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Sentencia CL-1185-04 — Registro 333

Resumen

Los empleados -recurridos solicitan demanda ordinaria laboral para que se declare el reintegro a sus labores por despido directo e injustificado; la segunda instancia confirmo la sentencia dictada por primera instancia que declaro con lugar la demanda.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que toda demanda de casación para que pueda ser analizada por la Corte y prosperar debe sujetarse en su formulación a la técnica y cumplir con los requisitos legales exigidos...Que el Recurrente al formular la declaración del alcance de la impugnación, que es el petitum de la demanda incurre en los siguientes errores u omisiones: a) No indica lo que persigue con el recurso, es decir la anulación total o parcial de la sentencia impugnada y que casada ésta, la Corte en sede de instancia dicte la sentencia que en derecho corresponde, y formular el proyecto del fallo que aspira dicte la Corte en sustitución del impugnado, tal debió ser el planteamiento propio del recurso... Que el petitum de la demanda debe formularse en forma completa con la debida claridad y precisión, aspectos que no se observan en el caso de mérito, y no le es lícito a la Corte corregir oficiosamente las deficiencias incurridas en el planteamiento del recurso, por el contrario le impide entrar a conocer el único motivo de casación formulado por el Recurrente"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., veintiocho de febrero del dos mil seis. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación por infracción de ley, formalizado ante este Supremo Tribunal de Justicia en fecha veintiuno de julio de dos mil cuatro, por la Licenciada SANDRA ISMARI MARTINEZ HERNÁNDEZ, mayor de edad, hondureña y de este domicilio, en su condición de Apoderada Legal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE DECLARE EL REINTEGRO A SUS LABORES POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTIFICADO, promovida en fecha veintitrés de julio de dos mil tres, ante el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de Francisco Morazán, por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de Apoderado de los señores DIONISO FELIPE ELBERATO AMADOR y WILLIAMS ALEXANDER VILLALOBOS CILIEZAR, mayores de edad, casado el primero, soltero el segundo, Supervisor de Trabajadores y Oficial de Seguridad respectivamente, hondureños y de este domicilio contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de su representante legal, el señor Procurador General de la República SERGIO ZAVALA LEIVA, mayor de edad, casado, Abogado y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha treinta de abril de dos mil cuatro, emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que CONFIRMÓ la sentencia definitiva proferida por el Juzgado Segundo de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha quince de marzo de dos mil cuatro, que falló: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral de mérito; 2) CONDENO al ESTADO DE HONDURAS por intermedio del señor Procurador General de la República a: I REINTEGRAR a los señores DIONISO FELIPE ELBERATO AMADOR al puesto que desempeñaba como Supervisor de Trabajadores y WILLIAMS ALEXANDER VILLALOBOS CILIEZAR, al puesto que desempeñaba como guardia de seguridad, ambos en la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPÒRTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) o a otro de igual o mejor categoría al que tenían al momento de ser despedidos.- II) A título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde el día del despido hasta que se cumpla el reintegro, así como hacerles efectivos los valores que se les adeudan en concepto de derechos adquiridos. III) A que si el patrono se muestra renuente al reintegro puedan los trabajadores proceder por la vía de apremio. SIN COSTAS en ambas instancias. RESULTA: Que mediante sentencia de fecha diez de junio de dos mil cuatro, este Supremo Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la Licenciada SANDRA ISMARI MARTINEZ HERNÁNDEZ, en su condición de Apoderada Legal sustituta del Estado de Honduras, y de generales citadas, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en fecha treinta de abril de dos mil cuatro, asimismo dispuso llevar adelante la tramitación del recurso confiriendo traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara la demanda de casación. RESULTA: Que en fecha veintiuno de julio de dos mil cuatro, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia la Licenciada SANDRA ISMARI MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, de generales citadas y condición aludida, formalizando su recurso de casación de la siguiente manera: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION. La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha 30 de abril del año 2004, por violar directamente por aplicación indebida e interpretación errónea de los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, sentencia que confirma la sentencia dictada por el Juez de letras Segundo del Trabajo, que a su vez viola directamente los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo por interpretación errónea. La impugnación se dirige a los considerandos No. 1 numeral 2 segundo párrafo y considerando No. 2 de dicha sentencia, en cuanto al segundo demandante la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán es violatoria específicamente en los considerandos antes mencionados que se refieren a los medios de Prueba evacuados en su oportunidad y que fueron considerados e interpretados correctamente consisten en: a) La inspección personal del Señor Juez y su Secretario de Actuaciones, en el Departamento de Personal de la Dirección General de Transporte de esta Secretaría de Estado en el numeral 6 se comprobó que a los Señores demandantes se le fueron cancelados sus derechos a excepción de las vacaciones del Señor Williams Alexander Villalobos. B) Nota de fecha 16 de diciembre de 2002, en el Medio de Prueba Documental, en la sustanciación del juicio, suscrito por el Licenciado Juan Carlos Díaz Ordóñez, Sub-Gerente de Recursos Humanos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, dirigida al Señor Williams Alexander Villalobos del año 2002, está siendo separado de su cargo a partir del 19 de diciembre de 2002, y se procede a la cancelación en base a los Artículos 112 inciso J y L, 97 numerales 1 y 2 del Código de Trabajo, ay que las pruebas antes mencionadas fueron interpretadas en forma errónea por el Señor Juez de Letras Segundo del Trabajo y la Corte de Apelaciones del Trabajo. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. Primer motivo: Infracción de Ley o Doctrina legal por interpretación errónea de hecho. Precepto Autorizante: Artículo 899 del Código de Procedimientos Comunes establece el conocimiento de los recursos de casación corresponden exclusivamente a la Corte Suprema. Artículo 903 del mismo Código indica: Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal entre otros: “1º. Cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales, aplicables al caso del pleito.....” De conformidad al Artículo 765 del Código del Trabajo son causales de Casación: “1º. Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la Ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el Sentenciador de error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en autos. Sólo habrá lugar a error de derecho en la Casación de Trabajo cuando haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio, y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo; y...” El artículo 738 del Código del Trabajo establece: “El Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo”. En su Artículo 739 también el mismo Código establece: “El Juez no estará sujeto a la tarifa de las pruebas, por lo tanto formará libremente su convencimiento su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, sin embargo, cuando la Ley exija determinada solemnidad Ad-Sustantiam Actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motivada de la Sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causan su convencimiento”. El Juzgador en segunda instancia en el Considerando (5) manifiesta que las partes demandantes o actores de la demanda en la sustanciación del proceso que el patrono carece de causa justa para la terminación del vínculo laboral mediante las pruebas, inspección personal del Juez consistente en la Inspección donde se constató el pago de los derechos adquiridos por los demandantes; y documental que se refiere a la nota de despido de fecha 16 de diciembre de 2002, en la que supuestamente no se especifica el motivo de su despido. Debo mencionar honorables Magistrados que en la referida nota de despido se establece los motivos o causales que produjeron el despido del Señor William Alexander Villalobos, fundamentados en los Artículos 112 incisos J y L, 97 numerales 1 y 2 del Código del Trabajo. Estos preceptos legales han sido interpretados de manera errónea en el caso de autos, pues en el documento en mención de Prueba Documental (notas de despido) y la Prueba Documental (notas de despido) y la Prueba Inspección Personal del Señor Juez, presentadas y evacuadas enmarcan específicamente la decisión de dar por terminada la relación laboral con los demandantes por no cumplir con sus obligaciones como lo establece claramente el Artículo 97 numeral 1 y 2 del Código de Trabajo; en consecuencia se acreditó en autos en su momento oportuno que la autoridad nominadora sí actuó apegada por lo que podemos afirmar que efectivamente los Señores Dionisio Felipe Elberato Amador y Williams Alexander Villalobos no cumplieron sus obligaciones tal como lo establece el referido Artículo, para lo cual fueron contratados sus servicios y que literalmente dice: “Además de las contenidas en otros Artículos de este Código, es sus reglamentos y en las leyes de Previsión Social, son obligaciones de los trabajadores: 1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del Reglamento y actuar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular les impartan el patrono o su representante, según el orden jerárquico establecido; y, 2. Ejecutar por sí mismo su trabajo con la mayor eficiencia, cuidado y esmero, en el tiempo, lugar y condiciones convenidos”. En ese sentido el Artículo 112 inciso J y L del Código del Trabajo faculta al patrono para dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad de su parte. Debo recalcar que el Juzgado de Alzada al igual que el Juzgado A-Quo, han hecho suyas de manera particular la interpretación del demandante de sus medios probatorios, dándole un giro extremo a lo establecido en los Artículos 738 y 739 del Código del trabajo, pues el hecho de que el Juez, en materia Laboral no está sujeto a la tarifa de la prueba, su convencimiento se forma inspirándose en los principios científicos, lo que indica un procedimiento a seguir que informan la crítica de la prueba y es en este respecto que el volumen cuarto del Diccionario Jurídico de Derecho Procesal que literalmente dice: “SANA CRÍTICA: Es un instrumento destinado a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales, los medios aportados y admitidos serán valorados en conjunto por el Juzgador, atendiendo las reglas de la lógica y la experiencia; la valoración de las pruebas opuestas serán confrontadas, a efecto de que por el enlace interior de las rendidas, las presunciones y los indicios, se llegue a la convicción, es decir que no se debe sobreponer puntos subjetivos de apreciación, sino que del análisis de las pruebas se debe formar su convencimiento”, tal como lo establece el Artículo 739 del Código del Trabajo citado anteriormente. Honorables Magistrados es imperiosa la necesidad de reiterar que la condena antes referida se deriva de una apreciación, en las pruebas presentadas y evacuadas por la parte demandada, ya que el Juzgador de Primera y Segunda Instancia, sólo ve lo que beneficia al demandante y no aprecia las pruebas y alegaciones del demandado, que fueron acreditados de forma fehaciente, por lo que las Sentencia emitidas por los Juzgados de Primera y Segunda Instancia no han sido ajustadas a Derecho y lesionan los intereses de mi representada.”. RESULTA: Que mediante auto de fecha veintitrés de julio de dos mil cuatro, este Supremo Tribunal de justicia tuvo por formalizada en tiempo la demanda de casación por parte de la Licenciada SANDRA ISMARI MARTINEZ HERNANDEZ, por lo que dio traslado al opositor por el término de diez días para contestara dicha demanda. RESULTA: Que mediante auto de fecha seis de abril de dos mil cinco, este Supremo Tribunal de Justicia declaró CADUCADO DE DERECHO Y PERDIDO IRREVOCABLEMENTE el término dejado de utilizar por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES, para contestar dicha demanda y ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en la demanda de mérito, se designó Magistrada ponente a LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de Sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediere conforme a derecho. CONSIDERANDO: Que toda demanda de casación para que pueda ser analizada por la Corte y prosperar debe sujetarse en su formulación a la técnica y cumplir con los requisitos legales exigidos. CONSIDERANDO: Que el Recurrente al formular la declaración del alcance de la impugnación, que es el petitum de la demanda incurre en los siguientes errores u omisiones: a) No indica lo que persigue con el recurso, es decir la anulación total o parcial de la sentencia impugnada y que casada ésta, la Corte en sede de instancia dicte la sentencia que en derecho corresponde, y formular el proyecto del fallo que aspira dicte la Corte en sustitución del impugnado, tal debió ser el planteamiento propio del recurso. CONSIDERANDO: Que el petitum de la demanda debe formularse en forma completa con la debida claridad y precisión, aspectos que no se observan en el caso de mérito, y no le es lícito a la Corte corregir oficiosamente las deficiencias incurridas en el planteamiento del recurso, por el contrario le impide entrar a conocer el único motivo de casación formulado por el Recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 776, 777 y 858 del Código de Trabajo. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROBERTO LAGOS BANEGAS. COORDINADOR.- TEODOLINDA PINEDA CARDONA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los diecinueve días del mes de abril de dos mil seis. Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil seis, recaída en el recurso de Casación No. 1185-04.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL