Sentencia CL-253-06 — Registro 651
Resumen
El empleado -recurrido- solicita al patrono que pruebe la procedencia y pertinencia en tiempo y forma, de las causales de perdida de la confianza y del caso fortuito o de fuerza mayor, se sostiene despido nulo y por ende ineficaz; la segunda instancia reformo la sentencia dictada por primera instancia, por lo que declaro con lugar la demanda.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que la forma en que el recurrente consigna el alcance de la impugnación lo hace en forma incompleta faltándole claridad y precisión, pues en el fallo sustitutivo propuesto omitió indicar el primer pronunciamiento, es decir casar la sentencia recurrida, requisito sine-qua non, por cuanto significa anular la sentencia impugnada; y al omitirlo no le es licito al Tribunal suplir oficiosamente la deficiencia observada en el planteamiento de la demanda....Que la presentación de la demanda en los términos antes relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Recurrente y que prospere el Recurso extraordinario de Casación de que se ha hecho merito"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I O N
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de febrero de dos mil siete. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal en fecha diez de octubre de dos mil seis, por el Abogado JUAN JOSE MARTINEZ ESPINAL, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de Apoderado Legal del señor MARCO TULIO LOPEZ PEREIRA; en relación a la Demanda Laboral para que el patrono pruebe la procedencia y pertinencia en tiempo y forma, de las causales de perdida de la confianza y del caso fortuito o de fuerza mayor, se sostiene despido nulo y por ende ineficaz, legitimidad de la acción, interpuesta el cuatro de junio de dos mil cuatro, ante el Juzgado de Letras Segundo Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, por el señor MARCO TULIO LOPEZ PEREIRA, mayor de edad, casado, con Maestría en Finanzas, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés; en contra de LA BOLSA HONDUREÑA DE VALORES (B.H.V.), a través de su Presidente el señor HECTOR DIAZ ORELLANA, mayor de edad, casado, Licenciado en Contaduría Pública, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortes.-El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha cuatro de agosto de dos mil seis, emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, la que falló Reformando la sentencia definitiva de fecha quince de mayo de dos mil seis, dictada por el Juzgado Segundo de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en el sentido de que declaró sin lugar la demanda de mérito y condenó a la Empresa BOLSA HONDUREÑA DE VALORES a pagar al señor MARCO TULIO LOPEZ PEREIRA, en concepto de Derechos adquiridos la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL, CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L.140,058.33), y confirmó la sentencia del A-quo en lo referente a las cuantías que se establecieron en concepto de derechos adquiridos y la exoneración de costas. RESULTA: Que mediante sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil seis, este Tribunal RESOLVIO: Admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado JUAN JOSE MARTINEZ ESPINAL, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor MARCO TULIO LOPEZ PEREIRA, en contra de la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de que se ha hecho mérito y DISPUSO: Que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte (20) días para que formulara por escrito la demanda de casación. RESULTA: Que en fecha diez de octubre de dos mil seis, compareció ante este Tribunal el Abogado JUAN JOSE MARTINEZ ESPINAL, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda lo que hizo de la siguiente manera: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION: En el presente caso me propongo con el recurso, desquiciar la sentencia recurrida en FORMA PARCIAL sentencia que dice en su parte resolutiva: POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones del Trabajo, por Unanimidad de votos y en aplicación de los artículos; 80, 90, 303 y 314 de la Constitución de la República; 1 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 80, 130, 190, 191, 200 y 482 del Código de Procedimientos Civiles; 1947 y 1362 párrafo tercero del Código Civil; 154, 165, 168, 201, 202, 208, 215, 222, 225, 226 y 229 del Código de Comercio; 1, 2, 3, 5, 6, 19, 21, 26, 41, 97, 111, 112, 113, 114 literal “c”, 664, 665, 669, 681, 688, 740, numeral “2”, 760, 858 y 863 del Código del Trabajo: FALLA. REFORMANDO: la sentencia Definitiva, dictada por el Juzgado de Letras Segundo Seccional del Trabajo, de esta Ciudad, en fecha quince de mayo del corriente año (2006), en las diligencias iniciadas con la Demanda Laboral de la referencia; reforma que se contrae a: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR, la Demanda Laboral de Emplazamiento “Para que el Patrono pruebe la procedencia y pertinencia en tiempo y forma, de las causales de la confianza y del caso fortuito o de fuerza mayor, se sostiene despido nulo y por ende ineficaz.-Legitimidad de la acción”, promovida por MARCO TULIO LOPEZ PEREIRA, contra la Empresa Mercantil denominada BOLSA HONDUREÑA DE VALORES, S.A. “B.H.V.”, a través de su Presidente el señor, HECTOR DIAZ ORELLANA. SEGUNDO: CONDENAR, a la Empresa Mercantil denominada BOLSA HONDUREÑA DE VALORES, S.A. “B.H.V.”, a través del Presidente del Concejo de Administración señor, HECTOR DIAZ ORELLANA, a pagar al trabajador demandante MARCO TULIO LOPEZ PEREIRA, en concepto de DERECHOS ADQUIRIDOS, la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL, CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS, CON TREINTA Y TRES CENTAVOS, (lPS.140,058.33), por los conceptos que se detallan en la sentencia de Primera Instancia respecto de: VACACIONES PROPORCIONALES; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL; y DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL; TERCERO: CONFIRMAR: la sentencia Definitiva Apelada en lo referente a las cuantías que se establecen en concepto de derechos Adquiridos y la exoneración de Costas.-Y MANDA: Quedan notificados en estrados del presente fallo las partes, y con la certificación de estilo, que la Secretaría del Despacho, devuelva los antecedentes al Juzgado de su procedencia para los fines legales pertinentes.-SIN COSTAS. EN PRIMER LUGAR SOLICITO: CASAR LA SENTENCIA en la parte resolutiva anteriormente transcrita, anulándola parcialmente. EN SEGUNDO LUGAR SOLICITO: Que casada esta, la Honorable Corte Suprema de Justicia acto seguido y en sede de instancia la sustituya por la que en derecho corresponda dictando el fallo en los términos siguientes: FALLA: POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras y en observancia de los artículos: 128 numerales 8 y 10, 129, 134, 135, 303 y 314 de la Constitución de la República; 1, 40 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 92 numeral 9), 111 numeral 7), 113, Interpretado, 116, 117, 120 reformado, 123, 345, 346, 361, 617, 702, 704, 705, 706, 708, 858, 863 del Código del Trabajo; 183, 184, 187, 188, 189, 190 y 372 del Código de Procedimientos Civiles.-FALLA: DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PROMOVIDA POR EL SEÑOR MARCO TULIO LOPEZ PEREIRA CONTRA LA ENTIDAD MERCANTIL DENOMINADA BOLSA HONDUREÑA DE VALORES, S.A. (BHV), REPRESENTADA POR EL SEÑOR HECTOR DIAZ ORELLANA, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia.-En consecuencia CONDENA: A la entidad mercantil BOLSA HONDUREÑA DE VALORES, S.A. (BHV), representada por el señor HECTOR DIAZ ORELLANA, a pagar al trabajador demandante la cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (Lps.893,777.72), en concepto de pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales, derechos adquiridos en forma proporcional y salarios caídos, los cuales se desglosan de la siguiente manera: Preaviso de cantidad de Ciento Cuarenta mil lempiras exactos (Lps. 140,000.00), Auxilio de Cesantía la cantidad de Seiscientos treinta mil lempiras exactos (Lps.630,000.00); Auxilio de Cesantía proporcional la cantidad de Veintiún mil trescientos ochenta y ocho Lempiras con Ochenta y Seis Centavos (Lps. 21,388.86); Vacaciones proporcionales la cantidad de Veintiún mil trescientos ochenta y ocho Lempiras con Ochenta y Seis Centavos (Lps.21,388.86); Décimo Tercer mes proporcional la cantidad de Veinticinco Mil Quinientos Lempiras Exactos (Lps.25,500.00); Décimo Cuarto mes proporcional la cantidad de Cincuenta y Cinco mil Quinientos Lempiras Exactos (Lps.55,500.00), más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación de la relación laboral hasta que de acuerdo a las normas legales quede firme el presente juicio.-CON COSTAS.- MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden nacional por Infracción Directa de las normas sustantivas de orden nacional contenidas en los artículos 113 interpretado párrafo primero, 116 literales e), 120 literal d) reformado, en relación con los artículos 92 numeral 9), 11 numeral 7) y 1º12 literal l) todos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1º párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: La Sentencia Recurrida reforma la sentencia y declara sin lugar la demanda al estimar que la Sociedad demandada probó las justas causas que tuvo para dar por terminado el contrato de trabajo que la unía con el demandante. En el caso de autos la Corte Acusada entró en clara rebeldía con la ley al no aplicar al caso debatido en juicio las normas que lo regulan haciendo en consecuencia producir efectos contrarios a las normas que ordenan la indemnización laboral en los casos de despido ilegal e injustificado. La doctrina de casación señala que la infracción directa de la Ley parte de la base de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, o que la aplique a hecho no demostrado en el, o que la haga producir efectos contrarios a la norma o no reduzca las consecuencias en ella prevista. En el caso de autos es evidente que la sentencia atacada ha violado directamente las normas sustantivas invocadas al no aplicarlas al caso debatido y establecido en el proceso por lo siguiente: PRIMERO: normas no aplicadas y que es del caso aplicar: a) El artículo 92 numeral 9) del Código del Trabajo manda que para aplicar una sanción a un trabajador se debe oír primero al afectado y en dicho proceso fundado en el derecho de defensa debe acompañarse en la audiencia respectiva de los delegados del Sindicato o en su defecto de un representante del trabajador. B) El artículo 111 numeral 7) señala como causa de terminación del contrato de trabajo EL PERDER LA CONFIANZA DEL PATRONO EL TRABAJADOR, debiendo justificarse esta pérdida de confianza ante la Dirección General del Trabajo con los motivos respectivos. Debemos acotar que en virtud de haberse constitucionalmente establecido la jurisdicción del trabajo conforme el artículo 134 constitucional todas las controversias laborales quedaron sometidas a dicha jurisdicción y en tal sentido la Honorable Corte Suprema de Justicia ha dejado establecido en diferentes recursos de amparo que estos procedimientos previos fijados por el Código de Trabajo caso específico de esta disposición contenida en el artículo 111, numeral 7) la acción previa de justificación de la perdida de confianza se debe ejecutar ante el Juzgado de Trabajo competente, previo a ejercitar la acción de despido fundada en esta causal, c) El artículo 112 literal I) señala que cualquier violación grave de las obligaciones y prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 97 y 98 o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, son justas causas de despido SIEMPRE Y CUANDO EL HECHO ESTE DEBIDAMENTE COMPROBADO Y QUE EN LA APLICACIÓN DE LA SANCION SE OBSERVE EL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIO O CONVENCIONAL. El caso debatido y establecido en el proceso evidencia que estas disposiciones lo regulan y por tanto son de obligatoria aplicación al caso. El artículo 112 literal l) del Código del Trabajo, que es el literal que se remite a las obligaciones y prohibiciones contenidas en los artículos 97 y 98 del mismo cuerpo de leyes, establece como indispensable para fundamentar un despido por incumplimiento de estas obligaciones y prohibiciones, un requisito que es obligatorio para el patrono, dicho requisito es que se cumpla con el respectivo procedimiento reglamentario o convencional; y a falta de este procedimiento, deberá cumplirse con la regla general establecida en el artículo 92 numeral 9) del Código del Trabajo sobre los Reglamentos Internos de Trabajo, que establece que antes de aplicar una sanción se deberá oír al interesado y comprobar la falta, debiendo intervenir en ambos casos un representante del sindicato o de los trabajadores para cumplir con la garantía del derecho de defensa. Es decir, la ley ordena que debe existo rima audiencia de descargos y un procedimiento de comprobación de las faltas en las que debe tener participación el trabajador y un representante de este, procedimiento que no fue llevado a cabo en el presente caso; es decir, no se dio una audiencia de descargo, ni una comprobación de las causales con participación de un representante del trabajador. En iguales términos al invocarse la pérdida de confianza es requisito previo acreditar los motivos previamente ante la autoridad competente lo que es evidente no se efectuó. ESTE PROCEDIMIENTO NO SE HA CUMLPLIDO; y al no cumplirse NO SE PUEDE CONSIDERAR LEGALMENTE LA APLICACIÓN DEL ARTICULO112 y 97 Y 98 TODOS DEL CODIGO DEL TRBAJO cuya aplicación está condicionada por mandato de esta misma norma legal, a que se haya cumplido previamente con el procedimiento respectivo señalado. Al no haberse por el patrono en el caso de autos evacuado este procedimiento legal, la Corte Sentenciadora debió necesariamente remitirse a la aplicación de los artículos 92 numeral 9), 111 numeral 7) y como consecuencia hacer producir sus efectos a las normas sustantivas de orden nacional contenidas e los artículos 113 interpretado párrafo primero, 116 literal e), 120 literal d) reformado todos del Código del Trabajo y por ley condenar a la sociedad demandada al pago de las indemnizaciones legales que establece el Código del Trabajo. La Corte Sentenciadora violó evidentemente las normas sustantivas de orden nacional y en tal razón el presente motivo debe prosperar y ser casada en forma parcial la sentencia recurrida en este motivo. Los servicios de un Inspector del Trabajo para constatar la cuantía del salario y calcular sus prestaciones, todo a solicitud del PATRONO, posteriormente en forma extemporánea en el proceso de constatación ante el desacuerdo sobre el valor apagar, nuevamente en el acta levantada del día 3 de junio de 2q004; se le entrega nota de despido invocándole supuestas causales de germinación. El trabajador demandante presentó demanda mediante la cual solicita se declare la nulidad del despido en virtud de lo ilegal y extemporáneo del mismo. De conformidad a lo que disponen los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo el Juez deviene obligado a la apreciación de todos los medios de prueba aportados a juicio para valor la verdad material de los hechos. En el caso de autos la Corte sentenciadora no apreció los medios de prueba aquí relacionados incurriendo en error de hecho que es evidente en los autos y por tal razón por vía de esta falta de apreciación en forma indirecta violó las normas sustantivas de orden nacional invocadas. A folio 137 del expediente de primera instancia se encuentra la nota de solicitud de fecha 1de junio de 2004 mediante la cual solicito la demandada que se constatara el salario, del demandante y que se calcularan oficialmente las prestaciones del mismo la nota literalmente en su contenido dice: “Por este medio le estoy solicitando a Usted; envíe uno o mas Inspectores de Trabajo, a la empresa Bolsa Hondureña de Valores, S.A., cita en el segundo nivel del edificio Martínez, ubicado en la 2 calle 3 Ave. S.O.; con el único propósito de que se deje constancia mediante acta del salario ordinario mensual que devenga el señor Marco Tulio López Pereira y al mismo tiempo que se nos calcule las prestaciones sociales a que tiene derecho, esperando que la misma sea atendida lo mas pronto posible”. A folio 138 se encuentra la certificación del acta levantada por el Inspector del Trabajo de día 3 DE JUNIO DE 2004, con la que se acredito que ya el demandante estaba cancelado de su trabajo y que el único propósito del patrono para solicitar la intervención de la Autoridad del Trabajo consistía en resolver el desacuerdo sobre el valor a pagar al demandante, ante el desacuerdo sobre dicho valor extemporáneamente se le entrega una nota de despido de fecha 3 de junio de 2004, invocándole causales en forma sorpresiva sin ningún procedimiento como manda la ley violando el principio de la buena fe que debe prevalecer en toda relación de trabajo.-En el acta relacionada el representante de la demandada expresamente reconoce este hecho y en uno de sus apartados dice lo siguiente: “Por lo que solicitamos ante el departamento de Inspectoría del Trabajo, para que se efectúen el cálculo de prestaciones sociales del señor Marco Tulio López Pereira, en base a los L.40,000.00 mensuales arriba indicado y no en base a una cantidad superior como pretende el señor Marco Tulio López Pereira que incluye gastos de representación y combustible.” Esto evidencia que el acta se levantó para determinar lo solicitado por la demanda en lo referente al desacuerdo en cuanto a que salario se debería tomar en cuenta para calcular la indemnización a pagar consecuencia de la terminación del contrato de trabajo. Para ratificar este hecho en la misma acta levantada por el Inspector el demandado sostiene lo siguiente: “Los cálculos de prestaciones sociales mencionados por el señor Marco Tulio López Pereira, fueron solicitados por su persona con datos proporcionados por el mismo en evidencia nos presentamos al Ministerio de Trabajo el 30 de mayo de 2004 y nos calcularon de nuevo las prestaciones laborales correspondientes haciéndolo sobre la base de un sueldo ordinario de L.40,000.00 sobre el mismo formulario numerado N.25170.” Queda evidencia que la Corte Acusada no apreció estos medios de prueba documentales, ya que de ellos se evidencia y queda plenamente probado con las declaraciones del demandado lo siguiente: UNO: Que el Demandante solicitó al Ministerio con conocimiento de la demandada el cálculo de sus prestaciones para que se le hicieran efectivas en virtud de la terminación del contrato. DOS: Que al ser presentado el cálculo previo al despido de 3 de junio de 2004, ya para el 30 de mayo de 2004 se había producido la terminación del contrato de trabajo del demandante, y que el desacuerdo consistía en el salario sobre el cual deberían calcularse las indemnizaciones laborales. De este medio de prueba se evidencia plenamente en juicio que la nota de despido que posteriormente se entrega al demandante en una nota extemporánea que violenta el principio de la buena fe que debe privar en la constitución, ejecución y terminación de los contratos de trabajo y es mas evidencia el abuso de derecho del patrono cuando en dicha acta decide despedir en forma extemporánea y lo hace con toda premeditación prácticamente bajo una actitud de venganza por la no aceptación por parte del demandante de los valores fijados por la empresa. Honorable Corte estos documentos son fundamentales en el juicio, la Corte sentenciadora, los ignora y deja de apreciar relacionados con el otro documento de solicitud ya relacionado, documentos que evidencian que la Corte no ha Juzgado al demandante en forma correcta y que le ha violentado sus derechos al no apreciar estos medios de prueba y que por su no apreciación le condujo en error de hecho que es manifiesto en los autos a violar las normas sustantivas de orden nacional invocadas. La falta de apreciación de la prueba singularizada, en su conjunto con la otra prueba aportada en juicio por parte de la Corte Sentenciadora, la llevó a dar por probadas las causales de despido, invocadas extemporáneamente, causales de despido que no podían tenerse por probadas ya que las mismas estaban invocadas fuera de término, cuando ya el contrato había concluido y con claro abuso de derecho, mala fe e ilegalidad al violarse el derecho de defensa, lo que resulta evidente al analizar la prueba singularizada en relación con los otros medios de prueba en conjunto. Aún cuando hubiesen existido las causales de despido notificadas (sin aceptar que así fue), la falta de apreciación de las pruebas por parte de la Corte Sentenciadora la llevó a un error de hecho, violentando así las normas procesales señaladas en el cargo de este motivo, y por medio de estas violó en forma indirecta las normas sustantivas también señaladas, por lo que es procedente la admisión de este motivo y procede se case parcialmente la sentencia recurrida en el mismo”. RESULTA: Que en proveído de fecha once de octubre de dos mil seis, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JUAN JOSE MARTINEZ ESPINAL, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda, haciéndolo el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, como apoderado de LA BOLSA HONDUREÑA DE VALORES, de la siguiente manera: “ DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION:Esta parte de la demanda de casación es virtualmente la mas importante por cuanto constituye el petitum donde el recurrente debe expresarse con la mas absoluta claridad particularmente en establecer si su impugnación es total o parcial, es decir, si pretende que la sentencia recurrida se case total o parcialmente.-Pues en ello el recurrente incurre en fatal falencia y/o contradicción, a saber: En el acápite referente a “INDICACION DE LA SENTENCIA IMPUGNADA”, cita textualmente, con puntos y comas, la parte resolutiva de la sentencia impugnada.-Y, en su “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION”, formula el propósito de “...desquiciar la sentencia recurrida en FORMA PARCIAL...” pero acto seguido cita nuevamente la parte resolutiva de la sentencia definitiva recurrida, exactamente en los mismos términos en que la citó en su “INDICACION DE LA SENTENCIA IMPUGNADA”, es decir, no omitió aquellos segmentos que le favorecen como son el SEGUNDO, en que se condena a la demandada al pago de CIENTO CUARENTA MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L.150,058.33) “..por los conceptos que se detallan en la Sentencia de Primera Instancia respecto de VACACIONES PROPORCIONALES, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL Y DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL; o sea, los derechos adquiridos, ni omitió el TERCERO, en que, redundando la sentencia a favor del demandante, se confirma “la sentencia Definitiva Apelada en lo referente a las cuantías que se establecen en concepto de derechos adquiridos y la exoneración de costas”, lo que implica que el desquiciamiento que se quiere es total y no parcial.-Para corroborarlo que así es, se incurre en otra fatal contradicción al enfatizarse lo siguiente: “EN PRIMER LUGAR SOLICITO LA SENTENCIA en la parte resolutiva anteriormente transcrita, anulándola parcialmente”.- Estimo que, por claridad, debió decir: “EN PRIMER LUGAR SOLICITO: CASAR PARCIALMENTE LA SENTENCIA en la parte resolutiva anteriormente transcrita, anulándola también parcialmente”.-Digo que así debió decirlo porque del modo en que lo hizo está planteando que se case totalmente la sentencia por cuanto la parte resolutiva que ha trascrito ha sido total y no parcial, pues no omitió lo que le favorece. Y, para ratificar la fatales contradicciones, la sentencia que se propone en sustitución de la recurrida, incorpora la sanción del pago de los derechos adquiridos, pero modificándolos, lo que corrobora que lo realmente pretendido es que la casación sea total y no parcial pero se ha planteado de modo confuso ofendiéndose la técnica del recurso de Casación.- La sentencia recurrida sanciona el pago de CIENTO CUARENTA MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L.150,058.33), pero la sentencia que en reemplazo se propone, sanciona Veintiún Mil Trescientos Ochenta y Ocho Lempiras con Ochenta y Seis Centavos (L.21,386.86) en concepto de vacaciones proporcionales; Veinticinco Mil Quinientos Lempiras (L. 25,500.00) en concepto de Décimo Tercer mes proporcional y Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Lempiras (L. 55,500.00) en concepto de Décimo Cuarto mes proporcional, para un total de CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (L.102,388.86), en concepto de derechos adquiridos, con lo cual, se estaría desquiciando totalmente la sentencia recurrida y no parcialmente como confusamente lo ha planteado el recurrente.-Dadas tales circunstancias, el recurso planteado es inadmisible por falta de claridad en uno de sus requisitos fundamentales.-Como precedente que se aplica a lo anterior, me permito citar la sentencia definitiva de la Honorable Corte Suprema de Justicia dictada con fecha 1º de septiembre de 1988, en el recurso de casación formulado en el caso Rosa María Catan Gallegos versus “Manufactura Textil de Honduras, S.A.” (Gaceta Judicial No.1282), de la que destaco los considerandos siguientes: “CONSIDERANDO: Que en la demanda de Casación de que se conoce, en la declaración del alcance de la impugnación que constituye el petitum de la demanda, el Recurrente al pretender formularlo copia íntegramente la parte resolutiva de la sentencia recurrida; solicita la anulación de dicho fallo y transcribe el que según él debe la Corte Suprema de Justicia dicta en sede de instancia, incluyendo el pronunciamiento que condena al pago de Lps.8,773.33 en concepto de complemente de sus prestaciones laborales y el pronunciamiento que declara sin lugar las excepciones de prescripción y cosa juzgada, contenidas en la sentencia recurrida que no pueden ser objeto de impugnación por favorecer a su representado.-CONSIDERANDO: Que la forma en que el Recurrente consigna el alcance de la impugnación le falta la precisión y claridad requeridos, por cuanto además de omitir indicar si la anulación es total o parcial, su planteamiento resulta contradictorio, pues transcribe la sentencia completa como si se tratara de una casación total cuando debió haber sido parcial para no incluir los pronunciamientos no objeto de impugnación.-La defectuosa presentación de la demanda en los términos anteriormente relacionados, impide a éste Tribunal entrar a conocer los tres motivos de Casación que invoca el Recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho mérito”. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: En la formación de este primer motivo se aprecian falencias que implican incuestionable falta de claridad.-Se alude a la violación o infracción directa de los artículos “...113 interpretado párrafo primero, 116 literal e), 120 literal d) reformado, en relación con los artículos 92 numeral 9), 11 numeral 7) y 112 literal l) todos del Código del Trabajo”, pero al pretender explicar la violación se alude a los artículos 92 numeral 9), 111 numeral 7) y 112 literal l) del Código del Trabajo, con lo cual se ha desquiciado el planteamiento de modo mas que radical, sin perjuicio que las normas objeto de confusión no son sustantivas.-Independientemente de que los factores apuntados tornan totalmente inadmisible el primer motivo de casación, es importante sin embargo, refutar lo que respecto de los preceptos adjetivos supuestamente violados argumenta el impetrante.-El recurrente, pretendiendo confundir a quien no podrá confundir, que es una conducta que ofende frontalmente la técnica del recurso de casación, tergiversa los términos del artículo 92 del Código del Trabajo cuyo primer párrafo enuncia las prevenciones que contendrán los reglamentos de trabajo, enumerándolos a continuación, entre las cuales, se encuentra la del inciso 9) que se refiere a “las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas”, o sea, que el artículo 92 del Código del Trabajo no ordena exactamente las prevenciones sino que las remita a los reglamentos de trabajo, por lo cual, el recurrente debió hacer relación a la disposición reglamentaria y no a la norma legal, por razones mas que obvias. Se ha pretendido sorprender y ello discrepa totalmente de la seriedad y la rigidez del recurso de casación.-En cuanto al artículo 11 numeral 7) del Código del Trabajo no se formula ninguna explicación, remitiéndose irregularmente al impetrante al 111 numeral 7) del mismo Código, el cual no está comprendido en el primer motivo de casación invocado. Pero en la inútil explicación del artículo 111 numeral 7) del Código del Trabajo, que es inútil porque no cabe, también se tergiversan sus términos y hasta se recurre a la mentira y, además, se altera lo que al respecto dijo Marco Tulio López Pereira, en su demanda. En la contestación de la demanda se explicó que tal articulo y numeral se ha modificado por reiteradísima a práctica en el sentido de que no se le pueden reconocer potestades jurisdiccionales a las dependencias del Poder Ejecutivo como es el caso del ministerio del Trabajo y Seguridad Social, lo cual así es.-Pero en ningún caso esa práctica forense ha establecido que “la acción previa de justificación de pérdida de la confianza se debe ejecutar ante el juzgado del Trabajo competente...”.ESO ES UNA MONUMENTAL MENTIRA! Para comprobarlo me permito citar la sentencia de fecha 1º de febrero de 1967, pronunciada por la Honorable Corte Suprema de Justicia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado César A. Batres en representación de empresa “Standard Fruti Company” contra un sentencia de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, pronunciada en el juicio ordinario laboral que para obtener pago de prestaciones laborales promovió contra dicha empresa el señor Virgilio Arbizú Gonzáles (Gaceta Judicial No.1235).-Los considerandos de la sentencia del Tribunal Supremo dicen lo siguiente: “CONSIDERANDO: Que se encuentra establecida la jurisdicción del trabajo a la cual quedan sometidas las controversias que originan las relaciones entre el capital y el trabajo y que la ley establece las normas correspondientes a dicha jurisdicción y los organismos que hayan de ponerlas en practica, siendo incompetentes para ello los funcionarios y dependencias del Poder Ejecutivo.-CONSIDERANDO: Que es facultad privativa de las Cortes y demás Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado; y que a ellos corresponde la aplicación de las leyes en casos concretos que legalmente se sometían a su conocimiento.-CONSIDERANDO: Que toda persona tiene derecho de pedir amparo para que en casos concretos se declare que una ley, un reglamento o una disposición de la autoridad no le es aplicable para ser inconstitucional.-CONSIDERANDO: Que en el caso de autos está plenamente probado que asiste a la Empresa suficiente motivo para dar por terminado el contrato de trabajo por pérdida de confianza en el trabajador, sin responsabilidad de su parte, por lo que era procedente absolverla en el juicio que le fue entablado. CONSIDERANDO: Que la disposición invocada por el Juzgador contenida en el número 7º del artículo 111 del Código del Trabajo, no es aplicable a la empresa por inconstitucional por lo que amerita otorgar el amparo de que se ha hecho mérito”.-Ha sido enfática la Honorable Corte Suprema de Justicia en establecer que una vez acreditada la pérdida de la confianza en el juicio y no en una diligencia previa, se debe absolver al patrono.-Y en lo que concierne al artículo 112 literal I) del Código del Trabajo, se aprecia que también en este caso se pretende confundir recurriendo a los juegos de palabras. La norma es contentiva de dos oraciones separadas por la conjunción disyuntiva “o” que según el Diccionario de la Real Academia Española de la lengua-nuestra lengua-tal conjunción disyuntiva “...denota diferencia, separación o alternativa entre dos o mas personas, cosas o ideas”.-Así las cosas, la primera oración se lee así: “Artículo 112. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte:...”Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98...” Por su parte, la segunda oración se lee así: “Artículo 112: Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte...” ..Cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimientos reglamentario o convencional”.-Se aclara así la deliberada confusión del recurrente, en relación a una norma que es adjetiva y que no ha sido invocada en el primer motivo de casación. Para concluir en relación al primer motivo de casación, cabe apuntar que el modo de explicar la pretendida violación constituye-mas bien- un alegato de instancia que desnaturaliza el planteamiento, por todo lo cual cabe desestimar el aludido primer motivo de casación. SEGUNDO MOTIVO: Es evidente que el casacionista, en este segundo motivo, a lo largo de su formulación, presenta lo que se llama dentro de la actividad procesal un verdadero alegato de instancia como si la casación constituyera otra instancia en la que se puede introducir una nueva valoración de la litis, pretendiéndose ignorar que la casación es un recurso extraordinario encaminado fundamentalmente a rectificar cualquier violación de la ley sustantiva en que el Ad Quem haya podido incurrir.-En nuestro caso, el recurrente vincula el concepto de la violación de que acusa, a error de hecho por falta de apreciación de prueba documental que singulariza, haciendo total abstracción del haz probatorio que el Ad Quem ha valorado y que ha concurrido para formar su convicción, consistiendo la documental invocada por el impetrante en una acta de fecha 03 de junio del 2004, levantada por un Inspector del Trabajo que el casacionista se permite examinar e “interpretar”, manifestando al respecto que el Inspector del Trabajo “...procedió a constatar la cuantía del salario devengado por el demandante con la finalidad de calcular el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de estar terminado su contrato de trabajo...” He destacado la expresión “...en virtud de estar terminado su contrato de trabajo”, porque ése es un alegato del peculio del recurrente, es decir, es un alegato de instancia tendiente a establecer que el despido de Marco Tulio López Pereira ocurrió antes del 03 de junio del 2004 y con ese fin, invoca otros documentos como el cálculo número 25170 de fecha 24 de febrero del 2004, no emanado del demandado, según el cual la fecha del despido es el 29 de febrero del 2004, pero el mismo recurrente invoca otro cálculo, el número 29516 de fecha 1º de junio del 2004, según el cual el despido fue el 04 de junio del 2004 y todo para concluir en su explicación de la violación lo siguiente: I. Que “Al demandante MARCO TULIO LOPEZ PEREIRA le fue terminado su contrato de trabajo VERBALMENTE con reconocimiento del pago de sus prestaciones laborales por la demandada a finales del mes de febrero del 2004”.II. Que “El trabajador demandante presentó demanda mediante la cual solicita se declare la nulidad del despido en virtud de lo ilegal y extemporáneo del mismo”.-III. Que “...la Corte sentenciadora no apreció los medios de prueba aquí relacionados incurriendo en error de hecho que es evidente en los autos y por tal razón por vía de esta falta de apreciación en forma indirecta violó las normas sustantivas de orden nacional invocadas”. Todos estos son alegatos nuevos, pues en el preámbulo de la demanda de Marco Tulio López Pereira: se lee este pasaje “..Muy respetuosamente comparezco ante Ud., promoviendo demanda de emplazamiento laboral..a efecto de que me pruebe en tiempo y forma las causales de pérdida de la confianza u del caso fortuito o fuerza mayor que como empleado de confianza invocó para mi despido de acuerdo a los términos de su nota del 3 de junio del año 2004, despido nulo por no haberse seguido los procedimientos legales...”Así las cosas, el debate se ha contraído a lo largo del juicio a probar las causas de despido invocadas en la nota de despido del 3 de junio del 2004, no se ha contraído a obtener la nulidad de dicho despido por supuesta ilegalidad y extemporaneidad porque previamente hubiera un despido verbal con reconocimiento de prestaciones por parte de la demandada, extremo éste que jamás se mencionó en el juicio.-Este asunto de la nulidad del despido del 3 de junio del 2004 nunca se demandó y nunca se mencionó que previamente había habido un despido verbal, o sea, que estos son alegatos nuevos, traídos a un recurso de casación como si se tratara de otra instancia, y, en base a esos alegatos que son de instancia, se invoca la violación de normas por supuesto error de hecho por falta de apreciación de unos medios probatorios que hacen relación a esos hechos nuevos.-Desde luego que ese “cuadro” es totalmente inadmisible, a lo que se suma que de acuerdo con nuestra práctica forense, la doctrina, los principios generales del derecho y las reglas de la sana crítica, acontece que dentro de la técnica del recurso de casación, el error de hecho únicamente se configura cuando se deriva de la apreciación errónea o falta de apreciación de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular del Juez, requisito que apenas agota el acta del Inspector del Trabajo, cuyos términos en nada incriminan a la parte demandada por cuanto se contrae nomás a establecer el salario real que devengaba el demandante, no porque existiera el propósito de pagarle prestaciones.-Los demás documentos no son auténticos porque no emanan del demandado ni los autoriza un ministro de fe pública y por tanto, su apreciación errónea o falta de apreciación no provoca el error de hecho.-Los cálculos de prestaciones no son fehacientes aunque emanen de un Inspector del Trabajo, pues lo único que valora la ley de dichos funcionarios son sus actas e informes (art.617 letra g) del Código del Trabajo).-Me permito citar como uno de tantos precedentes relacionados con el error de hecho, la sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de fecha 05 de septiembre de 1979, dictada en casación en el juicio Alfredo Hoch Chahin versus “Fábrica de Muebles Contesta” (Gaceta Judicial No.1267, en cuyo primer considerando, se lee este párrafo: “...Pero resulta que se hace necesario establecer que la violación de la ley por vía indirecta no se produce por la falta de apreciación o estimación de la prueba testimonial; solo puede presentarse el error evidente de hecho cuando el medio probatorio no tenido en cuenta o indebidamente analizado, es la confesión judicial, el documento auténtico o la inspección ocular...”. Para concluir reitero que no es admisible en la casación que el recurrente “escoja” discrecionalmente unos medios probatorios para acusar su desestimación, asilándolos del conjunto de medios de prueba que concurrieron a formar la convicción del Juzgador.-Al respecto puedo citar diversidad de precedentes pero por razones mas que obvias, me limito a algunas sentencias definitivas en casación por la Honorable Corte Suprema de Justicia y que sintetizo así: n. I Sentencia de fecha 29 de julio de 1965 en el caso Armando Maciel versus George B. Alder (Gaceta Judicial No. 125) “..la Corte sentenciadora al confirmar el fallo hizo una apreciación de la totalidad de la prueba, la cual no debe tomar aisladamente descomponiendo sus elementos para impugnarlos por separado. II. Sentencia de fecha 11 de agosto de 1982 en el caso Robinson Girón Ayala versus “Distribuidora de Vehículos, S.A. de C.V.” (DIVESA) Gaceta Judicial No. 1274. “Al explicar este motivo el casacionista se concreta a dar su criterio personal sobre la prueba que deja relacionada sin tomar en consideración la actividad probatoria del sentenciador, pues al formular su acusación hace a un lado la valoración que de los medios de prueba ha hecho la sentencia no obstante haberse sostenido de manera reiterada que en los juicios del trabajo el sentenciador goza de autonomía para apreciar la prueba y si tiene que analizar todas las que se alleguen oportunamente al Juicio, puede darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a la tarifa legal...” III. Sentencia de fecha 07 de julio de 1986 en el caso María Lidia Martínez y Rodolfo Leonel Meléndez versus “Compañía de Seguros Continental (Gaceta Judicial No.1276). “Es reiterada la determinación de la Corte Suprema de Justicia, cuando en sentencias materia del recurso de casación, se apoyan en un conjunto de medios de prueba que concurren todos a formar la convicción del Fallador, y no basta para informarla que se ataquen algunos de tales medios probatorios, suponiendo eficaz el ataque únicamente si las que están, son suficientes para apoyar la resolución a que llegó el Sentenciador, ni tampoco que se hayan dejado de estimar algunas pruebas si la sentencia se funda en otras que no han sido atacadas...” IV. Sentencia de fecha 04 de noviembre de 1986 en el caso Angela Dilia Jiménez versus “Jardines La Auxiliadora, S.A...”Que el cargo planteado por el recurrente es contrario a la técnica del Recurso de Casación, cuando acusa violación indirecta por falta de aplicación de los preceptos que cita, debido a errores de hecho, pues la doctrina ha explicado con reiteración que la sentencia absolutoria aplica las normas respectivas al absolver, por no encontrar probado los supuestos de hecho que ellas regulan. Además cuando la sentencia materia del recurso de Casación se apoya en un conjunto de medios de prueba que concurren todos a formar la convicción del Fallador, no basta para informarle que se ataquen algunos de los medios si los que están son suficientes para apoyar la solución a que llegó aquel, y tampoco que se haya dejado de estudiar algún medio de prueba, si la Sentencia se funda en otros que no han sido atacados. Según lo tiene dicho la jurisprudencia cuando la cuestión de hecho es dudosa, escapa a su estudio en Casación porque solo puede plantearse en éste Recurso los errores que salten a la vista del estudio de las pruebas de que se trate y que no existan controversias al respecto”. V. Sentencia de fecha 28 de julio del 2005, en el caso R.A.C.I versus U.P.N. F.M. (Gaceta Judicial No.7) en que es Ponente el Honorable Magistrado Abogado Roberto Lagos Banegas_ “Confrontado el cargo con el fallo impugnado se evidencia que el fallador en la sentencia objeto del recurso forma su convencimiento fundamentándose en el conjunto de los medios de prueba allegados al proceso, por lo que no basta para anularlo que se ataquen algunos de tales medios, si los que restan no fueron atacados y son suficientes para dar por probados los hechos objeto de la demanda, tal como ocurre en el caso de autos, razones suficientes para declarar inadmisible el primer motivo. En adición, al recurrente en la explicación de la violación, hace alegaciones de instancia, pronunciamiento impropio en este recurso”. Por todo lo expuesto, cabe declarar inadmisible el segundo motivo de casación que se impugna”. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a la Abogada TEODOLINDA PINEDA C., quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediera en derecho. CONSIDERANDO: Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación de determinados requisitos para que pueda considerase como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere. CONSIDERANDO: Que el recurrente Abogado JUAN JOSE MARTINEZ ESPINAL, al pretender formular la declaración del alcance de la impugnación que es el petitum de la demanda lo hace en los siguientes términos: “EN PRIMER LUGAR SOLICITO: CASAR LA SENTENCIA en la parte resolutiva anteriormente transcrita, anulándola parcialmente. EN SEGUNDO LUGAR SOLICITO: Que casada ésta, la Honorable Corte Suprema de justicia, acto seguido y en sede de instancia la sustituya por la que en derecho corresponda dictando el fallo en los términos siguientes: FALLA: POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras y en observancia de los artículos: 126 numerales 8 y 10, 129, 134, 135, 303 y 314 de la Constitución de la República, 1, 40 y 137, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 92 numeral 9), 111 numeral 7), 113, Interpretado, 116, 117 120 reformado, 123, 345, 346, 361, 617, 702, 704, 705, 708, 708, 858,863, del Código del trabajo, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 192, y 372 del código del Procedimientos Civiles.- FALLA: DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PROMOVIDA POR EL SEÑOR MARCO TULIO LOPEZ PEREIRA CONTRA LA ENTIDAD MERCANTIL DENOMINADA BOLSA HONDUREÑA DE VALORES S.A.(BHV) REPRESENTADA POR EL SEÑOR HECTOR DIAZ ORELLANA, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia.- En consecuencia CONDENA: A la entidad mercantil BOLSA HONDUREÑA DE VALORES S.A. (BHV), representada por el señor HECTOR DIAZ ORELLANA, a pagar al trabajador demandante la cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECNIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPRIASCON SETENTA Y DOS CENTAVOS (LPS. 893,777.72) en concepto de pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales, derechos adquiridos en forma proporcional y salarios caídos, los cuales se desglosan de la siguiente manera: Preaviso de cantidad de Ciento cuarenta mil lempiras exactos (Lps, 140.000.00) Auxilio de Cesantía la cantidad de Seiscientos treinta mil lempiras exactos (Lps.630.000.00); Auxilio de Cesantía proporcional la cantidad de Veintiún mil trescientos ochenta y ocho lempiras con Ochenta y Seis Centavos (Lps. 21,388,86) ; Vacaciones proporcionales la cantidad de Veintiún mil trescientos ochenta y ocho Lempiras con Ochenta y Seis Centavos (Lps, 21,388.86); Décimo Tercer mes proporcional la cantidad de Veinticinco mil Quinientos Lempiras Exactos (Lps. 25.500.00); Décimo cuarto mes proporcional la cantidad de Cincuenta y Cinco mil quinientos Lempiras Exactos (Lps. 55.500.00).- mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación de la relación laboral hasta que de acuerdo a las normas legales quede firme el presente juicio.- CON COSTAS”. CONSIDERANDO: Que la forma en que el recurrente consigna el alcance de la impugnación lo hace en forma incompleta faltándole claridad y precisión, pues en el fallo sustitutivo propuesto omitió indicar el primer pronunciamiento, es decir casar la sentencia recurrida, requisito sine-qua non, por cuanto significa anular la sentencia impugnada; y al omitirlo no le es licito al Tribunal suplir oficiosamente la deficiencia observada en el planteamiento de la demanda. CONSIDERANDO: Que la presentación de la demanda en los términos antes relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Recurrente y que prospere el Recurso extraordinario de Casación de que se ha hecho merito. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 No. 5, de la Constitución de la República; 1, y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 665, 666 letra c), 775, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito.- 2) Sin costas.- Y MANDA: que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. COORDINADORA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. ROBERTO LAGOS BANEGAS. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO G. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil siete. (Certificación de la sentencia de fecha veintitrés de febrero de dos mil siete, recaída en el recurso de casación con orden de ingreso en este Tribunal No.253-06).
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL