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Sentencia CL-891-04 — Registro 551

Resumen

En segunda instancia se reforma la sentencia dictada por el juzgado, condenando al empleador al pago de prestaciones laborales al trabajador .

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El impetrante en el primer motivo alega infracción del artículo 123 letra b) del Código del Trabajo reformado mediante Decreto Legislativo número 65 de 4 octubre de 1966, en relación con los artículos 116 letra e); y 120 letra d) reformado del Código del Trabajo, mismo que alega infringido en este motivo por interpretación errónea, resultando de ello inadmisible porque aun cuando se han hecho por separado los motivos, estos corresponden a un mismo artículo que no puede ser infringido de dos maneras distintas, ni porque en la disyuntiva de uno se proceda con el otro ya que ello evidencia una falta de claridad y precisión. Por otra parte, como ya se dijo en el considerando anterior, el Tribunal Sentenciador si aplicó la norma en todo su contexto y de ninguna manera le negó derecho alguno al trabajador, siendo su interpretación la que se desprende de sus propios términos"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 739 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA, la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., dieciocho de noviembre del dos mil cuatro. VISTO: Para dictar sentencia los recursos de casación por infracción de ley formalizados ante este Supremo Tribunal de Justicia, el primero, en fecha veintinueve de junio de dos mil cuatro, por el Abogado JACOBO BAUTISTA PACHECO, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderado legal del señor MANUEL IVAN PINEDA LOPEZ, mayor de edad, Licenciado en Ciencias Jurídicas, casado, hondureño, y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés; el segundo, en fecha uno de julio de dos mil cuatro, por el Licenciado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Tegucigalpa M.D.C., actuando como apoderado legal del BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO S.A.- Con relación a la demanda ordinaria laboral para el PAGO O AJUSTE O COMPLEMENTO DE INDEMNIZACION Y DEMAS PRESTACIONES LABORALES EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO E INJUSTO, promovida en fecha ocho de mayo de dos mil tres, ante el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo Seccional de San Pedro Sula, Cortés, por el señor MANUEL IVAN PINEDA LOPEZ, de generales citadas, contra la entidad mercantil BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO, S.A. (B.G.A.), a través de su representante legal, señor JOSE PASTOR PATRO, mayor de edad, casado, Licenciado en Economía, de nacionalidad española. Los recursos de casación se interpusieron contra la sentencia de fecha diecisiete de marzo de dos mil cuatro, emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de fecha doce de febrero de dos mil cuatro, que falló REFORMANDO la sentencia proferida por el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, reforma que se contrajo a CONDENAR a BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO, S.A. (B.G.A.), a través de su representante legal a pagar al señor MANUEL IVAN PINEDA LOPEZ, la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS (Lps. 157,722.22) en concepto de complemento o ajuste de sus prestaciones laborales, en virtud de despido directo, ilegal e injusto; CONFIRMANDO la sentencia en cuanto a la exoneración de costas. SIN COSTAS, en segunda instancia. RESULTA: Que en fecha veintisiete de abril de dos mil cuatro, este Supremo Tribunal de Justicia, admitió los recursos de casación interpuestos por el Licenciado ALFREDO ALBERTO CARCAMO PAZ, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés en su condición de apoderado de BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO (B.G.A.) y el Licenciado JACOBO BAUTISTA PACHECO, de generales citadas, en su condición de apoderado legal del señor MANUEL IVAN PINEDA LOPEZ, también de generales citadas, disponiendo que se siguiera adelante con la tramitación del recurso omitiendo el traslado de los autos a los recurrentes y ordenando que la Secretaría del despacho retuviera los mismos a fin de que las partes comparecieran en el término de veinte días para que formalizaran por escrito su demanda de casación. RESULTA Que en fecha veintinueve de junio de dos mil cuatro, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia el Abogado JACOBO BAUTISTA PACHECO, de generales conocidas, formalizando su recurso de casación de la siguiente manera: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 123 letra b) del Código de Trabajo reformado mediante Decreto Legislativo número 65 del 4 de octubre de 1966, en relación con los artículos 116 letra e); y, 120 letra d) reformado del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo.- DOCTRINA: Para que se produzca la infracción directa de la ley sustantiva es necesario que la ley sea clara, de modo que su interpretación no ofrezca dudas; que el fallador le haya dado o reconocido su sentido exacto y que a pesar de ello la sentencia esté en contradicción con la ley, por uno de los siguientes motivos: 1) porque el Juzgador negó su aplicación, debiendo haberla aplicado; 2) PORQUE APLICO LA NORMA PERTINENTE, pero en forma incompleta O PORQUE NEGO UN DERECHO QUE CLARAMENTE ESTA CONSAGRADO POR ELLA; y 3) porque aplicó correctamente la ley, considerada en sí misma, pero a un hecho inexistente en los autos o no demostrado en el juicio.- La infracción de la Ley ocurre siempre sin consideración a la apreciación probatoria verificada por el Tribunal; La Indirecta, en cambio resulta siempre de la errónea interpretación de las pruebas a través de la cual se viola la norma sustantiva.- Es obvio entonces que en el primer supuesto, el cargo debe formularse con independencia de la apreciación probatoria que obra en el proceso y en el segundo, el cargo deberá formularse en relación con ella, por los errores de hecho o de derecho en que hubiere incurrido el fallador al llegar a la conclusión jurídica, que es la sentencia impugnada en el recurso. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: Tanto en la Primera como en la segunda instancia se dejó claramente evidenciado que en la indemnización que por despido le ha correspondido a mi Mandante, se hizo conforme lo dispone el inciso b) del artículo 123 del Código del Trabajo, pero, sin apreciar que el artículo en referencia fue reformado, haciendo uso para la elaboración del cálculo de prestaciones sociales ya referido, de una norma que fue derogada vía interpretación, reforma que se encuentra consignada en el Decreto Legislativo número 65 del 4 de octubre de 1966, el cual a su letra dice: Art. 1º.-“Interpretar el inciso b) del artículo 123 del Código del Trabajo, en el sentido de que el cálculo para establecer las indemnizaciones por despido injustificado, debe hacerse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador EN LOS DIAS “EFECTIVAMENTE” TRABAJADOS durante los últimos seis (6) meses de vigencia del contrato o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término.”, como se puede apreciar la reforma consistió en agregar al inciso b del artículo 123 la palabra “efectivamente”, lo cual no tiene ni ha tenido otro motivo que únicamente tomar en cuenta para el cálculo de prestaciones sociales, los días que el trabajador efectivamente trabajó en los últimos seis (6) meses o fracción de tiempo menor si no se hubiere trabajado todo ese período, o sea que si el trabajador no laboró los domingos y feriados, éstos no deben tomarse en cuenta y tienen que reducirse del período de seis (6) meses, para así elaborar el cálculo de prestaciones sociales conforme “los días efectivamente trabajados” durante el período de que se trate.- El Tribunal de Segunda Instancia en sus considerandos aplicó la norma pero, la marginó y desconoció completamente en su fallo negándole a mi mandante un derecho consagrado en la misma, es decir en el artículo 123 letra c) interpretado del Código del Trabajo, en flagrante violación a la citada norma y llevándose de encuentro los derechos consagrados en los artículos 116 letra e); y, 120 letra d) reformado del Código del Trabajo La Demandada, pues, para calcular la cantidad que a mi mandante le corresponde por preaviso y auxilio de cesantía, el tribunal de Primera Instancia, divide las cantidades devengadas entre 180 días, resultándole una cantidad mucho menor, pero que es incorrecta, pues, 180 días no fueron los días “efectivamente” trabajados en los últimos seis meses, sino que fueron 149 los días efectivamente trabajados, entre el primero de septiembre del 2002 y el 28 de febrero del 2003 o sea hay que descontar de los 180 días, 25 domingos y seis feriados, los que suman un total de treinta y un días, de lo que resulta un total de 149 días efectivamente trabajados en los últimos seis meses.- En virtud de todo lo anterior, se pagó incorrectamente las Prestaciones sociales, existiendo una diferencia a pagar por la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS, (Lps. 220,540.54), encontrándose justa y debidamente evidenciada la violación de la ley por este motivo, es paladinamente justa su admisión. SEGUNDO MOTIVO: Ser la Sentencia violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por Interpretación Errónea del artículo 123 letra b) del Código del Trabajo reformado mediante Decreto Legislativo número 65 del 4 de octubre de 1966, en relación con los artículos 116 letra e); y, 120 letra d) reformado del Código del Trabajo y 17 del Código Civil.- PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo.- DOCTRINA: Para que se produzca la violación de la ley por interpretación errónea, es necesario que se den los siguientes requisitos: a) que la norma legal aplicada por el Juzgador sea la adecuada al hecho o caso controvertido, el cual, por otra parte, debe estar plenamente demostrado en el juicio; b) que el texto de la norma no sea claro y preciso, de tal manera que dé lugar a interpretaciones diversas; y, c) que el Sentenciador le haya dado a esa norma legal una interpretación que no corresponda a su verdadero espíritu.- Tiene el organismo Jurisdiccional que decidir cuál es el pensamiento latente es esa norma, como medio único de poderla aplicar con rectitud; y a de adquirir su sentido sin desviaciones ni errores, pues, cuando en ellos se incurre la casación pretende corregirlos poniéndolos de relieve y subrayando la insuficiencia en el juicio, o el exceso cometido al formularlo. Y la censura de la sentencia por este concepto específico no podrá hacerse de otro modo que poniendo de manifiesto el desconocimiento de las normas o principios interpretativos que al Juez se le ofrece.” El extinguido Tribunal supremo de la República de Colombia, dijo al respecto en Casación: “Ha dicho la corporación en reiteradas providencias que la interpretación errónea de una disposición legal, sólo tiene lugar cuando el fallador de instancia ha hecho una equivocada apreciación de la norma considerada en sí misma con prescindencia de la cuestión de hecho que se trata de regular”. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: Dispone el inciso b) del artículo 123 del Código de Trabajo, reformado, por el Decreto Legislativo número 65 del 4 de octubre de 1966, el cual a su letra dice: Art. 1º.- “Interpretar el inciso b) del artículo 123 del Código de Trabajo, en el sentido de que el cálculo para establecer las indemnizaciones por despido injustificado, debe hacerse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador EN LOS DIAS “EFECTIVAMENTE” TRABAJADOS durante los últimos seis (6) meses de vigencia del contrato o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término.” –el subrayado es nuestro-; no obstante lo claro de la norma, El Tribunal Ad quem, no se define en cuanto al criterio o razonamiento lógico para aplicar la norma antes descrita y partiendo de una vaga o abstracta interpretación en uno de los considerandos del fallo apelado dispone “Que dada la vital trascendencia que reviste la aplicación de los artículos 123 del Código del Trabajo, interpretado en inciso b) por el decreto legislativo No. 65 (4 de octubre de 1966); Decreto No. 112 (28 de octubre de 1982); y el 128 de la Constitución de la República; esta Corte considera que a tales normas no puede atribuírseles otro sentido que el que resulta implícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intensión del legislador, de tal manera que entre uno y otro caso, deben tenerse en cuenta que las leyes laborales están rigurosamente apoyadas sobre un objetivo económico-social de armonía y equilibrio, partiendo de una base de justicia social e inspiradas de un sentido más humano y ético para atenuar los rogores de la norma jurídica, a fin de amoldar la disposición legal al caso concreto; en ese sentido no debe entenderse que una norma resulta de mejor aplicación que la otra, pues, todas se complementan y coadyuvan a mantener la paz y armonía social.”; Es evidente, que Ad quem a interpretado erróneamente la norma, pues, el texto de la misma es clara en el sentido de que el cálculo de las indemnizaciones que le puedan corresponder al trabajador deberá según el referido artículo. realizarse dividiendo el total de salarios devengados por el trabajador en los últimos seis meses o fracción de tiempo menor si no se hubiese ajustado entre los días EFECTIVAMENTE TRABAJADOS por el trabajador, por lo que debe entenderse que deben excluirse los días que no se trabajan; en ningún apartado de la norma interpretada se consigna alguna disposición que interprete en forma diferente del que se consigna en el artículo transcrito.- el artículo 17 del Código Civil, dispone: No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intensión del legislador.- De aquí que no podemos venir a colocarle nuevas palabras a la ley o a darle interpretaciones que redundan en perjuicio del trabajador.- Por todo lo anterior se considera que el Ad Quem debió interpretar correctamente el artículo 123 del Código del Trabajo, interpretado en el inciso b) por el decreto legislativo No. 65 (4 de octubre de 1966) y no erróneamente como efectivamente lo hizo, para así calcular las indemnizaciones demandadas conforme el espíritu de la ya referida norma.- Por todo lo anterior y siendo evidente la errónea interpretación de la ya citada norma que lo llevó al Ad quem a infringir otras disposiciones que redundan en perjuicio de mi mandante, tales como los artículos 116 letra e); y, 120 letra d) reformado del Código de Trabajo, que regulan las cantidades que le corresponden a mi mandante por concepto de preaviso y auxilio de cesantía.- Por todo lo anterior procede la admisión de este motivo de casación.- TERCER MOTIVO: Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 123 del Código del Trabajo, interpretado en el inciso b) por el decreto legislativo No. 65 del 4 de octubre de 1966, en relación con los artículos 116 letra e); y, 120 letra d) reformado y 738 y 739 del Código de Trabajo por ERROR DE HECHO manifiesto por la falta de apreciación del medio de prueba que a continuación se singulariza: MEDIO DE PRUEBA INSPECCION OCULAR, que corre agregada a los autos a folio #28 del expediente de primera instancia, consistente en el Acta levantada en la audiencia señalada para el día ocho de enero del dos mil cuatro celebrada en las oficinas de la empresa Banco Grupo el Ahorro Hondureño, S.A. (B.G.A.).- PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo.- DOCTRINA: Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación o falta de apreciación de las pruebas mencionadas son necesarios los siguientes requisitos: 1.-) debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba 2.-) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate, pues en este último caso se estaría ante una cuestión diferente; 3.-) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y 4.-) el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado; o al contrario, se da por no probado un hecho que sí está demostrado plenamente en juicio.- En tal orden de ideas, para que prospere en casación la acusación de la sentencia por error de hecho, es indispensable que el recurrente demuestre los requisitos mencionados antes.- LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: A través de medio de prueba consistente en el Acta de INSPECCION OCULAR, que corre agregada a los autos s folio #28 del expediente de primera instancia que se practiçó durante la dilación probatoria el día ocho de enero del 2004 en las oficinas de la entidad demandada se constató: a)...; b)...; C) DIAS EFECTIVAMENTE TRABAJADOS POR EL TRABAJADOR DEMANDANTE FUERON 149 DIAS DURANTE LOS ULTIMOS SEIS MESES.- Como se puede evidenciar, el Tribunal de primera instancia constató mediante inspección ocular que los días EFECTIVAMENTE LABORADOS por mi patrocinado fueron CIENTO CUARENTA Y NUEVE (149), por lo que por ningún motivo motivo se debió elaborar el cálculo del preaviso y la cesantía que le corresponde a mi mandante en base a CIENTO OCHENTA DIAS (180 días) tal como se hizo en contradicción al texto de la ley, lo que constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparece en los autos, o sea, completamente contrario a la evidencia demostrada con la prueba de Inspección Ocular ya mencionada.- No obstante, habérsele advertido al Tribunal de Segunda Instancia de la existencia del Acta de Inspección Ocular ya referida, a efecto de que fuera considerada al momento de dictar el fallo, fue ignorado por este Tribunal y no consideró el Documento, cuando debió hacerlo, para no perjudica al trabajador que se le fue desmejorada su indemnización por la falta de apreciación del mencionado medio probatorio de Inspección Ocular, por lo que queda completamente claro y evidenciado que la falta de apreciación de la prueba señalada en este motivo de casación, La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo cometió la violación de la norma sustantiva nacional por infracción indirecta del artículo 123 letra c) interpretado del Código del Trabajo, al negarle a mi mandante un derecho consagrado en la misma, en flagrante violación a la citada norma y llevándose de encuentro los derechos consagrados en los artículos 116 letra e); y, 120 letra d) reformado del Código del Trabajo, Pues menospreciando, el contenido del Acta de Inspección Ocular, para calcular la cantidad que a mi mandante le corresponde por preaviso y auxilio de cesantía, divide las cantidades devengadas entre 180 días, resultándole una cantidad mucho menor, pero que es incorrecta, pues, 180 días no fueron los días “efectivamente” trabajados en los últimos seis meses, sino que fueron 149 los días efectivamente trabajados, entre el primero de septiembre del 2002 y el 28 de febrero del 2003 o sea hay que descontar de los 180 días, 25 domingos y seis feriados, los que suman un total de treinta y un días, de lo que resulta un total de 149 días efectivamente trabajados en los últimos seis meses.- En virtud de todo lo anterior, se pagó incorrectamente las Prestaciones sociales, existiendo una diferencia a pagar a parte de lo fallado EXTRAPETITA por el Tribunal de Primera Instancia y lo reformado por el de Segunda Instancia, por la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS, (Lps. 220,540.54); por tal razón y no existiendo lugar a dudas. presente motivo deberá ser aceptado para casar la sentencia en la forma solicitada. RESULTA: Que mediante auto de fecha treinta de junio del dos mil cuatro, este Supremo Tribunal de Justicia tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JUAN BAUTISTA PACHECO, dándose traslado para la contestación en forma común para ambas partes por el término de diez días, el cual surtió efectos en la Secretaría General de la Corte Suprema. RESULTA: Que en fecha uno de julio de dos mil cuatro, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia el Licenciado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en su condición expresada, formalizando su recurso de casación de la siguiente manera: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional en infracción directa por falta de aplicación de los artículos 116 literal e), 120 reformado literal d), 123 literal b) interpretado Código del Trabajo en relación con el artículo 339 reformado párrafo final del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero párrafo primero del Artículo 765 del Código de Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: Conforme la Doctrina y la Jurisprudencia en materia laboral esta infracción tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado, se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La Corte Acusada en el caso de autos reforma la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, condenando a la Entidad Mercantil BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO S.A., a pagar la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS (157,722.22) en concepto de ajuste o complemento de prestaciones laborales, no aplicando la Corte Acusada el artículo 123 literal b) interpretado del Código del Trabajo que establece: ARTICULO 123: El preaviso, auxilio de cesantía, o indemnización de que tratan los artículos anteriores se regirán por las siguientes reglas: a)......... b) LA INDEMNIZACION QUE CORRESPONDA SE CALCULARA TOMANDO COMO BASE EL PROMEDIO DE SALARIOS DEVENGADOS POR EL TRABAJADOR DURANTE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES QUE TENGA DE VIGENCIA EL CONTRATO, O FRACCION DE TIEMPO MENOR SI NO SE HUBIERE AJUSTADO A DICHO TERMINO.”, EL Decreto 65 reformó el literal b) del artículo antes citado en el sentido de que se calcularía con los días efectivamente laborados; si la norma del Código de Trabajo establece que la indemnización de Preaviso y Auxilio de Cesantía se calcularán con la BASE del promedio de salario devengado durante los ULTIMOS SEIS MESES antes de la terminación del contrato de trabajo, y es un hecho aceptado por las partes que el demandante devengaba un salario CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (Lps. 45,000.00), también es un hecho aceptado por las partes que el BGA paga a sus empleados 16 sueldos, o sea que el SALARIO PROMEDIO de los últimos 6 meses del demandante ascendería a SESENTA MIL LEMPIRAS (Lps 60,000.00), la Corte Acusada NO APLICA el artículo 123 literal b) interpretado del Código de Trabajo, ya que señala como SALARIO PROMEDIO la cantidad de SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 70,000.00) o sea que la Corte Acusada procede a promediar el SALARIO PROMEDIO DOBLE multiplicando el SALARIO PROMEDIO DE LPS. 60.000.00 X 14 meses entre 12 lo cual le arroja Lps 70.000.00 de salario promedio, lo cual genera la diferencia y el ajuste de INDEMNIZACION de Lps. 157,722.22. La Corte Acusada no aplica los artículos 116 literal e) y 120 reformado literal d) ambos del Código del Trabajo, que establecen el pago de la indemnización de preaviso y auxilio de cesantía en relación con el artículo 123 literal b) interpretado del Código del Trabajo que establece la FORMA DE PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES LABORALES como ser PREAVISO Y AUXILIO DE CESANTIA, que es en base al SALARIO PROMEDIO DE LOS ULTIMOS SEIS MESES en relación con el artículo 339 párrafo final del Código del Trabajo, que establece que “ES ENTENDIDO QUE CUANDO EL SALARIO SE ESTIPULE POR QUINCENA O POR MES INCLUYE EN FORMA IMPLICITA EL PAGO DE LOS DIAS FERIADOS O DE FIESTA NACIONAL QUE NO SE TRABAJEN”, siendo que el demandante se le pagaba su salario por meses es obvio que está incluido en su pago los DIAS DESCANSO, por lo cual su cálculo se realizó sobre el SALARIO PROMEDIO DE LOS ULTIMOS 6 MESES, que ascendió a Lps. 60,000.00 por 2 meses de preaviso, 15 meses de auxilio de cesantía, por lo cual no procede el AJUSTE O COMPLEMENTO DE INDEMNIZACION Y DEMAS PRESTACIONES LABORALES. De todo lo anterior se evidencia claramente, que la Corte Acusada, en el caso de autos, a violado las normas sustantivas de orden nacional invocadas, en vía directa al no aplicarla al caso de autos cuando era el caso aplicarla, para decidir que la demanda promovida debía ser declarada sin lugar por no corresponder la aplicación de los días efectivamente laborados para el cálculo de la indemnización laboral. Razón por la cual procede se case la sentencia en el presente motivo. SEGUNDO MOTIVO...... Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional en infracción indirecta por error de hecho que provino de apreciación errónea del medios de prueba inspección que obra a folio 28. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS, las normas sustantivas de orden nacional violadas las constituyen los artículos 116 letra e) y 120 letra d) reformado del Código de Trabajo, 123 literal b) interpretado del Código del Trabajo en relación con el artículo 339 reformado párrafo final del Código del Trabajo. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA.- La prueba apreciada erróneamente es el medio de prueba Inspección personal del Señor Juez asociado de su Secretario de actuaciones a las oficinas del Banco Grupo el Ahorro Hondureño S.A. que obra a folios 28 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación esta comprendido en el numeral 1º. párrafo segundo del Artículo 765 del Código del trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: En el caso de autos la Corte Acusada apreció en forma errónea el medio de Prueba Inspección personal del Señor Juez asociado de su Secretario de Actuaciones llevada a cabo en las oficinas del Banco Grupo el Ahorro Hondureño S.A. que obra a folios 28 de la primera pieza de autos, INCURRIENDO EN UN ERROR DE HECHO, ya que la Corte Acusada APRECIA ERRONEAMENTE este medio de prueba para calificar que el demandante TENIA UN SALARIO ORDINARIO MENSUAL DE SESENTA MIL LEMPIRAS (Lps. 60,000.00), lo cual es incorrecto ya que el salario mensual del demandante ACEPTADO por las partes es de CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (Lps. 45,000.00), el que multiplicado por 16 MESES que devengan los empleados de mi representado entre doce meses arroja un salario promedio de SESENTA MIL LEMPIRAS (Lps 60,000.00), la Corte Acusada apreciando erróneamente este medio de prueba CALIFICA que el salario ordinario del demandante es de Lps.. 60,000.00, SALARIO QUE CORRESPONDE AL SALARIO PROMEDIO, y erróneamente el salario que califica como ORDINARIO lo PROMEDIA, lo cual resulta en que el salario PROMEDIO, y erróneamente el salario que califica como ORDINARIO lo PROMEDIA, lo cual resulta en que el salario PROMEDIO que califica como ORDINARIO lo PROMEDIA, lo cual resulta en que el salario PROMEDIO que resulta multiplicar Lps. 45,000.00 por 16 entre 12 Lps 60,000.00 es PROMEDIADO EN FORMA DOBLE por la Corte Acusada ésta aprecio errónea ocasiona que el BGA sea condenado a pagar CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS (LPS. 157,722.22), en concepto de indemnización de preaviso, auxilio cesantía. La Corte Acusada no aplica los artículos 116 literal e) y 120 reformado literal d) ambos del Código del Trabajo, que establecen el pago de la indemnización de preaviso y auxilio de cesantía en relación con el artículo 123 literal b) interpretado del Código de Trabajo que establece la FORMA DE PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES LABORALES como ser PREAVISO Y AUXILIO DE CESANTIA, que es en base al SALARIO PROMEDIO DE LOS ULTIMOS SEIS MESES en relación con el artículo 339 párrafo final del Código del Trabajo, que establece que “ES ENTENDIDO QUE CUANDO SE ESTIPULE POR QUINCENA O POR MES INCLUYE EN FORMA IMPLICITA EL PAGO DE LOS DIAS FERIADOS O DE FIESTA NACIONAL QUE NO SE TRABAJEN”, siendo que el demandante se le pagaba su salario es obvio que está incluido en su pago los DIAS DESCANSO, por lo cual su cálculo se realizo sobre el SALARIO PROMEDIO DE LOS ULTIMOS 6 MESES, que ascendió a Lps. 60,000-00 por 2 meses de preaviso, 15 meses de auxilio de cesantía, por lo cual no procede el AJUSTE O COMPLEMENTO DE INDEMNIZACION Y DEMAS PRESTACIONES LABORALES. De todo lo anterior se evidencia claramente, que la Corte Acusada, EN APRECIACION Errónea por error de hecho, que es de manifiesto en los autos, a violado las normas sustantivas de orden nacional invocadas, en vía directa, y por medio de las normas procesales señaladas y las normas relacionadas, todas del Código del Trabajo, al decidir contra la evidencia probatoria que las normas sustantivas de orden nacional invocadas produjeran sus efectos legales o complemento de indemnización que no correspondía al caso de autos, ya que el salario promedio de los 6 meses anteriores al despido no procede que se reclamen días efectivamente laborados a empleados que son pagados por mes. Razón por la cual procede se case la sentencia en el presente motivo.”. RESULTA: Que mediante auto de fecha veinte de julio de dos mil cuatro, este Supremo Tribunal de Justicia tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación por parte del Licenciado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, por lo que dio traslado para la contestación en forma común para ambas partes por el término de diez días. RESULTA: Que en fecha diez de agosto de dos mil cuatro, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia el Abogado JACOBO BAUTISTA PACHECO, en su condición de apoderado del señor MANUEL IVAN PINEDA LOPEZ, contestando la demandada de casación de mérito de la siguiente manera: “A LA EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. Al Primer Motivo: este cargo denominado por el Casacionista INFRACCION DIRECTA por falta de aplicación... es únicamente procedente cuando el texto de la norma legal es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con él y si el hecho básico del litigio no se discute; si se halla debidamente establecido y no se aplica la norma legal pertinente, o si se aplica a un hecho inexistente. Este cargo realmente contiene un planteamiento equivocado, pues si la acusación se formula por infracción directa, el recurrente debe estar de acuerdo con el juicio del juzgador sobre los hechos y pruebas del proceso, razón por la cual en esa vía no hay lugar a cuestionamientos fácticos; sin embargo, al plantear el cargo el recurrente hace uso de la modalidad de la censura típicamente indirecta, atacando el fallo de segunda instancia por hechos o circunstancias que ha fallado el Tribunal, pues, lo cierto es que la Corte de Apelaciones recurrida reformó el fallo de Primera Instancia y amplió la condena únicamente en la suma de Lps. 50,250.00, --nada más—- cantidad que sumada a la cantidad que condenó a pagar el Tribunal de Primera Instancia resulta la cantidad de Lps. 157,722.22; pero en la forma como lo explica el Casacionista, busca confundir a esta Honorable Corte Suprema, haciendo creer que en la Corte de Apelaciones recurrida nació la resolución de condenar a la Demandada al pago de la cantidad de Lps. 157,722.22, cuando oportunamente se explicó fue el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo como Tribunal de Primera Instancia, la autoridad que condenó vía ULTRAPETITA (más allá de lo pedido) a pagar la cantidad reformada y el Ad Quem solo se ocupó de modificarla en la suma de Lps. 50,250.00, y que conste, modificando la Sentencia de Primera Instancia sin perjuicio –por lo de la reformatio in pejus- puesto que ambos litigantes recurrimos en Apelación por considerar que el fallo de primera instancia nos perjudicaba, razón por la cual por nuestra parte también formulamos oportunamente el Recurso de Casación contra la Sentencia de Segunda Instancia por la falta de aplicación del artículo 123 letra “b” reformado del Código del Trabajo; es decir, porque si bien es cierto, el Tribunal de Primera Instancia al momento de evacuar el medio de prueba de Inspección Ocular encontró que el pago realizado por concepto de prestaciones sociales no se hizo tomando en cuanta los dieciséis salarios que el Trabajador devengaba, era lógico que éste Juzgado de Primera Instancia apoyado en la facultad que la ley le concede para fallar EXTRA O ULTRA PETITA determinara en su fallo sin necesidad de peticionarlo por las partes, ordenar el pago complementario vía ultrapetita; ahora bien, también no es menor cierto que a pesar de que el cálculo para la indemnización que por despido le ha correspondido a mi Mandante, se hizo conforme lo dispone el inciso b) del artículo 123 del Código de Trabajo, pero, sin apreciar que el artículo en referencia fue reformado, haciendo uso para la elaboración del cálculo de prestaciones sociales ya referido de una norma que fue derogada vía interpretación, reforma que se encuentra consignada en el Decreto Legislativo número 65 del 4 de octubre de 1966, el cual a su letra dice: Art. 1º.- “Interpretar el inciso b) del artículo 123 del Código de Trabajo, en el sentido de que el cálculo para establecer las indemnizaciones por despido injustificado, debe hacerse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador EN LOS DIAS “EFECTIVAMENTE” TRABAJADOS durante los últimos seis (6) meses de vigencia del contrato o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término.”, como se puede apreciar la reforma consistió en agregar al inciso b del artículo 123 la palabra “efectivamente”, lo cual no tiene ni ha tenido otro motivo que únicamente tomar en cuenta para el cálculo de prestaciones sociales, los días que el trabajador efectivamente trabajó en los últimos seis (6) meses o fracción de tiempo menor si no se hubiere trabajado todo ese período, para así elaborar el cálculo de prestaciones sociales conforme “los días efectivamente trabajados” durante el período de que se trate.- Por otra parte en ninguno de los considerandos del Decreto 65 que reforma la letra b) del artículo 123 del Código del Trabajo se dispone o condiciona a qué clase de trabajadores se les pagará conforme los días efectivamente trabajador, es decir si a los empleados mensuales o semanales, por lo que es equivocado el criterio que maneja el Casacionista de relacionar el artículo 339 del Código del Trabajo con el Decreto ya explicado, pues ambos regulan situaciones completamente diferentes, es decir, el Artículo 339 ibidem, contenido en el Título IV, Jornadas, Descansos y Salarios, Capítulo I Jornadas de Trabajo, regula el pago, en el sentido de que en el caso de los empleados mensuales se entiende implícito el pago de los días de descanso y feriados que no se trabajasen y otra cosa diametralmente diferente regula el Decreto ya referido, que interpreta el Artículo 123 inciso b) del Código de Trabajo, contenido en el Título II, Contratos de Trabajo, capítulo IX Preaviso, en el sentido de que sin considerandos que expliquen algo diferente, que interpreta el cálculo para el pago de la indemnización que a todo trabajador le corresponda por concepto de prestaciones laborales deberá hacerse conforme los salarios devengados en los últimos seis meses entre los días efectivamente trabajados por éste. Finalmente Honorables Magistrados, Al SER COMPLETAMENTE FALSO EL ATAQUE, al haberse aplicado la norma pertinente, pero con un concepto erróneo por parte del Casacionista del cargo que plantea con su consecuente equivocada demostración del motivo que sustenta, confundiendo completamente el motivo en que debe encausar el hecho; de tal manera que a la Corte no le es dable entrar a elegir el motivo en que se encausa el hecho a favor o en perjuicio de las partes, peor entre conceptos erróneos o la modalidad en que pueda configurarse el supuesto quebranto de la ley sustancial por parte de la sentencia recurrida, labor que la ley no le atribuye a esta Corte, resultando jurídicamente inaceptable que un Tribunal de Casación pueda corregir o completar un recurso, razón por la cual este motivo de casación debe desestimarse. Al SEGUNDO MOTIVO DE CASACION denominado por el Casacionista Infracción Indirecta por error de hecho que según él, provino de apreciación errónea del medio de prueba inspección que obra a folio 28 y que estima como una norma sustantiva violada el artículo relacionado 339 reformado párrafo final del Código del trabajo.` Es preciso aclarar, Honorables Magistrados, que las normas sujetas a violación conforme la doctrina y la jurisprudencia laboral son las que generan derechos y obligaciones y no las meramente enunciativas o que regulen cuestiones de carácter general como el caso del artículo 339 precitado. Asimismo es preciso recordar, que el Tribunal de Casación no es una tercera instancia, por lo que solo debe enfrentarse la sentencia acusada y la ley en que el debate se circunscribe a los factores relevantes del fallo en presencia de las normas que se consideran violadas y que por lo mismo no puede confundirse este recurso extraordinario con una tercera instancia, pues, AL FALLADOR NO LE ES DABLE HACER UNA REVISION DEL JUICIO PARA DETENERSE EN EL EXAMEN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EXPEDIENTE, asimismo que se le permita hacer una valoración completa de la litis con la siguiente evaluación de todos los elementos instructorios según el concepto que se forme de su mérito, sino como se dijo, un recurso extraordinario principalmente encaminado a rectificar cualquier violación, mediante la sentencia que se impugna, de aquí que la apreciación de las pruebas hechas por él sea intocable, aunque la corte no esté de acuerdo con ella, salvo el caso de error grosero por lo evidente, pues, mientras las consecuencias a que llegue el Juez sean el resultado de un razonamiento lógico, el Tribunal de Casación ha de respetarlas, porque los preceptos legales sobre estimación de las pruebas están dirigidos al fallador, y es él quien debe aplicarlos.- Para el caso, es evidente que el Tribunal de Segunda Instancia no tomó en cuenta en su fallo, el medio de prueba de Inspección Ocular que utiliza el Casacionista como medio para fundamentar su cargo, así es que si la censura se hace por error de hecho, la misma no cabe en el cargo si ésta no fue tenida en cuenta, es decir si no fue apreciada ni mucho menos, erróneamente apreciada por el fallador, por lo anterior se considera que el cargo se encuentra mal formulado pues, de la lectura de la Sentencia recurrida se aprecia que por ningún lado el tribunal de segunda instancia valoró la prueba a que hace referencia el Casacionista por lo que por ningún motivo pudo existir una interpretación ERRÓNEA de la prueba por parte del Tribunal de Apelación, como lo plantea el recurrente en su segundo motivo. Al contestar lo relativo al primer motivo desarrollado por el Casacionista, se explicó que fue el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo como Tribunal de Primera Instancia, la autoridad que condenó vía ULTRAPETITA (más allá de lo pedido) a pagar la cantidad reformada y el Ad Quem sólo ocupó de modificarla en la suma de Lps. 50,250.00, y que conste, modificando la Sentencia de Primera Instancia sin perjuicio –por lo de la reformatio in pejus- puesto que ambos litigantes recurrimos en Apelación por considerar que el fallo de primera instancia nos perjudicaba, razón por la cual por nuestra parte también formulamos oportunamente el Recurso de Casación contra la Sentencia de Segunda Instancia por la falta de aplicación del artículo 123 letra “b” reformado del Código de Trabajo, es decir, porque si bien es cierto, el Tribunal de Primera Instancia al momento de evacuar el medio de prueba de Inspección Ocular encontró que el pago realizado por concepto de prestaciones sociales no se hizo tomando en cuenta los dieciséis salarios que el Trabajador devengaba, era lógico que éste Juzgado de Primera Instancia apoyado en la facultad que la ley le concede para fallar EXTRA O ULTRA PETITA determinara en su fallo sin necesidad de peticionario por las partes, ordenar el pago complementario vía ultrapetita. Ahora bien, también no es menos cierto que a pesar de que el cálculo para la indemnización que por despido le ha correspondido a mi Mandante se hizo conforme lo dispone el inciso b) del artículo 123 del Código del Trabajo, pero, sin apreciar que el artículo en referencia fue reformado, haciendo uso para la elaboración del cálculo de prestaciones sociales ya referido, de una norma que fue derogada vía interpretación, reforma que se encuentra consignada en el Decreto legislativo número 65 del 4 de octubre de 1966, el cual a su letra dice: Art. 1º.- “Interpretar el inciso b) del artículo 123 del Código del Trabajo, en el sentido de que el cálculo para establecer las indemnizaciones por despido injustificado, debe hacerse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador EN LOS DIAS “EFECTIVAMENTE” TRABAJADOS durante los últimos seis (6) meses de vigencia del contrato o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término.”, como se puede apreciar la reforma consistió en agregar al inciso b del artículo 123 la palabra “efectivamente” lo cual no tiene ni ha tenido otro motivo que únicamente tomar en cuanta para el cálculo de prestaciones sociales, los días que el trabajador efectivamente trabajó en los últimos seis (6) meses o fracción de tiempo menor si no se hubiere trabajado todo ese período, para así elaborar el cálculo de prestaciones sociales conforme “los días efectivamente trabajados” durante el período de que se trate.- Por otra parte en ninguno de los considerandos del Decreto 65 que reforma la letra b) del artículo 123 del Código del Trabajo se dispone o condiciona a que clase de trabajadores se les pagará conforme los días efectivamente trabajador, es decir si a los empleados mensuales o semanales, por lo que es equivocado el criterio que maneja el Casacionista de relacionar el artículo 339 del Código del Trabajo con el Decreto ya explicado, pues, ambos regulan situaciones completamente diferentes. Honorables Magistrados, este motivo de casación no constituye mas que otra cortina de humo para vosotros utilizada por el recurrente como medio para librarse del pago de DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS, (Lps. 220,540.54) que la demandada dejó de pagar al no calcularse las prestaciones sociales, tomando en cuenta el medio de prueba consistente en el Acta de INSPECCION OCULAR, que corre agregada a los autos a folio #28 del expediente de primera instancia que se practicó durante la dilación probatoria el día 8 de enero del 2004 en las oficinas de la entidad demandada, mediante la cual se constató: a)....; b)....; C) DIAS EFECTIVAMENTE TRABAJADOS POR EL TRABAJADOR DEMANDANTE FUERON 149 DIAS DURANTE LOS ULTIMOS SEIS MESES.- Como se puede evidenciar, el Tribunal de primera instancia constató mediante inspección ocular que los días EFECTIVAMENTE LABORADOS por mi patrocinado fueron CIENTO CUARENTA Y NUEVE (149), por lo que ningún motivo se debió elaborar el cálculo del preaviso y la cesantía que le corresponde a mi andante en base a CIENTO OCHENTA DIAS (180 días) tal como se hizo en contradicción al texto de la ley. En virtud de todo lo anterior, a quien se perjudicó al no apreciarse el medio de prueba de Inspección ya citado fue a mi Mandante y no al Casacionista, pues a mi patrocinado se le pagaron incorrectamente las prestaciones sociales, existiendo una diferencia a pagar a parte de lo fallado EXTRAPETITA por el tribunal de Primera Instancia y lo reformado por el de Segunda Instancia, por la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 220,540.54).- Lo expuesto junto al hecho de encontrarse erróneamente planteado este motivo de casación es imposible que prospere y debe ser rechazado por esta Honorable Corporación. FUNDAMENTOS DE DERECHO Apoyo este escrito en las disposiciones legales siguientes: 770, 773, 776, 777, 778 y demás aplicables del Código de Trabajo.”. RESULTA: Que en fecha doce de agosto de dos mil cuatro, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia el Licenciado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en su condición de apoderado legal de la entidad mercantil BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO, S.A. (B.G.A.), contestando la demanda de la siguiente manera: “A LA EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. AL PRIMER MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 123 letra b) del Código del Trabajo reformado mediante decreto Legislativo número 65 del 4 de octubre de 1996, en relación con los artículo 116 letra e); y 120 letra d) reformado del Código del Trabajo. Este motivo de casación presentado por el casacionista no puede apreciarse para efectos de casación en el caso de autos por las razones siguientes: El recurrente señala como norma sustantiva violada el artículo 123 letra b) del Código del Trabajo reformado mediante decreto Legislativo número 65 del 04 de Octubre de 1996, en relación con los artículos 116 letra b) y 120 letra d) reformado del Código de Trabajo, sin que esta norma sea aplicables al caso que nos ocupa ya que el demandante al ser empleado pagado por quincena el artículo 339 párrafo final reformado del Código del trabajo establece: ES ENTENDIDO QUE CUANDO EL SALARIO SE ESTIPULE POR QUINCENA O POR MES INCLUYE EN FORMA IMPLICITA EL PAGO DE LOS DIAS FERIADOS O DE FIESTA NACIONAL QUE NO SE TRABAJEN”; el demandante alega que se le calculen sus prestaciones laborales sobre los días efectivamente laborados lo cual es improcedente por ser empleado pagado por quincena. Por lo expuesto es evidente que este motivo de casación debe desestimarse. AL SEGUNDO MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por interpretación errónea del artículo 123 letra b) del Código del Trabajo reformado mediante decreto Legislativo número 65 del 4 de Octubre de 1996, en relación con los artículo 116 letra e); y 120 letra d) reformado del Código del Trabajo. Este motivo de casación presentado por el casacionista no puede apreciarse para efectos de casación en el caso de autos por las razones siguientes: El recurrente señala que la sentencia es violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por Interpretación Errónea del artículo 123 letra b) del Código del trabajo reformado mediante decreto Legislativo número 65 del 04 de Octubre de 1996, en relación con los artículos 116 letra b) y 120 letra d) reformado del Código de Trabajo, sin que esta norma sea aplicable al caso que nos ocupa ya que el demandante al ser empleado pagado por quincena el artículo 339 párrafo final reformado del Código del trabajo establece: ES ENTENDIDO QUE CUANDO EL SALARIO SE ESTIPULE POR QUINCENA O POR MES INCLUYE EN FORMA IMPLÍCITA EL PAGO DE LOS DIAS FERIADOS O DE FIESTA NACIONAL QUE NO SE TRABAJEN”, el demandante alega que se le calculen sus prestaciones laborales sobre los días efectivamente laborados lo cual es improcedente por ser empleado pagado por quincena. Por lo expuesto es evidente que este motivo de casación debe desestimarse. AL TERCER MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 123 del Código del Trabajo interpretado en el inciso b) por el decreto Legislativo número 65 del 4 de Octubre de 1996, en relación con los artículo 116 letra e); y 120 letra d) reformado y 738 y 739 del Código del Trabajo por error de hecho manifiesto por la falta de apreación del medio de prueba Inspección ocular que corre agregado a folio 28 del expediente de primera instancia. Este motivo de casación presentado por el Casacionista no puede apreciarse para efectos de casación en el caso de autos por las razones siguientes: La falta de apreciación alegada por el Casacionista es Improcedente ya que de la simple lectura de la Sentencia de Segunda Instancia, se establece que no HUBO TAL FALTA DE APRECIACION ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo, fundada en la dicha Inspección es que precisamente reforma la sentencia condenatoria al BGA a más cantidad que la sentencia de primera instancia. Por lo expuesto es evidente que este motivo de casación debe desestimarse.”. RESULTA: Que mediante autos de fecha doce de agosto de dos mil cuatro, se tuvo por contestados en tiempo los recursos de casación por parte del Abogado JACOBO BAUTISTA PACHECO, y el Licenciado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en sus condiciones indicadas, por lo que se ordenó proseguir con el trámite correspondiente. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en la demanda de mérito, se designó Magistrada ponente a LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de Sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediere conforme a derecho. CONSIDERANDO: Que el Recurrente, Abogado JACOBO BAUTISTA PACHECO, apoderado del señor MANUEL IVAN PINEDA LOPEZ, alega en el primer motivo “ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 123 letra b) del Código del Trabajo reformado mediante Decreto Legislativo número 65 de 4 de octubre de 1966, en relación con los artículos 116 letra e); y 120 letra d) reformado del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. Pero resulta que al contrario de lo que alega el Recurrente, el Tribunal Sentenciador si aplicó la norma en todo su contexto y de ninguna manera le negó derecho alguno al trabajador, pues como bien lo afirman los Tribunales de instancia y así lo ha sostenido esta Corte, que cuando el salario se estipula por quincena o por mes, en él se incluye en forma implícita el pago de los días feriados o de fiesta nacional que no se trabajan, y siendo que el trabajador fue contratado por un salario pagadero en forma mensual, en el se incluye el pago por los conceptos indicados, de manera que su salario era siempre el mismo, nunca se le pagó por días trabajados y es sobre este salario mensual que se toma como base para calcular el promedio de los salarios devengados por el trabajador en los días efectivamente trabajados durante los últimos seis meses de vigencia del contrato, o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término. Por las razones antes expuestas este motivo resulta improcedente. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el segundo motivo alega “ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por Interpretación errónea del artículo 123 letra b) del Código del Trabajo reformado mediante Decreto Legislativo número 65 del 4 de octubre de 1966, en relación con los artículos 116 letra e) y 120 letra d) reformado del Código del Trabajo y 17 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo.” El impetrante en el primer motivo alega infracción del artículo 123 letra b) del Código del Trabajo reformado mediante Decreto Legislativo número 65 de 4 de octubre de 1966, en relación con los artículos 116 letra e); y 120 letra d) reformado del Código del Trabajo, mismo que alega infringido en este motivo por interpretación errónea, resultando de ello inadmisible porque aun cuando se han hecho por separado los motivos, estos corresponden a un mismo artículo que no puede ser infringido de dos maneras distintas, ni porque en la disyuntiva de uno se proceda con el otro ya que ello evidencia una falta de claridad y precisión. Por otra parte, como ya se dijo en el considerando anterior, el Tribunal Sentenciador si aplicó la norma en todo su contexto y de ninguna manera le negó derecho alguno al trabajador, siendo su interpretación la que se desprende de sus propios términos. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el tercer motivo alega “ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 123 del Código del Trabajo, interpretado en el inciso b) por el decreto legislativo No. 65 del 4 de octubre de 1966, en relación con los artículos 116 letra e); y, 120 letra d) reformado y 738 y 739 del Código del Trabajo por ERROR DE HECHO manifiesto por la falta de apreciación del medio de prueba que a continuación se singulariza: MEDIO DE PRUEBA DE INSPECCION OCULAR, que corre agregada a los autos a folio # 28 del expediente de primera instancia, consistente en el Acta levantada en la audiencia señalada para el día ocho de enero del dos mil cuatro celebrada en las oficinas de la empresa Banco Grupo el Ahorro Hondureño, S.A. (B.G.A.). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo.” Pero al cotejar la sentencia con el cargo expuesto se infiere que el Tribunal sentenciador si apreció el medio de prueba en cuestión, en adición no indica las normas procedimentales que sirven de medio para la violación de las sustantivas, por lo que el motivo alegado resulta inadmisible. CONSIDERANDO: Que el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, apoderado del BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO, S.A. alega en el primer motivo “ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional en Infracción directa por falta de aplicación de los artículos 116 literal e), 120 reformado literal d), 123 literal b) interpretado del Código del Trabajo en relación con el artículo 339 reformado párrafo final del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo.” Del análisis de la sentencia recurrida se evidencia que cuando el Ad-Quem reforma la sentencia lo hace únicamente en el sentido de condenar a la entidad demandada a pagar al trabajador demandante la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS en concepto de complemento o ajuste de prestaciones laborales; y confirma la sentencia en los demás extremos, con lo que hace suyas las consideraciones del Tribunal de primera instancia, y sí aplicó las normas sustantivas que el impetrante considera infringidas por falta de aplicación; asimismo el Tribunal aplicó la norma que regula los hechos debatidos y probados en juicio; en tal virtud resulta inadmisible este primer motivo. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el segundo motivo alega “ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional en Infracción indirecta por error de hecho que provino de apreciación errónea del medio de prueba inspección que obra a folio 28. NORMAS SUSTANTIVA VIOLADAS, las normas sustantivas de orden nacional violadas las constituyen los artículos 116 letra e) y 120 letra d) reformado del Código del Trabajo, 123 literal b) interpretado del Código del Trabajo en relación con el artículo 339 reformado párrafo final del Código del Trabajo. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA. La prueba apreciada erróneamente es el medio de prueba inspección personal del señor Juez asociado de su Secretario de actuaciones a las oficinas del Banco Grupo El Ahorro Hondureño S.A., que obra a folios 28 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1º. párrafo segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo.” En el desarrollo del concepto de la infracción el impetrante alega que se ha apreciado erróneamente la prueba de inspección porque el Tribunal sentenciador califica que el salario ordinario del demandante es de Lps. 60,000.00, salario que corresponde al salario promedio y erróneamente el salario que califica como ordinario lo promedia, pero no toma en consideración que el salario lo integra no solo la remuneración fija u ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie y que implique retribución de servicios, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas, comisiones o participaciones de utilidades, y que la indemnización que corresponda se calculará tomando como base el promedio de los salarios efectivamente devengados por el trabajador durante los últimos seis meses que tenga de vigencia el contrato o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término, de manera que el alegato que el cálculo debe hacerse sobre el salario ordinario resulta equivocado lo cual lo ha llevado igualmente a la equivocación de suponer que es el Tribunal sentenciador quien ha apreciado erróneamente el medio de prueba de inspección personal del Juez asociado de su Secretario de actuaciones que obra a folio 28 de la primera pieza. Siendo entonces que al no existir el error de hecho tampoco existe violación de la ley sustantiva de orden nacional y por consiguiente el cargo es infundado e inadmisible. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 776, 777 y 858 del Código de Trabajo. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por el Abogado JACOBO BAUTISTA PACHECO apoderado del demandante MANUEL IVAN PINEDA LOPEZ en sus tres motivos de que se ha hecho mérito. 2) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR apoderado del BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO, S.A. en sus dos motivos. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- TEODOLINDA PINEDA CARDONA. COORDINADORA.- LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA.- ROBERTO LAGOS BANEGAS. FIRMA Y SELLO.- MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los diecinueve días del mes de enero de dos mil cinco. Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil cuatro, recaída en el recurso de casación laboral No. 891-04.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL