Sentencia CL-262-07 — Registro 701
Resumen
Primera instancia se declaró con lugar la demanda de prestaciones laborales. Se condenó al patrono al pago de las obligaciones. En segunda instancia se confirmó la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Los artículos 1, 4, 16 numerales 6) y 7), 17 numerales 1) y 2), 122 de la Ley del Registro Nacional de las Personas son de carácter general, inviolables en casación y por tanto, resulta inadmisible el único motivo formulado”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, ordinal 1 , párrafo 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I O N
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de abril del dos mil ocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil siete, por el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), en relación a la demanda ordinaria laboral para que se haga efectivo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, reajuste del salario de conformidad al arancel del profesional del derecho y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil cuatro, por la Abogada DAMICELA SOTO BALLESTEROS, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en Siguatepeque, Departamento de Comayagua, actuando en causa propia, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), a través del Director señor RAMON FRITZNED IZAGUIRRE RODRÍGUEZ, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha diecinueve de junio de dos mil siete, mediante la cual falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta de abril de dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente, dice: “...FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR La demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo escrito, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, reajuste de salario de conformidad al Arancel del Profesional del Derecho; promovida por la señora DAMICELA SOTO BALLESTEROS, de generales expresadas; contra al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, a través del señor RAMON FRITZNED IZAGUIRRE RODRÍGUEZ, también de generales conocidas; II.- Declarar SIN LUGAR la demanda en cuanto al pago de Bono Educativo y otros pagos, se exonera a la Institución del pago de estos conceptos.- III.- CONDENAR AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, a través del señor RAMON FRITZNED IZAGUIRRE RODRÍGUEZ, al pago TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CATORCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (LPS.365.014.42) por los siguientes conceptos: Reajuste al salario mínimo desde el 09 de julio del 2003, al 12 de agosto del 2004, LPS.162,666.72; mas las prestaciones e indemnizaciones laborales correspondientes: Preaviso LPS.51.333.34; Auxilio de Cesantía LPS.77,000.01; Auxilio de Cesantía Proporcional LPS.23,810.23; Vacaciones proporcionales LPS.15,879.19; Aguinaldo proporcional LPS.12,306.00; Decimocuarto mes proporcional LPS.1,806.00; Reajuste de Vacaciones LPS.7,220.93; Reajuste de Bonificación LPS.12,992.00; más los salarios dejados de percibir desde al fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia definitiva.- SIN COSTAS...”. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia, dictó sentencia en fecha dos de agosto de dos mil siete, mediante la cual resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición expresada, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha diecinueve de junio de dos mil siete, de que se ha hecho mérito, ordenando asimismo, se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo el traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara la demanda de casación. RESULTA: Que en fecha diecinueve de septiembre de dos mil siete, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, de generales conocidas, formulando el Recurso de Casación, que en su oportunidad interpuso, el cual fundamentó de la manera siguiente: “...DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION Conforme a la doctrina laboral, este requisito constituye, “El Petitum” del Recurso Formal y Extraordinario, como es el de Casación, en el que debe determinarse el alcance de la acusación o sea si se persigue el quebrantamiento total o parcial del fallo recurrido o si es parcial, en el presente caso me propongo con el presente recurso, desquiciar la sentencia recurrida en forma total en su parte resolutiva confirma la de primera instancia en cuanto que declara con lugar la demanda, Sentencia que dice: “POR TANTO: Esta CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO Impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por MAYORIA DE VOTOS, por haber disentido la Magistrada KAFFATY ALVARADO y en aplicación de los artículos: 134, 135, 303 Y 304 de la Constitución de la Republica; 1 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 665, 666 letra b), 672, 699 párrafo segundo, 760 y 858 del Código del Trabajo; EN RELACIÓN ESTA ÚLTIMA DISPOSICIÓN LEGAL CON LOS ARTÍCULOS 183, 184, 187 REFORMADO, 188, 189, 190, 192 Y 200 DEL Código de Procedimientos Civiles; Decreto Ejecutivo No. 82-96 de fecha 30 de mayo 1996 y 89 del Arancel del Profesional del Derecho; FALLA: 1) Declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMÍREZ, accionando como Apoderado Apelante-Demandado.- 2) CONFIRMANDO la Sentencia definitiva proferida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta de abril del año dos mil siete, y que corre agregada a folios 73 y 74 de la primera pieza de autos. SIN COSTAS en esta instancia.- MANDA. Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados de esta sentencia a los apoderados de las partes en litigio y una vez firme el presente fallo vuelvan las diligencias de merito al juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes. Redacto el Magistrado HERNÁNDEZ BARAHONA. Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia. Firman para constancia los señores magistrados y el secretario del despacho que da fe”. La parte Resolutiva anteriormente transcrita es la que considero debe anularse totalmente, y casada esta la Honorable Corte Suprema de Justicia acto seguido y en sede de instancia deberá sustituirla por la que en derecho corresponde así: POR TANTO: ESTA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, y en aplicación de los artículos 134, 135, 303, 314 y 319 de la constitución de la Republica; 1, 80 numeral 1), 137 de la Ley de Organización y atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 18, 664, 666 literal c), 696, 702, 709, 710, 711, 712, 729, 738, 739, 740 numeral 3), 764 inciso a), 765 causal 1), 777, 778 del Código del Trabajo; 1 reformado, 4, 16 numerales 6) y 7), 17 numerales 1) y 2), 122 de la Ley del Registro Nacional de las Personas; 1 y 3 del Código de Civil, FALLA: PRIMERO: CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 19 de junio del año 2007, que motiva el presente Recurso de Casación de que se hace mérito. SEGUNDO: Declarar sin lugar la demanda Ordinaria Laboral para que se haga efectivo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo escrito, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, reajuste del salario de conformidad al Arancel del Profesional del Derecho, promovida por el ciudadana DAMICELA SOTO BALLESTEROS, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) a través de su Representante Legal en funciones, en consecuencia ABSUELVE al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) de todo lo solicitado en la Demanda.- TERCERO: CON COSTAS. EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO. Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva de Orden Nacional, por infracción directa de los artículos 1, 4, 16 numerales 6) y 7), 17 numerales 1) y 2), 122 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, relacionados con los artículos 205 y 206 de la Constitución de la república, 1 y 3 del Código Civil, estos últimos en lo que se refiere a la aplicación del Arancel del Profesional del Derecho. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación esta comprendido con el Ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del código del trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: De acuerdo con la Jurisprudencia laboral de casación y la Doctrina Laboral la Infracción directa tiene lugar en los casos de que a un hecho que no se discute o debidamente evidenciado no se le apliquen las normas que lo regulen o que se apliquen estas a un hecho inexistente. En el caso concreto que nos ocupa la Corte Sentenciadora siendo evidente el caso no le aplico las normas laborales invocadas por lo que en tal razón su fallo no esta fundamentado conforme a derecho. Siendo evidente en Juicio el caso que nos ocupa en lo que se refiere a la obligación de juzgar el mismo bajo lo dispuesto por los artículos 1, 4, 16 numerales 6) y 7), 17 numerales 1) y 2), 122 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, y 205 y 206 de la Constitución de la República en cuanto a la aplicación del Arancel del Profesional del Derecho, y no haciéndolo la Corte Acusada, consideramos que el caso se encuentra comprendido en lo que señala la doctrina para los casos de infracción directa de la Ley. Las normas sustantivas de Orden Nacional invocadas en el presente caso han sido violadas en la sentencia acusada por las razones siguientes: Al margen de todo medio probatorio es evidente en juicio: 1.- Que la demandante fue destituida del cargo de Procuradora Civil Regional en el Registro Civil Regional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, por el demandado o sea por el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), en virtud de la Reorganización que se llevó a cabo en el Registro Nacional de las Personas, mediante la cual por acuerdo número 68 en cumplimiento a lo resuelto en el acta de la sesión ordinaria celebrada por el pleno de ese organismo el día jueves 22 de julio del 2004 se acordó cancelar todas las plazas de Procuradores Civiles Regionales, dentro de las cuales se encontraba la de la demandante señora DAMICELA SOTO BALLESTEROS, ordenando pagarle sus prestaciones laborales tal como lo establece el artículo 122 de la ley del Registro Nacional de las Personas, facultad que dio al pleno de la institución ese artículo para proceder a cancelar la plaza que ocupaba la señora Damicela Soto Ballesteros y por consiguiente a su persona.- Está plenamente acreditado en juicio que una vez cancelada la demandante, se procedió a elaborar el cheque del pago de sus prestaciones laborales, las que nunca se le negaron y que nunca quiso cobrar; asimismo, la demandante solicita el pago de sus prestaciones laborales con el reajuste en aplicación del Arancel del profesional del derecho, lo que mi representada se ha opuesto por considerar que no procede la aplicación del referido Arancel ya que el Colegio de Abogados de Honduras no tiene funciones legislativas, en virtud de lo que establecen los artículos 205 y 206 de la Constitución de la República, donde en ellos se establece que crear, decretar, interpretar, reformar y derogar leyes, es atribución exclusiva del Poder Legislativo, asimismo, que las funciones del Poder Legislativo son indelegables: las disposiciones del Arancel del Profesional del Derecho solo pueden aplicarse a los miembros del referido Colegio, a las relaciones que dichos miembros establezcan y que sean aceptadas por los particulares, pero no pueden válidamente aplicarse una disposición que no tiene carácter legislativo a una Institución Pública como lo es el Registro Nacional de las Personas.- Todo lo anterior con el estudio de las piezas de la Demanda está claramente explicado las razones por las que consideramos no somos del criterio de que se aplique ese Arancel específicamente en su artículo 89. 2.- Que el Acuerdo de destitución reúne los requisitos requeridos exigidos por la Ley Laboral tal como lo dispone los artículos 1, 4, 16 numerales 6) y 7), 17 Numerales 1) y 2), 122 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Ante la evidencia sin discusión ni duda en el Juicio sobre la existencia de la acción de despido directo la doctrina y la Jurisprudencia Laboral establece que es obligación del Patrono Probar la justa causa del Despido, y así lo recoge el articulo 113 interpretado del Código del Trabajo, y es así que el patrono debe probar la causa que invoco y señalo concretamente en el Acuerdo de destitución, en el caso que nos ocupa el patrono probó la causa legal y justa en su acción en virtud de haberla invocado en el acuerdo de destitución en forma concreta; en el acuerdo de destitución se indican los motivos que mi representada tuvo para destituir a la demandante y que están plenamente probados en juicio; existen precedentes en los mismos términos dictados por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. Al no aplicarse por la Corte Acusada las normas sustantivas de orden nacional invocadas y contenidas en los artículos 1, 4, 16 numerales 6) y 7), 17 numerales 1) y 2), 122 de la Ley del Registro Nacional de las personas, relacionados con los artículos 205 y 206 de la Constitución de la República en cuanto al pago de reajuste conforme al Arancel del Profesional del Derecho, normas que debieron ser aplicadas ante la evidencia indiscutible del hecho sin discusión objeto de la demanda incoada, es evidente la violación alegada en el presente motivo. En consecuencia de lo anteriormente expuesto es evidente que procede se case la sentencia en el presente motivo”. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha veinte de septiembre del año dos mil siete, mediante la cual tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, y por formulada en tiempo la demanda de casación, ordenando en consecuencia dar traslado al opositor por el término de diez días, para que contestara dicha demanda, haciéndolo en fecha once de octubre de dos mil siete, la Abogada DAMICELA SOTO BALLESTEROS, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en Siguatepeque, Departamento de Comayagua, actuando en causa propia, de la siguiente manera: “...DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION Se rechaza el alcance de la impugnación que el recurrente persigue en virtud de carecer de derecho su representada. El recurrente solicita en un POR TANTO que es lo que debe hacer la Honorable Corte Suprema de Justicia, cuando el artículo 777 del Código del trabajo establece el momento cuando el ponente puede formular el proyecto se sentencia, saliéndose en este caso del formalismo riguroso que requiere la Demanda de casación. A LA EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN El motivo de la demanda de casación deben desestimarse por las siguientes razones: AL UNICO MOTIVO La Honorable Corte Suprema de Justicia podrá observar las irregularidades en que incurre el casacionista, por la falta de claridad y precisión, así como entra en alegatos de primera instancia, en el motivo que formula, del cual me pronuncio de la siguiente manera: 1.- Alega el recurrente, en el primer y único motivo, la violación a las leyes sustantivas de orden Nacional por infracción directa, de los artículos 1, 4, 16 numerales 6) y 7), 17 numerales 1) y 2), 122 de la ley del Registro Nacional de las Personas relacionados con los artículos 205 y 206 de la constitución de la República, 1 y 3 del Código Civil estos últimos a los que se refiere a la aplicación del Arancel del Profesional del Derecho, ya que según el casacionista no se aplico las normas laborales invocadas, entrando el mismo en una contradicción ya que al momento de señalar las leyes que supuestamente fueron violadas no cita ningún articulo del Código del trabajo. 2.- En relación con los artículos 1, 4, 16, numerales 6 y 7, 17 numerales 1 y 2, 122 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, que el casacionista pretende asegurar que fueron violados, se olvida que las normas de La Ley del Registro Nacional de Las Personas son normas inviolables para los efectos del recurso de casación, dichos artículos lo que contienen es lo siguiente en lo que se refiere a los artículos 1 y 4 lo que contiene es unas definiciones, los artículos 16 y 17 una serie de atribuciones y en particular el articulo 122 de dicha ley, lo que contiene es la forma como iba a ser evaluado el personal del Registro Nacional de Las Personas y en su parte principal que se iba a contratar una firma consultora extranjera de probada experiencia en la materia, firma esta que evaluaría en ese momento el personal, condición esta que nunca ocurrió, y al momento de elaborar mi acuerdo de cancelación se fundamentan en el párrafo cuarto de dicho artículo, interpretando solo en la parte que les conviene el citado articulo; violentando las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo específicamente el articulo 112 y 113 inciso a), olvidándose que quien regula las relaciones laborales entre patrono y trabajadores, en el caso concreto es dicho cuerpo legal. Es mas que al haber el Registro Nacional de las Personas terminado la relación de trabajo sin alegar justa causa, convirtió el despido del cual fui objeto en ilegal y además en injusto, ya que el articulo 122 de la ley del Registro Nacional de las Personas no se encuentra entre las causales que facultan al Patrono para dar por terminado el Contrato de Trabajo sin responsabilidad de su parte Así mismo el recurrente al hacer mención de mi despido incorrectamente usa el termino “destitución (palabra incorrectamente usada) y señala como fundamentos legales los mismos artículos anteriormente citados de la Ley del Registro nacional de las Personas, incluso dice literalmente “Que el acuerdo de destitución reúne los requisitos requeridos exigidos por la Ley laboral tal como lo dispone los artículos 1, 4, 16 numerales 6 y 7, 17 numerales 1 y 2, 122 de la ley del registro Nacional de las Personas” asumiendo con esto que la Ley del Registro Nacional de las Personas es una Ley Laboral y no se fundamenta en las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo. 3.- En ningún momento existe violación a los artículos 205 y 206 de la Constitución de la República, 1 y 3 del Código Civil estos últimos a los que se refiere a la aplicación del Arancel del Profesional del Derecho, en virtud de que ya fue analizado y resuelto por la Sala de lo Constitucional que el Arancel del Profesional del derecho es UN INSTRUMENTO JURIDICO DE APLICACION OBLIGATORIA. Y que la sentencia dictada por la corte de Apelaciones confirmando el fallo dictado en primera instancia esta estrictamente apegada a derecho como ha quedado demostrado en el presente juicio, por lo que no procede el recurso de casación plateado”. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, en la demanda de mérito se nombró Magistrada ponente a LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien en su oportunidad informo tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediere conforme a derecho. CONSIDERANDO: Que el Recurrente, Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, apoderado del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), en su primer motivo alega: “Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva de Orden Nacional, por infracción directa de los artículos 1, 4, 16 numerales 6) y 7), 17 numerales 1) y 2), 122 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, relacionados con los artículos 205 y 206 de la Constitución de la República, 1 y 3 del Código Civil, estos últimos en lo que se refiere a la aplicación del Arancel del Profesional del Derecho. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación esta comprendido en el Ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del código del trabajo.” Pero los artículos 1, 4, 16 numerales 6) y 7), 17 numerales 1) y 2), 122 de la Ley del Registro Nacional de las Personas son de carácter general, inviolables en casación y por tanto, resulta inadmisible el único motivo formulado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303, 313 numeral 5), 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 776, 777 y 858 del Código de Trabajo. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de Casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. SELLO Y FIRMAS. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. COORDINADORA. ROBERTO LAGOS BANEGAS. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. SELLO Y FIRMA. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil ocho, certificación de la sentencia de fecha 8/4/2008, recaída en el Recurso de Casación Laboral No.262-07.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL