación con que actúa contestando la presente demanda (Lo subrayado y resaltado es nuestro). Puede apreciar claramente esta Corte Suprema cómo la Juez de Primera Instancia tiene como apoderado legal de la demandada a una persona diferente de la que contestó la demanda y que participó en la Audiencia de Conciliación y en la Audiencia Primera de Trámite proponiendo Medios de Prueba y realizando todas las actuaciones subsiguientes, actuaciones que son nulas por carecer de representación legal debidamente acreditada en juicio. Ver de folios veintinueve (29) en delante de la primera pieza de autos. Esta nulidad fue alegada y argumentada también Señala el renombrado jurista Uruguayo Eduardo J. Couture, al referirse a la función privada del proceso, que éste es configurado como una garantía individual que ampara al individuo y lo defiende del abuso de la autoridad del juez, y que en relación a su función pública, tiene como fines la realización del derecho y el afianzamiento de la paz jurídica (Obra: Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial B de F. Cuarta Edición. Segunda Reimpresión. Página 119). Como derecho fundamental, el Debido Proceso constituye el derecho que garantiza a toda persona que su causa sea llevada por un juez imparcial y a través de un proceso equitativo, observando las reglas procesales y donde el Juez o el Tribunal regulan su desenvolvimiento de manera que éste no sea infringido. El Debido Proceso está constituido por una serie de derechos, entre ellos: el derecho a un juez imparcial, a la defensa, a un proceso justo donde las reglas procesales se respeten. Si en el Auto de fecha tres (03) de junio de dos mil nueve (2009) se tuvo como apoderado legal de la demandada al Abogado EDGARDO PAZ FERNANDEZ con Testimonio de Escritura Pública de Poder Número 905, y en las Audiencias de Conciliación y Primera de Trámite celebradas el miércoles diecisiete (17) de junio de dos mil nueve compareció el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ sin ostentar la representación legal otorgada judicialmente, todas las actuaciones realizadas por el Abogado SAAVEDRA PAZ son nulas y acarran por tanto la Nulidad de Actuaciones que se pide. Procede, por tanto, la nulidad subsidiaria de actuaciones. NULIDAD SUBSIDIARIA DE LA SENTENCIA RECURRIDA La Corte recurrida dictó un fallo nulo en sí mismo en virtud de lo siguiente: No se pronuncia en lo absoluto en relación a lo siguiente: a) Al Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora. No señala si lo admite o deniega; y, b) A la Nulidad de Actuaciones argumentada por el apelante en la primera parte de las alegaciones expresadas en martes veintisiete (27) de octubre de dos mil nueve. Con esta de pronunciamiento se violentaron los Artículos 190 y 193 del Código de Procedimientos Civiles, normas supletorias en materia laboral de conformidad al Artículo 858 del Código del Trabajo, que establecen que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, no pudiendo los Jueces y Tribunales, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito. Procede, por tanto, se anule el fallo recurrido por lo antes expuesto.- RESULTA: Que en fecha dos de marzo de dos mil diez, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRÍGUEZ VALLADARES, actuando en su condición de apoderado del señor FABIO RAMON AGUILAR BARDALES, ambos de generales ya establecidas, por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha veintidós de marzo de dos mil diez, el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de apoderado de la Empresa Mercantil AUTO EXCEL S.A. DE C. V., de la siguiente manera: A LA DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN. Honorable Corte Suprema de Justicia, de todos es sabido que este es uno de los requisitos más importantes en el Recurso de Casación y que a este Tribunal no le es permitido ni actuar de oficio ni subsanar las deficiencias en el Recurso de Casación, precisamente por ello considero que el presente Recurso de Casación debe desestimarse, ya que, el recurrente falta a la técnica de la Casación en la Declaración del Alcance de la Impugnación, que es rigurosa en el Recurso de Casación, lo que trae como consecuencia que se declare NO HA LUGAR al Recurso de Casación. Lo anterior se afirma, ya que, el Recurrente pretende una Sentencia contradictoria, pues resulta que solicita LA CASACION TOTAL de la Sentencia recurrida, y por consiguiente una doble condena para la demandada en lo que respecta a los Derechos Adquiridos (Vacaciones, Vacaciones Proporcionales, Décimo tercer y décimo cuarto mes), ya que, al leer detenidamente la parte Resolutiva de la Sentencia recurrida observamos que con la misma se confirmó la Sentencia de Primera instancia, es decir, la Corte de Apelaciones confirmó la condena de la demandada al pago de los conceptos de Derechos Adquiridos, pero es el caso que el Recurrente al pretender que la Corte Suprema de Justicia Case Totalmente la Sentencia Recurrida, pretende entonces un doble pago para mi representada en lo relativo a los Derechos Adquiridos, que se insiste, esa condena ya está contenida en la Sentencia Recurrida, lo que hace contradictoria la Sentencia pretendida por el Recurrente y esa falta de claridad y precisión genera que se declare NO HA LUGAR al Recurso de Casación. Por otra parte, el recurrente tampoco es claro ni preciso en este acápite, ya que, en su pretensión en el numeral SEGUNDO pretende se declare con lugar la Demanda contra AUTO EXCEL S.A. de C. V. pero no precisa a través de quien. Asimismo en el Numeral TERCERO de la parte resolutiva pretendida por él solicita que se condene a AUTO EXCEL S.A. de C. V. pero tampoco precisa a través de quien. Por todo lo explicado considero respetuosamente que es procedente declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación. A LA EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN AL PRIMER MOTIVO Al invocar la norma que según el recurrente se violó no fue preciso, ya que, no hizo referencia al primer párrafo del Artículo 112 de Código del Trabajo. En lo que respecta al PRECEPTO AUTORIZANTE de igual manera el recurrente no es preciso, pues hace referencia al numeral 1) del Artículo 765 del Código del Trabajo, pero dicho artículo lo que tiene es ordinal 1°. y no numeral como se afirma en dicho acápite. De todos es sabido que el Recurso de Casación no es una tercera instancia en la que se estudia el libelo inicial del litigio y el pleito mismo, sino que en el Recurso de Casación se produce solo un debate entre la Sentencia de Segunda instancia y la Ley. En el Recurso de Casación que se contesta se entra a analizar la demanda y la Sentencia de primera instancia que dio origen al litigio. El recurrente no demuestra de ninguna manera que la Sentencia recurrida esté en abierta pugna contra la Ley, esto es así, ya que la referida Sentencia se encuentra dictada conforme a Derecho. En relación a este motivo de Casación, cabe recordar que existen innumerables antecedentes de fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia en los cuales se ha sostenido siguiendo a la doctrina que la invocación de la Violación de la Ley por Infracción directa debe hacerse independiente del haz probatorio; es decir, que la infracción directa de la Ley ocurre siempre sin consideración a la apreciación probatoria verificada por el Tribunal; pero esto no fue observado en lo absoluto por el recurrente, ya que en la parte final del segundo párrafo del acápite EXPLICACION DE LA VIOLACION infundadamente en forma conducente afirma: “...lo que puede ser corroborado por este Tribunal mediante LA REVISION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS UTILIZADOS EN JUICIO...” Esto hace inadmisible este motivo de casación, YA QUE SE INSISTE LA INFRACCION DIRECTA NO PROVIENE DE ERRORES DE HECHO DE LAS PRUEBAS, PUES LA INFRACCION INDIRECTA ES LA QUE PROVIENE DE ERRORES DE HECHOS DE LAS PRUEBAS. Pero esto fue confundido por el recurrente generando la inadmisibilidad del Recurso de Casación en este motivo. Lo fundamental de este juicio es que la demanda fue de EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PROBASE LA JUSTA CAUSA DEL DESPIDO y resultó que en efecto el Tribunal de Segunda instancia al confirmar la Sentencia que conoció en Apelación hizo suyos las consideraciones y fundamentos de Derecho y al hacer el análisis en su conjunto de TODOS los medios de pruebas allegados en tiempo al juicio llegó a pleno convencimiento que el patrono demostró las causas por las cuales se despidió al demandante (folios 55 al 58; 62 al 72; 111 al 115 de la primera pieza de autos. Es decir, en el presente caso está debidamente comprobado lo justo del despido y que el despido del demandante fue legal y justo y en ese sentido la Corte recurrida si aplicó el artículo 112 párrafo primero del Código del Trabajo a considerar que el patrono en el presente caso tuvo justas causas para terminar el contrato de trabajo sin ninguna responsabilidad, es por ello que precisamente CONFIRMO LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE CONOCIO EN APELACION. Al demandante se le despidió el 08 de Diciembre de 2008 por escrito, por existir justas causas para ello. En la nota de despido conducentemente se le expresó: Por la presente se le notifica que a partir de esta fecha la Empresa ha decidido dar por terminado su contrato y relación laboral sin ninguna responsabilidad, las causas que han motivado ha tomar esta determinación consisten en que la empresa en fecha 19 de Noviembre de 2008 tuvo conocimiento a través de lo expresado por la cliente Señora IVANIA YANETH MORALES PEREZ quien en esa fecha llegó junto con su esposo Cosberth Cristóbal Corrales en horas del mediodía a las oficinas de la empresa, siendo atendidos por la Licenciada VILMA MEDINA en su condición de Gerente Nacional de Servicio al Cliente, manifestándole la referida cliente en forma molesta y con preocupación que su persona le había vendido una dispensa relacionada con el vehículo marca Mitsubishi modelo Nativa, año 2006, color gris oscura, motor 4M40HD0697 y que ella le había dado dinero a su persona para la compra de esa dispensa. Expresando además dicha cliente, que al negocio del Papá de ella habían llegado agentes de la Fiscalía contra la corrupción, agentes de la Dirección de Servicios Especiales de Investigación y agentes de la Unidad anti fraude de la D. E. I. según ella, queriendo decomisar ese vehículo como consecuencia de esa dispensa, pero que no pudieron decomisar el vehículo en referencia en vista de encontrarse el mismo en los predios del taller de AUTOEXCEL por una reparación de caja de cambio debido a una fuga de aceite por la junta entre tubería de aceite y radiador. Asimismo Usted aceptó en la audiencia de descargos que se le levantó que Usted recibió de parte de Cosberth Cristóbal Corrales quien es esposo de la cliente Señora IVANIA YANETH MORALES PEREZ US$ 6,000.00, mismos que los entregó al vendedor de la dispensa Carlos Zelaya Rojas. Asimismo en la referida audiencia de descargos Usted aceptó haber recibido un cheque de Cinthya Ordóñez, hija del cliente Roger Ordoñez, a nombre del chofer de MARIO ROJAS quien fue el que vendió una dispensa relacionada con el vehículo MITSUBISHI MONTERO color blanco gris, con placa PCC 0298 y que fue Usted quien le entregó ese cheque a dicho chofer, es decir, Usted tuvo participación en la gestión de esa dispensa. Sus actuaciones en las situaciones antes relacionadas son contrarias a las políticas de la empresa y también a las Leyes de Honduras. Con su proceder, como Usted bien lo sabe, violentó el procedimiento correcto que se le ha instruido en la empresa para la venta de vehículos, lo que en ningún momento incluye venta ni gestión ni tramitación de dispensa de vehículos por parte de los empleados de la misma, mucho menos recibir valores de los clientes por esos conceptos y eso no es una buena costumbre ni conducta ejemplar durante el servicio. Además, con su proceder Usted ha puesto en riesgo la buena imagen de la empresa tanto para con los clientes, proveedores, trabajadores y así como con las autoridades del país, ya que, las autoridades del País podría pretender deducir responsabilidades fiscales y penales a la empresa relacionadas con la dispensa que ya se le ha referido en esta nota. Además de lo anterior, su actuar podría generar una situación precaria entre la empresa y el fabricante MITSUBISHI de Japón. Pase por la oficina de Recursos Humanos recibiendo el pago de sus derechos adquiridos. Artículos: 97 numerales: 1), 3) y 7), 112 letra e) y 1) del Código del Trabajo, 107 numerales 1), 3) y 7) y 108 numeral 16) del Reglamento interno de Trabajo Mi representada para despedir al ahora demandante procedió con total respeto a la Constitución de la República, Código del Trabajo y Reglamento interno de Trabajo, al extremo tal que antes de su despido al demandante se le respetó su derecho a la defensa, por ello, antes de su despido se le escuchó al celebrársele una Audiencia de descargos, en la cual no pudo desvanecer los cargos a él imputados, sino por el contrario libre y voluntariamente aceptó esos cargos, tal como se demostró en el Juicio (folios 55 al 58 de la primera pieza de autos. Es evidente que el demandante con su proceder violentó el procedimiento correcto que se le había instruido en la empresa para la venta de vehículos, lo que en ningún momento incluye venta ni gestión ni tramitación de dispensa de vehículos por parte de los empleados de la misma, mucho menos recibir valores de los clientes por esos conceptos y eso no es una buena costumbre ni conducta ejemplar durante el servicio. Lo que desde luego constituye un acto inmoral de su parte, aclarándose que en ningún momento la empresa le ha imputado delito alguno, ya que, por ser respetuosa de sus derechos, de las Leyes y autoridades del País sabemos que esa calificación corresponde única y exclusivamente a los órganos jurisdiccionales competentes. Se aclara que los Juzgados del orden laboral son competentes para probar las justas causas del despido y eso es precisamente lo que ha ocurrido en este caso, en que mi representada con abundantes medios probatorios demostró que fue justo y también legal el despido del demandante. Por todo lo explicado considero que procede desestimar este motivo de Casación. AL SEGUNDO MOTIVO En lo que respecta al PRECEPTO AUTORIZANTE nuevamente el recurrente no es preciso, pues hace referencia al numeral 1) del Artículo 765 del Código del Trabajo, pero dicho artículo lo que tiene es ordinal 1°. y no numeral como se afirma en dicho acápite. En este motivo el recurrente invoca el artículo 117 del Código del Trabajo como la norma que según él se violó, pero olvida el recurrente que dicha norma es de procedimiento, en estricto derecho es adjetiva y por consiguiente NO ES SUSTANTIVA, y es de recordar que la Casación solo es procedente cuando hay violación de normas sustantivas. La norma invocada como violada señala un procedimiento para hacer valer derechos, pero se repite NO ES UNA NORMA SUSTANTIVA. LO QUE HACE INADMISIBLE EL PRESENTE MOTIVO DE CASACION. En este motivo de casación el recurrente nuevamente confunde lo que Es la infracción directa y la infracción indirecta de la Ley. Por eso se hace necesario recordar que existen innumerables antecedentes de fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia en los cuales se ha sostenido, siguiendo a la doctrina, que la invocación de la Violación de la Ley por Infracción directa debe hacerse independiente del haz probatorio; es decir, que la infracción directa de la Ley ocurre siempre sin consideración a la apreciación probatoria verificada por el Tribunal; pero esto no fue observado en lo absoluto por el recurrente, ya que en el tercer párrafo de la EXPLICACION DE LA VIOLACION DEL SEGUNDO MOTIVO el recurrente conducentemente afirma: “...Al apreciar y valorar esta prueba podrá la Honorable Corte llegar a la conclusión...” Eso hace inadmisible este motivo de casación, YA QUE SE INSISTE LAINFRACCION DIRECTA NO PROVIENE DE ERRORES DE HECHO DE LASPRUEBAS, PUES LA INFRACCION INDIRECTA ES LA QUE PROVIENE DE ERRORES DE HECHOS DE LAS PRUEBAS. Pero esto fue nuevamente confundido por el recurrente generando la inadmisibilidad del Recurso de Casación en este motivo. Lo fundamental de este juicio es que la demanda fue de EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PROBASE LA JUSTA CAUSA DEL DESPIDO y resultó que en efecto el Tribunal de Segunda instancia al confirmar la Sentencia que conoció en Apelación hizo suyos las consideraciones y fundamentos de Derecho y al hacer el análisis en su conjunto de TODOS los medios de pruebas allegados en tiempo al juicio llegó a pleno convencimiento que el patrono demostró las causas por las cuales se despidió al demandante (folios 55 al 58; 62 al 72; 111 al 115 de la primera pieza de autos. Es decir, en el presente caso está debidamente comprobado lo justo del despido y que el despido del demandante fue legal y justo y en ese sentido la Corte recurrida si aplicó el artículo 112 párrafo primero del Código del Trabajo a considerar que el patrono en el presente caso tuvo justas causas para terminar el contrato de trabajo sin ninguna responsabilidad, es por ello que precisamente CONFIRMO LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE CONOCIO EN APELACION. Es evidente que el demandante con su proceder violentó el procedimiento correcto que se le había instruido en la empresa para la venta de vehículos, lo que en ningún momento incluye venta ni gestión ni tramitación de dispensa de vehículos por parte de los empleados de la misma, mucho menos recibir valores de los clientes por esos conceptos y eso no es una buena costumbre ni conducta ejemplar durante el servicio. Lo que desde luego constituye un acto inmoral de su parte, aclarándose que en ningún momento la empresa le ha imputado delito alguno, ya que, por ser respetuosa de sus derechos, de las Leyes y autoridades del País sabemos que esa calificación corresponde única y exclusivamente a los órganos jurisdiccionales competentes. Se aclara que los Juzgados del orden laboral son competentes para probar las justas causas del despido y eso es precisamente lo que ha ocurrido en este caso, en que mi representada con abundante medios probatorios demostró que fue justo y también legal el despido del demandante, como así se dejó claramente establecido en el CONSIDERANDO (9) de la Sentencia recurrida. Mi representada para despedir al ahora demandante procedió con total respeto a la Constitución de la República, Código del Trabajo y Reglamento interno de Trabajo, al extremo tal que antes de su despido al demandante se le respetó su derecho a la defensa, por ello, antes de su despido se le escuchó al celebrársele una Audiencia de descargos, en la cual no pudo desvanecer los cargos a él imputados, sino por el contrario libre y voluntariamente aceptó esos cargos, tal como se demostró en el Juicio (folios 55 al 58 de la primera pieza de autos. Con la referida acta de descargos observamos que el demandante aceptó los cargos y no pudo desvirtuar los mismos, pero ahora pretende confundir a este Tribunal con este Recurso que contesto. Se aclara que en la referida Acta de descargos participaron no un testigo que como mínimo se requiere en materia laboral, sino que estuvieron presentes varios testigos como ser: VILMA MEDINA, IRIANA ESPINAL y MARCIO ESPINOZA, testigos que observaron que al demandante se le escuchó respetándole su derecho de defensa y en total libertad, es decir, sin ningún tipo de presión. También se aclara que para la celebración del acta de descargos se le citó en legal y debida forma al ahora demandante expresándole que la misma era para escucharlo en relación a la queja formulada por la cliente IVANIA YANETH MORALES PEREZ, citación que fue recibida por FABIO AGUILAR quien firmó de recibido, como se probará en el juicio. No existe prohibición en nuestro ordenamiento jurídico laboral para citar a la audiencia de descargos que puede perfectamente celebrarse el mismo día de la citación. Distinto es la regulación del Régimen de servicio civil, que no es aplicable en el presente caso. Se reitera que al demandante se le despidió por existir justas causas para ello, tal como se le expresaron en forma clara y precisa en la nota de despido y por consiguiente sin ninguna responsabilidad para el patrono, tal como se demostraron en el juicio. En Honduras el derecho de Estabilidad de los trabajadores en sus empleos NO es ilimitado, ni constituye propiedad en el empleo, pues una de las limitaciones de ese derecho, lo constituye la existencia de justa causa o causas para terminar el contrato y relación laboral, causas que encontramos expresamente señaladas en el Artículo 112 del Código del Trabajo en relación con los Artículos 97 y 98 del mismo Código, dichas causas facultan al patrono para terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, como ha ocurrido en el presente caso. Por todo lo explicado considero que procede desestimar este motivo de Casación. A LA NULIDAD SUBSIDIARIA DE ACTUACIONES Honorable Corte de todos es sabido que según el Artículo 715 del Código del Trabajo LOS INCIDENTES SOLO PODRAN PROPONERSE EN LA UADIENCIA PRIMERA DE TRAMITE; Y CONSTA EN EL REVERSO DEL FOLIO 29 DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS QUE AL APODERADO DEL DEMANDANTE EN LA AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EL 17 DE JUNIO DE 2009 SE LE PRECLUYO ESE DERECHO, YA QUE AL PREGUNTARLE EL TRIBUNAL SI IBA A OPONER INCIDENTE CONTESTO QUE NO. En materia Laboral solamente en esa audiencia primera de trámite es el momento procesal oportuno para alegar los incidentes o nulidades y no en el Recurso de Casación. La parte demandante dejó precluir ese derecho (proponer solo en la audiencia primera de trámite el incidente de nulidad alegado) y a estas alturas del proceso NO DEBE abusar de su negligencia ni pretender aprovecharse indebidamente de ella (dejó precluir el derecho de proponer incidente en la audiencia primera de trámite).La pretensión de Nulidad a estas alturas del proceso es contraria a la rapidez que garantiza o caracteriza al Procedimiento Laboral (Artículo 726 del Código del Trabajo), también es contraria al Principio de Lealtad Procesal contenido en el Artículo 727 del Código del Trabajo. Asimismo esa pretensión es totalmente alejada del fin principal del Recurso de Casación, que según el Artículo 764 del Código del Trabajo no es más que UNIFICAR LA JURISPRUDENCIA NACIONAL DE TRABAJO Y NO LOS RETARDOS NI ARTIMAÑAS PARA PRETENDER INFUNDADAMENTE RETROCEDER O ANULAR JUICIOS, CUANDO EN LOS MISMOS HA EXISTIDO RESPETO A LA LEY, Y A LOS PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A LA DEFENSA EN SU MAS AMPLIO SENTIDO. En el presente caso NO ES PROCEDCENTE LA NULIDAD ALEGADA, pues a folio 23 de la primera pieza de autos se observa que el Secretario del Tribunal de primera instancia DA FE del presentado del escrito de Contestación de la Demanda, junto con una copia simple de la misa, fotocopia de Poder Especial Para pleitos No. 23 debidamente autenticada (folios del 24 al 27 de la primera pieza de autos) con que el suscrito contestó la demanda y asimismo se dio fe de mi carné de colegiación 3979 en el Colegio de Abogados de Honduras. Cabe recordar que el Secretario es MINISTRO DE FE PUBLICA. Mi representación como apoderado de la demandada es reconocida por el propio recurrente en el numeral 3) página 11 del escrito que se contesta. También cabe señalar que la notificación efectuada al reverso del folio 28 de la primera pieza de autos surtió sus efectos legales, al extremo tal que en la audiencia de conciliación y que a su vez se convirtió en Audiencia primera de trámite puede observarse con claridad que quienes comparecen a la misma es el ABOGADO JOSE HELIODORO ZAMORA FLORES en representación del demandante y el ABOGADO JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ en representación de la parte demandada, ES DECIR EN EL CASO QUE NOS OCUPA NO HA EXISTIDO Nl INDEFENSION Nl VIOLACION AL DEBIDO PROCESO, y tanto el Tribunal de primera instancia como el Apoderado del Demandante bien han conocido la representación con que el suscrito ha actuado en representación de AUTOEXCEL S.A. de C.V. y es por ello que se permitió mi participación en todas y cada una de las audiencias y diligencias realizadas en el juicio, que por cierto no son pocas, es decir tanto el Tribunal de Primera instancia y el Apoderado del Demandante han reconocido y aceptado mi representación, caso contrario, simple y sencillamente en el momento procesal oportuno se hubieran opuesto a mi participación. Para dejar bien claro este asunto, resulta que el Abogado EDGARDO PAZ FERNANDEZ no tuvo ni ha tenido una tan sola actuación en el este juicio. Por todo lo explicado y recordando una vez más que en materia laboral según el Artículo 715 del Código del Trabajo LOS INCIDENTES SOLO PODRAN PROPONERSE EN LA AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE; Y CONSTA EN EL REVERSO DEL FOLIO 29 DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS QUE AL APODERADO DEL DEMANDANTE EN LA AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EL 17 DE JUNIO DE 2009 SE LE PRECLUYO ESE DERECHO, POR CONSIGUIENTE RESPETUOSAMENTE CONSIDERO QUE LO PROCEDENTE ES DESESTIMAR LA NULIDAD SUBSIDIARIA ALEGADA EN ESTE RECURSO DE CASACION. A LA NULIDAD SUBSIDIARIA DE LA SENTENCIA RECURRIDA La Sentencia recurrida es clara y concisa y en ese sentido se observa que la Corte recurrida CONFIRMO en su totalidad la Sentencia que conoció en Apelación por considerar que la misma se encontraba dictada conforme a Derecho, caso contrario la hubiera revocado y se aclara para esa resolución la Corte recurrida también tomó en consideración el Artículo 858 del Código del Trabajo. Es así que en forma clara en el Considerando (9) de la Sentencia recurrida observamos la motivación que llevó a dicha Corte a compartir totalmente el criterio del Tribunal de primera instancia en lo que se refiere a lo que fue el objeto del pleito o del juicio y en ese sentido la referida Corte consideró Que a acción presentada por el Señor FABIO RAMON AGUILAR BARDALES fue un Derecho fundamental al proceso jurisdiccional que tenía éste, y que dio lugar a una resolución SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO, y en el cual concurrieron los presupuestos procesales y los requisitos esenciales exigidos por lo que el Juez conocedor de la presente causa, después de valorar toda la prueba en su conjunto, llegó al convencimiento de que debía declararse sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y salarios dejados de percibir; y con lugar la demanda para el pago de derechos adquiridos, criterio que es compartido por este Tribunal de Alzada después de revisar la carga probatoria ofertada; por lo que la motivación y resolución dictada por el A quo es correcta y apegada a derecho, por lo que procede su confirmatoria. La nulidad alegada hasta en la segunda instancia por el Apoderado del Demandante no es procedente, ya que, NO FUE OBJETO DEL JUICIO, y además Honorable Corte, de todos es sabido que según el Artículo 715 del Código del Trabajo LOS INCIDENTES SOLO PODRAN PROPONERSE EN LA AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE; Y CONSTA EN EL REVERSO DEL FOLIO 29 DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS QUE AL APODERADO DEL DEMANDANTE EN LA AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EL 17 DE JUNIO DE 2009 SE LE PRECLUYO ESE DERECHO, YA QUE AL PREGUNTARLE EL TRIBUNAL SI IBA A OPONER INCIDENTE CONTESTO QUE NO. Con lo anterior queda claro que la Nulidad alegada (no en la audiencia primera de trámite sino hasta las alegaciones de la Segunda instancia) no fue objeto del juicio y por consiguiente no era indispensable que la Corte recurrida se pronunciare sobre ella, pues lo que se debatía era si el despido fue justo y también legal, como así lo demostró en el juicio el patrono. Es decir, la parte demandante dejó precluir ese derecho (proponer solo en la audiencia primera de trámite el incidente de nulidad alegado) y a estas alturas del proceso NO DEBE abusar de su negligencia ni pretender aprovecharse indebidamente de ella (dejó precluir el derecho de proponer incidente en la audiencia primera de trámite), en violación a la rapidez que garantiza o caracteriza al Procedimiento Laboral (Artículo 726 del Código del Trabajo), también es contraria al Principio de Lealtad Procesal contenido en el Artículo 727 del Código del Trabajo. Asimismo esa pretensión es totalmente alejada del fin principal del Recurso de Casación, que según el Artículo 764 del Código del Trabajo no es más que UNIFICAR LA JURISPRUDENCIA NACIONAL DE TRABAJO Y NO LOS RETARDOS NI ARTIMANAS PARA PRETENDER INFUNDADAMENTE RETROCEDER O ANULAR SENTENCIAS O JUICIOS, CUANDO EN LOS MISMOS HA EXISTIDO RESPETO A LA LEY, Y A LOS PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A LA DEFENSA EN SU MAS AMPLIO SENTIDO. Por lo explicado considero es procedente declarar sin lugar la Nulidad subsidiaria de la Sentencia pretendida por el recurrente.- RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a la Abogada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- CONSIDERANDO (1): Que la naturaleza propia del recurso de casación laboral es la de un verdadero juicio especial, ya que este medio procesal no configura una tercera instancia en la que se controviertan las mismas pretensiones de la litis, sino una acción de impugnación contra una sentencia de segundo grado, acusada de ser violatoria de ley sustantiva o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta, pero revestida con la presunción de ser legal y acertada por el supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias. Por esta vía extraordinaria se confronta dicha resolución judicial con la ley material, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo del trabajo y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Por todo lo anterior, la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad y, como consecuencia de ello, este Tribunal Supremo, para poder examinar a profundidad el fallo censurado, primero debe comprobar si el libelo cumple con todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- CONSIDERANDO (2): Que el recurrente, Licenciado FRANCISCO EMMANUEL RODRÍGUEZ VALLADARES, formula el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO: CASA TOTALMENTE la sentencia definitiva de fecha jueves cinco (05) de Noviembre del año dos mil nueve (2009) dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial.- SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO, CASO CONTRARIO, SE PAGUEN LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, COSTAS promovida por el señor FABIO RAMON AGUILAR BARDALES, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, en contra de la sociedad mercantil AUTO EXCEL, S.A. de C.V..- TERCERO: CONDENA a AUTO EXCEL, S.A. de C.V., a pagar al demandante en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales la cantidad de UN MILLON DOS CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS (L.1,234,564.57), y que se desglosan así: 1) Preaviso: Ciento Ochenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Lempiras con Sesenta y Ocho Centavos (L.186,666.68); 2) Auxilio de Cesantía: Setecientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Lempiras con Setenta y Dos Centavos (L.746,666.72); 3) Auxilio de Cesantía Proporcional: Setenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Lempiras con Ochenta y Seis Centavos (L.77,248.86); 4) Vacaciones: Sesenta y Dos Mil Doscientos Veintidós Lempiras con Veinte Centavos (L.62,222.20); 5) Vacaciones Proporcionales: Cincuenta y Un Mil Quinientos Diecinueve Lempiras con Noventa y Ocho Centavos (L.51,519.98); 6) Aguinaldo Proporcional: Setenta y Cinco Mil Ciento Veinte lempiras con Nueve Centavos (L.75,120.09); 7) Décimo Cuarto Mes Proporcional: Treinta y Cinco Mil Ciento Veinte Lempiras con Cuatro Centavos (L.35,120.04); junto con el pago de los salarios dejados de percibir a titulo de indemnización de daños y perjuicios, desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales deba quedar firme la sentencia condenatoria respectiva..- CUARTO: SIN COSTAS.- Y, MANDA: Que firme que sea esta sentencia, con la certificación de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE”.- CONSIDERANDO (3): Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el caso in examine, el fallo recurrido es confirmatorio de la sentencia de primera instancia, la cual es contentiva de algunos pronunciamientos que son favorables para el impetrante y, por ello, se incurre en error de técnica al pretenderse un quebrantamiento total. El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa.- CONSIDERANDO (4): Que respecto a las nulidades solicitadas en forma subsidiaria, este Tribunal de Justicia es del criterio que dichas pretensiones son inadmisibles por las razones siguientes: a) Si se estimaba que con ciertas actuaciones se violentaba el debido proceso, entonces tal situación debió ser alegada en la audiencia primera de trámite para ser sustanciada como un incidente, tal como lo establece el artículo 715 del Código del Trabajo; y, b) Si se aduce que la sentencia impugnada carecía de claridad, precisión y congruencia, entonces debió ser solicitada su aclaración dentro del término legal establecido, tal como lo dispone el artículo 195 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el artículo 858 del Código del Trabajo. Además, este Alto Tribunal es de la opinión que la etapa de juzgamiento fue desarrollada con absoluto respeto a los derechos de las partes litigantes.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2) Declara SIN LUGAR LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS SOLICITADAS. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de Enero de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha diez de Diciembre de Dos Mil Diez, recaída en el Recurso de Casación número 521-09.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL