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Sentencia CL-198-05 — Registro 615

Resumen

El trabajador interpuso demanda laboral para el pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones legales por despido injustificado. El juzgado condenó al patrono al pago de las pretensiones del trabajador. El patrono interpuso recurso de apelación. La corte confirmó la sentencia del juzgado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el fundamento relacionado y que motivó al ad quem para reformar el fallo dictado por el juzgado de letras seccional de la ciudad de Puerto Cortés, de fecha diecisiete de octubre de dos mil tres, evidencia una falta de conexión lógica entre la motivación y la parte resolutiva de la sentencia, que hace que la misma sea inválida. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Que los Tribunales conociendo por vía de apelación o de casación están facultados para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan, cuando aparezca de manifiesto en ellas alguna de las causas que dan lugar al error improcedendo, como ocurre en el caso de autos, que el quebrantamiento de las normas procesales, infringe normas sustanciales de índole laboral, y aunque en el caso sub-judice no existe el rigor y formalismo del procedimiento civil, el Juez dirigirá el proceso en forma que garantice su rápido adelantamiento, pero no implica dejarlo a su discreción, porque las disposiciones del Código del Trabajo son de orden público, y de ninguna manera pueden eludirse ni modificarse ni por convenciones de los particulares y menos por las autoridades que son los llamados a observar su estricto cumplimiento"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 113 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 956 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

C E R T I F I C A C I O N

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente, dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de diciembre de dos mil seis. VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Casación por Infracción de Ley, formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fechas veintiséis de abril y tres de mayo de dos mil seis, por los Abogados DEYSI NOEMÍ RECONCO DUBON, soltera, y RAFAEL MURILLO GUTIERREZ, casado, ambos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderados legales del señor LUIS FELIPE MOLINA, y de la Sociedad BLUE BELL DE HONDURAS, S. DE R.L., respectivamente; en relación a la demanda laboral para el pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones legales por despido injustificado, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Cortés, en fecha cinco de febrero de dos mil tres, por el Abogado VICTOR SABILLON FERNÁNDEZ, mayor de edad, casado, y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderado legal del señor LUIS FELIPE MOLINA, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y del mismo domicilio que el anterior, contra la Sociedad BLUE BELL DE HONDURAS, S. DE R.L., a través de su Representante Legal señora SANDRA ACOSTA BOGRAN, mayor de edad, casada, Licenciada en Administración de Empresas y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés. Los recursos de casación se interpusieron contra la sentencia de fecha diecinueve de mayo de dos mil cinco, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que en su parte conducente, dice: “...FALLA: PRIMERO: REFORMANDO: la Sentencia Definitiva, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la Ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha diecisiete de Octubre del año dos mil tres, (2003), en las Diligencias iniciadas con la Demanda Laboral para el Pago de Complemento de Prestaciones e Indemnizaciones Legales por Despido Injusto, promovida por el Abogado Víctor Sabillón Fernández, actuando en Representación Judicial del señor Luis Felipe Molina, contra la Empresa mercantil denominada BLUE BELL DE HONDURAS, S. DE R.L., representada por su Gerente General la señora Sandra Regina Acosta Bográn reforma que se contrae a DECLARAR CON LUGAR, la Demanda Laboral de la referencia; EN CONSECUENCIA SE CONDENA: a la Empresa Mercantil BLUE BELL DE HONDURAS, S. DE R.L., representada por su Gerente General, Sandra Regina Acosta Bogran, a pagar al señor LUIS FELIPE MOLINA, la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES, CON DIECISIETE CENTAVOS DE DOLARES (US$.192.952.17), valor que resulta de las operaciones aritméticas efectuadas, y que se desglosan a continuación: Preaviso: $.21,155.56, Auxilio de Cesantía: $.148.088.94, Auxilio de Cesantía Proporcional: $.7,874.57; Vacaciones Proporcionales: $.4,499.75; Aguinaldo Proporcional: $.7,933.34; Décimo Cuarto Mes Proporcional: $.3,400.00; cuantía a la que debe restarse la cantidad de $.109.545.10, que el Actor confiesa tener recibidos y que aparece de autos; resultando en consecuencia, la cantidad a pagar de: OCHENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS SIETE DOLARES, CON SIETE CENTAVOS DE DOLARES, (US$.83,407.07); más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido, hasta la fecha en que conforme a las normas procésales, quede firme, el presente fallo.- SEGUNDO: CONFIRMANDO: en su Parte Resolutiva la Sentencia Apelada y relacionada anteriormente en sus demás extremos”; misma que declaró SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE FALTA DE ACCIÓN O DERECHO PARA DEMANDAR interpuesta por el Abogado RAFAEL MURILLO GUTIERREZ, en su condición de apoderado legal de la Sociedad BLUE BELL DE HONDURAS, S. DE R.L., sin costas. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia, dictó sentencia en fecha veintiocho de junio de dos mil cinco, mediante la cual resolvió admitir los Recursos de Casación que en su oportunidad interpusieron los Abogados RAFAEL MURILLO GUTIERREZ y DEYSI NOEMÍ RECONCO DUBON, en sus condiciones expresadas, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha diecinueve de mayo de dos mil cinco, asimismo dispuso se llevara adelante la tramitación de los recursos omitiéndose el traslado de los autos a los recurrentes, ordenando que la Secretaría del Despacho retuviera los mismos para que las partes comparecieran en el término de veinte días a fin de que formularan sus demandas de casación. RESULTA: Que en fecha veintiséis de abril de dos mil seis, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Abogada DEYSI NOEMÍ RECONCO DUBON, de generales conocidas, formulando el Recurso de Casación que en su oportunidad interpuso, el cual fundamentó de la manera siguiente: “...DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN En el acápite indicación de la sentencia impugnada, señale que el fallo atacado y que me propongo desquiciar, es la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula Cortes, el 19 de Mayo del 2005 en forma parcial, que dice: “POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones del Trabajo, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de Votos y en aplicación de los artículos: 90, 303, 304 y 305 de la Constitución de la República; 1 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 4, 5, 19, 21, 25, 26, 113, Decreto N-89, del 24 de Noviembre de 1969, 666, 667, 669, 690, 703, 709, 726, 727, 728, 729, 738, 739, 769 y 858 del Código del Trabajo; 183, 184, 187 reformado, 188, 189, 190, 192, 235 y 239, del Código de Procedimientos Civiles; FALLA: PRIMERO: REFORMANDO: la Sentencia Definitiva, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la Ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha diecisiete de Octubre del año dos mil tres, (2003), en las Diligencias iniciadas con la Demanda Laboral para el pago de Complemento de Prestaciones e Indemnizaciones Legales por Despido Injusto, promovida por el Abogado VICTOR SABILLON FERNÁNDEZ, actuando en Representación Judicial del señor LUIS FELIPE MOLINA, contra la empresa mercantil denominada BLUE BELL DE HONDURAS, S. DE R.L. Representada por su Gerente General la señora SANDRA REGINA ACOSTA BOGRAN reforma que se contrae a DECLARAR CON LUGAR, la Demanda Laboral de la referencia; En consecuencia se condena: a la Empresa Mercantil BLUE BELL DE HONDURAS, S. DE R.L., representada por su Gerente General SANDRA REGINA ACOSTA BOGRAN, a pagar al señor LUIS FELIPE MOLINA, la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES, CON DIECISIETE CENTAVOS DE DOLARES (US$.192.952.17), valor que resulta de las operaciones aritméticas efectuadas y que se desglosan a continuación: Preaviso: $.21,155.56, Auxilio de Cesantía: $.148,088.94, Auxilio de Cesantía Proporcional: $.7,874.57; Vacaciones Proporcionales: $.4,499.75; Aguinaldo Proporcional: $.7,933.34; Décimo Cuarto Mes Proporcional: $.3,400.00; cuantía a la que debe restarse la cantidad de $.109,545.10, que el Actor confiesa tener recibidos y que aparece de autos; Resultando en consecuencia, la cantidad a pagar de: OCHENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS SIETE DOLARES, CON SIETE CENTAVOS DE DOLARES, (US$.83,407.07); más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido, hasta la fecha en que conforme a las normas procésales, quede firme, el presente fallo.- SEGUNDO: CONFIRMANDO: en su Parte Resolutiva la Sentencia Apelada y relacionada anteriormente en sus demás extremos.- Y MANDA: Quedan notificados en estrados de la presente sentencia las partes, y con la Certificación de estilo devuélvanse los antecedentes al Juzgado de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- SIN COSTAS. EN PRIMER LUGAR SOLICITO: CASAR LA SENTENCIA en la parte resolutiva anteriormente transcrita, anulándola parcialmente. EN SEGUNDO LUGAR SOLICITO: Que casada ésta, la Honorable Corte Suprema de Justicia, acto seguido y obrando en sede de instancia en lugar del fallo casado la revoque parcialmente la de segundo grado, es decir la dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula Cortes el 19 de Mayo del 2005, reemplazándola en la forma siguiente: POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303, 304, 305, y 319, Atribución 7 de la Constitución de la República; 1 y 80 Numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 41, 113 reformando e interpretado, 116, 120 reformado, 123 letra b) interpretado, 360, 361, 362, 379, 617 letra g), 664, 665, 666 literal c), 667, 669, 690, 703, 709, 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 736, 739, 771, 778, y 858 del Código del Trabajo; 183, 184, 185, 187, reformado, 188, 190 y 192, del Código de Procedimientos Civiles; FALLA: PRIMERO: CASA LA SENTENCIA proferida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés con fecha diecinueve de Mayo del dos mil cinco.- SEGUNDO: REFORMAR la Sentencia recurrida en cuanto al pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones legales por despido injustificado, al Demandante, en la Demanda promovida por el Abogado VICTOR SABILLON FERNÁNDEZ, actuando en representación del señor LUIS FELIPE MOLINA, contra la Sociedad Mercantil BLUE BELL DE HONDURAS S. DE R.L. representada por su Gerente General señora SANDRA REGINA ACOSTA BOGRAN, en consecuencia condena a la empresa BLUE BELL DE HONDURAS S. DE R.L. a pagar al señor LUIS FELIPE MOLINA la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS VEINTISÉIS DOLARES, CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR, ($.689,826.79), en concepto de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales que le corresponden al señor LUIS FELIPE MOLINA, por los conceptos siguientes: Preaviso: Dos Meses: $.65,569.60; AUXILIO DE CESANTIA Catorce Meses; $.458,987.20; AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL: Veintidós Días y Medio: $.24,588.68; VACACIONES CAUSADAS Y ADEUDADAS UN AÑO: $.21,856.60; VACIONES PROPORCIONALES: $.18,478.11, DECIMO TERCER MES DEL AÑO 2,000: $.32,784.80; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL: $.22,496.50; DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2,000: $.32,784.80; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL DEL DOS MIL UNO: $.12,280.50; más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que, con sujeción a las normas procésales del derecho laboral, debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, salarios que se liquidan conforme al promedio que sirve de base en los últimos seis mes laborados y que es de $.32,784.80.- TERCERO: Con Costas y MANDA que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional en infracción directa por falta de aplicación del Artículo 123 letra b) interpretado del Código del Trabajo, por el Decreto 65 del 28 de Septiembre de 1,966 PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral primero párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Artículos 123 letra b) interpretado por el decreto 65 del 28 de Septiembre de 1,966, 113 interpretado, 116 letra e), 120 letra c) reformado, 352, todos del Código del Trabajo, Decreto 112 del 28 de Octubre de 1982, artículos 1 y 9 que regula el pago del Décimo Tercer Mes de salario en concepto de aguinaldo, decreto 135-94 del 12 de octubre de 1,994, articulo 34 que establece el pago del Décimo Cuarto Mes en concepto de compensación social. LA VIOLACIÓN SE EXPLICA DE LA SIGUIENTE MANERA Conforme a la ley y la Jurisprudencia en materia laboral, esta infracción tiene lugar cuando a un hecho que no se discute debidamente comprobado, se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente.- El artículo 123 letra b) interpretado del Código del Trabajo mediante decreto numero 65 del 28 de septiembre de 1966, referente al promedio de salarios para calcular las indemnizaciones por despido injustificado establece lo siguiente: “INTERPRETAR EL INCISO b) del Artículo 123 del Código del Trabajo, en el sentido de que el cálculo para establecer las indemnizaciones por despido injustificado, debe hacerse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador en los días efectivamente trabajados durante los últimos seis meses de vigencia del contrato, o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término” La Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en su fallo, tomó como base el promedio de salarios elaborado por la Sección de Inspección de Trabajo de Puerto Cortés, el cual no se ajusta a lo establecido en la norma antes citada puesto que no corresponde a los salarios devengados durante los últimos seis meses de trabajo.- La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula tomó como salario mensual la suma de NUEVE MIL, SESENTA Y SEIS DOLARES, CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLARES ($.9,066.67), ajustándolo con el factor 1.166667 (que equivale a2/12+1) correspondiente a la proporción de Décimo Tercer Mes y Décimo Cuarto Mes de salarios, totalizando así la suma de DIEZ MIL, QUINIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES, CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS DE DOLARES ($.10,577.78) para los cálculos, teniendo como resultado un cálculo erróneo sin base legal de VEINTIUN MIL, CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES, CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS DE DOLARES ($.21,155.56) por los dos (2) meses de Preaviso (2/12+1)x9,066.67x2) e igualmente erróneo para lo que se cálculo de Auxilio de Cesantía y para los otros conceptos calculados.- En lo reflejado en el fallo numerales 2 y 3 de su Cuarto Considerando, la Sentencia de la Corte de Apelaciones considera que esa suma de NUEVE MIL, SESENTA Y SEIS DOLARES, CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLARES ($.9,066.67) correspondía al último sueldo mensual en Honduras, correspondiente a Julio de 1998, precisamente el año que la sociedad mercantil ordenó al Señor Luis Felipe Molina a realizar un estudio, con estadía temporal en México y luego retornaría al mismo trabajo en la Empresa demandada.- Es preciso recalcar que el señor Luis Felipe Molina continuó en forma ininterrumpida, laborando al servicio de la empresa BLUE Bell de Honduras, S. de R.L. aún cuando fue trasladado temporalmente a otro pías a México, a establecer una División de Producción del Grupo o Consorcio V.F. CORPORATION a cuyo Grupo pertenece BLUE BELL DE HONDURAS, S. de R.L.- La Corte recurrida no aplica al caso de autos el artículo 123 letra b) interpretado mediante Decreto número 65 del 28 de septiembre de 1966, en vista que las prestaciones e indemnizaciones que corresponden al señor Luis Felipe Molina por despido injustificado, las hace de acuerdo a una liquidación errónea de la Sección de Inspección de Trabajo de Puerto Cortés, puesto que esta no toma como base para establecer el salario promedio devengado por el señor Molina en los últimos seis meses que laboró para la demandada que comprenden del 15 de mayo al 15 de Noviembre del 2001, fecha esta última que fue despedido el demandante en forma injustificada, violando las normas sustantivas ante relacionadas, erróneamente y de manera incorrecta utiliza para el promedio salarial un sueldo correspondiente al mes de Julio de 1998, así indicando en los numerales 2 y 3 del Considerando Cuarto de la sentencia atacada. Los salarios correctos devengados por el demandante en los últimos seis meses de trabajo que deben de servir de base para calcular las prestaciones e indemnizaciones laborales, dichos están debidamente acreditados en el expediente de autos, en donde consta la declaración individual de los ingresos en concepto de salarios que devengo el demandante durante los diez meses y medio que laboró en el año dos mil uno, y la totalidad resultante fue de Doscientos Cuarenta y ocho mil, seiscientos dieciocho dólares ($.248,618.00), cuya información se encuentra en el documento que obra a Folio 554 de la primera pieza y avalado por auditores de la Empresa de renombre mundial PRICE WATERHOUSE COOPERS, documento cuyo original fue verificado también por la Señora Jueza del Juzgado de Letras Primero del Trabajo de la Sección de San Pedro Sula, informe que consta en el Acta de Inspección como reina de la prueba que se encuentra agregada a folio 516 de la primera pieza.- De dicho informe se deducen los salarios equivalentes a cuatro y medio meses que exceden a los seis meses que establece el Código del Trabajo, dando un resultado de ingresos de los últimos seis meses de Ciento Cuarenta y dos mil, sesenta y siete dólares, con cuarenta y seis centavos de dólar ($.142,067.46), los que divididos entre los días efectivamente laborados resulta un promedio diario de Mil Noventa y dos dólares, con ochenta y tres centavos de dólar ($.1,092.83), y que multiplicados por treinta días del mes, arroja un promedio total mensual de Treinta y dos mil, setecientos ochenta y cuatro dólares, con ochenta centavos de dólar ($.32,784.80), tomando en cuenta que el demandante laboraba cinco días semanales de lunes a viernes, que es el que debe de servir para calcular las indemnizaciones laborales.- La falta de aplicación en forma debida y en el sentido estricto que ordena el artículo 123 letra b) interpretado, por parte de la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, violenta otras disposiciones legales, para el caso, la ley prohíbe actos o estipulaciones que impliquen RENUNCIA, DISMINUCIÓN O TERGIVERSACIÓN de los Derechos que la Constitución, el Código de Trabajo y sus reglamentos o las demás Leyes del Trabajo o de Previsión Social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato u otro pacto cualquiera, en tal situación la sentencia restringe y disminuyen los derechos a calcular las prestaciones e indemnizaciones legales conforme a las normas establecidas en la ley, y en el caso de autos, la falta de aplicación de la Ley en su contexto general perjudica al demandante al practicar la Corte de Apelaciones del Trabajo acusada, el calculo de sus derechos laborales con un promedio de salario que no es el correcto y que ordena la Ley Laboral, causando una enorme disminución muy inferior al demandante en cuanto al pago de su preaviso, el auxilio de cesantía, la remuneración del descanso anual por vacaciones causadas y su bono, el décimo tercer mes, décimo cuarto mes, los salarios dejados de percibir como indemnizatorios y otros derechos que se conquistan de acuerdo a la capacidad económica de las empresas y a los esfuerzos del trabajador, en decir a la Ley no puede dársele otro sentido que el que resulte de sus propios términos- Por todo lo antes expuesto queda evidenciado que el fallo recurrido, emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en el caso de autos, ha violado las normas sustantivas de orden Nacional invocadas, en vía directa al no aplicarla al caso de autos cuando era el caso aplicarlas conforme a las normas procésales señaladas y las normas relacionadas todas del Código del Trabajo, al decidir contra la evidencia probatoria que las normas sustantivas de Orden Nacional invocadas no produjeran efectos legales indemnizaciones completos, por la cual procede se case la sentencia en el presente motivo. SEGUNDO MOTIVO: Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional en infracción directa del Artículo 3 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral primero párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Artículos 3, 8 y 123 letra a) del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN SE EXPLICA DE LA SIGUIENTE MANERA El Artículo 3 del Código del Trabajo establece que son “nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato u otro pacto cualquiera”, lo cual está en consonancia con los artículos 8 y 124 letra a) del mismo Código. Pero, al momento de que en la Sentencia de la Corte de Apelaciones del Trabajo con sede en San Pedro Sula Cortes, calcula aritméticamente el preaviso, al auxilio de cesantía y otras indemnizaciones sin tomar como base el promedio de salarios devengados de los últimos seis meses de trabajo entre los días efectivamente trabajados, como era su obligación, pero sin ningún fundamento legal, sino que basándose e incorporando en forma totalmente de manera errónea un sueldo que corresponde al mes de Julio de 1998, reduciendo así la suma correcta de dichas compensaciones en violación de la Ley Sustantiva de Orden Nacional citada, Artículos 3, 8 y 123 letra a) del Código del Trabajo, suma que es privilegiada y no se puede disminuir por ningún motivo, está afectándole al trabajador su patrimonio es decir, derechos singularmente privilegiados, violación que debe corregirse por la Honorable Corte Suprema de Justicia, ya que, “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernamentales o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”.” RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha veintisiete de abril de dos mil seis, mediante la cual tuvo por formalizada en tiempo la demanda de casación por parte de la Abogada DEYSI NOEMÍ RECONCO DUBON, en su condición de Apoderada Legal del señor LUIS FELIPE MOLINA. RESULTA: Que en fecha tres de mayo de dos mil seis, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado RAFAEL MURILLO GUTIERREZ, de generales conocidas, formulando el Recurso de Casación, que en su oportunidad interpuso, el cual fundamentó de la manera siguiente: “...DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN En el acápite denominado “Indicación de la Sentencia Impugnada” señalé como Sentencia impugnada la dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula con fecha diecinueve de mayo del dos mil cinco cuyas partes resolutivas copié íntegramente y que en la conducente dice: “POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los artículos: 90, 303, 304 y 305 de la Constitución de la República; 1 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 4, 5, 21, 25, 26, 666, 667, 669, 690, 703, 709, 726, 727, 729, 738, 739, 760 y 851 del Código del Trabajo; 183, 184, 187 reformado, 188, 189, 190, 192, 235 y 239 del Código de Procedimientos Civiles: FALLA: PRIMERO: REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha diecisiete de octubre del año dos mil tres, (2003) en las diligencias iniciadas con la Demanda Laboral para el pago de complemento de Prestaciones e Indemnizaciones legales por Despido Injusto, promovida por el Abogado Víctor Sabillón Fernández actuando en representación judicial del señor Luis Felipe Molina, contra la empresa mercantil denominada BLUE BELL DE HONDURAS S. DE R.L. representada por su Gerente General la señora Sandra Regina Acosta Bográn reforma que se contrae a DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA LABORAL de la referencia: EN CONSECUENCIA SE CONDENA a la empresa mercantil BLUE BELL DE HONDURAS S. DE R.L. representada por su Gerente General Sandra Regina Acosta Bográn, a pagar al señor LUIS FELIPE MOLINA la cantidad de OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE Y UN DOLARES CON SIETE CENTAVOS DE DÓLAR ($.83,407.07), remanente que resulta de las operaciones aritméticas efectuadas y que se desglosan a continuación: Preaviso:$.21,155.56, Auxilio de Cesantía: $.148,088.94, Auxilio de Cesantía proporcional: $.7,874.57, Vacaciones proporcionales; $.4,499.75., Aguinaldo proporcional: $.7,933.34, Catorceavo proporcional: $.3,400.00, totalizando la suma de $.192,952.17, menos la cantidad de $.109,545.10 que confiesa tener recibidos y que aparecen de autos, mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que conforme a las normas procesales quede firme el presente fallo SEGUNDO: Confirmando en su parte resolutiva la sentencia apelada y relacionada anteriormente en sus demás extremos Y MANDA: Quedan notificados en estrado de la presente sentencia las partes, y con la certificación de estilo devuélvanse los antecedentes al Juzgado de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- SIN COSTAS por tener el apelante motivos racionales para la interposición de este recurso.- Redacto el magistrado propietaria PONCE DE MURILLO”. Con la presente demanda de Casación se persigue la anulación parcial del fallo recurrido por ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y por consiguiente al CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula con fecha diecinueve de mayo del dos mil cinco, obrando la Corte Suprema de Justicia en sede de instancia, en lugar del fallo recurrido pronunciar el que ha de sustituirlo ABSOLVIENDO a la empresa mercantil BLUE BELL DE HONDURAS S. DE R.L. representada por su Gerente General, Sandra Regina Acosta Bográn de toda responsabilidad económica laboral, fallando de la siguiente manera: “POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre de la República de Honduras por Unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1 y 137 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 314 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 17, 19, 20, 31, 36, 37, 43, 44, 97 numeral 1, 111 numeral segundo, 113 párrafo primero, 738, 739, 764, 765 del Código de Trabajo; 183, 184, 187, 189, 190 del Código de Procedimientos Civiles, FALLA: PRIMERO: CASANDO PARCIALMENTE la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés aquí recurrida, de fecha diecinueve de mayo del dos mil cinco, SEGUNDO: Declarando sin lugar la demanda promovida por el señor LUIS FELIPE MOLINA a través de su representante judicial el Abogado Víctor Sabillón Fernández contra la empresa BLUE BELL DE HONDURAS S. DE R.L. por medio de su representante legal Sandra Acosta Bográn; TERCERO: Declarando sin lugar la excepción perentoria de falta de acción o derecho para demandar opuesta a la demanda; CUARTO: Absuelve de toda responsabilidad económica laboral a la empresa BLUE BELL DE HONDURAS, S. de R.L. Y MANDA: Notificar en estrado esta Sentencia a las partes y con la certificación de estilo devuélvanse los antecedentes al Juzgado de su procedencia para los efectos legales correspondientes. SIN COSTAS. NOTIFIQUESE.”. Redacto el magistrado xxxxxx. EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: Ser la Sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, en infracción indirecta, por falta de apreciación de las pruebas presentadas en debida forma como ser los documentos firmados en la Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuaha, Estados Unidos Mejicanos, contentivos del convenio firmado entre el aquí demandante y la sociedad OPERADORA LAMBE, S.A. DE C.V., que era su patrono en dicho país; por el cual, mediante manifestación que hicieron ante las oficinas de la Junta local de Conciliación y Arbitraje de esa ciudad, debidamente legalizado para ser medio de prueba en el país (ver folios del 299 al 305), acordaron la terminación del contrato de trabajo que los unía. Por error de hecho que aparece de manifiesto en los autos al establecer que entre el demandante y mí representada BLUE BELL DE HONDURAS S. DE R.L., existía una relación laboral al momento en que él terminó su relación de trabajo con su patrono en México. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. Con dicha sentencia se violó indirectamente la ley sustantiva de orden nacional como ser los artículos 111 numeral segundo del Código de Trabajo. NORMAS PROCESALES APLICABLES Las normas adjetivas que sirven como medio para acreditar que se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas, lo constituyen los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo de Casación está comprendido en el párrafo segundo del numeral primero del artículo 765 del Código de Trabajo. DOCTRINA Para que configure la infracción de ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, conforme al sólido criterio de esta Honorable Corte Suprema de Justicia, son necesarios los siguientes requisitos: 1- Debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de las pruebas; 2- Esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir respecto de la prueba considerada por si misma, y no con relación a las normas que reglamentan la prueba de que se trate, pues en este último caso se estaría frente a un cuestión diferente, 3- Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva, 4- El error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario, se da por no probado un hecho que si está demostrado plenamente en juicio. Todos los requisitos antes apuntados están establecidos en el caso que nos ocupa. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO ERROR DE HECHO EN LA FALTA DE APRECIACIÓN DEL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENMTAL SEÑALADO: Consta en la Sentencia aquí señalada, dictada el diecinueve de mayo del dos mil cinco; que para acoger lo dispuesto por este máximo Tribunal en sentencia de anulación anterior; reconoce que no puede desconocer lo convenido y resuelto por la junta local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Chihuahua, México en donde el demandante convino con sus patronos un arreglo Conciliatorio para la terminación de la relación de trabajo que los unía y que la prueba documental que aparece en los autos de la primera pieza puede ser tomada como medio probatorio; pero alegando “Que dicho convenio no resulta de la voluntad libre y espontánea del trabajador, pues es evidente que fue intimidado por su patrono tanto para ponerle fin al vínculo laboral como para celebrar el convenio aludido”; a criterio de la Corte de Apelaciones, dichos documentos no tienen valor probatorio, aduciendo que dicho extremo se acreditó con el cruce de notas que hubo entre el demandante y sus patronos, cuando las castas que existen en el juicio se refieren a la terminación del contrato de trabajo con su patrono norteamericano VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP y no con operadora Lambe, S.A. de C.V. que fue con la que firmó los documentos mejicanos, por los que terminó su relación de trabajo con ella (ver folios del 242 al 246), siendo estos unos de los documentos no apreciados. Es importante señalar que con lo anterior la Corte de Apelaciones está aseverando que dicho medio probatorio no tiene validez como tal ya que adolece de un vicio del consentimiento (la intimidación) hecho este que debe ser debidamente alegado y probado en juicio; pero la realidad procesal es que en ningún momento el demandante trató de impugnar dicho documentos como medios de prueba, lo que debió haber sucedido en la audiencia de presentación de pruebas, sino que fue aceptado como tal. El cruce de notas que menciona la sentencia aquí recurrida, al igual que el finiquito en ingles que se menciona en la demanda en el acápite quinto, no se refieren a los documentos firmados en Chihuahua, Méjico; sino al documento por el cual el demandante terminó su relación laboral con la sociedad VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP que fue la empresa que lo contrató desde que comenzó su trabajo aquí en Honduras, y que a cambiado de nombre en varias ocasiones; dichas notas se intercambiaron ya que se negociaron diversos paquetes de beneficios, de los cuales unos se benefició el demandante y otros no, tal y como llegaron al acuerdo de terminación del contrato de trabajo con dicha empresa también. Resulta también contradictorio que la Corte de Apelaciones le quite validez probatoria a los mencionados documentos firmados en Méjico, y en el considerando anterior (cuarto) se fundamente en ellos para afirmar que entre el demandante y al demandada siempre existió relación de trabajo; es decir que por un lado que quita valor probatorio y en otro le otorga plena validez como medio de prueba. Asimismo hay falta de apreciación de pruebas ya que se le está quitando todo valor probatorio a la prueba documental de las actas presentadas de la comparecencia no fue para presentarle a dicha autoridad un litigio que ambos tenían, para que, conciliatoriamente o arbitrariamente lo resolviera; sino que para darle al convenio al que ya habían alcanzado toda la validez ante la ley mejicana, por ello fue calificado como “laudo consentido” por dichas autoridades. Al estar dichos documentos legalizados, también tienen fuerza legal como medios probatorios en Honduras y así fue como los estimó el juez a quo, como medios de prueba de documentos públicos, debidamente legalizados para tener también dicha fuerza legal en el país. Pero tal documentación fue desestimada por la Corte de Apelaciones aduciendo y dándole mayor valor probatorio a cartas supuestamente cruzadas en el interim de la negociación del acuerdo a que llegaron con otra sociedad (VFJEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP), alegando que las mismas son muestra de violencia o intimidación al momento en que se firmó en acuerdo; CUANDO DICHAS CARTAS NUNCA FUERON RECONOCIDAS SUS FIRMAS POR QUIEN SUPUESTAMENTE LAS SUSCRIBIÓ NI FUERON CORROBORADAS POR OTRO MEDIO DE PRUEBA; SIENDO POR LO TANTO DE PROCEDENCFIA DUDOSA Y SIN CONFIRMAR. Respeto a la intimidación o violencia como anuladas de una manifestación de voluntad; que es lo que está haciendo la Corte de Apelaciones en la sentencia recurrida. Nuestra legislación común (Código Civil) en su artículo 1556, establece a la intimidación y a la violencia, como parte de los vicios que pueden adolecer un consentimiento; estableciendo en su artículo 1558 una definición de violencia como anulados de una manifestación de voluntad; al establecer que es cuando para arrancar el consentimiento, se emplea una fuerza irresistible. El siguiente párrafo del mismo artículo manifiesta que: “Hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes o en la persona o bienes de su conyugue, descendientes o ascendientes.” Manifestando finalmente el mismo artículo que para calificar la intimidación debe atenerse a la edad, al sexo y a la condición de la persona. Referente a la intimidación, que es el vicio que invoca la Corte de Apelaciones para no apreciar la fuerza probatoria de los documentos firmados por el demandante en México; el tratadista internacional José María Manresa y Navarro, en su obra “Comentarios al Código Civil Español” Tomo VIII volumen 2º, página 575; manifiesta: “Para que la intimidación vicie el consentimiento y anule consiguientemente la declaración de voluntad, han de mediar como fundamentales requisitos, según se desprende del artículo 1,267 del Código Civil (del que nuestro artículo 1558 es una copia. ACLARACIÓN PROPIA), interpretado por la doctrina científica y por la jurisprudencia de esta sala: a) Que se emplee contra uno de los contratantes la amenaza de un mal inminente y grave, susceptible por ende, de ejercer seria influencia sobre su ánimo.- b) Que esa amenaza determine la declaración de voluntad, o lo que es igual, que exista un nexo causal entre la intimidación y el consentimiento.- c) Que la repetida amenaza y el influjo que pueda ejercer sobre la voluntad revistan un matiz antijurídico, por cuanto no quepa reputarlos ilícitos como consecuencia de una correcta y no abusiva utilización de los derechos”. Lo anterior nos ilustra si las supuestas cartas mandadas por un ejecutivo de su patrono (no de la demandada) QUE NO HAN SIDO RECONOCIDA SU FIRMA EN JUICIO, que es el medio probatorio que esgrime en esta oportunidad la Corte de Apelaciones para quitar todo valor probatorio a los documentos firmados en México por el demandante y sus patronos; puede ser utilizado como anulador de la voluntad expresada por el aquí demandante cuya firma ha sido reconocida en juicio por el mismo. Dicha carta, si en verdad fue enviada al aquí demandante por un representante de su patrono, es producto creo yo, de las posiciones opuestas que ambas partes tenían al inicio de las negociaciones que por los documentos firmados, llegaron al final a un acuerdo común, pero nada tienen que ver con los documentos firmados en Méjico. Las pruebas presentadas en debida forma y que no fueron apreciadas aquí son las siguientes: 1- los documentos firmados en la Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, Estados Unidos Mejicanos, contentivos del convenio firmado entre el aquí demandante y la sociedad OPERADORA LAMBE, S.A. DE C.V., que era su patrono en dicho país; por el cual, mediante manifestación quer hicieron ante las oficinas de la Junta local de Conciliación y Arbitraje de esa ciudad, debidamente legalizado para ser medio de prueba en el país (ver folios del 299 al 305), documentos que se refieren a la terminación del contrato de trabajo con su patrono norteamericana VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP (ver folios 242 al 246) y 2- la misma confesión judicial del demandante (ver folios 470 al 472). SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: ERROR DE DERECHO EN LA FALTA DE APRECIACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL AL DARLE VALIDEZ A DOCUMENTOS NO SOLEMNE CUANDO LA LEY EXIGE DETERMINADAS SOLEMNIDADES PARA SU VALIDEZ Ser la Sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, en infracción indirecta; por falta de apreciación de las pruebas presentadas como ser los documentos privados presentados por el demandante con los cuales sostiene que se le coaccionó e intimidó para firmar las terminaciones voluntarias de sus relaciones de trabajo con sus patronos VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP y operadora Lambe, S.A. de C.V.. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. Con dicha sentencia se violó indirectamente la ley sustantiva de orden nacional como ser los artículos 111 numeral segundo, del Código de Trabajo. NORMAS PROCESALES APLICABLES Las normas adjetivas que sirven como medio para acreditar que se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas, lo constituyen los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo de Casación está comprendido en el párrafo segundo del numeral primero del artículo 765 del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El demandante presentó como medios de prueba documentos privados (cartas) con los que supuestamente quiere probar intimidación de sus patronos VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP y operadora Lambe, S.A. de C.V., para la firma de los documentos por los que terminó la relación de trabajo que tenía con dichas empresas, cuando no son mas que simples cartas, sin ningún valor probatorio y que para que pudieran ser medios probatorios de acuerdo a ley debían estar investidos de alguna solemnidad para su validez, como ser reconocidos judicialmente por las personas que supuestamente las enviaron, autenticadas por las autoridades consulares correspondiente, si son documentos generados en el extranjero. Los documentos en marras no son mas que cartas sin ningún valor probatorio. La Corte de Apelaciones, mediante la sentencia recurrida, apreció a tales documentos como medios de prueba con eficacia completa o total, como se aprecia en el considerando quinto, cuando tales no tienen validez, ya que no han observado las solemnidades que son necesarias para ser medios de prueba completamente válidos El tratadista Enrique Arámbula Durán, en su obra “Recurso de Casación Laboral”, páginas 22 y 23, establece: “14 INFRACCION INDIRECTA. ERRORES DE HECHO Y ERRORES DE DERECHO...El otro- el error de derecho, consiste en aceptar como probado un acto por un medio no solemne cuando la ley exige determinadas solemnidades para su validez o no darlo por establecido cuando así se ha hecho de manera solemne”. TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: ERROR DE HECHO EN LA FALTA DE APRECIACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL Y CONFESIÓN POR LA QUE SE ACREDITÓ QUE EL DEMANDANTE YA RECIBIÓ POR ADELANTADO EL MONTO DE LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADA MÍ PODERDANTE: Ser la Sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, en infracción indirecta; por falta de apreciación de las pruebas presentadas en debida forma como ser el documento contrato de trabajo firmado entre el demandante y su patrono, al momento de iniciar la relación de trabajo que fue ratificado en la confesión judicial del demandante (ver folios 470 al 472) en la que claramente se establece que parte de lo que mensualmente recibiría era para pagar la cesantía a que anualmente le da derecho nuestro Código de Trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. Con dicha sentencia se violó indirectamente la ley sustantiva de orden nacional como ser los artículos 111 numeral segundo, 120, literal “D”, del Código de Trabajo. NORMAS PROCESALES APLICABLES Las normas adjetivas que sirven como medio para acreditar que se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas, lo constituyen los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo DE Casación está comprendido en el párrafo segundo del numeral primero del artículo 765 del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Lo anterior en vista que está acreditado en autos, con la carta contrato firmada entre el demandante y el Señor Lionel Pierce ejecutivo de BLUE BELL Inc., está debidamente acreditado que del pago anual que el demandante recibía en concepto de retribución por sus servicios (US$.48,062.00 según el convenio) se le incluía el pago del 13avo. Mes (US$.3,204.00) y lo que correspondía por dicho año de auxilio de cesantía (US$.6,408.00) y de salario US$.38,450.00 anual (es decir US$.3,204.00 al mes), que es exactamente lo que corresponde a las prestaciones sociales de alguien que gane dicho sueldo al mes (US$.3,204.00) y se le despide al año de trabajo. Es decir que, durante los 14.5 años que trabajó para su patrono VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP recibió como mínimo la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS DOLARES (US$.92,916.00) en concepto de auxilio de cesantía anticipadas y el treceavo mes. Digo como mínimo ya que es lo que está acreditado en juicio, pero tomando en cuenta los aumentos salariales que recibió de su patrono, lo mas probable es que el valor que recibió como prestaciones por anticipado fue superior a lo aquí apuntado, habiendo recibido también el 13avo y 14avo. Mes cada año mensualmente en doce pagos, por lo que está acreditado en autos que la sociedad VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP, patrono del demandante ya le pagó a éste lo que mediante la sentencia la Corte de Apelaciones a condenado al pago a mi poderdante. Con lo anterior está acreditado en juicio que el demandante recibió por anticipado, con cada salario mensual que recibía, una parte proporcional del 13avo. Mes y de la cesantía (severance) de cada año que trabajó, por lo que dicho valor sumado a lo que le pagó cuando terminó de mutuo consentimiento el contrato de trabajo, recibió mas de lo que reclama. Dicho desglose del salario que recibió tal como fue pactado en la carta contrato de trabajo fue aceptado por el demandante al haber reconocido y confesado la firma que puso en la misma (ver folios 470 al 472), A pesar de dichos medios de prueba ( la carta contrato de trabajo y la confesión) la Corte de Apelaciones no tomó en cuenta dicho hecho debidamente acreditado en juicio, violando con ello la letra del artículo 738 del Código de Trabajo, que lo obliga a preciar “Todas las pruebas allegadas en tiempo”, y la letra del artículo 739 que establece que deberán los juzgadores formar su convencimiento inspirándose el principios científicos y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito, como bien lo hizo el juez a quo, quien inclusive hizo una consideración de lo sucedido en la confesión del demandante, en la que el mismo demandante entró en contradicciones, ya que por un lado reconocía como puestas por él las firmas de los documentos que se le pusieron a la vista, y por otro manifestada que párrafos que contenían dichos documentos no eran cierto. CON LO ANTERIOR ESTÁ ACREDITADO EL PAGO DEL VALOR AL QUE LA CORTE DE APELACIONES CONDENÓ A MÍ PODERDANTE; por lo que, aún en el caso que dicha sentencia estuviera de acuerdo a derecho, cosa que no se acepta; la misma Corte de Apelaciones tenía que haber declarado que dicho valor ya estaba pagado y por lo tanto absolver a mí poderdante de toda responsabilidad económica para con el demandante; cosa que no hizo por falta de apreciación del medio probatorio documental y confesional aquí apuntados. Las pruebas presentadas en debida forma y que no fueron apreciadas aquí son las siguientes: 1- la carta contrato firmada entre el demandante y el Señor Lionel Pierce ejecutivo de BLUE BELL Inc., está debidamente acreditado que del pago anual que el demandante recibía en concepto de retribución por sus servicios (US$.48,062.00 según el convenio) se le incluía el pago del 13avo. Mes (US$.3,204.00) y lo que correspondía por dicho año de auxilio de cesantía (US$.6,408.00) y de salario US$.38,450.00 anual (es decir US$.3,204.00 al mes); documento que fue ratificado en la confesión judicial del demandante, y 2- la misma confesión judicial del demandante (ver folios 470 al 472). CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN: ERROR DE HECHO EN LA FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL Y CONFESIÓN POR LA QUE SE ACREDITÓ QUE EL DEMANDANTE NEGOCIO CON SU PATRONO (NO LA DEMANDADA) SU TRASLADO A TRABAJARA MEJICO: Ser la Sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, en infracción indirecta; por falta de apreciación de las pruebas presentadas en debida forma como ser el documento la carta aceptación de las condiciones del traslado, de fecha 31 de diciembre del 2,000, firmado entre el demandante y el Sr. Gerardo Castagnet, ejecutivo de VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP que fue ratificado en la confesión judicial del demandante (ver folios 470 al 472) en la que claramente se establece que con quien negoció su traslado a trabajar a Méjico no fue con la demandada, sino con su patrono que era la sociedad VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. Con dicha sentencia se violó indirectamente la ley sustantiva de orden nacional como ser los artículos 97 numeral primero y 111 numeral segundo del Código de Trabajo. NORMAS PROCESALES APLICABLES Las normas adjetivas que sirven como medio para acreditar que se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas, lo constituyen los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo de Casación está comprendido en el párrafo segundo del numeral primero del artículo 765 del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Error de hecho al no interpretar la prueba presentada en juicio al apreciar que la sociedad blue bell de honduras, S de R.L. es el patrono del demandante: Apoyándose la Corte de Apelaciones únicamente en el hecho de que los documentos del traslado de trabajo mencionan que queda relevado de sus obligaciones con la empresa de los EUA ya que por ley mejicana es obligatorio, al haber firmado contrato con la mejicana, fundamentándose de que como nunca trabajó en los EUA dichos documentos se refieren a continuación de su trabajo como empleado de Blue Bell Inc; cuando es claro y consta en los documentos que eso se hizo para cumplir con las leyes laborales de Méjico, tal como consta en la carta aceptación de las condiciones del traslado, de fecha 31 de diciembre del 2,000, firmado entre el demandante y el Sr. Gerardo Castagnet, ejecutivo de VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP, que ordenan que debe ser empleado de la empresa mejicana (cuya firma fue reconocida por el demandante el la confesión ver folios del 470 al 472). Todas las pruebas presentadas por el demandante con las que quiere acreditar que mantenía relación de trabajo con la demandada, son documentos generados por él mismo (reservaciones en escuelas y otros), pero no presentó ningún documento firmado por un ejecutivo de BLUE BELL DE HONDURAS, S. DE R.L., o generado por la asamblea de socios de la demandada, donde se establezca claramente que era empleado de la demandada y le daban el permiso para salir a trabajar a Méjico, pero que le conservaban su puesto. Mas bien prueba que BLUE BELL DE HONDURAS, S. DE R.L., no esperaba que el demandante regresara al cargo de gerente general, es que inmediatamente fue sustituido por la Lic. Sandra Acosta, quien hasta le fecha se mantiene en el cargo, por lo que es un nombramiento definitivo no temporal, lo anterior se acreditó con la inspección que se hizo a la empresa y con la confesión que hizo la misma Sandra Acosta. Las pruebas presentadas en debida forma y que no fueron apreciadas aquí son las siguientes: 1- carta aceptación de las condiciones del traslado, de fecha 31 de diciembre del 2,000, firmado entre el demandante y el Sr. Gerardo Castagnet, ejecutivo de VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP, que ordenan que debe ser empleado de la empresa mejicana; documento que fue ratificado en la confesión judicial del demandante, y 2- la misma confesión judicial del demandante (ver folios 470 al 472). QUINTO MOTIVO DE CASACIÓN: ERROR DE HECHO EN LA FALTA DE APRECIACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL Y CONFESIÓN POR LA QUE SE ACREDITÓ QUE EL DEMANDANTE RECONOCIO QUE SU PATRONO NO ERA LA DEMANDADA SINO OTRA EMPRESA: Ser la Sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, en infracción indirecta; por falta de apreciación de las pruebas presentadas en debida forma como ser el documento la carta que le envió al Sr. Carlos Tejada, ejecutivo de BLUE BELL INC. en ese tiempo llamada WRANGLER, donde categóricamente reconoce que era empleado de WRANGLER, no de Blue Bell de Honduras, S. de R.L. y que obedecía ordenes de esa empresa a quien debía fidelidad; documento que fue ratificado en la confesión judicial del demandante (ver folios 470 al 472) NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. Con dicha sentencia se violó indirectamente la ley sustantiva de orden nacional como ser los artículos 97 numeral primero del Código de Trabajo. NORMAS PROCESALES APLICABLES Las normas adjetivas que sirven como medio para acreditar que se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas, lo constituyen los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo de Casación está comprendido en el párrafo segundo del numero primero del artículo 765 del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO ERROR DE HECHO AL NO APRECIAR LA PRUEBA PRESENTADA EN JUICIO AL DECIR QUE LA SOCIEDAD BLUE BELL DE HONDURAS, S DE R.L. ES EL PATRONO DEL DEMANDANTE: Apoyándose la Corte de Apelaciones únicamente en el hecho de que uno de los socios de la misma lo es de otras sociedades en otros países. Cuando se comprobó en juicio que la demandada BLUE BELL DE HONDURAS, S DE R.L. es una sociedad constituida conforme a las leyes de Honduras, con su propia personalidad jurídica independiente de la de sus socios, y que tiene su propio personal el que tiene registrado tanto en el Instituto Hondureño de Seguridad Social., como en las demás instituciones que es obligatorio, y que con el medio probatorio de inspección a las oficinas de la demandada en Puerto Cortés, se acreditó en dichos registros nunca se encontró al demandante, quien no se incluyó ni cuando estuvo de gerente general, y en cartas que el demandante mismo reconoció que envió y firmó, como la aquí mencionada que remitió al Sr. Carlos Tejada, ejecutivo de BLUE BELL INC. en ese tiempo llamada WRANGLER (ver folios 470 al 472), donde categóricamente reconoce que fue empleado de WRANGLER, no de Blue Bell de Honduras, S. de R.L., y es a dicha empresa que siempre le ha guardado fidelidad y obediencia. Aplicando el principio de: “a confesión de parte, revelo de pruebas”, está claramente reconocido en autos por el demandante que su patrono fue la empresa que originalmente se llamó BLUE BELL Inc., inclusive está acreditado en juicio que del juicio que del salario que se le pagaba, se le deducía para pagar el impuesto sobre la renta (income tax) de los E.U.A., por estar recibiendo un salario de una empresa de dicho país. Lo anterior (las deducciones al salario) fueron siempre aceptadas por el demandante, ya que estaba conciente que se le debían hacer conforme a las leyes de los E.U.A., pero si el salario que se le pagaba era por trabajar para una empresa hondureña no se le tenían que deducir para pagar al I.R.S. de los EUA, sino que se le debían deducir como se le hacía a todos los empleados, en planilla para entregársela a la D.E.I., lo que se acreditó en juicio que nunca se hizo, ya que ni en las planillas del I.H. del S.S., aparecía. Es decir ni hay ningún medio probatorio que acredite que el demandante era empleado de la demandada, solo el fallido intento con testigos que en las repreguntas confirmaron que el mismo demandante les dijo que seguiría siendo empleado de Blue Bell de Honduras, cuando se traslado a Méjico, Para reforzar lo antes apuntado señalo la copia de la sentencia que se acompañó con la primera casación que se presentó contra la primera sentencia que emitió la Corte de Apelaciones y que fue anulada por este tribunal y que se encuentra en la secretaría de este tribunal registrada con el número 447-2,0004; sentencia similar emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, España, de fecha primero de septiembre del 2,003, conociendo en suplicación la demanda de despido injusto presentada por D. Modest contra “Diagnóstico y Cirugía C. S. L.”, por el cual desestimó dicho recurso estipulando que no solo es necesario el trabajo personal del demandante y recibir un salario, sino que es importante la dependencia o subordinación del que presta el servicio a favor del que lo retribuye; y que el demandante nunca solicitó estar incluido en el régimen de la seguridad social. Dicho caso tiene similitud con le que nos ocupa, ya que si bien es cierto el demandante hasta antes que fuera trasladado a trabajar a Méjico por su patrono, realizaba su trabajo dentro del engranaje administrativo de mí poderdante, lo hacía por alguna relación de prestación de servicios entre BLUE BELL Inc. y mí poderdante, y no porque era empleado de mí poderdante; y era con dicha empresa (Blue Bell Inc.) con quien mantenía las relaciones de subordinación o dependencia, ya que está probado que rendía cuentas y hacia peticiones a ejecutivos de dicha empresa (recordar carta a Carlos Tejada=, y recibía su salario de dicha empresa a través de VF SERVICES, la que le deducía para el I.R.L., por ser el patrono una empresa de los E.U.A. Las pruebas presentadas en debida forma y que no fueron apreciadas aquí son las siguientes: 1- la carta que le envió al Sr. Carlos Tejada, ejecutivo de BLUE BELL INC. en ese tiempo llamada WRANGLER, donde categóricamente reconoce que era empleado de WRANGLER, no de Blue Bell de Honduras, S. de R.L. y que obedecía ordenes de esa empresa a quien debía fidelidad; documento que fue ratificado en la confesión judicial del demandante, y 2- la misma confesión judicial del demandante (ver folios 470 al 472). SEXTO MOTIVO DE CASACIÓN: ERROR DE HECHO EN LA FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL Y CONFESIÓN POR LA QUE SE ACREDITÓ QUE EL PATRONO DEL DEMANDANTE NO ERA LA DEMANDADA SINO OTRA EMPRESA: Ser la Sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, en infracción indirecta; por falta de apreciación de las pruebas presentadas en debida forma como ser los siguientes documentos: 1- la carta que le envió al Sr. Carlos Tejada, ejecutivo de BLUE BELL INC. en ese tiempo llamada WRANGLER, donde categóricamente reconoce que era empleado de WRANGLER, no de Blue Bell de Honduras, S. de R.L., 2- Con el contrato de trabajo se acreditó que quien contrató al demandante fue la empresa BLUE BELL Inc, empresa norteamericana, no la demandada empresa hondureña. 3- Con la carta de entendimiento y la carta aceptación firmada por el demandante y su patrono, se acreditó que con quien el demandante pactó el traslado a Méjico fue con VF SERVICES Inc, a nombre de la misma empresa, ya que dicha empresa inclusive la pagaba los salarios; y 4- finalmente con quien terminó el contrato de trabajo fue con VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP Y OPERADORA LAMBE, S.A. DE C.V., como está acreditado con los documentos firmados en Estados Unidos de América y ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Chihuahua, Chihuahua, Méjico; documento que fue ratificado en la confesión judicial del demandante (ver folios 470 al 472) NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. Con dicha sentencia se violó indirectamente la ley sustantiva de orden nacional como ser los artículos: 97 numeral primero, 111 numeral segundo del Código de Trabajo. NORMAS PROCESALES APLICABLES Las normas adjetivas que sirven como medio para acreditar que se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas, lo constituyen los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo de Casación está comprendido en el párrafo segundo del numero primero del artículo 765 del Código de Trabajo. EXPLICACON DEL MOTIVO ERROR DE HECHO AL NO APRECIAR CORRECTAMENTE LA PRUEBA PRESENTADA EN JUICIO AL ESTABLECER QUE LA SOCIEDAD BLUE BELL DE HONDURAS, S DE R.L. ES EL PATRONO DEL DEMANDANTE: Al no haber apreciado las pruebas presentadas y evacuadas legalmente en juicio, especialmente la documental y confesional: Los documentos presentados legalmente y no apreciados como medios de prueba son los siguientes: 1- la carta que le envió al Sr. Carlos Tejada, ejecutivo de BLUE BELL INC. en ese tiempo llamada WRANGLER, donde categóricamente reconoce que era empleado de WRANGLER, no de Blue Bell de Honduras, S. de R. L., 2- Con el contrato de trabajo se acreditó que quien contrató al demandante fue la empresa BLUE BELL Inc, empresa norteamericana, no la demandada empresa hondureña. 3- Con la carta de entendimiento y la carta aceptación firmada por el demandante y su patrono, se acreditó que con quien el demandante pactó el traslado a Méjico fue con VF SERVICES Inc, a nombre de la misma empresa, ya que dicha empresa inclusive la pagaba los salarios; y 4- finalmente con quien terminó el contrato de trabajo fue con VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP Y OPERADORA LAMBE, S.A. DE C.V., como está acreditado con los documentos firmados en Estados Unidos de América y ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Chihuahua, Chihuahua, Méjico; documento que fue ratificado en la confesión judicial del demandante (ver folios 470 al 472). Medio de prueba que tampoco fue apreciado: Con dichos medios probatorios se acreditó la relación laboral del demandante con sus patronos (Operadora Lambe, S.A. y VF JEANSWEAR), y que los hechos probados son que el demandante nunca tuvo una relación laboral con BLUE BELL DE HONDURAS, S. de R.L, ya que lo probado son los siguientes hechos así: 1- Con el contrato de trabajo se acreditó que quien contrató al demandante fue la empresa BLUE BELL Inc, empresa norteamericana, no la demandada empresa hondureña. Con la carta de entendimiento y la carta aceptación firmada por el demandante y su patrono, se acreditó que con quien el demandante pactó el traslado a Méjico fue con VF SERVICES Inc, a nombre de la misma empresa, ya que dicha empresa inclusive la pagaba los salarios; y finalmente con quien terminó el contrato de trabajo fue con VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP Y OPERADORA LAMBE, S.A. DE C.V., como está acreditado con los documentos firmados en Estados Unidos de América y ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Chihuahua, Chihuahua, Méjico. Estando acreditado en juicio que dichas empresas son la misma que cambió de nombre. Siendo que no se acreditó en autos que la demandada haya firmado ningún documento con el demandante que se pueda presumir contratación de trabajo con el demandante y mas bien está la carta de fecha 3 de junio del año 1991 remitida por el demandante al Sr. Carlos Tejada, ejecutivo de WRANGLER Inc (uno de los nombres que tuvo en su momento BLUE BELL INC.) por la que el demandante reconoce que fue contratado por esa empresa en Honduras el año 1,87, y que es empleado de dicha empresa y le pide incremento de beneficios, ya que inclusive menciona que se piensa retirar trabajando para dicha empresa. 2- Con la confesión que hizo el demandante (ver folios 470 al 472), consta en autos que reconoció como suya y que puso de su puño y letras todas las firmas que constan en los documentos aquí aludidos (carta contrato de trabajo, carta a Carlos Tejada, carta aceptación del traslado a Méjico y actas de comparecencia ante las oficinas la Junta de Conciliación y Arbitraje de Chihuahua, Chihuahua, Méjico y documentos de terminación de trabajo firmado en los E.U.A.). Con lo anterior se ratificó por la misma confesión que con quien el demandante tuvo contrato de trabajo fue con la empresa que inicialmente se llamó BLUE BELL Inc, y cuando terminaron el contrato de trabajo VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP. No existe en autos ningún documento mediante las cuales se demostró que el demandante alguna vez tuvo una relación de Trabajo con BLUE BELL DE HONDURAS, S DE R.L., sino que con la empresa que cuando lo contrató se llamaba BLUE BELL Inc. y cuando se terminó la relación de trabajo se llamaba VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP. Pero la Corte de Apelaciones no apreció que la documentación presentada confirmaron que la relación laboral el demandante fue con sus patronos aquí mencionados no con BLUE BELL DE HONDURAS, S DE R.L. SÉPTIMO MOTIVO DE CASACIÓN: ERROR DE HECHO EN LA FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL Y CONFESIÓN POR LA QUE SE ACREDITÓ QUE EL DEMANDANTE Y SU PATRONO TERMINARON LA RELACION LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO Y NO POR DESPIDO INJUSTIFICADO, POR LO QUE NO LE CORRESPONDE LA CONDENA A SALARIOS CAIDOS: Ser la Sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, en infracción indirecta; por falta de apreciación de las pruebas presentadas en debida forma como ser los siguientes documentos: 1- con quien terminó el contrato de trabajo por mutuo consentimiento fue con VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP Y OPERADORA LAMBE, S.A. DE C.V., como está acreditado con los documentos firmados en Estados Unidos de América y ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Chihuahua, Chihuahua, Méjico y con la certificación de la primera comparecencia que hizo el demandante a la oficina del Ministerio del Trabajo de Puerto Cortés; documentos que fueron ratificados por el demandante en la confesión judicial del demandante (ver folios 470 al 472) NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. Con dicha sentencia se violó indirectamente la ley sustantiva de orden nacional como ser los artículos 111 numeral segundo, y 113 párrafo primero del Código de Trabajo. NORMAS PROCESALES APLICABLES Las normas adjetivas que sirven como medio para acreditar que se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas, lo constituyen los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo de Casación está comprendido en el numeral segundo del artículo 765 del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Siendo claro el artículo 113 párrafo primero del Código de Trabajo, en el sentido que la condena al pago de los salarios caídos, es una sanción que se aplica cuando un trabajador ha sido despedido sin justa causa por el patrono; caso que no es el que nos corresponde, ya que sin aceptar la pretensión del demandante que mí poderdante era su patrono, la causa de terminación de la relación de trabajo del demandante con sus patronos, fue de mutuo consentimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 111, numeral segundo del Código de Trabajo, por lo que no se le puede sancionar al patrono con la condena de los salarios caídos. El mismo demandante declaró tal hecho (la terminación de su contrato de trabajo por mutuo consentimiento) cuando compareció por primera vez ante las oficinas del Misterio de Trabajo de Puerto Cortés, a establecer su reclamo de pago de lo que le restaba de sus prestaciones; por lo que no se puede condenar al pago de los salarios caídos como castigo por daños y perjuicios, cuando el mismo demandante consintió la terminación del contrato de trabajo. Los medios de prueba que no fueron apreciados son los siguientes documentos: 1- Documentos firmados en Estados Unidos de América, el 15 de noviembre del 2,001; y ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Chihuahua, Chihuahua, Méjico. El cinco de diciembre del 2,001; con los cuales se acreditó que con quienes terminó el contrato de trabajo por mutuo consentimiento fue con VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP Y OPERADORA LAMBE, S.A. DE C.V.; Y; 2- Acta de Comparecencia de fecha 26 de diciembre del año dos mil uno, realizada por el demandante a las oficinas del Ministerio del Trabajo de Puerto Cortés, Cortés, en las cuales el demandante manifestó que había suscrito con su ex patrono “Un acuerdo para la terminación de la relación de trabajo”; y finalmente no se apreció el medio de prueba de confesión del demandante por la cual los documentos que fueron ratificados por el demandante (ver4 folios 470 al 472). Por las razones anteriormente expuestas es visto y queda demostrado que la sentencia recurrida no ha sido dictada con arreglo a derecho y en consecuencia procede CASAR PARCIALMENTE la Sentencia recurrida. NULIDAD SUBSIDIARIA Con fundamento en la facultad que tienen los Tribunales al conocer por vía de apelación o de casación para invalidar de oficio la sentencia que se impugna cuando aparezca de manifiesto en ellas alguna de las causas que dan origen a la Casación en la forma, y que en materia laboral es admisible cono causal el error in-procedendo cuando por quebrantamiento de normas del procedimiento se llegue a infringir normas sustanciales de índole laboral, se alega de forma subsidiaria LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA por los motivos siguientes: 1. De conformidad con la Ley las sentencia se encabezaran con la designación del Juzgado o Tribunal que las dicte y su fecha; contendrán las citas de la leyes en que se funden y ser determinarán con las firmas correspondientes, debiendo señalar con claridad y congruencia los medios de prueba legalmente presentados en juicio en que se fundamentan. PERO EL CASO QUE NOS OCUPA NO HAY CLARIDAD NI CONGRUENCIA, SINO CONFUSIÓN EN LA RELACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA QUE SEÑALA COMO CONFUDAMENTO LA SENTENCIA, ya que por un lado en el considerando cuarto apoya la aseveración de la relación laboral del demandante con mí representada entre otros medios de prueba, en el “convenio y liberación de terminación voluntaria de empleo”, y por otro lado, en el considerando siguiente desecha dicho documento como medio de prueba alegando que el mismo no resulta de la voluntad libre y espontánea del trabajador, ya que según la Corte de Apelaciones, hubo intimidación por parte del patrono. 2. En el considerando quinto del la sentencia, le quita todo valor probatorio al convenio firmado por las partes ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chihuahua, México; diciendo que sí bien reconoce su existencia, le niega su eficacia como valor probatorio en Honduras, porque manifiesta que el mismo se obtuvo con intimidación por parte del patrono para poner fin al contrato de trabajo. La intimidación como vicio anulador de la manifestación de la voluntad de las partes de un acto o contrato se debe alegar y acreditar en juicio, lo cual no se hizo; ya que en la misma demanda el demandante reconocer que firmó dichos documentos, como lo ratificó en la confesión judicial que hizo; y cuando se refiere a dichos documentos en el acápite cuarto de la demanda, lo hacer para decir que en los mismos a quien le dio finiquito fue a otras empresas, no a la demandada. Si bien es cierto que en la demanda alega que recibió “coacción y Chantaje” (ver numeral quinto de la demanda); se refiere al convenio que firmó en ingles, es decir al documento que firmó con la sociedad norteamericana VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP, por el cual también finiquitaron la relación laboral que tenían con dicha empresa. es decir que nunca el demandante a alegado “intimidación” sobre los documentos firmados en México. Por otro lado, cuando se presentaron en la audiencia respectiva como medios de prueba los documentos; tanto los firmados el México, como las firmados con la casa matriz VF JEANSWEAR LIMITED PARTNERSHIP, en los Estados Unidos de América; era el momento procesal oportuno del demandante para impugnarlos para los efectos que no pudieran ser aceptados como medios de prueba, alegando los argumentos que estimare convenientes contra dichos documentos, pero no se hizo, por lo que los mismos al haber sido presentados legalmente en juicio, y ratificados con la misma confesión del demandante, tienen plena vigencia y validez como medio probatorio en juicio, por lo que no se le puede quitar tal carácter de medio de prueba, utilizando un argumento de vicio del consentimiento que no fue alegando en tiempo por el demandante”. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha tres de mayo de dos mil seis, mediante la cual tuvo por formalizada en tiempo la demanda de casación por parte del Abogado RAFAEL MURILLO GUTIERREZ, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad BLUE BELL DE HONDURAS, S DE R.L. RESULTA: Que en fecha dos de junio de dos mil seis, compareció ante este Tribunal de Justicia la Abogada DEYSI NOEMÍ RECONCO DUBON, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor LUIS FELIPE MOLINA, contestando la demanda de casación formalizada por el Abogado RAFAEL MURILLO GUTIERREZ, de la manera siguiente: “...A LA DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Se rechaza, el acápite denominado DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN, la técnica del recurso de casación exige al recurrente, precisar el fin que se persigue, el objeto que se propone, debiendo obligado a manifestar con claridad y propiedad, si se persigue la anulación parcial o total indicando las decisiones que deben ser reemplazadas; la contradicción en este acápite, estriba en que la Corte Suprema de Justicia deviene obligada al estudio de los limites que le traza el recurrente, pero no le es licito proveer oficiosamente, supliendo la deficiencia del recurrente, obsérvese que pide que la sentencia que se ataca, sea declarada sin lugar, con lo que denota que en el fondo pretende que la sentencia recurrida sea casada totalmente, motivo suficiente para que la Honorable Corte Suprema de Justicia declare inadmisible el recurso de casación ante la imposibilidad de pronunciarse sobre los motivos. A LA EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN Honorables Magistrados, previo a pronunciarme sobre la contestación en el fondo de los siete motivos de casación, es necesario, indicar sobre los defectos formales y técnicos que adolece el presente recurso a que estamos haciendo referencia, la doctrina nos enseña los tecnicismos jurídicos y la rigurosidad con que se formaliza el recurso de casación, y así establecer el objetivo del mismo. EL JURISTA ENRIQUE ARAMBULA DURAN en su texto EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL paginas 17, 18, 19, 22 y 23 sostiene: EN LA INFRACCION DIRECTA DE LA LEY: Existen repetidas advertencias de los Tribunales Supremos del Trabajo y posteriormente de la sala de Casación Laboral de la Corte, en que los recurrentes a menudo confunden estas dos vías de infracción o las alegan conjuntamente involucrándolas, incurriendo así en graves fallas técnicas, que hacen inestimable el Recurso, por ahora basta indicar, que la Infracción Directa de la ley ocurre siempre sin consideración a la apreciación probatoria verificada por el Tribunal, la infracción indirecta de la ley resulta siempre de la errónea interpretación de la prueba, a través de la cual se viola la norma sustantiva, es obvio entonces que en el primer supuesto el cargo debe de formularse con independencia de la apreciación probatoria que obra en el proceso y en el segundo el cargo debe formularse en relación con ella. La infracción directa tiene lugar cuando un hecho que no se discute o debidamente probado se deja de aplicar la norma que lo regula, o cuando al contrario se aplica una norma a un hecho inexistente. La Infracción de la ley, ocurre a través de un error de hecho en la apreciación de la prueba no es directa sino indirecta. En la infracción indirecta el jurista apunta que antes de entrar en el examen de otras modalidades de infracción a ley seguiremos por requerimiento lógico hablando de la violación por la vía indirecta esto es mediante errores de hecho y de derecho, lo que los doctrinantes denominan infracción de medios. Conviene ante todo distinguir estas dos clases de errores y lo mejor para ellos es apelar ante la más alta autoridad jurisdiccional.- Cabe observar en primer lugar que dentro de las modalidad propia de este recurso extraordinario tanto el error de hecho como el de derecho son nociones con identidad propia, que no pueden confundirse ni menos utilizarse simultáneamente ni alternativamente dentro de un mismo cargo, respecto del mismo aspecto probatorio.- Se tratan de dos medios de violación plenamente diferenciados, el primero el error de hecho implica conclusiones contrarias ostensiblemente a lo establecido en el juicio, por falta de apreciación de la prueba o por defectuoso apreciación de la misma, el error de derecho consiste en aceptar como probado un acto por un medio no solemne, cuando la ley exige determinadas solemnidades para su validez, o no darlo por establecido cuando si se ha hecho de manera solemne. De manera de que si por una parte el recurrente sostiene, que se incurrió en error de hecho y seguidamente predica error de derecho, el cargo peca por contradictorio y se aparta de los presupuestos técnicos y formales que exige este recurso extraordinario, por lo que todos los motivos deben ser desestimados en su plenitud. AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: Acusa el recurrente, ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, en infracción indirecta por falta de apreciación de las pruebas presentadas, consistentes en los documentos firmados en el Estado de Chihuahua, Estados Unidos Mexicanos, consistentes en un convenio firmado entre la empresa Operadora Lamabe S.A. de C.V. ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y se acordó la terminación del contrato que lo unía, sosteniendo error de hecho y en consecuencia la violación de artículo 111 numeral 2 del Código del Trabajo, siendo la referida norma una disposición general del Código del Trabajo esta no puede ser violada, no tiene nada que ver con las normas sustantivas de carácter nacional invocadas por el recurrente como violadas, los hechos que el menciona en esta acápite no tienen ninguna relación con los dispuesto en los artículos 19 y 20 del Código del trabajo, al no invocar ninguna otra norma sustantiva de orden nacional a estos hechos, y al omitir requisitos que pudiesen considerarse como recurso de casación esto no es mas que alegato de instancia, los documentos a que hace referencia en este acápite fueron ampliamente debatidos con detalle por ambas partes en la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, es decir que se produjo un análisis de todas las pruebas allegadas al juicio con la libertad del Juzgador con la formación de su libre convencimiento, se probo en juicio que el convenio de trabajo fue el acuerdo sostenido con el anterior gerente de Blue Bell de Honduras señor Manuel Rodríguez, cargo que ahora lo ocupa la señora Sandra Acosta Bogran, lo que establece la relación de trabajo entre la demandante y la demandada. Por otra parte la demandada no presento ninguna prueba de haberle pagado al demandante las prestaciones e indemnizaciones laborales anticipadas es decir, que lo que sostiene es falso, por lo que su obligación era acreditar estos extremos, lo que no es posible la violación en forma indirecta, las normas procesales del código del trabajo 738 y 739. AL PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación no se encuentra comprendido en el artículo 765 párrafo segundo, numeral primero del Código del Trabajo. A LA EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El impetrante, se extiende profiriendo explicaciones y haciendo consideraciones jurídicas que lo que refleja son alegatos de instancia, con ataques a la Corte Sentenciadora en relación a los medios de prueba allegados al juicio, pero el momento procesal justamente para este tipo de consideraciones es precisamente en la audiencia de alegaciones en la instancia correspondiente, el censor no hace otra cosa que desnaturalizar el escrito de lo que el considera recurso de casación, la Corte de Apelaciones de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortes, apreció en conjunto todos los medios de prueba, aportados por las partes al proceso, y además pretende interpretar los artículos 379 del Código del Trabajo y 1267, 1556, 1558 del Código Civil, entonces involucra lo que se refiere a violación directa de normas y las alega involucrándolas, pero es el caso que no pueden ser atacables en consideración a error de hecho, es decir que estas disposiciones no pueden ser objeto de ataque por este motivo, debiendo ser desestimado. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: El recurrente sigue incurriendo en errores técnicos, en esta acápite, afirma ERROR DE DERECHO EN LA FALTA DE APRECIACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL al darle validez a documentos no solemnes; lo que es una contradicción ya que el Artículo 765 del Código del Trabajo establece que Sólo habrá lugar a error de derecho cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por lo que el error de DERECHO no se puede dar con la FALTA del medio probatorio: Si la ‘prueba no autorizada por le’ no se presentó entonces no puede haber error de derecho. El error de derecho solo proviene de apreciación errónea y nunca de falta de apreciación, cargo que peca por contradictorio, al no interpretar en un sentido concreto y de manera correcta presentada y allegada en juicio y apreciar que la sociedad Blue Bell de Honduras, siempre fue el patrono del demandante, reiteramos los expresado anteriormente en el sentido de que el recurrente no invoca las normas adjetivas en que sostiene sus alegatos, pues según la doctrina del derecho del trabajo para que proceda el ataque en casación por trasgresión de normas sustantivas de orden nacional es necesario que al mismo tiempo señalen aquellas como infringidas, el recurrente en este acápite se diluye alegando y relatando los extremos debatidos en instancia, e invoca un casi del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero olvida indicar las normas sustantivas de orden nacional que supone violadas, según su apreciación por error de derecho, al no invocar normas adjetivas como violadas y mucho menos las sustantivas, es decir que igual este motivo adolece de enormes defectos de técnica que imposibilita a la Corte pronunciarse. AL PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de Casación esta totalmente alejado ni comprendido del artículo 765 párrafo segundo numeral primero del Código del Trabajo AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: Acusa el recurrente, ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional artículo 111 numeral segundo y 120 literal “d” del Código del Trabajo, en infracción indirecta por ERROR DE HECHO EN LA FALTA DE APRECIACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL Y CONFESION, el Artículo 765 del Código del Trabajo, consiste en no considerar algo”, el recurrente en este motivo nuevamente consigna alegatos de instancia, esto es motivo suficiente para desestimar este motivo, ya que estas normas son disposiciones generales del Código del trabajo, por manera de que no pueden ser objeto de violación ni ataque por esta vía, la Casación en esta materia es la unificaron de la Jurisprudencia laboral, y esta retiradamente ha sostenido que el ataque por transgresión de normas adjetivas es procedente cuando se señalan también como infringidas a causa de aquella violación, las normas sustantivas de la legislación del trabajo son las que constituyen el objeto de la casación laboral, en este motivo el exponente en su escrito no invoca normas adjetivas como violadas. AL PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación, no esta comprendido en el articulo 765 párrafo segundo del numeral primero del Código del Trabajo. A LA EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El recurrente en su apreciación y relatos que hace de documentos, pretende sostener que al actor como demandante, ya le fueron satisfechos prestaciones laborales, y dentro de sus alegatos invoca el artículo 738 y 739 del Código del Trabajo para inducir que las pruebas a que refiere no fueron apreciadas en su conjunto por el juzgador de instancia, y una serie de consideraciones en la valoración de la prueba, en el fondo el patrono cumplió con el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, es decir con enormes contradicciones en los motivos de casación anteriores planteados, pero la Corte en su conjunto aprecio todo esta haz probatorio, al involucrar normas adjetivas o procesales en este juicio según el como violadas, desnaturaliza el proceso, imposibilita a la Corte pronunciarse sobre el mismo, suficiente argumentación para que sea desestimado. CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN: Afirma el recurrente ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional en Infracción Indirecta por falta de apreciación de pruebas documentales, en violación indirecta de ley sustantiva de orden nacional del articulo 97 numeral primero y 111 numeral segundo del Código del trabajo, por intermedio de los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, al referirse al artículo 97 del Código del Trabajo, por su importancia se transcribe: OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES: 1) Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos del Reglamento y acatar y cumplir las ordenes e instrucciones que de modo particular les imparta al patrono o su representante según el orden jerárquico establecido, al apreciar con la simple lectura de esta articulo se trata de disposiciones con carácter obligatorias en la relación laboral para el trabajador, y siendo disposición es normativa de carácter general no pueden ser objeto de violación ni ataque por esta vía, lo mismo sucede con el articulo 111 numeral 2 que refiere, las causas de terminación del Contrato de Trabajo, es decir la voluntad mutua entre las partes, evidentemente esto no puede estar en consideración al error de hecho ni tiene conexión alguna con la valoración de la prueba, lo que hace desestimable este motivo. AL PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo que se invoca en el escrito no esta comprendido en el articulo 765 párrafo segundo numeral primero del Código del trabajo. A LA EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El recurrente en su escrito, en este motivo se encuentra que no existe una conexión logia y técnica en el planteamiento cuando sostiene que el Juzgador debió haber interpretado pruebas, es decir que pretende que la Corte sentenciadora entre a un campo que es propio del poder legislativo que son los únicos que tienen facultades de interpretar la ley y dentro de su exposición detalla actuaciones procesales que debió haberlo sostenido en su alegatos de instancia que no es el caso, la Corte hizo suyo en su fallo antes relacionado la valoración que las partes aportaron al proceso, en consecuencia este motivo no tiene mas destino que ser desestimado por contradictorio. AL QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO MOTIVO DE CASACIÓN: Afirma el recurrente en estos motivos ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional en infracción indirecta por error de hecho por falta de apreciación de pruebas documentales, confesional, en violación indirecta de ley sustantiva de orden nacional del articulo 97 numeral primero y 111 numeral segundo y 113 párrafo primero todos del Código del trabajo, por intermedio de los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, esta normativa de carácter general no pueden ser objeto de violación ni ataque por esta vía. AL PRECEPTO AUTORIZANTE Se sostiene que estos motivos de casación no están comprendidos en el párrafo segundo numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo. A LA EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS En su escrito de exposición expone, que el demandante no trabajaba para la demandada, y alega que era para otra sociedad, pero esto refiere a que el planteamiento pudo haber sido muy lejanamente a indicar infracción directa de los artículos 19 y 20 del código del trabajo, totalmente contradictorio a la formulación del motivo y de la misma forma lo hace en el sexto y séptimo motivo, y como adolecen de enormes fallas técnicas y rigurosidad que caracteriza el recurso de casación, imposibilita a la Corte Suprema de Justicia penetrar en estos motivos, y al extenderse en alegatos y consideraciones propios de instancia que debió haberlos hecho en el momento procesal oportuno que le concedió la Corte recurrida, no le es dable sustentarlo ante este máximo Tribunal cuando la ley laboral impide extender en consideraciones, el recurrente pretende que entre mas motivos invoque tiene la esperanza que alguno de ellos le pegue, pero en todos ellos incurre en contradicciones e imprecisión que los hace inadmisible para efectos de casación. A LA NULIDAD SUBSIDIARIA El recurrente con una tendencia totalmente sin precedente, pide sin ninguna justificación que este alta tribunal de justicia, decrete la nulidad de la sentencia objeto del recurso, sin ninguna justificación, y exponiendo alegatos de instancia con la pretendida intención de retrotraer momentos procesales consumados, en cuanto a que los incidentes de nulidad solo pueden proponerse en la primera audiencia de tramite, según el articulo 715 del Código del Trabajo, de manera que no hay medios para que la Corte en sede de instancia pueda encontrar cargos sustentados para decretar la nulidad pretendida por el recurrente, al no existir conexión lógica entre el planeamiento y las causas de nulidad que indica, por lo que no puede ser considerada en su sentencia”. RESULTA: Que en fecha cinco de junio de dos mil seis, compareció ante este Tribunal de Justicia el Abogado RAFAEL MURILLO GUTIERREZ, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad BLUE BELL DE HONDURAS, S DE R.L., contestando la demanda de casación formalizada por la Abogada DEYSI NOEMÍ RECONCO DUBON, de la manera siguiente: “...REFERENTE A LA DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El alcance de la casación señalado por el demandante es a su propia conveniencia, la en la formalización del recurso de casación que formalizamos también señalamos el alcance que nosotros solicitamos. RESPECTO A LOS MOTIVOS DE LA CASACIÓN El demandante señala dos motivos en los que funda su casación: 1. Violación a ley sustantiva de orden nacional en infracción directa, por falta de aplicación del artículo 113, letra b, interpretado del Código de Trabajo, por el decreto 65. 2. Violación de Ley Sustantiva nacional, en infracción directa del artículo 3 del Código de Trabajo. SE RECHAZA EL PRIMER MOTIVO DE LA CASACIÓN Ampara el demandante el primer motivo de la casación alegando que la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, no aplicó el artículo 113 del Código de Trabajo, ya que se calculó como salario para el calculo de las prestaciones sociales a las que decretó que le correspondían al demandante la cantidad de US$.9,066.67, alegando que el salario mensual que debió de haber servido como base para dicho cálculo debía ser US$.32,784.80. apoyado dicha argumentación en el hecho de que según el casacionista esta debidamente probado en juicio los salarios que devengó en demandante cuando trabajó en Méjico; y que en base a dicho hecho, las prestaciones que le corresponden son por un monto mayor. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, tomó como base para hacer su cálculo de pago de prestaciones, la cual no aceptamos por lo que recurrimos la misma sentencia también; todos los hechos y alegaciones esgrimidos en juicio por el demandante en todas las instancias, desde la demanda, en la que claramente establece la cuantía de la demanda y el salario promedio que considera le corresponde al demandante, pasando por los medios probatorios legalmente evacuados en juicio, hasta las alegaciones. Una vez mas la demandante trata de considerar prueba que puede ser considerada suficiente para acreditar hechos debatidos en juicio simples cartas y documentos privados del demandante y documentos sin ninguna convalidación en juicio, como ser, mediante la confesión del firmante de las mismas y reconocimiento de la firma que las calza; ratificación mediante inspección a documentos de la empresa demandada en este caso, testigos que confirmen que en su presencia se puso dicha firma o se entregó dicha carta, etc... Pero, al igual que las alegaciones de coacción por parte de ejecutivos de la demandada; trata de hacer valer como hechos probados, actos que tienen mas sustento probatorio procesal que simples cartas, muchas de ellas sin ninguna relación con los hechos en litigio; tales como matrículas de escuela, declaraciones unilaterales del demandante, cartas que según el demandante se las mandaron ejecutivos de la demandada, documentos que hasta pueden ser fabricados, por los adelantos tecnológicos actuales con logos de la demandada y de la empresa que fue la patrona del demandante. El artículo 739 del Código de Trabajo vigente, es bien claro al establecer que el juzgador en materia de trabajo no está sujeto a ningún tipo de tarifa legal de pruebas; pero le pone unos condicionantes para la valoración de la prueba: Los principios científicos que informan la critica de la prueba, las circunstancias revelantes del pleito y la conducta procesal de las partes. Es imposible que ningún juzgador tome como medios de prueba suficientes a simples notas y cartas traídas a juicio por una inspección a sus propios archivos personales, habiendo faltado al principio de lealtad procesal, ya que cuando anunció dicho medio probatorio dijo que era para probar presentar ciertos documentos y lo que introdujo fueron una serie de documentos personales del demandante sin ningún valor probatorio relativos a una serie de hechos personales del demandante, como ser matriculas de escuela y otros; que ahora la nueva apoderada quiere utilizar como fundamento probatorio de la nueva pretensión económica que está esgrimiendo. Si bien es cierto existe el principio de extra y ultra petita, este es un privilegio del juez de primera instancia; y la pretensión presentada por la demandante en este recurso es una pretensión nueva que nunca antes había sido interpuesta por el apoderado legal anterior, y que no cabe por lo tanto presentarla en una casación, que ya claramente el artículo 765 limita los motivos por los cuales se puede recurrir en casación. SE RECHAZA EL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: Este segundo motivo de casación, que realmente es el mismo que el primero, pues se fundamenta en el mismo hacho: Que la Corte de Apelaciones del Trabajo Departamental de San Pedro Sula, estimó como salario para el calculo de las prestaciones sociales a las que decretó que le correspondían al demandante la cantidad de US $9,066.67, alegando que el salario mensual que debió de haber servido como base para dicho cálculo debía ser US $ 32,784.80 que es el que según el corresponde por los salarios que devengó durante los últimos seis meses de trabajo en Méjico. Este motivo se rechaza por los mismos argumentos que el primero, y por un hecho muy relevante y claro para esta Honorable Corte Suprema: Los artículos del Código de trabajo en que se fundamenta (tercero y octavo) no se pueden alegar en casación como violados por ser constitutivos de principios (derechos) generales”. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, en la demanda de mérito se nombró Magistrada ponente a LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien en su oportunidad informo tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal lo que procediere conforme a derecho. CONSIDERANDO: Que en la sentencia que se conoce por vía de recurso de casación el Tribunal Ad-quem en el preámbulo de la misma, así como en su parte introductiva señala como sentencia apelada la dictada con fecha diecisiete de octubre de dos mil cinco, y en su parte resolutiva reforma la sentencia de fecha diecisiete de octubre de dos mil tres, presentando con ello una evidente contradicción. CONSIDERANDO: Que esta Sala observa que el Ad-quem incurre nuevamente en el mismo error señalado anteriormente en la sentencia dictada por este Tribunal, de fecha veintiocho de octubre del dos mil cuatro, esto es, de dar por probados hechos alegados por la parte actora con fundamento en la prueba documental consistente en el “CONVENIO Y LIBERACION DE TERMINACION VOLUNTARIA DE EMPLEO”, al quince de noviembre del año dos mil uno suscrito en la Ciudad de Chihuahua, México, pero a la vez fundamenta la reforma de la sentencia de primera instancia, haciendo la siguiente consideración en el quinto considerando: “Que este Tribunal, si bien es cierto, no puede desconocer lo convenido y resuelto por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Chihuahua, México, no es menos cierto que tal convención no resulta de la voluntad libre y espontánea del trabajador; pues es evidente que fue intimidado por su patrono tanto para ponerle fin al vínculo jurídico laboral, como para celebrar el convenio aludido; prueba de ello, es el cruce de notas entre las partes contratantes”, pero en éste considerando aun cuando pretende restarle la fuerza probatoria al referido documento, le sirve para acreditar la continuidad del trabajo del demandante, al establecer “que el traslado del trabajador, a la ciudad de Chihuahua, México debe entenderse como una continuación de su relación laboral ya iniciada en Honduras desde el año de mil novecientos ochenta y siete, prueba de ello es el “CONVENIO Y LIBERACION DE TERMINACION VOLUNTARIA DE EMPLEO”, firmado en México (f: 64-75 y 228-226), en fecha quince de noviembre del año dos mil uno...”. CONSIDERANDO: Que el Tribunal sentenciador reforma la sentencia dictada por el Juzgado Seccional de Puerto Cortés, de fecha diecisiete de octubre del año dos mil tres, que conocía en apelación, en cuanto declara con lugar la demanda para el pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales, y condena a la demandada al pago de la cantidad de “CIENTO NOVENTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES, CON DIECISIETE CENTAVOS DE DOLARES (US $.192,952.17) valor que resulta de las operaciones aritméticas efectuadas, y que se desglosan a continuación...”, más salarios dejados de percibir, sin embargo, no existe en la sentencia operación alguna realizada por el Tribunal Ad-Quem mediante la cual se haya establecido el salario mensual del demandado para llegar a tal condena ya que los salarios señalados en el considerando tres (3) corresponde al sueldo que devengaría el demandante al ser trasladado a Chihuahua, México. CONSIDERANDO: Que el fundamento relacionado y que motivó al Ad quem para reformar el fallo dictado por el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Puerto Cortés, de fecha diecisiete de octubre de dos mil tres, evidencia una falta de conexión lógica entre la motivación y la parte resolutiva de la sentencia, que hace que la misma sea inválida. CONSIDERANDO: Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. CONSIDERANDO: Que los Tribunales conociendo por vía de apelación o de casación están facultados para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan, cuando aparezca de manifiesto en ellas alguna de las causas que dan lugar al error improcedendo, como ocurre en el caso de autos, que el quebrantamiento de las normas procesales, infringe normas sustanciales de índole laboral, y aunque en el caso sub-judice no existe el rigor y formalismo del procedimiento civil, el Juez dirigirá el proceso en forma que garantice su rápido adelantamiento, pero no implica dejarlo a su discreción, porque las disposiciones del Código del Trabajo son de orden público, y de ninguna manera pueden eludirse ni modificarse ni por convenciones de los particulares y menos por las autoridades que son los llamados a observar su estricto cumplimiento. CONSIDERANDO: Que por lo antes expuesto, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia de fecha diecinueve de mayo de dos mil cinco, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, en relación a la demanda laboral promovida por el señor LUIS FELIPE MOLINA, de generales conocidas contra la empresa mercantil BLUE BELL DE HONDURAS, S. DE R.L. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 665, 666 letra c), 667, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, en relación éste con el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles; 9 y 11 del Código Civil. FALLA: 1) DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con fecha diecinueve de mayo de dos mil cinco de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de éste fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. SELLO Y FIRMAS. ROBERTO LAGOS BANEGAS. COORDINADOR. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. SELLO Y FIRMA. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de enero de dos mil siete, certificación de la sentencia de fecha 13/12/2006, recaída en el Recurso de Casación Laboral No.198-05.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL