Sentencia CL-105-06 — Registro 7107
Resumen
Empresa realizó reajuste de personal por reestructuración interna de la empresa.Segunda instancia reformó la sentencia y revocó parcialmente la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de unos despidos directos, que se declare la nulidad por carecer de causa legal y por no haberse seguido el procedimiento establecido en el contrato colectivo y violación del mismo, nulidad de finiquito de solvencia, reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo prescribe: “Además de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos:... 19) Llevar a cabo los reajustes de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo. A falta de éstas, respetarán los derechos de antigüedad y, en igualdad de condiciones, preferirán a los elementos sindicalizados para que sigan trabajando.”, y la Cláusula 42 del VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre la empresa LAFARGE INCEHSA, S.A. y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cementera Hondureña, S.A. establece el procedimiento por reducción de personal, que literalmente dice: “ En caso de reducción de personal, la Empresa seguirá el siguiente procedimiento: -Trabajadores nuevos no sindicalizados; -Trabajadores solteros no sindicalizados; -Trabajadores mas antiguos no sindicalizados; -Trabajadores solteros sindicalizados; - Trabajadores con familia no sindicalizados; - Trabajadores con familia sindicalizados; y, - Los miembros de la Junta Directiva Central y los delegados del sindicato debidamente acreditados, serán los últimos en ser rebajados.” "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 95, numeral 19) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el artículo 129 de la Constitución de la República preceptúa: “La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador, tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios”, no obstante esta garantía no encuentra cabida en el caso sub-judice en tanto que no se ha producido un despido sino que la terminación de la relación laboral tiene su génesis en un reajuste en el que de común acuerdo convinieron tanto la empresa como el sindicato de la misma, actuando éste como representante de los trabajadores, al suscribir el VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo quedando plasmado éste en la Cláusula 42, sin mas prescripciones que a las previstas en ella, y aunque las cláusulas 1, 3, 4, 5 y 41 contienen obligaciones de las partes, estas resultan ajenas a este caso habida cuenta que las mismas son aplicables estando en vigencia la relación laboral para dirimir los conflictos que se originen, al contrario de lo que ha ocurrido en el presente caso que desde el momento que se produce la terminación del contrato de trabajo éste conflicto se dirime conforme la legislación ordinaria quedándole expeditas las acciones que les corresponden a aquellos que se consideran perjudicados con la decisión tomada por el empleador, por lo que este Tribunal no puede acoger el reclamo de los trabajadores demandantes. CONSIDERANDO: Que los contratos colectivos obligan a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran. CONSIDERANDO: Que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente, dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M. D. C., ocho de febrero de dos mil siete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha diez de mayo de dos mil seis, por el Abogado ADALBERTO DISCUA RODRÍGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal de la Empresa Mercantil LAFARGE INCEHSA, S.A. de C.V., con relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de unos despidos directos, que se declare la nulidad por carecer de causa legal y por no haberse seguido el procedimiento establecido en el contrato colectivo y violación del mismo, nulidad de finiquito de solvencia, reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de salarios dejados de percibir, reconocimiento de los incrementos salariales convencionales y demás beneficios establecidos en el contrato colectivo vigente, pago de indemnización por enfermedad a causa del trabajo y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha dieciséis de diciembre de dos mil tres, por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal de los señores PEDRO VALENZUELA, GERMAN RAMOS, JOSE ANIBAL LARA VELÁSQUEZ, MARVIN JONAS RODRÍGUEZ, CARLOS ARTURO SUAZO GUTIERREZ, CRISTÓBAL ARMANDO GUERRERO GALEANO, CIRIACO MEZA BONILLA, MARIO DE JESÚS AVILA HERNÁNDEZ, SALOMÓN ALVARADO DIAZ, JOSE GERARDO TURCIOS ORDÓÑEZ, OLID MORALES GUZMÁN, JOSE ALFONSO GUZMÁN CERNA, REYNALDO GUZMÁN LÓPEZ, FAUSTO CABALLERO, JORGE ALBERTO CHAVEZ, EDGARDO ALEXIS SANDOVAL MEDINA, JOSE MIGUEL RIVERA MALDONADO, MARCO ANTONIO HENRIQUEZ MALDONADO, ANA MARIA MELÉNDEZ GUERRERO, ROBERTO ARGELIO ROBLES MEDINA, OSCAR ORLANDO MARTINEZ RIVERA, IVAN OMAR COELLO CASTILLO, CANDIDO ROSA JIMENEZ ARTICA, ANAIN MACHADO CHAVARRIA, RAUL ALBERTO ESCOTO ALVARADO, ADEL ORLANDO MEDINA LARA, LUIS AMILCAR MACHADO RECARTE, JAIRO JONATHAN ORELLANA AMADOR, CELIO PORTILLO MONTOYA, GUSTAVO ADOLFO VELÁSQUEZ, JOSE DE LA CRUZ ZAMBRANO, PEDRO CABRERA MUÑOZ, GLADYS AMADOR DONAIRE, ROBERTO ARTURO CABALLERO LOPEZ, OBDULIO MENDOZA MEJIA, CANDIDO MONTOYA, VALENTIN CHAVARRIA, IGNACIA VALLECILLO IZAGUIRRE, ISABEL DISCUA CRUZ, NOHEMÍ CHAVEZ VALLADARES, MARIA MARTHA PINEDA CASTILLO, REINA ELOISA CARRANZA MALDONADO, MARIA CRISTINA MELÉNDEZ GUERRERO, OSCAR ARMANDO CALDERON DISCUA, CARLOS ISMAEL RIVERA MEDAL, JUSTINIANO AMAYA AMAYA, LUIS ANDRES SIERRA GONZALES y ALEX ANTONIO GÓMEZ, contra la Empresa Mercantil LAFARGE INCEHSA S. A. DE C.V., conocida como la “LAFARGE INCEHSA”, a través de su Presidente del Consejo de Administración señor MIGUEL DEL CAMPO RODRÍGUEZ, conocido también como MIGUEL DEL CAMPO, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Negocios, de nacionalidad Española y con domicilio desconocido. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha veintisiete de febrero de dos mil seis, que mediante la cual falló: I.- REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil cinco, en la demanda de mérito, para el reintegro a sus puestos de trabajo, haciéndolo de la manera siguiente: 1) REVOCÓ PARCIALMENTE el número 1, de la parte resolutiva del fallo, en cuanto declara sin lugar la demanda laboral promovida por los trabajadores PEDRO VALENZUELA, GERMAN RAMOS, CARLOS ARTURO SUAZO GUTIERREZ, JOSE MIGUEL RIVERA MALDONADO, MARCO ANTONIO HENRIQUEZ MALDONADO, OSCAR ORLANDO MARTINEZ RIVERA, IVAN OMAR COELLO CASTILLO, RAUL ALBERTO ESCOTO ALVARADO, PEDRO CABRERA MUÑOZ, ROBERTO ARTURO CABALLERO LOPEZ, IGNACIA VALLECILLO IZAGUIRRE, ISABEL DISCUA CRUZ, MARIA MARTHA PINEDA CASTILLO, REINA ELOISA CARRANZA MALDONADO Y CARLOS ISMAEL RIVERA MEDAL; en consecuencia, declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los trabajadores antes mencionados, contra la Sociedad LAFARGE INCEHSA S.A. DE C.V., conocida como LAFARGE INCESA; 2) REVOCÓ PARCIALMENTE el numero 2 en cuanto absuelve totalmente a la parte demandada Sociedad LAFARGE INCEHSA S.A. DE C.V., conocida como LAFARGE INCEHSA, de las pretensiones de los demandantes, por ende CONDENÓ a la Sociedad demandada: a) REINTEGRAR a los trabajadores: PEDRO VALENZUELA, GERMAN RAMOS, CARLOS ARTURO SUAZO GUTIERREZ, JOSE MIGUEL RIVERA MALDONADO, MARCO ANTONIO HENRIQUEZ MALDONADO, OSCAR ORLANDO MARTINEZ RIVERA, IVAN OMAR COELLO CASTILLO, RAUL ALBERTO ESCOTO ALVARADO, PEDRO CABRERA MUÑOZ, ROBERTO ARTURO CABALLERO LOPEZ, IGNACIA VALLECILLO IZAGUIRRE, ISABEL DISCUA CRUZ, MARIA MARTHA PINEDA CASTILLO, REINA ELOISA CARRANZA MALDONADO Y CARLOS ISMAEL RIVERA MEDAL, en su trabajo por lo menos en igualdad de condiciones; b) Al pago de los salarios que hubieren dejado de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato de trabajo hasta que se cumpla con la reinstalación ordenada en esta sentencia; y, con el reconocimiento de los incrementos de salarios convencionales y demás ºderechos reconocidos en el Contrato Colectivo de trabajo vigente; 3) CONFIRMÓ el número 3 de la parte resolutiva del fallo que “declara con lugar la excepción perentoria de pago en relación a los trabajadores Cristóbal Armando Guerrero, Obdulio Mendoza Mejía, Mario de Jesús Ávila Hernández, Nohemi Chávez Valladares, Luis Andrés Sierra González, Edgardo Alexis Sandoval Medina, Valentín Chavarria, Maria Cristina Meléndez Guerrero, Reynaldo Guzmán López, Ana Maria Meléndez Guerrero, Cándido Montoya, Ciriaco Meza Bonilla, Cándido Rosa Jiménez Ártica, Salomón Alvarado Díaz, Fausto Caballero Amaya, Anain Machado Chavarria, Oscar Armando Calderón Discua, Jorge Alberto Chávez, José Aníbal Lara Velásquez, Celio Portillo Montoya, Gladys Amador Donaire, José de la Cruz Zambrano, José Alfonso Guzmán Cerna, Jairo Jonathan Orellana, Luis Amilcar Machado Recarte, José Gerardo Turcios Ordóñez, Adel Orlando Medina Lara y Olid Morales”; asimismo confirmó el Número 4 de la parte resolutiva del fallo que declaró sin lugar la demanda promovida por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en representación de los trabajadores Justiniano Amaya Amaya, Marvin Jonás Rodríguez, Alex Antonio Gómez, Gustavo Adolfo Velásquez, a este listado se agrega el trabajador Roberto Argelio Robles Medina quien desistió del recurso de apelación en fecha once de enero del año dos mil seis, y también confirmó el número 5 de la parte resolutiva del fallo apelado que absolvió a la Sociedad demandada, de las pretensiones reclamadas por los trabajadores mencionados en los números 3 y 4 de la parte resolutiva de la sentencia, sin costas. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia, dictó sentencia en fecha catorce de marzo del año dos mil seis, mediante la cual resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado ADALBERTO DISCUA RODRÍGUEZ, en su condición expresada, contra la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de febrero de dos mil seis, de que se ha hecho mérito, ordenando asimismo, se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo el traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara la demanda de casación. RESULTA: Que en fecha diez de mayo de dos mil seis, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado ADALBERTO DISCUA RODRIGUEZ, en su condición antes indicada, formalizando el Recurso de Casación que en su oportunidad interpuso, haciéndolo de la manera siguiente: “...IV.- ALCANCE DE LA IMPUGNACION Por medio de la presente Demanda de Casación, se pretende la anulación, parcial del fallo señalado y transcrito en el apartado II de la misma, porque contiene violaciones a la Ley Sustantiva de Orden Nacional, a cuyo efecto pido que ese Alto Tribunal de Justicia case parcialmente la sentencia recurrida y luego, en el momento prosal en que le corresponda actuar en sede de instancia, le reemplace, si a su criterio procede, en la forma siguiente: “POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 64, 90, 134, 135, 303, 304 y 315, atribución numero 5), de la Constitución de la República; 1 y 80, inciso 1º, de la Ley de Organización y atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 95, inciso 19); 111, inciso 1º, relacionado con el 60, párrafo tercero; 472, 518, inciso 3º; 519, 526, párrafo segundo, letra b); 664, 665, 666, letra c); 710, 738 y 858 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1376 y 1377 del Código Civil; Cláusula Nº 42 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la Empresa “LAFARGE INCEHSA”, S.A., y artículo 6, atribución 13ª., del Reglamento Interno de este Tribunal de Justicia, FALLA: PRIMERO: CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida.- SEGUNDO: Declarar CON LUGAR la excepción perentoria de pago opuesta respecto de los demandantes:1) Cristóbal Armando Guerrero; 2) Obdulio Mendoza Mejía; 3) Mario de Jesús Avila Hernández; 4) Nohemí Chávez Valladares; 5) Luis Andrés Sierra González 6) Edgardo Alexis Sandoval Medina; 8) Valentín Chavarría; 9) María Cristina Meléndez Guerrero; 10) Reynaldo Guzmán López; 11) Ana María Meléndez Guerrero; 12) Cándido Montoya; 13) Ciriaco Meza Bonilla; 14) Cándido Rosa Jiménez Artica; 15) Salomón Alvarado Díaz; 16) Fausto Caballero Amaya; 17) Anaín Machado Chavarría; 18) Oscar Armando Calderón Discua; 19 Jorge Alberto Chávez; 20) José Aníbal Lara Velásquez; 21) Celio Portillo Montoya; 22) Gladys Amador Donaire; 23) José de la Cruz Zambrano; 24) José Alfonso Guzmán Cerna; 25) Jairo Jonathán Orellana; 26) Luis Amilcar Machado Recarte; 27) José Gerardo Turcios Ordóñez; 28) Adel Orlando Medina Lara; 29) Olid Morales Guzmán.- TERCERO: Declarar SIN LUGAR la demanda de reintegro interpuesta a través de apoderado por los señores: 1) Pedro Valenzuela; 2) German Ramos; 3) Carlos Arturo Suazo Gutiérrez; 4) José Miguel Rivera Maldonado; 5) Marco Antonio Henríquez Maldonado; 6) Oscar Orlando Martínez Rivera; 7) Iván Omar Coello Castillo; 8) Raúl Alberto Escoto Alvarado; 9) Pedro Cabrera Muñoz; 10) Roberto Arturo Caballero López; 11) Ignacia Vallecillo Izaguirre; 12) Isabel Discua Cruz; 13) María Marta Pineda Castillo; 14) Reina Eloisa Carranza Maldonado; 15) Carlos Ismael Rivera Medal; 16 Justiniano Amaya Amaya; 17) Marvin Jonás Rodríguez; 18) Alex Antonio Gómez; 19) Gustavo Adolfo Velásquez, así como por el señor Roberto Argelio Robles Medina por separarse del recurso de apelación.- CUARTO: En consecuencia, declarar SIN LUGAR la pretensión de pago de salarios dejados de percibir por los demandantes desde la fecha de terminación de sus contratos de trabajo por la suspensión y reajuste de los respectivos puestos que desempañaban.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- CON COSTAS.- Redactó el Magistrado....- NOTIFIQUESE”. V.- MOTIVOS DE LA CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Ser la sentencia impugnada violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Directa al dejar de aplicar el artículo 95, inciso 19), del Código del Trabajo, en relación con el artículo 111, inciso 1º, del mismo Código, relacionado a su vez con la cláusula Nº 42 del VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en “LAFARGE INCEHSA”, S.A., que en el mismo orden de cita a continuación me permito transcribir: “Art. 95.- Además de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos: “19) Llevar a cabo los reajustes de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo.- A falta de éstas, respetarán los derechos de antigüedad y, en igualdad de condiciones, preferirán a los elementos sindicalizados para que sigan trabajando”. “Art. 111.- Son causas de terminación de los contratos de trabajo: “1º.- Cualquiera de las estipuladas en ellos si no fueren contrarias a la ley”. “Cláusula No. 42: PROCEDIMIENTO POR REDUCCIÓN DE PERSONAL.- En caso de reducción de personal, la Empresa seguirá el siguiente procedimiento: -Trabajadores nuevos no sindicalizados; -Trabajadores solteros no sindicalizados; -Trabajadores más antiguos no sindicalizados; -Trabajadores solteros sindicalizados; Trabajadores con familia no sindicalizados; Trabajadores con familia sindicalizados; y, Los miembros de la Junta Directiva Central y los delegados del sindicato debidamente acreditados, serán los últimos en ser rebajados”. Precepto Autorizante: El Motivo expresado está comprendido en el artículo 765, ordinal 1º, párrafo primero, del Código del Trabajo. Se explica la Violación de la manera siguiente: Para no darle aplicación al artículo 95, inciso 19), del Código del Trabajo, y vedarle así el ejercicio de la facultad privativa del patrono que la citada norma legal sustantiva le otorga, la sentencia impugnada solamente adujo como argumento el que contiene su Considerando número 11, en el cual, después de reconocer que “el artículo 111 del Código del Trabajo establece las causas de terminación de los contratos de trabajo” –corrigiendo así el error en que han incurrido el demandante, y alguno jueces en el pasado, de que toda terminación de contrato de trabajo necesariamente debía estar motivada por una de las causales de despido tipificadas en el artículo 112 del citado Código- adujo sin embargo una increíble e inaceptable argumentación del orden cuasi semántico al alegar que dentro de las causas de terminación del citado artículo 111 no encontraba la palabra “reestructuración”, que fue utilizada en las cartas de terminación de los contratos de trabajo emitidas por la Empresa el 7 de Agosto de 2003. Así, la sentencia bajo examen eludió detenerse a considerar que el reajuste de personal en la ley laboral hondureña es consecuencia lógica de fenómenos de reestructuración o reorganización, causantes de la supresión de puestos de trabajo que el patrono se ve en la necesidad –no en el placer- de realizar a fin de obtener resultados positivos para su negocio dentro de lo impredecible de los cambios tecnológicos y económicos y de los requerimientos variables del mercado en que se desenvuelve.- La sentencia impugnada, al desapercibirse de la aplicación práctica de los artículos 95, inciso 19), en relación con el 111, inciso 1º, del Código del Trabajo ciertamente incurrió en infracción a ley sustantiva de orden nacional que le señalaba con toda claridad que es causa de terminación de los contratos de trabajo cualquiera de las estipulaciones en ellos, si no fueren contrarias a la ley, siendo evidente que esa causal fue libremente estipulada en la cláusula número 42 del Contrato Colectivo que, por no violar la ley, mereció el registro en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Y bien sabía el Ad-Quem que, a folios 206 y 498, Tomo I de la primera pieza de los autos, aparece el texto de la citada cláusula No.42 del Contrato Colectivo, la cual ya he transcrito y que estoy citando NO COMO PRUEBA SINO COMO NORMA RELACIONADA CON LAS SUSTANTIVAS DE ORDEN NACIONAL VIOLADAS. Por otra parte, no tenía excusa alguna el Ad-Quem para basar su fallo en la inexistencia del vocablo “reestructuración”, pues entre los precedentes citados por el propio demandante e inspeccionados en el archivo de la Corte, a folio 653, vuelto, del Tomo I de los autos de la Primera Instancia, aparece la sentencia que la misma Corte de Apelaciones del Trabajo dictó el 13 de Mayo de 1993 confirmando la del Juzgado de Letras 1º del Trabajo de este Departamento, condenatoria contra HONDUTEL en un caso de reintegro, pero aclarándole al juez a-quo que esa confirmatoria era por razones distintas a la porfía de que la reestructuración no es causa de terminación del contrato de trabajo, pues en dicha sentencia de alzada, QUE QUEDO FIRME, la misma Corte de Apelaciones del Trabajo, con el voto favorable del aún Magistrado Mario Rigoberto Hernández, corrigió el error del a-quo en la forma en que, literalmente y por la importancia del caso, me permito transcribir: “CONSIDERANDO: (1): Que desde el momento que el artículo 95 del Código del Trabajo en su numeral 19) ordena: “que es obligación del patrono llevar a cabo los reajustes de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo.- A falta de éstas respetarán los derechos de antigüedad y en igualdad de condiciones preferirán a los elementos sindicalizados para que sigan trabajando”, eso nos demuestra que la ley permite las reorganizaciones o “reestructuraciones” dentro de una empresa cuya consecuencia lógicamente tiene que ser los cambios no sólo de la estructura sino también del personal laborante, ya haciendo traslados, permutas y hasta despidos.- Entonces, como causa permitida por la ley en el numeral 1) del Artículo 111 del Código del Trabajo y esto es lógico y de la naturaleza, ya que las empresas no son estáticas, cambian constantemente por adelantos tecnológicos o para lograr una mejor administración en la utilización de los recursos materiales y humanos y en la racionalización del gasto.- Esto mismo está determinado en forma especial en la Constitución de la República para las instituciones del Estado.-...” Tampoco le era posible ignorar al Ad-Quem la sentencia del 12 de Junio de 2003 en que la Corte Suprema de Justicia casó la de aquélla, del 21 de Febrero de 2002, en un caso de supresión de un supuesto de trabajo en el Banco Central de Honduras, anulando la revocatoria de la Corte de Apelaciones del Trabajo en que, por iguales “razones” que ahora, ordenaba el reintegro. Siendo evidente la flagrante Infracción Directa por falta de aplicación de Ley Sustantiva de Orden Nacional, estimo procedente que el Alto Tribunal de Justicia de mi Patria case parcialmente la sentencia impugnada. SEGUNDO MOTIVO: Ser la sentencia traída en recurso de Casación, violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Indirecta proveniente de Error de Hecho, consecuencia a su vez de la Falta de Apreciación de medios probatorios Instrumentales identificados como folios 91 y 92, Tomo I, de los autos de la Primera Instancia, demostrativos del respeto que al patrono le merecía el imperio de la legalidad y con cuya Falta de Apreciación la sentencia bajo ataque violó el artículo 95, inciso 19), relacionado con el 111, inciso 1º, del Código del Trabajo y con la cláusula número 42 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la Empresa LAFARGE INCEHSA, S.A.- Medios de prueba que para el Motivo invocado la técnica del recurso exige su individualización y explicaciones necesarias, como adelante las expondré. Precepto Autorizante: Este Motivo de Casación está comprendido en el artículo 765, ordinal 1º, párrafo segundo, del Código del Trabajo. Se explica la Violación de la manera siguiente: El Ad-Quem citó como fundamento legal la norma constitucional transcrita como sigue: “Artículo 128.- Las leyes que rigen las relaciones entre patrones y trabajadores son de orden público.- Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: .... 15.- El Estado tutela los contratos individuales y colectivos celebrados entre patronos y trabajadores”. Con la cita de esta norma de tipo general buscaba evidentemente imputarle a la parte demandada una actitud anti-sindical, por lo que, sabiendo que esa simple cita no le era suficiente al efecto, llegó al extremo de declarar en su Considerando Nº 10 lo siguiente: “CONSIDERANDO Nº 10: Que los trabajadores demandantes están afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria Cementera Hondureña S.A. LAFARGE INCEHSA (SITRAINCEHSA).- Se repite: “El Estado tutela los contratos individuales y colectivos celebrados entre patronos y trabajadores (Artículo 128 garantía 15 de la Constitución de la República)”. Aclarando que no consta probado el extremo oficiosamente declarado por el Ad-Quem en lo que dejo transcrito, el cual les correspondía probar a los demandantes, y que aún ahora la Empresa no ha recibido el listado de afiliados al Sindicato, tenemos a la vista que el fallador de la sentencia bajo impugnación infringió por Error de Hecho el artículo 95 inciso 19) del Código del Trabajo en relación con la cláusula Nº42 del VII Contrato Colectivo vigente en la Empresa demandada, al dejar de apreciar la prueba Instrumental Pública consistente en las Constancias de que el SITRAINCEHSA no tiene reportados a sus miembros, extendidas por la Jefatura del Departamento de Organizaciones Sociales, dependiente de la Dirección General de Trabajo, el 20 de Agosto de 2003 y el 1 de Noviembre de 2004, documentos que obran a folios números 91 y 92, Tomo I, de la Primera Pieza de los autos y que fueron gestionados y aportados por la Empresa al observar la negativa del Sindicato a suministrar su lista de afiliados del Libro de Afiliaciones que hubiese debido autorizarles la Dirección General de Trabajo, y con ello poder proceder en el orden estipulado en la cláusula número 42 del Contrato Colectivo para la realización del reajuste de personal por reestructuración interna de la Empresa. Es procedente, Honorable Corte, dada la validez y pertinencia de este Segundo Motivo, casar parcialmente la sentencia impugnada, como ha sido propuesto”. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha once de mayo del año dos mil seis, mediante la cual tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado ADALBERTO DISCUA RODRIGUEZ, y por formulada en tiempo la demanda de casación, ordenando en consecuencia dar traslado al opositor por el término de diez días, para que contestara dicha demanda, haciéndolo en fecha treinta de mayo de dos mil seis, el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal de los señores PEDRO VALENZUELA, GERMAN RAMOS, CARLOS ARTURO SUAZO GUTIERREZ y otros, de la siguiente manera: “...A LA EXCEPCION DE PAGO DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El alcance es el fin que persigue el recurrente, el objeto que se propone con el recurso, por lo tanto la manifestación debe hacerse con claridad y propiedad indicando si el recurso tiende a la anulación o casación del fallo de segundo grado, con motivo de la violación de la ley.- El recurrente no indica si dicha casación pretende que sea total o parcial.- Si la sentencia atacada guarda estrecha relación con la de primer grado, por haberla confirmado extremos del fallo el recurrente debió haber indicado el alcance de la impugnación, ya que no le es permitido a la Corte ampliarlo o proveer oficiosamente lo que el recurrente no indicó.- El recurrente pide la casación de la sentencia y a la vez la revocatoria en la misma forma en que lo hizo el Juez de primer grado, pide que declara con lugar la excepción perentoria de pago, pero es el caso que este aspecto le fue concedido en la sentencia objeto del presente recurso, evidentemente tal presentación es defectuosa, de manera que no solo es de técnica, si no de lógica solicitar primero la casación del fallo y luego en sustitución del fallo casado pronuncie condena o absolución en la misma forma en que lo hizo el Juez de primer grado. El impugnante no solicita la anulación del fallo del A-Quen y la consiguiente revocatoria del de primer grado, indicando el contenido del que debe reemplazarlo, como era de rigor en atención a que los de instancia condenaron en segunda instancias a la sociedad demandada. Determinar con precisión el petitum es una carga que al demandante en casación impone el procedimiento laboral, pues no se puede pedir a la Corte la resolución sin indicar cuáles son las decisiones que deben reemplazar las anuladas que en su concepto se ajusten a las disposiciones legales infringidas; la Corte estudia el recurso dentro de los limites que le traza el impugnante sin que le sea permitido proveer oficiosamente. A LA EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN AL PRIMERO MOTIVO El recurrente acusa ser la sentencia impugnada según él por violación de la ley sustantiva de orden nacional por infracción al dejar de aplicar el Artículo 95 inciso 19 del Código del Trabajo en relación con el Artículo 111 inciso 1º del mismo Código, y a su vez la cláusula numero 42 del VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la Empresa mismo que transcribe íntegramente, el motivo que indica se rechaza, en virtud que la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial con la Sentencia no ha violado las disposiciones que señala el exponente, y mas bien quien violo justamente la cláusula numero 42 de la Convención Colectiva fue la Empresa, en cuanto a que a los demandantes los despidió invocando la causal de reestructuración de personal, y que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, demostrado fue que una cosa es reducción de personal que no fue lo propio que realizo la Empresa y es muy diferente a la causa de despido imputable a mis representados por lo que este motivo no puede prosperar. AL PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación no esta comprendido en el Artículo 765 ordinal 1º párrafo primero del Código del Trabajo. A LA EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN El recurrente en la explicación que formula al primero motivo de casación, contiene en el fondo alegaciones de instancia y cuestionamiento de la sentencia de segunda instancia y además una apreciación de los medios probatorios, y, apreciaciones de algo otros antecedentes que menciona y apreciaciones que formula de un fallo de Hondutel, y expone un considerando de dicho fallo, el cual no es parte en este proceso, de tal manera que se aparta de la técnica propia y rigurosidad que exige el recurso de casación, lo que sin mas análisis el motivo debe ser desestimado. AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN Se rechaza el motivo de casación expuesto, la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, con la sentencia que dicto al caso de autos, no ha violado la ley sustantiva de orden nacional al no existir infracción indirecta por error de hecho, pues en la sentencia se aprecio todos los medios de prueba allegados al proceso. AL PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación no esta comprendido en el Artículo 765 ordinal 1º, párrafo segundo del Código del trabajo. A LA EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN En este segundo motivo el recurrente únicamente transcribe el Artículo 128 de la Constitución de la República y un fragmento del considerando numero 10 de la sentencia que ataca, y vuelve a cometer el error de tecnicismo en cuanto al recurso de casación, al sostener alegatos, sosteniendo que la Empresa no tiene reportado sus afiliados, y con argumentos de no apreciar medios de prueba, pero todos estos medios probatorios al momento en que se produce el fallo fueron apreciados por la Corte sentenciadora en su conjunto, y no hace otra cosa mas que aceptar que la Empresa no cumplió con la cláusula 42 del Contrato Colectivo que establece la forma en que deben de llevarse adelante la reducción de personal que no fue el caso debatido en este juicio por cuanto se sostiene que tal como lo refleja en las notas de despido del 7 de agosto del 2003 lo que la Empresa invoco fue la reestructuración como tanta veces se ha repetido y que tal causal para despedir no existe en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que este motivo no puede prosperar. Es de hacer notar otros defectos de que adolece la formalización de recursos de casación en el preámbulo incluye únicamente a PEDRO VALENZUELA, GERMAN RAMOS Y OTROS cuando la técnica y ritualidad del recurso de casación obliga la precisión que debe contener el mismo, es motivo suficiente para que la Corte rechace el mismo”. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en la demanda de mérito, se nombró Magistrado ponente a la Abogada TEODOLINDA PINEDA C., quien en su oportunidad informo tener redactado el proyecto de Sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediere conforme a derecho. CONSIDERANDO: Que el Recurrente, Abogado ADALBERTO DISCUA RODRIGUEZ, apoderado de la sociedad LAFARGE INCEHSA, S.A. en el primer motivo alega: “ Ser la sentencia impugnada violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Directa al dejar de aplicar el artículo 95, inciso 19) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 111 inciso 1º del mismo Código, relacionado a su vez con la cláusula 42 del VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en “LAFARGE INCEHSA, S.A.,” que en el mismo orden de cita a continuación me permito transcribir: “Art. 95.- Además de las contenidas en otros artículos de éste Código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos: 19) Llevar a cabo los reajustes de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo.- A falta de éstas, respetarán los derechos de antigüedad y, en igualdad de condiciones, preferirán a los elementos sindicalizados para que sigan trabajando.” “Artículo 111.- Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 1º.- Cualquiera de las estipuladas en ellos si no fueren contrarias a la ley.” “Cláusula 42: PROCEDIMIENTO POR REDUCCION DE PERSONAL.- En caso de reducción de personal, la Empresa seguirá el siguiente procedimiento: -Trabajadores nuevos no sindicalizados; -Trabajadores solteros no sindicalizados; -Trabajadores mas antiguos no sindicalizados; -Trabajadores solteros sindicalizados; - Trabajadores con familia no sindicalizados; - Trabajadores con familia sindicalizados; y, - Los miembros de la Junta Directiva Central y los delegados del sindicato debidamente acreditados, serán los últimos en ser rebajados.” Precepto Autorizante: El motivo expresado está comprendido en el artículo 765, ordinal 1º, párrafo primero, del Código del Trabajo.” El cargo en la forma que ha sido formulado está expuesto en forma clara y precisa, imponiéndose en consecuencia su admisión. CONSIDERANDO: Que en el segundo motivo el Recurrente alega: “Ser la sentencia traída en recurso de casación, violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Indirecta proveniente de Error de Hecho, consecuencia a su vez de la Falta de Apreciación de medios probatorios Instrumentales identificados como folios 91 y 92, Tomo I, de los autos de la Primera Instancia, demostrativos del respeto que al patrono le merecía el imperio de la legalidad y con cuya Falta de Apreciación la sentencia bajo ataque violó el artículo 95, inciso 19), relacionado con el 111, inciso 1º, del Código del Trabajo y con la cláusula número 42 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la Empresa LAFARGE INCEHSA, S.A., medios de prueba que para el Motivo invocado la técnica del recurso exige su individualización y explicaciones necesarias, como adelante las expondré. Precepto Autorizante: Este Motivo de Casación está comprendido en el artículo 765, ordinal 1º, párrafo segundo, del Código del Trabajo.” Pero el censor omite citar las disposiciones de carácter adjetivo que sirven de medio para demostrar la infracción de las normas de carácter sustantivo, por lo que el cargo así expuesto resulta inadmisible. CONSIDERANDO: Que la infracción directa se presenta, entre otras razones, cuando se deja de aplicar la ley siendo el caso de hacerlo, y en el caso de autos, resulta evidente que el Tribunal sentenciador ha dejado de aplicar el artículo 95, inciso 19) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 111 inciso 1º del mismo Código, relacionado a su vez con la cláusula 42 del VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en “LAFARGE INCEHSA, S.A., infracción que trasciende al fallo y que dio lugar a que se declarara con lugar parcialmente la demanda promovida por los trabajadores PEDRO VALENZUELA, GERMAN RAMOS, CARLOS ARTURO SUAZO GUTIERREZ, JOSE MIGUEL RIVERA MALDONADO, MARCO ANTONIO HENRIQUEZ MALDONADO, OSCAR ORLANDO MARTINEZ RIVERA, IVAN OMAR COELLO CASTILLO, RAUL ALBERTO ESCOTO ALVARADO, PEDRO CABRERA MUÑOZ, ROBERTO ARTURO CABALLERO LOPEZ, IGNACIA VALLECILLO IZAGUIRRE, ISABEL DISCUA CRUZ, MARIA MARTA PINEDA CASTILLO, REINA ELOISA CARRANZA MALDONADO y CARLOS ISMAEL RIVERA MEDAL en contra de la sociedad LAFARGE INCEHSA, S.A., pues el Ad-quem ha entendido que se ha producido un despido injustificado, sin considerar que el reajuste a que se refiere el artículo 95 en su numeral 19) del Código del Trabajo establece una terminación del contrato de trabajo pero sujeto a las prescripciones que en él se establecen, lo cual no significa que necesariamente la terminación de la relación laboral debe concluir por un despido ya sea justificado o no, ya que este es solo uno de tantos que establece la ley para que se ponga término a dicha relación, en tal sentido el artículo 111 en su numeral 1º del mismo Código prescribe la terminación del contrato de trabajo por diferentes motivos siempre y cuando no sean contrarios a la ley. CONSIDERANDO: Que en el recurso de casación que se conoce resulta justificado el motivo primero invocado, por lo que ha lugar el recurso de casación, casar la sentencia impugnada y a continuación en sede de instancia decidir lo que proceda conforme a la ley. CONSIDERANDO: Que los trabajadores PEDRO VALENZUELA, GERMAN RAMOS, JOSE ANIBAL LARA VELASQUEZ, MARVIN JONAS RODRIGUEZ, CARLOS ARTURO SUAZO GUTIERREZ, CRISTOBAL ARMANDO GUERRERO GALEANO, CIRIACO MEZA BONILLA, MARIO DE JESUS AVILA HERNANDEZ, SALOMON ALVARADO DIAZ, JOSE GERARDO TURCIOS ORDOÑEZ, OLID MORALES GUZMAN, JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA, REYNALDO GUZMAN LOPEZ, FAUSTO CABALLERO, JORGE ALBERTO CHAVEZ, EDGARDO ALEXIS SANDOVAL MEDINA, JOSE MIGUEL RIVERA MALDONADO, MARCO ANTONIO HENRIQUEZ MALDONADO, ANA MARIA MELENDEZ GUERRERO, ROBERTO ARGELIO ROBLES MEDINA, OSCAR ORLANDO MARTINEZ RIVERA, IVAN OMAR COELLO CASTILLO, CANDIDO ROSA JIMENEZ ARTICA, ANAIN MACHADO CHAVARRIA, ADEL ORLANDO MEDINA LARA, LUIS AMILCAR MACHADO RECARTE, JAIRO JONATHAN ORELLANA AMADOR, CELIO PORTILLO MONTOYA, GUSTAVO ADOLFO VELASQUEZ, JOSE DE LA CRUZ ZAMBRANO, RAUL ALBERTO ESCOTO ALVARADO, PEDRO CABRERA MUÑOZ, GLADYS AMADOR DONAIRE, ROBERTO ARTURO CABALLERO LOPEZ, OBDULIO MENDOZA MEJIA, CANDIDO MONTOYA, VALENTIN CHAVARRIA, IGNACIA VALLECILLO IZAGUIRRE, ISABEL DISCUA CRUZ, NOEMI CHAVEZ VALLADARES, MARIA MARTA PINEDA CASTILLO, REINA ELOISA CARRANZA MALDONADO, MARIA CRISTINA MELENDEZ GUERRERO, OSCAR ARMANDO CALDERON DISCUA, CARLOS ISMAEL RIVERA MEDAL, JUSTINIANO AMAYA AMAYA, LUIS ANDRES SIERRA GONZALEZ y ALEX ANTONIO GOMEZ, promovieron demanda en contra de la sociedad LAFARGE INCEHSA, S.A., para que justificase los despidos directos de que fueron objeto, que se declarase la nulidad de los mismos por no haberse seguido el procedimiento establecido en el Contrato Colectivo y la violación del mismo, el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios con el reconocimiento de los incrementos de salarios convencionales y demás beneficios establecidos en el Contrato Colectivo vigente, pago de indemnización por enfermedad a causa del trabajo, cuantificados los salarios y beneficios convencionales, desde la fecha del despido hasta que sea firme la sentencia condenatoria respectiva y las costas del juicio. CONSIDERANDO: Que los demandantes argumentan que la sociedad demandada los despidió sin causa justificada aduciendo como causal lo siguiente: “Por este medio le comunicamos que en ejercicio del principio de libre administración y al final de un detenido análisis sobre el volumen de la fuerza de trabajo actual en relación con la que es indispensable para el impulso de sus operaciones, la Empresa se ha visto en la necesidad de efectuar un plan de reestructuración interna, que ineludiblemente implica la cancelación de puestos de trabajo, siendo uno de ellos el que usted ocupa. En tal virtud, efectivo a partir del día de hoy 07 de agosto del 2003, la Empresa da por terminado su contrato de trabajo por reajuste de personal con base en los artículos 95 inciso 19) y 111, inciso 1ero., del Código del Trabajo, relacionado éste último con los artículos 90 del mismo Código, 2 y 80 del Reglamento Interno de Trabajo.” Pero que la reestructuración no existe en nuestra legislación laboral, apoyándose en el artículo 129 de la Constitución de la República que garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus puestos de trabajo, además que la demandada no siguió el procedimiento que contemplan las cláusulas 1, 3, 4, 5, 41 y 42 del VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre la empresa LAFARGE INCEHSA, S.A. y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cementera Hondureña, S.A. CONSIDERANDO: Que la sociedad LAFARGE INCEHSA, S.A. al contestar la demanda la rechazó, alegando que no se trata de un despido sino que de una reestructuración que implicó la supresión de los puestos de trabajo y que esos puestos dejaron de existir desde el 7 de agosto de 2003, fundamentándose en los artículos 95 inciso 19), 111 inciso 1º del Código del Trabajo y Reglamento Interno de Trabajo vigente de la Empresa; Cláusula 42 del VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, y opuso excepción perentoria de pago contra los demandantes que comparecieron a recibir las cantidades que les correspondían, por la terminación de sus contratos de trabajo y en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales en cuanto a los trabajadores: Cristóbal Armando Guerrero, Obdulio Mendoza Mejía, Mario de Jesús Ávila Hernández, Noemí Chávez Valladares, Luis Andrés Sierra González, Edgardo Alexis Sandoval Medina, Valentín Chavarrìa, María Cristina Meléndez Guerrero, Reynaldo Guzmán López, Ana María Meléndez Guerrero, Cándido Montoya, Ciriaco Meza Bonilla, Cándido Rosa Jiménez Ártica, Salomón Alvarado Díaz, Fausto Caballero Amaya, Anaìn Machado Chavarrìa, Oscar Armando Calderón Discua, Jorge Alberto Chávez, José Aníbal Lara Velásquez, Celio Portillo Montoya, Gladis Amador Donaire, José de la Cruz Zambrano, José Alfonso Guzmán Cerna, Jairo Jonathan Orellana, Luis Amilcar Machado Recarte, José Gerardo Turcios Ordóñez. CONSIDERANDO: Que es un hecho probado, admitido por ambas partes y así declarado por los Tribunales de instancia, que la empresa LAFARGE INCEHSA, S.A. procedió a comunicar a los ahora trabajadores demandantes, la terminación de los contratos de trabajo en el ejercicio del principio de libre administración y al final de un detenido análisis sobre el volumen de la fuerza de trabajo actual en relación con la que es indispensable para el impulso de sus operaciones, lo que se contrapone con el principio de la estabilidad laboral consagrado en el artículo 129 de la Constitución de la República, siendo ésta la controversia a decidir por esta Sala constituida en sede de instancia. CONSIDERANDO: Que el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo prescribe: “Además de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos:... 19) Llevar a cabo los reajustes de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo. A falta de éstas, respetarán los derechos de antigüedad y, en igualdad de condiciones, preferirán a los elementos sindicalizados para que sigan trabajando.”, y la Cláusula 42 del VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre la empresa LAFARGE INCEHSA, S.A. y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cementera Hondureña, S.A. establece el procedimiento por reducción de personal, que literalmente dice: “ En caso de reducción de personal, la Empresa seguirá el siguiente procedimiento: -Trabajadores nuevos no sindicalizados; -Trabajadores solteros no sindicalizados; -Trabajadores mas antiguos no sindicalizados; -Trabajadores solteros sindicalizados; - Trabajadores con familia no sindicalizados; - Trabajadores con familia sindicalizados; y, - Los miembros de la Junta Directiva Central y los delegados del sindicato debidamente acreditados, serán los últimos en ser rebajados.” CONSIDERANDO: Que el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa demandada establece entre otras, las siguientes atribuciones o disposiciones: a) Que es atribución de la empresa y sus representantes, la completa administración y el control de sus operaciones y no tendrá mas limitaciones que las establecidas en la ley; b) Ninguna disposición contenida en este Reglamento podrá interpretarse como renuncia de la empresa a los derechos que la ley le concede, c) Las partes reconocen como causas de terminación de los contratos de trabajo las establecidas en el artículo 111 del Código del Trabajo, reformado mediante Decreto ley No. 243 del 18 de julio de 1957. (artículo 2, 80 y 82 del Reglamento Interno de Trabajo). CONSIDERANDO: Que la parte actora en su demanda alega que no se observó el procedimiento para el reajuste de personal como lo establece la cláusula 42 del Contrato Colectivo, pero dicha cláusula no establece obligación alguna de observar ese procedimiento, en razón que se contrae a indicar el orden de las categorías de trabajadores que debe seguirse en caso de reducción de personal colocando a los miembros de la Junta Directiva Central y los delegados del sindicato como los últimos en ser separados. CONSIDERANDO: Que el Código del Trabajo establece en forma concreta y diferenciada, las causas de terminación del contrato de trabajo, y las causas o motivos de despido, acciones que tienen origen y efectos distintos, en el caso de merito, se trata de una causa de terminación de la relación de trabajo, con el reconocimiento al pago de prestaciones laborales, regulada en el artículo 80 del Reglamento Interno de Trabajo en relación con la cláusula 42 del Contrato Colectivo. CONSIDERANDO: Que la cláusula 42 antes citada, en manera alguna dispone otra estipulación que obligue a la empresa a cumplir con ella mas que la contenida en dicha cláusula, de modo que este Tribunal no encuentra la infracción que alegan los demandantes, en cuanto que no se siguió el procedimiento que establece dicha cláusula y aunque el numeral 19 del artículo 95 dispone que a falta de otras estipulaciones se respetarán los derechos de antigüedad y, en igualdad de condiciones, preferirán a los elementos sindicalizados para que sigan trabajando, se probó por parte de la sociedad demandada que el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cementera Hondureña, S.A. al momento de la comunicación de la terminación de la relación laboral no había cumplido con lo prescrito en el artículo 518 numeral 3 del Código del Trabajo, que dice: “Los sindicatos están obligados:... 3º. A enviar cada año a dicha Dirección una nómina completa de inclusiones y exclusiones de sus miembros”, por lo que en ausencia de esta información, y omisión por parte del Sindicato, el patrono, difícilmente podía sujetarse a esa exigencia legal, y no fue sino hasta en la secuela del juicio, en donde los demandantes acreditaron documentalmente estar afiliados al referido Sindicato, tal como consta a folios del 268 al 269 de la primera pieza, y la inspección llevada a cabo en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cementera Hondureña, S.A. ubicada en la colonia Sitraincehsa en la ciudad de Comayagua que obra folios 660 de la primera pieza de autos, pero estas pruebas no suplen la exigencia del artículo 578 precitado, encontrándose además, acreditado en autos que los puestos que ocupaban los trabajadores demandantes no han sido ocupados. CONSIDERANDO: Que en relación a la excepción Perentoria de Pago opuesta por el apoderado demandado y siendo que el apoderado demandante desistió parcialmente de la demanda de merito en cuanto a los trabajadores CRISTÓBAL ARMANDO GUERRERO, OBDULIO MENDOZA MEJIA, MARIO DE JESÚS AVILA HERNÁNDEZ, NOEMÍ CHAVEZ VALLADARES, LUIS ANDRES SIERRA GONZALES, EDGARDO ALEXIS SANDOVAL MEDINA, VALENTIN CHAVARRIA, MARIA CRISTINA MELÉNDEZ GUERRERO, CANDIDO MONTOYA, CIRIACO MEZA BONILLA, CANDIDO ROSA JIMÉNEZ ARTICA, SALOMÓN ALVARADO DIAZ, FAUSTO CABALLERO AMAYA, ANAIN MACHADO CHAVARRIA, OSCAR ARMANDO CALDERON DISCUA, JORGE ALBERTO CHAVEZ, JOSE ANIBAL LARA VELÁSQUEZ, CELIO PORTILLO MONTOYA, GLADIS AMADOR DONAIRE, JOSE DE LA CRUZ ZAMBRANO, LUIS AMILCAR MACHADO RECARTE, JOSE GERARDO TURCIOS ORDÓÑEZ, OLID MORALES, en consecuencia declárese con lugar la Excepción Perentoria de pago opuesta por el apoderado demandado. CONSIDERANDO: Que el artículo 129 de la Constitución de la República preceptúa: “La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador, tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios”, no obstante esta garantía no encuentra cabida en el caso sub-judice en tanto que no se ha producido un despido sino que la terminación de la relación laboral tiene su génesis en un reajuste en el que de común acuerdo convinieron tanto la empresa como el sindicato de la misma, actuando éste como representante de los trabajadores, al suscribir el VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo quedando plasmado éste en la Cláusula 42, sin mas prescripciones que a las previstas en ella, y aunque las cláusulas 1, 3, 4, 5 y 41 contienen obligaciones de las partes, estas resultan ajenas a este caso habida cuenta que las mismas son aplicables estando en vigencia la relación laboral para dirimir los conflictos que se originen, al contrario de lo que ha ocurrido en el presente caso que desde el momento que se produce la terminación del contrato de trabajo éste conflicto se dirime conforme la legislación ordinaria quedándole expeditas las acciones que les corresponden a aquellos que se consideran perjudicados con la decisión tomada por el empleador, por lo que este Tribunal no puede acoger el reclamo de los trabajadores demandantes. CONSIDERANDO: Que los contratos colectivos obligan a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran. CONSIDERANDO: Que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 60, 95 numeral 19) 111 ordinal 1º, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 740 numeral 3, 764 literal a), 765, 776, 777, 778, 858 del Código del Trabajo; FALLA: 1) CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida de fecha veintisiete de febrero dos mil seis dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial; 2) DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PAGO opuesta por la sociedad demandada LAFARGE INCEHSA, S.A. en cuanto a los trabajadores CRISTOBAL ARMANDO GUERRERO, OBDULIO MENDOZA MEJIA, MARIO DE JESUS AVILA HERNANDEZ, NOHEMI CHAVEZ VALLADARES, LUIS ANDRES SIERRA GONZALEZ, EDGARDO ALEXIS SANDOVAL MEDINA, VALENTIN CHAVARRIA, MARIA CRISTINA MELENDEZ GUERRERO, REYNALDO GUZMAN LOPEZ, ANA MARIA MELENDEZ GUERRERO, CANDIDO MONTOYA, CIRIACO MEZA BONILLA, CANDIDO ROSA JIMENEZ ARTICA, SALOMON ALVARADO DIAZ, FAUSTO CABALLERO AMAYA, ANAIN MACHADO CHAVARRIA, OSCAR ARMANDO CALDERON DISCUA, JORGE ALBERTO CHAVEZ, JOSE ANIBAL LARA VELASQUEZ, CELIO PORTILLO MONTOYA, GLADYS AMADOR DONAIRE, JOSE DE LA CRUZ ZAMBRANO, JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA, JAIRO JONATHAN ORELLANA, LUIS AMILCAR MACHADO RECARTE, JOSE GERARDO TURCIOS ORDOÑEZ, ADEL ORLANDO MEDINA LARA y OLID MORALES GUZMAN. 3) DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por los trabajadores CRISTOBAL ARMANDO GUERRERO, OBDULIO MENDOZA MEJIA, MARIO DE JESUS AVILA HERNANDEZ, NOHEMI CHAVEZ VALLADARES, LUIS ANDRES SIERRA GONZALEZ, EDGARDO ALEXIS SANDOVAL MEDINA, VALENTIN CHAVARRIA, MARIA CRISTINA MELENDEZ GUERRERO, REYNALDO GUZMAN LOPEZ, ANA MARIA MELENDEZ GUERRERO, CANDIDO MONTOYA, CIRIACO MEZA BONILLA, CANDIDO ROSA JIMENEZ ARTICA, SALOMON ALVARADO DIAZ, FAUSTO CABALLERO AMAYA, ANAIN MACHADO CHAVARRIA, OSCAR ARMANDO CALDERON DISCUA, JORGE ALBERTO CHAVEZ, JOSE ANIBAL LARA VELASQUEZ, CELIO PORTILLO MONTOYA, GLADYS AMADOR DONAIRE, JOSE DE LA CRUZ ZAMBRANO, JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA, JAIRO JONATHAN ORELLANA, LUIS AMILCAR MACHADO RECARTE, JOSE GERARDO TURCIOS ORDOÑEZ, ADEL ORLANDO MEDINA LARA y OLID MORALES GUZMAN promovida contra la sociedad LAFARGE INCEHSA, S.A. a través de su representante legal y presidente del consejo de administración, señor MIGUEL DEL CAMPO RODRIGUEZ conocido también como MIGUEL DEL CAMPO, por los conceptos antes indicados contraída a pedir el reintegro a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, que se declare la nulidad de la notificación de la terminación laboral, reconocimiento de los incrementos de salarios convencionales y demás derechos reconocidos en el Contrato Colectivo, pago de indemnización por enfermedad profesional y los salarios dejados de percibir; 4) DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA LABORAL promovida por los trabajadores PEDRO VALENZUELA, GERMAN RAMOS, CARLOS ARTURO SUAZO GUTIERREZ, JOSE MIGUEL RIVERA MALDONADO, MARCO ANTONIO HENRIQUEZ MALDONADO, OSCAR ORLANDO MARTINEZ RIVERA, IVAN OMAR COELLO CASTILLO, RAUL ALBERTO ESCOTO ALVARADO, PEDRO CABRERA MUÑOZ, ROBERTO ARTURO CABALLERO LOPEZ, IGNACIA VALLECILLO IZAGUIRRE, ISABEL DISCUA CRUZ, MARIA MARTA PINEDA CASTILLO, REINA ELOISA CARRANZA MALDONADO y CARLOS ISMAEL RIVERA MEDAL en contra de la sociedad LAFARGE INCEHSA, S.A. contraída a pedir el reintegro a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, que se declare la nulidad de la notificación de la terminación laboral, reconocimiento de los incrementos de salarios convencionales y demás derechos reconocidos en el Contrato Colectivo, pago de indemnización por enfermedad profesional y los salarios dejados de percibir; 5) ABSUELVE A LA DEMANDADA LAFARGE INCEHSA, S.A. DE C.V. a través de su representante legal y presidente del consejo de administración, señor MIGUEL DEL CAMPO RODRIGUEZ conocido también como MIGUEL DEL CAMPO, por los conceptos antes indicados; 6) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. SELLO Y FIRMAS. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. COORDINADORA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. ROBERTO LAGOS BANEGAS. SELLO Y FIRMA. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida a solicitud del Abogado GERMAN EDGARDO LEITZELAR VIDAURRETA, en su condición de apoderado legal de la Empresa Mercantil LAFARGE INCEHSA, S.A. de C.V., en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil siete, certificación de la sentencia de fecha 8/2/2007, recaída en el Recurso de Casación Laboral No.105-06.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL