Sentencia CL-406-08 — Registro 966
Resumen
Trabajadora despedida interpone demanda laboral de reintegro declarada sin lugar, en primera instancia,basada en que la recurrente era empleada de confianza y confirmada en segunda instancia; interponiendo la trabajadora el recurso de merito contra dicha sentencia,invocando infracción directa por falta de aplicación de ley
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la cuestión relacionada con el despido de la demandante, fue objeto de la controversia, por ende, no procedía el ataque al fallo impugnado por la vía de la infracción directa, ya que la misma se produce cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula, o al contrario se aplica un hecho inexistente, que debe constar en la sentencia reconocido por el Juzgado de instancia y aceptado por las partes, eso quiere decir un hecho que no se discute, que no es objeto de medios probatorios, porque dicha infracción se da con independencia del haz probatorio, de lo cual resulta que este motivo sea inadmisible"....
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., dieciséis de junio del dos mil diez.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dieciocho de noviembre de dos mil ocho, por la Licenciada MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, accionando en causa propia; en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro a un puesto de trabajo en virtud de despido directo, el reconocimiento de la vigencia y aplicabilidad de una disposición legal contenida en el Arancel del Profesional del Derecho, el pago del reajuste salarial en forma retroactiva y demás beneficios sociales devengados desde su fecha de promulgación en el diario oficial La Gaceta hasta el mes de abril del año dos mil seis, y el pago de salarios dejados de percibir, de los derechos adquiridos en ausencia y de las costas del juicio; interpuesta el treinta y uno de octubre de dos mil seis, ante el entonces Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, por la Licenciada MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO, de generales ya establecidas, accionando en causa propia, en contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), a través del Director Ejecutivo de ese entonces, el señor JOSÉ FRANCISCO FÚNEZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Administración de Empresas y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha cinco de septiembre de dos mil ocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que falló confirmando la sentencia dictada en fecha veinte de junio de dos mil ocho, por el entonces Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, misma que fue proferida de la siguiente manera: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR La Excepción Perentoria de Prescripción de la Acción, con respecto al reclamo de ajuste salarial conforme el Arancel del Profesional del Derecho, opuesto por la Apoderada demandada; 2.- Declarar SIN LUGAR la Excepción Perentoria de Falta de Acción y Derecho para Demandar, opuesto por la Apoderada demandada; 3.- Declarar SIN LUGAR el Incidente de Tacha opuesto a la testigo Jenny Griselda López, por parte de la demandante; 4.- Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral de reintegro a un puesto de trabajo, salarios dejados de percibir; promovida por la Abogada MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO, de generales conocidas; contra INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), a través de su Director Ejecutivo señor JOSE FRANCISCO FUNEZ RODRIGUEZ, de generales también conocidas.- 5.- Exonera a la demandada de Reintegrar a la demandante al puesto pretendido y a los salarios dejados de percibir.- 6.- Dejar a salvo el derecho de la demandante para retirar cuando así lo estime pertinente el valor de sus pretensiones e indemnizaciones laborales consignado en este Juzgado por parte de la Institución demandada”.- SIN COSTAS en ambas instancias.- RESULTA: Que mediante sentencia de fecha siete de octubre de dos mil ocho, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la Licenciada MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO, de generales ya señaladas, actuando en causa propia, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ya mencionada, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- RESULTA: Que en fecha dieciocho de noviembre de dos mil ocho, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Licenciada MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO, de generales ya indicadas y actuando en causa propia, formalizando su demanda de la siguiente manera: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION En el párrafo denominado “INDICACION DE LA SENTENCIA IMPUGNADA”, señalé como Sentencia Impugnada la dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán el día cinco (5) de septiembre del dos mil ocho (2008), que confirma la Sentencia Definitiva proferida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinte (20) de junio del dos mil ocho (2008), en la Demanda Ordinaria Laboral interpuesta por MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, para el Reintegro a mi puesto de trabajo en virtud de Despido Directo, Ilegal e Injusto y a título de daños y perjuicios el pago de los Salarios dejados de percibir desde la fecha de mi Despido hasta que quede Firme la Sentencia Condenatoria respectiva, así como que se reconozca la Aplicabilidad del Arancel del Profesional del Derecho, Ajuste Salarial en forma retroactiva y demás beneficios sociales devengados desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta hasta el mes de abril del año 2006, Sentencia que en su parte resolutiva dice textualmente: “POR TANTO: Esta CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO del Departamento de Francisco Morazán impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS; y, haciendo aplicación de los Artículos: 90 párrafo primero, 134, 135, 303 y 304 de la Constitución de la República; 46 letra b), 47, 664, 665, 666 letra b); 672, 686, 699 párrafo último, 760 y 858 del Código del Trabajo; 184, 187, 190 y 420 del Código de Procedimientos Civiles; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: 1) Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Marbeth Iveth Valladares Solórzano, apoderada apelante. 2) CONFIRMA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial, el día veinte de junio del año dos mil ocho, visible del folio 307 al 310 frente y vuelto de la primera pieza del expediente.- 3) SIN COSTAS en esta instancia. MANDA:...” Con la presente Demanda de Casación se persigue la Anulación Parcial del fallo recurrido que es violatorio de Ley Sustantiva de Orden Nacional, y por consiguiente Casar Parcialmente la Sentencia Recurrida y, en sede de instancia, sea reemplazada dicha resolución en la forma siguiente: “POR TANTO: La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los Artículos 134, 135, 265, 303 y 304 de la Constitución de la República; 1 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 113 párrafo segundo, 117, 664, 665, 666 letra c); 672, 699 párrafo segundo, 738, 739, 764, 765, 778, 862, 863 y 858 del Código del Trabajo; en relación esta última disposición con los artículos 183, 184, 187 reformado; 188, 189, 190, 192 y 200 del Código de Procedimientos Civiles; FALLA: 1) CASANDO PARCIALMENTE LA SENTENCIA RECURRIDA, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha cinco (5) de septiembre del dos mil ocho (2008); 2) DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE la Excepción Perentoria de PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN opuesta por la parte Demandada con relación al reclamo de Ajuste Salarial conforme al Arancel del Profesional del Derecho, teniendo por Prescrita la Acción con relación a este derecho por el período anterior a los dos (2) años previos al reclamo; 3) DECLARAR SIN LUGAR la Excepción Perentoria de FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO PARA DEMANDAR opuesta por la parte Demandada; 4) DECLARAR SIN LUGAR el Incidente de Tachas opuesto por la parte Demandante contra la testigo Jenny Griselda López; 5) DECLARAR CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral interpuesta por MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO por medio de su Representante Legal señor JOSÉ FRANCISCO FÚNEZ RODRÍGUEZ, con relación al Reintegro a su Trabajo; y, PARCIALMENTE CON LUGAR la misma con relación al reclamo de Ajuste Salarial de acuerdo al Arancel del Profesional del Derecho; 6) CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL AGRARIO por medio de su Representante Legal señor JOSÉ FRANCISCO FÚNEZ RODRÍGUEZ, a REINTEGRAR a la señora MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones y, a Título de Daños y Perjuicios, al Pago de los Salarios dejados de percibir desde la fecha del Despido hasta que se cumpla con la reinstalación ordenada; asimismo CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL AGRARIO por medio de su Representante Legal señor JOSÉ FRANCISCO FÚNEZ RODRÍGUEZ, a pagar a la señora MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO el Ajuste de los Salarios de conformidad al Arancel del Profesional del Derecho desde el día diecisiete (17) de abril del año dos mil cuatro (2004) hasta el mes de abril del año 2006; es decir dos años anteriores al reclamo de este derecho, difiriendo para el período de ejecución de la Sentencia la liquidación de estos conceptos; 7) Con costas.” EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Directa del artículo 113 párrafo segundo y literal b) del Código del Trabajo en relación con los artículos 3 y el párrafo final del artículo 60 del mismo cuerpo de leyes; Infracción Directa que se presenta por Falta de Aplicación de la Ley. RELACIÓN CON NORMA CONSTITUCIONAL. Debido a que las Normas Constitucionales no son violables para efectos de Casación, me permito señalar, en forma separada, que en el presente caso la Norma Violada contenida en el artículo 113 párrafo segundo y literal b) del Código del Trabajo, se relaciona con el artículo 265 de la Constitución de la República, que establece quiénes son los Funcionarios de Confianza del Poder Ejecutivo que NO están protegidos por el ordenamiento laboral, norma que en reiteradas Sentencias han establecido se refiere únicamente a los que, a cualquier título, desempeñan la Titularidad de las Instituciones Descentralizadas y los llamados a Sustituirle por Ley. Pero las relaciones laborales de los demás Servidores de dichas Instituciones, serán reguladas por el Régimen Jurídico aplicable a los trabajadores en general, es decir, por el Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral lo. párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: La trabajadora MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO fue despedida de su puesto de trabajo mediante Acuerdo número 032-06 de fecha 17 de febrero de 2006 emitido por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario que en su parte conducente establece: “ACUERDA: PRIMERO: Cancelar a partir del 17 de febrero del año en curso a la Licenciada MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO, Sub Jefe División de Recursos Humanos, adscrita a la División de Recursos Humanos. Reconociéndole sus prestaciones laborales que en derecho le corresponden. Esta se fundamenta al tanor de la cláusula número 37 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente de la Institución. SEGUNDO: Transcribir el presente...”. La Cláusula 37 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en el Instituto Nacional Agrario establece: “Cláusula No. 37.- Para los efectos legales pertinentes, se consideran cargos de confianza dentro de la Institución, los siguientes: 1) Director Ejecutivo 2) Sub Director Ejecutivo 3) Secretario General 4) Jefes de Oficinas Regionales 5) Jefes y sub jefes de División; y, 6) Tesorero. Es entendido que a los funcionarios antes dichos les será aplicable el contenido de la CLÁUSULA No. 52 DEL PRESENTE CONTRATO COLECTIVO, a excepción del Director y Sub Director Ejecutivo.” La Sentencia Recurrida, dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial en el caso que nos ocupa, Cita y Reconoce que de acuerdo al artículo 265 de la Constitución de la República los Únicos empleados de Confianza son el Director y Sub Director Ejecutivo. No obstante lo anterior, la Corte Sentenciadora agrega que el puesto que ocupaba la trabajadora demandante se encuentra calificado como de Confianza por la cláusula 37 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo de la Institución Demandada antes trascrito, lo que lleva al sentenciador al convencimiento de que la demandante MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO, al desempeñarse en el puesto de Sub Jefe de la División de Recursos Humanos del Instituto Nacional Agrario, era una Funcionaria de Confianza del Ejecutivo, aun en contra del reconocimiento de que la Carta Magna establece lo contrario, obviando que una Cláusula de un Contrato Colectivo no puede ir en contra de una Disposición Constitucional cuando implique disminución, renuncia o tergiversación de los derechos reconocidos en ésta. No obstante, la Corte Recurrida declaró Sin Lugar la Demanda de Reintegro a su puesto de trabajo, basada en que la misma es Empleada de Confianza. La situación jurídica planteada es por tanto la Falta de Aplicación del artículo 113 párrafo segundo y literal b) del Código del Trabajo por parte de la Corte Recurrida, fundada en que, aunque existe un Despido Sin Causa Justificada en el que se reconoce el Pago de Indemnizaciones Laborales, se considera como Empleada de Confianza a la trabajadora despedida, y como tal concluye que la misma no tiene Derecho al Reintegro y Declara Sin Lugar la Demanda. La designación de Empleados de Confianza por parte de la Constitución de la República, según lo ha establecido esa Honorable Corte Suprema de Justicia en diferentes Sentencias de Amparo y Casación, se refiere a las personas que a título de Gerentes, Sub Gerentes, Directores, Sub Directores, Presidentes, Vice Presidentes o cualquier otra denominación, ejercen las Funciones de Dirección como Titulares de los Organismos Descentralizados del Estado, funcionarios que no están protegidos por el ordenamiento laboral y son de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo, sin derecho a Reintegro o al pago de Indemnizaciones. Pero las relaciones laborales de los demás servidores de dichas Instituciones, entre los que se encontraba la trabajadora MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO en su condición de Sub Jefe de la División de Recursos Humanos, serán reguladas por el Régimen Jurídico aplicable a los trabajadores en general, es decir, por el Código del Trabajo. Tan claro es la Falta de sustento del argumento antes citado, que la misma Nota de Despido y Sentencia Recurrida (al confirmar y hacer suyos los argumentos de la sentencia de primer grado), reconocen su derecho al pago de indemnizaciones laborales; situación que no se podría presentar en el caso de empleados de confianza de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo quienes no tienen este derecho. Del análisis de la situación jurídica presentada, se concluye que la Corte Sentenciadora negó la aplicación de la norma contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo cuando declaró sin lugar la Demanda de Reintegro, aun cuando estaba decidiendo un caso regulado por dicha norma, justificando esta negativa en la aplicación de una cláusula de un contrato colectivo que limita un derecho reconocido en la Constitución; por lo que podemos concluir que la Sentencia Recurrida está en abierta rebeldía con la ley, infringiéndola de manera directa al negar la aplicación de la misma. No obstante la claridad de la norma jurídica, la Corte Recurrida se niega o se muestra en franca rebeldía a reconocer el Derecho al Reintegro de la Demandante, lo que demuestra la Infracción Directa de la Norma Sustantiva señalada; el Tribunal Sentenciador debió aplicar la norma sustantiva y reconocer los derechos y los alcances del artículo 113 párrafo segundo y literal b) del Código del Trabajo ante una Ruptura Injustificada de su Contrato de Trabajo, por lo que procede la prosperidad de este motivo y se Case la Sentencia recurrida. SEGUNDO MOTIVO Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por interpretación errónea de los artículos 95 numeral 1) del Código del Trabajo en relación con los artículos 862 y 868 literal a) del mismo código y con los artículos 43 de la Ley de Salario Mínimo, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras y el artículo 89 del Arancel de Profesionales del Derecho. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral lo. párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: En la Demanda de mérito también se solicita se reconozca la Aplicabilidad del Arancel del Profesional del Derecho, Ajuste Salarial en forma retroactiva y demás beneficios sociales devengados desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial La gaceta; es decir, desde el día 9 de julio de 2003 hasta el mes de abril de 2006, fecha en la cual la demandante presentó reclamo ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para la aplicación y pago de ajuste de salario adeudado conforme a dicho Arancel, habiendo sido despedida la demandante el día 17 de febrero de 2006. Esto sirvió de fundamento para que la Sentencia recurrida declarara Con lugar la Excepción de Prescripción opuesta por la parte demandada, sosteniendo que transcurrió más de dos (2) años desde la entrada en vigencia del Arancel a la fecha en que la demandante fue despedida. El artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo establece: “Art. 43.- La acción derivada del derecho que se reconoce en el artículo 39 de esta ley, prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva su ejercicio.” La Sentencia Recurrida reconoce que de acuerdo al artículo trascrito, aplicado en forma analógica, el plazo para reclamar el salario prescribe en el término de dos años. El Contrato de Trabajo es un Contrato de Tracto Sucesivo; es decir, las partes se obligan recíprocamente a una serie de prestaciones periódicas o continuas. Así, el trabajador se obliga a prestar sus servicios personales de manera periódica según el horario de trabajo convenido; y, el patrono se obliga a pagar periódicamente el salario, según los términos acordados, que generalmente y en el caso de autos es de un mes. Por lo que los plazos de Prescripción de la Acción para reclamar el Ajuste en el Pago de Salario por parte del trabajador, empiezan a correr desde la fecha en que el salario que no le fue pagado pudo ser cobrado, lo que ocurre igualmente en forma periódica, mes con mes. Sólo cuando ha transcurrido un mes de prestación de servicios, el trabajador puede cobrar el salario de ese mismo mes. De modo que la Prescripción de la Acción de reclamo de Salario se va produciendo cuando se deja transcurrir el tiempo de Prescripción de cada mes sin cobrarlo, no se produce la Prescripción de una sola vez de todos los meses de Salario reclamado, porque la prescripción de pago de salario no es una, sino son una serie periódica de salarios mensuales. La prescripción de un mes de salario es dos años después de que se pudo reclamar el salario de ese mes, de modo que cada mes que transcurre se va produciendo la prescripción del salario que pudo reclamarse desde hace dos años, la prescripción se va produciendo de manera sucesiva al igual que el salario es pagado en forma sucesiva o periódica, hasta que se interrumpe la prescripción cuando el salario es reclamado. En el caso que nos ocupa, la Prescripción de la Acción para reclamar el Ajuste de Salario se fue produciendo de manera sucesiva mes con mes, de modo que el salario del período transcurrido dos años antes de que presentara su reclamo estaba prescrito, no así la acción de reclamo por los dos años inmediatamente anteriores al reclamo cuya Prescripción fue interrumpida con la presentación del reclamo. Cuando la Sentencia Recurrida señala que se produjo la prescripción porque transcurrió más de dos años desde la entrada en vigencia del Arancel de Profesional del Derecho hasta la fecha en que se produjo el despido de la demandante, interpreta erróneamente la norma, pues considera que el plazo de Prescripción de la Acción empieza a correr desde la fecha de la publicación del Arancel de Profesionales del Derecho 9 de julio de 2003 y como si el salario fuera uno solo que pudo cobrarse desde que entró en vigencia el arancel mencionado; tampoco tiene ninguna relevancia la fecha del despido pues no es en esta fecha cuando se reclaman los salarios adeudados. El artículo 868 literal a) del Código del Trabajo señala como fecha de interrupción de la Prescripción la Demanda o Gestión ante Autoridad competente no la fecha del despido, como equivocadamente señala la Corte Sentenciadora, siendo la fecha del reclamo el 17 de abril de 2006, con el reclamo ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. La correcta Interpretación de la Norma Violada es que el Plazo de Prescripción de la Acción de Reclamo de Ajuste de Salario es a partir de la fecha en que se pueden ejercer las acciones para el reclamo de este derecho; es decir, desde el día en que debió cumplirse la obligación de pago completo del salario y, como se dijo antes, dicha prescripción se va produciendo de manera sucesiva mes con mes, en la misma forma en que se pagaba el salario. Por lo que la Prescripción es Solamente Parcial, estaba prescrita la acción para reclamar los ajustes de salario, que le correspondían por el período anterior a los dos años previos al reclamo, pero no está prescrita la acción respecto a los dos años anteriores al reclamo mismo. De modo que de haber interpretado la norma correctamente; y, siendo que la demandante interpuso reclamo de pago de ajuste de salario adeudado en fecha 17 de abril de 2006, la Sentencia Recurrida habría declarado parcialmente con lugar la prescripción por el ajuste de salario anterior al 17 de abril del año 2004, es decir, 2 años antes del reclamo; y, sin lugar la prescripción respecto del ajuste de salario de esa fecha hasta el mes de ABRIL de 2006, fecha en la cual la demandante presentó reclamo para la aplicación y pago de ajuste de salario adeudado conforme a dicho Arancel. Si la Corte Recurrida hubiese interpretado correctamente la norma sustantiva señalada en relación con las otras normas, habría llegado a la conclusión de que la Prescripción de la Acción interpuesta era parcial, en consecuencia el reclamo por los dos años inmediatamente anteriores al reclamo no estaba prescrito y hubiera condenado a la Institución demandada al pago de los mismos tal y como señala la norma sustantiva violada, por lo que procede se Case la Sentencia. TERCER MOTIVO Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Indirecta de los artículos 95 numeral 1) del Código del Trabajo en relación con los artículos 862 y 868 literal a) del mismo código y con los artículos 43 de la Ley de Salario Mínimo, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras y el artículo 89 del Arancel de Profesionales del Derecho; Infracción indirecta por error de hecho que provino de la apreciación errónea de la prueba. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO. Para la violación de las normas sustantivas antes señaladas sirvieron de medio las normas procesales contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral lo. párrafo segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA EN FORMA ERRÓNEA La prueba apreciada en forma errónea y que singularizo en este acto es la prueba documental que acredita que la demandante realizaba actos de procuración en representación de la Institución demandada, de la siguiente forma: a) Documentos que corren a folios 50 al 62, 98 al 104, 108 al 112, 150 al 155 que corresponden a sentencias en las que la demandante es parte en representación de la institución demandada; b) Documentos que corren a folios 113 al 133 y 143 al 145 donde constan diferentes escritos de contestaciones de demanda en las que la demandante representa a la Institución demandada. Pruebas documentales que se relacionan con la Inspección Número Uno (1) y Tres (3) propuestas por la parte demandante, la primera a las oficinas de la Institución Demandada que corre a folios 257 frente y vuelto y la segunda a la Secretaría del Juzgado Primero de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial, cuya evacuación se encuentra a folios 266 vuelto de los autos, donde se encuentra acreditado los siguientes extremos: a) Inspección Número Uno (1) Numeral 7) se constató que “Se tuvieron a la vista varios escritos presentados por la demandante y que además se encuentran agregados como prueba documental donde queda acreditado que la demandante realizaba actos de procuración a favor de la institución demandada siendo Sub Jefe de la División de Recursos Humanos.” (folio 257 frente); b) Inspección Número Uno (1) Numeral 13) “Se tuvieron a la vista varias notas dirigidas a la demandante por el Jefe de Recursos Humanos señor Fredy Hernández, donde se le ordena que realice actos de procuración, tales como contestar demandas sobre la aplicación del Arancel de Profesionales del derecho y demás afines. “(folio 257 vuelto); c) Inspección Número Tres (3) se constató que” Se tuvo a la vista los expedientes 859, 262, 239, 313, 864, 787, 500, 2463, 2625, 2263, 2291, 2379, 2229, 1157, 2514, 2598, 2430, 3159, 3162, 3177, 3379, 37891, 3824, 3928, 3888, 4054, 4554, 4323, 4091 en los cuales se constató que la Licenciada MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO, procuró como representante del Instituto Nacional Agrario INA).” (folio 266 vuelto). Los subrayados son nuestros. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: En la demanda de mérito además del Reintegro solicitado, se solícita se reconozca la Aplicabilidad del Arancel del Profesional del Derecho y, en consecuencia, el Ajuste Salarial en forma retroactiva y demás beneficios sociales devengados desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta; es decir, desde el día 9 de julio de 2003 hasta el mes de abril de 2006, fecha en la cual la demandante presentó reclamo para la aplicación del Arancel ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. La Sentencia de Segunda Instancia confirma la dictada por el Juez A quo que declara Sin Lugar la Demanda, por lo que hace suyos los argumentos y fundamentos de ésta. Y, en la misma se señala que la demandante MARBETH IVETH VALLADARES SOLÓRZANO, no le es aplicable el artículo 89 del Arancel de Profesionales del Derecho porque éste protege exclusivamente a los profesionales del derecho que laboran permanentemente, a tiempo completo, ejerciendo la profesión como tal (Procuración en los Tribunales) y en el caso de la Actora, su puesto era de Sub Jefe de la División de Recursos Humanos, un cargo puramente administrativo para el cual no es requisito indispensable ser Profesional del Derecho, puesto que cualquier persona con conocimientos en el manejo de personal, puede desempeñar dicho cargo. Aunque en la sentencia recurrida hace alusión a la prueba singularizada, la Corte Sentenciadora la aprecia en forma errónea, pues de la misma en forma notoria resalta que la demandante MARBETH IVETH VALLADARES SOLÓRZANO sí realizaba actos de procuración en los Tribunales de Justicia en representación de la Institución demandada, Contestando Demandas, tramitando los Juicios hasta su Sentencia Definitiva, etcétera; y así se observa en la prueba documental singularizada y se estableció en las inspecciones practicadas, también singularizadas, incluso dejándose constancia utilizando el mismo término de “PROCURACIÓN”, que realizaba en diferentes juicios y en el mismo tribunal de primera instancia donde se tramitó el presente juicio. El Tribunal Sentenciador no aprecia correctamente la prueba antes singularizada consistente en los documentos e inspecciones antes descritos, lo que la llevó a concluir, de manera errónea que la demandante no realizaba actos de procuración por lo que no le era aplicable el Arancel de Profesionales del derecho y declara sin lugar la demanda por esta razón. Si la Corte Sentenciadora hubiese apreciado correctamente las pruebas antes singularizadas y la hubiera relacionado correctamente con el resto de la prueba, habría concluido que se demostró de manera incuestionable que la demandante realizaba en representación del Instituto Nacional Agrario (INA) actos de procuración en el ejercicio de la Profesión del Derecho, aunque la citada profesión no sólo se ejerce procurando ante los tribunales, sino también en puestos donde se requiere ser profesional del derecho como los de Jueces y Magistrados, Asesores Legales, etcétera. Las pruebas singularizadas que fueron apreciadas en forma errónea, demuestran de modo evidente y notorio el error de hecho en que incurrió la Corte Recurrida, que la llevó a violar de manera indirecta las normas sustantivas señaladas, a través de las adjetivas también señaladas que sirvieron de medio para tal violación, pues de haber apreciado las pruebas correctamente, la Corte Sentenciadora hubiera concluido que la demandante MARBETH IVETH VALLADARES SOLÓRZANO ejercía la Procuración mientras se desempeñé como Sub Jefe de la División de Recursos Humanos de la Institución demandada ‘por lo que ejercía la profesión del derecho y le era aplicable el Arancel de Profesionales del derecho, por lo que hubiera condenado a la Institución demandada a pagar Ajuste Salarial en forma retroactiva y demás beneficios sociales devengados desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta; es decir, desde el día 9 de julio de 2003 hasta el mes de abril de 2006, por lo que procede se Case la Sentencia por el presente motivo”.- RESULTA: Que en fecha diecinueve de noviembre de dos mil ocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Licenciada MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado a la opositora para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha cinco de enero de dos mil nueve, la Licenciada LEYLA MARÍA PAREDES SIERRA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, actuando en su condición de apoderada legal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), de la siguiente manera: “A LA DECLARACION DEL ALCANCE DE LA INPUGNACION La recurrente solicita que la Corte suprema de Justicia dicte una fallo por unanimidad, pero debido a que la Corte Suprema de Justicia esta conformado en salas, al haber un fallo unánime de la sala de los Contencioso Administrativo, no puede pasar al pleno del la Corte Suprema de Justicia para ser votada por unanimidad. EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN AL PRIMER MOTIVO La sentencia recurrida no es violatoria de Ley Sustantiva sea por Infracción Directa, Aplicación Indebida o Interpretación Errónea.- Si bien es cierto la recurrente cita la norma sustantiva que contiene el articulo 113 párrafo segundo literal b) del Código del Trabajo no explica con claridad en que consiste esa violación por lo que el recurso debe desestimarse por defecto de forma. En flagrante tergiversación de la ley la recurrente afirma que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 265 de la Constitución de la República los únicos empleados de confianza son el Director y Sub Director de cualquier institución autónoma, pero no cita ni comenta y hasta soslaya la disposición contenida en el ultimo párrafo de dicha garantía constitucional que remite a la ley secundaria el régimen aplicable al resto de los empleados de toda institución y en tal sentido el Código del Trabajo y el Contrato Colectivo claramente expresan y designan los diversos empleados de confianza que laboran en determinada institución.- Particularmente el articulo 511 del Código laboral prohíbe a los empleados de confianza formar parte de la directiva sindical definiendo la precitada norma lo que se entiende por empleados de confianza entre los cuales se encuentran los gerentes Sub Gerentes, Administradores, Jefes de Personal, Secretarios privados de la Junta Directiva, la gerencia o administración directores de departamentos y otros empleados semejantes, la precitada norma se complementa con lo que a su vez dispone la cláusula 37 del VIII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el INA-SITRAINA, (f.239) en la cual claramente define y clasifica los diversos empleados de confianza que desempeñan sus labores en determinada empresa o institución y por supuesto estas normas en ningún momento implican disminución de los derechos reconocidos por la constitución y se aplican por ser leyes de carácter especial que complementan y regulan las máximas del texto constitucional y por lo tanto se concluye que la corte sentenciadora dictó su fallo conforme a derecho así no hay violación de la ley sustantiva ni infracción directa ya que en la exposición, escrito o alegato de este supuesto motivo de casación contra la sentencia impugnada no se hace relación al concepto que regula la supuesta infracción y motivo de casación, impugnación que no tiene razón de ser, puesto que en la sentencia se considera con suficiente claridad y fundamentación legal que la demandante no tiene derecho a reintegro por ser empleada de confianza y si no tiene derecho al reintegro no hay violación de la Ley ni mucho menos infracción directa, desde luego que la sentencia impugnada esta fundada en derecho y si el Juez no ha dictado resolución de reintegro por lo mismo tanto a sido confirmada dicha sentencia por el Tribunal superior.- Tampoco tiene relación con lo dispuesto en la norma constitucional que es materia en cuanto a la forma de otra acción, es jurisprudencia admitida que la casación se interpone por violación de una norma sustantiva y no constitucional sin embargo la recurrente considera en su exposición que se ha violado el articulo 265 del Constitución de la República en su párrafo final pero el texto constitucional al establecer quienes son funcionarios de confianza del ejecutivo regula que a los demás empleados de determinada institución se les aplicará el Código del Trabajo y ya hemos citado las disposiciones del la Ley Laboral y del mismo Contrato Colectivo que clasifican a la recurrente concretamente y como así se probó en juicio el cargo de Sub jefe de División de Recurso Humanos que es cargo de confianza y por lo tanto el recurso es inadmisible ya que la cita de los preceptos que se estiman violados no son congruentes con la infracción que se alega así mismo el motivo de la casación descansa en un supuesto falso y manifiestamente inexacto como lo es la pretensión de que la disposición constitucional solo clasifica como empleados de confianza a los gerentes y sub gerentes cuando al remitirse a la Ley secundaria la norma sustantiva clasifica al resto de los empleados de confianza sujetos a un régimen especial en las condiciones laborales distinto al resto de los empleados.- Para terminar es sintomático y conviene dejar bien en claro que la recurrente en todas las instancias confunde una situación de despido con el hecho de la terminación del contrato de trabajo por lo que al terminarse el contrato de trabajo como en el presente caso no hay derecho al reintegro y el motivo de casación alegado resulta completamente inadmisible. SEGUNDO MOTIVO: En cuanto se refiere al segundo motivo de casación se estima ser por interpretación errónea de los artículos noventa y cinco numeral 1 del Código del Trabajo en relación directa con el 43 de la Ley de Salario Mínimo y otros preceptos que se consideran aplicables aunque no lo son pertinentes.- Es de considerar que en la sentencia recurrida estas disposiciones han sido aplicadas en su sentido literal y siendo suficientemente claros no hay lugar a interpretación alguna así en una apreciación bastante particular antojadiza y casuística de las disposiciones que se refieren al pago de salarios pretende demostrar la recurrente que los salarios son recibidos por el trabajador en forma periódica y que como tal la prescripción debe de determinarse también en forma periódica, pero es de hacer notar y así es la practica real, que el salario fue recibido por la recurrente a satisfacción durante los años que laboraba para la institución y habiéndose decretado en el Diario Oficial La Gaceta el Arancel del Profesional del Derecho el 9 de julio del 2003, es a partir de dicha fecha que le pudiera corresponder cualquier ajuste salarial al profesional del derecho que labore permanentemente a tiempo completo se entiende en trabajos relativos a la profesión o sea que el decreto o la ley que consigna el arancel del profesional del derecho crea una expectativa de derecho pero si ese derecho no se reclama en debida forma el mismo prescribe de conformidad a la misma ley siendo así incuestionable que el derecho derivado de la vigencia del arancel es a partir del nueve de julio del 2003 fecha de su publicación en el diario oficial la gaceta desde luego que las leyes conforme lo determina el artículo quinto del Código Civil son obligatorias en virtud de su promulgación y por lo tanto es partir de esa fecha y desde esa publicación que se crea la expectativa y al no reclamar para lograr y plasmar prácticamente esa expectativa el derecho y la misma acción prescribió por haber transcurrido con demasiada lapso de tiempo el plazo que la ley señala para reclamar y es porque la reclamación se efectúa dentro del plazo de dos meses como lo señala el articulo 867 del Código del Trabajo y la acción para reclamar el pretendido reajuste al ser parte del salario debería intentarse antes de que transcurrieran los dos años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva su ejercicio y la causa de dicho ejercicio no pudo ser otra que la promulgación en el diario oficial La Gaceta del Arancel del Profesional del Derecho siendo así la prescripción de la acción para reclamar no funciona de manera periódica como equivocadamente pretende interpretar la recurrente si no de manera taxativa prescribe al cumplirse el plazo de dos meses para reclamar el derecho y de dos años para reclamar el salario adeudado.- Por otro lado no es cierto que se haya interrumpido la prescripción por que el reclamo de ajuste de salario lo vino a interponer hasta que la institución dio por terminado su contrario de trabajo y habían transcurrido mas de dos años como para que pudiera reclamar salarios y mas de dos meses como para reclamar el derecho que le pudiera corresponder por ajustes salarial por lo que este segundo motivo de casación lo encuentro inadmisible porque la cita de los artículos no es congruente con las infracciones alegadas. TERCER MOTIVO El tercer motivo que aduce la recurrente viene a ser una repetición del segundo motivo cuando considera que hay interpretación errónea de los artículos 95 numero 1 que se refiere al pago del los salarios que pretende relacionar con el articulo 43 de la Ley de Salario Mínimo que se refiere a la acción derivada del derecho a salario mínimo que prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que ocurrió el motivo de su ejercicio y siempre relacionándolo con el articulo 89 del arancel del profesional del derecho, pero al relacionarse la infracción en conjunto de varios artículos que la recurrente estima violados por infracción indirecta es manifiestamente contradictorio lo alegado en el segundo y tercer motivo por cuantas ambas ideas se excluyen o sea no puede haber interpretación errónea ni infracción indirecta figura inexistente, esta última en las causales como motivo de casación y no siendo aplicable el numeral primero párrafo segundo del articulo 765 del Código del Trabajo o sea no hay claridad ni precisión en el recurso promovido ya que no se determinan o especifican los artículos violados en uno o en otro sentido mas bien la recurrente confunde lo que es la interpretación errónea con la infracción directa e incorpora un nuevo concepto inexistente en el código y la doctrina de la casación la que ella menciona como infracción directa.- En cuanto a las normas procesales que la recurrente aduce sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo casualmente dichas normas citadas confirman la procedencia de la sentencia recurrida por cuanto los jueces y magistrados al apreciar las pruebas conforme a las reglas de la sana critica no pueden violar la Ley procedimental con referencia a las pruebas aportadas en cada juicio y es materia de jurisprudencia admitida por esta Honorable Corte sobre todo en materia laboral y en aplicación a los dispuesto en el articulo 739 del código del trabajo que el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento y es el caso fundamental que si la recurrente desempeñaba un cargo administrativo como así se demostró en el juicio no podía acogerse a los beneficios del articulo 89 del arancel del profesional que estima los presupuestados necesarios de laborar en forma permanente y a tiempo completo desempeñándose como tal o sea ejerciendo la profesión y habiéndose demostrado en juicio que el cargo que representaba en la institución la recurrente lo era como Sub jefe de la División de Recursos Humanos, cargo administrativo y de confianza no ha lugar a los reclamos derivados de la vigencia del Arancel del Profesional del Derecho. En cuanto a las pruebas que se dicen apreciadas en forma errónea de acuerdo a las facultades de los jueces y magistrados de su libre convencimiento y al no estar sujetos a la tarifa legal de las pruebas es relevante que las pruebas fueron apreciadas de manera correcta se aplicaron las normas legales concurrentes al juicio, por lo que no hay en el sentenciador ni error de derecho o de hecho que aparezca de manifiesto en los autos y los medios de prueba que sirvieron de base para dictar sentencia son las probanzas autorizadas por la Ley, habiéndose establecido de manera clara que la recurrente no laboraba de manera permanente a tiempo completo ni ejerciendo la procuración como tal para acogerse a los beneficios que determina el articulo 89 del Arancel del profesional del derecho y el cargo que desempeñaba de manera permanente y a tiempo completo lo era el de Sub Jefe de Recursos Humanos lo cual se demostró con pruebas documental e inspecciones en el transcurso del juicio (folios 71, 72, 83, 103, 195, 197, 208, 265), por lo que las normas sustantivas que aduce violadas la recurrente no son aplicables al caso y este recurso en todos sus motivos deben ser declarados inadmisibles”.- RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- CONSIDERANDO (1): Que la Recurrente Abogada MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO en el primer motivo expresa: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Directa del artículo 113 párrafo segundo y literal b) del Código del Trabajo en relación con los artículos 3 y el párrafo final del artículo 60 del mismo cuerpo de leyes; Infracción Directa que se presenta por Falta de Aplicación de la Ley. RELACIÓN CON NORMA CONSTITUCIONAL. Debido a que las Normas Constitucionales no son violables para efectos de Casación, me permito señalar, en forma separada, que en el presente caso la Norma Violada contenida en el artículo 113 párrafo segundo y literal b) del Código del Trabajo, se relaciona con el artículo 265 de la Constitución de la República, que establece quiénes son los Funcionarios de Confianza del Poder Ejecutivo que NO están protegidos por el ordenamiento laboral, norma que en reiteradas Sentencias han establecido se refiere únicamente a los que, a cualquier título, desempeñan la Titularidad de las Instituciones Descentralizadas y los llamados a Sustituirle por Ley. Pero las relaciones laborales de los demás Servidores de dichas Instituciones, serán reguladas por el Régimen Jurídico aplicable a los trabajadores en general, es decir, por el Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral 1º. párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo.”.- CONSIDERANDO (2): Que la cuestión relacionada con el despido de la demandante, fue objeto de la controversia, por ende, no procedía el ataque al fallo impugnado por la vía de la infracción directa, ya que la misma se produce cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula, o al contrario se aplica un hecho inexistente, que debe constar en la sentencia reconocido por el Juzgado de instancia y aceptado por las partes, eso quiere decir un hecho que no se discute, que no es objeto de medios probatorios, porque dicha infracción se da con independencia del haz probatorio, de lo cual resulta que el primer motivo sea inadmisible.- CONSIDERANDO (3): Que la Censora en el segundo motivo alega: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por interpretación errónea de los artículos 95 numeral 1) del Código del Trabajo en relación con los artículos 862 y 868 literal a) del mismo código y con los artículos 43 de la Ley de Salario Mínimo, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras y el artículo 89 del Arancel de Profesionales del Derecho. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral 1º. párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo.”.- CONSIDERANDO (4): Que en el segundo cargo la Recurrente incurrió en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) Al revisarse los fallos de primera y segunda instancia se advierte que no se ha realizado la aplicación de la disposición contenida en el artículo 95 numeral 1) del Código del Trabajo, por ende no puede alegarse la interpretación errónea de una norma que no fue estimada en el fallo recurrido. b) Su ataque a la sentencia más bien es por el tema de la prescripción, por lo cual se debió haber fundado en las normas que la regulan y no por otra que establece la obligación del pago de la remuneración pactada.- CONSIDERANDO (5): Que la Impetrante en su tercer motivo de casación sostiene: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Indirecta de los artículos 95 numeral 1) del Código del Trabajo en relación con los artículos 862 y 868 literal a) del mismo código y con los artículos 43 de la Ley de Salario Mínimo, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras y el artículo 89 del Arancel de Profesionales del Derecho; Infracción indirecta por error de hecho que provino de la apreciación errónea de la prueba. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO. Para la violación de las normas sustantivas antes señaladas sirvieron de medio las normas procesales contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1º. párrafo segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo.”.- CONSIDERANDO (6): Que en este tercer motivo la Recurrente incurre en el mismo error del segundo motivo al enunciar como violada, una norma que no resulta ser atinente a la explicación del cargo, ya que lo que se señala en el mismo es que el Tribunal Ad-quem no apreció correctamente la prueba singularizada y por ende concluyó que ella no realizaba actos de procuración, siendo inaplicable el Arancel del Profesional del Derecho, cuando dicha Corte aplicó la prescripción de la acción para resolver dicha pretensión, atendiendo la excepción perentoria opuesta por la parte demandada; por dicha determinación no procedía entonces valorar la cuestión de ese derecho reclamado, lo cual vuelve inadmisible este tercer motivo.- CONSIDERANDO (6): Que por las razones antes expuestas, el recurso de mérito debe ser desestimado en la pretensión que encierran los tres motivos alegados.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 666 letra c), 765, 769 letra a) y 777 del Código de Trabajo; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS.- Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintinueve días del mes de julio del Dos Mil Diez; Certificación de la sentencia de fecha dieciséis de junio del dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación número 406-08.
LUCILA CRUZ MENÈNDEZ
SECRETARIA GENERAL