Sentencia CL-135-06 — Registro 647
Resumen
La trabajadora interpuso la demanda para la legitimidad y procedencia de una acción y aprovechamiento patronal de una situación angustiosa. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de segunda instancia que falló refirmando la sentencia definitiva dictada en primera indsancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"CONSIDERANDO: Que en la forma que el Recurrente consigna el alcance de la impugnación, el numeral 3 de su parte resolutiva colisiona con normas constitucionales y del trabajo y seguridad social en lo relativo a los derechos adquiridos del trabajador; al pretender que se case totalmente la sentencia de segunda instancia, lo cual implicaría la anulación total del fallo y éste incluye en el tercer pronunciamiento la condena al pago de los derechos adquiridos de la trabajadora demandante por los conceptos de: vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional y décimo cuarto mes proporcional, por lo que en este caso el Impetrante independientemente de la parte que representa debió solicitar casar parcialmente la sentencia, por tratarse de derechos adquiridos que por ley son irrenunciables, y aún cuando se tratase de despido justificado deben otorgársele al trabajador, y este Tribunal en el marco del principio de legalidad no puede soslayar su obligación de defender el cumplimiento estricto de la ley. En la forma que se ha estructurado el petitum de la demanda, en caso de prosperar el recurso, acarrearía inobservancia a normas de ineludible cumplimiento, y no siendo lícito al Tribunal entrar a suplir oficiosamente las deficiencias en el planteamiento del mismo, el defecto anteriormente relacionado impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de Casación que invoca el Recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho mérito."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., veintiseis de febrero del dos mil ocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia el fecha doce de junio de dos mil seis, por el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada CAN & CAN DE HONDURAS, S.A.; en relación a la demanda para la legitimidad y procedencia de una acción y aprovechamiento patronal de una situación angustiosa, promovida ante el Juzgado Primero de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecisiete de agosto de dos mil cinco, por la señora LETICIA LOPEZ PAVON, mayor de edad, soltera, trabajadora de maquila, hondureña y con domicilio en el Municipio de San Manuel, departamento de Cortés, en contra de la empresa mercantil denominada CAN & CAN DE HONDURAS, S.A., a través de su Gerente y Representante legal señor DAE YUNG, mayor de edad, casado. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintiuno de marzo de dos mil seis, emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló: “FALLA: REFORMANDO la sentencia definitiva, dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional del Trabajo de ésta ciudad, en fecha nueve de Febrero del corriente año, (2006) en las diligencias iniciadas con la demanda laboral de la referencia, reforma que se contrae: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR, la Demanda Laboral para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Legales y costas del Juicio, por despido verbal injusto, en una situación angustiosa, promovida por LETICIA LOPEZ PAVON, contra la Empresa Mercantil denominada CAN & CAN HONDURAS, S.A., a través de su Representante Legal el señor SON TAE KIN.- SEGUNDO: CONDENAR: A la Empresa Mercantil denominada CAN & CAN HONDURAS, S.A. a través de su Representante Legal el señor SON TAE KIN, a pagar a la trabajadora demandante LETICIA LOPEZ PAVON, la cantidad de SESENTA Y DOS MIL, SESENTA LEMPIRAS, CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS, (LPS.62,060.69), por los conceptos siguientes: Preaviso: Ocho mil, doscientos un lempiras, con ochenta y cinco centavos, (Lps.8,201.85); Auxilio de Cesantía: Cincuenta y tres mil, trescientos doce lempiras, con cinco centavos, (Lps.53,312.05); Auxilio de Cesantía Proporcional: Quinientos Cuarenta y seis lempiras, con setenta y nueve centavos, (Lps.546.79); TERCERO: CONFIRMAR, la sentencia definitiva apelada, en lo referente a los montos y conceptos establecidos en primera instancia, eso es: Vacaciones proporcionales, Décimo Tercer Mes proporcional y Décimo Cuarto Mes proporcional, haciendo un gran total de SESENTA Y CUATRO MIL, CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS, CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS, (LPS.64,169.74)”. RESULTA: Que en sentencia de fecha dieciocho de abril de dos mil seis, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por el Abogado CESAR AUGUSTO SOMOZA ALVARENGA, en su condición de apoderado legal de la empresa CAN & CAN DE HONDURAS, S.A., y dispuso dar traslado de los autos al recurrente para que en el término de veinte (20) días procediera a formalizar su recurso. RESULTA: Que en fecha doce de junio de dos mil seis, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ, de generales y condición ya indicadas, formalizando su recurso de la manera siguiente: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION. Con el presente Recurso de Casación se persigue que la Honorable Corte Suprema de Justicia CASE totalmente la Sentencia Definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula de fecha 21 de Marzo de 2006 y una vez casada dicha sentencia, en sede de instancia la Honorable Corte Suprema de Justicia FALLE así: “… POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a través de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS; y en aplicación de los Artículos: 134, 135 y 303 de la Constitución de la República; 1 y 137 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 113 interpretado mediante decreto Legislativo No. 89 del 23 de Diciembre de 1969, 664, 665, 666 letra c), 672, 699 párrafo primero, 773, 778, 858 y 863 del Código del Trabajo; 183, 184, 187 reformado, 190 y 192 del Código de Procedimientos Comunes; FALLA: 1.- Casando totalmente la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula de fecha 21 de Marzo de 2006; 2.- Declara Sin Lugar la demanda ordinaria laboral de legitimidad y procedencia de la acción, aprovechamiento patronal de una situación angustiosa respectiva promovida por Leticia López Pavón en contra de la Sociedad Mercantil CAN & CAN DE HONDURAS, S.A. a través del Gerente General DAE YUNG; 3.- Absuelve de toda responsabilidad laboral a la Sociedad Mercantil CAN & CAN DE HONDURAS, S.A. a través del Gerente General DAE YUNG para con Leticia López Pavón; 4.- Con Costas”. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: Ser la Sentencia Violatoria del Artículo 105 interpretado del Código del Trabajo por interpretación errónea. PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal 1º. Párrafo primero del Código del Trabajo. LA VIOLACION SE EXPLICA ASI: El artículo 105 interpretado del Código del Trabajo (interpretado mediante Decreto No. 96 con vigencia desde el 16 de Junio de 1961) dispone: “Una vez transcurrido el término de seis (6) meses a que se refier4e el párrafo primero del artículo anterior, el patrono podrá dar por terminado el contrato de trabajo cubriendo al trabajador el importe del preaviso, el auxilio de cesantía y demás indemnizaciones que pudieran corresponder a éste en virtud de disposiciones especiales. Pero el patrono no asumirá la responsabilidad a que se refiere este artículo, si requerido el trabajador por conducto del ministerio del trabajo y previsión social, no manifiesta su propósito de reanudar permanentemente su labor”. Lo subrayado y negrita es nuestro. El artículo 105 hace referencia al párrafo primero del artículo 104 también del Código del Trabajo, que establece: “En el caso del inciso 7º del artículo 100, si el trabajador es víctima de una enfermedad que no sea profesional ni causada por accidente de trabajo, tiene derecho a la correspondiente suspensión de su contrato de trabajo hasta por seis meses, pasados los cuales el patrono podrá dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte”. No se discute que la trabajadora fue objeto de una enfermedad no profesional consistente en trombocitopénica trombótica, igualmente no se discute que como consecuencia de ese diagnóstico se le concedió su derecho a la suspensión de su contrato de trabajo por seis meses. De igual manera es aceptado por las partes que se practicó el requerimiento por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que al efectuarse el mismo la trabajadora NO MANIFESTO SU PROPOSITO DE REANUDAR PERMANENTEMENTE SU LABOR. (seguramente por el delicado estado de salud, lo cual era comprensible). El verdadero alcance del artículo 105 es que si practicado el requerimiento a que hace referencia el trabajador no manifiesta su propósito de reanudar permanentemente su labor el patrono no está obligado a pagar los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía y demás indemnizaciones que pudieran corresponder, pero en el caso que nos ocupa la Corte sentenciadora dio un alcance equivocado al que verdaderamente tiene la ley y que se despende de su propio texto, pues resulta que a pesar de ser aceptado que practicado el requerimiento ya mencionado la trabajadora LETICIA LOPEZ PAVON no manifestó su propósito de reanudar permanentemente su labor, pero a pesar de ello y de la claridad del texto del artículo 105, en la sentencia se condena a mi representada al pago de aquellos conceptos, cuando lo correcto era absolver al patrono de toda responsabilidad laboral para con la trabajadora. En tal sentido confrontada la ley con la sentencia recurrida observamos que en esta última se interpretó erróneamente la Ley, ya que en esa sentencia se condena al patrono al pago de los conceptos ya mencionados, cuando el verdadero sentido de la ley, es que transcurrido los seis meses de la suspensión del contrato de trabajo como consecuencia que el trabajador es víctima de una enfermedad no profesional, en tales casos si requerido por conducto de la Secretaría del Trabajo y Seguridad social no manifiesta su propósito de reanudar permanentemente su labor, esa terminación del Contrato se produce SIN RESPONSABILIDAD DE PARTE DEL PATRONO, pero la Corte recurrida en este caso condenó al patrono,, violando la Ley, al interpretar erróneamente el artículo 105 del Código del Trabajo. Por lo explicado considero que es procedente CASAR l sentencia recurrida en el presente motivo de casación. SEGUNDO MOTIVO: Ser la Sentencia Violatoria del Artículo 113 párrafo; primero del Código del Trabajo, interpretado mediante Decreto Legislativo No. 89 del 23 de Diciembre de 1969, por Aplicación Indebida. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal 1º. Párrafo primero del Código del Trabajo. El artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo (interpretado mediante Decreto Legislativo No. 89 del 23 de Diciembre de 1969) dispone que la terminación del Contrato conforme una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que en sujeción de las normas procesales del presente código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”. En este caso la Corte recurrida al condenar a mi representada aplicó indebidamente el artículo 113 párrafo primero, cuando lo correcto era aplicar lo dispuesto en el artículo 105 interpretado del mismo Código, ya que, el artículo 113 debe aplicarse cuando la terminación del Contrato se produce conforme a una de las causas señaladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, casos en los cuales el trabajador tiene el derecho de emplazar a su patrono para que le pruebe dicha causa, precisamente por ello en el presente caso la trabajadora no emplazó a su patrono para que le probase la justa causa, sino que la demandada fue para la legitimidad y procedencia de la acción, en tal sentido, en vista que la terminación del contrato en este caso fue porque transcurrido los seis meses de la suspensión del contrato de trabajo como consecuencia que la trabajadora fue víctima de una enfermedad no profesional, y siendo requerida por conducto de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social no manifestó su propósito de reanudar permanentemente su labor, esa terminación del Contrato según el artículo 105 del Código del Trabajo, se produce SIN RESPONSABILIDAD DE PARTE DEL PATRONO, por consiguiente esta era la norma que la Corte recurrida debió aplicar y en tal sentido debió absolver de toda responsabilidad laboral a mi representada, lo cual no hizo, y aplicando indebidamente el artículo 113 párrafo primero del mismo Código condenó a mi representada, lo cual resulta incorrecto por lo que se ha explicado. Por todo lo anterior considero es procedente Casar la Sentencia en el presente motivo de casación”. RESULTA: Que en providencia de fecha trece de junio de dos mil seis, este Tribunal tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación por parte del recurrente y dio traslado al opositor para que en el término de diez días contestara dicha demanda, haciéndolo el Abogado JUAN JOSE MARTINEZ ESPINAL, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderado legal de la señora LETICIA LOPEZ PAVON, en fecha veintinueve de junio de dos mil seis, de la manera siguiente: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION. En este epígrafe de la demanda de casación, que constituye EL PETITUM, el recurrente propone: “Con el presente Recurso de Casación se persigue que la Honorable Corte Suprema de Justicia CASE totalmente la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula de fecha 21 de marzo de 2006…” Al dictar su sentencia la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, Seccional de San Pedro Sula, en cumplimiento absoluto de la ley, reformó la sentencia de primera instancia, declarando con lugar la demanda promovida, en segundo término condenar al pago del preaviso y de la cesantía causada y proporcional que pertenece a LETICIA LOPEZ PAVON, en su ordinal tercero Confirmar, la Sentencia definitiva apelada, en lo referente a los montos y conceptos establecidos en Primera Instancia, esto es: Vacaciones proporcionales, Décimo Tercer mes proporcional y Décimo cuarto mes proporcional haciendo un gran total de…” El recurrente pretende –repetimos- que se anule TOTALMENTE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA y en ese orden que la sentencia de casación anule, también, la condena de los derechos adquiridos que en este aspecto es definitiva y firme para todos los efectos legales, en virtud de que CAN & CAN HONDURAS, S.A. no apeló de la sentencia de primera instancia. No s puede infirmar un aspecto legal o anular una condena basada en autoridad de cosa juzgada. Al proponer el recurrente que la Honorable Corte Suprema de Justicia ignore tan trascendental como incuestionable extremo, se está ubicado el recurso en una situación de absoluto rechazo, sin mas trámite. IMPUGNACION AL PRIMER MOTIVO DE CASACION. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo Seccional de la ciudad de San Pedro Sula, no interpretó erróneamente el artículo 105 del Código del Trabajo –como quiere el recurrente acusar- sino que deriva todo el contexto interpretativo del artículo 111 ordinal 4º del Código del Trabajo que enumera las causas DE TERMINACION de los contratos de trabajo y en el específico ordinal “enfermedad del trabajador en el caso previsto por el artículo 104” asumiendo como fundamento toral que la enfermedad que padece LETICIA LOPEZ PAVON es una enfermedad permanente y no una enfermedad temporal, que ameritase o que diera lugar al procedimiento contemplado en el artículo 104 indicado. Lo que expresa con su interpretación la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en su sentencia es la equidad o sea la justicia del caso concreto, de frente a la iniquidad o sea de usar la ley como instrumento para evitarse el pago completo de las prestaciones y demás derechos que corresponden a una trabajadora, porque en vez de pagarle lo que correspondía a trece años, un mes y quince días de servicio le pagó únicamente seis meses por incapacidad laborativa por una enfermedad no profesional. Y es un aprovechamiento patronal: En la práctica los artículos 104 y 105 del Código del Trabajo perdieron su vigencia por la puesta en aplicación de la Ley del Seguro Social y su Reglamento en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, porque la mayor parte de las empresas y, en especial, las que se dedican a la industria de la maquila tienen cubierto estos riesgos generales o específicos mediante cotización al Instituto Hondureño de Seguridad Social; La demandada –en sentido tremendamente ahorrativo- no tiene asegurados a sus trabajadores en el IHSS para estos riesgos y probado está que la maquila vecina –que está ubicada en el mismo parque industrial- si tiene asegurados a sus trabajadores. IMPUGNACION AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. El recurrente habla en este segundo motivo de Casación de Aplicación Indebida con respecto al artículo 113, párrafo primero, del Código del Trabajo. Pregona que debió el trabajador o la trabajadora emplazar al patrono para que probara la justa causa del despido y utilizando un método equívoco de entendimiento narra que la demanda es de “LEGITIMIDAD Y PROCEDENCIA DE LA ACION” que son adjetivos que califican un concepto legal y no es el concepto mismo, sin agregar el comentario de la suma de la demanda en cuanto a “APROVECHAMIENTO PATRONAL DE UNA SITUACION ANGUSTIOSA” que es lo que debió de prever. Lo cierto es que en materia legal no solo existe una forma de accionar, como predica el recurrente. Sino que las diversas circunstancias en la dinámica en estos asuntos, produce ubicaciones diversas que se llaman a veces demanda ordinaria, demanda de primera instancia, demanda de emplazamiento y otros que pueden darse y no necesariamente lo que pretende el recurrente: De manera que no se puede tomar en cuenta este concepto especial de aplicación indebida porque el supuesto “de emplazamiento” no es una cuestión rígida ni determinante. Y aún mas: De nuevo se recurre a la iniquidad como fin: al pretender se aplique el artículo 105 del Código del Trabajo y así se lee “SE PRODUCE SIN RESPONSABILIDAD DE PARTE DEL PATRONO” y se concluye en este segundo motivo “en tal sentido debió absolverse de toda responsabilidad laboral a mi representada, lo cual no hizo…” El punto de partida y el punto de conclusión de este motivo es el mismo: EVITARSE no solamente el pago del preaviso y del auxilio de cesantía –como también el pago de los derechos del preaviso y del auxilio de cesantía- como también el pago de los derechos adquiridos que de acuerdo al folio 75 letra g) de la primera pieza de los autos “el cheque se encuentra en la Administración” y se repite este hecho e el folio 113 vuelto letra g) de las alegaciones de la contraparte”. RESULTA: Que no habiéndose solicitado el señalamiento de audiencia, se nombró Magistrada Ponente a LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien en su oportunidad informó tener elaborado el proyecto respectivo; ordenando éste Tribunal que se dictase la sentencia que procediere en derecho. CONSIDERANDO: Que toda demanda de Casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere. CONSIDERANDO: Que el Recurrente, Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ, apoderado de la sociedad CAN & CAN DE HONDURAS, S.A., en su demanda de Casación, al formular la declaración del alcance de la impugnación, que constituye el petitum de la demanda, el proyecto del fallo que aspira dicte la Corte en sustitución del impugnado lo hace en la forma siguiente: “POR TANTO: La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a través de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS; y en aplicación de los Artículos 134, 135 y 303 de la Constitución de la República; 1 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 113 interpretado mediante Decreto Legislativo No. 89 del 23 de Diciembre de 1969, 664, 665, 666 letra c), 672, 699 párrafo primero, 773, 778, 858 y 863 del Código del Trabajo; 183, 184, 187 reformado, 190 y 192 del Código de Procedimientos Comunes; FALLA: 1.- Casando totalmente la Sentencia Definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula de fecha 21 de Marzo de 2006; 2.- Declara Sin lugar la demanda ordinaria laboral de legitimidad y procedencia de la acción, aprovechamiento patronal de una situación angustiosa respectiva promovida por Leticia López Pavón en contra de la Sociedad Mercantil CAN & CAN DE HONDURAS, S.A., a través del Gerente General DAE YUN; 3. Absuelve de toda responsabilidad laboral a la Sociedad Mercantil CAN & CAN DE HONDURAS, S.A. a través del Gerente General DAE YUNG para con Leticia López Pavón; 4.- Con costas.”
CONSIDERANDO: Que en la forma que el Recurrente consigna el alcance de la impugnación, el numeral 3 de su parte resolutiva colisiona con normas constitucionales y del trabajo y seguridad social en lo relativo a los derechos adquiridos del trabajador; al pretender que se case totalmente la sentencia de segunda instancia, lo cual implicaría la anulación total del fallo y éste incluye en el tercer pronunciamiento la condena al pago de los derechos adquiridos de la trabajadora demandante por los conceptos de: vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional y décimo cuarto mes proporcional, por lo que en este caso el Impetrante independientemente de la parte que representa debió solicitar casar parcialmente la sentencia, por tratarse de derechos adquiridos que por ley son irrenunciables, y aún cuando se tratase de despido justificado deben otorgársele al trabajador, y este Tribunal en el marco del principio de legalidad no puede soslayar su obligación de defender el cumplimiento estricto de la ley. En la forma que se ha estructurado el petitum de la demanda, en caso de prosperar el recurso, acarrearía inobservancia a normas de ineludible cumplimiento, y no siendo lícito al Tribunal entrar a suplir oficiosamente las deficiencias en el planteamiento del mismo, el defecto anteriormente relacionado impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de Casación que invoca el Recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los
artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 776, 777 y 858 del Código de Trabajo. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA.- COORDINADORA.- ROBERTO LAGOS BANEGAS.- TEODOLINDA PINEDA CARDONA.- FIRMA Y SELLO.- MIRNA LIZETTE ALVARADO.- SECRETARIA POR LEY.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central a los doce días del mes de marzo de dos mil ocho, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de febrero de dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación No. 135-06.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL.