Sentencia CL-21-05 — Registro 354
Resumen
En primer instancia se declaró con lugar la demanda de prestaciones sociales, derechos adquiridos e indemnizaciones legales. Se condenó al patrono al pago de la sobligaciones. En segunda instancia se confirmó la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“El cargo así expuesto adolece de claridad y precisión por lo siguiente: 1) los artículos 19, 20 y 25 del código del trabajo, que el impetrante considera violados, son normas de carácter general inviolables para efectos de casación”
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., Uno de Marzo del Dos Mil Seis. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha uno de junio de dos mil cinco, por el Abogado ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA, mayor de edad, casado, hondureño, de este domicilio, en su condición de apoderado del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP); en relación a la Demanda Ordinaria Laboral para que se pruebe la justa causa de despido, caso contrario se condene a la demandada a través de su representante al pago de la indemnización del importe de los salarios que habría devengado desde la fecha de la cancelación del contrato hasta la fecha en que venciera el plazo del mismo, promovida en fecha veinticuatro de enero de dos mil tres, ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán, por el señor MAURO ROBERTO MARTINEZ SUAZO, mayor de edad, casado, Licenciado en Contaduría Pública, hondureño, de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) a través de su Directora Ejecutiva en funciones SAIDA BURGOS DE GALVEZ, mayor de edad, casada, Licenciada en Pedagogía, hondureña, de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de diciembre de dos mil cuatro, que CONFIRMO la sentencia emitida por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre de dos mil cuatro, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA promovida por, MAURO ROBERTO MARTINEZ SUAZO en cuanto al pago de salarios dejados de percibir, vacaciones año 2002 y 2003 aguinaldo 2002, aguinaldo proporcional 2003 decimocuarto 2003 y decimocuarto mes proporcional 2003 en consecuencia 2) CONDENA AL DEMANDADO INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) a través de su Directora Ejecutiva SAIDA BURGOS DE GÁLVEZ, a pagar la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (Lps.569,333.32), por los siguientes conceptos Salarios dejados de percibir Lps. 452,000.00 Vacaciones 2002,2003 Lps. 22,000.00, Aguinaldo 2002 Lps. 30,000.00, Aguinaldo 2003 25,166.66, Décimo cuarto mes 2003 Lps. 30,000.00, Decimocuarto mes proporcional 2003 Lps. 10,166.66...3) SIN COSTAS....” RESULTA: Que en fecha tres de marzo de dos mil cinco, este Tribunal de Justicia admitió el recurso de casación interpuesto por el Abogado ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA en su condición ya indicada, contra la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho merito, asimismo dispuso dar traslado de los autos al recurrente para que en el termino de veinte días (20) procediera a formalizar por escrito su recurso. RESULTA: Que en fecha uno de junio de dos mil cinco, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA en su condición antes indicada, formalizando dicho recurso de la manera siguiente: “DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN. En el epígrafe denominado “INDICACIÓN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA”, señale, que el fallo atacado, es el dictado por la Honorable Corte de Apelaciones del trabajo, el dieciséis de diciembre del año 2004, que a s vez confirmo e hizo suya la proferida por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo, el 26 de octubre del año 2004, ambos de esta Sección Judicial, que en su parte resolutiva dice: “POR TANTO: Esta CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO impartiendo Justicia en Nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS; y en aplicación de los artículos 134, 135,303 y 304 de la Constitución de la Republica; 1 y 137 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 665,666 letra b), 672,699 párrafo segundo, 760 y 858 del Código del Trabajo; en relación esta última disposición legal con los artículos 183, 184,187 reformado, 188, 189, 190, 192 y 200 del Código de Procedimientos Civiles; 90, 93 y 94 de la Ley General de la Administración Pública; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia proferida por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha 26 DE OCTUBRE DE 2004, que corre a folios 61 y 62 frente y vuelto de la primera pieza de autos.- SIN COSTAS en esta instancia.- MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los apoderados de las partes en litigio y que una vez firme el presente fallo, vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos pertinentes. Redactó el Magistrado HERNÁNDEZ BARAHONA. Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia firmando para constancia los Magistrados y el Secretario del Despacho que da fe. La presente Demanda de Casación persigue revocar el fallo recurrido, que es violatorio de ley sustantiva de orden nacional; que obliga al recurrente a solicitarle a este Tribunal, proceda a Casar la sentencia recurrida e incontinenti, obrando en sede de instancia, en lugar del fallo casado, revoque la de segundo grado; es decir, el dictado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, el 16 de diciembre del 2004, reemplazándola en la forma siguiente: POR TANTO: La Honorable Corte Suprema de Justicia, en nombre de la Republica de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los Artículos 303 y 319 numeral 7) de la Constitución de la República; 1 y 80 atribución 1º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1,2 párrafo primero y numeral 2º; 769,770,777 y 778 del Código del Trabajo; 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; 88,89,91 y 92 de la Ley General de la Administración Pública; y, 190 del Código de Procedimientos Civiles.- I.- CASA la sentencia recurrida y en consecuencia declara sin lugar la Demanda Ordinaria Laboral para que se pruebe la justa causa en que se fundó su despido o contrariamente, se condene al pago de la indemnización con el importe de los salarios que habría devengado por tiempo que faltaba para que venciera el plazo, promovida en el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de esta Sección Judicial, por el señor MAURO ROBERTO MARTINEZ SUAZO, mayor de edad, casado, Licenciado en Contaduría Pública y con residencia en la Colonia Cerro Grande, zona 4, en Comayaguela, M.D.C. contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), a través de su Directora Ejecutiva y Representante Legal, señora SAYDA IVETH BURGOS BENNET, mayor de edad, casada, Licenciada en Psicología Educativa y de este domicilio.- II ABSUELVE a la institución demandada del pago de la indemnización solicitado por el demandante en la acción a que se hace referencia en el numeral que antecede.- III. CON COSTAS de la Casación.- IV. NOTIFIQUESE. EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Infracción directa por aplicación indebida de los artículos 19,20, 25 y 113 del Código del Trabaja; 88,89,91 y 92 de la Ley General de la Administración Pública; 112 de la ley Orgánica del tribunal Superior de Cuentas; 190 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición del Artículo 858 del primer cuerpo legal citado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación, está comprendido en el numeral 1º párrafo primero del artículo 765 del Código del trabajo. DOCTRINA. “La infracción directa de una disposición legal consistente en aplicarla a un caso no amparado en el proceso”. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. La ley, se infringe directamente según lo tiene establecido un sinnúmero de sentencias, por la ostensible rebeldía o desconocimiento del fallador en aplicar correctamente, la disposición legal que regula el juicio.- El señor MAURO ROBERTO MARTINEZ SUAZO, acudió al Juzgado de Letras Primero del Trabajo, promoviendo demanda laboral contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), para que se le probara la justa causa de su despido, pretendiendo una indemnización en caso de que lo anterior no ocurriera. En su libelo sostiene, que empezó a laborar en la Institución demandada a partir del 2 de Noviembre del 2001 desempeñando el cargo de Auditor Interno por acuerdo No. 174/2001 DRH emitido en aquella fecha por el Contralor General de la República.- Agregada, además que el 5 de Agosto del 2002, la jefe de la División de Recursos Humanos, le notifico que por acuerdo No. 330/2002-CGR/A.I., aquel mismo funcionario dispuso cancelar dicho nombramiento, cesándolo en su cargo a partir de esa misma fecha. Todo lo anterior es correcto, la Ley Orgánica de la Contraloría general de la República, creó el cargo de la Auditorias Internas y de conformidad con dicha legislación, funcional, operativa y administrativa, dependían de aquel ente estatal hoy transformado en Tribunal Superior de Cuentas, y por ello, el artículo 93 de la Ley General de la Administración pública consagra, que estos funcionarios a discreción del Contralor son de su libre nombramiento y remoción. Se sostuvo en la contestación, que la entidad demandada, era una simple tramitadora en lo que a su nombramiento se refiere, de las disposiciones emanadas del órgano contralor, y si su titular, dispuso su cancelación, no le cabía al Consejo Directivo, notificarle aquella decisión, porque no tiene atribuciones para calificar si la cancelación del acuerdo era legal o ilegal y en todo caso si así lo conceptuaba el demandante contra quien debía ejercitar su acción, era contra la entidad que adoptó aquella decisión. El artículo 88 de la Ley General de la Administración Pública dispone que la fiscalización preventiva en las instituciones descentralizados, corresponde a las auditorias internas, bajo al dirección de la Contraloría General de la República y operativamente. A cargo de un Auditor, nombrado y destituido por el Contralor y lo único a que esta obligado la institución acreditada, es a pagar el salario y gastos operativos como lo dispone el artículo 90 del referido ordenamiento. Puede apreciarse Honorable Corte, que lo único que se le obliga a las entidades autónomas, es a cancelarle el salario y lo injusto del fallo recurrido, es que se quiera obligar a la institución demandada, a cancelarle la indemnización, en un caso en que ni en el nombramiento como tampoco en la destitución, tuvo intervención para que ocurrieran esos sucesos. EL INFOP, jamás suscribió contrato individual de trabajo con el demandante, sus funciones están contempladas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley General de la Administración Pública; tampoco le impartía ordenes o instrucciones pues solo obedecía al titular del órgano Contralor; entonces, la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, al fundamentar su fallo en los artículos 19,20,25 y 113 del Código del trabajo, los violó directamente, pues por su orden, el primero define lo que es un contrato de trabajo; el segundo, los requisitos que debe contener para atribuirle aquel concepto; el tercero, la incorporación de la garantías a que se someten; y el último, que citado genéricamente se viola porque contiene postulados excluyentes, precisando citar correctamente el párrafo en que se debe fundamentar la sentencia.- Si a lo anterior se le agrega, que el Auditor Interno, es un cargo creado por la Ley a tenor de lo dispuesto en el artículo 2º párrafo primero, numeral 2º del cuerpo legal citado, las normas que concretamente se indican, han sido violadas porque aun admitiendo que hubo contrato laboral, por la exclusión contenida en el referido Artículo, el Auditor Interno es un empleado público porque el puesto fue creado por la Ley y consecuentemente, no se le aplican las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo. Demostrado como está en el proceso, que la entidad recurrente, no tuvo ningún género de participación en la cancelación del señor MARTINEZ SUAZO, es evidente que al confrontar el fallo con las disposiciones citadas como infringidas, encontrareis que dichas normas fueron aplicadas indebidamente, y por esa razón, violadas en el concepto apuntado, de donde resulta, que la sentencia impugnada, por este motivo, debe casarse. SEGUNDO MOTIVO. Infracción directa por falta de aplicación de los artículos 12 numeral 3º,26,27 y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; en relación con el artículo 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y el artículo 2º párrafo Primero y numeral 2º del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1º párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA. “La violación directa de una norma ocurre por su inaplicabilidad; sea porque la desconoce o porque conociéndola la desecha el Juzgador”. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. El contrato de trabajo es una figura jurídica fundamental en el derecho laboral; constituye la raíz de su origen y la razón de su existencia como disciplina jurídica autónoma; por ello, su presencia delimita el campo de aplicación de las complejas relaciones a que deben sujetarse trabajador y patrono por lo que el Código del Trabajo, le dedica en el Titulo II un número de disposiciones, tendentes a regular aquel vínculo. En efecto, por Contrato Individual de Trabajo se entiende como el conjunto de normas por el cual, una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios formales a otra persona natural o jurídica, bajo continuada dependencia o subordinación por una remuneración.- Bajo tal contexto, se requiere que esté revestido de tres elementos esenciales: a) Actividad personal; b) Continuada subordinación o dependencia respecto del patrono; y, c) Un salario como retribución del servicio.- El señor MAURO ROBERTO MARTINEZ SUAZO, mediante acuerdo No. 174/2001 DRH emitido el 2 de Noviembre del 2001 por el Contralor General de la República, fue nombrado Auditor Interno en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y por Acuerdo No. 330/2002 CGR/A.I fechado el 31 de julio del 2002 aquel funcionario, anticipadamente rusticada o injustificadamente, dispuso cancelarlo de su cargo. De conformidad con el numeral 3º del Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, correspondía al Contralor, el libre nombramiento y remoción de los auditores internos.- Amparado en dicha disposición y en lo que prescribe el artículo 93 de la Ley General de la Administración Pública, adopta, la determinación de cancelarlo y esta acción se toma, en la misma forma en que el demandante fue nombrado. Entiende el recurrente, que el cargo de Auditor Interno, es creado por la Ley y por exclusión contenida en el numeral 2º del Artículo 2 del Código del Trabajo, las disposiciones de este ordenamiento, no le son aplicables; consecuente con lo anterior, pretender que en la cancelación del acuerdo se apliquen dichas normas, es un contrasentido como improcedente es aspirar a que se invoque la causal de despido.- Los ordenamientos citados en el párrafo precedente, son concluyentes, corresponde al Contralor EL LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN de las auditorias internas. Por otra parte, el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, consagra, que los Auditores Internos en el desempeño de sus funciones, cumplirán con los sistemas, guías e INSTRUCCIONES DE TRABAJO QUE DISPONGA EL CONTRALOR DE LA REPUBLICA y dichas funciones, NO PODRAN SER DISMINUIDAS NI MENOSCABADAS por decisiones de los órganos de dirección superior o funcionarios públicos donde estén acreditados, gozando de un máximo grado independencia y únicamente reciben instrucciones del Contralor General, como así parece en que aquel artículo y 27 y 28 del referido ordenamiento. El Concepto de Contrato Individual de Trabajo, como una institución regulada por el Código del trabajo, se define en la forma que al principio de este motivo se deja señalado y con independencia de la formulación que da el derecho positivo, la doctrina le otorga una connotación especial.- Pedro Botija lo define “Como acuerdo expreso o tácito, por el cual una persona realiza obras o presta servicios por cuenta de otra, BAJO SU DEPENDENCIA, A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION”; BAYON CHACON, propone como definición “Contrato por el que una persona, a cambio de una remuneración, presta profesionalmente servicios a otra, transfiriéndole su resultado”; el profesor Alonso Olea, por su parte dice, que el Contrato de Trabajo, es en puridad “una relación jurídica, por virtud de la cual los frutos del trabajo, pasan abinitio, desde el momento mismo de la producción, a integrar el patrimonio de persona distinta del Trabajador”.en todas las definiciones, desde la que formula el Código del Trabajo hasta los doctrinantes, se hace especial énfasis en la “amenidad” del resultado o frutos del trabajo, prestando personalmente, bajo la continuada subordinación del patrono.- En el caso de las Auditorias Internas, la única obligación de la institución, era cancelarle su salario; en lo demás era al Contralor General a quien debía obediencia y quien le impartía las ordenes para que sus funciones no quedan disminuirse o menoscabarse por los órganos de dirección superior o funcionarios de la institución acreditada, así lo tiene dispuesto el artículo 26 párrafo final de la Ley Orgánica de la Contraloría de la República y finalmente el resultado de su labor correspondía a esta entidad. La Corte recurrida, al confirmar la sentencia que en primera instancia condenó a pagarle al demandante la indemnización solicitada, violó por falta de aplicación los artículos que se citan en este motivo de cuya consecuencia, sentencia atacada, debe casarse”. RESULTA: Que en providencia de fecha dos de junio de dos mil cinco, este Tribunal de Justicia tuvo por formalizado el recurso de Casación por parte del Abogado ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA, Y dispuso dar traslado al opositor por el término de diez días para que contestará el recurso, haciéndolo en fecha veintiuno de julio de dos mil cinco, el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio en su condición de apoderado legal del señor MAURO ROBERTO MARTINEZ SUAZO, de la manera siguiente: “A LA DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN. Honorable Corte Suprema de Justicia en lo referente a este requisito, el recurrente no es claro ni preciso y además falta a la técnica rigurosa del recurso de Casación, ya que para el caso conducentemente señala, en el párrafo anterior a la parte resolutiva pretendida por él lo siguiente: “La presente demanda de casación persigue revocar el fallo recurrido...”lo subrayado es nuestro. Honorable Corte, es evidente que al recurrente se le olvido que la Corte Suprema de Justicia, conociendo del recurso de Casación Laboral NO ES UNA TERCERA INSTANCIA, sino que el Recurso de Casación es un medio de impugnación de la sentencia del AD-QUEM. En todo caso, lo que se le puede solicitar al Tribunal de Casación es casar o anular la Sentencia recurrida, pero no revocar el fallo recurrido como erróneamente lo ha planteado el recurrente. Por otra parte, resulta que el recurrente en su planteamiento de la parte resolutiva de la Sentencia pretendida por el, violenta flagrantemente lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución de la República, pues resulta que si bien se señala a la Corte Suprema de Justicia, no es menos cierto que omitió por completo indicar la Sala de dicho Tribunal competente para pronunciar la Sentencia, que en el presente caso es la Sala Laboral-Contencioso Administrativo. Además de lo anterior resulta que el recurrente tampoco es claro, ni preciso en el numeral II del fallo pretendido por él, ya que, en la absolución que el desea no señala ni precisa el nombre de la parte cuya absolución se pretende, que en el presente caso es el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (I.N.F.O.P), ni señala ni precisa el nombre del Representante Legal de dicho Instituto, tampoco se precisa la acción o la demanda en la absolución pretendida por el recurrente. En conclusión el recurrente no es claro ni preciso en el Requisito de la Declaración del Alcance de la Impugnación, que de todos es sabido es uno de los requisitos fundamentales en el Recurso de Casación, ya que constituye el Petitum de la Demanda Y CABE RECORDAR QUE A LA Corte Suprema de Justicia no le es permitido subsanar la defectuosa presentación de la demanda de Casación planteada por el recurrente y en tal sentido esto impide A LA Corte Suprema de Justicia entrar a conocer los motivos de casación invocados por el recurrente y trae como consecuencia DECLARAR NO A LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN. A LA EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. AL PRIMER MOTIVO. Resulta que al recurrente en este motivo confunde dos modos distintos de violación de la Ley y en un mismo cargo señala tanto a al infracción directa como a la aplicación indebida y la Corte Suprema de Justicia en reiterados fallos a sostenido que dichos ataques deben formularse en cargos separados. Además de lo anterior, el recurrente en este motivo de casación invoca como violadas normas que no tienen el carácter de sustantivas, tales como los artículos 19, 20 y 25 del Código de Trabajo, así como los artículos 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Cuentas y el artículo 190 del código de Procedimientos Civiles, que es una norma eminentemente adjetiva o de procedimiento, pero no sustantiva. El recurrente también invoca al artículo 113 del Código de Trabajo, pero ni siquiera aclara que el mismo fue interpretado y demás, resulta que dicho artículo tiene varios párrafos y el recurrente no precisa en cual o cuales párrafos son los que él considera violados. El Casacionista en este primer motivo incurre en lo que se conoce como ALEGATOS DE INSTANCIA, lo cual, es contrario a la técnica del recurso de Casación. Honorable Corte, la Sentencia objeto del Recurso de Casación ha sido dictada conforme a derecho, pues resulta que lo cierto es que en el caso que nos ocupa la parte demandada no acreditó que haya existido justa causa (de las señaladas en el Artículo 112 en relación con los Artículos 97 y 98 todos del Código del trabajo) para la terminación del vinculo laboral entre las partes en litigio y por otro lado, es evidente que el I.N.F.O.P. en el despido de mi representado violentó el artículo 90 de la Ley General de la Administración Pública (interpretado mediante Decreto Legislativo 122-98 del 28 de abril del año 1998, publicado en el diario oficial la gaceta el número 28,576 del 1 en junio de 1998, en relación con los Artículos 92,93 y 94 de dicha Ley), estableciéndose en dicho Artículo 90 interpretado que los jefes de Auditorias y su personal auxiliar cuando sean despedidos sin justa causa o bien sean trasladados de una entidad a otra, tendrán derecho a todas sus prestaciones e indemnizaciones laborales por cuenta de la entidad donde prestaban su servicio, en el presente caso mi representado el señor MAURO ROBERTO MARTINEZ SUAZO prestó sus servicios de Auditor Interno del I.N.F.O.P., por consiguiente a dicha Institución le corresponde pagar la Indemnización solicitada por mi representado. Este criterio también se colige de la parte motivacional o considerandos 3 y 4 de la Sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional el 29 de junio del año 2004 en el Recurso de Amparo Laboral que se registró en la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia con el número 1881-2485-2493-03. Por todo lo explicado considero que es procedente desestimar el Recurso de Casación en este primer motivo. AL SEGUNDO MOTIVO. Honorable Corte Suprema de Justicia, en este motivo el recurrente invoca como infringidas normas que no son sustantivas, tal es el caso de las siguientes: artículos 12 numeral 3º, 26,27 y 28 de la ley orgánica de la Contraloría General de la República; en relación con el Artículo 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y el artículo 2º párrafo primero y numeral 2º del Código de Trabajo. además de lo anterior resulta que el casacionista en este motivo incurre en lo que se conoce como ALEGATOS DE INSTANCIA lo cual no es permitido por la técnica del Recurso de Casación. Honorable Corte, la Sentencia Objeto del Recurso de Casación ha sido dictada conforme a derecho y si la Corte no aplicó los Artículos mencionados por el recurrente es porque sencillamente no eran los aplicables, pues resulta que lo cierto es que en el caso que nos ocupa la parte demandada no acreditó que haya existido justa causa (de las señaladas en el Artículo 112 en relación con los artículos 97 y 98 y 113 todos del Código del Trabajo) para la terminación del vinculo laboral entre las partes en litigio y por otro lado, es evidente que el I.N.F.O.P. n el despido de mi representado violentó el artículo 90 de la Ley General de Administración Pública (interpretado mediante Decreto Legislativo 122-98 del 28 de abril del año 1998, publicado en el diario oficial la gaceta bajo el número 28,576 del 1 de junio de 1998 en relación con los Artículos 92,93 y 94 de dicha Ley) estableciéndose en dicho Articulo 90 interpretado que los jefes de Auditorias y su personal auxiliar cuando sean despedidos sin justa causa o bien sean trasladados de una entidad a otra, tendrán derecho a todas sus prestaciones e indemnizaciones laborales por cuenta de la entidad donde prestaban su servicio, en el presente caso mi representado el señor MAURO ROBERTO MARTINEZ SUAZO prestó sus servicios de Auditor Interno del I.N.F.O.P., por consiguiente a dicha Institución le corresponde pagar la Indemnización solicitada por mi representado. Este criterio también se colige de la parte motivacional o considerandos 3 y 4 de la Sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional el 29 de junio del año 2004 en el Recurso de Amparo Laboral que se registró en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia con en Número 1881-2485- 2493-03. Por todas estas es procedente desestimar el Segundo Motivo de Casación”.RESULTA: Que en proveído de fecha veintidós de julio de dos mil cinco, este Tribunal de Justicia, tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ por contestada en tiempo el recurso de Casación, y se ordenó proseguir con el tramite correspondiente. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en el recurso de merito, se nombró Ponente al Magistrado ROBERTO LAGOS BANEGAS, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediere conforme a derecho. CONSIDERANDO: Que el recurrente Abogado ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA, EN SU PRIMER MOTIVO EXPRESA: “Infracción directa por aplicación indebida de los artículos 19, 20, 25 y 113 del Código del Trabajo; 88, 89, 91 y 92 de la Ley General de la Administración Pública; 112 de la ley Orgánica del tribunal Superior de Cuentas; 190 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición del Artículo 858 del primer cuerpo legal citado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación, está comprendido en el numeral 1º párrafo primero del artículo 765 del Código del trabajo”.- Sin embargo, el cargo así expuesto adolece de claridad y precisión por lo siguiente: 1) Los artículos 19, 20 y 25 del Código del Trabajo, que el impetrante considera violados, son normas de carácter general inviolables para efectos de casación; 2) El artículo 113 del Código del Trabajo, contiene varios párrafos y literales y no se señaló en cual de ellos se encuentra la violación alegada; 3) Los artículos 88, 89 y 92 de la Ley General de la Administración Pública y 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, no fueron aplicados por el Ad-quen, por lo que no se configura la violación alegada y 4) El artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, es una norma de carácter general inviolable para efectos de casación.- Razones que vuelven inadmisible el primer motivo de casación. CONSIDERANDO: Que el impetrante EN SU SEGUNDO MOTIVO EXPRESA: “Infracción directa por falta de aplicación de los artículos 12 numeral 3º,26,27 y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; en relación con el artículo 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y el artículo 2º párrafo Primero y numeral 2º del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1º párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo”.- Sin embargo, el cargo así expuesto adolece de claridad y precisión, ya que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que el impetrante considera violada en sus artículos 12 numeral 3º, 26, 27 y 28, fue derogada mediante Decreto Legislativo número 10-2002-E.- Razones que vuelven inadmisible el segundo motivo de casación. CONSIDERANDO: Que las razones anteriormente expuestas tornan los motivos de casación formulados absolutamente ineficaces para anular la sentencia impugnada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral Contencioso-Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República 1, y 80 No. 1 de Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 664, 665, 769, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al Recurso de Casación de que se ha hecho merito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. ROBERTO LAGOS BANEGAS. COORDINADOR. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. MIRNA LIZETTE ALVARADO G. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil seis. (Certificación de la sentencia de fecha uno de marzo de dos mil seis, recaída en el recurso de casación con orden de ingreso en este Tribunal No.21-05).
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL