Sentencia CL-292-07 — Registro 560
Resumen
En primera instancia se declara con lugar la demanda interpuesta por el trabajador para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, sentencia que se confirma en segunda instancia .
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que la forma en que la recurrente consigna el alcance de la impugnación es incompleto y adolece de claridad y precisión, ya que al proponer el fallo que aspira dicte la corte en sustitución del impugnado: omite un requisito fundamental que debe contener el petitum de la demanda como es la anulación del fallo del Ad-quem, es decir, casar la sentencia recurrida, requisito indispensable, por cuanto significa anular la sentencia impugnada, y al no hacerlo, no le es permitido a este Tribunal declarar con o sin lugar la demanda de mérito y en el numeral primero, solicita:"..
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sala Laboral – Contencioso Administrativa.- Tegucigalpa, M.D.C., Once de Enero del año Dos Mil Ocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante ésta Corte Suprema de Justicia en fecha uno de octubre de dos mil siete, por la Abogada LEYLA MARIA PAREDES SIERRA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de Apoderada Legal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA); en relación a la demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de un despido o por omisión sea condenado al pago de prestaciones laborales y demás indemnizaciones legales, pago de derechos adquiridos, pago de ajuste salarial, pago de salarios caídos, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Segundo Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de junio de dos mil seis, por la señora IDALIA ESPERANZA TERCERO SORIANO, mayor de edad, casada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, hondureña, y con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, a través de su Representante Legal y Director Ejecutivo, señor JOSE FRANCISCO FUNEZ, mayor de edad, casado, Licenciado, y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha diecinueve de julio de dos mil siete, que fallo CONFIRMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Segundo de Letras del Trabajo, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha diecisiete de mayo de dos mil siete, que Falló: DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR LA SEÑORA IDALIA ESPERANZA TERCERO SOLANO, CONTRA LA ENTIDAD DENOMINADA “INSTITUTO NACIONAL AGRARIO” (I.N.A.) representada legalmente por el señor JOSE FRANCISCO FUNEZ, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, en cuanto a lo que se refiere al pago de las Prestaciones sociales e Indemnizaciones legales, derechos adquiridos como ser Vacaciones, Décimo Tercer, Décimo Cuarto mes en forma proporcional y salarios caídos, y además satisfacérsele a la actora los aumentos anuales de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central de los dos últimos años laborados mas no así en cuanto a las costas del juicio por considerar que el INA tenia motivos racionales para litigar.- En consecuencia: CONDENA a la entidad demandada “INSTITUTO NACIONAL AGRARIO. (I.N.A.)”, al pago de las prestaciones sociales e Indemnizaciones legales, derechos adquiridos como ser vacaciones y décimo tercer mes en forma proporcional, salarios caídos, así como también al Reajuste Salarial de la trabajadora IDALIA ESPERANZA TERCERO SORIANO por la cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 842,049.54); distribuidos de la manera siguiente: a) Preaviso la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 86,735.84); b) Auxilio de cesantía la cantidad de SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 608,125.44); c) Auxilio de Cesantía Proporcional la cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.47,753.44); d) Vacaciones proporcionales la cantidad de: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS (Lps. 28,401.22); e) Aguinaldo proporcional la cantidad de: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 4,663.94) f) Catorceavo mes proporcional la cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 17,193.94); g) Mas una asignación del 135% la cantidad TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 38,341.64); h) reajuste del complemento de salario de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras, la cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps.10,834.08). Mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que este firme la sentencia.-SIN COSTAS.-” RESULTA: Que en fecha quince de agosto de dos mil siete, éste Alto Tribunal de Justicia dictó sentencia mediante la cual resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la Abogada LEYLA MARIA PAREDES SIERRA, actuando en su condición de Apoderada legal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito, así mismo dispuso que se llevará adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte (20) días para que formulara por escrito la demanda de casación. RESULTA: Que en fecha uno de octubre de dos mil siete, compareció ante éste Supremo Tribunal de Justicia la Abogada LEYLA MARIA PAREDES SIERRA, de generales y condición ya indicadas, formalizando su recurso de Casación de la manera siguiente: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION. El presente recurso de Casación tiene por objeto Revocar la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento del Cortés de fecha 17 de mayo del 2007, que en su parte resolutiva dispone CONDENAR al instituto Nacional Agrario (INA) al pago de prestaciones sociales e indemnizaciones así como también al reajuste salarial de la trabajadora IDALIA ESPERANZA TERCERO SORIANO por la cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 842,049.54) al efecto CASAR totalmente la sentencia de Segunda instancia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, pronunciada el 19 de julio del 2007 en lo que se refiere a confirmar la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Segundo de Letras del Trabajo de la misma Sección Judicial el 17 de mayo del 2007 y que a su vez condena al INA al pago de las prestaciones Sociales e indemnizaciones Legales, Derechos adquiridos como ser vacaciones, décimo tercer mes en forma proporcional así como también al reajuste salarial de la trabajadora IDALIA ESPERANZA TERCERO SORIANO; y una vez casada la sentencia de segunda instancia y actuando esta honorable en sede de instancia CORTE SUPRIEMA DE JUSTICIA dicte sentencia en la forma siguiente: POR TANTO: ESTA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos: 134,135,303,316 de la Constitución de la República; 1,2,4,5,8,26,29,664,665,666 letra C), 738,739,764 Letra a),764 letra a), 765 número 1, 769, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, 187, 192, 420 del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales y artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho aprobado por el Decreto número 82-96 del 30 de Mayo de 1996, FALLA: 1) REVOCAR la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes de fecha 19 de julio del 2007 que motiva el Recurso de Casación que se ha hecho mérito, en consecuencia: 2.-DECLARA SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora IDALIA ESPERANZA TERCERO SORIANO contra la entidad denominada INSTITUTO NACIONAL AGRARIO Y QUE CONDENE al pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones legales derechos adquiridos como ser vacaciones y Décimo tercer mes en forma proporcional, salarios caídos, así como también al reajuste salarial de la trabajadora que promoviera IDALIA ESPERANZA TERCERO SORIANO contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), por medio de su representada legalmente por el señor JOSE FRANCISCO FUNES”.-3.-ABSOLVER el presente juicio al INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, por medio de su representante Legal JOSE FRANCISCO FUNES del pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, catorceavo mes, asignación del 135% y reajuste del complemento de salario de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras, y de los salarios caídos a títulos de Daños y perjuicios.- EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: La sentencia recurrida aplica indebidamente una Ley insubsistente por falta de reglamentación y `por tanto de aplicación es así que el sentenciador no se refiere a obligaciones jurídicas subordinadas a su imperio en el caso de la Litis.- El artículo 89 del Arancel de los Profesionales del Derecho aprobado en Asamblea Gremial por delegación del Legislador, conforme al Decreto 82-96 del Soberano Congreso Nacional de fecha 30 de Mayo de 1996, se refiere al índice inflacionario el cual no ha sido reglamentado por el Colegio de Profesionales del Derecho y por lo tanto no se ha incorporado a la Ley sustantiva ya que dicha asociación profesional por delegación del Legislador es quien anualmente debe emitir regulaciones incorporando al texto legal el índice correspondiente de acuerdo a los datos inflacionarios que proporciones el Banco Central de Honduras. En la sentencia recurrida se considerara que lo dispuesto en el referido artículo 89 del Arancel de los Profesionales del Derecho aplicado indebidamente y de manera concreta en los referentes a los aumentos anuales de acuerdo al índice inflacionario establecidos por el Banco Central, sin tomar en consideración que el salario devengado por cada profesional que labora en los Poderes del Estado es un salario mínimo, si es así como todo salario mínimo se encontraría sujeto a LEY GENERAL DE LOS SALARIOS MINIMOS.- E l salario Mínimo, como se presento de orden social es establecido específicamente en la Legislación Laboral en el precepto bajo número 381 y es muy importante señalar que el denominado salario mínimo a que todo trabajador tiene derecho para subvenir a sus necesidades más elementales y como presupuesto esencial para garantizar a todo trabajador el disfrute de su medio de vida y en materia general, es fijado periódicamente por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 garantía 5 de la Constitución de la República y sobre la base de los dictámenes que presente la Comisión Nacional del Salario Mínimo como así lo señala el precepto citado del Código de Trabajo el cual fue emitido por Decreto 189 del Soberano Congreso Nacional de fecha 19 de Mayo del 1959. cabe señalar que durante muchos años, no obstante la vigencia del Código del Trabajo, el trabajador hondureño no podía gozar del Derecho al salario mínimo, por la razón practica de que no se establecía la comisión del salario mínimo y no se señalaba periódicamente por el Ministerio de Trabajo, dicho salario mínimo y como no se reglamentaba la Ley, esa garantía laboral se volvía ilusoria e insubsistente por lo tanto ningún Juzgado lo aplicaba al caso concreto. De igual manera siendo el salario mínimo del Profesional del Derecho una prestación económico-social, fijado ciertamente en una Ley dictada por delegación del legislador.- Revisable periódicamente conforme a las facultades concedidas comprendidas en el artículo 122 del precitado Arancel del Profesional del Derecho y facultado para realizar las adecuaciones necesarias entre las cuales se incluye por supuesto el hecho generador de los aumentos anuales del relacionado salario mínimo de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras; dicho salario en cuanto se refiere al índice inflacionario ni se señala y por tanto no se aplica. Pero igual como aconteció a la tabla esencial de salarios mínimos comprendida en el Código del Trabajo que nunca fue señalada hasta años recientes, así ocurre con el salario mínimo del Profesional del Derecho. Mientras la Junta Directiva Nacional no realice las adecuaciones al salario mínimo profesional de acuerdo al índice inflacionario eses precepto no puede aplicarse y si se aplica es por excesote poder de los Juzgados y Tribunales, esa aplicación es indebida y se está violando las leyes sustantivas. Desde luego que este criterio es establecido por lo menos en tres sentencias con resolucion de fondo idénticas y en cuestiones sustancialmente iguales y que constituyen la interpretación judicial en que se sustenta la doctrina Legal, me refiero concretamente a lo dispuesto a las tres sentencias referidas en las cuales es declara SIN LUGAR el ajuste salarial por aumento de índice inflacionario las cuales son: a) Expediente que se registra bajo número 5054 de fecha dieciocho de enero del dos mil seis contentivo de la Demanda Laboral promovida por el abogado KEVIN RAMON MURILLO NELSON ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de este Departamento, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) y se dicto sentencia definitiva a los diecisiete de mayo del dos mil siete y CONFIRMADA por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial en fecha quince de agosto del dos mil siete; b) Juicio que se registrar bajo el numero 5031 de nueve de enero del dos mil seis, contentivo de la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE REAJUSTE SALARIAL promovida por MARIA DE JESUS UMANZOR contra la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, demanda presentada ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de seta Municipio del Distrito Central y se dicto sentencia definitiva el veintinueve de enero del dos mil siete; que posteriormente fue confirmada por la Corte de apelaciones del Trabajo y que se encuentra registrado bajo el numero 3337-3 de fecha treinta de Marzo del dos mil siete; c) juicio que se registra bajo el número 4741 de fecha once de agosto del dos mil cinco, contentivo de la Demanda Ordinaria Laboral para que se reconozca la vigencia y aplicabilidad de una disposición legal contenida en el Arancel del Profesional del derecho, pago de ajuste salarial, aumentos anuales conforme al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras, mas los colaterales en forma retroactiva, desde la fecha de su promulgación en el Diario Oficial la Gaceta promovida por ANGEL ROBERTO DIAZ PINEDA Y EDGARDO ANDRONICO BARDALES contra la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL demanda interpuesta ante el Juzgado de Letras Primera del Trabajo de Francisco Morazán; dictando sentencia definitiva el veintidós de enero del dos mil siete; (SE ACOMPAÑAN FOTOCOPIAS DE LA SENTENCIAS REFERIDAS.) VIOLACION DIRECTA POR LA APLICACIÓN INDEBIDA Se consideraran violadas las normas sustantivas contenidas ene l artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho en relación directa con las normas preceptuadas en los artículos 381, 382 y 383 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de Casación esta comprendido en lo dispuesto en el numeral primero del artículo 765 del Código de Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO La sentencia recurrida dispone aplicar lo dispuesto en el artículo 89 del Arancel Judicial en cuanto se refiere al ajuste salarial debido al índice inflacionario que señale el Banco Central de Hondura.- Este artículo no esta reglamentado y por lo consiguiente no se puede aplicar.- No esta reglamentado porque la Junta Directiva del colegio de Abogados no ha incorporado de manera periódica como lo indica la misma Ley gremial el porcentaje equivalente de aumento de salario mínimo que seria aplicable por el aumento del índice inflacionario y si no esta reglamentado hay aplicación indebida de dicho precepto y concurre por lo tanto la causal de aplicación indebida de una Ley.- Diversas sentencias en los Juzgados en materia Laboral confirmadas por las Cortes de Apelaciones y por la misma sala de lo Laboral al conocer en amparos y otros recursos han mantenido el criterio en sostenida jurisprudencia que el ajuste salarial debido al índice inflacionario no es procedente y por lo tanto ha quedado probado de manera fehaciente que el precepto relacionado ha sido aplicado de manera indebida violando así la Ley sustantiva y la doctrina legal establecida en abundante jurisprudencia sobre la no aplicación de dicho artículo en lo referido al ajuste del salario mínimo por el índice inflacionario. SEGUNDO MOTIVO DE VIOLACION DIRECTA POR INTERPRETACION ERRONEA La sentencia recurrida viola la Ley Sustantiva al interpretar de manera errónea lo dispuesto en el articulo 113 del Código de Trabajo, ya que se ha interpretado en la jurisprudencia nacional que la condena de salarios caídos solo procede cuando hay mala fe departe del empleador al negarle sus prestaciones al trabajador despedido. En el presente caso existe lo contrario, el empleador a depositado el importe de las prestaciones en el Juzgado Segundo de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes demostrando así la buena fe que le asiste y la voluntad de pago. En efecto en la audiencia celebrada en la Ciudad de San Pedro Sula a los tres días del mes de noviembre del 2006 con el objeto de conciliar las diferencias, el Instituto Nacional Agrario por mi medio ofreció el pago de la totalidad de las prestaciones que por Ley le corresponde a la demandante depositando el importe mediante cheque numero 0061203 por la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 773,617.82) girado contar Banco Nacional de Desarrollo Agrícola; el Apoderado de al Demandante en dicha audiencia de Conciliación no acepto el ofrecimiento formal de Pago la susodichas prestaciones y el Juzgado resolvió teniendo por consignado el referido cheque a favor de la demandante contentivo del pago de sus prestaciones. Esto quiere decir honorable Corte que la parte demandada a actuado con la mayor buena fe depositando el importe de las prestaciones a favor de la demandante, por lo tanto no hay lugar a ser penado con la indemnización que prescribe el artículo 113 ya indicado en el Código del Trabajo por que ni se esta discutiendo en juicio prestaciones por despido y las mismas ya fueron consignadas y desde luego la indemnización que prescribe el artículo 113 es en razón a una sentencia condenatoria que obligue al demandado a pagar prestaciones y en el presente caso no hay obligación al pago de prestaciones, las mismas ya fueron consignadas en juicio, la condena del Juzgado A-quo confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo es debido a un reajuste salarial discutible con forme las alegaciones expuestas en el primer motivo de casación . Es así que no se condena en salarios caídos cuando hay consignación de prestaciones interpretando correctamente lo dispuesto ene l artículo 113 del Código del Trabajo que dispone que la condena en salarios caídos es cuando el patrono no pruebe la justa causa del despido del trabajador pero en este caso no se ha discutido en autos la justa o injusta causa del despido sino reajustes salariales derivados de la indebida aplicación del Artículo 89 del Arancel de los Profesionales del Derecho. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de Casación se encuentra comprendido en lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 765 del Código del Trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS Se ha violado por Interpretacion errónea lo dispuesto en el artículo 113 del Código del Trabajo en relación con el 1454 y 1456 del Código Civil aplicable de manera analógica conforme lo dispone el artículo 858 del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES VIOLADAS Las normas procesales que en sentencia recurrida concurren a la violación de la Ley sustantiva son las contenidas en los artículos 800 del Código de Procedimientos civiles en relación con el 858 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO A Folio 29 y 30 de la primera pieza de autos se encuentra la audiencia señalada de conciliación en dicha actuación judicial la recurrente en su condición de apoderada demandada ofreció el pago de la totalidad de prestaciones a la parte demandante, consignando en el acto el cheque correspondiente por el valor de las prestaciones, titulo valor que el Juzgado tuvo por recibido, por consignado el valor de las prestaciones y agregado al expediente estando indudablemente bajo custodia del Juzgado y a la orden de la demandante.-Esa consignación no fue aceptada por el Apoderado demandante pero esta hecha y consta en el expediente y ese acto jurídico libera a la demandada de toda condena en concepto de prestaciones, costa e indemnización a titulo de daños y perjuicio consistente en los salarios caídos dejados de percibir. Existe abundante jurisprudencia y consta en los anales de los Tribunales que no se condena en salarios caídos cuando hay consignación de prestaciones interpretando correctamente lo dispuesto en el articulo 113 del Código del Trabajo que dispone que la condena de salarios es cuando el patrono no pruebe la justa causa de su despido del trabajador, pero en este caso no se ha discutido e autos la justa e injusta causa del despido sino reajuste salariales derivados de la indebida aplicación del Artículo 89 de los Profesionales del Derecho. CUESTION IMPUGNADA Con suficiente explicación y fundamentación legal en el primer motivo de casación de este recurso. En consecuencia el sentenciador ha interpretado erróneamente el artículo 113 del Código de Trabajo al condenar a titulo de indemnización de daños y perjuicios los llamados salarios caídos violación legal que se evidencia ya que la demanda se contrae a solicitar un reajuste salarial y en ningún momento pago de prestaciones razón por la cual cabe casar esta sentencia y resolver revocando la sentencia recurrida.” RESULTA: Que en fecha dos de octubre de dos mil siete, éste Tribunal de Justicia tuvo por formulado en tiempo el recurso de Casación por parte de la recurrente y se ordeno dar traslado al opositor por el término de diez días para que contestara dicha demanda. RESULTA: Que en fecha veintitrés de octubre de dos mil siete, compareció ante éste Supremo Tribunal de Justicia el Abogado CESAR CASTRO DIAZ, mayor de edad, casado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su condición de apoderado legal de la señora IDALIA ESPERANZA TERCERO SORIANO, contestando la demanda de Casación de la siguiente manera: “ REFERENCIA A LA DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION La recurrente, al solicitar que se case la sentencia definitiva de fecha 19 de julio del 2007 dictada por al Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, y expresar como debe este Honorable Tribunal Supremo dictar su sentencia, incurre en una grave contradicción, según se aprecia de la lectura del numeral “2.-“ y del Numeral “3.-“, veamos: “POR TANTO: ESTA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA por unanimidad de votos….....FALLA: 1.- ……………….2.- “DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora IDALIA ESPERANZA TERCERO SORIANO contra la entidad denominada UNSTITUTO NACIONAL AGRARIO Y QUE CONDENE al pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones legales derechos adquiridos como ser vacaciones y décimo tercer mes en forma proporcional, salarios caídos, así como también al reajuste salarial de la trabajadora que promoviera IDALIA ESPERANZA TERCERO SORIANO contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) por medio de su representada legalmente por el señor JOSE FRANCISCO FUNES”.- como puede apreciarse fácilmente, la actora por una parte pide “DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA” y por otra pide: “QUE SE CONDENE el pago de las prestaciones sociales…....”. Independientemente de al contradicción antes señalada, también existe UNA CONTRADICCION DE BULTO entre lo expresado en el Numeral “2.-“ y el contenido del Numeral “3.-“ ; basta leer el contenido de ambos numerales para venir a conocimiento de lo expresado, es decir, NO PUEDE PEDIR PRIMERO QUE SE CONDENE A SU REPRESENTADO y después PEDIR QUE SE ABSUELVA. REFERENCIA A LA “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN” REFERENCIA AL “ PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN “: La recurrente, al expresar su “PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN” textualmente dice: “PRIMER MOTIVO: La sentencia recurrida aplica indebidamente una Ley insubsistente por falta de reglamentación y por tanto de aplicación es así que el sentenciador no se refiere a obligaciones jurídicas subordinadas a su imperio en el caso de la Litis.- el articulo 89 del Arancel de lo Profesionales del Derecho aprobado en Asamblea Gremial por deligación del Legislador, conforme el Decreto 82-96 del Soberano Congreso Nacional de fecha 30 de mayo de 1996, se refiere al índice inflacionario el cual no ha sido reglamentado por el Colegio de Profesionales del Derecho y por lo tanto no se ha incorporado a la Ley Sustantiva ya que dicha asociación profesional por delegación del legislador es quien anualmente debe de emitir regulaciones incorporando al texto legal el índice correspondiente de acuerdo a los datos inflacionarios que proporcione el Banco Central de Honduras”. Hecha la afirmación anterior, acto continuo la recurrente entra en una serie de análisis subjetivos de los artículos No 89 y 122 del ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO, veamos: Afirma “ que en el caso de autos no puede aplicarse el articulo No 89 porque la junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras no ha incorporado los aumentos que por índice inflacionario sufre el país año con año” ya que dicha incorporación es absolutamente necesaria por mandato del artículo No 122 del referido ARANCEL. De la lectura de ambos preceptos legales se infiere claramente que la recurrente no valora el texto de ambos preceptos legales en toda su majestad, no obstante que son clarísimos. El articulo No 89 del ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO es taxativo y absolutamente claro cuando dice: “El Profesional del Derecho que labora----------------permanentemente a tiempo completo en Instituciones Publicas, centralizadas, descentralizadas, autónomas, semi-autónomas, empresas mixtas, los tres poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y empresa privada en general, que se desempeñen como tal, devengará un sueldo mínimo mensual de L: 21,000.00 y aumentos anuales de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras…….”.- El precepto Legal antes trascrito es absolutamente claro ya que, expresa en forma clara y taxativa que el profesional del derecho recibirá “...aumentos anuales de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras...” quien dicha sea de paso ES LA INSTITUCION DEL GOBIERNO encargada de fijar anualmente el índice inflacionario sufrido en el País. El artículo No 122 del referido ARANCEL dice: “ La Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras queda facultada para realizar las adecuaciones que sean necesarias en cuanto al Arancel en materias contempladas o no en el mismo. si se produjeran cambios sustanciales en la Legislación que las rige, asimismo en lo que corresponda a materias no incluidas en el presente arancel.....” (el subrayado es mío).- en el caso de autos NO HA HABIDO NINGUN CAMBIO DEL ARTICULO DEL ARTICULO No 89, por cuya razón la aplicación de dicho precepto legal es automática en lo referente al AUMENTO POR ÍNDICE INFLACIONARIO sin necesidad de interpretación o adecuación de ninguna naturaleza. La recurrente menciona tres casos que supuestamente son iguales al caso de autos y en los cuales las Instituciones demandadas han obtenido sentencia favorable a nivel de CORTE DE APELACIONES pero, no a nivel de CORTE SUPREMA DE JUSTICIA por cuya razón, aunque fuere cierto que se trata de casos iguales NO PUEDE ALEGARSE JURISPRUDENCIA porque dichos juicios TODAVIA NO HAN CONCLUIDO. La recurrente olvida que el argumento empleado como PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN se refiere a uno solo de los conceptos a que fue condenado su representado y que, NO HA FORMULADO UNA CASACIÓN PARCIAL SINO UNA CASACION TOTAL, ES DECIR, QUE NO ESTA PIDIENDO QUE LA SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA SEA CASADA PARCIALMENTE.- Reitero que no es cierto que la Junta Directiva del colegio de Abogados de Honduras este obligada por ley, a estar incorporando anualmente los aumentos por Índice inflacionario decretados por el Banco Central de Honduras; la Ley es clara y no amerita interpretaciones antojadizas que convertirían en una garantía ilusoria los aumentos anuales. REFERENCIA AL “PRECEPTO AUTORIZANTE”......este motivo de casación esta comprendida en el artículo 765, numeral primero, pararlo segundo del Código del Trabajo” De la sola lectura del artículo 765, ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo venimos a conocimiento que dicho precepto legal establece como CAUSAL DE CASACIÓN “ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea” pero nunca por lo que expresa la recurrente en la primera pararlo del “PRIMER MOTIVO” cuando dice: “La sentencia recurrida aplica indebidamente una Ley insubsistente por falta de reglamentación y por tanto de aplicación es así que el sentenciador no se refiere a obligaciones jurídicas subordinadas a su imperio en el caso de la Litis” Según queda explicado y se infiere claramente de la sola lectura del artículo 765 del Código de Trabajo, el “PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN” expuesto por la recurrente no tiene sustento legal alguno y por la misma razón debe ser rechazado de plano. REFERENCIA AL “SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN”: “SEGUNDO MOTIVO: VIOLACION DIRECTA POR INTERPRETACION ERRONEA”. REFERENCIA A “ EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACIÓN”. La recurrente señala como “normas violadas el artículo No 113 del Código del Trabajo”. Razona así la recurrente: Que al Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, violo la norma antes citada, por las razones siguientes: 1.- “Que se ha interpretado la jurisprudencia nacional que la condena de salarios caídos solo procede cuando hay mala fe de parte del empleador al negarle sus prestaciones al trabajador despedido”, afirmando a continuación “que su representado ha actuado de buena fe al depositarle a la actora en el Juzgado Segundo de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, en la audiencia de conciliación, el valor de sus prestaciones laborales, que el Juzgado las tuvo por consignadas y/o depositadas y que apoderado legal de la actora no acepto el pago”. De acuerdo con la doctrina laboral la relación laboral “DEBE DE REGIRSE DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION POR LA BUENA FE DE AMBAS PARTES CONTRATANTES”. Resulta Honorable Corte suprema de Justicia que la recurrente expresa verdades a medias y no narra los hechos como realmente ocurrieron y que por su orden de procedencia son los siguientes: a) Con fecha 7 de marzo del año 2006, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO por medio de su DIRECTOR EJECUTIVO emitió el ACUERDO No 066-06 el cual entre otras cosas dice: ACUERDA: PRIMERO: Cancelar a partir del 07 de marzo del año en curso, a la Licenciada IDALIA ESPERANZA TERCERO SORIANO, Procurador agrario II, adscrita a la regional de San Pedro Sula.- Reconociéndole sus prestaciones laborales que en derecho le corresponden”, documento que corre agregado al expediente de Primera Instancia. b) Como ni el representante legal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, ni el Departamento Administrativo o el Departamento de Recursos Humanos hicieron nada, absolutamente para pagar a la actora sus derechos laborales, ésta, ocurrió a las Oficinas administrativas del Ministerio del Trabajo en donde se cito legalmente al representante del INA a varias audiencias de conciliación a las cuales NADIE, ABSOLUTAMENTE NADIE, se digno comparecer.- Corre agregada al expediente de Primera Instancia la respectiva CONSTANCIA que acredita lo expresado. c) Ante la situación antes descrita, la Licenciada IDALIA ESPERANZA TERCERO SORIANO, la actora, opto por recurrir a la vía judicial solicitando se le hiciera justicia. d) se citó y emplazo al INSTITUTO NACIONAL AGRARIO por medio de su representante legal y, al contestar la demanda, en ninguna parte del escrito de contestación aparece ningún ofrecimiento de pago completo de sus prestaciones laborales, mas bien se expresa “que se le ofreció el pago de sus prestaciones laborales pero de acuerdo con el sueldo que ella devengaba, que era de LPS. 11,392.00” PERO NO APARECE APROBADO EN AUTOS NINGUN OFRECIMIENTO DE PAGO; en el acápite “PETICION” del escrito de contestación puede leerse con claridad lo siguiente:... “ que con el merito de las pruebas se declare sin lugar la demanda...”.- Basta leer el escrito de demanda y el escrito de contestación para venir a conocimiento de lo antes expresado. e) entonces cabe preguntarse: ¿Cómo puede afirmar la actora que en el caso de autos no estaba peleando prestaciones laborales? f) En la Audiencia de conciliación, la Apoderada Legal Demandada, ofreció tardíamente UN PAGO INCOMPLETO YA QUE, OCHO MESES Y MEDIO DESPUES DEL DESPIDO LE OFRECEN A LA ACTORA EL PAGO DE SUS PRESTACIONES LABORALES PERO SIN INCLUIR LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO razón por la cual no se acepto el ofrecimiento EXPRESANDOSE CON CLARIDAD QUE NO SE ACEPTABA EL OFRECIMIENTO DE PAGO PORQUE NO OFRECIAN LOS SALARIOS CAIDOS. g) Entonces ¿ A que buena fe se refiere la recurrente? Es que acaso seria justo y legal que un patrón pueda despedir a un trabajador y ocho o diez meses después le diga: aquí te consigno o deposito tus prestaciones PORQUE YO SOY UN HOMBRE DE BUENA FE? Si la teoría de “LA BUENA FE” a que hace referencia la recurrente se pusiera en practica estaríamos facilitando el que un patrón despida a un trabajador y OCHO, DIEZ O VEINTE MESES DESPUES, cuando ya esta incoado el respectivo juicio laboral, llegue al tribunal a expresar: ¡ como soy hombre de buena fe, deposite a plazo fijo el dinero que te correspondía por prestaciones laborales y hoy, con los intereses devengados a plazo fijo con dicho dinero, vengo de buena fe a pagarte, pero, no te preocupes, que esa es la “Tesis” que aceptada en este país!.......!POR FAVOR! Si la recurrente deseaba demostrar la “BUENA FE” de su representado debió por lo menos presentar una ACTA NOTARIAL EN DONDE CONSTARA QUE TRES, SEIS O DIEZ DÍAS DESPUES DEL DESPIDO, LE OFRECIERON EL PAGO DE SUS PRESTACIONES LABORALES REPRESENTADAS CON EL CHEQUE QUE DEPOSITO EN EL JUZGADO, AMEN DE PRSEENTAR LA CONSTANCIA RESPECTIVA DE QUE LO DEPOSITO A LA ORDEN DE ELLA EN LAS OFICINAS DELÑ MINISTERIO DE TRABAJO EN DONDE SI ACEPTAN ESTA CLASE DE TARMITES Y QUE DICHO CHEQUE NO ES RECIENTE, COMO EN EFECTO LO ES. Por otra parte, al contestar la demanda, si el INA “andaba de buena fe”, no debió hacer lo siguiente 1) RECHAZAR TODOS LOS HECHOS DE LA DEMANDA (ver acápite: “A LOS HECHOS Y OMISIONES” del escrito de contestación) 2) tratar de demostrar que a la actora NO LE CORRESPONDIA EL PAGO DE PRESTACIONES (Ver acápite: “HECHOS Y RAZONES EN QUE SE APOYA LA DEFENSA”, del escrito de contestación). 5) No debió expresar en el acápite “PETICION”: “.... Que con el merito de las Pruebas se declare Sin Lugar la Demanda...” ENTONCES: ¿ EXISTIO CONTROVERSIA SOBRE EL APGO DE PRESTACIONES O NO EXISTIO? POR ULTIMO: Con relación a la supuesta “consignación” a que hace referencia la recurrente es necesario apuntar QUE POR DISPOSICION Y DECISION DE ESTE ALTO TRIBUNAL no existe Procesal mente en los Tribunales del Trabajo EL TRAMITE DE “CONSIGNACION”.- El cheque depositado por la recurrente en el Juzgado Segundo del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, NO SURTE MAS EFECTOS QUE EL DE PAGO PARCIAL. REFERENCIA A CUESTION IMPUGNADA: Lo expresado por la recurrente en este acápite de su “FORMALIZACION DEL RECURSO DE CASACIÓN” causa asombro.- Expresa la recurrente lo siguiente: “Con suficiente explicación y fundamentación, legal en el primer motivo de casación de este recurso.- En consecuencia el sentenciador ha interpretado erróneamente el artículo 113 del Código del Trabajo al condenar a titulo de indemnización de daños y perjuicios los llamados salarios caídos violación legal que se evidencia ya que la demanda se contrae a solicitar un reajuste salarial y en ningún momento pago de prestaciones razón por la cual cabe casar esta sentencia y resolver revocando la sentencia recurrida”. La afirmación hecha por la recurrente es totalmente insólita ya que, ella misma en su escrito de “FORMALIZACION DEL RECURSO DE CASACIÓN” en reiteradas veces contradice lo antes afirmado, veamos: 1) En el preámbulo de su escrito de formalización del Recurso de Casación afirma: que viene a FORMALIZAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY interpuesto contra la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 19 de julio del 2007 que confirmó la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de la Sección 2) Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en la “DEMANDA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO O POR OMISION SEA CONDENADO AL PAGO DE PRSETACIONES LABORALES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LEGALES.-PAGO DE AJUSTE SALARIAL.- PAGO DE SALARIOS CAIDOS.- COSTAS.”, que promoviera la señora IDALIA ESPERANZA TERCERO SORIANO....”. 3) En la “ RELACIÓN SINTETICA DE LOS HECHOS” vuelve a repetir que :” En fecha 14 de junio del 2006, la señora IDALIA ESPERANZA TERCERO SORIANO demandando al INSTITUTO NACIONAL AGRARIO promoviendo “DEMANDA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO O POR OMISION SEA CONDENADO AL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y DEAMS INEMNIZACIONES LEGALES.- PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS.- PAGO DE AJUSTE SALARIAL.- PAGO DE SALARIOS CAIDOS.-COSTAS.”, 4) En el Numeral 2.- del acápite “ RELACIÓN SINTETICA DE LOS HECHOS” vuelve a repetir: “ EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) dentro del termino de emplazamiento del fecha 18 de octubre del 2006, contesto “DEMANDA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO O POR OMISION SEA CONDENADO AL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y DEAMS INEMNIZACIONES LEGALES.- PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS.- PAGO DE AJUSTE SALARIAL.- PAGO DE SALARIOS CAIDOS”. ENTONCES: ¿COMO PUEDE LA RECURRENTE AFIRMAR QUE EN LA DEMANDA SOLO SE RECLAMA AJUSTE SALARIAL?.- ¡ES INSOLITO!”. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en la demanda de mérito, se nombro Magistrado Ponente al Abogado ROBERTO LAGOS BANEGAS, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este tribunal se dictase lo que procediera en derecho. CONSIDERANDO: Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por este Honorable Tribunal Supremo, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prosperar. CONSIDERANDO: Que la recurrente Licenciada LEYLA MARIA PAREDES SIERRA, al pretender formular la declaración del alcance de la impugnación, que es el petitum de la demanda lo hace en los siguientes términos: “El presente Recurso Ordinario de Casación tiene por objeto Revocar la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés de fecha 17 de mayo del 2007, que en su parte resolutiva dispone CONDENAR al Instituto Nacional Agrario (INA) al pago de prestaciones sociales e indemnizaciones así como también al reajuste salarial de la trabajadora IDALIA ESPERANZA TERCERO SORIANO por la cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps.842.049.54) al efecto CASAR totalmente la sentencia de Segunda instancia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro sula, Cortés, pronunciada el 19 de julio del 2007 en lo que se refiere a confirmar la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Segundo de Letras del trabajo de la misma Sección Judicial el 17 de Mayo del 2007 y que a su vez condena al INA al pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones Legales, Derechos adquiridos como ser vacaciones, décimo tercer mes en forma proporcional así como también el reajuste salarial de la Trabajadora IDALIA ESPERANZA TERCERO SORIANO; y una vez casada la sentencia de segunda instancia y actuando esta Honorable en sede de instancia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA dicte sentencia en la forma siguiente: POR TANTO: ESTA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos: 134, 135, 303, 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5, 8, 26, 29, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 764 letra a), 765 número 1, 769, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, 187, 192, 420 del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y articulo 89 del Arancel del Profesional del Derecho aprobado por el Decreto número 82-96 del 30 de Mayo de 1996, FALLA: 1) REVOCAR la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro sula, departamento de Cortés de fecha 19 de julio del 2007 que motiva al Recurso de Casación que se ha hecho mérito, en consecuencia: 2.-DECLARA SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora IDALIA ESPERANZA TERCERO SORIANO contra la entidad denominada INSTITUTO NACIONAL AGRARIO Y QUE CONDENE al pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones legales derechos adquiridos como ser vacaciones y Décimo tercer mes en forma proporcional, salarios caídos, así como también al reajuste salarial de la Trabajadora que promoviera IDALIA ESPERANZA TERCERO SORIANO contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), por medio de su representada legalmente por el señor JOSE FRANCISCO FUNES.- 3.- ABSOLVER el presente juicio al INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, por medio de su representante Legal JOSE FRANCISCO FUNES del pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales aguinaldo proporcional, catorceavo mes, asignación del 135% y reajuste del complemento de salario de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras, y de los salarios caídos a títulos de Daños y Perjuicios” CONSIDERANDO: Que la declaración del alcance de la impugnación debe formularse en forma completa, con claridad y precisión, es por ello que en su formulación se deben llenar las formalidades exigidas por la técnica propia del recurso de Casación, puesto que este requisito constituye el petitum de la demanda. CONSIDERANDO: Que la forma en que la recurrente consigna el alcance de la impugnación es incompleto y adolece de claridad y precisión, ya que al proponer el fallo que aspira dicte la Corte en sustitución del impugnado: OMITE un requisito fundamental que debe contener el petitum de la demanda como es la anulación del fallo del Ad-quem, es decir, casar la sentencia recurrida, requisito indispensable, por cuanto significa anular la sentencia impugnada, y al no hacerlo, no le es permitido a este Tribunal declarar con o sin lugar la demanda de mérito y en el numeral primero, solicita: “REVOCAR la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés de fecha 19 de julio del 2007, que motiva al recurso de casación de que se ha mérito”, lo cual es improcedente, ya que este Tribunal al casar la sentencia recurrida, actúa con prescindencia del fallo impugnado.- La presentación de la demanda en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los dos motivos de casación que invoca la recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República 1, y 80 No. 1 de Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 664, 665, 666 letra c), 769, 775, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al Recurso de Casación de que se ha hecho merito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.-TEODOLINDA PINEDA CARDONA.-COORDINADORA.- LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA.- ROBERTO LAGOS BANEGAS.-FIRMA Y SELLO.-MIRNA LIZETTE ALVARADO.- SECRETARIA POR LEY.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central a los siete días del mes de febrero de dos mil ocho, certificación de la sentencia de fecha once de enero de dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación No. 292-07.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL