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Sentencia CL-345-05 — Registro 476

Resumen

La recurrente( trabajadora) interpuso demanda para el pago de prestaciones laborales. El juzgado de primer instancia falló en su contra. La corte de apelaciones confirmó el fallo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El motivo así estructurado resulta incompleto, al haber omitido citar las normas adjetivas o procedimentales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas, requisito indispensable para la infracción indirecta, omisión que torna inadmisible este segundo motivo. "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa M.D.C., diecisiete de mayo del dos mil seis. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación por infracción de ley, formalizado ante este Supremo Tribunal de Justicia, en fecha trece de enero de dos mil seis, por el Abogado FRANCISCO ERIC RODRIGUEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal de la señora JUDITH ESPERANZA MOLINA TURCIOS, con relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en un cargo permanente y para el pago de derechos adquiridos en un cargo temporal, pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, promovida ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha veintidós de septiembre de dos mil cuatro, por la señora JUDITH ESPERANZA MOLINA TURCIOS, mayor de edad, soltera, Licenciada en Trabajo Social, hondureña, y de este domicilio, contra el INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA “IHADFA”, por intermedio del Director General señor RAUL GERARDO BATRES ALVARADO, mayor de edad, casado, Médico, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha seis de octubre de dos mil cinco, mediante la cual falló CONFIRMANDO la sentencia proferida por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha dos de agosto de dos mil cinco, misma que declaró SIN LUGAR la demanda de mérito, en cuanto al pago del preaviso, auxilio de cesantía, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, décimo tercer y décimo cuarto mes y reajuste de vacaciones y salarios dejados de percibir, en consecuencia, ABSOLVIÓ al INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA “IHADFA”, por el pago de los conceptos antes indicados, sin costas. RESULTA: Que en fecha uno de noviembre de dos mil cinco, este Tribunal dictó sentencia mediante la cual RESOLVIÓ: Admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado FRANCISCO ERIC RODRIGUEZ, en su calidad expresada, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha seis de octubre de dos mil cinco, y dispuso dar traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formalizara su recurso. RESULTA: Que en fecha trece de enero de dos mil seis, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia, el Abogado FRANCISCO ERIC RODRIGUEZ, de generales expresadas y condición aludida, formalizado su recurso de casación de la siguiente manera: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION En el párrafo denominado “INDICACION DE LA SENTENCIA IMPUGNADA”, señalé como sentencia impugnada la dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día jueves seis de octubre del dos mil cinco, cuya parte resolutiva copié íntegramente, y que en la parte conducente dice: FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO ERIC RODRIGUEZ, accionando como apoderado apelante-actora.- 2).- CONFIRMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado Primero de letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha 02 de agosto de 2005, que corre a folios 87, 88 y 89 frente y vuelto de la primera pieza de autos.- 3).- SIN COSTAS en esta instancia. Con la presente demanda de casación se persigue CASAR totalmente la sentencia recurrida en la parte resolutiva anteriormente transcrita. En segundo lugar solicito que casada totalmente ésta, la Honorable Corte Suprema de Justicia, acto seguido y actuando en sede de instancia la revoque y la sustituya por la que en derecho corresponde dictando el fallo en los términos siguientes: “POR TANTO: la Honorable Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los Artículos 129, 303 reformado por Decreto No. 262-2000de 22 de diciembre del 2000 y ratificado por Decreto No. 38-2001 del 16 de abril del 2001, 304, 313 atribución quinta, reformado por el Decreto No. 175-2003 de fecha 28 de octubre del 2003 ratificado por Decreto 105-2004 de fecha 27 de julio del 2004 ratificado por Decreto 105-2004 de fecha 27 de julio del 2004, todos de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 18, 112, 113 párrafo primero, interpretado mediante decreto 89 de fecha 24 de Noviembre de 1969, 100 numeral 8, 117, 664, 665, 666, literal c), 709, 738, 739, 764 literal a), 765 párrafo primero, ordinal primero, 858 y demás aplicables del Código del Trabajo: 183, 184, 185, 187 reformado, 188, 190 y 192 del Código de Procedimientos Civiles; 6º atribución 13ª del reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia; 31 de la ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales en consecuencia CASA totalmente la sentencia recurrida y en consecuencia FALLA: I.- REVOCANDO TOTALMENTE la sentencia de fecha seis de octubre del dos mil cinco; por lo tanto, II.- DECLARA CON LUGAR la demanda para EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN UN CARGO PERMANENTE Y PARA EL PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS EN UN CARGO TEMPORAL. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por la señora JUDITH ESPERANZA MOLINA TURCIOS, contra INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCION DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCION Y FARMACODEPENDENCIA (IHADFA), a través de su Director General y Representante Legal, señor RAUL GERARDO BATRES ALVARADO al pago de la cantidad de de SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (Lps.670,475.02), la que se desglosa de la siguiente manera: PREAVISO: LPS. 68,499.70; AUXILIO DECESANTIA: LPS.513,747.75; AGUINALDO PROP: LPS.17,203.26; DECIMOCUARTO MES PROP: LPS.2,524.71; REAJUSTE DE VACACIONES (60 DIAS): LPS. 68,499.60, más por liquidarse lo relativo a los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia condenatoria respectiva y las costas del presente juicio. IV. CON COSTAS. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación del artículo 31 de la ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprometido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA VIOLACION La violación paso a explicarla de la forma siguiente: la disposición legal contenida en el artículo 31 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, es clara, de modo que en su interpretación no ofrece duda, no obstante, el tribunal ad-quen negó su aplicación debiendo haberlo aplicado, incurriendo en violación directa de dicha norma sustantiva de orden nacional. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la corte sentenciadora absuelve al Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia de la obligación de pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales a la trabajadora JUDITH ESPERANZA MOLINA TURCIOS, sin citar la norma sustantiva de orden nacional aplicable al caso, como ser la contenida en el artículo 31 de la ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, que literalmente dice: “El trabajador social, que sin causa justificada cesare en su cargo, tendrá derecho a que se le reintegre a su puesto o percibir una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio. Igual derecho tendrá el trabajador social que por decisión personal pusiera fin a la relación laboral siempre que lo haga por escrito con dos meses de anticipación”, hecho que constituye la controversia o litis, en virtud que la parte demandante la alegó en los hechos de su demanda y la demandada además de negarlo no probó que la trabajadora no estuviera desempeñando el cargo de Trabajadora Social. La Corte sentenciadora, además de omitir la motivación de su decisión no consignó el precepto antes trascrito y absolvió al Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia, en la parte dispositiva, respecto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de la trabajadora demandante, infringiendo directamente el artículo 31 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales. SEGUNDO MOTIVO Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 113 del Código del Trabajo interpretado por el Decreto 89 del 24 de noviembre de 1969 en relación con los artículos 117, 738 y 739 del Código del Trabajo por error de hecho derivado de mala apreciación del medio de Prueba Documental contenido a folios 42 al 48 y el medio de prueba Inspección contenido en los folios del 66 al 67 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo, del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA Para que se configure la infracción indirecta de la Ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: debe existir una mala apreciación de la prueba; ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de ley sustantiva; y, el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurre en la sentencia recurrida, en la que se da por no probado el hecho que la señora JUDITH ESPERANZA MOLINA TURCIOS, fue despedida sin pagarle prestaciones e indemnizaciones laborales según lo establece el artículo 113 del Código del Trabajo, hecho que está demostrado plenamente en juicio. Siendo así que el error de hecho en la apreciación de la prueba documental, fundamentó este motivo del recurso, consiste en demostrar que los hechos declarados como no probados y las afirmaciones contenidas en la sentencia, están en manifiesta oposición con lo que en los documentos aparece, por estimar como cierto lo contrario de lo que de ellos resulta, incurriendo por ello el Juzgador en la evidente equivocación que exige el numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que se ampara este motivo. ESTA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA Transcribiré el artículo 113, del Código del Trabajo interpretado por el Decreto 89 del 24 de noviembre de 1969, el cual establece “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que el patrono le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”. Así mismo el artículo 117 estipula: “La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos”; por otra parte el artículo 738 del Código del Trabajo establece: “El Juez al proferir su decisión analizará todas las pruebas allegadas en tiempo”. Asimismo el artículo 739 del Código del Trabajo manda: “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba. Y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad Ad Sustatiun, no se podrá admitir sin pruebas por otro medio. En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento”. Los artículos anteriormente transcritos fueron válidos por mala apreciación de la prueba documental que obra a folios 42 al 48 y 66 al 67 de la primera pieza de autos, dicha prueba resulta esencial y no secundaria, al grado que determina en forma definitiva la decisión de la litis. Si bien es cierto que la ley otorga discrecionalidad al tribunal para apreciar las pruebas y darles el valor probatorio que su convicción le señala para que apliquen sentencia de segunda instancia, no es menos cierto que no puede apreciarla arbitrariamente no dando por establecido que la señora JUDITH ESPERANZA MOLINA TURCIOS, no se le pagaron sus prestaciones e indemnizaciones laborales tal como lo tipifica el artículo 113 del Código del Trabajo lo que crea una situación de indefensión, por lo que es admisible la casación en este motivo, por violación indirecta del artículo 113 del Código del Trabajo interpretado por el Decreto 89 del 24 de noviembre de 1969, en relación con los artículos 117, 738 y 739 todos del Código del Trabajo, debiéndolo haber aplicado. TERCER MOTIVO Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación del artículo 113 interpretado en relación con el Artículo 31 de la ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA VIOLACION La violación paso a explicarla de la forma siguiente: la disposición legal contenida en el artículo 113 interpretado por el Decreto 89 del 24 de noviembre de 1969 y lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, es clara, de modo que en su interpretación no ofrece duda, no obstante, el tribunal ad-quen negó su aplicación debiendo haberlos aplicado, incurriendo en violación directa de dicha norma sustantiva de orden nacional. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la corte sentenciadora absuelve al Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia de la obligación de pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales a la trabajadora JUDITH ESPERANZA MOLINA TURCIOS, sin citar la norma sustantiva de orden nacional aplicable al caso, como ser la contenida en el artículo 113 interpretado del Código del Trabajo en relación con Artículo 31 de la ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, que literalmente dicen: Artículo 113 del Código del Trabajo: “La terminación del contrato conforme a una de las causa enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según éste Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. En trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo por lo menos en igualdad de condiciones. El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: a) El ejercicio del derecho es alternativo con el reclamar las indemnizaciones a que hace referencia la primera parte de este artículo; y, b) Si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado pero sí a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquél, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio”. Artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores Sociales “El trabajador social, que sin causa justificada cesare en su cargo tendrá derecho a que se le reintegre a su puesto o percibir una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio. Igual derecho tendrá el trabajador social que por decisión personal pusiera fin a la relación laboral siempre que lo haga por escrito con dos meses de anticipación”, hecho que constituye la controversia o litis, en virtud que la parte demandante la alegó en los hechos de su demanda y la demandada además de negarlos no probó que la trabajadora no estuviera desempeñando el cargo de Trabajadora Social. La corte sentenciadora, además de omitir la motivación de su decisión no consignó el precepto antes trascrito y absolvió al Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia, en la parte dispositiva, respecto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de la trabajadora demandante, infringiendo directamente el artículo 113 interpretado del Código del Trabajo en relación con el Artículo 31 de la ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales.” RESULTA: Que mediante auto de fecha dieciséis de enero de dos mil seis este Supremo Tribunal de Justicia tuvo por formulada en tiempo la demanda de casación por parte del Licenciado FRANCISCO ERIC RODRIGUEZ, por lo que dio traslado al opositor por el término de diez días para que contestara la demanda, haciéndolo en fecha ocho de febrero de dos mil seis, el Licenciado JESUS ANTONIO FERRERA M., mayor de edad, hondureño, y de este domicilio, en su condición de Apoderado Legal del INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCION DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCION Y FARMACODEPENDENCIA (IHADFA) de la siguiente manera: “A LA DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION Honorables Magistrados, se rechaza totalmente el acápite denominado “INDICACION DE LA SENTENCIA IMPUGNADA”, Consignado en la Demanda de Casación que nos ocupa, en virtud que el casacionista pretende que este máximo Tribunal de Alzada case totalmente la sentencia recurrida dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día seis de octubre de dos mil cinco, cuya parte resolutiva transcribí íntegramente, y que dice: “FALLA: 1)- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO ERIC RODRIGUEZ, accionando como Apoderado apelante-actora.- 2)- CONFIRMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha 02 de agosto de 2005, que corre a folios 87, 88 Y 89 frente y vuelto de la primera pieza. 3)- SIN COSTAS en esta instancia.” Sentencia recurrida que dicho sea de paso está apegada a Derecho, Equidad y Justicia ya que confirma el fallo absolutorio emitido por el Juez A-Quo en la fecha antes mencionada y que vale la pena resaltar que entre otras consideraciones jurídicas se fundamentó en lo siguiente: “Si bien es cierto, que la trabajadora JUDITH ESPERANZA MOLINA TURCIOS, en aplicación del artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores Sociales, previo a su renuncia ante las Autoridades del UHADFA, a partir del 9 de Septiembre del año 2004, solicito el pago de indemnización que legalmente le correspondía de conformidad al artículo ya citado, no menos es cierto que si la demandante quería acogerse a los beneficios que otorga el referido artículo, debió solicitarlo antes de cumplir los 65 años de edad que establece la Ley del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP) para la jubilación obligatoria, en este caso el INJUPEMP con conocimiento de la demandante, inició el procedimiento de Jubilación que contempla el artículo 22 de la Ley del INJUPEMP, procedimiento que culminó con la resolución número 3-1005, de fecha 28 de Julio del 2004, mediante la cual se le otorgó a la demandante la jubilación obligatoria, sujetando su efectividad a partir del acuerdo de cancelación el cual fue emitido por el IHADAFA el día 30 de Julio del 2004, consecuentemente el criterio del Juez A-Quo, no le corresponde el pago de la indemnización solicitada en el acápite “CUANTIA DE LA DEMANDA”. En virtud de lo anterior, tampoco le corresponde el pago de vacaciones proporcionales, porque las mismas tienen carácter compensatorio y no habiéndose producido el Despido alegado en Derecho no le corresponden y en cuanto al pago del décimo tercer mes proporcional y del décimo cuarto mes proporcional, este pago ya lo recibió la demandante según aparece acreditado de los autos, consecuentemente declaró sin lugar el reclamo de la demandante, por consiguiente la pretensión del casacionista, que este máximo Tribunal de Alzada case totalmente la sentencia recurrida dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día seis de octubre de dos mil cinco, ya que el fallo recurrido únicamente ratifica un fallo de primera instancia que se encuentra dictado conforme los lineamientos que franquean las leyes sobre la materia y por esa razón me opongo al alcance de la impugnación del recurrente y solicito a vos; Conspicuo Tribunal del Alzada que declares no haber lugar a este mal planteado recurso de Casación, que tiene como propósito fundamental sorprender la sana crítica de este versado Tribunal, que nos consta por ser de lato conocimiento que sus fallos son estrictamente jurídicos, los que constituyen una vez firmes, jurisprudencia. SE RECHAZA EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. 1.- AL PRIMER MOTIVO DE CASACION. Es importante hacer de vuestro conocimiento Honorable Corte Suprema de Justicia que al momento de interponer el recurso de casación, el recurrente ante la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo respectiva, omitió consignar la causal o motivo del recurso que interponía es decir que no manifestó, si el recurso de casación interpuesto era porque: “el fallo recurrido violaba una ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea o porque contenía decisiones que hacían mas gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta, requisito que es imprescindible para interponer el mismo, sin embargo se le dio trámite al mismo” y muy fácilmente el recurrente a la hora de formalizarlo manifiesta en su PRIMER MOTIVO que: “Acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva de orden nacional por infracción directa, por falta de aplicación del artículo.-31 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales.- y como PRECEPTO AUTORIZANTE manifiesta erróneamente que dicho motivo “está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo”, argumento que no es consistente por cuanto el fallo fue apegado a una Ley Sustantiva de orden nacional como ser el artículo 120, literal f) del Código del Trabajo vigente. En cuanto al CONCEPTO DE LA VIOLACION que refiere el casacionista, tendría total razón si la trabajadora JUDITH ESPERANZA MOLINA TURCIOS, hubiese interpuesto su renuncia antes de cumplir los 65 años de edad que constituye el requisito legal para hacerse al BENEFICIO DE JUBILACION, en este sentido soy del criterio Honorables Magistrados, que los fondos de las instituciones del Estado no deben despilfarrase pagando lo no debido violando la Ley, razón por la cual rechazo categóricamente la posición del Licenciado Rodríguez. 2.- AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Honorable Corte Suprema de Justicia, el recurrente alega como SEGUNDO MOTIVO DE CASACION que la sentencia recurrida es “violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por “infracción indirecta” (“es oportuno señalar que el precepto autorizante referido por el recurrente o sea el artículo 765 del Código del Trabajo en ningún momento expresa el término INFRACCION INDIRECTA como motivo de casación”), también considero oportuno mencionar que la Licenciada JUDITH ESPERANZA MOLINA TURCIOS, no fue despedida injustificadamente, ella fue separada del cargo que ocupaba por haber llegado a la edad obligatoria de jubilación; no se puede alegar falta de un preaviso porque este sólo procede cuando se anuncia la terminación del contrato o relación de trabajo sin causa justificada, pero en este caso la Licenciada JUDITH ESPERANZA MOLINA TURCIOS, fue notificada con suficiente tiempo de antelación por el INJUPEMP de que ya había llegado a la edad obligatoria de retiro tal y como quedó probado y costa en los folios 52 y 53 de la primera pieza de autos; no podemos desconocer que los jueces al proferir su decisión analizan las pruebas y no están sujetos a la tarifa legal por lo tanto formarán libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito como a la conducta procesal observada por las partes, hechos por lo que considero que los artículos: 113, 738, 739 y 765 utilizados por el demandante no tienen lugar en este juicio. 3.- AL TERCER MOTIVO DE CASACION Honorable Corte Suprema de Justicia, se rechaza este tercer motivo de casación por el sólo hecho de que el recurrente en un juego de palabras pretende desviar la atención de este tribunal de alzada redundando conceptos vertidos en su primer y segundo motivos de casación, pues lo esencial es la tutela de un bien protegido de mayor relevancia como lo es la Jubilación que tiene carácter vitalicio, que las prestaciones e indemnizaciones laborales que además si se pagaran se incurriría en reparo por aplicar indebidamente la ley por querer favorecer a un particular en detrimento de la institución (artículo 120 literal f) del Código del Trabajo).” RESULTA: Que mediante auto de fecha diez de febrero de dos mil seis, este Supremo Tribunal de Justicia tuvo por devuelto el traslado conferido al Licenciado JESUS ANTONIO FERRERA M., por contestado en tiempo el recurso de casación, por lo que ordenó proseguir con el trámite correspondiente. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en la demanda de mérito, se nombró Magistrada ponente a LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de Sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediere conforme a derecho. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el primer motivo alega: infracción directa por falta de aplicación del artículo 31 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, precepto autorizante: ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo; y en la explicación del concepto de la violación sostiene que el Ad-Quem absuelve a la institución demandada por no haber aplicado la norma que cita como ley sustantiva infringida. Confrontado el cargo con el fallo impugnado se evidencia que el fallador aplicó la norma al caso debatido y probado en juicio, infracción que no ocurre por el solo hecho de que no se halla aplicado la disposición legal que pretende el Recurrente, sino es el caso de hacerlo, por lo que no se demuestra la infracción de ley alegada, y por tanto resulta inadmisible este primer motivo. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el segundo motivo alega: infracción indirecta del artículo 113 en relación con los artículos 117, 738 y 739 del Código del trabajo, precepto autorizante: ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. El motivo así estructurado resulta incompleto, al haber omitido citar las normas adjetivas o procedimentales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas, requisito indispensable para la infracción indirecta, omisión que torna inadmisible este segundo motivo. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el tercer motivo alega: infracción directa por falta de aplicación del artículo 113 en relación con el artículo 31 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales; precepto autorizante: ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. Es el caso, que el Recurrente omitió indicar a que cuerpo de leyes pertenece el artículo 113 citado como ley sustantiva, en tal virtud, se torna inadmisible la pretensión que encierra este tercer y último motivo. CONSIDERANDO: Que por las razones anteriormente expuestas es procedente declarar no ha lugar el recurso de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 776, 777 y 858 del Código de Trabajo. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- ROBERTO LAGOS BANEGAS. COORDINADOR.- TEODOLINDA PINEDA CARDONA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA.- FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los quince días del mes de agosto de dos mil seis. Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil seis, recaída en el recurso de casación No. 345-05.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL