Sentencia CL-175-09 — Registro 1090
Resumen
Los trabajadores -recurrentes- solicitan pago de prestaciones laborales por despido injustificado; la segunda instancia revoco la sentencia dictada por primera instancia, declarando sin lugar la demanda y absolviendo a la empresa de toda responsabilidad.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el Censor en su cargo ataca la sentencia por infracción directa, situación que se da cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o al contrario, se aplica a un hecho inexistente que debe constar en la sentencia, reconocido por el Juzgado de instancia y aceptado por las partes, condición ésta que no se configura en el presente caso. Además ataca la sentencia por violación al artículo 117 del Código del Trabajo, norma que no es la más adecuada según lo debatido en el proceso, ya que la misma regula el tema del preaviso y la obligación de notificar las causales del despido, cuando lo debatido en el proceso y cuestión decidida en el fallo recurrido es lo relativo el pago de los salarios caídos. Razones suficientes para desestimar el recurso de mérito.-...: Que el cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende.-... Que las razones anteriormente expuestas tornan al único motivo de casación formulado, ineficaz para anular la sentencia impugnada."...
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dos de noviembre del dos mil diez.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dos de julio de dos mil nueve, por el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés; en relación a la demanda laboral para el pago de prestaciones laborales por despido injusto, pago de salario adeudado, pago de bonos, viáticos, depreciación de vehiculo, salarios caídos y las costas del juicio; interpuesta el veintitrés de abril de dos mil ocho, ante el Juzgado Segundo de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por los señores HUGO GEOVANNY ARITA TABORA, casado, bachiller en Ciencias y Letras; ORLANDO CASACA PORTILLO, soltero, Bachiller en ciencias y letras, JOSE ABEL PORTILLO GALDAMEZ, casado, Licenciado en Administración de Empresas, REYNALDO ALVAREZ MALDONADO, casado, Licenciado en Administración de empresas, WILMER RODNEY SABILLON, casado, bachiller en ciencias y letras, todos con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, MARCO TULIO RIVERA HERNANDEZ, casado, perito mercantil, con domicilio en El Progreso, Yoro, y ARTURO CHACON JOVEL, casado, perito mercantil, con domicilio en la ciudad de Villanueva, Cortés, en contra de la Empresa Mercantil denominada LOTERIAS ELECTRONICAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. por medio de su representante el señor RAVI SINGH, mayor de edad, soltero, canadiense.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha uno de abril de dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que REVOCO la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés de fecha veintiocho de enero de dos mil nueve, en consecuencia ABSUELVE a la demandada de toda responsabilidad económica con respecto a los demandantes.- RESULTA: Que mediante sentencia de fecha siete de mayo de dos mil nueve, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderado legal de los señores HUGO GEOVANNY ARITA TABORA, ORLANDO CASACA PORTILLO, JOSE ABEL PORTILLO GALDAMEZ, RAFAEL MALDONADO MOLINA, MARCO TULIO RIVERA HERNANDEZ, REYNALDO ALVAREZ MALDONADO, ARTURO CHACON JOVEL Y WILMER RODNEY SABILLON, todos de generales ya establecidas, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- RESULTA: Que en fecha dos de julio de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderado legal de los señores HUGO GEOVANNY ARITA TABORA, ORLANDO CASACA PORTILLO, JOSE ABEL PORTILLO GALDAMEZ, RAFAEL MALDONADO MOLINA, MARCO TULIO RIVERA HERNANDEZ, REYNALDO ALVAREZ MALDONADO, ARTURO CHACON JOVEL Y WILMER RODNEY SABILLON, formalizando su demanda de la siguiente manera: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN En el presente caso me propongo con el recurso, desquiciar la sentencia recurrida en FORMA TOTAL en su parte resolutiva que REVOCA la de primera instancia, sentencia que dice: POR TANTO: Esta CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, aplicando los artículos 80, 90, 129, 303 y 304 de la Constitución de la República; 1 y 137 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 1, 4, 5, 664, 665, 669, 686, 687, 688, 740 numeral 2, 763 y 858 del Código del Trabajo y 189, 190, 192, 200, 270, 275 numeral 20, 280, 282, 284, del Código de Procedimientos Civiles, FALLA: REVOCANDO la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad, Departamento de Cortés, en fecha veintiocho (28) de enero del presente año (2009), en las diligencias iniciadas con la Demanda Laboral promovida por los Señores HUGO GEOVANNY ARITA TABORA, ORLANDO CASACA PORTILLO, JOSE ABEL PORTILLO GALDAMEZ, RAFAEL MALDONADO MOLINA, MARCO TULIO RIVERA HERNANDEZ, REYNALDO ALVAREZ MALDONADO y WILMER RODNEY SABILLON contra la sociedad mercantil denominada LOTERIAS ELECTRONICAS DE HONDURAS. S. A. DE C. V, (LOTELHSA), representada por el Señor RAVI SING, todos de generales conocidas en autos; en consecuencia SE ABSUELVE de toda responsabilidad económica a la sociedad mercantil denominada LOTERIAS ELECTRONICAS DE HONDURAS. S. A. DE C. y. (LOTELHSA), representada por el Señor RAVI SING. SIN COSTAS. EN PRIMER LUGAR SOLICITO: CASAR LA SENTENCIA en la parte resolutiva anteriormente transcrita, anulándola. EN SEGUNDO LUGAR SOLICITO: Que casada ésta, la Honorable Corte Suprema de Justicia, acto seguido y en sede de instancia la sustituya por la que en derecho corresponde declarando en la misma lo siguiente: POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 129, 303, 314 y 319 atribución 7a. de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral lo. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 46 letra a), 113 interpretado en su párrafo segundo por el Decreto número 89 emitido por el Congreso Nacional el 24 de noviembre del año 1969, 117, 360, 361, 664, 665, 666 inciso a), 667, 690, 703, 704, 705, 706, 709, 720, 726, 727, 730, 738, 739, 764, 765, 769, y 858 del Código del Trabajo; 183, 184, 187, 188, 189, 190, 192 y 372 del Código de Procedimientos Civiles.- FALLA: 1) DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR LOS SEÑORES HUGO GEOVANNY ARITA TABORA, ORLANDO CASACA PORTILLO, JOSE ABEL PORTILLO GALDAMEZ, RAFAEL MALDONADO MOLINA, MARCO TULIO RIVERA HERNANDEZ, REYNALDO ALVAREZ MALDONADO, ARTURO CHACON JOVEL y WILMER RODNEY SABILLON en contra de la entidad mercantil denominada LOTERIAS ELECTRONICAS DE HONDURAS, S.A. DE C. y, (LOTELHSA), en cuanto al pago de los salarios denominados caídos, contados desde la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria respectiva. En consecuencia CONDENA: A la entidad denominada LOTERIAS ELECTRONICAS DE HONDURAS, S.A. DE C. V. (LOTELHSA), a pagarle a los trabajadores HUGO GEOVANY ARITA, ORLANDO CASACA PORTILLO, JOSE ABEL PORTILLO GALDAMEZ, RAFAEL MALDONADO MOLINA, MARCO TULIO RIVERA HERNANDEZ, REYNALDO ALVAREZ MALDONADO, ARTURO CHACON JOVEL, WILMER RODNEY SABILLON a título de daños y perjuicios, los salarios que éstos habrían percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva; 2) SIN COSTAS. EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION UNICO MOTIVO DE CASACIÓN Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional y de índole laboral, por infracción directa del artículo 117 del Código del Trabajo, proveniente de una franca rebeldía del Tribunal de segunda instancia contra lo que manda esa norma. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: En la casación, la Corte Suprema de Justicia hace una confrontación entre la ley y la sentencia. Se persigue que los juzgadores observen la norma jurídica para completar el ciclo que integra el sistema jurídico. Unificar la jurisprudencia nacional es uno de los objetivos fundamentales de la casación laboral, porque a través de este recurso se permite a la Corte Suprema de Justicia realizar una interpretación uniforme de la ley laboral, para que sirva de guía confiable a jueces y magistrados y cuyo resultado se manifieste en fallos coherentes, hasta el punto de ofrecer una seguridad jurídica y para que los derechos de los ciudadanos no queden al capricho y arbitrariedad del juzgador. Si una providencia es violatoria del orden jurídico establecido, es lógico que produzca agravios a una de las partes. Cuando el texto de la norma legal es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con él, se tiene el caso de la infracción directa. En la sentencia impugnada la Corte de Apelaciones del Trabajo resolvió en franca y abierta rebeldía con lo dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo, que establece: “La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar validamente causales o motivos distintos”. Todos los demandantes fueron despedidos injustificadamente del trabajo el 12 de abril del 2008 mediante notas en la cuales no se les indicaba una causa justa del despido y se les prometía que el pago de sus derechos laborales sería acreditado a sus cuentas previa firma del finiquito correspondiente. (Ver folios del 77 al 84 de la primera pieza de autos). Además, en esas notas les agradecían sus gestiones durante el tiempo laborado y les deseaban éxitos en sus nuevos retos profesionales. Así como lo exigió la empresa en las notas de despido, todos los demandantes firmaron los finiquitos en la misma fecha de la terminación de sus contratos de trabajo. (Ver folios del 49 al 56 de la primera pieza de autos). No obstante haber firmado los finiquitos, la demandada no les pagó a los demandantes las prestaciones sociales el 12 de abril del 2008 como lo expresaba en las notas de despido. En lugar de pagarles las prestaciones y después de agradecerles por los servicios prestados, tres días después de haberlos despido, la empresa mandó a publicar un AVISO de media pagina en el Diario La Prensa, en el cual hacía saber al público en general que todos los demandantes habían dejado de trabajar para la empresa y por lo cual no se encontraban facultados para realizar ningún tipo de gestión o actividad en nombre de la demandada; en ese aviso están los nombres y apellidos de los demandantes y sus respectivos números de tarjetas de identidad. (Ver folio 85 de la primera pieza de autos). Viendo los demandantes la actitud de la empresa al hacer esa publicación y no pagarles sus prestaciones, decidieron el 23 de abril del 2008 promover la demanda laboral reclamando el pago de prestaciones, salarios caídos y costas del juicio, por despido injustificado. La empresa les acreditó a los demandantes el valor de sus prestaciones cuando ya se estaba tramitando el presente juicio y es a la terminación del contrato de trabajo y no en cualquier época antes de la iniciación del juicio, cuando el patrono debe pagar al trabajador, so pena de incurrir en el pago de los salarios caídos, de ahí, que la condena de pago de salarios caídos que establece la ley laboral, tiene un claro carácter sancionador para el patrono renuente a pagar las prestaciones e indemnizaciones que le deba al trabajador al finalizar el contrato de trabajo.- Nuestra legislación laboral se acoge al principio de la terminación del contrato de trabajo en forma motivada, o sea que la parte que decide dar por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo, debe comunicarle a la otra parte por escrito y señalarle con absoluta precisión el motivo o causal que se invoca como justificativo para dar por terminada la vinculación respectiva. Si no se procede de esa manera, posteriormente no podrán alegarse validamente razones de ninguna naturaleza que tiendan a justificar la ruptura del vínculo contractual, entonces habría que considerar que hubo una terminación del contrato de trabajo en forma injustificada con las consecuencias económicas que tal fenómeno acarrea. En primera instancia se obtuvo sentencia definitiva favorable para los trabajadores, pero en la segunda instancia la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en violación al articulo 117 del Código de Trabajo declaró sin lugar la demanda, argumentando “que si bien el pago no se hizo en el momento del despido, no puede desconocerse la anuencia y conformidad de los demandantes, tanto en las cantidades de dinero calculadas por concepto de prestaciones como la de extensión del finiquito de solvencia correspondiente, a efecto de que el pago de sus prestaciones laborales se realizara en la misma forma que siempre se hicieron efectivos sus salarios, extremo que libera a la sociedad demandada del pago de salarios caídos”. No es cierto lo afirmado por la Corte, ya que los trabajadores demandantes firmaron el finiquito como un requisito exigido por la empresa para que les pagaran las prestaciones. Para los trabajadores era indiferente si les pagaban las prestaciones con cheque, en efectivo, o acreditándoles el valor de las prestaciones en su cuenta bancaria como les habían pagado siempre el salario, pero la empresa no les pagó en la fecha que los despidió, sino que en lugar de pagarles de la forma que fuera, lo que la empresa hizo tres días después de haberlos despedido, fue sacar ese AVISO lesivo para el honor de los demandantes y ellos al ver esa actitud de la empresa se vieron en la necesidad de promover la demanda para el pago de prestaciones sociales, por despido injusto. La empresa les acreditó a los demandantes el valor de sus prestaciones sociales después de iniciado el presente juicio. ( ver los folios del 58 al 76 de la primera pieza de autos, allí aparecen los reportes de saldos históricos y consta que a todos los demandantes les acreditaron el valor de sus prestaciones el 28 de abril del 2008). Con la sentencia impugnada, la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés incurrió en violación directa del artículo 117 del Código del Trabajo, proveniente de una franca rebeldía del Tribunal de segunda instancia contra lo que manda esa norma ya transcrita”.- RESULTA: Que en fecha veinte de julio de dos mil nueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, de generales ya establecidas, por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha cuatro de agosto de dos mil nueve, el Abogado JORGE RICARDO BRIZUELA PAVON, mayor de edad, hondureño actuando en su condición de apoderado legal de la Empresa Mercantil denominada LOTERIAS ELECTRONICAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V., de la siguiente manera: “ATAQUE AL UNICO MOTIVO DE CASACION. Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional de índole laboral, por infracción directa del Artículo 117 del Código de Trabajo proveniente de franca rebeldía del Tribunal de segunda instancia de lo que emana dicha norma. Esta Corte tiene establecido que la infracción directa se produce cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado, se deja de aplicar la norma que lo regula o al contrario se aplica a un hecho inexistente que debe constar en la sentencia recurrida por el Juzgador de instancia y aceptado por las partes; eso quiere decir un hecho que no se discute, que no es objeto de hechos probatorios porque dicha infracción, se da con independencia del haz probatorio. Como podrá observar este alto Tribunal, el censor entra en una serie de contradicciones en la explicación de este motivo, el cual comete el error de convertirlo en alegaciones de instancia, lo cual está prohibido en materia de Casación laboral; pues por una parte alega que los demandantes se les hizo efectivo el pago de sus prestaciones laborales habiendo extendido los trabajadores demandantes un finiquito de solvencia liberando de toda responsabilidad civil y laboral pasada, presente y futura a la empresa, según consta a folios 49 al 56 de la primera pieza de autos y a folio 37 consta una conciliación parcial entre la empresa y los trabajadores de la primera pieza de autos, por consiguiente sería ilógico y contraproducente que después de haberse pagado las prestaciones a los trabajadores y al haber extendido estos sendos finiquitos de solvencia, la empresa haya alegado causales con motivos distintos al despido que es la causal invocada de violación directa del articulo 117 del Código de Trabajo, cuando ya la empresa había honrado el compromiso de pagarle a los trabajadores, sus prestaciones laborales. En lo que respecta a los salarios caídos reclamados por los demandantes no procede conforme a derecho, pues esos salarios caídos en concepto de daños y perjuicios son consecuencia lógica de un despido injusto, lo cual no fue objeto de discusión o controversia durante el juicio en tal razón no procede la aplicación de una norma como el artículo 117 del Código de Trabajo regula una situación jurídica no debatida en juicio, por consiguiente procede desestimar este recurso. Por todo lo antes expuesto a esta Honorable Corte Suprema de Justicia pido: Tener por evacuado el traslado conferido y contestada a la vez la demanda de casación formulada por el Licenciado William Collins Rodriguez, como apoderado legal de los Señores Hugo Geovanny Arita Tabora, Jose Abel Portillo Galdámez, Rafael Maldonado Molina, Marco Tulio Rivera Hernández, Reinaldo Alvarez Maldonado, Arturo Chacón Jovel, Wilmer Rodney Sabillon, en contra de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, de fecha 1 de Abril de 2009; solicitando que al expirar el termino de la vista concedida, se señale día y hora a fin de oír a las partes en audiencia pública si alguna de ellas lo solicitare y concluido el termino para solicitar audiencia o practicada esta sin que haya sido proferido el fallo, se pasen los autos al Magistrado ponente para que formule el proyecto de sentencia dentro del término legal, declarando SIN LUGAR, la demanda de Casación, por no haberse llenado los requisitos de ley. CON COSTAS”.- RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- CONSIDERANDO (1): Que la demanda de casación, por tratarse de un recurso extraordinario, persigue como finalidades esenciales la defensa de la ley sustantiva y la unificación de la jurisprudencia nacional en materia laboral, debe sujetarse en su formulación a una técnica jurídica especial para que pueda considerarse como tal y ser atendida por la Corte, rigorismo que en el fondo tutela la presunción de legalidad de fallo recurrido.- CONSIDERANDO (2): Que el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, actuando en su condición de apoderado de los señores HUGO GEOVANNY ARITA TABORA, ORLANDO CASACA PORTILLO, JOSE ABEL PORTILLO GALDAMEZ, RAFAEL MALDONADO MOLINA, MARCO TULIO RIVERA HERNANDEZ, REYNALDO ALVAREZ MALDONADO, ARTURO CHACON JOVEL Y WILMER RODNEY SABILLON en su primer y único motivo alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional y de índole laboral, por infracción directa del artículo 117 del Código del Trabajo, proveniente de una franca rebeldía del Tribunal de segunda instancia contra lo que manda esa norma. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo.”.- CONSIDERANDO (3): Que el Censor en su cargo ataca la sentencia por infracción directa, situación que se da cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o al contrario, se aplica a un hecho inexistente que debe constar en la sentencia, reconocido por el Juzgado de instancia y aceptado por las partes, condición ésta que no se configura en el presente caso. Además ataca la sentencia por violación al artículo 117 del Código del Trabajo, norma que no es la más adecuada según lo debatido en el proceso, ya que la misma regula el tema del preaviso y la obligación de notificar las causales del despido, cuando lo debatido en el proceso y cuestión decidida en el fallo recurrido es lo relativo el pago de los salarios caídos. Razones suficientes para desestimar el recurso de mérito.- CONSIDERANDO (4): Que el cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende.- CONSIDERANDO (5): Que las razones anteriormente expuestas tornan al único motivo de casación formulado, ineficaz para anular la sentencia impugnada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1) y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 664, 666 literal c), 765, 769 y 777 del Código del Trabajo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS.- Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., al un día del mes de Diciembre del Dos Mil Diez; Certificación de la sentencia de fecha dos de Noviembre del dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación número 175-09.
LUCILA CRUZ MENÈNDEZ
SECRETARIA GENERAL