Sentencia CL-44-08 — Registro 791
Resumen
El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de segunda instancia que confirmo el falló dictado en primera instancia,declarando parcialmente con lugar la demanda laboral promovida, por el trabajador despedido contra la institución demandada y recurrente e invocando ésta ultima infracción directa por falta de aplicación de ley
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...."Que en la forma que el censor consigna el alcance de la impugnación resulta incompleta, faltándole claridad y precisión en virtud que en el fallo sustitutivo propuesto omitió el primer pronunciamiento, como es la anulación del fallo del Ad-quem. La Corte no puede de oficio sustituir a la impetrante en esta actividad, que es de su exclusiva incumbencia dentro de una demanda de casación debidamente elaborada. ..."Que la defectuosa presentación de la demanda en los términos anteriormente relacionados impide a este tribunal entrar a conocer los motivos de Casación que invoca el Recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho merito"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de junio de dos mil ocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal en fecha veintiséis de febrero de dos mil ocho, por la Abogada BESSY JANETH ORDOÑEZ CASTILLO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, quien actúa en su condición de apoderada legal del Estado de Honduras a través de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI); en relación a la demanda laboral para el reconocimiento de antigüedad y pago de reajuste por tiempo laborado, prestaciones e indemnizaciones laborales, reajuste del décimo tercer mes proporcional, del décimo cuarto mes proporcional, más el reajuste salarial por el Arancel del Profesional del Derecho, interpuesta ante el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de esta Sección Judicial el seis de diciembre de dos mil seis, por el señor RAUL MATAMOROS BERTO, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio, en contra de EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Estado de Honduras por medio de la Procuradora General de la República señora ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha once de enero de dos mil ocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló confirmando la dictada por el Juzgado Segundo de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, el dieciocho de septiembre de dos mil siete, que FALLO: “Declarando parcialmente CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL, promovida ante este Despacho de Justicia por RAUL MATAMOROS BERTO, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República Abogada ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO. SEGUNDO: CONDENA al ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuradora General de República Abogada ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO, a pagar a RAUL MATAMOROS BERTO el reajuste prestaciones laborales las cuales deberán ser pagadas de conformidad a la y nivelación de salario en forma retroactiva desde el 30 de marzo del año 2006 hasta el 30 de marzo del año 2004, sobre la base mínima de L.21,000.00. lo que suma un total de CUATROCIENTOS CUATRO MIL UN LEMPIRAS CON CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L.404,157.20), desglosados de la forma siguiente: PREAVISO L.49,000.00, AUXILIO DE CESANTIA L.73,500.00, VACACIONES L 12,250.00, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L 5,250.00, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L.15,750.00 Y REAJUSTE DE SALARIO L 248.407.20. TERCERO: RESTAR L.404,157.20 la cantidad de L.83,955.33, siendo pro lo tanto la cantidad neta a recibir de L.320,201.87. CUARTO: SIN LUGAR el reconocimiento de la antigüedad solicitado desde el 11 de junio del año 2002. SIN COSTAS.” RESULTA: Que mediante sentencia de fecha veintiocho de enero de dos mil ocho, este Tribunal RESOLVIÓ: Admitir el Recurso de Casación interpuesto por la Abogada BESSY JANETH ORDOÑEZ CASTILLO, actuando en su condición de Apoderada Legal Sustituta del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito. Y DISPUSO: Que se llevara adelante la tramitación del recurso confiriéndose el traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días, para que contestara su demanda de Casación. RESULTA: Que el veintiséis de febrero de dos mil ocho, compareció ante este Tribunal la Abogada BESSY JANETH ORDOÑEZ CASTILLO, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda de la siguiente manera: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION. El presente Recurso Extraordinario de Casación tiene por objeto impugnar en su totalidad la sentencia definitiva de Segunda Instancia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, once de enero del año dos mil ocho, sentencia en la cual dicho Tribunal confirmó la sentencia de Primera Instancia pronunciada por el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo, también de esta Sección Judicial el dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil siete, sentencia en la cual se declaró con lugar la Demanda Ordinaria Laboral, el Reajuste Prestaciones Laborales, las cuales deben ser pagadas de conformidad a la nivelación de salario en forma retroactiva desde el 30 de marzo del año 2006 hasta el 30 de marzo del año 2004, sobre la base mínima de Lps. 21,000.00, promovida por el Abogado Raúl Matamoros Berto, contra la Secretaría de Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), condenando por ende a la Secretaría de Estado al Pago de Reajuste de Prestaciones Laborales al Señor Raúl Matamoros Berto, al puesto que desempeñaba como Asesor Legal asignado a la Unidad para Proyectos de Vivienda (UPPV), transformada posteriormente a la Dirección General de Vivienda y Urbanismo (DGVU) condenándola además a nivelación de salario en forma retroactiva desde el 30 de marzo del año 2006 hasta el 30 de marzo del año 2004, sobre la base mínima de Lps. 21,000.00. Al efecto solicito, casar la Sentencia de Segunda Instancia, es decir invalidarla en su totalidad y una vez casada la Sentencia y actuando esta Honorable Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Instancia dicte sentencia con los considerandos y fundamentos legales, en la forma siguiente: POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, impartiendo justicia, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos 134, 135, 303 y 314 de la Constitución de la República; 4, 5, 18, 19, 20, 30, 116, 120, 664, 665, 666 letra a) y 66 del Código del Trabajo; 192 del Código de Procedimientos Civiles; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho; artículo 2 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras. FALLA: 1. Declarar sin lugar la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Reajuste de Prestaciones Laborales promovida por el Señor Raúl Matamoros Berto, contra la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI). II. Absolver en el presente juicio a la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), el reajuste de prestaciones laborales al demandante. III. Con Costas para la parte demandante y MANDA: Que se notifique el presente fallo a las partes para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: Primer motivo: Acuso a la Sentencia Recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de Orden Nacional por Infracción directa por falta de aplicación de los artículos 360 del Código del Trabajo; artículo 205 numeral 1 de nuestra Carta Magna. Precepto autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 765 numeral 1), párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Reiteradamente ha mantenido esta Honorable Corte el sólido criterio de que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho debidamente comprobado se dejó de aplicar las normas que regula el caso debatido y establecido en el proceso, haciéndose el sentenciador en manifiesta rebeldía contra la norma legal aplicable y cuando el texto de la norma es absolutamente clara y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la Ley. Los artículos 360 del Código del Trabajo; artículo 205 numeral 1 de nuestra Carta Magna. Segundo Motivo: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de Orden Nacional por Infracción Indirecta proveniente de falta de apreciación del Medio de Prueba Documental y de Inspecciones realizadas, Medio de Prueba, Documental admitido a la parte demandada consistente en las fotocopias debidamente autenticadas de los documentos siguientes: 1) Contrato de Servicios Profesionales entre el Señor Raúl Matamoros y esta Secretaría de Estado por un período de veintiocho días contados a partir del 03 de marzo al 31 de marzo del año 2003, devengando un sueldo mensual de Diez Mil Lempiras Exactos (Lps. 10,000.00) de fecha 03 de marzo del año 2003, firmada por el Señor Ministro de la SOPTRAVI, Ingeniero Jorge G. Carranza Díaz y el Señor Raúl Matamoros Berto. 2) Contrato de Servicios Profesionales entre Raúl Matamoros Berto y esta Secretaría de Estado, por un período de un mes con veintinueve días contados a partir del 02 de enero al 28 de febrero del año 2003, devengando un sueldo mensual de Diez Mil Lempiras (Lps. 10,000.00) de fecha 02 de enero del año 2003, firmada por el Señor Ministro de la SOPTRAVI, Ingeniero Jorge G. Carranza y el Señor Raúl Matamoros Berto. 3) Contrato de Servicios Profesionales entre Raúl Matamoros Berto y esta Secretaría de Estado, por un período de veintinueve días contados a partir del 02 de septiembre al 30 de septiembre del año 2002, devengando un sueldo mensual de Diez Mil Lempiras Exactos (Lps. 10,000.00) de fecha 02 de septiembre del año 2002, firmada por el Ministro de la SOPTRAVI, Ingeniero Jorge G. Carranza y el Señor Raúl Matamoros Berto. 4) Contrato de Servicios Profesionales entre Raúl Matamoros Berto y esta Secretaría de Estado por un período de tres meses contados a partir del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2002, devengando un sueldo mensual de Diez Mil Lempiras Exactos (Lps. 10,000.00) de fecha 01 de octubre del año 2002, firmado por el Señor Ministro de la SOPTRAVI, Ingeniero Jorge G. Carranza y el Señor Raúl Matamoros Berto. 5) Contrato de Servicios Profesionales entre Raúl Matamoros Berto y esta Secretaría de Estado por un período de dos meses con veinte días, contados a partir del 11 de junio al 30 de agosto del año 2002, devengando un sueldo mensual de Diez Mil Lempiras Exactos (Lps. 10,000.00), de fecha 11 de junio del año 2002, firmado por el Señor Ministro de la SOPTRAVI, Ingeniero Jorge G. Carranza y el Señor Raúl Matamoros Berto. Son conformes con sus originales, ya que fueron debidamente cotejados con los mismos. Resolución No. 061 en la que se resuelve nombrar por jornal personal que presta sus servicios administrativos durante el período del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2006, en la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, listado en el que se encuentra el Señor Raúl Matamoros Berto, firmado por el Licenciado Rogelio Ortega Gámez, Sub-Gerente de Recursos Humaos, Ingeniera Karla Uclés Brevé, Directora General de Vivienda y Urbanismo y el Licenciado César Augusto Padilla Gerente Administrativo. 2) Resolución No. 289 en la que resuelve nombrar por jornal al Señor Raúl Matamoros Berto en el período del 01 al 30 de abril del año 2003, en la Unidad de Programas y Proyectos de Vivienda, firmada por el Jefe de Personal Miros Lara A. Rivera, Ingeniero Sergio Amaya, Director General de Vivienda y Urbanismo y el Ingeniero Rigoberto Funez Sub-Secretario de Obras Públicas y Vivienda. 3) Nota enviada al Señor Raúl Matamoros Berto de fecha 30 de marzo del año 2006, mediante la cual se le está cancelando por cesantía del puerto que desempeñaba firmada por el Licenciado Rogelio Ortega Gámez, Sub Gerente de Recursos Humanos. 4) Recibo firmado por el Señor Raúl Matamoros Berto de fecha 31 de octubre del año 2006, por la cantidad de Ochenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 33/1 00 (Lps. 83,955.33), valor que corresponde al Pago de Prestaciones Laborales. 5) Constancia extendida a favor del Señor Raúl Matamoros Berto en donde se informa al Ministerio de Trabajo del sueldo devengado en los últimos seis meses por el Señor Matamoros, puesto nominal, fecha de inicio del trabajador y fecha de cancelación del mismo, firmado por la Licenciada Martha E. Reyes R., Jefe de Personal de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, de fecha 31 de marzo del año 2006, son conformes con sus originales, ya que fueron debidamente cotejados con los mismos. Esta prueba Documental, Inspecciones, obra a folios 138, 147, 209 al 211 de la primera pieza de autos que hizo al Tribunal de Segunda Instancia incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevó en forma indirecta a la violación de las normas sustantivas invocadas en este motivo. Normas sustantivas violadas: Las normas sustantivas de orden nacional violadas están contenidas en el artículo 360 del Código del Trabajo, Artículo 205 numeral 1 de nuestra Carta Magna. Prueba dejada de apreciar: La prueba singularizada dejada de apreciar por el Tribunal recurrido fue la Documental, Inspección admitida a la parte demandada, que sea individualizado en este Segundo Motivo y corre agregado a folio 138 al 147 Documentales, Inspección, a folios 209 al 211 de la primera pieza de autos. Normas procesales violadas: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas violadas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. Precepto autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765 numeral 1 párrafo segundo del Código del Trabajo, en relación a la falta de apreciación determinada Prueba. EXPLICACION DEL MOTIVO: A folios 138, 147, 209 al 211 de la primera pieza de autos, se encuentra el Medio de Prueba Documental, y de inspecciones realizadas, es menester indicar que con estas pruebas se acredita vía antecedente judicial el extremo siguiente: Que el Señor Raúl Matamoros Berto se le pagó todas sus prestaciones laborales y no al reajuste del Arancel Profesional del Derecho ya que como consecuencia que toda Demanda Laboral de Reajuste Salarial del Arancel Profesional del Derecho debe ser declarada sin lugar tal como ha sucedido en la presente litis, donde la Secretaría de Estado de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), pago de prestaciones laborales que por Ley le correspondían incluyendo en la misma, el pago del preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones y demás conceptos laborales conforme lo establece el Código del Trabajo. El demandante en juicio, es SERVIDOR PUBLICO, que devuelve su actividad en el campo de las RELACIONES LABORALES, en la cual EL CONTRATO DE TRABAJO es una condición básica para regular su actividad, sujetándose a una PRESUNCION DE JURE, A FAVOR “DEL TRABAJADOR”, en cuanto a que SE PRESUME DE DERECHO QUE TODA RELACION LABORAL ESTA NORMADA POR UN CONTRATO DE TRABAJO, pero de ninguna manera al revés. Se le hizo saber al Juez de Primera Instancia que la sola configuración jurídica del CONTRATO DE TRABAJO se produce POR LA EXISTENCIA DE TRES ELEMENTOS BASICOS, según prescribe el Artículo 20 del Código del Trabajo, a saber: a) La actividad personal del TRABAJADOR; b) La continuada subordinación o dependencia DEL TRABAJADOR; y c) UN SALARIO COMO RETRIBUCION DEL SERVICIO. Ello nos plasma en forma contundente, EL CARÁCTER CONSENSUAL DEL SALARIO, su condición eminentemente CONVENCIONAL, que debe ser acordado entre PATRONO y TRABAJADOR, de manera tal que BAJO NINGUN RESPECTO LE PUEDE VENIR SIENDO IMPUESTO POR UN AGENTE O ELEMENTO EXTRAÑO A LA RELACION Y MENOS AUN, POR UNA ASOCIACION U ORGANIZACIÓN, porque entonces, DEJA DE EXISTIR EL CONTRATO DE TRABAJO. A este respecto, el Artículo 360 del Código del Trabajo, que regula lo relativo a SALARIOS, es claro y contundente en cuanto a que SALARIO, JORNAL O SUELDO ES LA RETRIBUCION QUE EL PATRONO DEBE PAGAR AL TRABAJADOR EN VIRTUD DEL CONTRATO DE TRABAJO, O DE LA RELACION DE TRABAJO VIGENTE y las cosas no pueden ser, JURIDICAMENTE HABLANDO, de ninguna otra manera, YA QUE ES LA RELACION LABORAL Y NADA MAS QUE LA RELACION LABORAL, QUIEN PUEDE DETERMINAR CONSENSUALMENTE LA FIJACION DE SUELDOS Y LUEGO, DE AUMENTOS SALARIALES, DESDE LUEGO, DE ACUERDO AL DESEMPEÑO PERSONAL DE CADA QUIEN, sin que sea factible o viable QUE UN AGENTE, UN ELEMENTO EXTRAÑO A LA RELACION, COMO SER UNA ORGANIZACIÓN O ASOCIACION GREMIAL, LE PUEDA, MOTU PROPRIO, POR SU DECISION UNILATERAL, IMPONER AL PATRONO, FUERA POR COMPLETO DE TODA CONVENCION INDIVIDUAL O COLECTIVA, EL MONTO DE LOS SALARIOS QUE DEBEN SER FIJADOS CONSENSUADAMENTE CON EL TRABAJADOR Y, ADEMAS, LOS AUMENTOS Y AJUSTES FUTUROS, AÑO CON AÑO, como lo hace el Artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, IMPUGNADO POR MI REPRESENTADA, POR DESNATURALIZAR POR COMPLETO EL. CONCEPTO JURIDICO DE “ARANCEL PROFESIONAL” EL NVADIR, CON EXCESO Y ABUSO DE PODER, EL CAMPO DE LAS RELACIONES LABORALES, FIJANDO SALARIOS CUANDO EL CONCEPTO DEL ARANCEL SE LIMITA IRRESTRICTA Y EXCLUSIVAMENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES: PROFESIONALES — CLIENTE, DE NINGUNA MANERA RELACIONES LABORALES: TRABAJADOR - PATRONO, quien paga a sus SERVIDORES PUBLICOS, UN SUELDO POR SUS SERVICIOS, NUNCA HONORARIOS PROFESIONALES, COMO EQUIVOCADAMENTE SE HA VENIDO APLICANDOEN UNA COSTUMBRE JUDICIAL QUE DE NINGUNA MANERA PUEDE TENER EL ESTATUS O RANGO DE LEY, COMO PARA QUE SEA DE APLICACIÓN CORRECTIVA. ARTICULO 89 NO SON LEYES DE LA REPUBLICA Y POR LO TANTO, DEBIO SER ACREDITADO EN JUICIO QUE EN EFECTO SUPUESTAMENTE LO ERA, POR HABERSE SEGUIDO TODO EL PROCEDIMIENTO PARA SU CREACION, EMISION Y PROMULGACION. HABIENDOSE DEMOSTRADO
PALMARIAMENTE MAS BIEN, POR PARTE DEL DEMANDADO, TODO LO CONTRARIO; QUE NO ES TAL LEY, QUE NO FUE EMITIDA POR EL CONGRESO NACIONAL. QUE ES EL UNICO QUE TIENE LA ATRIBUCION DE LEGISLAR Y ESTA ES INDELEGABLE como enfática y terminantemente
lo preceptúan los artículos 205, Atribución 1a y 206 de nuestra Constitución de la República, QUE NO RECIBIO LA SANCION DEL PODER EJECUTIVO, COMO UN REQUISITO VITAL, SINE QUA NON, PARA QUE PUEDA CONVERTIRSE EN LEY Y QUE ESTE MISMO PODER EJECUTIVO NO ORDENO SU PROMULGACION, YA QUE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA SE PUBLICO EN LA SECCION “B”, QUE CORRESPONDE A AVISOS DEL PUBLICO, MARCAS Y PATENTES, NO EN LA SECCION OFICIAL “A”. LEGISLATIVA, ORDENADO NO POR EL CONGRESO NACIONAL, SINO POR EL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS Y NO ESTA INCLUIDO EN LA SECCION “A”, QUE SI ES LA QUE CONTIENE LAS LEYES DE LA REPUBLICA, CON TODO LO CUAL QUEDO DEMOSTRADO PLENAMENTE, FUERA DE TODA DISCUSION O DISQUISICION ERRATIA O SUBJETIVA, QUE EL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO, NO ES LEY DE LA REPUBLICA. 6. Se acreditó plenamente en proceso, QUE LA APLICACIÓN COERCITIVA DEL ARTICULO 8 DEL ARANCEL CUESTIONADO, ES LESIVO EN LAS FINANZAS PUBLICAS, DEMOSTRANDOSE EL IMPACTO FISCAL QUE EL MISMO TENDRIA EN LAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS; prueba relacionada por la Juzgadora, pero descartada por completo para proferir una implacable condena HASTA CON EFECTOS RETROACTIVOS, SIN CONSIDERAR LA CLARA PRESCRIPCION DE ACCIONES QUE, QUIERALO
O NO RECONOCER LA JUZGADORA EXISTE POR TODO EL PERIODO ANTERIOR AL EJERCICIO DE LA ACCION ANTE EL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DEL TRABAJO, por prescripciones terminantes tanto del Código del Trabajo, que son ilustrativas, como de la propia Ley de Servicio Civil, QUE SEÑALAN EL TERMINO DE SESENTA DIAZ PARA INCOAR ESTE TIPO DE ACCIONES. Las apreciaciones que la Juzgadora formula al efecto, DE NINGUNA MANERA DESVANECEN ESA PRESCRIPCION EXTINTIVA, QUE ES UN DERECHO IRRENUNCIABLE, A FAVOR DE MI REPRESENTADO, EL ESTADO DE HONDURAS. 7. En el proceso DEMOSTRAMOS HASTA LA SACIEDAD, HONORABLES MAGISTRADOS QUE EL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO NO ES LEY DE LA REPUBLICA, POR MAS QUE QUIERAN TODOS LOS QUE PROFESAN ESE MITO, Y POR LO TANTO, NO LE PUEDE SER APLICADO COERCITIVAMENTE AL ESTADO DE HONDURAS, SOBRE TODO PORQUE DESNATURALIZA POR COMPLETO LOS CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO Y ESTOS DEJAN DE EXISTIR AL FALTAR UNO DE SUS ELEMENTOS BASICOS, Y POR LAS GRAVES IMPLICACIONES, LESIVAS DE SUS INTERESES PUBLICOS, QUE REPRESENTA EN LAS FINANZAS DE LA NACION, LO QUE TAMBIEN SE DEMOSTRO Y NO FUE TENIDO EN CUENTA POR LA JUZGADORA, QUIEN NO OBSERVO LA CLARA FIGURA DE PRESCRIPCION QUE EXISTE EN LA IMPROCEDENTE RECLAMACION FORMULADA. 8. LAS NORMAS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA, LEY DE RACIONALIZACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA LEY DE REORDENAMIENTO DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL GOBIERNO CENTRAL, EN VIRTUD QUE LAS MISMAS PROHIBEN TODO INCREMENTO O AUMENTO SALARIAL, LO CUAL EXCLUYE POR COMPLETO, LA POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO; Y ESTAS SI SON LEYES DE LA REPUBLICA, DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO U OBSERVANCIA, NO DIGAMOS POR PARTE DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES QUE, A TRAVES DE SUS JUECES Y MAGISTRADOS, QUE SON LOS VOCEROS DE LA LEY Y ESTAN OBLIGADOS A HACER LAS DECLARACIONES PROCEDENTES EN TAL SENTIDO; pero la Jueza Sentenciadora, le dio lugar a la pretensión de la parte actora, HIZO A UN LADO SU OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD QUE COMO JUEZA DEBIDO HABER PRACTICADO, Y ADUCE QUE “EL COMPROMISO GREMIAL” SE ENCUENTRA EXCLUIDO DE ESAS RESTRICCIONES, CUANDO EN EL CASO DE AUTOS EXISTE UN “COMPROMISO GREMIAL” A CARGO DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, YA QUE ESTE SOLO PODRIA TENER EXISTENCIA SI LAS DISPOSICIONES DEL ARANCEL ESTUVIEREN CONSIGNADAS EN UNA LEY DE LA REPUBLICA, QUE DE NINGUNA MANERA LO ESTAN, O EXISTIEREN PACTOS, CONTRATACIONES INDIVIDUALES COLECTIVAS O “GREMIALES” QUE ASI LO DETERMINAREN EN CUANTO A “COMPROMISOS OBLIGATORIOS ASUMIDOS POR PARTE DEL ESTADO”, QUE TAMPOCO EXISTEN, YA QUE LOS COMPROMISOS TIENEN LA CARACTERISTICA DE LA BILATERALIDAD, AL CORRESPONDEN A PACTOS O
CONVENCIONES CONTRACTUALES ASUMIDAS, Y UNA DISPOSICION ARBITRARIA, UNILATERAL Y ANTIJURIDICA; Y DE SOBRA ES SABIDO QUE
LOS ACTOS NULOS ABSOLUTAMENTE. NO PRODUCEN NINGUN EFECTO JURIDICO, Y ESA INVASION O EXCESO DE PODER CONSIGNADO EN EL ARANCEL. AL REGULAR SALARIOS QUE NO SON MATERIAL DEL ARANCEL QUE SOLO SIRVE PARA FIJAR HONORARIOS PROFESIONALES. La falta de apreciación de la prueba Individualizada llevó al Tribunal de Segunda Instancia a establecer en el considerando (8) que corresponde a los Tribunales de Justicia aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Lo anterior quedó al descubierto, ya que al efectuar el mínimo ejercicio mental en relación a la prueba documental visible de los folios 138, 147, 209 al 211 de los autos, de su simple lectura se desprende que nuestra legislación laboral en sus artículos 360 del Código del Trabajo, Artículo 205 numeral 1 de nuestra Carta Magna lo relativo a salarios, es claro y contundente en cuanto a que salarios, jornal o sueldo, es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo o de la relación del trabajo vigente; tal como ocurre en el debate laboral sometido a examen, donde SOPTRAVI como consecuencia de haber tomado la determinación de cancelar el contrato de trabajo que le unía con el Señor Raúl Matamoros Berto, se le pagó sus prestaciones laborales que conforme a Ley corresponden; los hechos probados con la Prueba Documental y de Inspección que se ha individualizado en este segundo motivo han sido ignorados por el Sentenciador. Con lo anterior queda demostrado que si el Tribunal requerido hubiera apreciado las pruebas, inspecciones no hubiera recurrido en el error de hecho planteado. Al violar las reglas procesales contenidas en los artículos 738, 739 del Código del Trabajo esto llevó al Tribunal de Segunda Instancia a su vez a la violaciones de los números sustantivos contenidas en el artículo 360 del Código del Trabajo artículo 205 numeral 1 de nuestra Carta Magna, tal como acontece en el juicio en laboral de mérito, donde SOPTRAVI, como se reitera, siempre cumplió con la obligación contraída haciéndole el pago de prestaciones laborales. Es oportuno indicar que las normas contenidas en el Artículo 360 del Código del Trabajo: artículo 205 numeral 1 de la Carta Magna, de ahí que el Arancel relacionado es un acto de carácter general emitido por una entidad de derecho público que es susceptible de ser impugnado ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Constitucional observa que el Arancel del Profesional del Derecho no tiene Rango de Ley puesto que el origen, discusión y aprobación no ha sido efectuada a través del órgano competente (Congreso Nacional) y no se ha dado cumplimiento con los procedimientos previstos en la Constitución de la República para la formación de la Ley, razón suficiente para concluir que las Disposiciones de dicho Arancel no se encuentran dentro del ámbito de conocimiento de la Garantía de la Constitucionalidad. Circunstancia que de haber sido tomada en consideración por el Sentenciador no hubiera incurrido en el error de hecho por falta de apreciación de la prueba documental, situaciones que se han explicado en este segundo motivo de casación.” RESULTA: Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil ocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada BESSY JANETH ORDOÑEZ CASTILLO, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda, haciéndolo el veintisiete de marzo de dos mil ocho, la Abogada MARCELA PATRICIA ZUNIGA SALVATIERRA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada legal del señor RAUL MATAMOROS BERTO, de la siguiente manera: “A LA DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION: Siendo que el alcance del a impugnación constituye el petitum de la demanda extraordinaria de casación conforme a la doctrina laboral y habiendo analizado este acápite formulado por la Abogada casacionista, NO SE CUMPLE CON ESTE REQUISITO en virtud de que se debe de determinar el alcance del a acusación o si se persigue el quebrantamiento total o parcial del fallo recurrido, indicando que la corte suprema de justicia debe de actuar acto seguido en sede de instancia para emitir el fallo sustitutivo, una vez que haya declarado haber lugar a la casación, y en este caso en concreto la casacionista no formula adecuadamente este alcance de la impugnación ya omite pronunciarse en el fallo sustitutivo si “casa parcialmente o totalmente la sentencia”. A LA EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: En relación a este acápite se rechazan los motivos de casación en virtud de lo siguiente: Se puede apreciar en el primer motivo de casación que la casacionista alega una supuesta violación de ley sustantiva de orden nacional por falta de aplicación de los artículos 360 del Código del Trabajo, y 205 numeral 1 de Nuestra Carta Magna, artículos que para efectos de un recurso de casación, resultan inaplicables por ser normas sustantivas ya que son de aplicación general. En relación al segundo motivo de casación, también se rechaza, en virtud de que cuando la casación se produce por causa de violación de la norma considerada en si, se dice que hay una violación directa, y cuando la trasgresión se produce respecto a aquella norma pero a través de la apreciación de pruebas, tiene lugar la violación indirecta requisito exigido por la técnica propia formalista del recurso de casación que la recurrente no cumple”. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a la Abogada TEODOLINDA PINEDA C., quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediera en derecho. CONSIDERANDO: Que toda demanda de Casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere. CONSIDERANDO: Que la censora Abogada BESSY JANETH ORDÓÑEZ CASTILLO, al formular la declaración del alcance de la impugnación que es el petitum de la demanda expresa: “POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, impartiendo Justicia, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos 134, 135, 303 y 314 de la Constitución de la República; 4, 5, 18, 19, 20, 30, 116, 120, 664, 665, 666 letra a) y 66 del Código del Trabajo; 192 del Código de Procedimientos Civiles; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho; artículo 2 de la ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras. FALLA: I. Declarar sin lugar la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Reajuste de Prestaciones Laborales promovida por el Señor Raúl Matamoros Berto, contra la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI). II. Absolver en el presente juicio a la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), el reajuste de prestaciones laborales al demandante. III. Con Costas para la parte demandante y MANDA: Que se notifique el presente fallo a las parte para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE. CONSIDERANDO:
Que la Declaración del alcance de la Impugnación debe formularse en forma completa, con claridad y precisión; es por ello que en su formulación se deben llenar las formalidades exigidas por la técnica propia del recurso de casación, puesto que este requisito constituye el petitum de la demanda. CONSIDERANDO: Que en la forma que el censor consigna el alcance de la impugnación resulta incompleta, faltándole claridad y precisión en virtud que en el fallo sustitutivo propuesto omitió el primer pronunciamiento, como es la anulación del fallo del Ad-quem. La Corte no puede de oficio sustituir a la impetrante en esta actividad, que es de su exclusiva incumbencia dentro de una demanda de casación debidamente elaborada. CONSIDERANDO: Que la defectuosa presentación de la demanda en los términos anteriormente relacionados impide a este tribunal entrar a conocer los motivos de Casación que invoca el Recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho merito. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 No. 5, de la Constitución de la República; 1, y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 665, 666 letra c), 775, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito.- 2) Sin costas.- Y MANDA: que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA.- COORDINADORA.- ROBERTO LAGOS BANEGAS.- TEODOLINDA PINEDA CARDONA.- FIRMA Y SELLO.- MIRNA LIZETTE ALVARADO.- SECRETARIA POR LEY.”
Extendida a solicitud de la Abogada BESSY JANETH ORDOÑEZ CASTILLO, en su condición de Procuradora Judicial del Estado de Honduras, por medio de la Secretaria de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de septiembre de dos mil ocho, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación No. 44-08.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL