Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-372-06 — Registro 757

Resumen

El trabajador interpuso demanda Laboral para que se le pagaran sus prestaciones sociales. El juzgado condenó al patrono al pago de las prestaciones sociales. La corte de apelaciones confirmó el fallo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que la forma en que la recurrente formula el alcance de la impugnación, lo hace en forma incompleta, ya que en el fallo sustitutivo propuesto omitió pronunciarse sobre el incidente de tachas opuesto por el apoderado demandado, olvidando el recurrente que una vez casada la sentencia, esta Corte convertida en sede de instancia, dicta el fallo que en derecho corresponde, con prescindencia del fallo impugnado, por lo que la recurrente en el proyecto del fallo sustitutivo propuesto, debió pronunciarse sobre el incidente de tachas antes señalado.- La defectuosa presentación de la demanda en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los dos motivos de casación que invoca la recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho mérito".

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

C E R T I F I C A C I O N

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., Veinte de Junio del año de Dos Mil Siete. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación por Infracción de Ley, formalizando ante este Tribunal en fecha siete de febrero de dos mil siete, por la Abogada MARTA ELENA CHINCHILLA, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en su condición de Apoderada legal del señor JOSE RAMON MATA; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales y derechos adquiridos en virtud de despido directo, ilegal e injusto, pago de salarios causados, salarios caidos, más las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, el cuatro de octubre de dos mil cinco, por el señor JOSE RAMON MATA, mayor de edad, casado, hondureño, electricista y con domicilio en Chamelecon, Cortés, en contra de la Sociedad Mercantil denominada TRANSPORTES Y ENCOMIENDAS DE CARGA “MEJIA”, S. DE R.L. DE C.V., representada por el señor HERNAN MEJIA, mayor de edad, casado, hondureño y del mismo domicilio.-El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha nueve de noviembre de dos mil seis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés; que reformó el numeral uno de sentencia dictada por el Juzgado de Letras Segundo Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, el cuatro de octubre de dos mil seis en el sentido de que declaró no ha lugar, el incidente de tacha propuesta por el Abogado Jacobo Bautista en su condición de Apoderado Legal de la demandada sociedad TRANSPORTE Y ENCOMIENDA DE CARGA MEJIA, y confirmó la referida sentencia en todas sus demás partes.; sentencia del aquo que declaró Sin Lugar la demanda de mérito en cuanto a las prestaciones laborales, los salarios caídos y costas del juicio, mas no así en cuanto a los derechos adquiridos, en consecuencia Exoneró a la Sociedad demandada por dichos conceptos y condenó a la Sociedad Mercantil denominada TRANSPORTES Y ENCOMIENDA DE CARGA MEJIA, S. DE R.L. DE C.V., a través de su representante legal señor HERNAN MEJIA, a pagar al trabajador demandante JOSE RAMON MATA en concepto de derechos adquiridos DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (LPS.2,897.14), desglosados así: Vacaciones Proporcionales la cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (LPS.863.62), Aguinaldo Proporcional la cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (LPS. 1,734.71), catorceavo mes proporcional la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (LPS. 388.81). SIN COSTAS.... RESULTA: Que mediante sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil seis, este Tribunal RESOLVIO: Admitir el Recurso de casación interpuesto por la Abogada MARTHA ELENA CHINCHILLA RODRIGUEZ, actuando en su condición de Apoderada legal del señor JOSE RAMON MATA, contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y DISPUSO: Que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, para que en el término de veinte días procediera a formular por escrito la demanda de casación. RESULTA: Que en fecha siete de febrero de dos mil siete, compareció ante este Tribunal la Abogada MARTHA ELENA CHINCHILLA, de generales ya expresadas y en su carácter de apoderada legal del señor JOSE RAMON MATA, formalizando su demanda lo que hizo de la siguiente manera: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION. En el párrafo denominado "INDICACION DE LA SENTENCIA IMPUGNADA", señale como sentencia impugnada la dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha nueve de noviembre del dos mil seis, que reforma y confirma la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha cuatro de octubre del dos mil seis, en la Demanda Ordinaria Laboral interpuesta por el señor JOSE RAMON MATA, mayor de edad, casado, Electricista, hondureño, vecino de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, en el juicio laboral que promovió en el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, contra la empresa mercantil denominada TRANSPORTES Y ENCOMIENDAS DE CARGA MEJIA, S. DE R. L. DE C. V., por medio de su Representante Legal señor HERNAN MEJIA, quien es mayor de edad, casado, Comerciante, hondureño y vecino de San Pedro Sula, Cortes, para que el pago de prestaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto, salarios caídos y costas del juicio; Sentencia que en su parte resolutiva dice textualmente: POR TANTO: Esta CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90, 303, 304 y 321 de la Constitución de la Republica; 1 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de la Republica; 22, 47, 113, 115, 617 literal g), 664, 665, 662, 666 letra b), 667, 669, 672, 686, 687, 703, 709, 726, 727, 738, 739, 744, 760, y 858 del Código del Trabajo; 183, 184, 187 reformado; 188, 190, y 192 del Código de Procedimientos Civiles; FALLA: 1) REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Segundo Seccional del Trabajo de esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, de fecha cuatro de Octubre del año dos mil seis visible del folio 289 al 290 de la primera pieza del expediente, en el juicio ordinaria laboral de referencia, reforma que se contrae a: 1) Declarar No ha lugar, el incidente de tacha propuesto por el Abogado Jacobo Bautista en su condición de apoderado legal de la demandada sociedad TRANSPORTE Y ENCOMIENDA DE CARGA MEJIA, S. de R. L. De C. V., en contra del testigo Rene Eduardo Mejía Mata; II) CONFIRMANDO LA REFERIDA SENTENCIA DEFINITIVA EN TODAS SUS DEMAS PARTES: III) Sin costas en esta instancia. Con la presente demanda de casación se persigue en primer lugar casar parcialmente la sentencia recurrida en la parte resolutiva anteriormente transcrita, anulándola parcialmente porque en ese fallo se le concede al trabajador demandante una parte del pago de vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes proporcionales. En segundo lugar solicito: Que casada esta, la Honorable Corte Suprema de Justicia, acto seguido y en sede de instancia la sustituya por la que en derecho corresponde declarando en la misma lo siguiente: "POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 64, 128, 303, 321, de la Constitución de la Republica; 1 y 80 numeral 1º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 25, 30, 116, 120, 123, 360, 361, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 740 numeral 3, 764 literal a), 765, 777, 778 del Código del Trabajo; FALLA: 1°.- CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida y en consecuencia DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ordinaria laboral promovida por JOSE RAMON MATA, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación del contrato de trabajo, hasta que quede firme la presente sentencia condenatoria, en consecuencia, CONDENA A LA DEMANDADA, TRANSPORTES Y ENCOMIENDAS DE CARGA MEJIA, S. DE R. L. DE C. V., por medio de su Representante Legal señor HERNAN MEJIA, a pagar la cantidad de NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS. 90, 466.67), desglosados así: Preaviso Lps. 28,000.00, Auxilio de Cesantía Lps. 42,000.00, Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 7,000.00, Vacaciones proporcionales Lps. 4,000.00, décimo tercer mes proporcional Lps. 7,733.33, Décimo cuarto mes proporcional Lps. 1,733.33, mas los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación del contrato individual de trabajo hasta que quede firme esta sentencia condenatoria. 2.- SIN COSTAS.- Y MANDA: Que se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de este fallo para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE." MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO. Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de la errónea apreciación de las Pruebas Documentales visibles a folio 57, 58 y 59 consistentes en unas Constancias de Trabajo; a folio 63 corre el Testimonio del Instrumento 1862 de fecha 16 de noviembre del 2005; aportadas por la parte demandante; a folio 74 frente y vuelto van las declaraciones de los testigos propuestos por la parte actora, en relación con la demás prueba en su conjunto, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 116 literal e) y 120 literal d) reformado, todos del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo esta comprendido en el articulo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al reformar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, en el sentido de declarar no ha lugar el incidente de tacha propuesto por el apoderado demandado y al confirmar la referida sentencia en todas sus demás partes, incurrió en error de hecho por la errónea apreciación de de las Pruebas Documentales visibles a folios 57, 58 y 59 consistentes en unas Constancias de Trabajo; a folio 63 corre el Testimonio del Instrumento 1862 de fecha 16 de noviembre del 2005; a folio 74 frente y vuelto, que va en la primera pieza de los autos, aportada por la parte demandante, en relación con la demás prueba en su conjunto, los cuales singularizo de la siguiente manera: Para acreditar la antigüedad del trabajador, la parte actora propuso prueba documental que va a folios 57, 58 y 59 consistente en Constancias de trabajo expedidas por el patrono en las que consta la antigüedad del trabajador demandante; La constancia que corre a folio 57 de fecha 31 de marzo del 2005 dice que el señor JOSE RAMON MATA labora para la empresa TRANSPORTES Y ENCOMIENDAS DE CARGA MEJIA, S. DE R. L. desde el año 2002 hasta la fecha, desempeñándose en el puesto de Electricista Automotriz, devengando un sueldo promedio de doce mil Lempiras exactos mensuales; La constancia que corre a folio 59 de fecha 24 de marzo del 2003, dice que el señor JQSE RAMON MATA labora para la empresa TRANSPORTES Y ENCOMIENDAS DE CARGA MEJIA, S. DE R. L. Como Electricista Automotriz; Con esos documentos se constato que el trabajador demandante laboro para la demandada desde el año 2002.- Sin que esa prueba fuera cuestionada por la parte demandada, el Juzgador no la supo apreciar y si le dio validez a un documento propuesto por la parte demandada que va a folio 197 que se identifica como FINIQUITO DE SOLVENCIA levantado sin la presencia de la Autoridad de Trabajo como lo manda el articulo 379 del Código de Trabajo y en el que se menciona un MUTUO ARREGLO que nunca fue presentado en el juicio; A folio 63 corre el Testimonio del Instrumento 1862 de fecha 16 de noviembre del 2005, consistente en un DOCUMENTO PUBLICO propuesto por la parte actora que contiene el Acta Notarial donde se registra la declaración de la señora MARTA OSEGUERA quien labora en el archivo de la Inspectoría de Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, quien afirma ante el notario autorizante que el acta original levantada por el Inspector de Trabajo UBALDO MADRID en fecha 10 de agosto del año 2005 no existe.- Sin embargo el juzgador le da validez a un documento inexistente (fotocopia de esa Acta que no existe, dejando de apreciar un documento publico que hace plena prueba en juicio; Con la prueba testifical propuesta por la parte actora en el interrogatorio numero uno, evacuado en fecha 17 de febrero del 2006, ver folio 74 frente y vuelto, aparece la declaración del testigo RENE EDUARDO MEJIA MATA, quien confirmo el hecho del despido verbal de que fue objeto el trabajador demandante. Si bien es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formara libremente su convencimiento, sin embargo, si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la correcta apreciación de los medios de prueba que he singularizado y que ello le hizo incurrir en error de hecho por su errónea apreciación, al no estimar probado el despido de que fue objeto el trabajador demandante. ESTE MOTIVO PROCEDE SEGUNDO MOTIVO. Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por Infracción directa de los artículos 116 literal e), y 120 literal d) reformado, todos del Código del Trabajo, en relación con el articulo 379 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo esta comprendido en el articulo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La empresa demandada acredito la finalización del contrato individual de trabajo con el actor con un FINIQUITO DE SOLVENCIA firmado por el demandante, hecho en papel membretado de la empresa, en computadora, sin la presencia de la Autoridad de Trabajo como lo manda el articulo 379 del Código de Trabajo que literalmente dice: Articulo 379.- Todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono, para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondientes. Bajo esa situación jurídica, el Tribunal recurrido para estimar la fecha de la terminación del contrato individual de trabajo debió aplicar la normativa laboral a que hace referencia tal disposición, por lo que bajo esa legislación especial, resultan nulos de pleno derecho y sin ningún valor el acto de liquidación de que fue objeto el demandante por no haberse realizado con la formalidad que manda el articulo 379 del Código de Trabajo. No obstante lo anterior la Corte recurrida si le dio valor a ese documento en abierta violación a la norma precitada. ESTE MOTIVO PROCEDE Y DEBE SER ADMITIDO.” RESULTA: Que mediante proveído de fecha ocho de febrero de dos mil siete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada MARTA ELENA CHINCHILLA, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda, haciéndolo en fecha veintidós de febrero de dos mil siete, el Abogado JACOBO BAUTISTA PACHECO, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en su condición de Apoderado Judicial de TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS DE CARGA MEJIA, S. DE R.L., de la siguiente manera: “ A LA DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION . Con respecto a la declaración del alcance de la impugnación, me permito referir la Honorable Corte Suprema que pueden observarse que en este acápite también el Recurrente plantea su recurso en forma defectuosa cuando solicita en primer lugar: "Casar PARCIALMENTE la Sentencia en la parte resolutiva.- Como puede observar, el recurrente plantea su recurso en forma defectuosa cuando sigue señalando confusamente sus pretensiones al Tribunal de casación, pues como Censor esta en el imperativo de indicarle en forma clara e inequívoca que pretende en relación con la sentencia de segundo grado, es decir, si procura su quiebra parcial, especificándole, en este ultimo evento, que parte concreta de ella debe ser quebrada y que parte de ella debe ser mantenida; pero, resulta que esta de acuerdo con la condena en cuanto a los derechos adquiridos y es por lo tanto que reclama la anulación parcial pero al señalar los montos consigna otros distintos a los confirmados por el fallo de Segunda Instancia; situaciones planteadas por la recurrente son mutuamente excluyentes, por lo que resulta erróneo de su parte solicitar Casar PARCIALMENTE la Sentencia, y al mismo tiempo pedir que se condene al pago de cantidades diferentes a las supone esta de acuerdo y por lo cual solicita que se anule parcialmente el fallo de segundo grado y siendo que el alcance de la impugnación conforma el petitum concreto de quien recurre extraordinariamente, debe ser formulado con toda claridad y precisión, de suerte que la Corte sepa como debe proceder tanto en sede de casación como en sede de instancia; sin que pueda entonces este Tribunal entrar a remediar las inconsistencias de la acusación, pues su ratio legis no es oficioso.- Por todo lo anteriormente referido, y atendida la trascendencia que en la demanda de casación tiene el alcance de la impugnación, y ante el evidente defecto que el mismo presenta, que incide en la totalidad de los cargos, hace imposible entonces que el Tribunal Supremo releve a la recurrente de su obligación de plantear con claridad, precisión y acierto sus pretensiones, e impone por en de la desestimación de los mismos. SE RECHAZA LA EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. AL PRIMER MOTIVO: No es la sentencia "violatoria de ley sustantiva de orden nacional", por infracción indirecta de las normas contenidas en los artículos 116 literal e) y 120 literal d) reformado del Código del Trabajo, a través de apreciación errónea de los medios de prueba que el recurrente singulariza, por las siguientes razones.- Primero: La Impetrante no sigue un silogismo jurídico adecuado al plantear el cargo, se salta las proposiciones, es decir, de la premisa menor a la conclusión, olvidándose de la mayor o intermedia, en pocas palabras debió mencionar como leyes sustantiva violadas las que le sirvieron de medio (premisa mayor) o vehículo para violar los artículos 116 literal e) y 120 literal d), (conclusión), que no son otros que las normas que se refieren a los medios probatorios que según la impetrante, la Juzgadora aprecio erróneamente y así utilizar las tres proposiciones que exige el silogismo jurídico para llegar al razonamiento de que se evidenció la violación de la ley sustantiva de orden nacional.- Segundo: Inicialmente es necesario destacar que en este Recurso extraordinario se parte de la base de la presunción de legalidad y acierto de la decisión recurrida, con mayor razón cuando su fundamento es probatorio porque el articulo 739 del Código del Trabajo atribuye al Tribunal de instancia la potestad de formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios que informan la critica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes. De ahí que en principio cuando existan pruebas que apoyen razonablemente las conclusiones fácticas del fallador, no se estructura un error de hecho manifiesto, y menos en el caso de merito pues es evidente la gran cantidad de pruebas aportadas por la demandada, lo cual desvirtúa las falsas alegaciones de la casacionista, y obliga entonces a esta Corte a desestimar el cargo opuesto.- Por lo demás, destaco también a este Honorable Tribunal que en razón de que la Corte de Apelaciones del Trabajo confirmo el fallo de primera instancia con criterio fundamentado no solamente en la prueba singularizada por el recurrente, sino en la libre formación del convencimiento que como facultad amplia y privativa confiere al Juzgador el articulo 739 del Código del Trabajo, no le es lícito ahora al recurrente particularizar o descomponer diferentes medios probatorios para fundamentar su cargo contra la sentencia de segunda instancia, dejando a un lado los demás instructivos probatorios, lo cual también lleva a la desestimación de este indebido motivo de casación.- Tercero: Se rechaza también el motivo de casación impetrado por la recurrente, pues se aparta de la técnica del recurso y formula sus cargos con base en alegatos propios de la instancia. A este respecto, explico que siendo que la obligación del Juez en materia laboral es la de analizar los hechos tal como aparecen demostrados en el proceso y su objetivo final es averiguar la verdad real para de esa manera cumplir con la función de impartir una justicia material; para tan específicos fines la ley le permite formar libremente su convencimiento "atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito". Por ello y debido a los graves desaciertos de índole técnica que se perciben en el cargo, resulta oportuno recordar que en vista de que la casación es un recurso de carácter extraordinario, riguroso y formalista, que contiene exigencias muy determinadas producto de su consagración legal y de su continua evolución jurisprudencial, se reclama entonces a quien acude a este medio de impugnación que los cargos planteados con destino a quebrantar la sentencia de segunda instancia, la cual esta amparada por las presunciones de acierto y legalidad, sean estructurados en forma 1ógica y exhiban claridad en su presentación y desarrollo, sin que este permitido como aquí ocurrió que una acusación elevada por la vía indirecta se sustente a manera de alegato de instancia acudiendo indiscriminadamente a argumentos fácticos y a la denuncia como erróneamente apreciados medios de convicción a los cuales hizo referencia el sentenciador.- Cuarto: Se rechaza el motivo de casación porque no puede haber lugar a yerro fáctico ostensible en la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, no 5610 porque todas las pruebas fueron consideradas debidamente por el Tribunal, sino también por el respaldo probatorio que tienen como pruebas calificadas las aportadas por la demandada, por lo que no le es dable a la casacionista imputarle apreciación errónea de los documentos a que se refieren los folios 57, 58 y 59, asimismo al acta notarial agregada a folio 63; pues en estricto sentido la Corte de Apelaciones del Trabajo se atuvo a su literalidad y en nada se apartó de su contenido declarativo o llegó a tergiversarlo, aspecto este de particular trascendencia si se tiene en cuenta que cuando la acusación esta dirigida por la vía indirecta, endilgándole error de hecho al Tribunal, la falencia de valoración probatoria debe ser evidente, notoria u ostensible al punto de que la sentencia del Tribunal se halle en abierta y clara contradicción con las pruebas del expediente, y este presupuesto se enfatiza no se cumple en el sub lite.- Destaco que la Corte de Apelaciones del Trabajo Seccional de San Pedro Sula al dictar la sentencia no incurrió en error de hecho, y esto por cuanto de las pruebas se colige sin ningún genero de dudas la inexistencia del despido alegado e incluso si se quiere la inexistencia de la relación laboral, conforme explico a continuación: a) La parte actora pretendió acreditar la relación laboral presentando como medio de prueba una FOTOCOPIA de una constancia de trabajo extendida supuestamente a través de la señora Guadalupe de Mejía, en su condición de Gerente Administrativo en fecha 31 de marzo del 2005, a favor del Demandante Jose Ramon Mata, (agregada a folio No. 57 de la primera pieza de autos), es necesario precisar con este respecto que teniendo tal documento la calidad de Instrumento Privado era necesario que el mismo fuera presentado en original y si se presentó en Fotocopia señalar el archivo donde se encuentre su original para su cotejo; y, si hubiese sido presentado en original por su condición de documento privado para que tuviese validez tendría que haberse solicitado EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL POR LA PARTE A QUIEN SE OPONE en este caso por quien lo hubiese firmado (articulo 1507 del Código Civil); pero resulta que ni una ni la otra situación ocurrió por lo que tal documento en fotocopia no tiene ningún valor ni efecto como medio de prueba, por lo que por este medio no le fue posible acreditar la relación laboral alegada por el Demandante.- B) En relación con la Constancia extendida por mi patrocinada el 12 de junio del 2002, a través de la señora GUADALUPE DE MEJIA, en donde hacen constar las cualidades de honestidad, responsabilidad y disposición al trabajo demostradas por el Demandante en el desempeño de sus labores (agregada a folio No. 58 de la primera pieza de autos); esta fue extendida cuando aun existía relación laboral con el Demandante, pues, el señor Ramon Mata fue trabajador de mi patrocinada hasta el tres de junio del 2003, fecha en que ambas partes llegaron a un arreglo extrajudicial en que el Demandante recibía la cantidad de Lps. 8,230.00 en concepto de prestaciones y derechos laborales por el trabajo que había venido desempeñando hasta el 3 de junio del 2003. extendiéndole el respectivo finiquito de solvencia en la misma fecha 3 de junio del 2003 (ver documento a folios No. 26 y 197 de la primera pieza de autos), documento que si bien es cierto no se celebró conforme el articulo 379 del Código del Trabajo, fue reconocido por el mismo Demandante en acta levantada por el Inspector de Trabajo Ubaldo Madrid en fecha diez de agosto del mismo año, documento que por convenirle a los intereses del Demandante fue hurtado por este; en la referida acta agregada a folios números 28 Y 29; 208 al 214; 223 al 230 de la primera pieza de autos, que fue levantada a solicitud del mismo Demandante, este expresa: "...ya que con ellos llegamos a un arreglo directo, ya que me reconocieron por ese tiempo ocho mil lempiras el cual acepte, posteriormente a esto...".- Como se puede apreciar, el Demandante aceptó ante la autoridad del Trabajo haber llegado a un arreglo con la Demandada, por lo cual con la constancia en referencia no prueba que haya existido relación laboral al momento de la terminación del Contrato a que se refiere el escrito de demanda.- C) Con el Acta Notarial levantada el 16 de noviembre del presente año (2005), por el "hermano" de la Apoderada del Demandante El Fedante don JORGE LUIS CHINCHILLA R., (agregada a folio #63 de la primera pieza de autos), pretendió probar que en la Oficina de Inspectoría del Trabajo, dependencia del Ministerio del Trabajo en esta ciudad, no existe el original del acta de fecha 10 de agosto del 2005, ¡¡¡...claro que no existe...!!!, pero omite expresar la Apoderada de la parte actora (quien de paso desconoce en su escrito de Casación a su hermano el Notario don Jorge L. Chinchilla) que el acta a que hace referencia fue levantada a petición del señor Ramon Mata, quien presentó al Ministerio de Trabajo, la solicitud numero 5273.05 el día 8 de agosto del año (2005), presentada por el Demandante al Ministerio de Trabajo (agregada a folios 27,215 Y 231 de la primera pieza de autos), es una prueba irrefutable del motivo de la existencia del acta en referencia, a cuya razón se constituyó el Inspector de Trabajo Ubaldo Madrid al centro de Trabajo de mi Patrocinado, levantando la referida acta, la cual fue firmada por el señor Ramón Mata y las demás personas mencionadas en la susodicha acta, sucediendo que el mencionado señor Ramon Mata le solicitó prestado el Documento Publico al Inspector de Trabajo para sacarle copia y no se la devolvió, por lo cual la autoridad del trabajo se vio obligado a presentar un informe (agregado a folios 29, 207 Y 222 de la primera pieza de autos) a su Jefe inmediato donde explica como el señor Ramon Mata se apropió del mencionado documento publico y se vio obligado a utilizar la copia que entregó a mi patrocinado para presentarlo como constancia de su gestión; copia del referido informe rendido por el Inspector de Trabajo Ubaldo Madrid se encuentra agregado a folios 29, 207 Y 222 de la primera pieza.- Asimismo a folios del 243 al 263 se encuentra copia del expediente criminal seguido contra el señor Ramon Mata ante las autoridades de la Dirección General de Investigación Criminal a efecto de que se investigue este hecho delictuoso y se le deduzcan a este señor las responsabilidades del caso; Ahora bien, lo que si queda claro es que si "alguien" le recomendó al Demandante que se apoderara del documento es porque le perjudicaba y es que realmente si le perjudicaba si se leen sus declaraciones en dicha acta en la que el Demandante si expresa la verdadera relación que existía con mi Patrocinada y por lo cual repito el Demandante fue aconsejado con verdadera "viveza ratonil" para que a todo trance desapareciera el documento que ostensiblemente le afectaba.- Puede concluirse entonces, que de acuerdo a las actuaciones contenidas en el juicio no existe la apreciación errónea de las pruebas que alega la recurrente, de manera que se confirma que la Corte de Apelaciones Seccional ha actuado en forma correcta al apreciar en su justa medida los medios probatorios aportados por la demandada y la misma demandante, y por ende descalifica el cargo de que ese Tribunal haya incurrido en error de hecho en la apreciación de las pruebas.- Para finalizar señalo que la decisión de la Corte de Apelaciones Seccional de confirmar la de primera instancia proviene de la "apreciación en su conjunto de todo el material probatorio allegado al juicio por las partes, conforme a los principios que rigen la valoración de la prueba en materia laboral", conforme declara el Tribunal recurrido en el considerando segundo del fallo de merito.- Este punto es muy importante, en especial cuando se relaciona con la valoración de los testimonios de los testigos presentados por el demandante y los razonamientos que de ellos hizo tanto el Juez de Primera Instancia como la Honorable Corte recurrida, lo que fue objeto de inapropiado ataque en casación por parte de la Recurrente, y que junto a las otras pruebas que tampoco fueron objeto del cargo de casación, operan entonces en la desestimación del cargo conforme expreso a continuación.- Conviene recordar que cuando una Sentencia se apoya en un conjunto de medios probatorios que concurrieron todos a formar la convicción del fallador no le es suficiente al casacionista, para infirmarla, que ataque solo algunos de tales medios, si los que restan son suficientes para apoyar la solución a que llegó aquel. De esta forma, el ataque propuesto por la recurrente resulta incompleto ya que, aun suponiendo que tuviese razón, de todas maneras la decisión se mantendría inmodificable por el sustento que le brindan las pruebas no cuestionadas, de las cuales dedujo el Tribunal el derecho de la demandada.- Reitero que al presentar su cargo contra la Sentencia de merito, la impugnante dejó de lado varios instructorios probatorios que sirvieron de fundamento a la decisión atacada, de donde bien puede decirse que esta ultima permanece incó1ume sobre soportes no incluidos en el cargo, como lo advierte esta replica. Con insistencia se ha dicho que el ataque propuesto por la vía indirecta tiene que referirse a todos los sustentos probatorios de la decisión impugnada porque, si así no lo hace, la providencia se mantiene sobre las bases inatacadas toda vez que, respecto de ellas, obra la presunción de acierto.- Por todas las anteriores explicaciones, se considera que el ataque debe ser desestimado, tanto por la falsedad del cargo como la imprecisión en que fue planteado. Al SEGUNDO MOTIVO: No es la sentencia "violatoria de ley sustantiva de orden nacional", por infracción directa de las normas contenidas en los artículos 116 literal e) y 120 literal d) reformado del Código del Trabajo, en relación con el articulo 379 del mismo Código del Trabajo por las siguientes razones: Es evidente que la Impetrante confunde la infracción directa con la infracción indirecta de la ley, cuando en su ocurso explica el motivo de casación hace mención a que LA EMPRESA DEMANDADA ACREDITO lA FINALIZACION DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO CON El ACTOR CON UN "FINIQUITO DE SOLVENCIA" FIRMADO POR El DEMANDANTE. HECHO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA: desde el preciso momento en que la impetrante implica un medio probatorio en el cargo ya no esta involucrando la Infracción directa sino la Infracción Indirecta.- Sobre el Particular la Doctrina tiene dispuesto que para que se produzca la infracción directa de la ley sustantiva es necesario que la ley sea clara, de modo que su interpretación no ofrezca dudas; que el fallador le haya dado o reconocido su sentido exacto y que a pesar de ello la sentencia este en contradicción con la ley, por uno de los siguientes motivos: 1) porque el Juzgador negó su aplicación, debiendo haberla aplicado; 2) porque aplicó la norma pertinente, pero en forma incompleta o porque negó un derecho que claramente esta consagrado por ella; y 3) porque aplicó correctamente la ley, considerada en si misma, pero a un hecho inexistente en los autos o no demostrado en el juicio. La doctrina legal tiene dicho que cuando el texto de la norma legal es absoluto claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con el, se tiene el caso de la infracción directa.- Si el hecho básico del litigio no se discute; si se halla debidamente establecido y no se aplica la norma legal pertinente o si se aplica a un hecho inexistente, hay violación directa de la ley.- Si la acusación se formula por infracción directa, esta no puede provenir de errores de hecho, ya que en tal caso la infracción seria indirecta, por producirse a través de los errores y no directamente.- La falta de aplicación de una norma a un hecho que el Fallador considera existente, o la aplicación de la norma a un hecho que el Sentenciador considera inexistente constituye infracción directa porque envuelve ignorancia de la ley o rebeldía con ella, pero la aplicación de una disposición a un hecho que el Juzgador encuentra demostrado, no se convierte en infracción directa porque el recurrente considere que el hecho no existió y así lo plantee en la Demanda de casación a través de errores de hecho en la apreciación de las pruebas, como tampoco se convierte en infracción directa la falta de aplicación de la norma al hecho que el Fallador considere inexistente, porque el recurrente pretenda demostrar la existencia de el.- Sobre el tema de la infracción directa y de la infracción indirecta de la ley, conviene insistir, porque, no obstante las repetidas advertencias de la Corte Suprema de Justicia, los recurrente a menudo confunden estas dos vías de infracción o las alegan conjuntamente, involucrándolas, incurriendo así en graves fallas técnicas que hacen inestimable el recurso.- Como ya se expreso, la infracción directa de la Ley ocurre siempre sin consideración a la apreciación probatoria verificada por el Tribunal; La Indirecta, en cambio resulta siempre de la errónea interpretación de las pruebas a través de la cual se viola la norma sustantiva.- Es obvio entonces que en el primer supuesto, el cargo debe formularse con independencia de la apreciación probatoria que obra en el proceso y en el segundo, el cargo deberá formularse en relación con ella, por los errores de hecho o de derecho en que hubiere incurrido el fallador al llegar a la conclusión jurídica, que es la sentencia impugnada en el recurso.- No obstante las anteriores explicaciones, precisa hacer mención que con relación al referido finiquito de solvencia a que alude la Impetrante, EI Tribunal recurrido le dio la importancia que se merece conforme los principios que informan la libre apreciación de la prueba, sino veamos el contenido del CONSIDERANDO NUMERO SEIS que en su parte mas conducente expone: "...2)Que solo que las condiciones ofertadas contraríen o desmejoren los derechos que la Constitución, las reglas y los Tratados de la Organización Internacional del Trabajo establecen en beneficio del trabajador, este gala de libertad para poner fin al contrato de trabajo por mutua acuerdo, siempre y cuando ese acto sea voluntario y par ende producto de su libre albedrío, y al día siguiente continuar a las ordenes del mismo patrono bajo una nueva forma de contratación; en el sub lite, es vista que trabajador y patrono a partir del día 1 del mes de enero del año 2003 firmaron contrato de trabajo por tiempo definido (6 meses) y al llegar a su termino (f. 61 y 62 de la p.p), decidieron finiquitarlo de mutuo acuerdo en fecha 3 de Junio del ano 2003, recibiendo el trabajador el pago de ocho mil doscientos treinta (Lps.8, 230.00) lempiras en concepto de prestaciones y derechos laborales adquiridos, según consta en el finiquito de solvencia visible a folio 197 de la primera pieza y que fuera incorporado por el a quo en el acto de la inspección (f.82 al 84 de la p.p), la ausencia de formas es irrelevante si el hecho que recoge el documento es aceptado por la persona a quien presuntamente perjudica, y en el sub lite, ese acto aparece corroborado del contenido del acta cuyo original no fuera incorporada por las razones que dejara establecidas el inspector del trabajo If.206 de la pp), iniciándose a partir de esa fecha un nuevo contrato bajo una forma de pago también distinta según es posible determinarlo del contenido de los documentos visibles a folios del 85 al 192 de la primera pieza, por ende no resulta atendible ni el cargo por ausencia de claridad respecto a la terminación y continuación de la relación posterior a junio del año 2003, ni la ineficacia o vicios de nulidad señalados en el finiquito firmado por el trabajador, este acepta el mutuo acuerdo como también haber recibido la suma de dinero en ese concepto según se establece del acta tantas veces mencionada, cuyo contenido no ha sido revertido ni tachado de falsedad el mismo;" Como Vosotros podéis observar, independiente del erróneo planteamiento del cargo porque involucra un medio de prueba en el mismo, son falsas las explicaciones expuestas en el cargo, de lo cual se colige que el Tribunal recurrido no incurrió en la infracción de la ley y por el contrario le dio el sentido correcto al documento relacionado con el articulo 379 del Código del Trabajo, apreciando profundamente el documento referido en el cargo en su conjunto con las demás pruebas que arroja el proceso.- Por las anteriores razones, Honorables Magistrados, este motivo debe a todas luces ser desestimado.” RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente al Abogado ROBERTO LAGOS BANEGAS, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediera en derecho. CONSIDERANDO: Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por este Honorable Tribunal, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prosperar. CONSIDERANDO: Que la recurrente Abogada MARTHA ELENA CHINCHILLA, al pretender formular la declaración del alcance de la impugnación que es el petitum de la demanda lo hace en los siguientes términos: “Con la presente demanda de casación se persigue en primer lugar casar parcialmente la sentencia recurrida en la parte resolutiva anteriormente transcrita, anulándola parcialmente porque en ese fallo se le concede al trabajador demandante una parte del pago de vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes proporcionales. En segundo lugar solicito: Que casada esta, la Honorable Corte Suprema de Justicia, acto seguido y en sede de instancia la sustituya por la que en derecho corresponde declarando en la misma lo siguiente: "POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 64, 128, 303, 321, de la Constitución de la Republica; 1 y 80 numeral 1º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 25, 30, 116, 120, 123, 360, 361, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 740 numeral 3, 764 literal a), 765, 777, 778 del Código del Trabajo; FALLA: 1°.- CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida y en consecuencia DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ordinaria laboral promovida por JOSE RAMON MATA, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación del contrato de trabajo, hasta que quede firme la presente sentencia condenatoria, en consecuencia, CONDENA A LA DEMANDADA, TRANSPORTES Y ENCOMIENDAS DE CARGA MEJIA, S. DE R. L. DE C. V., por medio de su Representante Legal señor HERNAN MEJIA, a pagar la cantidad de NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS. 90,466.67), desglosados así: Preaviso Lps. 28,000.00, Auxilio de Cesantía Lps. 42,000.00, Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 7,000.00, Vacaciones proporcionales Lps. 4,000.00, décimo tercer mes proporcional Lps. 7,733.33, Décimo cuarto mes proporcional Lps. 1,733.33, mas los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación del contrato individual de trabajo hasta que quede firme esta sentencia condenatoria. 2.- SIN COSTAS.- Y MANDA: Que se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de este fallo para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE” CONSIDERANDO: Que la declaración del alcance de la impugnación debe formularse en forma completa, con claridad y precisión, es por ello que en su formulación se deben llenar las formalidades exigidas por la técnica propia del recurso de Casación, puesto que este requisito constituye el petitum de la demanda. CONSIDERANDO: Que la forma en que la recurrente formula el alcance de la impugnación, lo hace en forma incompleta, ya que en el fallo sustitutivo propuesto omitió pronunciarse sobre el incidente de tachas opuesto por el apoderado demandado, olvidando el recurrente que una vez casada la sentencia, esta Corte convertida en sede de instancia, dicta el fallo que en derecho corresponde, con prescindencia del fallo impugnado, por lo que la recurrente en el proyecto del fallo sustitutivo propuesto, debió pronunciarse sobre el incidente de tachas antes señalado.- La defectuosa presentación de la demanda en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los dos motivos de casación que invoca la recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República 1, y 80 No. 1 de Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 664, 665, 666 letra c), 769, 775, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al Recurso de Casación de que se ha hecho merito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. SELLO Y FIRMAS. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. COORDINADORA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. ROBERTO LAGOS BANEGAS. SELLO Y FIRMA. MIRNA LIZETTE ALVARADO G. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio de dos mil siete. (Certificación de la sentencia de fecha veinte de junio de dos mil siete, recaída en el recurso de casación con orden de ingreso en este Tribunal No.372-06).

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL