Sentencia CL-1774-04 — Registro 1242
Resumen
El recurrido solicito demanda ordinaria para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injustificado; la segunda instancia reformó la sentencia declarando con lugar la demanda.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la parte demandada reconoce haber despedido al demandante por lo que le ofreció el pago de las prestaciones laborales en la vía administrativa; pero de autos consta que la cantidad ofrecida no comprendía el pago total que realmente le corresponde al demandante, asimismo, este acreditó que recibía su salario mediante pagos mensuales que eran distribuidos como cuentas entre las Sociedades demandadas. ...Que el artículo 362 del Código del Trabajo, establece que no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del patrono, como las primas, bonificaciones y gratificaciones ocasionales y lo que reciben en dinero o en especie no para su beneficio, ni para subvenir a sus necesidades, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como los gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo u otros semejantes ni tampoco las aportaciones sociales; y no habiendo demostrado el demandante que la bonificación recibida el ultimo año trabajado era una bonificación habitual, no procede su inclusión como parte integrante del salario....Que vistos y analizados los medios probatorios propuestos y acreditados por las partes, relativos a establecer el salario devengado por el demandante, se evidencia que la parte actora no probó fehacientemente el monto exacto del salario mensual que alega devengaba; asimismo, por otra parte, las demandadas sostienen que el salario ordinario con el cual debe calcularse las prestaciones laborales es de $4,505.35; pero, consta en acta de comparecencia ante la autoridad Administrativa del Trabajo, de fecha 29 de agosto del año 2000, identificada a folios del 216 al 219 de la primera pieza, que la parte demandada puso a la orden del demandante la cantidad de $ 111,432.57, como pago de sus prestaciones laborales, según calculo realizado por la autoridad de Trabajo, a solicitud de la parte demandada y con datos proporcionados por la misma en donde se consigna como salario ordinario mensual la cantidad de $ 5,438.74 y como salario promedio de $ 6,345.20; y no existiendo ningún otro medio probatorio que desvirtué esta prueba, a juicio de este Tribunal, las cantidades indicadas son las que deben tomarse como salario efectivamente devengado por el trabajador en consecuencia es con la misma que debe efectuarse el cálculo de las prestaciones e indemnizaciones legales que le corresponden al demandante... Que el demandante reclama el pago de cuatro meses de salario, en concepto de décimo tercer mes de aguinaldo y décimo cuarto mes en concepto de compensación social de los dos últimos años trabajados, que alega le adeudan las demandadas, y en virtud de no haber demostrado habérselos cancelado, es procedente otorgar el pago de dichos derechos....Que el demandante también reclama el pago de 768 horas extras trabajadas y no pagadas y el pago de séptimos días no pagados, derechos que de conformidad a lo establecido en el artículo 6 de la Ley del Séptimo día y Décimo Tercer mes en concepto de Aguinaldo, contenido en el Decreto Legislativo No. 112, de 1996, no le corresponden, por cuanto, tal como lo dispone dicho artículo: “que el pago del día de descanso se considerará incluido en el total del salario devengado en la semana, para los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, confianza o manejo, así como para aquellos trabajadores cuyos salarios estén tazados por mes o por quincena”, asimismo el artículo 325 del Código del Trabajo, determina: que quedan excluidos de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, de confianza o de manejo...Que quedó acreditado en autos que el demandante también laboró para la empresa BENEFICIADORA DE TABACOS, S.A. (BETASA), hasta el momento que fue despedido, por lo que es procedente declarar sin lugar la excepción de prescripción de la acción para demandar el pago de los derechos laborales...Que el artículo 82 de la Constitución de la República, establece: que el derecho de defensa es inviolable, por lo tanto los habitantes de la República, tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar las acciones de conformidad con la Ley, por consiguiente, es procedente declarar sin lugar la Excepción Perentoria de Falta de Acción o Derecho para Demandar a: UST INC., también conocida con los nombres de: UST; UST. INC.; UST INTERNATIONAL y UST INTERNATIONAL INC.; CENTROAMERICA CIGARS. S.A. (CACSA) y EMPRESA AGRICOLA TABACALERA HABANOS HONDUREÑOS S.A. (HABHON), propuesta por las partes demandadas...Que el Juez en materia Laboral no esta sujeto a la tarifa legal de prueba por lo tanto forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la critica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes en el transcurso del juicio, principios que por ajustarse al caso de autos procede aplicarlos plenamente...Que corresponde a los Tribunales de Justicia aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa., Cinco de Mayo del año Dos Mil Cinco. VISTO: Para dictar sentencia los recursos de Casación por Infracción de Ley, formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fechas nueve y veinte de septiembre de dos mil cuatro, por: 1) El Licenciado GERMAN EDGARDO LEITZELAR HERNANDEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de Apoderado Legal de la Empresa BENEFICIADORA DE TABACO S.A. (BETASA); y, 2) El Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal de las Sociedades Mercantiles CENTROAMERICA CIGARS S.A. (CACSA), AGRICOLA TABACALERA HABANOS HONDUREÑOS, S.A. (HABHON), y de “UST INC” o “UST INTERNATIONAL INC”, respectivamente; en relación a la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO ILEGAL E INJUSTIFICADO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PAGO DE SÉPTIMOS DÍAS NO CANCELADOS Y HORAS LABORADAS Y NO PAGADAS, COSTAS; promovida en fecha cuatro de octubre de dos mil, ante el Juzgado Primero de Letras Seccional De Danli, Departamento de El Paraíso, por el señor LUIS MATIAS MONTES DORTA, mayor de edad, casado, Técnico en Tabaco, Estaunidense, con residencia legal en Honduras, y con domicilio en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, contra el Grupo de Sociedades Mercantiles, denominadas U.S.T. INC, BENEFICIADORA DE TABACOS S.A. (BETASA), CENTROAMERICA CIGARS S.A. (CACSA), EMPRESA AGRICOLA TABACALERA HABANOS HONDUREÑOS S.A. (HABHON), representada la primera de ellas por el señor VICENT A. GIERER JR., mayor de edad, casado, Ejecutivo en Negocios, Estaunidense, y las demás Sociedades por medio de su Gerente General Provisional el señor EDWIN A. GUEVARA, mayor de edad, soltero, Licenciado en Contaduría, hondureño, y con domicilio en Danli, El Paraíso.- Los Recursos de Casación se interpusieron contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha dieciocho de junio de dos mil cuatro, misma que FALLÓ: ”I.- REFORMA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional y del Trabajo por Ministerio de Ley de Danli, departamento de El Paraíso, a las dos de la tarde del día lunes veintidós de marzo del año dos mil cuatro, en la demanda ordinaria laboral de primera instancia, promovido por LUIS MATIAS MONTES DORTA, contra la sociedades mercantiles UST; UST INC. UST INTERNATIONAL Y UST INTERNATIONAL INC, BENEFICADORA DE TABACOS S.A. (BETASA); CENTROAMERICANA CIGARS S.A. (CACSA); EMPRESA AGRICOLA TABACALERA HABANOS HONDUREÑOS S.A. (HABHON), visible del folio 1094 al 1100 de la primera pieza del expediente, de esta manera: UNO: CONFIRMA los números 1,2,3 y 4 de la parte resolutiva del fallo que dicen: “1º. DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA promovida por, LUIS MATIAS MONTES DORTA en cuanto al pago de preaviso y Auxilio de Cesantía, Vacaciones proporcionales, aguinaldo de los últimos dos años, aguinaldo proporcional, Décimo cuarto mes de los dos últimos años, aguinaldo proporcional, 768 horas no pagadas, bonificación proporcional, y los salarios dejados de percibir, 2º CONDENA A LOS DEMANDADOS, a pagar la cantidad de DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS DOLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS DE DOLARES ($ 200,300.46) o su equivalente en Lempiras al cambio imperante en la Banca Nacional al momento que quede firme esta sentencia, por los siguientes conceptos Preaviso $16,054.80, Auxilio de Cesantía $120,411.00, Vacaciones proporciónales $5,201.00, aguinaldo de 2 años $13,761.00, Aguinaldo proporcional $3,974.64, Décimo cuarto mes de dos años $13,761.00, Décimo cuarto mes proporcional $534.38, bono proporcional $4,583.33 y a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que con arreglo a derecho quede firme esta sentencia definitiva. 3) DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN PARA DEMANDAR EL PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES propuesto por el demandado. 4º. DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE FALTA DE ACCIÓN O DERECHO PARA DEMANDAR propuesta por los demandados”; DOS: REVOCA el número 5 de la parte resolutiva del fallo que dice: “5º. CON COSTAS en esta instancia, entendiéndose estas como las costas personales” en consecuencia: Absuelve a las demandadas de las costas impuestas en primera instancia.- II.- SIN COSTAS en segunda instancia”. RESULTA: Que en fecha tres de agosto de dos mil cuatro, este Tribunal de Justicia admitió los recursos de casación interpuestos por los Abogados MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, y GERMAN EDGARDO LEITZELAR HERNANDEZ en su condición ya indicada, contra la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho merito, asimismo dispuso omitir el traslado de los autos a los recurrentes, ordenando que la Secretaria del Despacho retuviera los mismos para que las partes comparecieran en el término de veinte (20) días a formalizar su demanda de Casación. RESULTA: Que en fecha nueve de septiembre de dos mil cuatro, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Licenciado GERMAN EDGARDO LEITZELAR HERNÁNDEZ en su condición antes indicada, formalizando dicho recurso de la manera siguiente: “MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Directa del articulo 113, interpretado del Código del Trabajo párrafo primero en su parte final. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: Toda violación directa de la Ley parte de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso o que la aplique a un hecho no demostrado en él. El articulo 113 interpretado del Código del Trabajo al respecto, en su primer párrafo dice: “La terminación del Contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el PATRONO la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que fundo el despido”. Esta misma disposición señala, en su segundo párrafo: “Que el trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones” y en su literal a) detalla: “El ejercicio de este derecho es alternativo con el de reclamar la indemnización de prestaciones laborales.” INTERPRETADO dicho párrafo primero del Articulo 113 del Código del Trabajo por Decreto No. 89 del 24 de Noviembre de 1969 en el sentido de que el periodo o lapso de los salarios caídos “se contara desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procésales del Código del Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, de consiguiente los Tribunales de Justicia, no deben hacer deducción alguna del tiempo que dure el juicio, ni limitar el pago de los salarios dejados de percibir.”. En el caso de autos el demandante plantea su reclamo para que se haga una calificación del despido como injustificado y se declare derivado de esa declaración la obligación del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir; en el caso de autos esta norma no puede ser la sustentación de la litis, pues es claro que no hay discusión sobre la calificación del despido al reconocerse por el patrono en la vía administrativa la obligación de pago por tanto lo procedente en continuidad de la acción agotada en vía administrativa corresponde al reclamo de un diferencial sobre la cuantificación del valor del pago del cien por ciento de derechos por prestaciones e indemnizaciones laborales que fue puesto a disposición del demandante en vía administrativa y posteriormente consignado en la vía judicial. Es evidente en juicio que el demandante tuvo a su entera disposición el pago del valor por el concepto reclamado como lo son sus prestaciones, sin embargo el mismo rechazó recibir el pago de las mismas aduciendo diferencias en el valor liquidado y puesto su disposición y a lo que el aspira incorporando determinados conceptos que por ley no son parte integrante del salario para fijar la cuantía, por lo cual, es evidente que al incoar su demanda el reclamo debió remitirse únicamente a que el Tribunal determinara si su reclamo del diferencial era procedente una vez establecido en juicio si el valor puesto a disposición y consignado correspondía o no a una liquidación efectuada conforme a ley. Es evidente en juicio que el demandante compareció a la Secretaria de Trabajo en fecha veintinueve de agosto del año dos mil, para reclamar sus prestaciones, a lo cual mi representada accedió, actuando de buena fe lo cual es también evidente en juicio, ya que se emitió y puso a disposición el correspondiente cheque, que el mismo se negó aceptar en pago, aduciendo que el monto no era el que correspondía, por lo cual la empresa procedió a consignar el mismo ante el tribunal de primera instancia en la ciudad de Danlí lugar en donde todavía esta a su plena disposición, extremo este que se evidencia en el juicio. Cuando la Corte sentenciadora aplica lo dispuesto en el articulo 1 13 interpretado del Código del Trabajo párrafo primero en su parte final al caso, no debatido en juicio condenando al pago de salarios dejados de percibir as titulo de daños y perjuicios, existiendo evidencia de que a la litis entablada no le es aplicable la norma, en virtud de que no está en discusión la calificación de una justa causa por estar aceptado por el obligado, indemnizar el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, porque la causa que motivó la terminación del contrato por ley le obliga a satisfacer dicho pago. BETASA no despidió al señor Luís Matías Montes Dorta por ninguna de las causas establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, que obligue a calificar lo justo o injusto del despido, le termino su contrato de trabajo por una causa que por ley obliga a indemnizar y por tanto la procedencia o no de la indemnización, en el caso de autos no esta en discusión para calificar de justa o injusta la terminación del contrato E evidente que al aplicar esta norma cuando no es del caso aplicarla, se aprecia que existe infracción directa de la ley o lo que es lo mismo, se ha violado la norma sustantiva de orden nacional invocada por haberse aplicado indebidamente la ultima parte del párrafo primero a una situación no regulada por la misma, no siendo del caso aplicarla, con lo cual resulta absolutamente clara la violación en virtud de que no está en discusión la calificación de una justa causa, y por estar reconocido ante la autoridad administrativa del trabajo, como vía previa al litigio, el derecho del actor a recibir el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, y consignadas ante el tribunal competente, precisamente porque se dio por finalizada la relación laboral invocando una causa ajena a la voluntad del trabajador; es así en tal virtud que se ha violado directamente la señalada norma sustantiva de orden nacional en infracción directa al aplicarse a una situación que no esta regulada por dicha norma. Es importante relacionar a vía de ilustración que la Honorable Corte Suprema de Justicia en el expediente CL9931035 de Casación Laboral, publicado en la Gaceta Judicial en el recurso Formalizado e interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio que le promoviera Guillermo Enrique Banegas Duron al señor Gustavo Adolfo Zelaya Chávez, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad denominada “AZUCARERA CANTARRANAS, S.A. de C.V. (ACANSA)” para el pago de prestaciones, formalizado por el Licenciado Alfonso Ocampo Orozco contra sentencia de fecha 19 de octubre del año 1993, en fecha 10 de agosto del año 1994, casaron el mencionado recurso de forma parcial por decisión unánime, exonerando del pago de salarios dejados de percibir a la empresa en virtud de lo antes expuesto en el presente motivo y al cual me he remitido a manera de ilustración. Por lo anteriormente expuesto es evidente que se debe casar la sentencia en el presente motivo. SEGUNDO MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción indirecta proveniente de la apreciación errónea del medio de prueba DOCUMENTAL, por error de derecho que resulta evidente de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las Normas Sustantivas de Orden Nacional violadas, están contenidas en los artículos 113, interpretado, 116 letra e) y 120 letra d) reformado todos del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES CONSTITUIDAS EN MEDIO PARA LA VIOLACION: Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo, en relación con los artículos 858 del Código del Trabajo; 15 del Código Civil y 325 del Código de Procedimientos ambos en forma supletoria. PRUEBA QUE FUE ERRÓNEAMENTE APRECIADA: La prueba erróneamente apreciada por el Tribunal, fue la Documental que se encuentra agregada a folios 394 hasta folio 451 del expediente de primera instancia, Que consiste en los siguientes medios de prueba que singularizo a continuación: 1) Medio de prueba documental que obra a folios 394 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 07/28/2000 de fecha de pago 07/28/2000 por valor de $1293.47. 2) Medio de prueba documental que obra a Folio 395 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 07/28/2000 de fecha de pago 07/28/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $1 293.47. 3) Medio de prueba documental que obra a Folio 396 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 07/14/2000 de fecha de pago 07/14/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1295.87. 4) Medio de prueba documental que obra a Folio 397 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 07/14/2000 de fecha de pago 07/14/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $129587. 5) Medio de prueba documental que obra a Folio 398 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 06/30/2000 de fecha de pago 06/30/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1 293.47. 6) Medio de prueba documental que obra a Folio 399 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 06/30/2000 de fecha de pago 06/30/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $1 ,293.47. 7) Medio de prueba documental que obra a Folio 400 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 06/16/2000 de fecha de pago 06/16/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,295.89. 8) Medio de prueba documental que obra a Folio 401 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 06/16/2000 de fecha de pago 06/16/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $1 ,29589. 9) Medio de prueba documental que obra a Folio 402 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 06/02/2000 de fecha de pago 06/02/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 129588. 10) Medio de prueba documental que obra a Folio 403 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 06/02/2000 de fecha de pago 06/02/2000 depositado a la cuenta de Luis M Montes por valor de $1 ,295.88. 11) Medio de prueba documental que obra a Folio 404 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 05/1 9/2000 de fecha de pago 05/19/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,29345. 12) Medio de prueba documental que obra a Folio 405 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 05/19/2000 de fecha de pago 05/19/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 129347. (Es importante señalar que estas cantidades adolecen de no ser idénticas a pesar de ser la del numeral 11 traducción de la del numeral 12, *el subrayado es nuestro). 13) Medio de prueba documental que obra a Folio 406 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 05/05/2000 de fecha de pago 05/05/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1295.87. 14) Medio de prueba documental que obra a Folio 407 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 05/05/2000 de fecha de pago 05/05/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,295.87. 15) Medio de prueba documental que obra a Folio 408 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 04/21/2000 de fecha de pago 04/20/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,293.47. 16) Medio de prueba documental que obra a Folio 409 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 04/21/2000 de fecha de pago 04/20/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,293.47. 17) Medio de prueba documental que obra a Folio 410 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 04/07/2000 de fecha de pago 04/07/2000 depositado a la cuenta de Luís Matias Montes por valor de $ 1,295.88. 18) Medio de prueba documental que obra a Folio 411 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 04/07/2000 de fecha de pago 04/07/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,295.88. 19) Medio de prueba documental que obra a Folio 412 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 03/24/2000 de fecha de pago 03/24/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,293.47. 20) Medio de prueba documental que obra a Folio 413 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 03/24/2000 de fecha de pago 03/24/2000 depositado a la cuenta de Luis M Montes por valor de $ 1,293.47. 21) Medio de prueba documental que obra a Folio 414 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 03/10/2000 de fecha de pago 03/1 0/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,295.88. 22) Medio de prueba documental que obra a Folio 415 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 03/1 0/2000 de fecha de pago 03/10/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,295.88. 23) Medio de prueba documental que obra a Folio 416 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 02/25/2000 de fecha de pago 02/25/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,293.47. 24) Medio de prueba documental que obra a Folio 417 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 02/25/2000 de fecha de pago 02/25/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,293.47. 25) Medio de prueba documental que obra a Folio 418 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 02/11/2000 de fecha de pago 02/11/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,295.87. 26) Medio de prueba documental que obra a Folio 419 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 02/11/2000 de fecha de pago 02/11/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,295.87. 27) Medio de prueba documental que obra a Folio 420 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 01/28/2000 de fecha de pago 01/28/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,293.47. 28) Medio de prueba documental que obra a Folio 421 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 01/28/2000 de fecha de pago 01 /28/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,293.47. 29) Medio de prueba documental que obra a Folio 422 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 01/14/2000 de fecha de pago 01/14/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,295.88. 30) Medio de prueba documental que obra a Folio 423 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 01/14/2000 de fecha de pago 01/14/2000 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,295.88. 31) Medio de prueba documental que obra a Folio 424 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 12/31/1999 de fecha de pago 12/31/1999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1332.19. 32) Medio de prueba documental que obra a Folio 425 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 12/31/1999 de fecha de pago 12/31/1999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1332.19. 33) Medio de prueba documental que obra a Folio 426 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 12/1 7/1 999 de fecha de pago 12/1 7/1 999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,334.60. 34) Medio de prueba documental que obra a Folio 427 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 12/17/1999 de fecha de pago 12/17/1999 depositado a la cuenta de Luis M Montes por valor de $ 1334.60. 35) Medio de prueba documental que obra a Folio 428 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 11/05/1999 de fecha de pago 11/05/1 999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,334.61. 36) Medio de prueba documental que obra a Folio 429 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 11/05/1 999 de fecha de pago 11/05/1 999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,334.61. 37) Medio de prueba documental que obra a Folio 430 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 10/22/1 999 de fecha de pago 10/22/1999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,332.18. 38) Medio de prueba documental que obra a Folio 431 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 10/22/1 999 de fecha de pago 10/22/1 999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,332.18. 39) Medio de prueba documental que obra a Folio 432 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 09/24/1 999 de fecha de pago 09/24/1999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 133219. 40) Medio de prueba documental que obra a Folio 433 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 09/24/1 999 de fecha de pago 09/24/1 999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,332.19. 41) Medio de prueba documental que obra a Folio 434 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 09/10/1999 de fecha de pago 09/10/1999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,334.60. 42) Medio de prueba documental que obra a Folio 435 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 09/10/1 999 de fecha de pago 09/1 0/1999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,334.60. 43) Medio de prueba documental que obra a Folio 436 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 08/27/1 999 de fecha de pago 08/27/1 999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,332.20. 44) Medio de prueba documental que obra a Folio 437 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 08/27/1999 de fecha de pago 08/27/1999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,332.20. 45) Medio de prueba documental que obra a Folio 438 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 08/13/1999 de fecha de pago 08/13/1999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,334.59. 46) Medio de prueba documental que obra a Folio 439 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 08/13/1999 de fecha de pago 08/1 3/1 999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,334.59. 47) Medio de prueba documental que obra a Folio 440 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 07/30/1999 de fecha de pago 07/30/1999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,332.20. 48) Medio de prueba documental que obra a Folio 441 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 07/30/1 999 de fecha de pago 07/30/1 999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,332.20. 49) Medio de prueba documental que obra a Folio 442 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 07/16/1999 de fecha de pago 07/16/1999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1,334.60. 50) Medio de prueba documental que obra a Folio 443 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 07/16/1 999 de fecha de pago 07/1 6/1 999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1334.60. 51) Medio de prueba documental que obra a Folio 444 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial del documento de estado de ingresos correspondiente al periodo que finaliza 07/02/1 999 de fecha de pago 07/02/1999 depositado a la cuenta de Luís M. Montes por valor de $ 1,334.61. 52) Medio de prueba documental que obra a Folio 445 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 07/02/1 999 de fecha de pago 07/02/1999 depositado a la cuenta de Luís M Montes por valor de $ 1 334.61. 53) Medio de prueba documental que obra a Folio 446 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial de documento de Estado de cuenta de Ingresos del periodo que finaliza Feb/2O/1 998 de fecha de pago Feb/20/1998. 54) Medio de prueba documental que obra a Folio 447 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 02/20/1998 de fecha de pago 02/20/1 998. 55) Medio de prueba documental que obra a Folio 448 deI expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial de documento de Estado de cuenta de Ingresos del periodo que finaliza Feb/19/1999 de fecha de pago Feb/l9/1999. 56) Medio de prueba documental que obra a Folio 449 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 02/19/1999 de fecha de pago 02/1 9/1 999. 57) Medio de prueba documental que obra a Folio 450 del expediente de primera instancia contentivo de traducción oficial de documento de Estado de cuenta de Ingresos del periodo que finaliza Feb/1 8/2000 de fecha de pago Feb/1 8/2000. 58) Medio de prueba documental que obra a Folio 451 del expediente de primera instancia contentivo de documento de declaración de ingresos en idioma ingles del periodo que finaliza 02/18/2000 de fecha de pago 02/18/2000. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La Corte Sentenciadora, incurre en error de derecho, que es manifiesto en los autos, al apreciar erróneamente los documentos contenidos de folio 394 hasta folio 451, del expediente de primera instancia, que he singularizado, hecho que hace producir sus efectos indemnizatorios a las normas sustantivas de orden nacional contenidas en los artículos 113 reformado 116 letra e) y 120 letra d) reformado todos del Código del Trabajo sin que sea procedente por las razones siguientes: De folio 394 hasta folio 451 del expediente de primera instancia se encuentran agregados a juicio documentos los cuales la Corte Acusada toma en cuenta para fijar el salario que utiliza para determinar la cuantía de prestaciones laborales, así como el valor de la indemnización de daños y perjuicios por los salarios dejados de percibir a favor del demandante. La apreciación errónea de los documentos en relación, se deriva del error de derecho, en que incurre la Corte Acusada, al tomarlos en cuenta para determinar el salario, conforme al cual fija y liquida la cuantía de la condena en el presente juicio. Los documentos relacionados, no reúnen las formalidades y solemnidades legales requeridas por la Ley para que puedan ser apreciados en juicio, y darles plena validez para dar por probado un extremo alegado en juicio. Los documentos en relación agregados de folio 394 hasta folio 451, del expediente de autos; son documentos emitidos fuera de Honduras, por lo que, por ley para tener validez en juicio requieren diferentes solemnidades legales como la formalidad de ser oficialmente traducidos al idioma español por estar expedidos en otro idioma que no es el idioma oficial de Honduras y legalizarlos debidamente para que surtan sus efectos en el país, sin estos requisitos o formalidades que son requisitos AD-SUSTANTIAM ACTUS, ningún Tribunal puede apreciar o tomar en cuenta un documento expedido fuera de Honduras para dar por probado un hecho. En el caso de autos la Corte Sentenciadora, violentando lo que dispone el artículo 739 del Código del Trabajo, ha tomado en cuenta estos documentos para fijar el salario, y aplicarlo a la liquidación de la cuantía. Estos documentos no siguieron procedimiento alguno en el país de donde se originan, ni legalización ante el Cónsul de Honduras en el país donde fueron expedidos. No fueron legalizados y autenticados ante las respectivas Autoridades competentes en Honduras para poder producir efectos en juicio. El articulo 325 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en forma supletoria establece: “Los Instrumentos públicos otorgados fuera de Honduras deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están, cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la practica de cada país, deban acreditarlas.” La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en Honduras por alguno de los medios siguientes: 1º El atestado de un Agente Diplomático o Consular hondureño, acreditado en el país de donde el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores. 2° El atestado de un Agente Diplomático o Consular de una Nación amiga acreditado en el mismo país, a falta de funcionario hondureño, certificándose en este caso la firma por conducto del Ministro de Relaciones Exteriores del País a que pertenezca el Agente o del Ministro Diplomático de dicho país en Honduras, y además por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República en ambos casos; y 3° El atestado del Agente Diplomático acreditado en Honduras por el Gobierno del país en donde se otorgo el instrumento, certificándose su firma por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República.” esta disposición, es aplicable supletoriamente, en lo relativo a documentos privados emitidos en el extranjero, por no estar señalado en la ley nada al respeto el capitulo que se remite a los documentos privados.” El artículo 15 del Código Civil señala que, en lo referente a los documentos expedidos fuera de Honduras su forma se determina por la ley del país en que se originaron y su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Procedimientos. La forma indica que se refiere a las solemnidades externas, y la autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en los tales instrumentos se expresan. La Corte Sentenciadora al confirmar el fallo sin darle cumplimiento a lo que ordena el articulo 739 del Código del Trabajo cuando refiere “SIN EMBARGO CUANDO LA LEY EXIJA DETERMINADA SOLEMNIDAD ADSUSTANTIAM ACTUS NO SE PODRA ADMITIR SIN PRUEBA POR OTRO MEDIO” es evidente que ha violado las solemnidades legales requeridas procesalmente para que los documentos singularizados, emitidos fuera de Honduras pudieran surtir efectos y validez en juicio. Los documentos agregados de folio 394 hasta folio 451, del expediente de primera instancia, son documentos, que se encuentran redactados en idioma ingles, y expedidos en el extranjero, en autos consta en forma evidente que fueron traducidos fuera del Tribunal que conoce del juicio y no siguieron los procedimientos de legalización. La Corte sentenciadora frente a la inexistencia de las formalidades legales debió abstenerse de apreciarlos y apoyarse en ellos para sustentar criterio alguno para el fallo emitido. Al fijar la Corte Sentenciadora e) salario y la liquidación de la condena tanto de prestaciones como de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, basándose en estos documentos contenidos de folio 394 hasta folio 451 del expediente de primera instancia, que no cumplen con las formalidades y solemnidades exigidas por la ley para su validez en juicio, dando como probado el hecho alegado, es clara la violación de las formalidades y solemnidades ordenadas por el articulo 739 del Código del Trabajo y lo que disponen las normas procésales del Código Civil y Código de Procedimientos relacionadas en el motivo y aplicables en forma supletoria se evidencia la violación de las normas sustantivas de orden nacional invocadas. Por mandato de Ley, estos documentos al ser emitidos en otro idioma y fuera del país solo pueden surtir sus efectos en juicio y tener plena validez para ser apreciados como pruebas cuando se haya cumplido en ellos con las formalidades y solemnidades siguientes: Uno: Que los documentos que se han de hacer valer en juicio estén suscritos en IDIOMA CASTELLANO (español). Por así disponerlo el artículo 45 del Código Civil de aplicación supletoria en materia laboral. Dos: Que cuando un documento esta redactado en idioma que no sea el castellano, la ley exige la formalidad de que el Juez ordene que el mismo sea traducido por un perito que el mismo nombrara en juicio, o que este se presente ya traducido, caso para el cual se seguirá el procedimiento del párrafo segundo del articulo 326 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en forma supletoria en materia laboral; y Tres: Que los documentos expedidos en el extranjero deben ser legalizados para surtir sus efectos legales en el País; articulo 325 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en forma supletoria en materia laboral. Es evidente de los autos, que de las formalidades y solemnidades exigidas por la ley no fueron cumplidas; por lo que resulta claro que, cuando la Corte Acusada, liquida en la sentencia las obligaciones laborales, tomándolos en cuenta para fijar el salario, sin que reúnan las formalidades y solemnidades exigidas por la ley, es evidente de los autos que se esta cometiendo un error de derecho que conduce a apreciar erróneamente estos medios de prueba documentales y por tal error se violan las normas procésales y normas supletorias relacionadas, y por tanto por vía de medio, en forma indirecta se están violando las normas sustantivas de orden nacional invocadas. La doctrina en materia de casación laboral refiere que el error de derecho se produce en aquellos casos como: Uno: Cuando el Tribunal da por establecido un hecho con una prueba no autorizada por la ley, o por exigir esta DETERMINADA SOLEMNIDAD PARA LA VALIDEZ DEL ACTO, y; Dos: También cuando se deja de apreciar una prueba de esta índole. En el caso de autos es evidente la existencia de la situación contemplada en lo referido en el numeral uno antes relacionado, que pone de manifiesto el error de derecho cometido por la Corte Sentenciadora, siendo claro que en el caso de autos, a dichas disposiciones legales de orden nacional se les ha hecho surtir sus efectos sin ser del caso hacerlo produciendo una injusta y sobre valorada condena. Debo respetuosamente ilustrar a la Honorable Corte con un caso similar en el que ya se pronuncio otorgando el recurso en base al motivo aquí sustentado y nos referimos al caso de la Sociedad denominada J.E. MORGAN DE HONDURAS S.A., por juicio que le promoviera la señora OLGA MARINA CABALLERO BUSTAMANTE, ante el Juzgado Segundo de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, en la casación que formulara el Licenciado David Gabriel Alvarado Leitzelar, misma que se ingreso bajo expediente 555-2002, se caso la sentencia en un motivo prácticamente idéntico a las causas en que se sustenta el presente motivo, y al cual me remito a manera de ilustración. En razón de todo lo anteriormente expuesto considero procede se case la sentencia en el presente motivo. TERCER MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional en infracción indirecta que es proveniente de la falta de apreciación por error de hecho que resulta evidente de autos en el medio de prueba DOCUMENTAL que obra a folios 537, 538, 539, 540, 541, 542 Y 814 del expediente de primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada, está contenida en el artículo 330 numeral 1) en relación con el 325 literal a) reformado, ambos del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES CONSTITUIDAS EN MEDIO PARA LA VIOLACION: Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo en relación con los artículos 27 y 28 ambos del Código del Trabajo. PRUEBA NO APRECIADA: La prueba no apreciada por el Tribunal, fue la Documental que se encuentra agregada a folios 537, 538,539, 540, 541, 542 y 814 del expediente de primera instancia. Que consiste en los medios de prueba que a continuación singularizo: 1) Medio de prueba documental que obra a folios 537 del expediente de primera instancia contentivo de fotocopia de constancia emitida por el Señor Mario Vicente Gómez en su condición de Gerente de Banco Atlántida en la Ciudad de Danli, de fecha 20 de julio del 2000. 2) Medio de prueba documental que obra a folio 538 del expediente de primera instancia contentivo de Cerificado de Autenticidad de fotocopia de fecha 23 de agosto del 2001, autenticada por la Notario Ligia Melara de Andrade. 3) Medio de prueba documental que obra a folio 539 del expediente de primera instancia contentivo de fotocopia de Nota de fecha 21 de julio del 2000 emitida por el Señor Edwin Guevara en su condición de Gerente General de Centroamérica Cigars, enviada al Banco Atlántida en la Ciudad de Danli, El Paraíso. 4) Medio de prueba documental que obra a folio 540 contentiva de Certificado de Autenticidad de fecha 23 de agosto del 2001, en la que la Notario Ligia Melara de Andrade autentica la fotocopia de nota enviada por el Señor Edwin A. Guevara a Banco Atlántida en la Ciudad de Danli, El Paraíso. 5) Medio de prueba documental que obra a folio 541 del expediente de primera instancia contentivo de fotocopia de constancia de fecha 14 de septiembre del 2000, emitida por el Señor Mario Vicente Gómez Méndez en su condición de Gerente de Banco Atlántida, en la Sucursal de Danli. 6) Medio de prueba documental que obra a folio 542 del expediente de primera instancia contentivo de Certificado de Autenticidad de fotocopia de fecha 23 de agosto del 2001 autenticada por la Notario Ligia Melara de Andrade. 7) Medio de prueba documental que obra a folios 814 del expediente de primera instancia contentivo de constancia emitida por el Señor Mario Vicente Gómez en su condición de Gerente de Banco Atlántida en la Ciudad de Danli, de fecha 20 de julio del 2000. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La Corte Sentenciadora, incurre en error de hecho, que es manifiesto en los autos, al no apreciar los documentos contenidos a folios 537, 538, 539, 540, 541, 542 y 814, del expediente de primera instancia, hecho que la conduce a hacer producir sus efectos indemnizatorios a la norma sustantiva de orden nacional sin que sea procedente por las razones siguientes: A folios 537, 538, 539, 540, 541, 542 y 814, del expediente de primera instancia se encuentran agregados a juicio documentos que la Corte Acusada no aprecia y por tal razón determina erróneamente la cuantía, específicamente al condenar al pago por concepto de 768 horas extras a que se refiere la Corte Acusada en favor del demandante. La falta de apreciación de los documentos en relación, se deriva del error de hecho, en que incurre la Corte Acusada, al no tomar en cuenta los mismos, y como consecuencia ordena pagar 768 horas extraordinarias, concepto que no es procedente condenar, ya que de haber apreciado las pruebas aportadas aquí relacionadas y singularizadas, la Corte Acusada habría concluido de forma indubitada que el demandante se desempeñaba como un empleado de confianza sujeto a lo que dispone el articulo 325 del Código del Trabajo literal a) reformado, por lo que no pueden adeudársele el derecho a horas extras establecido en el articulo 330 numeral 1) del Código del Trabajo ya que el articulo 325 literal a) reformado del Código del Trabajo le excluye de la aplicación de la jornada máxima legal. Al ser el demandante un empleado calificado como un empleado de confianza no puede ser considerado como un jornalero. El hecho de apreciar el monto al que ascendía el salario que fija el demandante en su demanda nos indica y ratifica que no es un jornalero. El demandante aporta elementos probatorios como ser los documentos, agregados a folios 537, 538, 539, 540, 541, 542, y 814, con los cuales establece claramente su carácter de empleado de confianza y por tanto le es aplicable lo que dispone el articulo 325 literal a)del Código del Trabajo. A folios 537, 538, 539, 540, 541, 542 y 814, aparecen los documentos que acreditan que el demandante por ser de confianza tenia firma registrada en las cuentas bancarias, elemento este que tampoco es apreciado por la Corte Acusada. En error de hecho al no apreciar estos medios de prueba documental la Corte establece la condena de horas extras concepto que no procede y que su condena se derivan de esa falta de apreciación de estos documentos que evidencia la titularidad de firma autorizada del demandante derivada de su calidad de empleado de confianza. Los documentos relacionados, evidencian que al demandante se le pagaba quincenalmente y además que el mismo ejercía cargo gerencial teniendo firma registrada en las cuentas de la demandada, lo cual se daba en virtud del cargo de confianza que el mismo ejercía con facultades de dirección administración y manejo dentro de la empresa, razón por la cual no es procedente considerar que el mismo pudiera gozar del pago por horas extras como erróneamente lo hace la Corte acusada debido a la falta de apreciación de los documentos relacionados y que obran a folios 537, 538,539, 540, 541 y 542 y 814. En razón de todo lo anteriormente expuesto procede se case la sentencia en el presente motivo CUARTO MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional en infracción Indirecta que es proveniente de la falta de apreciación por error de hecho que resulta evidente de autos en la prueba documental que obra a folios 220, 221, 706, 948 al 985, 976, 1004, 1005, 1007, 1008, 1009, 1034, 1035, 1036 y 1037 del expediente de primera instancia. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las Normas Sustantivas de Orden Nacional violadas, están contenidas en los artículos 113 interpretado,116 letra e) y 120 reformado letra d) del Código del Trabajo en relación con los artículos 27 y 28 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES CONSTITUIDAS EN MEDIO PARA LA VIOLACION: La normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo en relación con los artículos 27 y 28 ambos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. PRUEBA NO APRECIADA: La prueba no apreciada por el Tribunal, fue la Documental que se encuentra agregada a folios 220, 221, 706, 948 al 985, 1004, 1005, 1007, 1008, 1009, 1034, 1035, 1036 y 1037 del expediente de primera instancia. Que consiste en los medios de prueba que a continuación singularizo: 1) Medio de prueba documental que obra a folios 220 del expediente de primera instancia contentivo de fotocopia de nota de despido de fecha 20 de julio del 2000 dirigida por el señor Edwin A. Guevara al señor Luís Matías Montes. 2) Medio de Prueba documental que obra a folio 221 del expediente de primera instancia contentivo de certificado de autenticidad de fecha 4 de septiembre del 2001 en la que el Notario Jorge Alberto Burgos autentica la fotocopia de nota de despido dirigida al Señor Luís Matías Montes de fecha 20 de julio del 2000. 3) Medio de prueba documental que obra a folios 706 del expediente de primera instancia contentivo de Informe emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos en fecha 21 de mayo del 2002, dirigido a la Señora Juez de Letras del Juzgado Primero del Trabajo, Licenciada Adela Maria Kafaty Alvarado, en el que se informa que las Empresas U.S.T INC, UST, UST INC, UST INTERNATIONAL, Y UST INTERNATIONAL INC, no están registradas como contribuyentes. 4) Medio de prueba documental que obra a folios 948, 949, 950, 951, 952 y 953 del expediente de primera instancia contentivo de solicitud y certificación del asiento No.50 folio 290 al 299 del tomo 1 que contiene la inscripción de la sociedad Agrícola Tabacalera Habanos Hondureños SA. de C.V., inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de El Paraíso. 5) Medio de prueba documental que obra a folios 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963 del expediente de primera instancia contentivo de fotocopia de Escritura Publica de constitución de la Sociedad Mercantil Centroamérica Cigars S.A. de fecha 28 de julio de 1980. 6) Medio de prueba documental que obra a folios 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 972, 972, 973, 974, 975 deI expediente de primera instancia contentivo de fotocopia de Escritura Publica de constitución de la Sociedad Mercantil Beneficiadora de Tabaco SA. (BETASA) de fecha 27 de julio de 1989. 7) Medio de Prueba documental que obra a folio 976 del expediente de primera instancia contentivo de certificado de autenticidad de las fotocopias de a) certificación del asiento No.50, folio 290 al 299 del Tomo 1 contentivo de la escritura de constitución de la sociedad mercantil Agrícola Tabacalera Habanos Hondureños S.A. de C.V. b) escritura de constitución de Centroamérica Cigars S.A. c) Beneficiadora de Tabaco SA. (BETASA). 8) Medio de Prueba documental que obra a folio 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985 del expediente de primera instancia contentivo de constancia y certificación de Edgard J. Freel Secretario de Estado del Estado de Delaware en la que declara que UST internacional Inc. esta incorporada en el Estado de Delaware, documento que se acompaño debidamente legalizado y traducido. 9) Medio de Prueba documental comunicación que obra a folios 1004 y 1005 del expediente de primera instancia contentivo de informe emitido por la asesoria legal de la secretaria de finanzas de fecha 31 de julio del año 2002, en el que se indica UST INC. o UST Internacional Inc., No aparece registrada o haya obtenido autorización para ejercer el comercio en el país. 10) Medio de Prueba documental que obra a folio 1007 del expediente de primera instancia contentivo de constancia extendida por la municipalidad de Danli, Departamento del Paraíso, por la unidad de control Tributario Municipal, en la que se hace constar que las Empresas, Agrícola Tabacalera Habanos Hondureños S.A. (HABHON) y UST, Internacional Inc. no tienen ningún registro operativo. 11) Medio de Prueba documental que obra a folio 1008, del expediente de primera instancia contentivo de constancia extendida por la municipalidad de Danli, Departamento del Paraíso en la que se hace constar que las Empresas, Agrícola Tabacalera Habanos Hondureños S.A. (HABHON) y UST, Internacional Inc. no tienen ningún registro operativo. 12) Medio de Prueba documental que obra a folio 1009 y 1010, deI expediente de primera instancia contentivo de comunicación dirigida al Banco Central de Honduras a efecto de que certifique la tasa cambiaria promedio del dólar estadounidense al 28 de Julio del año 2000, y cumplimentacion de la misma, de fecha 31 de julio del 2002, donde se establece que la tasa cambiaria fue de Lps. 14.8733 por un dólar. 13) Medio de Prueba documental que obra a folio 1034 y 1035, del expediente de primera instancia contentivo de comunicación dirigida al Juzgado de Letras Seccional de Danli, a efecto de que se constate si UST, UST INC., UST INTERNATIONAL INC, tienen registros contables por operaciones industriales, agroindustriales o comerciales directas en el centro laboral de Danli, y cumplimentacion de la misma, de fecha 7 de agosto del año 2002, donde se establece que las mismas no tienen registros contable por operaciones industriales ya que no tienen ninguna relación con Centro America Cigars S.A. 14) Medio de Prueba documental que obra a folio 1036 y 1037, deI expediente de primera instancia contentivo de comunicación dirigida al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Danli, a efecto de que se constate si aparece inscrita en el registro de comerciantes sociales la empresa denominadaza, UST INC. o UST INTERNATIONAL INC o cualquier otra con denominación semejante, y cumplimentacion de la misma, donde se establece que no se encontró ninguna inscripción que correspondía a las empresas UST INC. o UST INTERNATIONAL INC o cualquier otra con denominación semejante. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La Corte Sentenciadora, incurre en error de hecho, que es manifiesto en los autos, al no apreciar los documentos contenidos a folios 220, 221, 706, 948 al 985, 976, 1004, 1005, 1007, 1008, 1009, 1034, 1035, 1036 y 1037, del expediente de primera instancia, hecho que la conduce a hacer producir efectos condenatorios contra todas las sociedades demandadas solidariamente responsables sin que esto sea procedente por las razones siguientes: A folios 220, 221, 706, 948 al 985, 976, 1004, 1005, 1007, 1008, 1009, 1034, 1035, 1036 y 1037, del expediente de primera instancia se encuentran agregados los documentos en los cuales la Corte Acusada, debió fundarse para absolver a las empresas demandadas como solidarias liberándoles de obligaciones que no les competen legalmente a las mismas. La falta de apreciación de los documentos en relación, por error de hecho que es evidente en los autos en que incurre la Corte Acusada, consiste en que al no tomar en cuenta los mismos, concluyo en la improcedente condena solidaria de las demandadas. Los documentos contenidos a folios 220, 221, 706, 948 al 985, 976, 1004, 1005, 1007, 1008, 1009, 1034, 1035, 1036 y 1037 del expediente de primera instancia y que contienen la nota de terminación de contrato, las escrituras de constitución de las sociedades demandadas y la evacuación de comunicaciones a distintas dependencias de Estado determinan que las sociedades U.S.T. INC., o U.S.T. INTERNATIONAL INC., no son sociedades hondureñas, no tienen existencia legal en el país y por tanto no están autorizadas para ejercer actos de comercio en el país. Estos documentos establecen plenamente que la Empresa UST INC o UST INTERNATIONAL INC, esta radicada en los Estados Unidos y que la demandada BETASA es una sociedad constituida en Honduras con su propia personería jurídica tal como consta de los precitados folios y lo cual detalla y determina que las demandadas son personas jurídicas diferentes y completamente independientes unas de otras en cuanto a su vida jurídica. Están agregadas a los autos las escrituras de constitución de las sociedades denominadas CENTROAMÉRICA CIGARS S.A. (CACSA), EMPRESA AGRÍCOLA TABACALERA HABANOS HONDUREÑOS S.A., (HABHON), con las que se acredita que estas son personas jurídicas diferentes a las otras demandadas. Además la alegación de que la empresa norteamericana UST es la empresa holding de BETASA en los Estados Unidos; igualmente fue desvirtuado con los documentos relacionados y específicamente con la fotocopia de la escritura de constitución que fue cotejada en el Registro Público correspondiente, donde se evidencia que no existe vinculación jurídica, financiera o comercial entre las mismas que pueda inducir a concluir en una condena por solidaridad entre las demandadas. Está probado en juicio que la única sociedad que tiene la titularidad jurídica patrono del demandante es la sociedad denominada BETASA que es la que le puso al contrato de trabajo del demandante tal y como consta en la nota de terminación contrato que obra a folio 220 del expediente. En el caso de autos de las pruebas documentales singularizadas se evidencia que su no apreciación por error de hecho cometido por la Corte Sentenciadora condujo a la violación de las normas sustantivas invocadas. De haberlas apreciado habría llegado a la conclusión de dar por probado juicio la improcedencia del reclamo solidario y por tanto declarar sin lugar la demanda en forma solidaria promovida contra estas sociedades. Es evidente que la Corte Acusada ha violado las normas sustantivas de orden nacional contenidas en el Código del Trabajo que han sido invocadas, violación que produce en vía indirecta a través de la violación de medio de las normas procésales del Código del Trabajo vigente relacionadas y señaladas en el presente motivo, todo por falta de apreciación por error de hecho que es manifiesto en los autos al omitir apreciar los documentos relacionados y que de hacerlo le habría llevado a la conclusión correcta en el fallo. En razón de todo lo anteriormente expuesto procede se case la sentencia en presente motivo. QUINTO MOTIVO: Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Directa del artículo 330 numeral 1) relación con el 325 literal a) interpretado por Decreto Legislativo No.21 de 29 de enero de 196 ambos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1º párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: El artículo 325 del Código del Trabajo interpretado y vigente establece en forma expresa que trabajadores quedan excluidos de la jornada máxima legal de trabajo. Entre los trabajadores excluidos de la jornada máxima legal, el inciso a) de es disposición legal de cumplimiento obligatorio dispone” Los que desempeñen cargos dirección, de confianza o de maneio”. La interpretación del congreso nacional en el Decreto 21 se oriento a excluir de la calificación de empleados de confianza a los celadores, cuidadores serenos y vigilantes, con el fin de que recibieran los beneficios fijados en el articulo 330 del Código del Trabajo en cuanto al pago del tiempo de trabajo extraordinario. El artículo 330 del Código del Trabajo establece que los trabajos que se ejecuten fuera de los limites que determina la ley como jornada ordinaria o que exceda la jornada inferior pactada entre las partes, constituirá jornada extraordinaria, fijando la tabla de remuneración con que se debe pagar esa jornada extraordinaria, el numeral 1) fija el recargo para la jornada extraordinaria en la jornada diurna. La Corte sentenciadota al emitir su fallo incurre en violación directa de esta disposición cuando sustentándose en el articulo 330 numeral 1) del Código del Trabajo e ignorando la exclusión fijada por el articulo 325 literal a) interpretado procede a ordenar el pago de tiempo extraordinario del trabajo a favor del demandante cuando es evidente al margen de todos medio probatorio que la condición laboral del demandante es la de un empelado de confianza así declarado en el hecho segundo de la demanda promovida por el cargo y funciones desempeñadas. Es evidente que se han violado las disposiciones legales invocadas por vía directa por lo que procede se case la sentencia en el presente motivo. SEXTO MOTIVO: VIOLACION DE LEY SUSTANTIVA POR INTERPRETACION ERRONEA, por parte de la Corte de Apelaciones recurrida del Articulo 113 párrafo primero del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral lo. párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: CONCEPTO DE LA INFRACCCION: El articulo 113 párrafo primero del Código del Trabajo violado por interpretación errónea de la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial declara: ‘Articulo 11 3.- La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el Articulo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales de Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la Justa causa en que se fundo el despido, Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, LOS SALARIOS QUE ESTE HABRÍA PERCIBIDO DESDE LA TERMINACION DEL CONTRATO HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECION A LAS NORMAS PROCESALES DEL PRESENTE CODIGO DEBE QUEDAR RRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA”. INTERPRETADO dicho párrafo primero del Articulo 113 del Código del Trabajo por Decreto No. 89 del 24 de Noviembre de 1969 en el sentido de que el periodo o lapso de los salarios caídos “se contara desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procésales del Código del Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, de consiguiente los Tribunales de Justicia, no deben hacer deducción alguna del tiempo que dure el juicio, ni limitar el pago de los salarios dejados de percibir.”. En el caso de la demanda a que nos referimos en el presente motivo de casación, el demandante compareció a la Secretaria de Trabajo en fecha veintinueve de agosto del año dos mil, para reclamar sus prestaciones, a lo cual mi representada accedió, actuando de buena fe lo cual es también evidente en juicio, ya que se emitió y puso a disposición el correspondiente cheque, que el mismo se negó aceptar en pago, aduciendo que el monto no era el que correspondía, por lo cual la empresa procedió a consignar el mismo ante el tribunal de primera instancia en la ciudad de Danlí lugar en donde todavía esta a su plena disposición, extremo este que se evidencia en el juicio. La Corte de Apelaciones recurrida hizo suyos todos los argumentos del Juzgado de Primera Instancia, pero en cuanto a los salarios caídos hizo una interpretación errónea del párrafo primero del Articulo 113 del Código del Trabajo no declara en su sentencia recurrida que “la buena fe del patrono se demuestra cuando de inmediato pagua al trabajador sus respectivas prestaciones e indemnizaciones. Y en caso de negativa de recibirlas por parte del trabajador por cualquiera razón, la Empresa como lo fue en el caso de autos consigno judicialmente de inmediato las Cantidades que en su concepto le correspondían al trabajador. ..“.- La Empresa demostró siempre su buena fe y su intención de pagar al demandante sus prestaciones, y la disparidad solo consistió en que el quería una mayor cantidad y eso no es culpa de la Empresa sino que de el trabajador.- CONDENAR A LA EMPRESA A SALARIOS CAÍDOS EN EL PRESENTE CASO ES GRA VARLA INJUSTAMENTE Y PREMIAR AL TRABAJADOR RENUENTE A RECIBIR, Y QUE HA INTENTANDO RECIBIR MAYORES CANTIDADES, A LAS QUE POR LEY LE CORRESPONDEN. Por las razones expuestas y por haber sido dictada la sentencia recurrida en violación a la disposición legal sustantiva arriba indicada, la sentencia contra la cual recurro DEBE SER CASADA”. RESULTA: Que en providencia de fecha trece de septiembre de dos mil cuatro, este Tribunal de Justicia tuvo por formalizado el recurso de Casación por parte del Licenciado GERMAN EDGARDO LEITZELAR, Y dispuso dar traslado al opositor por el término de diez días para que contestará el recurso. RESULTA: Que en fecha veinte de septiembre de dos mil cuatro, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA en su condición antes expresada, formalizando su recurso de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN. Ser la sentencia directamente violatoria del Artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, que es ley substantiva de orden nacional, por la interpretación errónea de dicha norma. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.- Por lev sustantiva se entiende toda norma legal de carácter nacional, que instituye derechos y obligaciones correlativos, tipología a la que corresponde el Artículo 113 del Código del Trabajo, que en su párrafo primero establece: “La terminación del contrato con forme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales el Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva.” En el caso subjudice, BETASA, como empleadora del trabajador LUIS MATÍAS MONTES DORTA, dispuso terminar el contrato de trabajo que lo unía con él, por haber desaparecido la actividad laboral que constituyó el motivo de su contratación, para lo cual le hizo entrega de la nota de despido del 20 de julio del 2000, en la que conciliatoriamente le ofreció, hasta en exceso, el pago de las prestaciones e indemnizaciones que legalmente le correspondían, pero al no estar de acuerdo e trabajador con el monto ofrecido, ya que pretendía más, accionó judicialmente, previo reclamo administrativo, impulsando la demanda ordinaria laboral, que constituye e antecedente de este recurso, para el pago de prestaciones e indemnizaciones por despido directo, ilegal e injustificado, más salarios caídos, pago de séptimos días no cancelados y otros conceptos, la que hizo extensiva de manera solidaria a CACSA HABHON y “UST INC” o “UST INTERNATIONAL. INC”, invocando entre sus fundamentos de derecho el mencionado artículo 113 del Código del Trabajo, como precepto regulador de la situación planteada en la litis, lo que resulta del hecho de que el petitum del plan de dicha demanda, incluye la indemnización, a título de daños y perjuicios, de los salarios caídos. La obligación indemnizatoria en referencia está contenida en el párrafo primero del citado Artículo 113 del Código del Trabajo, por lo que al haberse incorporado dicha norma en la fundamentación del fallo del Tribunal sentenciador, en apoyo de la pretensión condenatoria al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, y de los salarios dejados de percibir por el trabajador desde la fecha en que surtió efecto el despido injustificado hasta que quede firme la sentencia condenatoria.-no obstante que únicamente citó la interpretación que de dicha norma hizo el Congreso Nacional mediante el Decreto Número 89 del 24 de noviembre de 1969, que no puede ser citada per se, pues bajo ningún concepto sustituye la disposición interpretada, que únicamente queda aclarada para el caso de exista controversia respecto a este punto,- - incurrió en violación directa de lo dispuesto en la fracción primera de dicha norma substantiva, por interpretación errónea, al no concederle su verdadero sentido o inteligencia, equivocando el entendimiento de su contenido, considerada en si misma, es decir, independientemente de la cuestión que de hecho regula, porque esa disposición se remite al Artículo 112 del mismo Código del Trabajo, en la que el legislador configuró el catálogo de las justas causas por las que el patrono puede dar por terminado el contrato del trabajo, sin responsabilidad de su parte. En tal virtud la censurada equivocación hizo que la sentenciadora impusiera a todos los demandados, indistintamente o in silidum, la condena a que indemnice los daños y perjuicios al trabajador, sin que el despido se haya fundado en una de las justas causas concretamente señaladas en el mencionado artículo 112, y sin que consecuentemente el empleador y demás demandados hayan sido emplazados en juicio para que la prueben. Es válido afirmar, pues, que la Honorable Corte recurrida interpretó erróneamente el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, al condenar a las demandadas al pago de los salarios caídos, a título de daños y perjuicios, porque la demanda no fue de emplazamiento para que los supuestos patronos probaran alguna de las justas causas que para el despido del trabajador señala taxativamente el Artículo 112 del Código del Trabajo, sin responsabilidad; visto de otra forma, solamente un despido fundado en las causas enumeradas en el artículo 112, y no probadas en juicio, legitima dicha condena, porque si un contrato de trabajo concluye por razones distintas a las que en él se establecen, como por ejemplo las que señala el artículo 111 del mismo Código del Trabajo, indebidamente citado por la Corte recurrida por ser ajeno al pleito, la acción procesal que nace para el trabajador no es la del emplazamiento, con los efectos jurídicos preceptuados en el Artículo 113 párrafo primero, sino cualquier otra, dependiendo de la naturaleza del caso concreto. Desde el punto de vista jurídico, los salarios caídos se instituyen en la ley corno una penalidad a cargo del patrono, cuando se niega a liquidar las prestaciones laborales a un trabajador despedido, alegando justa causa para la terminación del contrato del trabajo, sin que haya podido probarla en juicio. En el caso que nos ocupa, la litis no versó sobre si existió o no justa causa para el despido, por lo que, consciente de es situación, su único empleador puso a la orden del señor MONTES DORTA, el importe de las prestaciones e indemnizaciones que legalmente le correspondían, las que al ser rechazadas al momento en que la empresa hizo efectivo el despido, se consignaron judicialmente, por lo que de persistir la condena al pago de dichos salarios dejados de percibir, implicará el desconocimiento de la BUENA FE con que ha actuado el codemandado, como consecuencia de la interpretación errónea de la norma cuya infracción funda el presente motivo. Por lo anteriormente expresado, estimo haber demostrado la interpretación errónea del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, porque éste se ha aplicado con un sentido distinto del que verdaderamente tiene, alterando su propia naturaleza efectos, correspondiendo consecuentemente casar parcialmente la sentencia considerando que BETASA en su carácter de única empresa que se reconoció asimismo administrativa y judicialmente como patrono, no fundó el despido del trabajador demandante en ninguna de las justas causas del artículo 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este motivo de casación está expresamente comprendido en el artículo 765, número 1° y párrafo primero del Código del Trabajo. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. Ser la sentencia directamente violatoria del Artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo que es ley substantiva de orden nacional, por la aplicación indebida de dicha norma. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.- El Artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, establece que: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el Patrono la comunique que al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales el Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la causa en que se fundó el despido. Si el Patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva.”La disposición transcrita anteriormente, que es sustantiva de carácter nacional, exige, para su debida aplicación, la ocurrencia de los siguientes presupuestos: a) Que el trabajador sea despedido, invocándose por el patrono cualquiera de las causas, que por estar calificadas corno “justas” en el Artículo 112 del propio Código del Trabajo, lo autorizan para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte; b) Que el trabajador despedido emplace judicialmente al patrono, antes de que transcurra el término de la prescripción, para que le pruebe dicha “justa causa”, que no podrá ser distinta a las establecidas en el señalado Artículo 112; y, c) Que el patrono demandado no pruebe en el juicio la “justa causa” legal del despido, caso en el cual deberá pagar al emplazante las indemnizaciones que según el mismo Código del Trabajo le corresponden, y además, en concepto de daños y perjuicios, los salarios que deje de percibir desde la terminación legalmente injusta del contrato de trabajo, hasta que quede firme al sentencia condenatoria. A tenor de lo anteriormente expuesto, que resulta claro del párrafo primero del Artículo 113 del Código del Trabajo, el ejercicio de la acción conducente a que el patrono haga efectivo el pago de los derechos instituidos a favor del trabajador, solamente es posible cuando se han materializado los señalados supuestos jurídicos dimanados de la propia disposición legal en cita, siendo uno de ellos que el patrono haya pretendido fundar el despido en alguna de las “justas causas” taxativamente establecidas en el Artículo 112 del mismo ordenamiento de leyes laborales, que lo facultan para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad, y que sea emplazado ante los Tribunales el Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, para que la pruebe, y sólo en el caso de que no la demuestre, puede ser obligado a pagar al trabajador las indemnizaciones que determina el Código en mención, y, “además”, a título de daños y perjuicios, “los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva.” Esto nos lleva a concluir, Honorable Corte, que el reconocimiento de las indemnizaciones laborales y el pago de los llamados “salarios caídos”, sólo puede ser resultado de un despido fundado en el artículo 112 del Código del Trabajo, ya que por causal distinta, o el no señalamiento de motivo legal, dará lugar a otras acciones, nunca a la del emplazamiento prevista por el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo. En el caso de autos, la sentencia recurrida, confirmatoria de la de primera instancia, sin incurrir en error de hecho o error de derecho, aplicó indebidamente el Artículo 113 del Código del Trabajo, violándolo en forma directa, porque es completamente ajeno a la litis , ya que no regula el caso que fue objeto del debate. La sentencia se apoya en una norma que no se aviene a ella, porque nunca se discutió si el despido se fundó en alguno de los motivos que según el Artículo 112 del Código del Trabajo facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, ni se pretendió que el empleador cumpliera con el contrato de trabajo y reinstalara al trabajador, con pago de los salarios dejados de percibir desde que se le despidió hasta que lo repusiese en su puesto de trabajo, razón por la cual la demanda fue de pago directo, no de emplazamiento para que las demandadas probaran alguna de las causas de despido justificado, acción que en su caso resulta del párrafo primero de la norma que en este motivo se ha señalado como violada. Consecuentemente, el agravio inferido a la ley sustantiva en mención, independientemente de que los hechos sustentantes de la demanda y de que los sirvieron para la fundamentacion de la defensa, estuviesen o no probados, resulta de que la sentenciadora, por la fuerza de una costumbre contra la ley, aplicó automáticamente y tuvo por bien aplicado, sin poder legalmente hacerlo, el señalado Artículo 113, viciando la condena a los llamados salarios caídos, desfigurando el debate y caracterizando en forma distinta de la verdadera, la relación de derecho que se discutió, imposibilitándose al recurrente, por técnica de la casación, citar la norma que tendría ese alto Tribunal que aplicar en su sustitución, porque no existe en nuestra legislación laboral. Expuesto lo anterior se concluye que al demandarse por el actor las prestaciones a que dan lugar los artículos 116, 118 y 120 del Código del Trabajo, y Decretos Legislativos Número 112 de fecha 29 de octubre de 1982 y Número 135-94 de fecha 12 de octubre de 1994, expresamente determinó que tales disposiciones son las aplicables al caso, no obstante que dichos derechos, no sólo nunca se le negaron, sino que el patrono (auto reconocido corno tal) pretendió pagarlos, manteniendo consignado a la orden del trabajador, aún hasta esta fecha, el monto de lo que estima adeudado, hecho que absolutamente deslegitima el fallo impugnado, ya que la reclamación judicial necesariamente se hubiese limitado, en caso de inconformidad, al pago del diferencial entre la suma que el actor cree que se le debe y la que su patrono le depositó en el Juzgado de primera instancia con sede en la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso. Expuesto lo anterior, siendo que la técnica de la casación requiere que cuando se señala corno motivo de censura la indebida aplicación de una norma sustantiva, debe determinarse por el casacionista la que es aplicable, ya que no le es permito al Tribunal suplir la omisión, se deja establecido que los artículos 116, 118 y 120 del Código del Trabajo, antes citados, por comprender los conceptos indemnizatorios en que se funda la acción y cualquier otro derecho que pudiere corresponder al actor, son los que deben fundamentar el fallo sustituto. Más aún, la aplicación indebida se extremó cuando, a pesar de que la parte resolutiva del fallo condenatorio realiza en este caso concreto lo prescrito por el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, por ser el que autoriza la condena a los salarios caídos en concepto de daños y perjuicios, el Tribunal sentenciador incurrió en lo que la doctrina denomina “error en la cita de Ley”, que hace radicar la violación en un equivocado juicio sobre la norma, haciendo que la sentencia sea objetivamente contraria a derecho, y dejándola susceptible de ser casada, pues para ello sólo se necesita que dicho juicio erróneo esté en relación de directa causalidad con la resolución, como ocurre con el fallo objeto de este recurso, sin perjuicio de que la “interpretación” del citado artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, es también materialmente inaplicable, por haberse confundido la norma propiamente dicha, --que manda o dispone,-- con la interpretación auténtica que de ella se hizo por el órgano legislativo, que no puede llegar a ser sustituta de la disposición original, sino que únicamente aclara sus alcances, y esto, sólo en caso de que se haya controvertido sobre el cómputo de los salarios por parte del trabajador, en el supuesto de que, teniendo derecho a percibirlos, se pretendiera limitarlos a menor tiempo del estipulado por dicho precepto, lo que obviamente tendría ocurrencia hasta que se efectuara la liquidación del crédito, estando firme y en ejecución la sentencia condenatoria. Resumiendo, se incurrió en violación directa de lo dispuesto en la fracción primera de dicha norma substantiva, por aplicación indebida, ya que el Tribunal sentenciador no le concedió el verdadero sentido o inteligencia, al equivocar el entendimiento de su contenido, considerada en si misma, es decir independientemente de la cuestión de hecho que regula, porque esa disposición se remite al Artículo 112 del mismo Código del Trabajo, en la que el legislador configuró el catálogo de las justas causas por las que el patrono puede dar por terminado el contrato del trabajo, sin responsabilidad de su parte. En consecuencia, la censurada equivocación hizo que la sentenciadora impusiera al patrono y demás demandados in solídum la condena a que indemnice los daños y perjuicios al trabajador, sin que el empleador, ni demás demandados hayan sido emplazados en juicio para que probasen la justa causa del despido, omisión que evidencia la violación que se denuncia. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este motivo de casación está expresamente comprendido en el artículo 765, número 1° y párrafo primero del Código del Trabajo. TERCER MOTIVO DE CASACIÓN. Contener la sentencia del Tribunal, decisiones que hacen más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN. El señor LUIS MATÍAS MONTES DORTA interpuso demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, señalando como cuantía líquida de su pretensión la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE DOLARES, CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (US $ 293,313.88), sin solicitar que el pago se efectuara en su equivalente en moneda nacional, ni establecer la tasa cambiaria de dicha divisa extranjera, respecto al Lempira, en el momento de su despido, inobservando lo dispuesto en el artículo 709 del Código de Comercio, prescriptivo de que las deudas en moneda extranjera se pagarán por su equivalente en moneda nacional, salvo que se hubiere insertado la cláusula de “pago en efectivo” u otra equivalente, en relación con el Artículo 3 de la Ley Monetaria, dispositivo de que las obligaciones de pagar en dinero, de cualquier clase o naturaleza que fueran, que deban ser ejecutadas en Honduras, “se liquidarán y cumplirán en Lempiras”. No obstante haberse señalado e impugnado en el curso del debate la improcedencia de la demanda en moneda que no es de curso legal en Honduras, argumento que fue indebidamente desestimado en resoluciones específicas de primera y segunda instancia, ese Tribunal de casación tiene entre sus facultades la de controlar la actividad de la jurisdicción ordinaria, resguardando la recta aplicación e interpretación de la ley y corrigiendo toda desviación que la aparte de su correcto sentido, razón por la que es valido insistir en que no es lícita la condena en moneda extranjera, fuera de los casos que específicamente señala el artículo 4 reformado de la Ley Monetaria, que es de orden público y de observancia obligatoria. En virtud de lo expuesto es jurídicamente inadmisible que el Juzgado de Letras Primero Seccional y del Trabajo por Ministerio de la Ley, de Danlí, El Paraíso, haya condenado a que las demandadas cumplan la obligación en dólares estadounidenses, y que el error esté agravado, por haberla liquidado en forma matemáticamente equivocada, en la cantidad de DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS DÓLARES, CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (US $.200,300.46), cuando la suma correcta, en el caso de que procediera, hubiese sido de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DÓLARES, CON QUINCE CENTAVOS DE DÓLAR (US $ 178,281.15), y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir en los términos establecidos en el párrafo primero del Artículo 113 del Código del Trabajo, fallo que hizo suyo la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, al reconocer corno jurídicamente válida la pretensión de pago en divisa extranjera, e imponiendo simultáneamente tina indebida ex trapetita al subordinar la equivalencia del Lempira al cambio que exista en la banca del país al momento en que quede firme la sentencia, con el obvio resultado de que al liquidarse dicho monto en la forma así establecida, hará más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia (contra la prohibición non reformatión in pejes”), ya que las condenadas pagarían en dólares estadounidenses, más de lo que podrían adeudar en nuestra moneda, estimando que el valor de ésta frente a la extranjera ha disminuido a partir del 20 de julio del año 2000, fecha en que la codemandada BETASA notificó el despido al demandante Luis Matías Montes Dorta. La agravación de la situación de las demandadas apelantes de la sentencia de primera instancia, causada por la sentencia recurrida, se hace evidente si se toma en consideración que BETASA, como empleadora del actor, gestiono y obtuvo la emisión de un cheque de caja a su orden, por la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 1,265,804.99), que en su momento equivalían a OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (US $ 83,847.58), de acuerdo con el factor cambiario del Lempira frente al Dólar estadounidense cuando surtió efecto el despido, título valor que desde el inicio del presente juicio consignó a favor del demandante, como muestra de buena fe y de cumplimiento, sin que dicha circunstancia se tomara en cuenta por la sentenciadora, a pesar de que se le señaló un precedente de esa Honorable Corte Suprema, que fundada en la misma circunstancia y proceder, absolvió al patrono del pago de salarios caídos, fallo publicado en la Gaceta Judicial No.1285, año C y V-1993-1994, recaído en el recurso de casación formalizado por el Licenciado ALFONSO OCAMPO OROZCO contra la sentencia pronunciada por la misma Corte de Apelaciones del Trabajo el 19 de octubre de 1993, en la demanda ordinaria promovida por GUILLERMO ENRIQUE BANEGAS DURON contra GUSTAVO ADOLFO ZELAYA CHAVEZ como Presidente del Consejo de Administración de AZUCARERA CANTARRANAS S.A. DE C.V.(ACANSA), para el pago de prestaciones y otros derechos, estableciendo un precedente que realiza la justicia laboral y aplica en su justo sentido el artículo 113 del Código del Trabajo. Evidentemente, si la condena se hace efectiva como está dispuesta en el fallo recurrido, significará que el MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 1,265,804.99,), oportunamente consignados, no se computarán como OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (US $ 83,847.58), sino que valdrán menos, según el cambio que prevalezca en la banca nacional cuando quede firme dicha sentencia, haciendo desde luego más gravosa la situación de las demandadas apelantes de la primera instancia, por lo que también procede la casación de la sentencia por el motivo que se expone; con todo y que el fallo recurrido haya exonerado de la condena de costas que integraba la sentencia de primer grado, pues las circunstancias gravosas que resultan del factor cambiario no dejan de ser gravemente perjudiciales. PRECEPTO UTORIZANTE.- Este motivo de casación está expresamente comprendido en el artículo 765 número 2° del Código del Trabajo. CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN. Ser la sentencia directamente violatoria de ley sustantiva del orden nacional, por aplicación indebida del Artículo 20, párrafo primero, literal b) y párrafo final del Código del Trabajo, este último a contrario sensu. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN. El Artículo 20 del Código del Trabajo, preceptúa: “Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por si mismo; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y, c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le de, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”. Antes de entrar al desarrollo de este motivo, considero indispensable enfatizar en que por ley sustantiva se entiende toda norma legal de carácter nacional, que instituye derechos y obligaciones correlativos, y que el citado Articulo 20 del Código de Trabajo es de este carácter, siendo oportuno señalar que si bien podría decirse por el opositor, que es también una norma de carácter general, y que ese Supremo Tribunal así lo ha declarado en alguna resolución anterior, aun no se ha producido jurisprudencia o doctrina legal sobre este tema, por lo que nada impide que a la luz de la naturaleza jurídica de la norma en mención, ese Supremo Tribunal considere el presente motivo como valido, ya que el señalado Código del Trabajo en su Articulo 765, ordinal primero, párrafo primero, únicamente exige que la disposición violada, para efectos de la casación, sea “ley sustantiva”. Del más ligero examen de los antecedentes resulta absolutamente claro que el señor LUIS MATÍAS MONTES DORTA no acreditó que hubiese tenido algún género de subordinación laboral respecto a CACSA, HABHON y UST INC., o UST INTERNATIONAL INC., pues, habiendo negado éstas que cuando BETASA dio por terminado el contrato de trabajo con dicho actor, eran también sus empleadoras, la actividad probatoria de dicho demandante se limitó a demostrar que: 1) Las demandadas CACSA, HABHON y BETASA, domiciliadas en la ciudad de Danlí, tienen sus oficinas administrativas en las mismas instalaciones físicas y que operan bajo una gerencia común; 2) La actividad de las mencionadas empresas hondureñas está vinculada con la industria del tabaco y la fabricación de cigarros puros; 3) UST INC, constituida y domiciliada en ciudad de Greenwich, Estado de Connecticut, Estados Unidos de América, le pagaba el salario y demás beneficios, depositándole sus importes directamente en una cuenta bancaria abierta al efecto en el mencionado país; y 4) Recibió obsequios de dicha compañía extranjera, en reconocimiento a sus años de servicio en la industria. En tal virtud, asumiendo, sin reconocerlo, que hubiese tenido la “actividad personal” a que se refiere el literal a) del referido Artículo 20, y el “salario como retribución del servicio” que exige el literal c) de éste, nunca probó el demandante que fácticamente estuviera también comprendido en el presupuesto jurídico de su literal b), es decir que permaneciera bajo la “continuada subordinación o dependencia” respecto de CACSA, HABHON ‘UST INC o UST INTERNATIONAL INC. empresas que por carecer de carácter patronal, no tuvieron ninguna participación en el despido. En virtud de lo expuesto, no reuniéndose los tres (3) elementos de que trata el Artículo 20 del Código del Trabajo, por la omisión de la “continuada subordinación o dependencia del trabajador” respecto a CACSA, HABHÓN y UST INC o UST INTERNATIONAL INC, es jurídicamente imposible considerar que hubo contrato de trabajo entre dichas sociedades mercantiles y el señor Luis Matías Montes Dorta, por lo que la norma en mención fue decisoriamente aplicada al pleito, en forma indebida, por no regular el caso, desfigurando el litigio, ya que la relación de derecho debatida no puede enmarcarse en el supuesto de un contrato de trabajo legalmente inexistente. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este cuarto motivo de casación está expresamente comprendido en el artículo 765, número 10 y párrafo primero del Código del Trabajo. QUINTO MOTIVO DE CASACIÓN. Ser la sentencia directamente violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por interpretación errónea del Artículo 20, párrafo primero, literal b) y párrafo final del Código del Trabajo, este último a contrario sensu. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.- Definiendo lo que se debe entender por “interpretación errónea”, dice el tratadista Antonio Bermúdez en su obra La Casación en Materia Civil, que “Consiste en aplicar la ley con un sentido distinto del que verdaderamente tiene. La sentencia citó la ley debidamente, pero no le dio su significación precisa. aumentó o restringió sus actos y consecuencias, o alteró su propia naturaleza.;” en otras palabras, consiste en su “equivocado entendimiento, independientemente de toda cuestión de hecho”. La interpretación errónea se dio en el caso de autos por la alteración de la naturaleza del artículo 20 del Código del Trabajo, al sustentarse la sentencia por el Tribunal recurrido en la existencia de un contrato de trabajo entre mis representadas y BETASA con el señor Luis Matías Montes Dorta, siendo ostensible la ausencia de los requisitos que para configurarlo imperativamente exige dicha disposición, según la cual “Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran esto tres (3) elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, y; c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.” La disposición transcrita exige, pues, que se califique si una relación jurídica contractual es de naturaleza laboral, determinándose por el juzgador si se dan los supuestos normativos que claramente expone, y si alguno o más de ellos no concurren, corno sucede en el caso de autos, el negocio jurídico, es ajeno al derecho del trabajo. En el asunto que queda sometido a vuestra consideración, el trabajador pudo haber probado la percepción de un salario aportado por UST INC., para que lo pagase el patrono; que CACSA y HABHON le confirieran el mandato de que registrara su firma en cuentas bancarias para el retiro de fondos; que HABHON le prestara un vehículo; que UST INC, sociedad extranjera sin actividad laboral en Honduras, le hiciera reconocimientos por sus años de “servicio”, y obsequios, y en general, la ocurrencia de otras actuaciones o concesiones similares, pero bajo ningún concepto demostró en juicio que estuvo bajo la “continuada subordinación o dependencia” de las empresas a cuyo nombre he interpuesto este recurso, por lo que la sentenciadora citó dicha norma pretendiendo su significación precisa, pero alterándola completamente en su sentido o alcances y contrariando consecuentemente lo que expresamente dispone. El legislador exigió la concurrencia de los tres elementos mencionados, para la caracterización de un contrato de trabajo, procurando que no se reconozcan corno tales a los que, aún relacionadas con una actividad de empresa, son materia del derecho mercantil o civil; por manera que, la justicia laboral sólo debe conocer y resolver un conflicto, bajo la premisa de que exista un contrato de trabajo, calificado a la luz de los señalados requisitos. Suponer lo contrario, como ha ocurrido en el presente negocio jurídico, acarrea una grave alteración de la naturaleza jurídica de la citada norma substantiva. La Corte Sentenciadora, en su fallo del 18 de junio del 2004, al hacer suyo el proferido por el Tribunal de primera instancia el 22 de marzo del 2004 aunque citó debidamente el artículo 20 del Código del Trabajo, le dio un sentido distinto del que verdaderamente tiene, ya que estimó que la existencia de tino de los elementos reconocidos por esa norma, como lo es el “salario como retribución del servicio “. acredita que entre el demandante y mis representadas hubo contrato de trabajo, aunque la subordinación no aparezca por ningún lado, caracterizándose con ello tina inequívoca violación directa de la norma en mención, por errónea interpretación. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este quinto motivo de casación está expresamente comprendido en el artículo 765, número 1° y párrafo primero del Código del Trabajo. SEXTO MOTIVO DE CASACIÓN. Ser la sentencia recurrida violatoria de los artículos 113 párrafo primero, 116 letra e) y 120 letra c) reformado, del Código del Trabajo, todos ellos leyes sustantivas de orden nacional, en relación con los artículos 7.38 y 739 del mismo ordenamiento, y en concordancia con los artículos 15 del Código Civil y 325 del Código de Procedimientos, estos últimos en forma supletoria, por infracción indirecta resultante de error de derecho en la apreciación de prueba documental admitida a la parte demandante. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN. Según la jurisprudencia, el sentenciador incurre en error de derecho cuando acepta como probado uno o más hechos con medios probatorios carentes de determinadas solemnidades exigidas por la ley para su validez, lo que tiene lugar mediante el quebrantamiento de reglas procesales, que en este caso lo fueron las contenidas artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo, en relación con los artículos 858 del mismo ordenamiento laboral, 15 del Código Civil y 325 del Código de Procedimientos, en forma supletoria. El error de derecho se manifiesta en los autos por la errónea apreciación de los documentos foliados del número 394 al 451, que son los denominados “Earnings Statement” (Estados de Ingresos); del número 452 al 527, referentes a unos catálogos denominados “Total Compesation”, (Compensación Total); y del número 548 al 559, en los que aparecen unas supuestas reproducciones de los llamados “State Filing Copy Wage and Tax Staternent, (Declaraciones del Estado de Salarios e Impuestos), todos visibles en los tornos “dos” y “tres” de la primera pieza de autos, lo que la condujo a: (1) Establecer los factores que integraron el salario del demandante, según su errónea pretensión; (2) Que el actor era también empleado de CACSA y UST INC., y, (3) A aplicar consecuentemente los efectos del Artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, condenando a que mis representadas le paguen las indemnizaciones establecidas en los artículos 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo, sin que sea ello jurídicamente procedente, porque ninguno de los documentos que se han relacionado reúne las formalidades y solemnidades legales que exigen las leyes de Honduras para su validez en juicio, sean públicos o privados, ya que se emitieron fuera del país, en idioma extranjero, sin que en su mayoría fueran traducidos al idioma español, ni se legalizaran debidamente, requisitos o formalidades ad-sustantiam actus indispensables para que los Tribunales de la República puedan concederles fuerza probatoria. En el caso de autos la Corte Sentenciadora, violando lo que dispone el Articulo 739 del Código del Trabajo, determinó la integración del salario y su monto, así corno la liquidación indemnizatoria, con conceptos derivados de dichos documentos, que, según resulta de su simple examen, no fueron sometidos a procedimiento validatorio donde se emitieron, ni se autenticaron ante Consulado de Honduras, y corno consecuencia tampoco fueron legalizados ante nuestras respectivas autoridades internas. El Articulo 325 del Código de Procedimientos (Civiles), aplicable en forma supletoria por ordenarlo así el artículo 858 del Código del Trabajo, dispone que “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Honduras deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están, cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la practica de cada país, deban acreditarlas La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en Honduras por alguno de los medios siguientes: 1.- El atestado de un Agente Diplomático o Consular hondureño, acreditado en el país de donde el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores. 2 El atestado de un Agente Diplomático o Consular de una Nación amiga acreditado en el mismo país, a falta de funcionario hondureño, certificándose en este caso la firma por conducto del Ministro de Relaciones Exteriores del País a que pertenezca el Agente o del Ministro Diplomático de dicho país en Honduras, y además por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República en ambos casos; y 3º El atestado del Agente Diplomático acreditado en Honduras por el Gobierno del país en donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República.”. La disposición anteriormente transcrita es aplicable supletoriamente a los documentos privados emitidos en el extranjero, por una simple razón de lógica jurídica: No hay en el señalado Código de Procedimientos ni en otra ley de la República ninguna regulación que determine los requisitos que esta clase de documentos deben reunir para que se les conceda validez probatoria en Honduras, y es obvio que presentados en juicio sin la traducción y legalizaciones externas e internas que se exigen para los públicos, son también absolutamente ineficaces. El Articulo 15 del Código Civil dispone que “La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que han sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Procedimientos. La forma se refiere a las solemnidades externas, y la autenticidad al hecho de haber sido otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en los tales instrumentos se expresa”. La Corte Sentenciadora al confirmar el fallo sin tomar en consideración el precepto de que “ Sin embargo cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio”, contenido en el Articulo 739 Código del Trabajo, y darle validez en juicio a los señalados documentos, sustentando en ellos la prueba de hechos sin los cuales no hubiera podido fundar la condena, ha incurrido en violación indirecta de los citados artículos 113 párrafo primero, 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo, en consideración a que: I.- Los documentos de que se han de valer las partes en juicio, deberán estar suscritos en castellano (español), por ser el idioma legal de Honduras, según resulta del Articulo 45 del Código Civil, de aplicación supletoria en materia laboral. II.- Cuando un documento está redactado en idioma que no sea el castellano, la ley exige la formalidad de que el Juez ordene que sea traducido por un perito que él mismo nombrará en juicio, o que se presente ya traducido, caso para el cual se seguirá el procedimiento del párrafo segundo del Articulo 326 del Código de Procedimientos, igualmente aplicable en forma supletoria en materia laboral; III.- Los documentos expedidos en el extranjero deben ser legalizados para surtir sus efectos legales en el país, de acuerdo al ra señalado Articulo 325 del Código de Procedimientos. En el caso de autos, las formalidades y solemnidades exigidas por las leyes antes señaladas no fueron cumplidas, ya que únicamente se tradujeron algunos de los documentos, sin haberse legalizado, omisión procedimental que jurídicamente sostiene la acusación de que la sentencia está viciada por el error de derecho que se ha venido señalando, ya que según la doctrina éste se materializa en dos casos: A. Cuando el Tribunal acepta como probado tan hecho, utilizándose un medio desprovisto de las solemnidades determinadas por la ley, para su validez; y B) Cuando el Tribunal no da por demostrado tan hecho, dejando de apreciarlo, cuando se ha probado con las debidas solemnidades. Es obvio que nuestro caso está comprendido en el literal “A” que antecede, razón por la cual los documentos censurados no pueden ser tornados con ninguna fuerza probatoria por el Tribunal sentenciador, quien ha juzgado inobservando las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y con ausencia de prueba legalmente valida en el juicio que demuestre los extremos del debate que la parte actora pretendió acreditar con ellos, entre los que está el salario que dice devengaba, los elementos que legalmente lo integraban a tenor del Artículo 361 del Código del Trabajo, y que el demandante fuera también trabajador de CACSA y HABHON, por lo que la Corte recurrida ha hecho surtir efectos a dicho error, produciendo una injusta y sobre valorada condena. Es importante señalaros que en el juicio laboral ordinario promovido por la señora OLGA MARINA CABALLERO BUSTAMENTE contra la Sociedad denominada J. E. MORGAN de HONDURAS S.A., ante el Juzgado Segundo de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, representada por el Licenciado David Gabriel Alvarado Leitzelar, y cuya sentencia condenatoria de segunda instancia fue objeto de casación por motivo prácticamente idéntico al presente, (Expediente 555-2002), casasteis el fallo recurrido, como resulta de la certificación del fallo os acompaño solo en vía de ilustración y ejemplo, por lo que os invoco el mismo criterio estimado que conforme al Artículo 764 del Código del Trabajo, “Con el fin de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, habrá lugar al recurso de casación”. En razón de todo lo anteriormente expuesto procede también se case la sentencia en el presente motivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. NULIDAD SUBSIDIARIA. Existe en el juicio de que se hizo mérito por lo menos una razón justificativa para que se decrete la nulidad absoluta de actuaciones, siendo esta que el Juzgado de Letras Primero Seccional de Danlí, El Paraíso, en el auto del 6 de octubre del 2000, admitió indebidamente la demanda en moneda extranjera, como lo explico a continuación: El demandante LUIS MATÍAS MONTES DORTA interpuso su demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, señalando corno cuantía la cantidad de US $ 293,313.88, para que fuese pagada en esta moneda, sin pedir su conversión a Lempiras. El artículo 709 del Código de Comercio prescribe que las deudas en moneda extranjera se pagarán por su equivalente en moneda nacional, salvo que se hubiere insertado la cláusula de “pago en efectivo” u otra equivalente, en tanto que el artículo 3 de la Ley Monetaria, señala que las obligaciones de pagar en dinero, de cualquier clase o naturaleza que fueren, que deban ser ejecutadas en Honduras., se liquidarán y cumplirán en Lempiras”. Consta de autos que el actor liquidó el quantum de su demanda en dólares, violando las dos señaladas disposiciones y que aunque hubiese podido pretender pago en moneda extranjera, de conformidad con el Artículo 4 reformado de la Ley Monetaria, suponiendo que estuviese en uno de los casos de excepción que dicha norma determina, --que no lo está,-- al no haber señalado la equivalencia en Lempiras, ésta conversión no podría concederse o decretarse oficiosamente en la sentencia que se censura, porque sería incongruente con las pretensiones oportunamente deducidas en el juicio por dicha parte, siendo claro que el principio de “extra y ultra petíta” establecido en el artículo 728 del Código del Trabajo, es absolutamente inaplicable en este caso concreto, por regular otras situaciones. La Corte sentenciadora omitió considerar que la LEY MONETARIA es de orden público y de consecuente observancia obligatoria, a tenor del artículo 11 del Código Civil, prescriptivo de que “Las leyes que interesan al orden publico y a las buenas costumbres, no podrán eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares”, por lo que, aunque UST INC. haya aportado los recursos para que BETASA pagara el salario y beneficios del demandante depositándolos en un banco de los Estados Unidos, dicha circunstancia no concedió al trabajador la facultad de demandar en Honduras, exigiendo derechos en la misma especie monetaria extranjera, aunque así se hubiese pactado, --lo que no fue así,-- pues tal convención hubiese sido nula de pleno derecho; en tal virtud el único remedio que las leyes conceden para vicios como el denunciado, es el de la NULIDAD ABSOLUTA del acto, a tenor del artículo 1586 del Código Civil, de aplicación universal, prescriptivo de que “Hay nulidad absoluta en los actos y contratos: 1°.- Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia; 2°.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene”. Si bien es criterio de esa Honorable Corte que la casación no comprende los errores in procedendo, también lo es, que independientemente del recurso extraordinario de que se hace mérito, al detectarse manifiestas violaciones del procedimiento como las que se han denunciado, le corresponderá pronunciarse de oficio sobre el señalado vicio invalidatorio, y en su caso aplicar el correctivo, haciendo cesar sus efectos mediante el correspondiente decreto de nulidad de lo actuado, corno lo ha hecho en reiteradas ocasiones”. RESULTA: Que en providencia de fecha veintidós de septiembre de dos mil cuatro, este Tribunal de Justicia tuvo por formalizado el recurso de Casación por parte del Abogado MARCO ANTONIO CALIX, en su condición ya indicada, Y dispuso dar traslado al opositor por el término de diez días para que contestará el recurso. RESULTA: Que en fecha catorce de octubre de dos mil cuatro, el Licenciado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR, mayor de edad, casado, hondureño, y de este domicilio, en su condición de apoderado legal del señor LUIS MATIAS MONTES DORTA, de generales antes expresadas contestando las demandas de Casación de la manera siguiente: “A LA EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO DE CASACION. Se rechaza totalmente el Primer Motivo de Casación, en Virtud que el recurrente, ha señalado que existe violación de la ley sustantiva de Orden Nacional por Infracción Directa del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. En cuanto a este acápite, el recurrente ha identificado el Precepto Autorizante, en el cual fundamente o basa su motivo de casación. AL CONCEPTO DE LA VIOLACION. Se rechaza totalmente el concepto de la Violación, ya que el recurrente, señala que la Sentencia recurrida, es violatoria de la Ley sustantiva de Orden Nacional en infracción directa del artículo 113 del Código del Trabajo. De lo anterior nos pronunciamos de la manera siguiente: 1) El censor en la explicación de la violación, que en el presente caso, no estaba en litis, sí el trabajador demandante, fue despedido con justa causa o sin ella, ya que la parte demandada, había aceptado tal hecho, y que una vez que habían reconocido el derecho del demandarte, se procedió a ofrecerle el pago de sus derechos laborales, en la vía administrativa del Trabajo y posteriormente en la vía judicial (en la cantidad que la parte patrono ha considerado), ya que el Juzgador únicamente tenia que cuantificar la liquidación reclamada bajo una simple operación matemática, y que por lo tanto no era propio que aplicara los efectos legales del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, en la sentencia impugnada. Siendo que el recurrente ha planteado el presente motivo de casación bajo la modalidad de Infracción directa del artículo 113 interpretado, del Código del Trabajo, párrafo primero en su parte final. Al respecto la técnica del recurso de casación laboral, establece que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se DEJA de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente, sin necesidad de demostrar dicha infracción a través de pruebas. En este caso, el impugnante claramente se refiere a que el hecho que no se discute, es que su representada, reconoció haber despedido ilegal o injustamente al demandante, o sea el hecho que no se discute y por lo tanto estaba obligada a pagar las prestaciones e indemnizaciones que el actos solicitara en su demanda. Y que la Corte de segunda instancia en la sentencia impugnada violenta directamente el artículo113 interpretado párrafo primero parte final, por aplicarlo a un hecho aceptado por la demandada y antes relacionado.- planteado así la explicación de la violación directa, esta no se ajusta a lo que establece al concepto de la infracción directa, ya que este concepto no acepta que se trate de demostrar la infracción directa a tras de las pruebas, y en la explicación de la 4dadón el censor señala, que es evidente en juicio que el demandante tubo a su entera disposición el pago del valor por el concepto redamado, como lo son sus prestaciones laborales, y que rechazo recibir las mismas aduciendo diferencial en el valor liquidado, y a lo que aspiraba incorporando determinados conceptos que por ley no son integrantes del salario para fijar la cuantía. Es obvio que presentado así el presente motivo de casación, el mismo es impropio, ya que obliga al Corte, a revisar la prueba allegada al juicio como ser: La documentación en la que conste que es evidente los conceptos propuso por parte recurrente al trabajador demandarte; la documentación mediante las cuales el trabajador aspiraba incorporar determinados conceptos para integrar el salario del mismo, a efecto de fijar la cuantía; las actuaciones administrativas que están comprendidas en la prueba documental aportada al juicio por ambas partes, cálculos de prestaciones, lo cual es impropio en la modalidad en que ha planteado este motivo de casación, entonces de un error de juicio del recurrente, ya que el motivo de Casación por Violación Directa se resuelve de la simple confrontación que se hace entre la sentencia y la Ley, con prescindencia de toda consideración sobre la prueba, en contrario censun, si se pide que el Alto Tribunal, analice la prueba allegada al juicio, la acusación de la sentencia ha debido dirigirse por la vía indirecta y no por la vía directa, como equivocadamente la postuló el casacioncita en este motivo, y que da lugar ha desestimar el Recurso de Casación por el presente motivo. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Se rechaza totalmente el segundo motivo de casación, en el cual el recurrente plantea, ser la sentencia recurrida violatoria de la ley Sustantiva de Orden nacional en sus Artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 letra c) reformado todos del Código del trabajo, por Infracción indirecta resultante de apreciación errónea de la prueba documental por error de Derecho. PRECEPTO AUTORIZANTE: En cuanto a este acápite, el recurrente a indicado el precepto autorizante sobre el cual basa su motivo de casación. AL CONCEPTO DE LA VIOLACION. El recurrente expone que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, es violatoria del Artículo 113 interpretado, 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del trabajo, por infracción indirecta resultante de error de Derecho en la apreciación errónea de la prueba documental Sobre el concepto de la violación, nos pronunciamos de la manera siguiente: el petrante expone que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, en la sentencia recurrida ha incurrido en violación indirecta de la Ley sustantiva resultante de error derecho en la apreciación errónea de prueba documental con los cuales la Corte usada ha tomado en cuenta para: 1) Para fijar el salarlo; 2) Determinar la cuantía de prestaciones laborales; y 3) asimismo el valor de la indemnización de daños y perjuicios por los salarios dejados de percibir a favor del demandante. Indica el censor que los documentos relacionados, no reúnen las formalidades y solemnidades legales requeridas por la Ley para que puedan ser apreciados en juicio, y darles plena validez para dar por probado un extremo alegado en judo. Sobre lo planteado por el recurrente, en la explicación de la violación del motivo nos pronunciamos de la manera siguiente: 1) En el presente motivo de casación, el recurrente expone en su cargo ser la sentencia recurrida violatoria de los artículos 113 párrafo primero, 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo, todos ellos leyes sustantivas de orden nacional, en relación a los artículos 738 y 739 del mismo ordenamiento y en concordancia con los artículos 15 del Código Civil y 325 del Código de Procedimientos civiles, estos últimos en forma supletoria, por infracción Indirecta resultante de error de derecho en la apreciación errónea de la prueba documental admitida a la parte demandante. Resultante de error derecho en la apreciación errónea de prueba documental , cuando acepta como probados uno o más hechos con medios probatorios carentes de determinada exigidas por la les para su validez, con lo que condujo a la Corte de Apelaciones del Trabajo en la sentencia recurrida a incurrir en un error de derecho que produjo a: 1) Para fijar el salario; 2) Determinar la cuantía de prestaciones laborales; y 3) Asimismo el valor de la indemnización de daños y perjuicios por los salarios dejados de percibir a favor del demandante.-. Una impugnación así concebida es claramente inaceptable, ya que el recurrente omite impugnar en el cargo las normas legales que tratan de la remuneración y que versan sobre los elementos constitutivos del salario y la forma de pago como ser los Artículos 360 y 361 del Código del Trabajo, lo que vuelve inadmisible el cargo del presente motivo de casación.- 2) En el planteamiento del concepto de la violación indirecta de la Ley sustantiva, bajo el error de derecho, el recurrente, no ha singularizado las pruebas, sino que de manera general ha señalar una cantidad de la prueba documental que aparece en el juicio, que considera fueron apreciadas erróneamente, en consecuencia, “singularizar” la prueba que el recurrente considera fue erradamente apreciada por el fallador, es tarea que la Corte de oficio no puede hacer sin afectar la técnica del recurso, por lo tanto el cargo es defectuoso e impide la prosperidad del recurso. 3) La exigencia legal que impone los Artículos 325 del Código de procedimientos Civiles en el artículo 15 del Código Civil, para la validez de los “DOCUMENTOS” presentados en juicio como medios probatorios, se refiere exclusivamente a los “INSTRUMENTOS PUBLICOS”, como así lo indica el mismo censor, en el desarrollo del Concepto de la violación y como fácilmente se puede apreciar, los documentos que en forma general ha señalado el recurrente, se trata de DOCUMENTOS PRIVADOS, a los cuales de manera forzada ( en su razonamiento jurídico), el impugnante pretende que la Corte debe exigir los requisitos legales para la validez de los Instrumentos Públicos a Documentos privados, lo cual no es aplicable al caso, ya que por una parte: cuando el artículo 739 del Código del Trabajo, determina que: “... Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad-sustantiam actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio…”. tal exigencia de requisito, debe provenir de la Ley, y no de una aplicación supletoria concebida por simple razonamiento de la Lógica jurídica del recurrente: por otra parte: el Libro II, en el Título VII, Capítulo I, Sección Segunda del Código de Procedimientos Civiles, artículos del 335 al 337, regula los requisitos legales exigidos para la validez de los” DOCUMENTOS PRIVADOS”, que son los medos de prueba que la parte demandante a aportado al juicio, claramente especificando el Artículo 336 del Código de Procedimientos que: “Los documentos privados y la correspondencia serán reconocidos bajo juramento, a la presencia judicial, por la parte a quien perjudiquen, si lo solicitare la contraria.- No será necesario dicho reconocimiento cuando la Parte a quien perjudique el documento lo hubiere aceptado como legitimo al fijar los hechos en el escrito de contestación.- Norma legal esta que no obliga a someter a los documentos PRIVADOS a rigurosos tramites para que los mismos tengan validez dentro de los juicios.- A parte de lo anterior en la contestación de la demanda, las demandadas hacer referencia a esta documentación y la reconocen como parte de la documentación que sus representadas enviaban a la dirección particular del demandante, de lo cual se desprende que no existe la exigencia de la solemnidades para los DOCUMENTOS PRIVADOS tengan fuerza probatoria en juicio; lo que conlleva la desestimación de este cargo de casación; 4) Amén de lo anterior no existe la .Violación indicada, y es de importancia establecer que en materia laboral el Juzgador goza de la autonomía en la apreciación de las pruebas y en este caso, la Corte de Apelaciones del Trabajo, para emitir su fallo valoró la prueba en su conjunto y no deforma individualizada, por lo tanto, planteado de manera defectuoso el cargo, impide su prosperidad del recurso de casación por este motivo. TERCER MOTIVO DE CASACION. Se rechaza totalmente el segundo motivo de casación, en el cual el recurrente plantea, ser la sentencia recurrida violatoria de la ley Sustantiva de Orden nacional en sus Artículos 330 numeral 1) en relación con el 325 literal a) reformado ambos del Código del trabajo, por Infracción Indirecta que es proveniente de la falta de apreciación por error de hecho de la prueba documental PRECEPTO AUTORIZANTE: EL cuanto a este acápite, el recurrente a indicado el precepto autorizante sobre el cual basa su motivo de casación. AL CONCEPTO DE LA VIOLACION. El recurrente expone que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, es violatoria de los artículos 330 numeral 1) en relación al Artículo 325 ambos del Código del trabajo, por infracción indirecta resultante de error de hecho en la falta de apreciación de la prueba documental.- Sobre el concepto de la violación, nos pronunciamos de la manera siguiente: 1) En el planteamiento del concepto de la violación indirecta de la Ley sustantiva, bajo el error de derecho, el recurrente, no ha singularizado las pruebas, sino que de manera general ha señalar una cantidad de la prueba documental que aparece en el juicio, que considera fueron apreciadas erróneamente, en consecuencia, “singularizar » la prueba que el recurrente considera fue erradamente apreciada por el fallador, es tarea que la Corte de oficio no puede hacer sin afectar la técnica del recurso, por lo tanto el cargo es defectuoso e impide la prosperidad del recurso. 2) La técnica del Recurso de Casación, exige que el recurrente no solo indique la apreciación errónea de la prueba, sino que demuestre eficazmente que el sentenciador incurrió en el error de hecho que alega; este grado de error en la apreciación de la prueba, debe saltar a la vista del simple cotejo entre lo que afirma la sentencia impugnada y lo que expresan los medios de probatorios, sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones, o sea que este error de hecho, debe ser tan de manifiesto, de bulto y notario, que sin mayor esfuerzo ni razonamiento se imponga en la mente, no obstante, el recurrente al desarrollar el cargo, no solamente ha dejado incompleto el mismo, al indicar que existe un error en la apreciación de la prueba documental, sin demostrar eficazmente que el sentenciador haya incurrió en error de hecho; a parte de lo anterior, el censor hace un análisis que no termina de concluir, para establecer, que bajo el supuesto el Señor LUIS MATIAS MONTES DORTA era empleado de confianza, la Corte no debió condenar al pago de 758 horas extraordinarias y séptimos días.- 3) Amén de lo anterior, el recurrente en la explicación de la violación considera que se configura la infracción indirecta por error de hecho en la apreciación de la prueba, ya que la Corte de Apelaciones dejo de apreciar la prueba Documental que acreditaba que el demandante era Empleado de Confianza, y por tal razón éste se encontraba regulado en articulo 325 literal a) del Código del Trabajo, en cuanto a la Jornada de Trabajo.- ,al particular se expone lo siguiente: El Código del Trabajo, en su Titulo IV, Capitulo I, establece las normativas que regulan la Jornada de Trabajo, Descansos y Salarios; estableciéndose que la Jornada de Trabajo, podrá ser Diurna, nocturna y mixta.- Entendiéndose por Jornada de Trabajo, el tiempo en el cual el patrono podrá imponer un horario para que el trabajador cumpla con su trabajo.- Un trabajador podrá estar excluido de la regulación sobre la Jornada Máxima legal, de conformidad al Articulo 325 del Código del Trabajo, por la naturaleza del trabajo que se desempeña, o sea la labor que ejecuta, ya que esta podrá ser desempeña por el trabajador en un tiempo menor o mayor de los Límites que regulan la jornada de trabajo, pero dicha disposición no prohíbe o limita que dichos trabajadores no tengan derecho al pago de Horas Extras, ya que dicha disposición también incluye de la jornada máxima legal, a las labores que desempeñan los peluqueros, empleados de hotel, vigilantes, mayordomos, chóferes, y otras actividades que por su propia naturaleza no están sometidas a una jornada de trabajo, pero no por estar excluidos a desempeñar su labor en la jornada máxima legal, les es prohibido que tengan el derecho al pago de horas extras, ya que el derecho del trabajador a percibir el salario ordinario u extraordinario esta tutelado Constitucionalmente, por lo tanto no se configura el error de hecho por falta de apreciación de la prueba documental expuesto por el recurrente, lo cual vuelve impropio el desarrollo del cargo, que es inestimable para que prospere dicho recurso. CUARTO MOTIVO DE CASACION. Se rechaza totalmente el segundo motivo de casación, en el cual el recurrente plantea, ser la sentencia recurrida Violatoria de la ley sustantiva de Orden nacional de los artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 reformado letra d) del Código del Trabajo, con relación a los artículos 27 y 28 del Código del trabajo, por infracción indirecta que es proveniente de la falta de apreciación por error de hecho de la prueba documental. El cargo que plantea el recurrente en el presente Motivo de casación es defectuoso y debe ser desestimado, a razón de que el censor señala como normativa sustantiva violadas el Artículo 113 del Código del Trabajo, que contiene varios párrafos e incisos y el censor no singulariza a cual de ellos se refiere, siendo un requisito que exige la técnica del recurso para que el mismo pase al estudio de la Corte, al omitirse dicha exigencia el cargo se vuelve impropio y da lugar a desestimar el presente motivo de casación. PRECEPTO AUTORIZANTE: En cuanto a este acápite, el recurrente a indicado el precepto autorizante sobre el cual basa su motivo de casación. AL CONCEPTO DE LA VIOLACION. El recurrente expone que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, es violatoria del Artículo113 interpretado, 116 letra e) y 120 reformado letra d) del Código del Trabajo, con relación a los artículos 27 y 28 del Código del trabajo, por infracción indirecta resultarte de error de hecho en la falta de apreciación de la prueba documental.- Sobre el concepto de la violación nos pronunciamos de la manera siguiente: 1) En el planteamiento del concepto de la violación indirecta de la Ley sustantiva, bajo el error de derecho, el recurrente, no ha singularizado las pruebas, sino que de manera general ha señalar una cantidad de la prueba documental que aparece en el juicio, que considera fueron apreciadas erróneamente, en consecuencia, “singularizar” la prueba que el recurrente considera fue erradamente apreciada por el fallador, es tarea que la Corte de oficio no puede hacer sin afectar la técnica del recurso, por lo tanto el cargo es defectuoso e impide la prosperidad del recurso.- 2) La técnica del Recurso de Casación, exige que el recurrente no solo indique la apreciación errónea de la prueba, sino que demuestre eficazmente que el sentenciador incurrió en el error de hecho que alega; este grado de error en la apreciación de la prueba, debe saltar a la vista del simple cotejo entre lo que afirma la sentencia impugnada y lo que expresan los medios de probatorios, sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones, o sea que este error de hecho, debe ser o deducciones, o sea que este error de hecho, debe ser tan de manifiesto, de bulto y notorio, que sin mayor esfuerzo ni razonamiento se imponga en la mente, no obstante, el recurrente al desarrollar el cargo, no solamente ha dejado incompleto el mismo, al indicar que existe un error en la apreciación de la prueba documental, sin demostrar eficazmente que el sentenciador haya incurrió en error de hecho; a parte de lo anterior, el censor hace un análisis que no termina de concluir, para establecer, que bajo tales supuestos el sentenciador incorrectamente condeno solidariamente a las demandadas, lo cual vuelve inestimable este cargo para la prosperidad del recurso, en consecuencia el mismo debe ser desestimado.- 3) El impugnante considero en la explicación de la Violación la supuesta existencia de que la Corte de Apelaciones, incurrió en un error de hecho por la falta de apreciación de la prueba documental, que llevo a la Corte de Apelaciones a condenar solidaria de los demandados El censor explica que de haberse apreciado la prueba documental, se habría llegado a la conclusión de que es improcederte la condena solidaria, ya que la única sociedad que despidió al demandante fue BETASA, y no las otras demandas. Es oportuno Señalar que el Abogado MARCO ANTOMO CALIX MOLINA, en fecha 5 de septiembre del 2001, (folios 172 al 176 Tomo I de la piezas de primera instancia) interpuso la Excepciones Dilatorias de Falta de Personalidad de las tres demandadas, CENTROAMERICA CIGARS S.A, EMPRESA AGRÍCOLA TABACALERA HABANOS HONDUREÑOS S.A Y UST INC O UST INTERNACIONAL INC, por considerar que las demandas, no fueron empleadoras, patronos ni haber despedido al demandante, dicha situación fue resuelta oportunamente mediante sentencia incidental emitida por el Juzgado de primera instancia en fecha 14 de junio del 2002, (folios 710 al 712) , la cual por no haber sido recurrida adquirió el carácter de firme por no haber sido impugnada y su resolución fue aceptada por las partes, por lo que, no puede alegarse nuevamente esta situación como un error de hecho en motivo de casación.- Por ultimo no es posible acusar la sentencia en casación por error de la apreciación de determinada prueba por error de hecho, en razón de que el Tribunal de Alzada analizó y valoró la prueba en su conjunto y no de forma separada. QUINTO MOTIVO DE CASACION. Se rechaza totalmente el segundo motivo de casación, en el cual el recurrente plantea, ser la sentencia recurrida violatoria de la ley Sustantiva de Orden nacional en sus Artículos 330 numeral 1) en relación con el 325 literal a) reformado ambos del Código del trabajo, por Infracción Directa. PRESEPTO AUTORIZANTE: El cuanto a este acápite, el recurrente a indicado el precepto autorizante sobre el cual basa su motivo de casación. AL CONCEPTO DE LA VIOLACION. El recurrente expone que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, es violatoria de los artículos 330 numeral 1) en relación al Artículo 325 ambos del Código del trabajo, por infracción directa Sobre el concepto de la Violación, nos pronunciamos de la manera siguiente: 1) Al respecto la técnica del recurso de casación laboral, establece que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado, se DEJA de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente, sin necesidad de demostrar dicha infracción a tras de pruebas. El recurrente explica que la violación directa de la Ley sustantiva nacional tiro lugar por parte de la sentencia recurrida, ya que el demandante era un empleado de confianza y por lo tanto le era aplicable lo establecido en las normativas Violentadas el Artículo 330 numeral 1) en relación con el 325 del Código del Trabajo, procediendo así la Corte de Apelaciones a condenar al pago de Horas Extras. Planteado así la explicación de la violación directa, esta no se ajusta a lo que establece al concepto de la infracción directa, ya que este concepto no acepta que se trate de demostrar la infracción directa a tras de las pruebas, y en la explicación de la violación el censor señala, que es evidente al margen de todos medio probatorio que la condición laboral del demandante es la de un empleado de confianza. Es obvio que presentado así el presente motivo de casación, el mismo es impropio, ya que obliga al Corte, a revisar la prueba allegada al juicio para determinar la condición de empleado del demandante como ser: La documentación, Inspección, Testifical, Confesión que puedan determinar el grado o categoría de confianza del trabajador demandante; lo cual es impropio en la modalidad en que ha planteado este motivo de casación, lo que conlleva a un error de juicio del recurrente, ya que el motivo de Casación por Violación Directa se resuelve de la simple confrontación que se hace entre la sentencia y la Ley, con prescindencia de toda consideración sobre la prueba, en contrario censun, si se pide que el bito Tribunal, analice la prueba allegada al juicio, la acusación de la sentencia ha debido dirigirse por la Vía indirecta y no por la vía directa, como equivocadamente la postulo el casacionista en este motivo y que da lugar ha desestimar el Recurso de Casación por el presente motivo. 2) Amén de lo anterior, el recurrente explicación que se configura la infracción directa, ya que la Corte de Apelaciones, dejo de aplicar las normativas violadas, ya que se encuentra suficientemente probado en juicio que el demandante era Empleado de Confianza, y por tal razón éste se encontraba regulado en artículo 325 literal a) del Código del Trabajo, en cuanto a la Jornada de Trabajo.- N particular se expone lo siguiente: El Código del Trabajo, en su titulo IV, Capítulo I, establece las normativas que regulan la Jornada de Trabajo, Descansos y Salarios; estableciéndose que la Jornada de Trabajo, podrá ser Diurna, Nocturna y Mixta.- Entendiéndose por Jornada de Trabajo, el tiempo en el cual el patrono podrá imponer un horario para que el trabajador cumpla con su trabajo.- Un trabajador podrá estar excluido de la regulación sobre la Jornada Máxima legal, de conformidad al Artículo 325 del Código del Trabajo, por la naturaleza del trabajo que se desempeña, o sea la labor que ejecuta, ya que esta podrá ser desempeña por el trabajador en un tiempo menor o mayor de los limites que regulan la jornada de trabajo, pero dicha disposición no prohíbe o limita que dichos trabajadores no tengan derecho al pago de Horas Extras, ya que dicha disposición también excluye de la jornada máxima legal, a las labores que desempeñan los peluqueros, empleados de hotel, vigilantes, mayordomos, chóferes, y otras actividades que por su propia naturaleza no están sometidas a una jornada de trabajo, pero no por estar excluidos a desempeñar su labor en la jornada maxima legal, les es prohibido que tengan el derecho al pago de horas extras, ya que el derecho del trabajador a percibir el salario ordinario u extraordinario esta tutelado Constitucionalmente, por lo tanto no se configura la infracción directa expuesta por el censor, lo cual vuelve impropio el desarrollo del cargo, que es inestimable para que prospere dicho recurso. SEXTO MOTIVO DE CASACION. Se rechaza totalmente el Primer motivo de Casación, en el cual el recurrente, señalado que existe directa del articulo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, por interpretación errónea de dicha norma; no obstante el censor omitiendo acusar la sentencia recurrida que considera violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional. PRECEPTO AUTORIZANTE. En cuanto a este acápite, el recurrente ha identificado el Precepto Autorizante, en el cual fundamente o basa su motivo de casación. AL CONCEPTO DE LA VIOLACION. Se rechaza totalmente el concepto de la Violación ya que el recurrente, señala ser la Sentencia recurrida, violatoria del Artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, por interpretación errónea de dicha norma.- lo anterior nos pronunciamos de la manera siguiente: 1) Como los ilustres Magistrados conocen, el Sexto motivo de este Recurso, se base en la Interpretación Errónea de la Ley Sustantiva, la cual da ha lugar cuando el Sentenciador Ad quem, al emitir la sentencia de Segunda Instancia, equivocadamente hace una estimación de una disposición legal, considerada en si misma, independientemente de la cuestión de hecho que trata de regular; ello es que, a pesar de ser claro el texto de la ley, el sentenciador expresa un concepto erróneo de él en su resolución, contrariando así el que verdaderamente tiene dicha normativa; 2) Expone el Recurrente, que el Artículo 113 del Código del Trabajo, establece que La terminación del Contrato de Trabajo, surte efecto desde que el patrono se lo comunica al trabajador y este goza del derecho de emplazar al patrono para que le pruebe la justa causa del despido, antes que transcurra el termina de prescripción, con el objeto de que le prueba la justa causa.- Si el patrono no prueba dicha causa deba pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le pueden corresponder, y a titulo de daños y perjuicios los salarios que este habría percibido desde la terminación del Contrato hasta la fecha que con sujeción a las normas procésales quede firme la sentencia. El censor plantea que su representada, ofreció al demandante, ante la autoridad administrativa del trabajo, el pago de sus prestaciones laborales, y que de BUENA FE, su Representada, emitió un cheque a favor del demandante, el cual también fue puesto a disposición del demandante ante el tribunal de primera instancia, y que el demandante se negó a recibir. Y que la interpretación errónea que supuestamente hizo Corte de Apelaciones, de la normativa 113 párrafo primero del Código del Trabajo, fue que no declaro que la buena fe del patrono se demuestra cuando pone a disposición las prestaciones laborales del trabajador. Planteado así la explicación de la ‘Ádación, el recurrente obliga a este alto Tribunal, a examinar la prueba que se encuentra en juicio como ser: la nota de despido, las actuaciones administrativas, las actuaciones judiciales ante el Juzgado de primera Instancia, las sumas ofrecidas, los cálculos de prestaciones laborales, los conceptos que componen el salario del demandante, forma de pago, y los otros elementos probatorios, para determinar el calculo de las prestaciones laborales que le corresponden al demandante, al plantear el recurrente el ataque de la sentencia en la modalidad indicada, por interpretación errónea del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, este planteamiento se trata entonces de un error de juicio del recurrente, ya que el motivo de Casación por interpretación errónea se resuelve de la simple confrontación que se hace entre la sentencia y la Ley, con prescindencia de toda consideración sobre la prueba, en contrario censun, si se pide que el alto Tribunal, analice la prueba allegada al juicio, como así lo exige el impugnante en este motivo por lo tanto la acusación de la sentencia ha debido dirigirse por la vía indirecta y no por la vía de interpretación errónea, como equivocadamente la postuló el casacionista, y que da lugar ha declarar no ha lugar al Recurso de Casación por el presente motivo; 3) En cuanto a la buena fe expuesta por el recurrente, a favor de su Representada, acotaremos lo siguiente: Que buena fue podrá existir a fa’a de BETASA, cuando la Empresa demandada, procedió ante la instancia administrativa del trabajo, a obtener (3) diferentes cálculos de prestaciones laborales de la forma siguiente: A) previo al despido del trabajador, la empresa demanda solicita un primer calculo de prestaciones laborales, a favor del demandante en fecha 13 de julio del 2000 el cual corre a folio (158) del tomo I de la piezas de primera instancia, en el cual se le calcularon prestaciones laborales hasta por la suma de ( US$ 66,359.05). B) Seguidamente la misma Empresa procede a solicitar otro calculo de prestaciones laborales, en fecha 26 de julio del 2000, que corre a folio (160) del tomo I de las piezas de primera instancia, en el cual se calcularon prestaciones laborales a favor del demandante, hasta por la cantidad de ( US$ 111,432.57); C) No conforme la empresa demanda con los cálculos ya obtenidos, vuelve a solicitar otro calculo de prestaciones laborales ante la autoridad administrativas del trabajo de Danlí El Paraíso, en fecha 09 de agosto del 2000, documento que consta a folio (159) del Tomo 1 de las piezas de primera instancia, en esta ocasión se le calcularon prestaciones laborales a favor del demandante hasta por la suma de ( US$ 128,666.81). En cada uno de estos cálculos de prestaciones laborales, solicitados a petición de la Empresa demandada, ésta dio a la autoridad administrativa del trabajo Información diferente en cuanto al salarlo del trabajador demandante. Estos hechos, no pueden ser calificados, como actuaciones de buena fe, de parte de la Sociedad demandada, sino que todo lo contrario, lo que se aprecia es el hecho que la Empresa demandada, estaba buscando obtener de la autoridad un calculo de prestaciones laborales, que estuviera acorde a sus intereses, ya que pugna con la buena fe, obtener (3) cálculos de prestaciones laborales, dando información diferente en cuanto al salario del trabajador, o sea jugo con la información real sobre el salario del trabajador, este hecho no constituye la Buena fe, que alega el recurrente a favor de su representada. Que buena fe, puede alegar la Sociedad demanda, cuando a tratado de pagar las al trabajador demandante, las prestaciones laborales, que ella a su juicio considera le corresponden, prescindiendo de las normas establecidas en el Código del Trabajo y que regulan el pago de dichos conceptos.- Que buena fe, puede alegar la sociedad demandada, cuando hace el ofrecimiento del pago de las prestaciones laborales, a favor del demandante, antojadizamente y a su favor deja de integrar el salario promedio del trabajador, y forzadamente trata que el trabajador acepte sus prestaciones laborales en base a un salario que la sociedad demandada, a su juicio considera era el que devengaba el trabajar, lo cual ha sido contraprobado en juicio. Es falso que la sociedad demandada, haya sostenido el pago de las prestaciones laborales ( Que la parte demandada considero a su juicio) de adeudaba al trabajador, en toda la tramitación del juicio y que estas todavía están a su disposición, ya que la misma parte demandada, afirmo en el hecho 19 de la Contestación de la demanda que corre a folio ( 50 vuelto 51) del tomo 1 de las piezas de primera instancia, que el ofrecimiento de pagar US $ 111,432.57, quedo sin valor y efecto por no haberse conciliado extrajudicialmente, aunque se le sigue reconociendo la antigüedad irreal COMO INCENTIVO PARA QUE DESISTA DE LA DEMANDA Y ACEPTE DICHO PAGO, OS PREGUNTO ILUSTRES MAGISTRADOS, ¿QUE BUENA FE, ES ESTA?.- Lo anterior lógicamente, riñe con la Buena fe alegada por el recurrente. En la misma contestación de la demanda, la Sociedad demandada, se ALLANO a la demanda BAJO UNA CONDICIÓN, la cual consistía que poner a la orden del demandante, un cheque por la suma de (LPS. 1,265.804.99) en concepto de prestaciones laborales, conforme al calculo que la demandada tizo de forma antojadiza, ya que no comprendía el salario promedio que el trabajador demandante devengo en los últimos (6) meses de laborar, y solicito que se le dieran (3) días a efecto de que el demandante, se pronunciara si acertaba o no.- De lo anterior claramente se desprende, que en caso de no darse dicha CONDICION, la parte demandada, solicito que se siquiera con el juicio, ya que dentro de la defensa planteada en su contestación de la demanda, planteo rebatir en juicio, el desconocimiento de la relación laboral, contraprobar el salario, la antigüedad, y las condiciones en que fue contratado el demandante por parte de las demandadas. Por lo expuesto, no es posible que el recurrente alegue que ha existido buena fe por parte de su representada, cuando también a presentado toda clase de prueba, a efecto de contraprobar los hechos de la demanda, y ahora exponer en la explicación de la violación que ha existió interpretación errónea del artículo 113 párrafo primero del Código del trabajo, en la sentencia recurrida, por la supuesta buena fe de su representada, lo que vuelve totalmente inestimable el presente motivo de casación”. “A LA EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO DE CASACION. Se rechaza totalmente el Primer motivo de Casación, en el cual el recurrente, señalado que existe directa violación del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, por interpretación errónea de dicha norma; no obstante el censor omitiendo acusar la sentencia recurrida que considera violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional. PRECEPTO AUTORIZANTE. En cuanto a este acápite, el recurrente ha identificado el Precepto Autorizante, en el cual fundamente o basa su motivo de casación. AL CONCEPTO DE LA VIOLACION. Se rechaza totalmente el concepto de la Violación, ya que el recurrente, señala ser la Sentencia recurrida, directamente violatoria del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, por interpretación errónea de dicha norma.- De lo anterior nos pronunciamos de la manera siguiente: 1) Como los ilustres Magistrados conocen, el Primer motivo de este Recurso, se base en la interpretación Errónea de la Ley Sustantiva, la cual da ha lugar cuando el sentenciador Al quem, al emitir la sentencia de Segunda Instancia, equivocadamente hace una estimación de una disposición legal, considerada en si misma, independientemente de la cuestión de hecho que trata de regular; ello es que, a pesar de ser claro el texto de la ley, el sentenciador expresa un concepto erróneo de él en su resolución, contrariando así el que verdaderamente tiene dicha normativa; 2) Expone el Recurrente, que en vista que el trabajador demandante, no fue despedido por una de las Justas Causas de despido, establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, y sin que el empleador haya sido emplazado en juicio para que la pruebe la justa causa del despido; es valido afirma el recurrente, que existió interpretación errónea del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, al condenar a las demandadas al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, mas los salarios caídos desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria.- Planteado así la explicación de la 4dadón, el recurrente obliga a este alto Tribunal, a examinar la prueba que se encuentra en juicio como ser: la nota de despido, la suma de la demanda, así como el contenido del emplazamiento, contestación de demanda, después estuchar y analizar la Corte, si el despido se origino por una causa justa o injusta establecida en el artículo 112 del Código del Trabajo, para determinar si existía derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; al atacar el impugnante, la sentencia en la modalidad indicada, por interpretación errónea del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, este planteamiento se trata entonces de un error de juicio del recurrente, ya que el motivo de Casación por interpretación errónea se resuelve de la simple confrontación que se hace entre la sentencia y la Ley, con prescindencia de toda consideración sobre la prueba, en contrario sensu, si se pide que el Pito Tribunal, analice la prueba allegada al juicio, la acusación de la sentencia ha debido dirigirse por la vía indirecta y no por la vía de interpretación errónea, como equivocadamente la postuló el casacionista, y que da lugar ha declarar no ha lugar al Recurso de Casación por el presente motivo; 3) en la explicación del cargo el recurrente, también hace relación al artículo 111 del Código del Trabajo que es la normativa que regula las causas de la terminación de los Contratos de Trabajo, supuestamente indebidamente citado por la Corte recurrida, no obstante dicha normativa es obligatoria atarla, ya que regula las formas generales en que terminan los contratos de trabajo; siendo el despido directo y el despido indirecto una especie o forma de terminación del contrato de trabajo contenida en el artículo 111 del Código del Trabajo; 4) El Artículo 112 del Código del Trabajo, establece las causas justas por las cusas el patrono puede despedir a un trabajador; en estos casos como expone el censor, el trabajador deberá emplazar al patrono para que le pruebe la justa causa del despido; en caso que no se pruebe la justa causa del despido, el Tribunal condena al pago de los derechos reclamados para el trabajador.- No obstante lo regulado por la anterior normativa, el DESPIDO no solo puede ser JUSTO E INJUSTO, sino que también puede ser ILEGAL, la ILEGALIDAD del despido, se origina cuando NO SE ENCUETRA REGULADO EN LA LEY, O BIEN PORQUE LA NORMATIVA QUE ESTABLECE COMO HA DE DARSE EL DESPIDO, NO SE CUMPLE COMO ES EL CASO QUE DIO LUGAR EL PRESENTE CASO; ya que La demanda que da origen al presente recurso, nace en base a un DESPIDO DIRECTO ILEGAL, al tenor de lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo, en base a dicha normativa, si el patrono da por terminado el contrato de trabajo, de forma unilateral, sin expresar la causa o motivo que lo mueve a torrar tal terminación, la omisión de este requisito legal que al no cumplir vuelve llegal el despido, y no es un requisito legal que se encuentre dentro del la justas cusas para la terminación de un contrato de trabajo que regida el artículo 112 del Código del Trabajo, para configurarse el despido ilegal.- Por lo tanto el despido alegado por el trabajador se trata de un despido ilegal, en razón de no haberse cumplido con lo estableado en el Artículo 117 del Código del Trabajo; en consecuencia la demanda planteada no fue de emplazamiento, sino que por el contrario para el pago de prestaciones laborales, y salarios caídos por despido directo ilegal e injusto.- habiendo analizado la Corte recurrida la ilegalidad del despido al tenor del artículo 117 del Código del Trabajo, no existe interpretación errónea del párrafo primero del artículo 113 del Código del Trabajo, en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de fecha 18 Junio del 2004, en ‘vista que la demanda ordinaria laboral promovida por el Señor LUS MATIAS MONTES DORTA, se presento por DESPIDO DIRECTO ILEGAL E INJUSTO, al no señalar en la nota de despido las causales del mismo; y la condena de las indemnizaciones, y a título de daños y perjuicios en concepto de salarios caídos, es precisamente la sanción que se impone al patrono cuando existe despido ilegal e ¡rusto; en consecuencia la Corte de Apelaciones del Trabajo, en la sentencia recurrida, interpreto correctamente el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, concediéndole su verdadero sentido y expresando el verdadero concepto que dicha norma encierra. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Se rechaza totalmente el segundo moto de casación, ya que el recurrente en éste segundo motivo manifiesta ser la sentencia violatoria del Artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, por aplicación Indebida de dicho norma; omitiendo el recurrente señalar cual es la disposición normativa que debió aplicarse, sin este requisito se vuelve inestimable el presente motivo de casación. PRESEPTO AUTORIZANTE: En cuanto a este acápite, el recurrente a indicado el precepto autorizante sobre el cual basa su motivo de casación. AL CONCEPTO DE LA VIOLACION. Se rechaza totalmente la explicación del presente motivo de casación, en vista que el recurrente al exponer el concepto de la violación, considera que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, en la sentencia recurrida, aplico indebidamente el Artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, violentando de forma directa, por ser completamente ajeno a la litis, y que para su debida aplicación debió ser el trabajador despedido por una de las justas causas establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, a efecto de que el trabajador, estuviese en la posición legal de emplazar al patrono para que le pruebe la justa causa en que fundo su despido y solo en el caso de que no le demuestre o acredité, puede ser obligado a pagar al trabajador las indemnizaciones que determina el Código del Trabajo, y a título de daños y perjuicios los salario caídos; y que el reconocimiento de las indemnizaciones laborales y pago de los llamados” Salarios Caídos”, solo pueden ser resultado de un despido fundado en el artículo 112 del Código del Trabajo. De lo anterior nos pronunciamos de la manera siguiente: 1) el artículo 111 del Código del Trabajo, regula la Terminación del Contrato de Trabajo, y en sus numeral 10), nos remite a los Artículos 112 y 114 del mismo Código; en el Artículo 112 del Código del Trabajo, se establecen las justas causas que tiene el patrono para despedir al trabajador, sin responsabilidad de su parte; y en el artículo 114 de dicho Código, establece las justas causas que tiene el trabajador para darse por despido indirectamente, sin responsabilidad de su parte, y conservando el derecho al pago de sus prestaciones laborales establecidas en el artículo 113 del Código del Trabajo.- no obstante lo regulado por las anteriores normativas, el DESPIDO no solo puede ser JUSTO E INJUSTO, sino que también puede ser ILEGAL, la ILEGALIDAD del despido, se origina cuando NO SE ENCUENTRA REGUADO EN LA LEY, O BIEN PORQUE LA NORMATIVA QUE ESTABLECE COMO HA DE DARSE EL DESPIDO, NO SE CUMPLE COMO ES EL CASO QUE DIO LUGAR EL PRESENTE CASO; ya que La demanda que da origen al presente recurso, nace en base a un DESPIDO DIRECTO ILEGAL, al tenor de los establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo, en base a dicha normativa, si el patrono da por minado el contrato de trabajo, de forma unilateral, sin expresar la causa o motivo que lo mueve a tomar tal determinación, la omisión de este requisito legal que al no cumplir vuelve Ilegal el despido, y no es un requisito legal que se encuentre dentro del la justas cusas para la terminación de un contrato de trabajo que regula el artículo 112 del Código del Trabajo, para configurarse el despido ilegal.- Por lo tanto el despido alegado por el trabajador se trata de un despido ilegal, en razón de no haberse cumplido con lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo; en consecuencia la demanda planteada no fue de emplazamiento, sino que por el contrario para el pago de prestaciones laborales, y salarios caídos por despido directo ilegal e Injusto.- Habiendo analizado la Corte recurrida la ilegalidad del despido al tenor del artículo 117 del Código del Trabajo, aplico debidamente el párrafo primero del artículo 113 del Código del Trabajo, en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de fecha 18 Julio del 2004, en vista que la demanda ordinaria laboral promovida por el Señor LUS MATIAS MONTES DORTA, se presento por DESPIDO DIRECTO ILEGAL E INJUSTO, al no señalar en la nota de despido las causales del mismo; y la condena de las indemnizaciones, y a título de daños y perjuicios en concepto de salarios caídos, es precisamente la sanción que se impone al patrono cuando existe despido ilegal e injusto; 2) Planteada la acusación de la sentencia en la modalidad de la acusación Indebida de la Ley, la cual consiste en que, al presente caso, sin que medien errores de hecho o de derecho, se le ha aplicado una norma que no lo regula, como lo ha señalado el recurrente, al indicar que la Corte de Apelaciones del Trabajo, aplico indebidamente el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, no obstante la técnica de dicho recurso obliga al recurrente a precisar cuál es la norma indebidamente aplicada y cuál es la normativa que no se aplico habiendo debido serlo, para hacer posible a la Corte el estudio de la acusación, y siendo que el censor no solo omitió indicar la norma aplicable al caso, sino que afirma en el concepto de la violación que la normativa aplicable al caso no existe en nuestra legislación, lo cual vuelve impropio el concepto de la violación, y consecuentemente da ha lugar a declarar inestimable el presente motivo de casación. TERCER MOTIVO DE CASACION. Se rechaza totalmente el tercer motivo de casación, en el cual el recurrente manifiesta que la sentencia del Tribunal, contiene decisiones que hacen más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia; olvidándose el censor que al habiendo las demandas apelado el fallo recurrido, no fue más gravoso para los demandados pues la Corte de Apelaciones del Trabajo, revocó la condena en costas, en razón de lo anterior debe desestimarse este motivo de casación PRECEPTO AUTORIZANTE: En cuanto a este acápite, el recurrente a indicado el precepto autorizante sobre el cual basa su motivo de casación. AL CONCEPTO DE LA VIOLACION. El recurrente expone que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, de fecha 18 de junio del 2004, hizo más gravosa la situación de la parte que apeló la sentencia definitiva de primera instancia, basándose en que la condena de primera y segunda instancia se hizo en dólares o en su equivalente en moneda nacional.- lo anterior nos pronunciamos de la manera siguiente: A) Se encuentra acreditado en juicio, que el Señor LUIS MATIAS MONTES DORTA, recibía una retribución en Dólares, por los servicios prestados a las demandadas, en consecuencia, si el salario del trabajador era en Dólares, su compensación por prestaciones laborales, se cuantifican en Dólares, y su pago se podrá hacer en su equivalente en moneda nacional como lo regulan los artículos 360, 361, 365y 858 del Código del Trabajo, en relación al artículo 709 del Código del Comercio; B) La situación jurídica que el recurrente plantea en su motivo, ya ha sido objeto de decisión judicial, en vista que el propio recurrente interpuso en la audiencia primera de tramite, un Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones, con base a los mismos argumentos planteados en este motivo de casación, ( Folio del 162 al 164 del Tomo I de la primera pieza de autos), el referido Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones, fue decidido mediante Sentencia Interlocutoria de fecha 30 de agosto del 2001, emitida por el Juzgado de Primera Instancia (Folios 169 al 171 del tomo I De la primera pieza de autos), contra esta resolución el apoderado demandado, interpuso el Recurso de Reposición y subsidiariamente Apelación, concediéndola este último el Juzgado de Primera Instancia, al conocer la Corte de Apelaciones del Trabajo, en el gado de 4peladón de dicho Incidente de nulidad Absoluta de Actuaciones, en fecha 20 de septiembre del 2001, dicto la correspondiente sentencia declarando sin lugar el Recurso de Apelación (folios 640 y 641 del Tomo III de la primera pieza de los autos) , contra esta resolución el apoderado de las demandas interpuso el Recurso de amparo ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, Tribunal este que dicto resolución en fecha 8 de abril del 2002 ( Folios 686 al 688 del tomo III de la primera pieza de los autos) , como podrá observar la Honorable Corte, el soporte principal de este motivo de Casación, ya ha sido conocido y resuelto por este alto Tribunal, lo que impide su prosperidad en el presente recurso; y C) Corro fácilmente este alto Tribunal podrá apreciar, la sentencia definitiva emitida por el Juzgado de primera Instancia en fecha 22 de marzo del 2004, (folios 1137 al 1143 del tomo IV de la primera pieza de los altos) en su parte resolutiva contiene cinco (5) numerales que en términos específicos resolvieron lo siguiente: “ FALLA: 1) DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA promovida por el Señor LUIS MATIAS MONTES DORTA.,,; 2) CONDENAR A LOS DEMANDADOS, a pagar la cantidad de DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS DOLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS DE DOLARES ( $ 200,300.46) o su equivalente en lempiras al cambio impetrante en el banca nacional al momento que quede firme esta sentencia ; 3) DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN PARA DEMANDAR EL PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES, propuesta por el demandado; 4) DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE FALTA DE ACCION O DERECHO PARA DEMANDAR, propuesta por los demandados; 5) CON COSTAS en esta Instancia, entendiéndose estas como las cotas personales.-”; Recurrida esta sentencia tanto por la parte demandante, como por la parte demandada, la Corte de Apelaciones del Trabajo, dicto sentencia de fecha 18 de julio del 2004, (folios 61 al 66 de la pieza correspondiente a la segunda instancia de los altos), medarte la cual la Corte de Apelaciones, REFORMA. La sentencia de Primera Instancia, de la manera siguiente: “FALLA: I REFORMA la sentencia definitiva dotada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo por ministerio de la Ley de Danli, departamento de el paraíso, a las dos de la tarde del día lunes veintidós de marzo del año dos mil cuatro en la demanda ordinaria laboral de primera instancia, promovida por LUIS MATIAS MONTES DORTA, contra las sociedades mercantiles UST; UST INC. UST INTERNATIONAL Y UST INTERNATIONAL INC, BENEFICIADORA DE TABACO S.A (BETASA); CENTRO AMERICA CIGARS SA (CACSA); EMPRESA AGRÍCOLA TABACALERA HABANOS HONDUREÑOS S.A (HABHON); visible del folio 1094 al 1110 de la primera pieza del expediente, de esta manera: UNO: CONFIRMAR los numerales 1, 2, 3, 4, de la parte resolutiva del fallo que dice: 1) DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA promovida por el Señor LUIS MATIAS MONTES DORTA, en cuanto al pago de preaviso y Auxilio de Cesantía, vacaciones proporcionales; ...; 2) CONDENAR A LOS DEMANDADOS, a pagar la cantidad de DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS DOLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS DE DOLARES ( $ 200,300.46) o su equivalente en Lempiras al cambio impetrante en el banca nacional al momento que quede firme esta sentencia ; 3) DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN PARA DEMANDAR EL PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES, propuesta por el demandado; 4) DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEFON PERENTORIA DE FALTA DE ACCION O DERECHO PARA DEMANDAR, propuesta por los demandados»; DOS: REVOCA el numero 5 de la parte resolutiva del fallo que dice: “ 5°. CON COSTAS en esta instancia, entendiéndose estas como las costas personales” en consecuencia: Absuelve a las demandadas de las costas Impuestas en primera instancia. - II SIN COSTAS en segunda Instancia.-…”; de lo trascrito anteriormente , claramente se observa, que la Corte de Apelaciones del Trabajo, al REFORMAR la sentencia de Primera Instancia y REVOCAR el numeral “5” de la misma, absolviendo a las demandadas del pago de COSTAS, hace menos gravosa la situación de la parte que la apelo, en consecuencia, en este motivo de casación no se configura El Principio de la “REFORMATIO IN PEJUS” expuesto por el impugnante, lo cual vuele desestimable el motivo a efecto de que prospere el Recurso de Casación. CUARTO MOTIVO DE CASACION. Se rechaza totalmente el cuarto motivo de casación, en el cual el recurrente plantea, que la sentencia del Tribunal ad quem, directamente violatoria de la ley sustantiva del orden nacional, por aplicación indebida del Artículo 20 párrafo primero, literal b) y párrafo final del Código del Trabajo. Este último a contrario sesun; La presentación del anterior cargo en este motivo de casación, es defectuoso conforme a la técnica que rige el Recurso de Casación, en vista que el recurrente, omite indicar que sentencia viola la Ley sustantiva, de igual manera omite acusar la sentencia recurrida; y de la mismo forma ha omitido consignar cual el la normativa de la Ley sustantiva del orden nacional que se considera quebrantada, por la aplicación indebida del Artículo 20, párrafo primero, literal b) y párrafo final del Código del Trabajo este ultimo contrario sensu; y por último fundamenta su cargo en la aplicación indebida del artículo 20 párrafo primero, literal b) y párrafo final del Código del Trabajo, este último a contrario sensu; cuando esta normativa es inviolable para efectos de casación por ser una norma de carácter general y no sustantiva, lo que vuelve inestimable el presente motivo de casación. PRECEPTO AUTORIZANTE: En cuanto a este acápite, el recurrente a indicado el precepto autorizante sobre el cual basa su motivo de casación. AL CONCEPTO DE LA VIOLACION. Se rechaza totalmente la explicación del presente medio de casación, en vista que el recurrente al exponer el concepto de la violación, se ha limitado a explicar que el Artículo 20 del Código del Trabajo, párrafo primero, literal b) y párrafo final, este ultimo a contrario sensu.- DEFINEN LOS TRES (3) ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE TRABAJO. Del anterior planteamiento, nos pronunciamos de la manera siguiente: 1) En primer lugar el censor equívocamente ha calificado al Artículo 20 del Código del Trabajo, como una normativa sustantiva que conceda derecho y obligaciones a la partes; no obstante, dicha normativa es una disposición de Carácter General, que define cuales son los elementos que deben concurrir en una situación determinada (Relación de Trabajo de Hecho), para calificar que en la misma existe o se da un Contrato de Trabajo, por lo tanto, la definición jurídica que conlleva este precepto es inviolable, con lo cual la acusación resulta ineficaz y no debe prosperar el recurso; 2) El recurrente al exponer el cargo de este motivo específicamente a señalado el Artículo 20 párrafo primero, literal b) y párrafo final del Código del Trabajo, este ultimo a contrario sensu.- No obstante en el desarrollo del Concepto de la violación, hace referencia de forma textual de toda la normativa incluyendo el literal a) del Artículo 20 del Código del Trabajo, que no censuro en la proposición del cargo, lo que vuelve inestimable el presente motivo de casación; 3) siendo que la acusación de la sentencia en este motivo es incompleta, ya que en la modalidad de la Aplicación Indebida de la Ley, la cual consiste en que, al presente caso, sin que medien errores de hecho o de derecho, se le ha aplicado una norma que no lo regula, como lo es Artículo 20 párrafo primero, literal b) y párrafo final del Código del Trabajo, la técnica de dicho recurso le exige al recurrente a precisar cuál es la norma indebidamente aplicada y cuál es la normativa que no se aplico habiendo debido serio, para hacer posible a la Corte entre al estudio de la acusación, y siendo que el censor ha omitido indicar la norma aplicable al caso, vuelve impropio el concepto de la violación, y consecuentemente da ha lugar a declarar inestimable el presente motivo de casación. QUINTO MOTIVO DE CASACION. Se rechaza totalmente el quinto motivo de casación, en el cual el recurrente expone, ser la sentencia directamente violatoria de la Ley sustantiva del orden nacional, por Interpretación errónea del Articulo 20 párrafo primero, literal b) y párrafo final del Código del Trabajo este último a contrario sensu; La presentación del anterior cargo en este motivo de casación, es defectuoso e incompleto conforme a la técnica que rige el Recurso de Casación, en vista que el recurrente, omite indicar que sentencia viola la Ley sustantiva, de igual manera omite acusar la sentencia recurrida; y de la mismo forma ha omitido consignar cual el la normativa de la Ley sustantiva del orden nacional que se considera quebrantada, por la aplicación indebida del Artículo 20, párrafo primero, literal b) y párrafo final del Código del Trabajo; y por último fundamente su cargo en la aplicación indebida del artículo 20 del Código del Trabajo, cuando esta normativa es inviolable para efectos de casación por ser una norma de carácter general y no sustantiva, lo que vuelve inestimable el presente motivo de casación. PRECEPTO AUTORIZANTE: En cuanto a este acápite, el recurrente a indicado el precepto autorizante sobre el cual basa su motivo de casación. AL CONCEPTO DE LA VIOLACION. El recurrente expone que la interpretación errónea se dio en el caso de autos por la alteración de la naturaleza del artículo 20 del Código del Trabajo, al sustentarse la sentencia por el Tribunal recurrido en la existencia de un contrato de trabajo entre mis representadas y BETASA con el señor LUIS MATIAS MONTES DORTA siendo ostensible la ausencia de los requisitos que para configurarlo imperativamente exige dicha disposición. Indica el censor que en el caso de auto “…el trabajador pudo haber probado la percepción de un salario aportado por UST INC. o UST INTERNATIONAL INC., para que lo pagase el patrono; Que CACSA S.A y HABHON S.A, le confirieron el mandato de que registrara su firma en cuentas bancarias para el retiro de fondos; que HABHON le prestó su vehículo; que UST INC. o UST INTERNATIONAL INC., le hizo reconocimientos por sus años de “Servicios”, y obsequios, pero bajo ningún concepto demostró en juicio que estuvo bajo la “continua subordinación o dependencia” de las empresas demandada...”. Y que el legislador exigió la concurrencia de los tres elementos mencionados, para la caracterización de un contrato de trabajo, procurando que no se reconozca como tales a los que, aún relacionados con una actividades de en’presa, son materia del derecho mercantil o civil.- De lo expuesto en este Medio de Casación, nos pronunciamos de la manera siguiente: 1) En primer lugar el impugnante de forma equivocada ha calificado al Artículo 20 del Código del Trabajo, como una norma sustantiva que conceda derecho y obligaciones a la partes; no obstante, dicha normativa es una disposición de Carácter General, que define cuales son los elementos que deben concurrir en una situación determinada ( Relación de Trabajo de Hecho), para calificar que en la misma existe o se da un Contrato de Trabajo, por lo tanto, la definición jurídica que conlleva este precepto es inviolable, con lo cual la acusación resulta ineficaz y no debe prosperar el recurso; 2) El recurrente al exponer el cargo de este motivo específicamente a señalado el artículo 20 párrafo primero, literal b) y párrafo final del Código del Trabajo, este ultimo a contrario censu.- No obstante en el desarrollo del Concepto de la violación, hace referencia de forma textual de toda la normativa incluyendo el literal a) del artículo 20 del Código del Trabajo, que no censuro en la proposición del cargo, lo que vuelve inestimable el presente motivo de casación; 3) La doctrina legal sostiene, que la Interpretación Errónea de la Ley Sustantiva, consiste en que el sentenciador de Segunda Instancia, al emitir su fallo, equivocadamente hace una estimación de una disposición legal, considerada en si misma, independientemente de la cuestión de hecho que trata de regular; ello es que, a pesar de ser claro el texto de la ley, el fallador expresa un concepto erróneo de él en su resolución, contrariando así el que verdaderamente tiene, independientemente de toda cuestión de hecho. El Artículo 20 del Código del Trabajo, establece la concurrencia de (3) requisitos, para calificar que una situación dada ( relación de trabajo de hecho) debe ser considerada como Contrato de Trabajo, como ser: a) La actividad personal del trabajador-, es decir, realizada por sí mismos; b) La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerles reglamentos , la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, y, c) un salario como retribución del servicios.- una vez reunidos los (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.- El impugnante afirma en la explicación del concepto de la violación, que en el caso de autos el trabajador pudo haber probado la percepción de un salario aportado por UST INC., para que lo pagase el patrono; Que CACSA S.A y HABHON S.A le confirieron el mandato de que registrara su firma en cuentas bancarias para el retiro de fondos; que; HABHON le prestó su vehículo; que UST INC, le hizo reconocimientos por sus años de “Servicios”, y obsequios, pero bajo ningún concepto demostró en juicio que estuvo bajo la “continua subordinación o dependencia” de las empresas demandada.-Planteado así la explicación de la violación, el recurrente obliga a esta Honorable Corte, a examinar la prueba que se encuentra en juicio como ser: La prueba documental, para determinar el reconocimiento de servidos; la firma del Señor LUIS MATIAS MONTES DORTA, en la cuentas de las demandadas, los documentos en relación al pago del salario, la bonificación, y otras retribuciones; la prueba Testifical para calificar el despido injustificado, y la relación laboral, la Inspección a efecto de calificar la forma de pago del salario, y después estudiar y analizar la Corte la prueba aportada al judo, para determinar si existió o no Contrato de Trabajo, entre el demandante y las demandadas.- Expuesto el Motivo de Casación en dichos términos, resulta ineficaz la acusación del cargo, ya que el motivo de Casación por Violación Directa se resuelve de la simple confrontación que se hace entre la sentencia y la Ley, con presidencia de toda consideración sobre la prueba o hechos, en contrario sensu, si se pide que el Alto Tribunal analice la prueba allegada al judo como lo hace el recurrente en su motivo de casación, la acusación de la sentencia ha debido dirigirse por la vía indirecta y no por la Vía directa, como equivocadamente la postuló el recurrente, y que da lugar ha declarar no ha lugar al Recurso de Casación por el presente motivo. SEXTO MOTIVO DE CASACION. Se rechaza totalmente el sexto motivo de casación, en el cual el recurrente plantea, ser la sentencia recurrida violatoria de los Artículos 113 párrafo primero, 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo, todos ellos leyes sustantivas de orden nacional, en relación a los artículos 738 y 739 del mismo ordenamiento y en concordancia con los artículos 15 del Código civil y 325 del Código de Procedimientos Civiles, estos últimos en forma supletoria, por Infracción Indirecta resultante de error de derecho en la apreciación errónea de la prueba documental admitida a la parte demandante. PRECEPTO AUTORIZANTE: En cuanto a este acápite, el recurrente a indicado el precepto autorizante sobre el cual basa su motivo de casación. AL CONCEPTO DE LA VIOLACION. El petrante expone que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, en la sentencia recurrida ha incurrido en violación indirecta de la Ley sustantiva, resultante de error derecho en la apreciación errónea de prueba documental admitida a la parte demandante, cuando acepta como probados uno o más hechos con medios probatorios carentes de determinada solemnidades exigidas por la les para su validez, con lo que se produjo a: 1) Establecer los factores que integran el salario del demandante; 2) Que el actor era también empleado de CACSA y UST INC; Y 3) A aplicar consecuentemente los efectos del Artículo 113 párrafo primero del código del trabajo, condenando a que sus representadas le paguen las indemnizaciones establecidas en los artículos 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo. Sobre lo planteado por el recurrente, en desarrollo del motivo nos pronunciamos de la manera siguiente: En el presente motivo el recurrente expone en su cargo ser la sentencia recurrida violatoria de los artículos 113 párrafo primero, 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo, todos ellos leyes sustantivas de orden nacional, en relación a los artículos 738 y 739 del mismo ordenamiento y en concordancia con los artículos 15 del Código Civil y 325 del Código de Procedimientos Civiles, estos últimos en forma supletoria, por infracción Indirecta resultante de error de derecho en la apreciación errónea de la prueba documental admitida a la parte demandante. Resultante de error derecho en la apreciación errónea de prueba documental admitida a la parte demandante, cuando acepta como probados uno o más hechos con medos probatorios carentes de determinada solemnidades por la les para su validez, con lo que condujo a la Corte de Apelaciones del Trabajo en la sentencia recurrida a incurrir en un error de derecho que produjo a: 1) Establecer los factores que Integran el salario del demandante; 2) Que el actor era también empleado de CACSA y UST INC; Y 3) A aplicar consecuentemente los efectos del artículo 113 párrafo primero del código del trabajo, condenando a que sus representadas le paguen las indemnizaciones establecidas en los artículos 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo. una impugnación así concebida es claramente inaceptable, ya que el recurrente omite impugnar en el cargo las normas legales que tratan de la remuneración y que versan sobre los elementos constitutivos del salario y la forma de pago como ser los Artículos 360 y 361 del Código del Trabajo, lo que vuelve inadmisible el cargo del presente motivo de casación; 2) En el planteamiento del concepto de la violación indirecta de la Ley sustantiva, bajo el error de derecho, el recurrente, no ha singularizado las pruebas, sino que de manera general ha señalar una cantidad de la prueba documental que aparece en el judo, que considera fueron apreciadas erróneamente, en consecuencia, “singularizar” la prueba que el recurrente considera fue erradamente apreciada por el fallador, es tarea que la Corte de oficio no puede hacer sin afectar la técnica del recurso, por lo tanto el cargo es defectuoso e impide la prosperidad del recurso; 2) La exigencia del requisito legal que impone los artículos 325 del Código de procedimientos civiles y el artículo 15 del Código civil, para la validez de los “DOCUMENTOS” presentados en jodo como medos probatorios, se refiere exclusivamente a los “INSTRUMENTOS PUBLICOS”, como así lo indica el mismo censor, en el desarrollo del concepto de la violación, y como fácilmente se puede apreciar, los documentos que en forme general ha señalado el recurrente, se trata de DOCUMENTOS PRIVADOS, a los cuales de manera forzada ( en su razonamiento jurídico), el impugnante pretende que la Corte debe exigir los requisitos legales para la validez de los instrumentos Públicos a Documentos Privados, lo cual no es aplicable al caso, ya que por una parte: Cuando el artículo 739 del Código del Trabajo, determina que: “... Sin embargo cuando la ley exija determinada solemnidad ad-sustantiam actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio...”. tal exigencia de requisito, debe provenir de la Ley, y no de una aplicación supletoria concebida por simple razonamiento de la lógica jurídica del recurrente; por otra parte: libro II, en el Título VII, Capítulo I, Sección Segunda del Código de Procedimientos Civiles, Artículos del 335 al 337, regia los requisitos legales exigidos para la validez de los ” DOCUMENTOS PRIVADOS”, que son los medios de prueba que la parte demandante a aportado al juicio, claramente especificando el Articulo 336 del Código de Procedimientos que: “Los documentos privados y la correspondencia serán reconocidos bajo juramento, a la presencia judicial, por la parte a quien perjudiquen, si lo solicitare la contraria.- No será necesario dicho reconocimiento cuando la parte a Quien perjudique el documento lo hubiere aceptado como legitimo al fijar los hechos en el escrito de contestación.- - Norma legal esta que no obliga a someter a los documentos PRIVADOS a rigurosos tramites para que los mismos tengan validez dentro de los juicios. - A parte de lo anterior en la contestación de la demanda, las demandadas hacer referencia a esta documentación y la reconocen como parte de la documentación que sus representadas enviaban a la dirección particular del demandante, de lo cual se desprende que no existe la exigencia de la solemnidades para los DOCUMENTOS PRIVADOS tengan fuerza probatoria en juicio; lo que conlleva la desestimación de este cargo de casación; 3) Amén de lo anterior no existe la violación indicada, y es de importancia establecer que en materia laboral el Juzgador goza de la autonomía en la apreciación de las pruebas y en este caso, la Corte de Apelaciones del Trabajo, para emitir su fallo valoró la prueba en su conjunto y no deforma individualizada, por lo tanto, planteado de manera defectuoso el cargo, impide su prosperidad del recurso de casación por este motivo. A LA NULIDAD SUBSIDIARIA. Expone el recurrente que existe una razón justificativa para que se decrete la Nulidad Absoluta de Actuaciones, como ser: Que habiendo el Juzgado de Letras seccional de Danlí, El Paraíso, admitido la demanda promovida por el Señor LUIS MATIAS MONTES DORTA, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, cuantificando la misma en Dólares, para que fuese pagado en moneda extranjera, sin pedir su conversión a lempiras. Sobre la Nulidad Subsidiaria, nos pronunciamos de la manera siguiente: A) Se encuentra acreditado en juicio, que el Señor LUIS MATIAS MONTES DORTA, recibía una retribución en Dó4ares, por los servicios prestados a las demandadas, en consecuencia, si el salario del trabajador era en Dólares, su compensación por prestaciones laborales, se cuantifican en Dólares, y su pago se podía hacer en su equivalente en moneda nacional cano lo regula los artículos 365 y 858 del Código del Trabajo, con relación al Artículo 709 del Código del Comercio. B) B) La situación jurídica que el recurrente plantea en el Incidente de nulidad Absoluta de Actuaciones de manera Subsidiaria, ya ha sido objeto de decisión judicial, en vista que el propio recurrente interpuso en la audiencia Primera de Tramite, un incidente de nulidad Absoluta de Actuaciones, con base a los mismos argumentos planteados en este motivo de casación, (folio del 162 al 164 del Tomo I de la primera pieza de autos), el referido incidente de nulidad Absoluta de Actuaciones, fue decidido mediante Sentencia Interlocutoria de fecha 30 de agosto del 2001, emitida por el Juzgado de Primera Instancia ( Folios 169 al 171 del tomo I de la primera pieza de autos), contra esta resolución el apoderado demandado, interpuso el Recurso de Reposición y subsidiariamente Apelación, concediéndole este último el Juzgado de Primera Instancia, por lo que al conocer la Corte de Apelaciones del Trabajo, en el grado de Apelación dicho incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones, dicto sentencia en fecha 20 de septiembre del 2001, (folios 640 y 641 del Tomo III de la primera pieza de los autos), contra esta resolución el apoderado demanda interpuso el Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia, Tribunal este que dicto resolución en fecha 8 de abril del 2002 ( Folios 686 al 688 del tomo III de la primera pieza de los autos) como podrá observar la Honorable Corte, el soporte principal de este soporte principal, ya ha sido conocido y resuelto por este alto Tribunal, lo que impide su prosperidad en el presente recurso”. RESULTA: Que en proveído de fecha diecinueve de octubre de dos mil cuatro, este Tribunal de Justicia, tuvo por contestados en tiempo los recursos de Casación por parte del Licenciado MARVIN JOSE GONZALEZ, y se ordenó proseguir con el tramite correspondiente. RESULTA: Que habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en el recurso de merito, se nombró Ponente al Magistrado ROBERTO LAGOS BANEGAS, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediere conforme a derecho. CONSIDERANDO: Que la declaración del alcance de la impugnación, como reiteradamente ha establecido esta Corte, es un requisito esencial señalado en el artículo 769 del Código del Trabajo; en virtud que le sirve de indicador al Tribunal Supremo para conocer el alcance de las pretensiones del Recurrente; es por ello que en su formulación se deben llenar las formalidades exigidas por la técnica del recurso extraordinario de casación, puesto que este requisito constituye el petitum de la demanda. CONSIDERANDO: Que el recurrente Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, al formular la DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION, lo hace en forma contradictoria, se aparta de la técnica exigida en este recurso y le falta claridad y precisión, por lo siguiente: a) Pretende que este Tribunal, en la parte resolutiva del fallo sustitutivo propuesto, haga declaraciones incorrectas, tales como las que indica en los numerales: 3, 5, 6, 7, 9 y 11; b) Propone casar parcialmente la sentencia y luego solicita anular la sentencia definitiva de segundo grado, lo cual resulta contradictorio puesto que al haberse casado parcialmente la sentencia recurrida no procede su anulación total como lo pretende el recurrente; c) Confunde la motivación de la sentencia con la parte dispositiva; y en adición hace consideraciones jurídicas como en los alegatos de instancia, impropios en este recurso extraordinario. CONSIDERANDO: Que las deficiencias antes señaladas, impiden a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación invocados por el recurrente MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, ya que no le es lícito a esta Corte corregir o completar oficiosamente las deficiencias del recurso ha que está obligado a realizar el recurrente. CONSIDERANDO: Que el Recurrente, Abogado GERMAN EDGARDO LEITZELAR HERNANDEZ en el primer motivo alega “Ser la sentencia violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Directa del artículo 113, interpretado del Código del Trabajo párrafo primero en su parte final. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo.” Al exponer el cargo el Recurrente pretende que a las demandadas se les exima del pago de la indemnización de los salarios dejados de percibir; alegando que sus representadas le ofrecieron el pago de las prestaciones al demandante en vía administrativa y luego los consignaron en vía judicial por no existir discusión sobre la calificación del despido; pero el trabajador no los aceptó aduciendo diferencias en el valor liquidado. Esta Corte Suprema de Justicia ha declarado en varias ocasiones que es improcedente la condena a los salarios caídos, en aquellos casos en que el empleador ha demostrado su buena fe ofreciendo el pago de las prestaciones al trabajador, no pudiendo por tanto, condenarse a aquel que de buena fe cumplió totalmente con su obligación legal, en el caso Sub-Judice, si bien la parte demandada ofreció el pago de las prestaciones, la cantidad ofrecida no fue aceptada por el demandante por ser menor a la que legalmente le corresponde; en ese sentido y habiéndose aceptado el despido directo de que fue objeto el actor, no procede absolver del pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; en consecuencia se vuelve inadmisible el cargo. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el segundo motivo alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Indirecta proveniente de la apreciación errónea del medio de prueba DOCUMENTAL, por error de derecho que resulta evidente de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero, párrafo segundo del Código de Trabajo vigente. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las Normas Sustantivas de Orden Nacional violadas, están contenidas en los artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 letra d) reformado todos del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES CONSTITUIDAS EN MEDIO PARA LA VIOLACION: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo, en relación con los artículos 858 del Código del Trabajo; 15 del Código Civil y 325 del Código de Procedimientos, ambos en forma supletoria. PRUEBA QUE FUE ERRONEAMENTE APRECIADA: La prueba erróneamente apreciada por el Tribunal fue la Documental que se encuentra agregada a folios 394 hasta el folio 451 del expediente de primera instancia, que consiste en los siguientes medios de prueba que singularizo a continuación: 1) “…..”.- Que el artículo 765 numeral 1º párrafo segundo prescribe que “sólo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir una prueba por otro medio”.- Es visto que el ataque por esta vía resulta ineficaz, ya que del análisis de los medios probatorios, de los cuales el A-quo determinó el salario son documentos privados y su naturaleza de títulos valores no los convierte en públicos; por lo que se desestima este motivo. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el tercer motivo alega: “Acuso a la Sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional en Infracción Indirecta que es proveniente de la falta de apreciación por error de hecho que resulta evidente de autos en el medio de prueba DOCUMENTAL que obra a folios 537, 538, 539, 540, 541, 542 y 814 del expediente de primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. NORMA SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL VIOLADA. La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada está contenida en el artículo 330 numeral 1) en relación con el 325 literal a), ambos del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES CONSTITUIDAS EN MEDIO PARA LA VIOLACIÓN: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo en relación con los artículos 27 y 28 ambos del Código del Trabajo. PRUEBA NO APRECIADA: La prueba no apreciada por el Tribunal fue la Documental que se encuentra agregada a folios 537, 538, 539, 540, 541, 542 y 814 del expediente de primera instancia que consisten en los medios de prueba que a continuación singularizo: “….”.- Que el cargo así formulado, esta expuesto en forma clara y precisa, imponiéndose en consecuencia la admisión de este motivo. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el cuarto motivo alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional en infracción Indirecta que es proveniente de la falta de apreciación por error de hecho que resulta evidente de autos en la prueba documental que obra a folios 220, 221, 706, 948 al 985, 976, 1004, 1005, 1007, 1008, 1009, 1034, 1035, 1036 y 1037 del expediente de primera instancia. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las Normas Sustantivas de Orden Nacional violadas, están contenidas en los artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 reformada letra d) del Código del Trabajo en relación con los artículos 27 y 28 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES CONSTITUIDAS EN MEDIO PARA LA VIOLACION: Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo en relación con los artículos 27 y 28 ambos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. PRUEBA NO APRECIADA: La prueba no apreciada por el Tribunal, fue la Documental que se encuentra agregada a folios 220, 221, 706, 948 al 985, 1004, 1005, 1007, 1008, 1009, 1034, 1035, 1036 y 1037 del expediente de primera instancia. Que consiste en los medios de prueba que a continuación singularizo: 1) “….”.- Este motivo, resulta inadmisible porque el Tribunal sentenciador si apreció las pruebas que el recurrente alega no fueron apreciadas. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el quinto motivo alega: “Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Directa del artículo 330 numeral 1) en relación con el 325 literal a) interpretado por Decreto Legislativo No. 21 de 29 de enero de 1963, ambos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1º párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo.” Que el cargo así formulado está expuesto en forma clara y precisa, imponiéndose en consecuencia la admisión de este motivo. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el sexto motivo alega: “VIOLACION DE LEY SUSTANTIVA POR INTERPRETACION ERRONEA, por parte de la Corte de Apelaciones recurrida del Articulo 113 párrafo primero del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1o párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo.” En el primer motivo el Recurrente alega la infracción directa del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo y en éste sexto motivo alega la interpretación errónea del mismo artículo, lo cual resulta contradictorio, faltándole claridad y precisión, siendo por tanto inadmisible. CONSIDERANDO: Que en el recurso de casación de que se conoce resulta justificado el tercero y quinto motivos invocados, por lo que ha lugar el recurso de casación, casar parcialmente la sentencia impugnada y a continuación en sede de instancia decidir lo que proceda conforme a la ley. CONSIDERANDO: Que para poder determinar la procedencia o no al pago de las horas extras y séptimo día, es indispensable entrar a verificar los conceptos que se tomaron en cuenta para determinar el salario y establecer el monto de las prestaciones sociales que legalmente le corresponden al demandante, analizando los medios probatorios aportados al juicio tendientes a demostrar el salario realmente devengado y pagado al trabajador durante los últimos seis meses de la relación de trabajo. CONSIDERANDO: Que la controversia en el presente caso se centra en la diferencia en el pago de las prestaciones, como consecuencia del despido directo; la parte demandada ofreció al demandante el pago de determinada cantidad, excluyendo ciertos conceptos que a su criterio no le correspondían por ser empleado de confianza; cantidad que este la rechaza; aduciendo que le corresponde un monto superior por que en el calculo no se le incluía el pago de séptimos días, horas extras, décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y décimo cuarto mes en concepto de compensación social de los dos últimos años trabajados. CONSIDERANDO: Que como principio general, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de los preceptos que causaron los derechos impetrados. Así, el demandante debe acreditar idóneamente los hechos en que apoya sus pretensiones y el demandado aquellos en que fundamenta su defensa. CONSIDERANDO: Que las decisiones judiciales no pueden descansar solamente sobre los hechos alegados, sino que deben fundamentarse sobre la demostración por medio de alguno o algunos de los medios de prueba reconocidos por la Ley; ya que los mismos son los instrumentos legales necesarios de que se valen las partes para demostrar al Juez la verdad o existencia real de los hechos generadores del derecho, es preciso entonces que la prueba se produzca para que la autoridad pueda calificarla. CONSIDERANDO: Que se encuentra acreditado en autos con abundante prueba documental la relación de trabajo que existió entre el trabajador Luis Matías Montes Dorta y en forma conjunta con los patronos demandados UST INC., también conocidas como: UST; UST INC.; UST INTERNATIONAL y UST INTERNATIONAL INC.; BENEFICIADORA DE TABACOS S.A. (BETASA); CENTROAMERICANA CIGARS. S.A. (CACSA) y EMPRESA AGRICOLA TABACALERA HABANOS HONDUREÑOS S.A. (HABHON). y que dicha relación laboral se inició en el mes de agosto de 1978, habiendo finalizado la misma, con fecha 28 de julio del 2000, por disposición de sus empleadores. CONSIDERANDO: Que la parte demandada reconoce haber despedido al demandante por lo que le ofreció el pago de las prestaciones laborales en la vía administrativa; pero de autos consta que la cantidad ofrecida no comprendía el pago total que realmente le corresponde al demandante, asimismo, este acreditó que recibía su salario mediante pagos mensuales que eran distribuidos como cuentas entre las Sociedades demandadas. CONSIDERANDO: Que el artículo 362 del Código del Trabajo, establece que no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del patrono, como las primas, bonificaciones y gratificaciones ocasionales y lo que reciben en dinero o en especie no para su beneficio, ni para subvenir a sus necesidades, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como los gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo u otros semejantes ni tampoco las aportaciones sociales; y no habiendo demostrado el demandante que la bonificación recibida el ultimo año trabajado era una bonificación habitual, no procede su inclusión como parte integrante del salario. CONSIDERANDO: Que vistos y analizados los medios probatorios propuestos y acreditados por las partes, relativos a establecer el salario devengado por el demandante, se evidencia que la parte actora no probó fehacientemente el monto exacto del salario mensual que alega devengaba; asimismo, por otra parte, las demandadas sostienen que el salario ordinario con el cual debe calcularse las prestaciones laborales es de $4,505.35; pero, consta en acta de comparecencia ante la autoridad Administrativa del Trabajo, de fecha 29 de agosto del año 2000, identificada a folios del 216 al 219 de la primera pieza, que la parte demandada puso a la orden del demandante la cantidad de $ 111,432.57, como pago de sus prestaciones laborales, según calculo realizado por la autoridad de Trabajo, a solicitud de la parte demandada y con datos proporcionados por la misma en donde se consigna como salario ordinario mensual la cantidad de $ 5,438.74 y como salario promedio de $ 6,345.20; y no existiendo ningún otro medio probatorio que desvirtué esta prueba, a juicio de este Tribunal, las cantidades indicadas son las que deben tomarse como salario efectivamente devengado por el trabajador en consecuencia es con la misma que debe efectuarse el cálculo de las prestaciones e indemnizaciones legales que le corresponden al demandante. CONSIDERANDO: Que el demandante reclama el pago de cuatro meses de salario, en concepto de décimo tercer mes de aguinaldo y décimo cuarto mes en concepto de compensación social de los dos últimos años trabajados, que alega le adeudan las demandadas, y en virtud de no haber demostrado habérselos cancelado, es procedente otorgar el pago de dichos derechos. CONSIDERANDO: Que el demandante también reclama el pago de 768 horas extras trabajadas y no pagadas y el pago de séptimos días no pagados, derechos que de conformidad a lo establecido en el artículo 6 de la Ley del Séptimo día y Décimo Tercer mes en concepto de Aguinaldo, contenido en el Decreto Legislativo No. 112, de 1996, no le corresponden, por cuanto, tal como lo dispone dicho artículo: “que el pago del día de descanso se considerará incluido en el total del salario devengado en la semana, para los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, confianza o manejo, así como para aquellos trabajadores cuyos salarios estén tazados por mes o por quincena”, asimismo el artículo 325 del Código del Trabajo, determina: que quedan excluidos de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, de confianza o de manejo. CONSIDERANDO: Que quedó acreditado en autos que el demandante también laboró para la empresa BENEFICIADORA DE TABACOS, S.A. (BETASA), hasta el momento que fue despedido, por lo que es procedente declarar sin lugar la excepción de prescripción de la acción para demandar el pago de los derechos laborales. CONSIDERANDO: Que el artículo 82 de la Constitución de la República, establece: que el derecho de defensa es inviolable, por lo tanto los habitantes de la República, tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar las acciones de conformidad con la Ley, por consiguiente, es procedente declarar sin lugar la Excepción Perentoria de Falta de Acción o Derecho para Demandar a: UST INC., también conocida con los nombres de: UST; UST. INC.; UST INTERNATIONAL y UST INTERNATIONAL INC.; CENTROAMERICA CIGARS. S.A. (CACSA) y EMPRESA AGRICOLA TABACALERA HABANOS HONDUREÑOS S.A. (HABHON), propuesta por las partes demandadas. CONSIDERANDO: Que el Juez en materia Laboral no esta sujeto a la tarifa legal de prueba por lo tanto forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la critica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes en el transcurso del juicio, principios que por ajustarse al caso de autos procede aplicarlos plenamente. CONSIDERANDO: Que corresponde a los Tribunales de Justicia aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 134, 135, 303, 304, 305, de la Constitución de la República; 1, 38 párrafo segundo y 137 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 25, 113, 116, 117, 120, 123, 318, 325, 330, 338, 345, 346, 360, 361, 362, 664, 665, 666, 667, 669, 679, 690, 738, 739, 740, 744, 759, y 858 del Código del Trabajo; 183, 184, 188, 189, 190 y 192 del Código de Procedimientos Civiles y artículo 6 del Decreto Legislativo No. 112, Ley del Séptimo Día y Décimo Tercer mes en concepto de Aguinaldo.- FALLA: 1) CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida de que se ha hecho mérito, en consecuencia declara CON LUGAR la demanda laboral de primera instancia promovida por el señor LUIS MATIAS MONTES DORTA, de generales expresadas contra las sociedades: UST INC., también conocida con los nombres de: UST; UST. INC.; UST INTERNATIONAL, y UST INTERNATIONAL INC., representada por el señor VINCENT A. GIRIER JR., de generales expresadas y BENEFICIADORA DE TABACOS S.A. (BETASA); CENTROAMERICA CIGARS. S.A. (CACSA) y EMPRESA AGRICOLA TABACALERA HABANOS HONDUREÑOS S.A. (HABHON), representadas por el señor EDWIN A. GUEVARA, también de generales expresadas, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones proporcionales, aguinaldo de los dos últimos años, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes de los dos últimos años y décimo cuarto mes proporcional.- 2) CONDENA a las empresas: UST INC., también conocida con los nombres de: UST; UST. INC.; UST INTERNATIONAL, y UST INTERNATIONAL INC., BENEFICIADORA DE TABACOS S.A. (BETASA); CENTROAMERICA CIGARS. S.A. (CACSA) y EMPRESA AGRICOLA TABACALERA HABANOS HONDUREÑOS S.A. (HABHON), a pagar al demandante LUIS MATIAS MONTES DORTA, la cantidad de: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL. CIENTO OCHENTA Y TRES, PUNTO SETENTA DOLARES ($ 138.183.70), o su equivalente en moneda nacional al cambio de la fecha de cancelación, por los siguientes conceptos: Preaviso: 2 meses $ 12,690.40; Auxilio de Cesantía: 15 meses $.95,178.00; Vacaciones proporcionales: 11.11 días $ 2,349.87; Aguinaldo causado de los 2 últimos años $ 12,690.40 Aguinaldo proporcional: 11.11 días $ 2,349.87, Décimo Cuarto mes causado de los 2 últimos años: $ 12,690.40, Décimo Cuarto mes proporcional: 1.11 días $ 234.76; y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que con arreglo a derecho quede firme esta sentencia definitiva.- 3) DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION PARA DEMANDAR EL PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES propuestas por la parte demandada.- 4) DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE FALTA DE ACCION O DERECHO PARA DEMANDAR propuesta por la parte demandada.- 5) SIN COSTAS.- Y MANDA: Que se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de este fallo para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA.- COORDINADORA.- ROBERTO LAGOS BANEGAS.- TEODOLINDA PINEDA CARDONA.- MIRNA LIZETTE ALVARADO.- SECRETARIA POR LEY”.
Extendida a solicitud del Abogado Marco Antonio Cálix Molina, en su condición de Apoderado Legal de las Sociedades Centroamérica Cigars S.A. (CACSA), Agrícola Tabacalera Habanos Hondureños, S.A. (HABHON), y de “UST INC” o “UST INTERNATIONAL INC”, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de julio de dos mil cinco, certificación de la sentencia de fecha cinco de mayo de dos mil cinco, recaída en el recurso de Casación por Infracción de Ley No. 1774-04.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL