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Sentencia CL-350-05 — Registro 1239

Resumen

Demanda ordinaria Laboral para el reconocimiento de status de empleados permanente con el reconocimiento de antiguedad interpuesta por empleados contratados por tiempo determinado,siendo declarada ha lugar y confirmada en segunda instancia e interponiendo la demandada el recurso de merito contra dicha sentencia invocando aplicación indebida

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El censor en el primer motivo alega la aplicación indebida de los artículos 47 y 113 del Código del Trabajo y en este motivo alega la interpretación errónea de los mismos artículos, demostrando con ello un ataque equivocado, y le falta claridad y precisión a la estructuración del motivo, y por tanto inadmisible el cargo. CONSIDERANDO: Que el Recurrente alega también en forma subsidiaria la nulidad de actuaciones porque en la audiencia correspondiente, luego que la parte demandante contestó la excepción de prescripción de la acción opuesta por el apoderado del Instituto Hondureño de Seguridad Social procedió a proponer las pruebas para desvirtuarla así como para acreditar las representaciones de sus representados, procediendo el Juzgado en consecuencia con ello, pero además precluyó el derecho dejado de utilizar por el apoderado legal de la parte demandada, para proponer sus medios de prueba y clausurando la audiencia para señalar como segunda de trámite la del martes veintidós de febrero de dos mil cinco, y que con ello se ha violado el derecho de defensa y del debido proceso porque no le ha permitido a la demandada defender sus intereses; asimismo, existen varias actas de audiencias en donde en el encabezado consta la comparecencia de ambas partes, y en franca violación al artículo 749 del Código del Trabajo no fueron firmadas por los profesionales del Derecho, lo que acarrea nulidad por ser normas de orden público. Sin embargo, las nulidades acusadas carecen de fundamento habida cuenta que al apoderado del Instituto Hondureño del Seguro Social se le precluyó el derecho para proponer pruebas pues no compareció a la audiencia correspondiente, tal como consta a folios 26 y 27 de la primera pieza, sin presentar motivos que justificasen su inasistencia, y ante la inactividad de la propia parte afectada no puede operar la indefensión que se alega. En cuanto a la nulidad por falta de firma de los apoderados de las partes esta también carece de sustentación legal ya que ello no acarrea nulidad, en primer lugar, ninguna de las partes alegó en tiempo dicha omisión, en segundo lugar, esa omisión no provoca la indefensión de las partes, y tercero, la nulidad, de ser procedente, no la puede invocar el mismo que la provoca porque ello sería premiar al infractor, y en los autos consta que ha sido principalmente el apoderado demandado quien ha incurrido en la omisión cuya nulidad ahora invoca."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 113 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 190 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION. La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de agosto del dos mil seis. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación por infracción de ley, formalizado ante este Supremo Tribunal de Justicia, en fecha cinco de enero de dos mil seis, por el Abogado TEODORO VALESTER, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de Apoderado Legal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.); en relación a la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL RECONOCIMIENTO DE STATUS DE EMPLEADOS PERMANENTES CON EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD, CON EL PAGO RETROACTIVO DEL 25% DE AUMENTO DE SALARIO EN BASE AL CONTRATO COLECTIVO Y QUE TAL INCREMENTO SE RECONOZCA COMO PARTE DEL SALARIO, DERECHO A SER INCORPORADO AL PLAN MEDICO Y A AFILIARSE AL FONDO SOCIAL DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, (IHSS), promovida en fecha veintinueve de Julio de dos mil cuatro, ante el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, por los señores ROSAURA AGUILERA; MARIA ADA LUZ FLORES ALVARADO; REINA ISABEL CRUZ REYES; LORENZA ELVIR; ONEIDA CUBAS; GLORIA GARCIA; ENRIQUE AVILA; RITZA PORTILLO; MIRIAM IRIAS; DOUGLAS ALBERTO RAUDALES; INGRID REYES; GLORIA FERRERA; MARGARITA GALVES; MERIDA MATUTE; CARMEN ISAURA RIVERA; Y, DIGNA EMERITA IZCANO, mayores de edad, solteros, técnicos instrumentistas, hondureños y de este domicilio, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) a través del Director Ejecutivo de ese entonces, RICHARD ZABLAH, mayor de edad, casado, Doctor, hondureño, y de este vecindario.- El recurso de Casación se interpuso contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha cinco de octubre de dos mil cinco, misma que FALLÓ: 1).- Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO ERIC RODRIGUEZ, accionando como apoderado apelante-actores.- 2).- Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, accionando como apoderado apelante-demandado.- 3).-CONFIRMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha tres de agosto de dos mil cinco, que falló declarando CON LUGAR la demanda, en consecuencia reconoció a los demandantes como trabajadores permanentes a partir del siete de julio de dos mil cuatro, reconociéndoles ser reincorporados al Plan Médico y a afiliarse al Fondo Social de Prestaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), a partir de la fecha en que quede firma la sentencia; declarando SIN LUGAR la demanda en cuanto se les reconozca a los trabajadores el incremento de salario del 25% a partir de enero de 2002, aplicado a los trabajadores permanentes en forma retroactiva; no reconociéndoles el 25% de aumento de salario para ser reincorporados al cálculo de promedio de salario ordinario y salario promedio en forma retroactiva; no reconociéndoles a los trabajadores el reajuste de pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes en forma retroactiva, en consecuencia ABSOLVIO al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) por dichos conceptos; declarando SIN LUGAR lo excepción perentoria de prescripción opuesta por el apoderado demandado.- 4).- SIN COSTAS en esta instancia. RESULTA: Que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil cinco, este Supremo Tribunal de Justicia, admitió el recurso de casación interpuesto por el Abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, en su condición de apoderado legal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, (I.H.S.S.), y dispuso que se siguiera adelante con la tramitación del recurso, dándole traslado a la parte recurrente para que en el término de veinte días formalizara el recurso de casación. RESULTA Que en fecha cinco de enero de dos mil seis, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia, el Abogado TEODORO VALESTER, de generales citadas y en su condición indicada, formalizando su recurso de casación de la siguiente manera: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION En el epígrafe denominado "INDICACION DE LA SENTENCIA IMPUGNADA" señale, que el fallo atacado es el dictado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial el 5 de octubre que a su vez, confirmó la Sentencia proferida por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo del departamento de Francisco Morazán el 3 de agosto, ambas del año 2005 que en su parte resolutiva dice: "POR TANTO: Esta CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, Y en aplicación de los artículos 129, 134, 135, 303 y 304 de la Constitución de la República; 1 y 137 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 47, 664, 665, 666 letra b), 672, 699 párrafo segundo, 760 y 858 del Código del Trabajo; en relación esta última disposición legal con los artículos 183, 184, 187 reformado, 188, 189, 190, 192 Y 200 del Código de Procedimientos Civiles; FALLA: 1).- Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO ERIC RODRIGUEZ, accionando como apoderado apelante-actores.- 2).- Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, accionando como apoderado apelante-demandado.- 3).- CONFIRMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha 3 de agosto de 2005 que corre a folios 40, 41, 42 Y 43 de la primera pieza de autos.- 4).- SIN COSTAS en esta instancia.- MANDA: en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los apoderados de las partes en litigio y una vez firme el presente ratio vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia, con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado HERNANDEZ BARAHONA.- Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia. Firmando para constancia los Magistrados y el Secretario del Despacho que da fe. La presente Demanda de Casación persigue revocar el fallo recurrido, que es violatorio de ley sustantiva de orden nacional y en consecuencia, solicita a esta Honorable Corte, proceda a CASARLA TOTALMENTE Y a continuación, OBRANDO EN SEDE DE INSTANCIA, en lugar del fallo casado, anule la de segundo grado; es decir, el dictado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, el 5 de octubre del 2005, reemplazándola en la forma siguiente: POR TANTO: La Honorable Corte Suprema de Justicia, en nombre de la Republica de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los Artículos: 165, 303 Y 319 numeral 7) de la Constitución de la República; 1 y 80 atribución lo de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 4, 5, 26, 27, 37 letra c) párrafo primero, 46 letra b), 664, 666 letra c), y 858 del Código del Trabajo; y, 190 del Código de Procedimientos Civiles: 1.- CASA la sentencia recurrida y en consecuencia, declara sin lugar la demanda promovida por los señores: ROSAURA AGUILERA; MARIA ADA LUZ FLORES ALVARADO; REINA ISABEL CRUZ REYES; LORENZA ELVIR; ONEIDA CUBAS; GLORIA GARCIA; ENRIQUE AVILA; RITZA PORTILLO; MIRIAM IRIAS; DOUGLAS ALBERTO RAUDALES; INGRID REYES; GLORIA FERRERA; MARGARITA GALVES; MERIDA MATUTE; CARMEN ISAURA RIVERA; Y, DIGNA EMERITA IZCANO, en contra del INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), a través de su Director Ejecutivo Doctor RICHARD ZABLAH.- II.-ABSUELVE a la Institución, en la Demanda Ordinaria Laboral para el Reconocimiento de Status de Empleados Permanentes con el Reconocimiento de la Antigüedad y pago Retroactivo del 25% de Aumento de Salario en Base al Contrato Colectivo y que tal Incremento se Reconozca como Parte del Salario, Derecho a ser Incorporados al Plan Medico y Afiliarse al Fondo Social de Prestaciones del IHSS, que le tienen promovida los señores demandantes.- III.- CON COSTAS de la casación.- IV.- NOTIFIQUESE. PRIMER MOTIVO Aplicación indebida de los artículos: 47 y 113 del Código del Trabajo en relación con el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente por disposición del artículo 858 del primer ordenamiento jurídico citado. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el ordinal 1o párrafo segundo, del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA "Hay aplicación indebida de la Ley, cuando la sentencia incorpora una norma que no regula el proceso" CONCEPTO DE LA INFRACCION Los demandantes, Honorable Corte, acudieron al Juzgado de Letras Primero del Trabajo, promoviendo Demanda Ordinaria Laboral para el Reconocimiento de Status de Empleados Permanentes con el reconocimiento de la antigüedad y pago retroactivo del 25% de aumento de salario en base al contrato colectivo y que tal incremento se reconozca como parte del salario, derecho a ser incorporados al Plan Médico y afiliarse al Fondo Social de Prestaciones del IHSS, bajo el argumento, que dicha Institución, los había contratado temporalmente en labores que son permanentes. En efecto, al darle replica a dicha acción, se deja establecido, que la modalidad de los contratos celebrados con cada uno de ellos, es de aquellos que el Código del Trabajo establece, por que el Instituto, a raíz de los requerimientos a que periódicamente los someten sus afiliados, precisa para ciertas temporadas de trabajadores eventuales para fines específicos y además, que cada uno de los demandantes, no han prestado su concurso en forma continuada o para el desempeño de una misma actividad. Tomando en consideración la complejidad de funciones que la demandada está obligada a prestar, se acumulan tareas que exigen la contratación bajo aquella modalidad y que pese a su consideración legal, implican una prestación de servicios extraordinarios por que las actividades desplegadas en ciertas épocas de tiempo, son conceptuadas como especiales y el Instituto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 35 de su propia Ley Orgánica, puede suscribir estos contratos, aunque se trate de su actividad normal; toda vez que se presenten las circunstancias que el Código del Trabajo establece y se requieran ocasionalmente el concurso de trabajadores eventuales. Entonces, la necesidad de acudir a esta modalidad en la contratación, radica en la dificultad de atender a sus derechohabientes en ciertos períodos y determinadas áreas, por que el recurso humano permanente disponible, es insuficiente para soportar todas o algunas de esas prestaciones pero que una vez transcurrido el ciclo crítico y la actividad se normaliza, con las personas contratadas por tiempo indefinido se cumplen a cabalidad las funciones. Tenemos pues, que el artículo 47 atacado, dispone que en aquellas empresas en que sus labores sean permanentes o continuas, los contratos deberán celebrarse par tiempo indefinido y es bajo esta modalidad, que la Institución opera, pero sostiene a su vez, que los demandantes, siendo trabajadores contratados para labores que en cierto período de tiempo se acumulan y que los trabajadores permanentes no pueden atender, se recurre a la contratación por tiempo limitado; en consecuencia, es evidente, que dicha disposición se aplicó indebidamente. Por otra parte, el artículo 113 citado en la Sentencia de primera instancia y que la Corte de Apelaciones del Trabajo la prohíja por haberla confirmado, dispone lo siguiente: "La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el Patrono la comunique al Trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido.- Si el Patrono no prueba dicha causa debe de pagar al trabajador la indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. EI Trabajador puede demandar a su Patrono el cumplimiento del Contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. El derecho del Trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: a) El ejercicio del derecho es alternativo con el de reclamar las indemnizaciones a que hace referencia la primera parte de este artículo; y, b) Si el Juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el Trabajador, este no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero sí a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquel, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del Patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio". De la simple lectura del artículo trascrito se desprende, que esa norma, tampoco le es aplicable al asunto debatido por lo que además de estar íntimamente ligado al artículo que le antecede, en el caso de autos, no ocurrió ningún despido y del estudio del proceso se desprende, que los demandantes, al momento de entablar su acción, se encontraban laborando en la institución demandada, lo que induce a llegar a la inequívoca conclusión, que habiendo fundamentado el fallo en esta otra norma se da el quebrantamiento apuntado en este motivo y del artículo 190 del Código de Procedimiento civiles, que consagra que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las pretensiones deducidas en el juicio y por tal virtud, por este motivo, debe casarse la sentencia recurrida. SEGUNDO MOTIVO: Infracción por falta de aplicación de los artículos 26, párrafo primero, 27, 37 letra c), 46 letra b) parte inicial y, 48 párrafo final del Código del Trabajo; 31 de la Ley del Seguro Social; 190 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo 858 del primer ordenamiento jurídico citado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación, está comprendido en el ordinal 1o párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA "Toda infracción directa de la ley -según probada jurisprudencia- surge cuando la sentencia, no aplica la norma que regula el juicio." CONCEPTO DE LA INFRACCION. Entiende el recurrente, que las leyes de previsión social, interesan mas a la sociedad que a las personas individua1rnente consideradas, pues se inspiran en el interés general de aquella que en el de los particulares aunque sean estos a quienes directamente se les aplica.- Bajo ese orden de ideas, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ante la necesidad de atender a sus afiliados, que incrementan las solicitudes de servicio, durante ciertas etapas del año y actividades eventuales que el personal permanente no puede atender, suscribe contratos individuales de trabajo por tiempo limitado. En la réplica de la demanda, se dejó establecido, que los demandantes, por las razones apuntadas en el párrafo que antecede, no han tenido continuidad en los cargos a que originalmente fueron contratados, pues sus derechohabientes, marcan la pauta del servicio requerido que va dependiendo de la época del año y el personal permanente, ante ese eventual incremento de consultas, se ve excedido para prestárselos.- Otra causa que obliga al institución a suscribir contratos temporales, es la necesidad de cubrir las plazas de aquellos trabajadores que gozan de vacaciones, solicitan permisos sin goce de salario, los incapacitados por enfermedad que obligan a la entidad demandada a suscribir contratos a plazo como lo estipula el literal c) del artículo 37 del Código del Trabajo. Por regla general se admite que la falta de aplicación de una norma es consecuencia de la indebida aplicación de otra, y suele ocurrir, a equivocada inteligencia respecto al contenido de la hipótesis legal, que lleva al juzgador a desestimar la disposición que regula el juicio como en el caso objeto de este recurso.- El artículo 46 literal b) de la obra legal citada, dispone que el contrato individual de trabajo puede ser por tiempo limitado, cuando se especifica fecha de su terminación; por ello, la entidad demandada, ante el aumento de consultas que para cierta época del año es acosada por sus afiliados, procede a contratar personal en forma temporal. Si la disposici6n comentada y el requerimiento del servicio, permite ese tipo de contrato, evidentemente, obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de ello se derivan, según lo dispone la ley, el uso, la equidad y lo consagra el párrafo 10 del artículo 26 del ordenamiento jurídico apuntado y solamente el incumplimiento permite a una de las partes contratantes, a deducir la responsabilidad económica respectiva o las prestaciones que determina el artículo 27 del Código del Trabajo. La Institución demandada como entidad de servicio, de conformidad con el reglamento interno, tiene contratado el personal permanente para atender a sus afiliados pero se viene sosteniendo en este motivo, que en ciertas épocas del año, el volumen de consultas aumentan y conviene contratar trabajadores temporales, porque después de esa eventualidad, el personal contratado indefinidamente es suficiente para afrontar aquellos requerimientos. Como se dejó expresado en la contestación, los demandantes, si bien suscribieron contratos por tiempo determinado, esa relación laboral no puede considerarse continua y mas aún, porque cuando se les ha renovado el contrato, tampoco lo hacen para desempeñar el mismo cargo, porque como se deja planteado, dependiendo del período del año, las consultas de sus derechohabientes se trasladan de un departamento a otro con funciones diferentes.- Esa modalidad en al relación Instituto-afiliados, es lo que marca la pauta y debe entenderse que su acumulación periódica es lo que impide al personal permanente atenderlos y obliga a la Institución a incorporar personal mediante la modalidad del contrato apuntado por lo que vuelve a decir, que injustificadamente, los demandantes plantean la acción apuntada en la parte introductiva de este recurso. Si el Código del Trabajo incorpora en sus normas el contrato de trabajo por tiempo limitado, es obvio que la Corte recurrida debió aplicar al caso debatido, las disposiciones que se citan en este motivo como infringidas, pues la evidencia se encamina en admitir que la institución demandada respetuosa de las disposiciones que regulan la relación laboral, contrata para cargos permanentes trabajadores por tiempo indefinido y bajo ese perspectiva la sentencia recurrida no solo viola las normas sustantivas de trabajo de orden nacional que se dejan apuntadas, también el artículo 31 de la Ley del Seguro social, que prevé las condiciones de ingreso, la garantía de estabilidad los deberes y derechos de los empleados, la forma de cubrir las vacantes, ascensos, licencias, vacaciones y por último, el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, que consagra que las sentencias deben ser congruentes, con las partes en litigio, por lo que por este motivo procede casar la sentencia impetrada. TERCER MOTIVO Interpretación errónea de los artículos: 47 y 113 del Código del Trabajo en relación con el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente por disposición del artículo 858 del primer ordenamiento jurídico citado. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el ordinal 1o párrafo tercero, del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA La interpretación errónea de la lev, consiste en su equivocado entendimiento, independientemente de toda cuestión de hecho. CONCEPTO DE LA INFRACCION Los demandantes, Honorable Corte, acudieron al Juzgado de Letras Primero del Trabajo, promoviendo Demanda Ordinaria Laboral para el Reconocimiento de Status de Empleados Permanentes con el Reconocimiento de la Antigüedad y pago Retroactivo del 25% de Aumento de Salario en Base al Contrato Colectivo y que tal Incremento se Reconozca como Parte del Salario, Derecho a ser Incorporados al Plan Médico y Afiliarse al Fondo Social de Prestaciones del IHSS, bajo el argumento, que los contrataron temporalmente, para desempeñar labores que son permanentes. En la contestación se afirma, que efectivamente, ante el incremento de las solicitudes de servicios que se prestan a sus afiliados y que el personal permanente, no puede atender, se contrata personal por tiempo limitado y se argumentó a favor de la entidad demandada, que los demandantes, no han prestado sus labores en forma continua ni tampoco para desempeñar el mismo cargo. Por disposición de su Ley Orgánica, el Instituto, contrata su personal de acuerdo a sus necesidades, cuidando en primer término, la garantía de estabilidad, sin descuidar la forma de cubrir las vacantes, licencias o vacaciones de sus empleados permanentes y los requerimientos de servicios, que para ciertas temporadas en el año, se incrementan de parte de sus afiliados. Por tal motivo, procede en consonancia con lo que el Código del Trabajo permite y suscribe Contratos Individuales por tiempo limitado.- La tipología de esta modalidad, de la relación laboral, presenta múltiples formas, cada una de ellas con un fin específico o para supuestos igualmente específicos, de tal forma; que es por ese motivo, que el Instituto suscribiera con los demandantes los Contratos a Plazas, porque sus servicios requeridos, son discontinuos, aunque se trate de la actividad normal que la entidad demandada presta a sus afiliados. La temporalidad de dichos contratos, se admite cuando además del término de duración, es previsible el carácter interino del servicio, en este caso, marcado por la acumulación periódica del requerimiento de servicios impuestos por los derechohabientes, lo que no implica, una continuada prestación de labores, aunque el carácter sea permanente.- Estos Contratos, tienen por objeto la realización de servicios determinados con autonomía y sustantividad dentro de las actividades que presta el Instituto, pero cuya ejecución es limitada, porque decrecen y entonces, el personal permanente, es suficiente para dedicarles una eficiente atención. La Corte recurrida, al fundamentar su fallo en el artículo 47 del Código del Trabajo, ha incurrido en la equivocada interpretación del precepto impugnado, pues si bien es cierto que los demandantes fueron contratados para desempeñar actividades que son permanentes en la Institución, está acreditado, que obedece, al exceso de demanda de servicios, que periódicamente los afiliados requieren y que los trabajadores permanentes, no pueden atenderlos durante ese período. Otro tanto se observa al aplicar el A-Quo el artículo 113 del mismo ordenamiento y que el Ad-Quem prohíja al confirmar aquel fallo, puesto que esa norma, faculta al trabajador a emplazar al patrono, cuando aquel, es despedido conforme una de las causales incorporadas en el artículo que lo antecede, es decir, el 112 del Código del Trabajo y en el presente caso, los demandantes, cuando acudieron al Juzgado de primera instancia, estaban laborando para la entidad demandada.- Consecuente con lo anterior, resulta equivocada la exégesis de la Corte recurrida sobre las normas citadas y por tal razón, se han violado en la modalidad apuntada, de donde también se evidencia que otro tanto ocurrió con el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, que consagra, que las sentencias deben ser congruentes con la demanda y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, por lo que la sentencia recurrida, por este motivo debe casarse. NULIDAD SUBSIDIARIA En providencia fechada el 10 de enero del año recién pasado, se señaló audiencia de conciliación para el catorce del mismo mes y llegada esta fecha, se clausuró convirtiéndola en primera de trámite cuyo propósito era darle contestación a la Excepción Perentoria de Prescripción a la Acción interpuesta en esa audiencia por el Apoderado demandado.- Par tal motivo, el Abogado de la parte demandante, solicito la suspensión de dicha audiencia y el Juzgado, en providencia de esa misma fecha, resolvió de la manera siguiente: "En vista de lo manifestado por el Apoderado Legal de la parte demandante dice, y en aplicación del artículo 710 del Código del Trabajo, suspender la presente audiencia y señalar su continuación para el día JUEVES VEINTE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CINCO A LAS NUEVE CON QUINCE MINUTOS DE LA MAÑANA en la el Apoderado legal de la parte demandante deberá de contestar la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION A LA ACCION...". Llegada la fecha de esta última audiencia, el Abogado Francisco Eric Rodríguez rechazándola, contestó la excepción y propuso prueba para justificarla y además, para probar el fondo del juicio.- Como resultado de lo anterior, el Juzgado proveyó tener por contestada la excepción perentoria de prescripción a la acción, admitiendo los medios probatorios que servirán para desvirtuarla así como para acreditar las pretensiones de sus representados, precluyendo el derecho dejado de utilizar por el apoderado legal de la parte demandada, para proponer sus medios de prueba y clausurando la audiencia para señalar como segunda de trámite, la del día martes 22 de febrero del 2005. La Carta Fundamental en sus artículos 82, párrafo primero y 90, consagran las garantías del derecho a la legítima defensa y la del debido proceso, que en el juicio objeto de esta nulidad, se violentaron como paso a explicarlo a continuación: a) Consta a folio 25 vuelto, de la primera pieza, que el Juzgado, a solicitud del apoderado de la parte demandante, suspendió la audiencia primera de trámite para continuar el día 20 de enero del 2005, con el único propósito de darle contestación a la excepción perentoria de prescripción a la acción y ocurre que en esa audiencia, el Apoderado de la parte actora, aprovecha para proponer medias probatorios con el fin de desvirtuarla y además, para acreditar los hechos de la demanda. Repare Honorable Corte, que el Juzgado, debió admitir la contestación de la excepción y las pruebas que justificaran el argumento de la parte demandante para desvirtuarla y una vez concluida este segmento del proceso, resolver como continuación de la primera de trámite, el momento procesal para que las partes, propusieran los medias probatorios y de esa manera, permitirle a la demandada, la oportunidad de defender sus intereses y no precluírle el derecho, clausurando la audiencia que había sido señalada con el único propósito de darle contestación a la excepción mencionada (ver folio 27 frente). Además de lo anterior, aparecen en la primera pieza actas de audiencias en donde en su encabezado consta, la comparecencia de ambas partes pero resulta, que dichas actas, en franca violación a lo dispuesto en el artículo 749 del Código del Trabajo, no fueron firmadas por dichos Profesionales, situación que acarrea la nulidad de lo actuado, porque las normas de dicho cuerpo legal son de orden público y de inexcusable observancia (ver folios 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39 frente y vuelto de la primera pieza). Señaladas las violaciones ocurridas en la sustanciación del proceso, por la atribución conferida en el artículo 956 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del Artículo 858 del Código del Trabajo, muy respetuosamente os solicito, decretéis la nulidad absoluta e actuaciones a partir de la providencia fechada el 20 de enero del 2005 que corre a folio 27 de la primera pieza, ordenándole al juzgado que conoce de la causa, proceder de conformidad con las disposiciones adjetivas que le son propias a este tipo de procesos.” RESULTA: Que mediante auto de fecha seis de enero de dos mil seis, este Supremo Tribunal de Justicia, tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado TEODORO VALESTER, por formulado en tiempo el recurso de casación, por lo que se dio traslado al opositor por el término de diez días para que contestara dicha demanda, haciéndolo en fecha veintiséis de enero de dos mil seis, el Licenciado FRANCISCO ERIC RODRIGUEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de Apoderado Legal de los señores ROSAURA AGUILERA; MARIA ADA LUZ FLORES ALVARADO; REINA ISABEL CRUZ REYES; LORENZA ELVIR; ONEIDA CUBAS; GLORIA GARCIA; ENRIQUE AVILA; RITZA PORTILLO; MIRIAM IRIAS; DOUGLAS ALBERTO RAUDALES; INGRID REYES; GLORIA FERRERA; MARGARITA GALVES; MERIDA MATUTE; CARMEN ISAURA RIVERA; Y, DIGNA EMERITA IZCANO, de generales citadas, de la siguiente manera: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION Se rechaza este acápite, el recurrente impugna la sentencia pero no menciona el porque dicha impugnación, de manera que existe una presentación defectuosa, al no consignar en que consiste la impugnación, pues no sólo es de técnica la omisión sino también de lógica, por tal razón la presentación del alcance de la impugnación es irregular e impropia. El recurrente no indica cuales son las disposiciones legales infringidas por lo tanto se rechaza. A LA EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. Se rechaza el primer, segundo y tercer, motivos de casación enunciados porque la aplicación indebida es cuando de una norma puede ser motivo para que se deje de aplicar otra que sí es pertinente, o que la falta de aplicación de la que corresponde lleve a la indebida aplicación de la que no viene al caso, pero entonces el demandante en casación debe precisar cuál es la indebidamente aplicada y cual la que no se aplicó habiendo debido hacerlo, para hacer posible a la Corte el estudio de la acusación, además el recurrente no solo debe indicar la apreciación errónea o falta de apreciación de la prueba, sino que debe demostrar eficazmente que el sentenciador incurrió en el error de derecho o en el error de hecho que alega con relación a la falta de aplicación el recurrente no dice si es Directa o Indirecta, si es por Error de Hecho o por Error de Derecho. Con relación a la nulidad subsidiaria en el recurso de Casación no cabe pues en competencia el fallador.” RESULTA: Que en fecha treinta y uno de enero de dos mil seis, este Supremo Tribunal de Justicia tuvo por devuelto el traslado conferido al Licenciado FRANCISCO ERIC RODRIGUEZ, de generales y condición citadas, y por contestado en tiempo el recurso de casación, por lo que se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en la demanda de mérito, se designó Magistrada ponente a LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de Sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediere conforme a derecho. CONSIDERANDO: Que el Recurrente, Abogado TEODORO VALESTER, apoderado del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, en el primer motivo alega: “Aplicación indebida de los artículos: 47 y 113 del Código del Trabajo en relación con el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo 858 del primer ordenamiento jurídico citado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación esta comprendido en el ordinal 1º párrafo segundo, del artículo 765 del Código del Trabajo.” El Recurrente en la explicación del concepto de la infracción sostiene: “que cada uno de los demandantes, no han prestado su concurso en forma continuada o para el desempeño de una misma actividad. Tomando en consideración la complejidad de funciones que la demandada esta ligada a prestar, se acumulan tareas que exigen la contratación de personal bajo la modalidad temporal, que por su consideración legal, implica una prestación de servicios extraordinarios porque las actividades desplegadas en ciertas épocas de tiempo, son conceptuadas como especiales y el Instituto puede suscribir estos contratos, aunque se trate de su actividad normal, toda vez que se presenten circunstancias que el Código del Trabajo establece y se requieran ocasionalmente el concurso de trabajadores eventuales. Que el artículo 47 atacado dispone que en aquellas empresas en que sus labores sean permanentes o continuas los contratos deberán celebrarse por tiempo indefinido y es bajo esta modalidad, que la institución opera, pero sostiene a su vez, que los demandantes, siendo contratados para labores que en cierto periodo de tiempo se acumulan y que los trabajadores permanentes no pueden atender, se recurre a la contratación por tiempo limitado; en consecuencia, es evidente, que dicha disposición se aplica indebidamente. Por otra parte, el artículo 113 citado en la sentencia de primera instancia y que la Corte de Apelaciones del Trabajo la prohija por haberla confirmado …esa norma tampoco le es aplicable al asunto abatido por lo que además de estar íntimamente ligado al artículo que el antecede, en el caso de autos, no ocurrió ningún despido y del estudio del proceso se desprende, que los demandantes al momento de entablar su acción, se encontraban laborando en la institución demandada …”. Este Tribunal ha declarado que la aplicación indebida se produce cuando se aplica a un hecho que no obstante estar debidamente probado en el proceso no lo regula la norma invocada sino otra diferente, o cuando debiendo aplicarla a un caso que si es aplicable, deja de hacerlo o le hace producir efectos que la norma no contempla, pero en el caso subjudice no se encuentra probada la eximente que sostiene el censor, es decir, no fueron probados los presupuestos para considerar los contratos de trabajo de los demandantes como temporales, por el contrario, el Tribunal sentenciador aplicó la norma que corresponde conforme lo alegado y probado por la parte actora, llegando a la conclusión inequívoca que el trabajo desempeñado por los trabajadores demandantes es de carácter permanente, no existiendo por tanto la aplicación indebida. Por otra parte, si bien es cierto que el artículo 113 del Código del Trabajo se incluye dentro de las disposiciones legales que sustentan el fallo de primera instancia, la que fue confirmada por el Ad-Quem, el mismo no tiene influencia alguna en el fallo y corresponde a un mero error insustancial puesto que del texto de la sentencia recurrida, así como de la dictada en primera instancia, se evidencia que en manera alguna se hace aplicación de él, no se declara ningún despido directo como tampoco se impone condena por tal circunstancia. No habiéndose demostrado la violación acusada, se torna inadmisible la pretensión que encierra este motivo. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el segundo motivo alega: “Infracción por falta de aplicación de los artículos 26, párrafo primero, 27, 37 letra c), 46 letra b) parte inicial; y 48 párrafo final del Código del Trabajo; 31 de la Ley del Seguro Social; 190 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición del artículo 858 del primer ordenamiento jurídico citado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación, está comprendido en el ordinal 1º párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo.” Este Tribunal ha declarado que hay violación directa o falta de aplicación, cuando el texto de la norma legal es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con él; si el hecho básico del litigio no se discute; si se halla debidamente establecido y no se aplica la norma legal pertinente, o si se aplica a un hecho inexistente. Pues bien, el hecho básico lo constituye la pretensión de los actores que se les declare trabajadores permanentes del Instituto Hondureño de Seguridad Social con los consiguientes derechos y obligaciones que ello conlleva, hecho que probó debidamente la parte actora en el juicio. La parte demandada ha argumentado como eximente de responsabilidad la temporalidad de los contratos de trabajo para desestimar la pretensión de los actores, sin embargo, esta argumentación descansa en un mero alegato sin sustentación probatoria alguna, resultando de esa manera la improcedencia del cargo. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el tercer motivo alega: “Interpretación errónea de los artículos: 47 y 113 del Código del Trabajo en relación con el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente por disposición del artículo 858 del primer ordenamiento jurídico citado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal 1º párrafo tercero, del artículo 765 Código del Trabajo.” El censor en el primer motivo alega la aplicación indebida de los artículos 47 y 113 del Código del Trabajo y en este motivo alega la interpretación errónea de los mismos artículos, demostrando con ello un ataque equivocado, y le falta claridad y precisión a la estructuración del motivo, y por tanto inadmisible el cargo. CONSIDERANDO: Que el Recurrente alega también en forma subsidiaria la nulidad de actuaciones porque en la audiencia correspondiente, luego que la parte demandante contestó la excepción de prescripción de la acción opuesta por el apoderado del Instituto Hondureño de Seguridad Social procedió a proponer las pruebas para desvirtuarla así como para acreditar las representaciones de sus representados, procediendo el Juzgado en consecuencia con ello, pero además precluyó el derecho dejado de utilizar por el apoderado legal de la parte demandada, para proponer sus medios de prueba y clausurando la audiencia para señalar como segunda de trámite la del martes veintidós de febrero de dos mil cinco, y que con ello se ha violado el derecho de defensa y del debido proceso porque no le ha permitido a la demandada defender sus intereses; asimismo, existen varias actas de audiencias en donde en el encabezado consta la comparecencia de ambas partes, y en franca violación al artículo 749 del Código del Trabajo no fueron firmadas por los profesionales del Derecho, lo que acarrea nulidad por ser normas de orden público. Sin embargo, las nulidades acusadas carecen de fundamento habida cuenta que al apoderado del Instituto Hondureño del Seguro Social se le precluyó el derecho para proponer pruebas pues no compareció a la audiencia correspondiente, tal como consta a folios 26 y 27 de la primera pieza, sin presentar motivos que justificasen su inasistencia, y ante la inactividad de la propia parte afectada no puede operar la indefensión que se alega. En cuanto a la nulidad por falta de firma de los apoderados de las partes esta también carece de sustentación legal ya que ello no acarrea nulidad, en primer lugar, ninguna de las partes alegó en tiempo dicha omisión, en segundo lugar, esa omisión no provoca la indefensión de las partes, y tercero, la nulidad, de ser procedente, no la puede invocar el mismo que la provoca porque ello sería premiar al infractor, y en los autos consta que ha sido principalmente el apoderado demandado quien ha incurrido en la omisión cuya nulidad ahora invoca. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 776, 777 y 858 del Código de Trabajo. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR LA NULIDAD DE ACTUACIONES ALEGADA. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROBERTO LAGOS BANEGAS. COORDINADOR.- TEODOLINDA PINEDA CARDONA.- LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA.- FIRMA Y SELLO.- MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los nueve días del mes de octubre de dos mil seis. Certificación de la sentencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil seis, recaída en el Recurso de Casación 350-05. LUCILA CRUZ MENENDEZ. SECRETARIA GENERAL.”