Sentencia CL-1661-04 — Registro 169
Resumen
El trabajador interpuso demanda solicitando el pago de salarios mínimos adeudados y no pagados. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de la segunda instancia que reformó la sentencia dictada por primera instancia que declaro sin lugar la demanda.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Es el caso que el Recurrente alega violación del artículo 20 del Código del Trabajo, pero ésta norma por ser de carácter general no es violable para efectos de casación, y aun cuando se tratara de norma sustitutiva no logra demostrar la violación alegada, pues el fallador con esas mismas pruebas singularizada y las demás que fueron allegadas al juicio formó su convencimiento en el sentido que no existió una relación de tipo laboral entre demandante y demandado, y al no existir ésta resulta improcedente una demanda con el propósito de reclamar el pago de los derechos que otorga el Código del Trabajo, en adición el Recurrente hace alegatos propios de instancia e improcedentes en este recurso. Las razones expuestas vuelven inadmisible este segundo motivo"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 739 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de abril del dos mil cinco. Visto: Para dictar Sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal en fecha veintidós de septiembre de dos mil cuatro, por el Abogado ANTONIO OCAMPO SANTOS, mayor de edad, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado Legal del señor RIGOBERTO TABORA LOPEZ, en relación a la demanda laboral ordinaria para el pago de salarios mínimos adeudados y no pagados, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de La Ceiba, Atlántida, en fecha veinticinco de junio de dos mil dos, por el señor RIGOBERTO TABORA LOPEZ, mayor de edad, casado, Médico y Cirujano, especialista Otorrinoralingólogo, hondureño, con domicilio en La Ceiba, Atlántida, contra la Fundación MEDICAL CENTER LA CEIBA STIFTUNG a través de su Representante Legal la señora DORIS EGGENBERGER, mayor de edad, soltera, enfermera, de Nacionalidad Suiza, y con domicilio en La Ceiba, Atlántida. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, de fecha siete de junio de dos mil cuatro, misma que Falló: ”Reformando la sentencia apelada de que se ha hecho mérito de la manera siguiente: I.- Declarando sin lugar la demanda laboral de primera instancia que para el pago de salarios interpusiera el Doctor Rigoberto Tábora López contra Medical Center La Ceiba Stiftung, por medio de la representante de dicha fundación señora Doris Eggenberger, de la que se ha hecho merito y en consecuencia absolviendo a dicha demandada del pago de los salarios mínimos adeudados y no pagados, vacaciones causadas, aguinaldo, decimocuartos meses, Intereses y Salarios dejados de percibir, reclamados. II.- Declarando sin lugar la excepción perentoria de falta de acción o derecho para reclamar interpuesta por el apoderado de la demandada Medical Center La Ceiba Stiftung contra la demanda que para el pago de salarios le interpusiera el demandante Doctor Rigoberto Tábora López, quedando sin efecto la sentencia de primera instancia en lo que ella dispone de dicha excepción. III.- Eximiendo al demandante Doctor Rigoberto Tábora López del pago de las costas del presente juicio por haber tenido motivos racionales para litigar, por lo que queda sin efecto la condena en costas que impone al actor la sentencia de primera instancia reformada por esta resolución”. RESULTA: Que en fecha veintidós de julio de dos mil cuatro, este Tribunal de Justicia dictó sentencia mediante la cual resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ANTONIO OCAMPO SANTOS, en su condición indicada, contra la sentencia de que se ha hecho relación en el preámbulo de este fallo, así mismo dispuso dar traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formalizara por escrito su recurso. RESULTA: Que en fecha veintidós de septiembre de dos mil cuatro, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia el Abogado ANTONIO OCAMPO SANTOS, en su condición indicada, formalizando la demanda de casación interpuesta ante la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de la siguiente manera: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por Infracción Directa de los artículos 19, 21 y 24 del Código del Trabajo relacionados con el Artículo 70 párrafo ultimo de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo esta comprendido en el artículo 765 causa 1, párrafo primero del Código del Trabajo. DEMOSTRACIÓN DEL CARGO: La Infracción Directa de la Ley consiste en su desconocimiento o en la disposición contra su mandato, con independencia de toda cuestión probatoria. La parte demandante fundamenta sus pretensiones en el hecho de que estuvo unido con la demandada mediante una relación de trabajo, consecuencia de ello es que tiene derecho al pago de salarios por los servicios prestados, en aplicación de la Ley del Médico del Medico Empleado y del Código del Trabajo. En la Contestación de la demanda, se niega en general todos los hechos, argumentando para ello que nunca existió contrato de trabajo con el Doctor Rigoberto Tábora López, ya que su vinculación fue de carácter civil, por lo que no le es aplicable la Ley del Estatuto del Médico Empleado, ni el Código del Trabajo. La noción general más aceptable y que comprende los numerosos que se conocen, es la de que el contrato de trabajo es la relación jurídica existente entre quien presta un servicio personal renumerado y subordinado a otra persona natural o jurídica y quien lo recibe. El Artículo 19 del Código del Trabajo, lo define así: “Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de ésta, y mediante una remuneración. Por dependencia continua se extiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiera al trabajo”, el artículo 20 de la ley citada, indica cuales son los elementos esenciales que deben concurrir para que exista el contrato de trabajo y que son: a) La actividad personal del trabajador realizada por él mismo, b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o entidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y, c) Un salario como retribución del servicio. El párrafo último de este artículo, agrega que una vez reunidos los tres elementos anteriores, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Por otra parte, el artículo 24 del Código del Trabajo dice que cuando el contrato de trabajo se encuentra involucrado con otro y otros de índole distinta, no pierde su naturaleza, y deberá regularse por las normas generales del Código del Trabajo, se recoge en esta norma una tesis conforme a la cual es posible que una misma relación jurídica se apoye coetáneamente en los elementos característicos del contrato de trabajo-actividad personal, continuada subordinación y salario y en los son propios de un contrato civil. El caso se presenta con frecuencia en aquellos trabajadores que la doctrina ha convenido en llamar altos empleados, por oposición con los trabajadores corrientes o de base, y entre los primeros (altos) se encuentran los gerentes administradores generales, sobre la naturaleza de cuyos servicios se hace gravitar particularmente el problema de la subordinación como factor esencial del contrato de trabajo. Esta es la prevalencia de la naturaleza laboral sobre la naturaleza civil. La parte demandada, se defiende alegando que el trabajador Doctor Rigoberto Tábora López, era un “mandatario”. Ciertamente, en tesis general el mandato tiene por objeto la realización de actos jurídicos, a tiempo que el contrato de trabajo implica la ejecución de actos materiales. Pero además de que estos y aquellos suelen mezclarse de modo inseparable, ocurre que en la vida moderna determinadas actividades jurídicas pueden constituir una profesión, y si las personas que la ejercen se encuentran en la misma situación de dependencia de quienes cumplen actos materiales, no hay razón para excluirlas de la ampliación de las reglas de Derecho de Trabajo. Es así que el Código del Trabajo, ha considerado que los representante son , en ciertas circunstancias empleados de la respectiva empresa, no obstante su misión principal es la de celebrar contratos con terceros a nombre de ellas. Es la subordinación el elemento que, en definitiva, sirve para distinguir el mandato del contrato de trabajo. Si el mandante impone órdenes en cualquier momento y vigila el desarrollo de la laboral, las relaciones entre las partes se gobiernan por las normas del Derecho Laboral. Tal como se expreso al inciso de este motivo, en la violación directa se discute el derecho, pues, el juez se rebela y no aplica la ley, NO hay discusión de hechos. Lo anterior es porque, el Tribunal recurrido en la sentencia objeto de impugnación vía recurso de casación, dijo: “Ambas partes aceptan y debe admitirse como cierto por no existir prueba en contrario, que en el párrafo arriba indicado no hubo pago de salarios...” (Folio 12 vuelto de la segunda pieza). Pues bien, si hubo en dicho periodo prestación de servicios, subordinación jurídica y NO pago de salario, el Tribunal Ad-quem violó los artículos 19, 21 y 24 del Código del Trabajo con íntima relación con el artículo 70 de la Constitución de la República, que manda: “Ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente, sino en virtud de la ley o sentencia fundada en ley”, en razón que dejó de aplicarlos. Si conclusión es que no hubo pago de salarios, ha debido aplicar las normas señaladas para declarar en la parte resolutiva que era procedente la condena al pago de los salarios mínimos adeudados y no pagados. En el caso sub-lite, no existe duda que se prestó por el Doctor Rigoberto Tábora López un servicio personal y que la repetición de los servicios prestados por el Profesional ha demandado en un lapso más o menos largo poner en evidencia el principio de la Subordinación, suficiente, para tener por existente el contrato de trabajo, entre las partes y por ende, el derecho al pago del salario devengado y no pagado durante los dos últimos años, de conformidad con la Ley del Estatuto del Médico Empleado y el Código del Trabajo. SEGUNDO MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por Infracción Indirecta proveniente de apreciación errónea de la prueba inspección judicial y que aparece a folios 359 al 361 y testifical que obra a folios 338, 339 y 340 de la primera pieza del expediente, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos, que llevó al tribunal de Alzada, relacionados con el Artículo 70 párrafo último de la Constitución de la República. NORMAS PROCESALES VIOLADAS Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo esta comprendido en el artículo 765 causa primera, párrafo segundo del Código del Trabajo. DEMOSTRACIÓN DEL CARGO Y ERROR EVIDENTE: 1. En cuanto a la Inspección: En la sentencia impugnada, al folio 12 vuelto de la segunda pieza se lee la siguiente consideración del Tribunal de Apelación: “La misma afirmación del actor de que no, se le pagaron salarios en el periodo antes indicado viene a confirmar el hecho, establecido mediante inspección ocular que aparece a folios 359 al 361 de los autos, que las cantidades que se le pagaron en dicho periodo no constituían salarios, sino honorarios profesionales!”, (el subrayado es nuestro). Como ser se ve, el Tribunal sentó la base de que el demandante no era trabajador, y a esta conclusión llegó por un simple pero equivocado razonamiento: Darle a la prueba inspección un valor que no es correcto, una fuerza que la ley laboral no le amerita.- Hubo una errónea apreciación de la prueba, pues le dio un alcance del que carece. La inspección ocular vista a folios 359, 360 y 361, debió ser analizada y valorado en forma diferente a como lo hizo el Tribunal de Alzada, mas si se tiene en cuenta que el artículo 21 del Código del Trabajo estatuye: “Se presume que toda relación de trabajo personal está regido por un contrato de trabajo”. Con tal presunción el trabajador se coloca en posición inmejorable procesalmente frente a la otra parte, a la cual le responderá orientar la prueba hacia la destrucción de la presunción, lo que no ocurre en el presente proceso. Por otra parte, tal presunción desplaza la carga probatoria en beneficio del trabajador, a quién bastará , en punto al establecimiento del contrato laboral, acreditar el hecho de sus servicios profesionales.- Al patrono corresponderá, para desvirtuarla, demostrar que tales servicios no tuvieron carácter dependiente o no fueron asalariados. Tomando como base la “inspección ocular” que aparece a folios 359 al 361 de los autos, el Ad-quem concluye que las cantidades pagadas al demandante constituían “Honorarios Profesionales”.- No existen razones teóricas fundamentales que apoyen la distinción entre contrato de trabajo y prestación de servicios profesionales. Habiendo adquirido el tipo de trabajo desempeñado por el Doctor Rigoberto Tábora López, las propias del contrato laboral, que son actividad personal del trabajador, continuada subordinación o dependencia y salario como retribución de servicio, no hay duda que el demandante tiene derecho a que le pague los salarios mínimos adecuados. En el presente juicio, el Ad-quem no le ha dado valor alguno al Principio de la Primacía de la Realidad, uno de los principios fundamentales en el Derecho de Trabajo, “en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos”, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Este principio corresponde muy bien al derecho del trabajo por ser señaladamente protectorio y básicamente irrenunciable. II.- En cuanto a la prueba de testigos que corre a folios 338, 339 y 340 de la primera pieza del expediente, también hubo erróneamente apreciación. El testimonio rendido en juicio por los señores José Antonio Zelaya, Mario Roger Pérez Terán y Sandra Elizabeth Cruz fue responsivo, exacto y completo, calidades éstas que exige la sana crítica sobre dicha prueba para que produzca convicción en el juzgador. Respecto a dicha prueba, dijo el Ad-quem que “aún si se diera crédito a la declaración de los testigos José Antonio Zelaya, Mario Roger Pérez Terán y Sandra Elizabeth Cruz... ello no tendría incidencia alguna sobre el hecho de que, mientras duro el vínculo entre el demandante y la demandada nunca llegó a existir la condición de contrato o relación de trabajo...”. Si el Tribunal hubiera hecho una apreciación correcta sobre el testimonio rendido por los testigos mencionados, la conclusión sería la existencia de una verdadera relación laboral, regida por un contrato de trabajo, que hiciera posible el cumplimiento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado y del Código del Trabajo, a favor del Trabajador, Doctor Rigoberto Tábora López. Si bién es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, también es cierto, que debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la apreciación correcta de las pruebas que he singularizado y que tal falta, le hizo incurrir en error de hecho por la apreciación errónea de la inspección ocular que corre a folios 359 al 361 de la primera pieza del expediente”.- RESULTA: Que en fecha veintitrés de septiembre de dos mil cuatro, este Tribunal de Justicia dictó providencia mediante la cual tuvo por devuelto en tiempo el traslado por parte del Abogado ANTONIO OCAMPO SANTOS, y por formulada en tiempo la demanda de casación; así mismo ordeno dar traslado de las presentes diligencia al opositor para que dentro del término de diez días contestara dicha demanda. RESULTA: Que en fecha catorce de octubre de dos mil cuatro, compareció ante esta Corte Suprema de Justicia el Abogado ARIO AYALA MARZI, mayor de edad, casado, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderado Legal de la Fundación MEDICAL CENTER LA CEIBA STIFTUNG, contestando la demanda de casación de la siguiente manera:”...A LA EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN AL PRIMER MOTIVO: En el primero motivo de casación el recurrente argumenta que el Tribunal de segunda instancia al proferir su fallo incurrió en Infracción Directa a los Artículos 19, 21 y 24 del Código del Trabajo relacionados con el Artículo 70 párrafo primero de la Constitución de la República. SE RECHAZA este supuesto motivo de Casación por cuanto a la demandada MEDICAL CENTER LA CEIBA STIFTUNG le son inaplicables en este asunto los Artículos que el recurrente estima violados. En la sentencia objeto del presente Recurso, la Honorable CORTE DE APELACIONES SECCIONAL hace expresa mención, especialmente en sus Considerandos SEIS, SIETE y OCHO, que ha apreciado cabalmente las circunstancias en las cuales desenvolvió el actor su actividad respecto de la demandada, CON ABSOLUTA PRECISION DE LOS TERMINOS “MANDATO” y “MANDATARIO” aplicados al caso sub judice. Para el Ad Quem resulta totalmente claro que no existió subordinación alguna entre demandada y demandante. Además que no existió subordinación alguna entre demandada y demandante. Además que no existió la subordinación TAMPOCO EXISTIO UN SALARIO. Ataca el recurrente que en el Noveno “Considerando” del Fallo del Ad Quem, la Corte de Apelaciones Seccional se pronuncia así:..”Ambas partes aceptan y debe admitirse como cierto por no existir prueba en contrario, que en el periodo arriba indicado no hubo pago de salarios..” (sic). Contra todas las formas en que el actor pretende “acomodar” en su provecho ese pasaje del Fallo impugnado; lo cierto es que si no hubo pago de salarios es simplemente PORQUE AL ACTOR NO LE CORRESPONDIERON POR NO SER UN TRABAJADOR O EMPLEADO SUBORDINADO DE LA DEMANDADA. En cuento a algunos servicios que como profesional de la medicina prestó el actor en el Hospital Suizo Hondureño, por citas a pacientes en el área de Otorrinolaringología , estos servicios le fueron retribuidos por la parte demandada a título de honorarios profesionales, mediante cheques que el mismo demandante firmó como mandatario de la demandada MEDICAL CENTER LA CEIBA STIFTUNG. Por lo demás, ni el Código del Trabajo, ni la Ley del Estatuto del Médico Empleado y su Reglamento ni otra Ley alguna prescriben pagos por valores determinados a quienes ostentan el cargo de Director Médico o Administradores de Hospitales por lo que no existe violación alguna a la Ley en el Fallo objeto de este Recurso. Por otra parte el recurrente sostiene erróneamente que por el hecho que su cliente (el actor) es un médico, entonces ipso ipso debe serle aplicado –según él-, el Estatuto del Médico Empleado; craso error, pues tal ordenamiento legal (la Ley del Estatuto del Médico Empleado) en su Artículo 1 expresamente reserva el campo de aplicación de esa Ley a los Médicos... “CUANDO PRESTAN SUS SERVICIOS BAJO LA CONTINUADA DEPENDENCIA de personas naturales o jurídicas..”, disposición ésta que textualmente recoge el Artículo 3 del Reglamento de esa Ley. Y para el Ad Quem está bien clara la verdad que el demandante NUNCA ESTUVO SUJETO A SUBORDINACIÓN ALGUNA respecto de MEDICAL CENTER LA CEIBA STIFTUNG. AL SEGUNDO MOTIVO: En el segundo motivo de casación el recurrente argumenta que el Tribunal de Segunda Instancia al proferir su fallo incurrió en violación de la Ley Sustantiva Nacional por Infracción Indirecta proveniente de apreciación errónea de la Prueba Inspección Judicial y Testifical que le hizo incurrir en Error de Hecho. SE RECHAZA ESTE SEGUNDO MOTIVO POR AMBIGUO Y FALTO DE CLARIDAD por cuanto la infracción indirecta de la Ley por error de hecho implica conclusiones contrarias ostensiblemente a lo establecido en el Juicio por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma. El recurrente en el presente caso no establece claramente en que consistió el error de hecho por parte del Ad Quem. No expresa el recurrente en donde está lo que supuestamente sea tan manifiesto, tan notorio que sin mayor esfuerzo ni raciocinio se imponga en la mente como un obvio error en la conclusión del ad quem. Lo que si aparece evidente es que los términos en que está levantada el Acta de la Inspeccional a que se refiere el recurrente, los puntos que fueron comprobados en la primera instancia son totalmente claros y no dejan lugar a ambigüedad. Por otra parte, NO EXISTE NINGUN ERROR DE HECHO en la apreciación que de la prueba testifical hizo el ad quem en virtud que el actor no acreditó con las declaraciones de sus testigos la existencia de alguna relación individual de trabajo. Todo lo anterior os imposibilita entrar a conocer el mismo, en consecuencia no se puede prosperar”. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en la demanda de mérito, se nombró Magistrada Ponente a LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este tribunal se dictase lo que procediera en derecho. CONSIDERANDO: Que el Recurrente, Abogado ANTONIO OCAMPO SANTOS, apoderado del trabajador RIGOBERTO TABORA LOPEZ en el primer motivo alega: “Acuso a la sentencia recurrida ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por Infracción Directa de los artículos 19, 21 y 24 del Código del Trabajo relacionados con el artículo 70 párrafo último de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo esta comprendido en el artículo 765 causa 1, párrafo primero del Código del Trabajo.” Pero las disposiciones que el impetrante cita como infringidas son de carácter general y por tanto inviolables en casación, siendo en consecuencia inadmisible el cargo. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el segundo motivo alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por Infracción Indirecta proveniente de apreciación errónea de la prueba inspección judicial y que aparece a folios 359 al 361 y testifical que obra a folios 338, 339 y 340 de la primera pieza del expediente, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos, que llevó al Tribunal de Alzada en forma indirecta a la violación del artículo 20 del Código del Trabajo, relacionados con el artículo 70 párrafo último de la Constitución de la República. NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo esta comprendido en el artículo 765 causa primera, párrafo segundo del Código del Trabajo.” Es el caso que el Recurrente alega violación del artículo 20 del Código del Trabajo, pero ésta norma por ser de carácter general no es violable para efectos de casación, y aun cuando se tratara de norma sustitutiva no logra demostrar la violación alegada, pues el fallador con esas mismas pruebas singularizada y las demás que fueron allegadas al juicio formó su convencimiento en el sentido que no existió una relación de tipo laboral entre demandante y demandado, y al no existir ésta resulta improcedente una demanda con el propósito de reclamar el pago de los derechos que otorga el Código del Trabajo, en adición el Recurrente hace alegatos propios de instancia e improcedentes en este recurso. Las razones expuestas vuelven inadmisible este segundo motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 665, 666 letra c, 765, 769, 776, 777 y 858 del Código de Trabajo. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. COORDINADORA. ROBERTO LAGOS BANEGAS. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los nueve días del mes de junio de dos mil cinco; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de marzo de dos mil cinco, recaída en el Recurso de Casación numero 1661=04.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL