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Sentencia CL-433-04 — Registro 483

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la demanda interpuesta por el trabajador para probar la justa causa del despido, en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que la forma en que el recurrente consigna el alcance de la impugnación le falta claridad y precisión pues por una parte dice que persigue: “a) Casar la sentencia en la parte resolutiva anteriormente transitoria, anulándola transitoriamente; proposición impropia, pues la sentencia no se puede anular transitoriamente, y en el fallo sustitutivo que propone dice: “Casar totalmente la sentencia dictada...”. Asimismo impugna los considerándos del fallo, que no son motivo de ataque en casación. – La defectuosa presentación de la demanda en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el censor; y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho mérito"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa M.D.C., veintiocho de septiembre de dos mil cuatro. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación por infracción de ley, formalizado ante este Supremo Tribunal de Justicia, en fecha veintitrés de abril de dos mil cuatro, por el Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP); con relación a la demanda ordinaria laboral de EMPLAZAMIENTO PARA LA JUSTIFICACION DE UN DESPIDO, CASO CONTRARIO SE ORDENE EL REINTEGRO AL TRABAJO CON EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, BONIFICACIONES, AUMENTOS SALARIALES, OTROS DERECHOS RECONOCIDOS A LOS DEMAS TRABAJADORES, Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha veintiséis de marzo de dos mil tres, ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán, por la señora MIRIAM ELENA RAMIREZ ZELAYA, mayor de edad, casada, Secretaria Comercial, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su representante legal y Director Ejecutivo, señor DAVID ANTONIO MENDOZA LUPIAC, mayor de edad, casado, hondureño, Abogado y también de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintinueve de enero de dos mil cuatro, emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, la cual falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha doce de noviembre de dos mil tres, la que falló: 1) declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral de EMPLAZAMIENTO PARA LA JUSTIFICACION DE UN DESPIDO, CASO CONTRARIO SE ORDENE EL REINTEGRO AL TRABAJO CON EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, BONIFICACIONES, AUMENTOS SALARIALES, y OTROS DERECHOS RECONOCIDOS A LOS DEMAS TRABAJADORES, promovida por la señora MIRIAM ELENA RAMIREZ ZELAYA, de generales expresadas, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP); 2) CONDENO a dicho Instituto a pagar a la señora MIRIAM ELENA RAMIREZ ZELAYA los salarios dejados de percibir desde el momento en que ocurrió el despido injustificado hasta el momento que la demandante sea reinstalada en su puesto por lo menos en igualdad de condiciones a través del señor DAVID ANTONIO MENDOZA LUPIAC, en su condición ya aludida; 3) SIN LUGAR el reclamo de bonificaciones, y aumentos de salarios. Con costas en la primera instancia y SIN COSTAS en la segunda instancia. RESULTA: Que en fecha cuatro de marzo de dos mil cuatro, este Supremo Tribunal dictó sentencia mediante la cual RESOLVIÓ: Admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Licenciado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, en su calidad expresada, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha veintinueve de enero de dos mil cuatro, y dispuso dar traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formalizara su recurso. RESULTA: Que en fecha veintitrés de abril de dos mil cuatro, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia el Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, de generales expresadas y en su condición de apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO, (INJUPEMP), formalizando su Demanda y expresando los siguientes motivos de casación: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO. Interpretación errónea por error de derecho y por error de hecho en la apreciación de la prueba. ERROR DE HECHO: Existe error de hecho al haberse dado por establecido, por declararse con lugar la Demanda Ordinaria Laboral de reintegro promovida por la señora MIRIAM ELENA RAMIREZ ZELAYA, (ver folio 33 al 37 de la primera pieza de autos), y no haberse apreciado la prueba INSPECCION PERSONAL DEL SEÑOR JUEZ ASOCIADO CON SU SECRETARIO DE ACTUACIONES donde se demostró que la cancelación de la señora demandante obedeció a la reestructuración del INJUPEMP a fin de ofrecer al público participante mayor eficiencia y eficacia, específicamente en cuanto a las actividades de los jubilados y otras que tienen que ver con actividades de periodismo; La prueba Inspección, comprobó que la demandante tenía la profesión de Secretaria Comercial, por lo tanto fue nombrada como Secretaria del Departamento de Relaciones Públicas, y al realizar ésta funciones como ser viajes fuera de la ciudad de Tegucigalpa, para cubrir actividades de los jubilados, tomar fotografías etc. De los jubilados, resultaba incompatible con sus conocimientos adquiridos de su profesión. ERROR DE DERECHO: Existe error de derecho al establecerse en la sentencia recurrida, en su considerando siete (7), que el INJUPEMP, no señaló causal alguna de las permitidas por la Ley y no justificar la causa justa del despido en el acuerdo de cancelación y por no establecer en la nota de despido que se trataba de una reestructuración en el Departamento de Préstamos Hipotecarios; sin embargo como se comprobó plenamente en la secuela del Juicio si hubo justas causas para dar por finalizada la relación laboral con la señora demandante, fundamentándose para ello en el Reglamento Interno de Trabajo del INJUPEMP, el cual forma parte del Contrato de trabajo, específicamente en el artículo 46 que literalente dice: “Artículo 46: Cuando a consecuencia de una reorganización administrativa, o por cualquiera de las causas establecidas en el artículo 111 del Código del Trabajo, hubieren necesidad de prescindir de los servicios de un trabajador, podrá darse por terminado el Contrato de trabajo, haciéndose efectivo las prestaciones laborales a que hubiere lugar”; Sumado a lo anterior se tomó como fundamento el artículo 262 párrafo primero de la Constitución de la República, el cual en su parte medular establece: “ARTICULO 262: Las Instituciones descentralizadas gozan de independencia funcional y administrativa y a este efecto podrán emitir los reglamentos que sean necesarios de conformidad con la Ley”. En el caso de autos no se apreciaron las pruebas que acabo de relacionar y los preceptos jurídicos anteriormente mencionados, ya que de lo contrario la sentencia de primera instancia hubiese sido revocada por el Tribunal AD QUEM, ya que se probó plenamente en el juicio que la señora demandante no reunía los requisitos esenciales del cargo de Asistente del Departamento de relaciones Públicas, que como reiteramos eran las verdaderas funciones que la demandante realizaba, en vista que no ostentaba la Licenciatura en Periodismo, siendo solamente Secretaria Comercial, resultando lo anterior justas causas para dar por finalizada la relación laboral existente con el INJUPEMP; Por lo que no era ni es procedente declarar con lugar la demanda ordinaria laboral de reintegro propuesta por la demandante.- El Juez a-quo ha incurrido en error de hecho en la apreciación de las pruebas; porque si bien es cierto que el Juez no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, formará su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito; pero en el presente juicio no se apreciaron las pruebas relacionadas, pues por el contrario fueron ignoradas en su totalidad quizás con el ánimo de los Juzgadores de favorecer a la señora demandante, que es lo único que refleja la sentencia impugnada, así como de la primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 765 causal primera del Código del Trabajo, en lo que se refiere a la violación de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. SEGUNDO MOTIVO Infracción directa o falta de aplicación del artículo 262 párrafo primero de la Constitución de la República que establece: “ARTICULO 262: Las Instituciones descentralizadas gozan de independencia funcional y administrativa y a ese efecto podrán emitir los reglamentos que sean necesarios de conformidad con la Ley.” Y por la falta de aplicación del artículo 46 del Reglamento Interno de Trabajo, el cual estipula: Artículo 46: Cuando a consecuencia de una reorganización administrativa, o por cualquiera de las causas establecidas en el artículo 111 del Código del Trabajo, hubieren necesidad de prescindir de los servicios de un trabajador, podrá darse por terminado el Contrato de trabajo, haciéndose efectivo las prestaciones laborales a que hubiere lugar”; ya que con las Normas Jurídicas citadas se justificó considerablemente, que el despido de la demandante se debió a una reestructuración o reorganización dentro del Departamento de Préstamos Hipotecarios del INJUPEMP, en el sentido de que los Analistas de Créditos deben ser Profesionales universitarios o en su defecto pasantes de carreras universitarias afín al cargo mencionado. PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 765 causal primera del Código del Trabajo, en lo que se refiere a la Ley sustantiva, por infracción indirecta, aplicación indebida o interpretación errónea”. RESULTA: Que mediante auto de fecha veintiséis de abril de dos mil cuatro, este Supremo Tribunal de Justicia tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenando dar traslado al opositor por el término de diez días para que contestara dicha demanda, haciéndolo en fecha veinticinco de mayo de dos mil tres, la Licenciada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en el Distrito Central, en su condición de apoderada legal de la señora MIRIAM ELENA RAMIREZ ZELAYA, de la siguiente manera: “A LA EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION. AL PRIMER MOTIVO. El recurrente en el PRIMER MOTIVO DE CASACION manifiesta Interpretación errónea por error de derecho y por error de hecho en la apreciación de la prueba.”, e invoca como precepto autorizante el comprendido en el numeral artículo 765 causal primera del Código del Trabajo, en lo que se refiere a la violación de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. El recurrente ha confundido los modos y los conceptos en que puede producirse la violación de la ley.- El artículo 76 numeral 1 del Código del Trabajo establece como causales de casación ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Esto quiere decir que esas causales se encuentra comprendidas en lo que corresponde a la violación de la ley por la vía Directa.- Y el párrafo segundo del numeral 1 del artículo 765 estable otra forma de violación de la ley, ésta es la que comprende la violación de la ley por la vía indirecta, proveniente de apreciación errónea o falta de apreciación de determinadas pruebas. La violación por la vía directa se produce por tres modos a saber: a) Infracción Directa. b) Aplicación Indebida. c) Interpretación Errónea. La violación por la vía indirecta se produce por dos modos a saber: d) por error de hecho, o e) por error de derecho. LA INTERPRETACION ERRONEA: se produce cuando el juez aplica la ley que regula el caso, pero le da una interpretación que no es la correcta. La doctrina establece la diferencia entre la violación por la vía directa e indirecta, y al respecto señala las siguientes: a) La violación por la vía directa es un modo de violar la ley. b) Cuando se alega la violación de la ley por vía indirecta se discuten los hechos únicamente. c) De tal manera que si se aceptan los hechos, y se discute derecho, habrá violación por la vía directa. d) La violación por la vía indirecta, consiste en que se viola la ley por las siguientes razones: 1.- Por el análisis de la prueba, o 2.- Por la apreciación de la prueba. e) En la violación directa, el análisis y la apreciación de la prueba es correcto, y por ser así el recurrente no discute los hechos, y por lo tanto, los acepta tal como el tribunal los presentó.- Cuando haya violación indirecta, el impúgnate no está de acuerdo con los hechos que el sentenciador da por probados, y por eso la vía indirecta se produce por errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba. La Ley y la doctrina estable que la causal o motivo de casación y el concepto de violación deben invocarse con exactitud y con misma precisión, cuidando de no agrupar en el mismo cargo conceptos incompatibles la violación directa y la indirecta, el ataque por el primer concepto se cumple por la sola aplicación o inaplicación de la legal jurídica a un supuesto fáctico en el cual están de acuerdo el impugnante y el sentenciador, el ataque al margen de toda cuestión probatoria, mientras que por el segundo concepto la violación resulta de la aplicación del precepto a una situación de hecho que no es la configurada por los medios instructorios que obran en los autos. Por lo que se concluye que no existe ni en la legislación, ni en la doctrina la Interpretación errónea por error de derecho y por error de hecho en la apreciación de la prueba, ya que como hemos visto el error de hecho y de derecho se producen únicamente en la infracción de la ley por la vía indirecta y no en la directa en éste caso a través de la interpretación errónea como lo pretende el recurrente.- Apartándose de estos requisitos esenciales el casacionista vuelve inadmisible el primer motivo de casación. El planteamiento de este motivo peca de contradictorio pues plantea dentro de un mismo motivo el error de derecho y el error de hecho. Por lo tanto resulta inadmisible dicho motivo. AL SEGUNDO MOTIVO El recurrente en el SEGUNDO MOTIVO DE CASACION manifiesta: “Infracción Directa o falta de Aplicación del artículo 262 Párrafo Primero de la Constitución de la República y el 46 del Reglamento Interno de Trabajo”, en el caso del artículo 46 no especifica a qué reglamento interno se refiere e invoca como precepto autorizante el comprendido en el numeral artículo 765 causal primera del Código del Trabajo, en lo que se refiere a la violación de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Al referirse a las normas violadas, el recurrente invoca como tal 262 Párrafo Primero de la Constitución de la República y el 46 del Reglamento Interno del Trabajo. Como lo exige el artículo 765 del Código del Trabajo para que pueda ser atacado por la vía de casación, tiene que tratarse de una norma sustantiva de orden nacional. Como la ley no define lo que es una norma sustantiva de orden nacional, la jurisprudencia comúnmente a recurrido a la doctrina sostenida por MIGUEL GERARDO SALAZAR en su curso de Derecho Procesal del Trabajo, Editorial Temis, Segunda Edición, Bogotá, D.E. Colombia, Páginas 399 a la 404, que en lo atinente dice: “por ley sustantiva se entiende toda norma de derecho positivo, de carácter nacional, por medio de la cual se consagran derechos y obligaciones correlativas” “la doctrina y jurisprudencia han definido la ley sustantiva como la consagra o establece derechos y obligaciones, y como adjetiva la que señal el procedimiento o determina la manera de hacer efectivos aquellos”· “la naturaleza de una disposición su calidad de sustantiva o adjetiva, resulta de su propio contenido y no del Código o Estatuto en donde figure...”.- El cargo es totalmente inestimable por cuanto señala como infringida una norma que se circunscribe a definir la facultad que tiene las Instituciones descentralizadas, sin indicar si la violación de las mismas condujo al quebrantamiento de otras normas verdaderamente sustantivas, consagratorias de los derechos supuestamente vulnerados, los cuales no indica el recurrente.- Por lo que cabe se declare inadmisible el recurso de casación en su segundo motivo. Pero es sabido que las normas constitucionales no son atacables por la vía de casación, a menos que su tratamiento las haga descender al nivel de normas sustantivas. Igualmente el Reglamento por sí solo no constituye un elemento para alegar su violación en casación, porque si el Reglamento tiene por finalidad hacer viable la aplicación de la Ley, la violación en estricto sentido, no es del Reglamento, si no de la Ley que reglamenta. Por consiguiente la norma que se debe plantear como transgredida es la Ley y cuando se menciona un Reglamento tiene que relacionarse con la ley, que es la disposición quebrantada, pues el Reglamento tiene vida en la medida en que exista la Ley. Por las razones apuntadas es procedente declarar no ha lugar la sentencia en este motivo”. RESULTA: Que en proveído de fecha veintisiete de mayo de dos mil cuatro, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Licenciada JOHANA WALESKA BARAHONA, por contestada en tiempo la demanda de Casación, ordenándose seguir con el trámite correspondiente. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombra Magistrado Ponente a la Abogada TEODOLINDA PINEDA C., quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediera en derecho. CONSIDERANDO: Que toda demanda de Casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere. CONSIDERANDO: Que el censor en la demanda de casación al pretender formular la declaración del alcance de la impugnación que es el petitum de la demanda lo hace en los siguientes términos: “La impugnación que se hace comprende los considerandos cuarto y quinto, toda la parte resolutiva de la sentencia recurrida, pues no puede considerarse conforme a los lineamientos que flanquean las leyes sobre la materia, señalamos como tal la dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento Francisco Morazán de fecha 29 de enero del 2004; transcribiendo la parte resolutiva de la referida sentencia que literalmente dice: y transcribe la sentencia antes señalada. Seguidamente expresa: “En la presente demanda de Casación se persigue la anulación del Fallo pronunciado que confirma la Sentencia Definitiva del Juzgado de Letras Primero del Trabajo en fecha 11 de marzo del 2003; por lo que se solicita a este Tribunal casar la sentencia recurrida y actuando en sede de instancia profiera el Fallo que ha de sustituirlo reformándola y pronunciándola en los términos siguientes: a) Casar la sentencia en la parte resolutiva anteriormente transitoria, anulándola transitoriamente; b) Que casada ésta, la Honorable Corte Suprema de justicia, acto seguido y actuando en sede de la instancia la sustituya por la que en derecho corresponde, dictando fallo reemplazado dicho ordenamiento en la forma siguiente: “POR TANTO: La Honorable Corte Suprema de Justicia en nombre de la República, por unanimidad de votos y en aplicación de los Artículos No. 128, 134, 135, 303, 313, 315 de la Constitución de la República; 1, 80, No. 10 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 98 numeral 10.; 111 No. 7mo.; 112 numeral H. 664, 665 y 666 literal c), 858 del Código del Trabajo. FALLA: PRIMERO: Casar totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Ciudad con fecha 29 de enero del 2004, que motiva el presente recurso de casación de que se ha hecho mérito; SEGUNDO: Declarar Sin Lugar la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora MIRIAM ELENA RAMÍREZ ZELAYA contra el INJUPEMP a través de su apoderado Legal en funciones para el reintegro de su trabajo.- TERCERO: Con Costas.- NOTIFIQUESE”. CONSIDERANDO: Que la forma en que el Recurrente consigna el alcance de la impugnación le falta claridad y precisión pues por una parte dice que persigue: “a) Casar la sentencia en la parte resolutiva anteriormente transitoria, anulándola transitoriamente; proposición impropia, pues la sentencia no se puede anular transitoriamente, y en el fallo sustitutivo que propone dice: “Casar totalmente la sentencia dictada...”. Asimismo impugna los considerándos del fallo, que no son motivo de ataque en casación. – La defectuosa presentación de la demanda en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el censor; y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 1, y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 665, 666 letra c), 775, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) Sin costas. MANDA: que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- TEODOLINDA PINEDA CARDONA. COORDINADORA.- LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA.- ROBERTO LAGOS BANEGAS. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO SECRETARIA POR LEY.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de diciembre de dos mil cuatro, a petición de la Licenciada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA. Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cuatro, recaída en el recurso de casación laboral 433-04.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL