Sentencia CL-412-05 — Registro 503
Resumen
Los empleados -recurridos- solicitan pago de compensación de salarios por años de servicio, quinquenios y vacaciones de conformidad al Estatuto del Docente Hondureño; la segunda instancia confirmo la sentencia dictada por primera instancia que declaro con lugar la demanda.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la declaración del alcance de la impugnación debe formularse en forma completa, con claridad y precisión, es por ello que en su formulación se deben llenar las formalidades exigidas por la técnica propia del Recurso de Casación, puesto que este requisito constituye el petitum de la demanda....Que en la forma en que el recurrente consigna el alcance de la impugnación lo hace en forma incompleta ya que en el fallo sustitutivo propuesto, omite un requisito fundamental que debe contener el petitum de la demanda como es la anulación del fallo del Ad-quem, es decir, casar la sentencia recurrida, requisito indispensable, por cuanto significa anular la sentencia impugnada, y al no hacerlo, no le es permitido a este Tribunal declarar con o sin lugar la demanda de mérito.- La defectuosa presentación de la demanda en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los dos motivos de casación que invoca el recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho mérito"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmene dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sala Laboral-Contencioso Administrativo. Tegucigalpa, M.D.C., Ocho de Agosto del año Dos Mil Seis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha catorce de febrero de dos mil seis, por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderado legal de la sociedad denominada “PROMOTORA EDUCATIVA, S.A. DE C.V.”, institución que opera el “Instituto Técnico San Pedro Sula”; en relación a la demanda para el pago de compensación de salarios por años de servicio, quinquenios y vacaciones de conformidad al Estatuto del Docente Hondureño, más intereses legales por incumplimiento de pago y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Primero Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha nueve de mayo de dos mil dos, por el Licenciado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, mayor de edad, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderado legal de los señores HILDA MARINA GUILLEN FLORES, MARCO ANTONIO COELLO LAZO, JORGE JAVIER CASTELLON, LUDWING RIVERA AREVALO, RAMON ROBERTO LOPEZ RIVERA, GEOVANY PERDOMO AGUIRRE, ROBERTO ALONSO PAREDES MARTINEZ, JOSE ULISES ROMERO MENDEZ, CAROL LIESBETH ARGEÑAL PEREIRA, GERARDO MAURICIO PAZ CASTELLON, ISABEL BERNARDINO SAGASTUME FAJARDO, SAUL ORDOÑEZ ORDOÑEZ, JOSE ROBERTO LOPEZ ESPINOZA, AMINTA EMPERATRIZ BODEN MERINO Y MANUEL ANTONIO ESCALANTE RIVERA, contra la empresa mercantil denominada “PROMOTORA EDUCATIVA, S.A. DE C.V.” (PROESA), entidad que opera el “Instituto Técnico San Pedro Sula”, representada legalmente por el señor JORGE EDGARDO SIKAFI REYES, mayor de edad, Ingeniero Industrial, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha dieciséis de noviembre de dos mil cinco, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que CONFIRMO la sentencia emitida por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil cinco, la cual declaro Con Lugar la demanda en cuanto al pago de compensación de salarios por años de servicio, quinquenios y vacaciones de conformidad al Estatuto del Docente Hondureño, mas no así en cuanto al pago de intereses legales por incumplimiento de pago, en consecuencia Condenó a la empresa “PROMOTORA EDUCATIVA S.A. DE C.V. que opera el “Instituto Técnico de San Pedro Sula”, a pagarle a los trabajadores demandantes la cantidad de Cuatrocientos Noventa y Un Mil Doce Lempiras con Sesenta y Cinco Centavos (Lps.491,012.65) por dichos conceptos. Sin Costas en ambas instancias. RESULTA: Que en fecha ocho de diciembre de dos mil cinco, este Tribunal dictó sentencia mediante la cual admitió el recurso de casación interpuesto por el Abogado Saúl Muñoz Orellana, en su condición indicada, y ordenó dar traslado de los autos al recurrente para que en el término de veinte días formalizara por escrito su recurso. RESULTA: Que en fecha catorce de febrero de dos mil seis. Compareció ante este Tribunal de Justicia el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, en su condición de apoderado legal de la sociedad denominada “PROMOTORA EDUCATIVA, S.A. DE C.V.” que opera el “Instituto Técnico San Pedro Sula”, formalizando su recurso de casación de la manera siguiente: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION. El presente Recurso Extraordinario de Casación tiene por objeto impugnar en su totalidad la sentencia definitiva de segunda instancia, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, el 16 de Noviembre del 2005 y en la cual dicho Tribunal confirmó la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado de Letras Primero Seccional del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, de fecha 21 de septiembre del 2005, sentencia que también impugnamos en su totalidad y que declaró con lugar la demanda promovida por los señores HILDA MARIA GUILLEN FLORES, MARCO ANTONIO CAELLO LAZO, JORGE JAVIER CASTELLON, LUDWING RIVERA AREVALO, RAMON ROBERTO LOPEZ RIVERA, GEOVANY PERDOMO AGUIRRE, ROBERTO ALONSO PAREDES MARTINEZ, JOSE ULISES ROMERO MENDEZ, CAROL LIESBETH ARGEÑAL PEREIRA, GERARDO MAURICIO PAZ CASTELLON, ISABEL BERNARDINO SAGASTUME FAJARDO, SAUL ORDOÑEZ ORDOÑEZ, JOSE ROBERTO LOPEZ ESPINOZA, AMINTA EMPERATRIZ BODEN MERINO, y MANUEL ANTONIO ESCALANTE RIVERA, contra la sociedad denominada PROMOTORA EDUCATIVA, S.A. DE C.V., institución que opera el INSTITUTO TECNICO SAN PEDRO SULA y se le condena al pago compensacional de salarios por años de servicio, pago de vacaciones remuneradas según los años de servicio y las causadas remuneradas de conformidad con el Estatuto del Docente Hondureño, sentencia que es contradictoria y violatoria de normas constitucionales, por lo que procede la invalidación de la sentencia de primera y segunda instancia, al efecto solicito, casar la sentencia de que se ha hecho mérito, revocar la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el 16 de Noviembre del 2005, la que a su vez conlleva la revocatoria de la sentencia proferida por el Juzgado de Letras Primero Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha 21 de septiembre del 2005, y actuando esta Corte Suprema de Justicia como Tribunal de instancia, la Sala de lo Laboral, deberá dictar sentencia en la forma siguiente: POR TANTO: LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (SALA DE LO LABORAL), impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 90, 128, 134, 135, 165, 303, 304, 314 y 319 numeral 7) de la Constitución de la República; 1, 40 reformado y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 8, 18, 19, 664, 665, 703, 704, 706, 720, 738, 739, 764 letra a), 765 párrafo 1º ordinal 1º y 858 del Código del Trabajo; 183, 184, 185, 187, 188, 190 y 191 del Código de Procedimientos Civiles; 72, 73, 74, 75 del Instituto del Docente Hondureño, FALLA: 1.- Declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores HILDA MARINA GUILLEN FLORES, MARCO ANTONIO CAELLO LAZO, JORGE JAVIER CASTELLON, LUDWING RIVERA AREVALO, RAMON ROBERTO LOPEZ RIVERA, GEOVANY PERDOMO AGUIRRE, ROBERTO ALONSO PAREDES MARTINEZ, JOSE ULISES ROMERO MENDEZ, CAROL LIESBETH ARGEÑAL PEREIRA, GERARDO MAURICIO PAZ CASTELLON, ISABEL BERNARDINO SAGASTUME FAJARDO, SAUL ORDOÑEZ ORDOÑEZ, JOSE ROBERTO LOPEZ ESPINOZA, AMINTA EMPERATRIZ BODEN MERINO Y MANUEL ANTONIO ESCALANTE RIVERA, contra la entidad mercantil denominada PROMOTORA EDUCATIVA, S.A. DE C.V., Institución que opera el “INSTITUTO TECNICO DE SAN PEDRO SULA”, del domicilio de San Pedro Sula, departamento de Cortés, representada por el señor JORGE EDGARDO SIKAFFY REYES, de generales conocidas, para el pago compensacional de salarios por años de servicio, pago de vacaciones remuneradas según los años de servicio de conformidad con el Estatuto del Docente Hondureño. 2.- Absolviendo a la demandada de toda responsabilidad económica. 3.- SIN COSTAS por haber tenido motivos racionales para litigar. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO DE CASACION. Infracción directa del artículo 72 del Estatuto del Docente Hondureño por falta de aplicación, en relación con el artículo 166 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 1º. Párrafo 1º. Del artículo 765 del Código de Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO. La Corte Sentenciadora dejó de aplicar el artículo 72 del Estatuto del Docente Hondureño, el que está íntimamente ligado o relacionado con el artículo 166 de la Constitución de la República, disposición constitucional que se considera infringida porque establece las relaciones de trabajo entre docentes y propietarios de instituciones privadas y cuyo párrafo segundo dice: “las relaciones de trabajo entre los docentes y propietarios de las instituciones privadas, estarán regidas por las leyes educativas, sin perjuicio de los beneficios que se deriven de la legislación laboral”, disposición esta que nos remite al Título VII del Estatuto del Docente Hondureño, que se refieren al Régimen Especial en los Establecimientos Educativos Privados, el artículo 72 de dicho Estatuto establece: “en relación al personal docente de las Instituciones Educativas Privadas, las disposiciones de este Título tienen precedencia sobre las del Estatuto en general y las del Estatuto tienen carácter de especialidad respecto a otras leyes laborales del país, siempre que no restrinjan o tergiversen garantías constitucionales”, el artículo antes trascrito es bien claro en su contenido, pues los establecimientos privados tienen un régimen especial establecido dentro del Estatuto del Docente Hondureño, el que debe aplicarse en forma primaria, precepto éste que la Corte Sentenciadora como el Juzgado de Primera Instancia dejó de aplicar, por lo que, los demandantes no tienen derecho al pago compensacional de salarios por años de servicio ni vacaciones remuneradas según los años de ser5vicio, estos son aplicables para los empleados y funcionarios del sector público pero no para establecimientos privados. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por interpretación errónea del artículo 166 párrafo segundo de la Constitución de la República en relación con el artículo 72 del Estatuto del Docente Hondureño; 8 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo de casación está comprendido en el numeral 1º. Párrafo 1º. Del artículo 765 del Código de Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora confirmó la sentencia de primera instancia hizo suyos los artículos invocados en la sentencia dictada por el Juez A-quo en tales consecuencias el recurrente debe tomar los razonamientos del A-quo, no como tales, sino como propios del sentenciador de segundo grado, que los ha prohijado, al confirmar sin razones o motivaciones complementarias la resolución objeto del Recurso de alzada. La disposición constitucional que se invoca como infringida por interpretación errónea en la sentencia impugnada, este motivo de casación, es porque el aspecto que regula la hace descender a normas sustantivas por excepción, por cuanto es un principio general establecido que las normas constitucionales son inviolables para los efectos de casación, a menos que como en el presente caso, ostentes las características señaladas, el Tribunal sentenciador que ha hecho como suyos los razonamientos del Juez inferior, interpretó erróneamente el artículo 166 párrafo segundo de la Constitución de la República, donde establece y fija que las relaciones entre los docentes y los establecimientos educativos privados está regulada por el Estatuto del Docente en su Título VII, donde establece que las normas o disposiciones contenidas en los artículos del 72 al 84 del referido Estatuto se aplicarán con preferencia o precedencia a las del Estatuto, el Tribunal sentenciador interpretó erróneamente la norma constitucional y aplicó las disposiciones del Estatuto en general en forma preferencial sobre las especiales establecidas en el Título VII del Estatuto. Por lo que, estando demostrada la infracción directa en los dos motivos antes mencionados es procedente la prosperidad del cargo y casar la sentencia que se impugna. NULIDAD SUBSIDIARIA. La Corte Sentenciadora se limitó únicamente a confirmar la sentencia del Juez A-quo invocando como novedad que a trabajo igual le corresponde salario igual y que en materia laboral, cuando existan disposiciones legales que regulen la misma materia se aplicará la que más favorezca al trabajador, y en el caso de autos la del Estatuto del Docente Hondureño es aplicable, tergiversando el artículo 8 del Código de Trabajo que establece: “en caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben de predominar las primeras. No hay preeminencia entre las leyes de previsión social y las de trabajo”, disposición que es clara lo que indica que si existe conflicto entre las leyes de trabajo o con cualquier otra ley, debe de predominar la Ley del Trabajo y no dice que debe predominar el Estatuto del Docente Hondureño, apreciaciones erradas que llevó a la Corte Sentenciadora a cometer error de juicio, además no existe ninguna parte motivada de la sentencia ni mucho menos indica los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento, al faltar estos presupuestos procesales constituyen una violación al debido proceso, violentando el artículo 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República, por lo que deberá de anularse la sentencia de segunda instancia para que el Tribunal Ad-quem dicte la que corresponda enmarcada dentro de la Ley”. RESULTA: Que en providencia de fecha quince de febrero de dos mil seis, este Tribunal tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado Saúl Muñoz Orellana, y dio traslado de los autos al opositor para que en el término de diez días contestara dicha demanda. RESULTA: Que en proveído de fecha veintiuno de marzo de dos mil seis, este Supremo Tribunal declaro caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término concedido y dejado de utilizar por el Licenciado José Dionisio Sánchez Ruiz, para que contestara la demanda de casación, ordenando proseguir con el trámite legal pertinente. RESULTA: Que no habiéndose solicitado el señalamiento de audiencia, se nombró Magistrado Ponente al Abogado ROBERTO LAGOS BANEGAS, quien en su oportunidad informó tener elaborado el proyecto respectivo; ordenando éste Tribunal que se dictase la sentencia que procediere en derecho. CONSIDERANDO: Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por este Honorable Tribunal, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prosperar. CONSIDERANDO: Que el recurrente Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, al pretender formular la declaración del alcance de la impugnación que es el petitum de la demanda lo hace en los siguientes términos: “Y actuando esta Corte Suprema de Justicia como Tribunal de instancia, la Sala de lo Laboral, deberá dictar sentencia en la forma siguiente: POR TANTO: LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (SALA DE LO LABORAL), impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de voto y en aplicación de los Artículos 80, 90, 128, 134, 135, 165, 303, 304, 314 y 319 numeral 7) de la Constitución de la República; 1, 40 reformado y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 8, 18, 19, 664, 665, 703, 704, 706, 720, 738, 739, 764 letra a), 765 párrafo 1º. ordinal 1º. y 858 del Código del Trabajo; 183, 184, 185, 187, 188, 190 y 191 del Código de Procedimientos Civiles; 72, 73, 74, 75 del Instituto del Docente Hondureño, FALLA: 1.- Declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores HILDA MARIA GUILLEN FLORES, MARCO ANTONIO CAELLO LAZO, JORGE JAVIER CASTELLON, LUDWING RIVERA AREVALO, RAMON ROBERTO LOPEZ RIVERA, GEOVANY PERDOMO AGUIRRE, ROBERTO ALONSO PAREDES MARTINEZ, JOSE ULISES ROMERO MENDEZ, CAROL LIESBETH ARGEÑAL PEREIRA, GERARDO MAURICIO PAZ CASTELLON, ISABEL BERNARDINO SAGASTUME FAJARDO, SAUL ORDOÑEZ ORDOÑEZ, JOSE ROBERTO LOPEZ ESPINOZA, AMINTA EMPERATRIZ BODEN MERINO y MANUEL ANTONIO ESCALANTE RIVERA, contra la entidad mercantil denominada PROMOTORA EDUCATIVA, S.A. de C.V., Institución que opera el “INSTITUTO TECNICO DE SAN PEDRO SULA”, del domicilio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, representada por el señor JORGE EDGARDO SIKAFFY REYES, de generales conocidas, para el pago compensacional de salarios por años de servicio, pago de vacaciones remuneradas según los años de servicio de conformidad con el Estatuto del Docente Hondureño 2.- Absolviendo a la demandada de toda responsabilidad económica. 3.- SIN COSTAS por haber tenido motivos racionales para litigar.” CONSIDERANDO: Que la declaración del alcance de la impugnación debe formularse en forma completa, con claridad y precisión, es por ello que en su formulación se deben llenar las formalidades exigidas por la técnica propia del recurso de Casación, puesto que este requisito constituye el petitum de la demanda. CONSIDERANDO: Que en la forma en que el recurrente consigna el alcance de la impugnación lo hace en forma incompleta ya que en el fallo sustitutivo propuesto, omite un requisito fundamental que debe contener el petitum de la demanda como es la anulación del fallo del Ad-quem, es decir, casar la sentencia recurrida, requisito indispensable, por cuanto significa anular la sentencia impugnada, y al no hacerlo, no le es permitido a este Tribunal declarar con o sin lugar la demanda de mérito.- La defectuosa presentación de la demanda en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los dos motivos de casación que invoca el recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que el recurrente alega nulidad subsidiaria, ya que considera que la Corte sentenciadora al confirmar la sentencia del A-quo, tergiversó el artículo 8 de Código del Trabajo a darle preeminencia en su fallo a lo dispuesto en el Estatuto del Docente Hondureño.- Pero es el caso, que la nulidad así planteada, debió alegarse como motivo de casación y no como causa de nulidad.- En todo caso, la Corte recurrida al aplicar la disposición contractual legal que más favorecía a los trabajadores, no violó ninguna norma de carácter procedimental, por lo que no invalida la sentencia recurrida, siendo procedente declarar sin lugar la nulidad planteada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República 1, y 80 No. 1 de Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 664, 665, 666 letra c), 769, 775, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al Recurso de Casación de que se ha hecho merito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROBERTO LAGOS BANEGAS. COORDINADOR. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO G. SECRETARIA POR LEY.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de octubre de dos mil seis. (Certificación de la sentencia de fecha ocho de agosto de dos mil seis, recaída en el recurso de casación con orden de ingreso en este Tribunal No.412-05).
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL