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Sentencia CL-1926-04 — Registro 163

Resumen

El recurrente (trabajador) interpuso demanda para que se justifique la causa de despido, el juzgado de primer instancia declaró sin lugar la pretension. La corte de apelaciones confirmó el fallo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El Congreso Nacional reformó el artículo 111 DEL Código del Trabajo en cuanto excluyó como causal de terminación de la relación de trabajo el preaviso, y por tanto no autoriza al patrono para que proceda a él sino es con causa justificada, por lo que la infracción que alega el Recurrente en cuanto a establecer conforme el artículo 116 párrafo primero del Código del Trabajo , la extinción de la relación laboral o un despido intermedio, carece de sustentación legal, por otra parte el Recurrente expone en el concepto de la infracción el decreto 194-2002 que contiene la Ley de Equilibrio Financiero y el Decreto PCM-005-2002, sin haberlos incluido como parte de las normas infringidas, además que no precisa cuáles de las disposiciones contenidas en ellos se consideran como infringidas, y que los Decretos Ejecutivos no tienen la calidad de normas sustantivas, siendo en consecuencia inadmisible el cargo"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORADMISION HECHA POR: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ.13/02/02.TE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Tegucigalpa, M.D.C., dieciséis de marzo del dos mil cinco. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha nueve de noviembre de dos mil cuatro, por el Abogado ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP); en relación a la Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para la justificación de un despido, caso contrario se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores, costas del juicio, promovida ante el Juzgado Primero de Letras del Trabajo, de esta Sección Judicial, en fecha doce de noviembre de dos mil dos, por la señora ANA DE JESÚS PEREZ AVELAR, mayor de edad, soltera, Ingeniero Industrial, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), a través de su Directora Ejecutiva SAYDA IVETH BURGOS, mayor de edad, casada, psicóloga, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha uno de julio de dos mil cuatro, la que confirmó la sentencia definitiva proferida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, de fecha cinco de mayo de dos mil cuatro, la cual FALLO: “PRIMERO: Declarando CON LUGAR la DEMANDA DE EMPLAZAMIENTO interpuesta por el señorita ANA DE JESÚS PEREZ AVELAR, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, a través de su Directora Ejecutiva la señora SAYDA IVETH BURGOS, en consecuencia, SEGUNDO: CONDENA al INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, a través de su Directora Ejecutiva la señora SAYDA IVETH BURGOS a reintegrar a su trabajo a la señorita ANA DE JESÚS PEREZ AVELAR por lo menos en igualdad o mejores de condiciones y a pagar los salarios dejados de percibir desde que ocurrió el despido hasta que se cumpla con la reinstalación a su puesto de trabajo, con el reconocimiento de los derechos otorgados a los demás trabajadores en ausencia de la trabajadora demandante. TERCERO: SIN COSTAS”. RESULTA: Que en fecha veintiocho de septiembre de dos mil cuatro, este Tribunal de Justicia dictó sentencia mediante la cual resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Licenciado ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA, en su condición indicada, contra la sentencia de que se ha hecho relación en el preámbulo de este fallo, así mismo dispuso dar traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formalizara por escrito su recurso. RESULTA: Que en fecha nueve de noviembre de dos mil cuatro, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia el Abogado ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA, en su condición indicada, formalizando la demanda de casación interpuesta ante la Corte de Apelaciones del Trabajo, del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO:.........Infracción por falta de aplicación de los artículos 116 párrafo primero literal e); 120 párrafo primero parte final y literal d) reformado por Decreto 247-89 del Código del Trabajo en relación con el Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición del Artículo 858 del primer cuerpo legal citado, PRECEPTO AUTORIZANTE:......Este motivo de casación, está comprendido en el artículo 765 numeral 1º párrafo primero del Código del Trabajo. DOCTRINA “Toda infracción directa de la ley, según reiterada jurisprudencia, parte de la base, de que la sentencia no aplica la norma que regula el caso debido y establecido en juicio, o que aplique otra disposición equivocadamente”. CONCEPTO DE LA INFRACCION El Artículo 116 del Código del Trabajo, admite la extinción del contrato de trabajo, por causas subjetivas, que dicho ordenamiento evita denominarlas despidos y sin embargo, lo constituye, por cuanto, el contrato laboral se extingue, por decisión, unilateral del patrono; por tal razón, me atrevo a señalar que la terminación del contrato, es un despido intermedio, entre el justificado e injustificado por manera, que no es una innovación del recurrente, sino una creación del ordenamiento jurídico tantas veces mencionado. El carácter excepcional y por consiguiente restrictivo, que la norma citada pone de manifiesto, se encuentra en el párrafo primero y final del artículo 116 de dicho ordenamiento, al indicar, que la notificación del preaviso, se puede omitir, pagando al trabajador, la cantidad equivalente, según sean los años de servicio.- Tanto la formalidad como los efectos de la finalización del contrato de trabajo, se tutelan por la norma citada y el artículo 120 del Código del Trabajo que igual que el anterior, obliga al patrono a cancelar también el auxilio de cesantía. Por esa razón, se adoptó la determinación, se ponerle fin al contrato de trabajo que con la parte demandante, la vinculaba con la entidad que represento y no fue de otra manera, que las establecidas en los artículos que se indican en el párrafo que antecede, según notificación fechada el 30 de agosto del 2002, donde en forma clara se deja plasmado, que dicha determinación, conlleva la obligación patronal de pagarle las prestaciones calculadas de conformidad con la ley y que ante la renuencia de la parte actora a recibir el cheque, tuvo la entidad demandada que consignar su pago, en el Juzgado Segundo de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por lo que la resolución del contrato, por voluntad unilateral del patrono, sin invocar causa de despido, esta admitido en el Código del Trabajo, como una manifestación libre – no obligatoria – que le asiste al patrono de decidir en esa forma la ruptura del contrato de trabajo, condicionándolo al pago del preaviso y auxilio de cesantía. A lo anterior, hay que agregar que el Poder Legislativo, emitió el Decreto 194-2002, que contiene la Ley del Equilibrio Financiero y por su parte, el Poder Ejecutivo, el Decreto PCM-005-2002, encaminados a mantener el equilibrio financiero y las medidas de control en el gasto corriente del sector público, mediante la reducción del personal tanto en el sector público como en las instituciones descentralizadas, disposiciones idénticas a las contenidas en el Decreto 135-94 emitido el 28 de octubre de 1994, que contiene la Ley de Reestructuración de los Mecanismos de Ingresos y la Reducción del Gasto del Sector Público, el Fomento de la Producción y la Compensación Social, que la Honorable Corte Suprema de Justicia, haciéndose eco de lo dispuesto en este ordenamiento, el 16 de enero de 1995, emitió el auto acordado, que resumido textualmente dice: “ Ordena a los jueces y Magistrados del Poder Judicial, cuando conocieren de demandas, solicitudes y escritos de cualquier naturaleza que traten de eludir la aplicación estricta de la Ley de Reestructuración de los mecanismos de ingresos y la reducción del gasto del sector público, el fomento de la producción y la compensación social, específicamente el artículo 27 del Decreto 135-94, referido al reducción de personal en las instituciones estatales, deberán en forma pronta y expedita, dictar resolución declarando su improcedencia en cuanto conteste en autos”, y consecuentemente el Poder Judicial, rechazó las demandas de reintegro. En virtud de lo anterior, la Corte recurrida, al confirmar el fallo apelado, se volvió rebelde contra las disposiciones citadas, pues el juicio valorativo que incorpora, es contrario a lo que dichas normas disponen y se aparta de los requisitos establecidos en el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, pues toda valoración como la puntada en el cargo, según reiterada jurisprudencia, parte de la base que la sentencia, deja de aplicar la norma que regula el proceso y siendo evidente la infracción comentada, la sentencia que por este acto se ataca en este motivo, debe casarse. SEGUNDO MOTIVO:...........Violación por aplicación indebida de los artículos 113 y 117 del Código del trabajo y 314 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE:............Este motivo de casación, está comprendido en el artículo 765 numeral 1º párrafo segundo del Código del Trabajo. DOCTRINA “En términos generales, esta modalidad de violación, consiste en que un caso establecido en el proceso, sin que medien errores de hecho o de derecho, se le apliquen normas que no lo regulan” CONCEPTO DE LA INFRACCION El fallo objeto de este motivo, se fundamenta esencialmente en lo que disponen los artículos 113 y 117 del Código del Trabajo.- En efecto, en uso de la atribución que al Patrono le confiere el artículo 116 del ordenamiento jurídico en mención, mi representado, adoptó la determinación de ponerle término al contrato del trabajo que lo vinculaba con la demandante y como esta decisión, entraña un permiso o su pago si se omite el primero, puso a su disposición, el monto del preaviso y del auxilio de cesantía, como lo ordena el artículo 120 reformado de la referida obra legal. Tenemos, que el caso judicialmente quedó planteado en la validez o no de dicha norma, que al estar en vigor, es de obligatorio cumplimiento y la exégesis contenida en el fallo, que sostiene que dejando de invocar la causa, el despido se vuelve ilegal y las disposiciones aplicables son los artículos 113 y 117 del referido Código.- Como el fin de la Casación, no es esclarecer la verdad procesal y de acuerdo con ella, juzgar el caso debatido, sino cuidar de que el fallo se adapte a lo que dispone la ley, estoy presentando al Tribunal un caso que se enmarca en ese postulado, pues es evidente, que si el artículo 116 del Código del Trabajo, autoriza a las partes – patrono y trabajador-a ponerle término al contrato de trabajo, mediante la figura del preaviso, demás está decir, que es al Juez de primera instancia, al que compete la función de aplicar correctamente la norma en vigor, porque la ley impone al Juzgador el deber de decidir a favor de la evidencia probatoria, las disposiciones que regulan la materia. El Recurso Extraordinario de Casación, persigue la observancia de la ley a la cuestión litigiosa y la Corte Suprema, es el órgano que juzga la sentencia, bajo ese criterio encontraréis que el Ad-Quem, al confirmar el fallo, desconoció la norma en que el patrono fundamentó su decisión, de suerte que no son los preceptos invocados como infringidos los que se aplican al caso que se puso en su conocimiento, sino los artículos 116 y 120 del Código del Trabajo. Teniendo como tiene el Recurso de Casación la búsqueda del resultado objetivo de la litis en su expresión formal que se encamina a remediar la vulneración del interés particular, como acto jurisdiccional, su propósito es rectificar el agravio a la ley y en consideración a lo anterior, someto a la ilustrada Corte ese motivo para su estudio porque el juzgador, no obstante haber entendido correctamente su texto, lo aplicó en forma tal, que revierte la intención del legislador y como consecuencia lógica, violó aquellas disposiciones y el artículo 314 Constitucional, que consagra que los Tribunales, dentro de la facultad privativa de juzgar y ejecutar lo juzgado, les corresponde la aplicación de las leyes a los casos sometidos a su conocimiento.- En virtud de lo anterior, el Recurso que por este otro motivo se ataca, debe casarse”. RESULTA: Que en fecha diez de noviembre de dos mil cuatro, este Tribunal de Justicia dictó providencia mediante la cual tuvo por devuelto en tiempo el traslado de casación por parte del Abogado ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA, y por formulada en tiempo la demanda de casación; así mismo ordeno dar traslado de las presentes diligencia al opositor para que dentro del término de diez días contestara dicha demanda. RESULTA: Que en fecha catorce de diciembre de dos mil cuatro, compareció ante esta Corte Suprema de Justicia el Licenciado FRANCISCO ERICK RODRIGUEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado Legal de la Señora ANA DE JESÚS PEREZ AVELAR, contestando la demanda de casación de la siguiente manera: “...A LA EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: Se rechazan el primer y segundo motivo de casación por: La infracción directa tiene lugar cuando un hecho que no se discute o debidamente comprobado, se deje de aplicar la norma que lo regula, o cuando, al contrario se aplica una norma de un hecho inexistente. Exige la existencia del hecho, de tal comprobado, que no se discute para que la Ley cuyo texto se aprecia claro, sea aplicado. El recurrente olvida que el ordenamiento jurídico constituye un todo hermético y que el contexto de la Ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de las partes, de manera que haya entre ellas toda la debida correspondencia y armonía. El recurrente se divaga en alegatos propios de instancia pues lo que hace en ambos motivos es una alegación. El recurrente acusa por igual a la sentencia dictada por la señora juez “A QUO” y la dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo. En este sentido comete dos errores, el primero es atacar por igual a las dos sentencias, lo que por lo demás repite a lo largo del motivo y el segundo error es no indicar cual Corte de Apelaciones del Trabajo fue la que dictó la sentencia, pues como se sabe existen varias en la República. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en la demanda de mérito, se nombró Magistrado Ponente a LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este tribunal se dictase lo que procediera en derecho. CONSIDERANDO: Que el Recurrente, Abogado ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA apoderado de INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), en el primer motivo alega: “Infracción directa por falta de aplicación de los artículos 116 párrafo primero literal e); 120 párrafo primero parte final y literal d) reformado por Decreto 247-89 del Código del Trabajo en relación con el artículo 190 del Código de Procedimientos civiles aplicado supletoriamente por disposición del artículo 858 del primer cuerpo legal citado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación, está comprendido en el artículo 765 numeral 1º párrafo primero del Código del Trabajo.” El Congreso Nacional reformó el artículo 111 DEL Código del Trabajo en cuanto excluyó como causal de terminación de la relación de trabajo el preaviso, y por tanto no autoriza al patrono para que proceda a él sino es con causa justificada, por lo que la infracción que alega el Recurrente en cuanto a establecer conforme el artículo 116 párrafo primero del Código del Trabajo , la extinción de la relación laboral o un despido intermedio, carece de sustentación legal, por otra parte el Recurrente expone en el concepto de la infracción el decreto 194-2002 que contiene la Ley de Equilibrio Financiero y el Decreto PCM-005-2002, sin haberlos incluido como parte de las normas infringidas, además que no precisa cuáles de las disposiciones contenidas en ellos se consideran como infringidas, y que los Decretos Ejecutivos no tienen la calidad de normas sustantivas, siendo en consecuencia inadmisible el cargo. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el segundo motivo alega: “Violación por aplicación indebida de los artículos 113 y 117 del Código del Trabajo y 314 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1º párrafo segundo del Código del Trabajo.” Pero siendo que el despido se produjo sin causa justificada el Tribunal sentenciador no hizo mas que aplicar las normas que regulan esta situación, en adición el 113 tiene varios párrafos y literales y no señaló las aplicables y el artículo 117 contiene disposiciones generales, en ese sentido la pretensión del impetrante expuesta en el segundo motivo resulta inadmisible. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral Contencioso-Administrativo, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 776 y 858 del Código del Trabajo. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. COORDINADORA. ROBERTO LAGOS BANEGAS. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los cuatro días del mes de mayo de dos mil cinco; Certificación de la sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil cinco, recaído en el Recurso de Casación numero 1926=04.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL