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Sentencia CL-325-04 — Registro 460

Resumen

Segunda instancia falló confirmando la sentencia de primera instancia la que falló declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de indemnizaciones laborales por accidente de trabajo, promovida por el recurrente.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“La forma que el Recurrente consigna el alcance de la impugnación resulta inadmisible por las siguientes razones: adolece de falta claridad y precisión, pues omite el requisito que debe contener el petitum de la demanda, como es la anulación del fallo del Ad quem, tal debió ser el planteamiento propio del alcance del recurso, y siendo esta una carga que al demandante en Casación le impone la ley, ya que precisamente dentro de dicho ámbito es que la Corte debe de estudiar el recurso, en virtud de que no le es lícito al Tribunal entrar a suplir oficiosamente las deficiencias en el planteamiento del recurso. La defectuosa presentación de la demanda en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer el único motivo de Casación que invoca el recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho mérito.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto del dos mil once. VISTO: Para dictar Sentencia en los Recursos de Inconstitucionalidad acumulados interpuestos por vía de acción por el licenciado JESUS EDUARDO MUÑOZ, en su condición de apoderado legal de: 1) el señor RIGOBERTO GOMEZ ALVARADO; y 2) de la señora DORA LUCILA ZEPEDA; para que se declare la Inconstitucionalidad del Decreto Legislativo número 18-2008, de fecha trece de marzo del año dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 31,594 en fecha veintinueve de abril del año dos mil ocho, por considerar que el mismo infringe de forma directa, varios preceptos constitucionales. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de enero del año dos mil nueve, compareció ante este Tribunal, el licenciado JESUS EDUARDO MUÑOZ, en su condición de apoderado legal de la señora DORA LUCILA ZEPEDA, promoviendo Recurso de Inconstitucionalidad por vía de acción contra el Decreto Legislativo número 18-2008, de fecha trece de marzo del año dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 31,594 en fecha veintinueve de abril del año dos mil ocho, por considerar que contraviene lo preceptuado en los artículos 16 párrafo segundo, 18, 60, 61, 64, 82, 90, 96, 103, 186, 219, 303, 304 y 349 de la Constitución de la República. 2) Que en fecha cuatro de febrero del año dos mil nueve, compareció ante este Tribunal, licenciado JESUS EDUARDO MUÑOZ, en su condición de apoderado legal del señor RIGOBERTO GOMEZ ALVARADO, promoviendo Recurso de Inconstitucionalidad por vía de acción contra el Decreto Legislativo número 18-2008, de fecha trece de marzo del año dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 31,594 en fecha veintinueve de abril del año dos mil ocho, por considerar que contraviene lo preceptuado en los artículos 16 párrafo segundo, 18, 60, 61, 64, 82, 90, 96, 103, 186, 219, 303, 304 y 349 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 1: Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia la Garantía de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la referida norma fundamental; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto derogará dicha norma. CONSIDERANDO 2: Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoce de las Garantías de Inconstitucionalidad que por razones de contenido y de forma, y por vía de acción interpusiera en fecha treinta de enero del año dos mil nueve, el Licenciado JESUS EDUARDO MUÑOZ, en su condición de Apoderado legal de la señora DORA LUCILA ZEPEDA, y el cuatro de febrero del año dos mil nueve a favor del señor RIGOBERTO GOMEZ ALVARADO; contra el Decreto Legislativo número 18-2008 de fecha trece de marzo del año dos mil ocho, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA porque consideran que el mismo vulnera varios artículos constitucionales. CONSIDERANDO 3: Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 4: Que esta Sala de lo Constitucional estima que los recurrentes han acreditado ante este alto Tribunal en forma clara y precisa su interés legitimo, personal y directo, en vista de que tal y como señalan vienen a ser sujetos pasivos de la aplicación del decreto cuestionado, tanto a nivel de representante de una organización gremial, como a nivel personal; ya que pueden llegar a ser afectados directamente en su condición ya indicada, por la aplicación del decreto en cuestión; por lo que están legitimados, para demandar la inconstitucionalidad del decreto mencionado, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legítimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 5: Que las Garantías de Inconstituciona-lidad de mérito se motivan así: (sic) “PRIMER MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD: Infracción directa del artículo 60 de La Constitución de la República; infracción del principio de igualdad en relación con los artículos 61,345 y 348 de la Constitución de la República, se configuran con la vigencia de los artículos 1, 3, 4, 5, y 10 del decreto 18-2008. exponen los recurrentes que al tenor de lo establecido en el artículo primero del cuestionado Decreto, con la creación de la comisión especial encargada de elaborar el listado oficial de todos aquellos expedientes que se encuentran pendientes de resolución final en el Instituto Nacional Agrario (INA), Consejo Nacional Agrario(CNA) y La Corte Suprema de Justicia(CSJ), la composición de la misma es claramente desequilibrada y no respeta el principio de igualdad y la garantía establecida en el artículo 60 constitucional, teniendo en consideración que las decisiones de la misma serán tomadas por simple mayoría de votos, aducen que al estar la referida comisión integrada por un representante de La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras(FENAGH), y dos representantes del sector campesino, tal situación provoca una clara desventaja en contra de su representada con respecto a las organizaciones campesinas, quedando por lo tanto indefensa ante las decisiones de la comisión especial, ya que las mismas se harán por simple mayoría de votos; alegan también que lo anterior contraviene los artículos 345 párrafo segundo y 348, en cuanto que el proceso de reforma agraria debe ejecutarse de manera que asegure la participación de los campesinos en igualdad de condiciones con los demás sectores de la producción; señalan que aún cuando La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), actué como representante de los propietarios de las tierras, la conformación de la referida comisión deja por fuera el derecho de los propietarios al no brindarles igualdad ante la ley, dejándole únicamente al sector campesino la potestad de decidir en el seno de la comisión sobre la afectación de los terrenos ocupados, y que con el referido decreto se les otorga la calidad de clase privilegiada. SEGUNDO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD: Infracción directa del articulo 64 constitucional, la que se configura con la vigencia de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 del Decreto número 18-2008. Explican que el referido decreto en varios de sus artículos disminuyen, restringen y tergiversan las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la constitución, tales como los artículos 60, 61 (libertad e igualdad ante la ley); 82 (derecho de defensa); 90 y 94 (derecho a ser oído y vencido en juicio); 103(derecho a la propiedad); 105 (prohibición de confiscación de bienes y derecho a reivindicar los bienes confiscados); 96 (la no retroactividad de la ley); 106 (derecho a previa y justa indemnización); 110 (derecho a terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramiento); 303 y 304 (potestad de impartir justicia y aplicar las leyes a casos concretos de los tribunales de la república); así como la infracción de otras normas legales vigentes, para citar algunas tales como La Ley de la Propiedad, La ley de Municipalidades y La ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola. Señalan también que el referido decreto viola el principio fundamental del derecho a la seguridad jurídica, reclamable en cualquier Estado de Derecho, y que el articulo 63 de nuestra constitución establece que las declaraciones, derechos y garantías enumeradas en la misma no deben ser entendidas como negación de otras, que aún no especificadas, nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre, lo que indica que la numeración en cuanto a garantías individuales a que se refiere no es taxativa sino meramente enunciativa y que del cuerpo social y principalmente de la personalidad humana podrán desprenderse otros derechos o garantías a ser reconocidas por el Estado en razón precisamente de que al potenciarse el individualismo, tal y como lo proclame el articulo 59 de la misma constitución, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. TERCER MOTIVO INCONSTITUCIONALIDAD: Infracción directa del artículo 82 de la constitución de la República, concerniente a la inviolabilidad del derecho de defensa y al libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes; alegan que los artículos 1, 3, 4 y 10 del Decreto 18-2008, introduce una serie de modificaciones al procedimiento que se ha venido dando de conformidad a la legislación vigente en materia agraria; que de acuerdo al procedimiento especial introducido por el referido decreto, se aprecia que ahora el procedimiento, tiende a volverse sumarisimo, imposibilitando al afectado de presentar oposición alguna sobre las diversas decisiones que se van tomando en la referida comisión; y que no se advierte, en el tramite tal probabilidad; pero lo que realmente vulnera de forma expresa el derecho constitucional de defensa, es la velada imposibilidad de recurrir las decisiones de la comisión, aún y cuando el derecho de defensa es inviolable, es decir que la vertiente técnica del derecho de defensa se menoscaba, se disminuye, mejor dicho desaparece para el propietario de tierras afectadas, que tal garantía se vuelve ilusoria merced a la referida comisión, la que en todo caso se convierte en juez y parte al estar conformada casi en su totalidad por el sector campesino, sector cuyo interés primordial es que le adjudiquen tierras a sus representados, sin importarles en lo absoluto el derecho de propiedad de sus legítimos propietarios. Señalan que con tal procedimiento es inocultable el desprecio al derecho de defensa mas propiamente en su vertiente técnica, pero que también es una infracción directa del articulo 94 en su segundo párrafo, que manda que en casos de apremio, como es el caso del procedimiento descrito, “siempre deberá ser oído el afectado”; que tal imperativo categórico indica la necesidad de que el afectado sea oído en juicio, que pueda oponerse e interponer los recursos, es decir que al ejecutado no se le puede pedir que se convierta en un mero espectador, juzgado de antemano. CUARTO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD: Infracción directa del artículo 90 de la Constitución de la República, referente al debido Proceso, señalan que se produce en relación a la puesta en vigencia de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 17 y 18 del Decreto 18-2008. Aducen que el decreto establece un procedimiento especial para darle trámite a expedientes pendientes de resolución administrativa o judicial que se manejan en el instituto Nacional Agrario (INA), El Consejo Nacional Agrario (CNA) y La Corte Suprema de Justicia (CSJ); y que con ello se crea un Tribunal con un procedimiento de expropiación especial, el que determina que expedientes serán afectados, lo cual violenta el derecho al debido proceso; explican que la expropiación conforme a la constitución, tiene lugar por causa de necesidad o un interés público calificado por la ley, y que en ese sentido la Ley de Reforma Agraria ya señala el procedimiento de expropiación en los casos en que tiene lugar la misma, pero que con el aludido decreto se regula como causa de expropiación la negligencia inexcusable de los funcionarios públicos a quienes corresponde aplicar la ley de reforma agraria, conforme al procedimiento especial y el procedimiento administrativo aplicable dentro de los plazos que dichos ordenamientos legales señalan, funcionarios a los que se exime de responsabilidad administrativa y penal, lo que vulnera lo preceptuado en el articulo 324 de la Constitución de la República. Que la normativa del decreto impugnado violenta varios preceptos constitucionales contentivos de garantías individuales, empezando por el derecho de audiencia o ser oído, comprendido dentro de la garantía genérica del debido proceso, garantía esta no solamente predicable en un proceso penal, sino en cualquier proceso administrativo sancionador, así resulta de lo prescrito en el párrafo segundo del articulo 94 constitucional, derecho subjetivo que además se encuentra comprendido en la ley de Procedimiento Administrativo y el Código de Procedimiento Civiles; procedimientos que con el Decreto 18-2008 fueron suspendidos en materia agraria; y que de igual manera ese decreto vulnera el derecho de ser oído, previsto en el numeral 1) del artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, violación que resulta en razón de los artículos 1, 2, 3 y 4 del decreto impugnado; con lo que se cierra la posibilidad de acudir ante un órgano jurisdiccional a reclamar la falta de validez o declaratoria de nulidad, y se contraviene el derecho a la protección judicial preceptuado en el artículo 25 de la ya señalada convención. Que de igual forma el proceso establecido en el referido decreto restringe y disminuye el derecho de propiedad y el derecho de defensa, ya que habida cuenta será expropiado el propietario de un inmueble que ostente justo titulo sin importar o tomar en cuenta si existen causales o no de afectación de dicho predio; se expropiaran inmuebles por el solo hecho de haberse presentado solicitud de afectación por parte interesada, con lo cual queda disminuido el derecho de defensa y por ende el procedimiento aludido no otorga las garantías suficientes para los afectados. QUINTO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD: Infracción directa del articulo 96 de la Constitución de La República, la que se produce con la vigencia de los artículos 1 y 10 del Decreto 18-2008; referida esta infracción al principio de la no retroactividad de una ley, que está íntimamente ligada con el principio de la legalidad, por el cual toda persona natural o jurídica tiene derecho a la no retroactividad de la ley, salvo en materia penal, en consecuencia las nuevas leyes se aplican a los hechos futuros y no a los anteriores, respetando uno de los principios mas importantes del Estado de derecho y su teología axiológica, como es la seguridad jurídica. Tal principio de la no retroactividad de la ley se quebranta únicamente por razones de humanidad, por vía de excepción, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. El Estado solamente la reconoce en materia penal, cuando la nueva ley resulte más benigna. Señalan que el Decreto 18-2008 es inconstitucional, porque el mismo retrotrae sus efectos a una fecha anterior (“…. Los expedientes iniciados hace más de dos años en el Instituto Nacional Agrario, y que por diversas causas aún no hayan sido resueltas”.). A la vigencia del decreto legislativo conforme a lo establecido en el articulo dieciocho. La violación del principio de no retroactividad de la ley, perjudica de gran manera a los propietarios de tierras, que en virtud de la legislación vigente, estaban dilucidando sus casos en las instancias administrativas o judiciales, sin embargo, se pretende que esos casos sean sujetos a este procedimiento especial aún y cuando en virtud del principio de la no retroactividad tienen que seguir conociéndose de conformidad al proceso legal establecido en la ley vigente en el momento de inicio del proceso. SEXTO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD: Infracción directa del articulo 103 Constitucional, en relación al derecho de propiedad y los artículos 61, 105, 106, 328, 331 y 332 de la Constitución de la República; la que se produce con la puesta en vigencia de los artículos 1, 10 y 17 del decreto 18-2008; razonan que la propiedad privada es un derecho humano que como describe el articulo 613 del Código Civil, permite a quien ostente la misma las facultades de poseer de manera exclusiva una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. La violación del derecho de propiedad se protege al sancionar su trasgresión, por lo que se castiga la usurpación, si se trata de bienes inmuebles; que el derecho de propiedad es un derecho humano tan apreciado como la vida y la libertad, por ende su protección es fundamental para el mantenimiento de la seguridad jurídica de la nación. Aducen que el articulo cuatro del Decreto 18-2008; al concederle a la comisión especial, las decisiones de incorporar o no en una lista expedientes que se encuentran en procesos administrativos o judiciales pendientes, y que esto

no tiene mas fin que expropiar tierras que se encuentran en litigio o conflicto con grupos de campesinos, obviando con ello, entre otros los derechos de defensa, debido proceso e igualdad ante la ley, constituyendo una grave violación al derecho de propiedad al no permitir al propietario gozar y disponer de sus bienes. Lo anterior afecta la seguridad jurídica y la paz social de la nación ya que las decisiones de esta comisión terminan teniendo el carácter de confiscatorio al no permitir de igual forma una correcta y expedita forma de pago de un precio justo sobre los bienes expropiados. Señalan que el articulo 16 párrafo segundo del Decreto 18-2008 al establecer la prohibición de enajenación de las tierras adjudicadas por el Instituto Nacional Agrario (INA), a través del proceso de reforma agraria; refieren que el mismo violenta claramente el derecho de propiedad, ya que disminuye el derecho de los nuevos adjudicatarios de las tierras al no otorgarles la plena propiedad, limitándola al simple uso de la misma, sin facultades de gozar y disponer de ella a plenitud. Y que con referencia al articulo 17 del citado decreto al establecer que “todas las tierras en manos de campesinos y campesinas organizadas o no, donde han vivido y trabajado ininterrumpidamente por más de diez (10) años y no tienen expediente en el Instituto Nacional Agrario (INA) deberán ser tituladas previa investigación del Instituto Nacional Agrario (INA).”, cuestionan que tal Institución de oficio, no puede establecer plazos para establecer un período de prescripción, ya que el mismo esta establecido previamente en el capitulo I del Titulo XVI de La Prescripción del Código Civil, en los artículos 2263, 2264 y 2269; capitulo II de La Prescripción de Dominio y Demás Derechos Reales en los artículos 2272, 2273 y 2274. Y que de igual forma se violenta el derecho de propiedad al no establecerse las causales para que la prescripción adquisitiva pueda ser efectiva, ya que no establece si debe haber justo titulo y buena fe, o si el hecho de vivir en el terreno se debe a una relación laboral con el propietario legitimo o por arrendamiento, lo que puede ocasionar una serie de iniquidades por parte de cualquier usurpador en perjuicio de la propiedad privada. SEPTIMO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD: Infracción directa del articulo 186 de la Constitución de la República, esta infracción se produce con la puesta en vigencia de los artículos 1 y 3 del Decreto 18-2008, que tal precepto constitucional es violentado, ya que de conformidad con el articulo 1 del aludido Decreto, se crea una comisión especial a la cual se le otorgan las facultades de revisión de causas pendientes tanto en el Instituto Nacional Agrario(INA), Consejo Nacional Agrario (CNA) y Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero que de acuerdo a lo establecido en el articulo 186 constitucional, en el sentido de que “ninguna autoridad puede avocarse causas pendientes”, y que en materia agraria varios procesos están siendo ventilados por autoridades legalmente establecida; procesos administrativos o judiciales en los cuales no ha recaído una resolución definitiva, aducen que el precepto constitucional esta íntimamente ligado con el debido proceso y la independencia de poderes del Estado; y que en consideración a lo anterior, ni el poder judicial puede inmiscuirse en una causa que se este ventilando a nivel administrativo, ni el poder ejecutivo puede hacer lo mismo en una causa pendiente en el poder judicial. OCTAVO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD: Infracción directa del articulo 303 párrafo primero constitucional; esta infracción referida al monopolio para impartir justicia e independencia del poder Judicial, relacionado con el articulo 304 de La Constitución de la República; la que se produce con la puesta en vigencia de los artículos 1, 2, 3, 5 y 10 del Decreto 18-2008; explican que con la creación de una comisión especial, en el articulo primero del aludido Decreto, se ha creado un tribunal que determina que expedientes serán afectados, estableciendo un procedimiento especial para darle tramite y resolución a los mismos, y que tal procedimiento violenta el monopolio para impartir justicia de los tribunales de la República, así como la facultad expresada en el articulo 304 constitucional de aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Por lo que es evidente que en ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción, y que ninguna comisión puede juzgar conflictos entre particulares o de estos con el Estado, y que de igual forma se violenta el articulo 4 de la Constitución de la República que establece la forma de gobierno y la división de poderes cuya relación es de complementariedad, independientes entre si y sin relaciones de subordinación, por lo que con el referido Decreto se usurpan las funciones del Poder Judicial. Que de igual manera se violenta el referido artículo constitucional, cuando en el artículo 10 del Decreto 18-2008 se señala que la expropiación o recuperación de los predios afectados, surtirá el efecto de extinguir la acciones civiles y sobreseer las acciones penales incoadas en contra de los ocupantes del predio expropiado en el proceso iniciado por estas causas; señalan que tal articulo pone en precario la jurisdicción y competencia de La corte Suprema de Justicia y violenta la división de poderes señalada en la constitución, la retroactividad de la ley, el derecho de defensa y el debido proceso, ya que la facultad de extinguir las acciones civiles y sobreseer las acciones penales en contra de los ocupantes del predio expropiado, únicamente le corresponde a los juzgados y tribunales de la República al evacuarse el procedimiento legal establecido en la ley y con las pruebas que se aporten al juicio por las partes en litigio y al resolverse el mismo mediante sentencia dictada por el órgano jurisdiccional correspondiente; que la vulneración abarca la garantía constitucional que trata el derecho que tiene cada persona natural o jurídica del libre acceso a los tribunales para ejercitar sus funciones en la forma que señalan las leyes. NOVENO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD: Infracción directa del artículo 349 de la Constitución de la República, esta infracción constitucional con relación a los artículos 106 y 350 constitucionales, 56 y 57 de la ley de Reforma Agraria, se configura en virtud de la vigencia de los artículos 6, 7, 8, 9 y 17 del Decreto 18-2008; exponen que el contenido del artículo 6 del aludido decreto violenta el derecho de propiedad de los afectados al establecer de una manera arbitraria el justiprecio, el cual a todas luces no es ni justo ni equitativo y va en contra del derecho de disponer de la cosa, y va en contra del espíritu de la reforma agraria que en el articulo 349 constitucional establece el pago de contado como la regla y el pago con bonos como la excepción; dicen que el articulo 3 del decreto entra en contradicción con la norma constitucional, ya que esta es clara en cuanto a definir lo alcances de la reforma agraria, estableciendo que solamente podrán ser expropiados para dicho fines los predios rústicos; y que el articulo 7 de la citada ley define el predio rustico o tierra rural, como aquellas tierras que se encuentran fuera de los limites urbanos; y que con la inclusión en el articulo 3 del Decreto 18-2008 de tierras urbanas, se esta inmiscuyendo en el ámbito de aplicación de La ley de la Propiedad y en las funciones especificas de otro ente estatal como lo es el Instituto de la Propiedad. DECIMO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD: infracción directa de los artículos 16 párrafo segundo y 18 de La constitución de la República, en relación a los artículos 10.5 sobre mínimo nivel de trato y 10.7 sobre expropiación e indemnización del capitulo diez, inversión del Tratado de Libre Comercio, República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA); la cual se produce mediante la puesta en vigencia de los artículos 1, 6, 11 y 12 del Decreto 18-2008. Explican que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional, pero que con el referido decreto se entra en conflicto con varios tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional y ratificados por el Poder Ejecutivo y que de conformidad con la Constitución de La república forman parte del derecho interno, contemplándose que en caso de conflicto entre estos y la ley deberán prevalecer los tratados; y que habiendo Honduras suscrito el tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos(DR-CAFTA), tratado este que en los artículos antes referidos establecen garantías y derechos básicos concernientes a las inversiones de los nacionales de las partes firmantes, y que en diversos artículos del Decreto 18-2008, se atenta de manera clara y directa a lo preceptuado en los artículos 10.5 Y 10.7 Numeral 1(C) del DR-CAFTA; artículos estos que versan en cuanto, que a los inversionistas de las partes firmantes se les debe otorgar un trato justo y equitativo, en otorgar y no denegar justicia, respetar el derecho al debido proceso, garantías que se ven violentadas por el Decreto 18-2008 al no seguirse el proceso establecido y crear un tribunal incompetente, que también se produce vulneración del tratado DR-CAFTA, al establecer en su articulo 6 el decreto, una forma de pago distinta a la señalada en los numerales 1 (c), 2, 3 y 4 del articulo 10.7; lo anterior en virtud de que el pago establecido en el decreto es tardado al ser el mismo mediante bonos redimibles a diez años, sumado a lo anterior se establece una taza de interés al cinco por ciento (5%), anual remisible cada cinco años, lo cual no concuerda con lo establecido en el DR-CAFTA, que indica que la tasa de interés debe ser a una tasa comercialmente razonable, tasas de interés que actualmente se puede conseguir con rendimiento mayores a los establecidos por el referido decreto. Adicionalmente a ello el Estado de Honduras se estaría arriesgando a ser demandados por el mecanismo de solución de diferencias de la sección B del capitulo 10 sobre inversión, lo que podría generar grandes perjuicios al Estado. MOTIVOS DE FORMA EN QUE SE FUNDA LA DEMANDA DE INCOSTITUCIONALIDAD: Infracción directa del artículo 219 de la constitución de la República; en relación con los artículos 613, 2263, 2264, 2269, 2272, 2273 y 2274 del código civil; 270 numeral 4 y 277 del Código de Procedimientos Comunes, las cuales se producen con la puesta en vigencia del Decreto 18-2008, en virtud de que el referido decreto afecta de manera directa disposiciones en diversos códigos de la República y que el mismo no fue sujeto a dictamen de la Corte Suprema de Justicia tal y como lo manda la ley, se violenta el proceso para la aprobación de la ley establecida en el ya citado articulo constitucional”. CONSIDERANDO 6: Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha uno de abril del año dos mil nueve, pronunciándose porque el mas alto Tribunal de Justicia declare improcedente el presente recurso de inconstitucionalidad que por vía de acción se promueve contra el decreto legislativo 018-2008, pues se considera que el recurrente en sus escritos de interposición no explicó de forma clara y precisa el interese directo, personal y legitimo que motiva su acción, haciéndose imposible el control de constitucionalidad en el caso concreto por no estar acreditado que el decreto 018-2008 le causa lesión en el interés directo, personal y legítimo de los peticionarios. CONSIDERANDO 7: Que la Sala de lo Constitucional después de un exhaustivo estudio del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, en contra del Decreto 18-2008 estima lo siguiente: Que en cuanto al Primer Motivo de Inconstitucio-nalidad, planteado por el accionante respecto de la vulneración del principio de igualdad, consignado en el artículo 60 constitucional, el que literalmente dice: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley. Se declarara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto.”, vulneración que esta sala de lo Constitucional al hacer el juicio de contraste entre la citada norma constitucional y el artículo primero del Decreto 18-2008, estima que el referido artículo no vulnera el principio de igualdad consignado en nuestra Carta Magna; y si bien es cierto que la conformación de la referida comisión especial no es equilibrada en cuanto a la participación de todos los sectores que la integran, también es cierto que tratándose la reforma agraria de un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, debemos entender que tal categoría constitucional conferida al proceso agrario, se ha hecho por nuestros constituyentes, ante la imperiosa necesidad de brindarle al sector campesino unas condiciones mínimas de igualdad y de justicia social, en ese sentido tratándose el proceso de la reforma agraria, no solo de un derecho económico sino que también de un derecho social, debemos entender, que el valor jurídico de igualdad que envuelve la prohibición de discriminación, ha superado el sentido mecánico de “igualdad ante la ley” que postulaba un tratamiento idéntico para todos en todas las situaciones, y ha sido sustituido por el concepto moderno de “igualdad jurídica” entendiéndolo como una medida de justicia, que otorga un tratamiento razonable igual a todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, reconociendo que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato es ofensiva de la dignidad humana, y que solo se considera discriminatoria una distinción cuando carece de “justificación objetiva y razonable”. De ahí, no puede afirmarse que existe trato desigual o discriminación por la diferenciación de integración de una comisión, cuando esta surge de circunstancias en la que nuestros legisladores han considerado que el bien común justifica su existencia y que en alguna medida tal conformación resulta razonable y proporcional en relación con los principios y valores que la totalidad del ordenamiento jurídico del país entrañan; es decir que dicha conformación encaja y armoniza con los valores y principios que caracterizan al Estado, en materia de reforma agraria. De lo anterior, podemos concluir entonces, que si la Constitución Hondureña establece que todos lo hondureños somos iguales ante la ley, debe entenderse que tal igualdad, tratándose de aquellos sectores menos favorecidos de la sociedad, puede llegar a implicar un tipo de discriminación positiva a favor de los mismos, entendiéndose evidentemente que la misma es legitima, siempre y cuando se trate de compensar una situación real de pérdida frente a otros sectores económicamente poderosos, en ese sentido se estima que el artículo primero del cuestionado decreto, al considerar la discriminación positiva que hace a favor del sector campesino de nuestro país, no vulnera en modo alguno la garantía constitucional del articulo 60 de nuestra Carta Magna. CONSIDERANDO 8: Que el impetrante en su escrito contentivo de la acción de inconstitucionalidad sostiene en el Segundo Motivo, que el Decreto 18-2008 vulnera directamente el articulo 64 de la Constitución de la República, artículo este que señala que: “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”. Señalan que tal vulneración se produce porque el referido decreto en varios de sus artículos vulnera derechos y garantías establecidos en la constitución, tales como: a)Libertad e igualdad ante la ley (artículos 60 y 61), b) derecho de defensa (articulo 82), c) derecho a ser oído y vencido en juicio (artículos 90 y 94), d) derecho a la propiedad (articulo 103), prohibición de confiscación de bienes y derecho a reivindicar los mismos (articulo 105), e) la no retroactividad de la ley (articulo 96), f) derecho a previa y justa indemnización (articulo 106), g) derecho a terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramiento (articulo 110), h) potestad de impartir justicia y aplicar las leyes a casos concreto por parte de los juzgados y Tribunales de la república (artículos 303 y 304). Artículos constitucionales que los impetrantes desarrollaron en cada uno de los motivos de inconstitucionalidad planteados y que esta Sala analiza en el desarrollo de este fallo. CONSIDERANDO 9: Que los impetrantes en la exposición del Tercer Motivo de Inconstitucionalidad, consideran que el Decreto 18-2008, es violatorio del derecho de defensa, consignado en nuestra Carta Magna en su articulo 82, el cual expresa: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”. Y del artículo 94 párrafo segundo, de la constitución de la República, que establece que: “….En los casos de apremio y de otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado”. En cuanto a las alegadas vulneraciones planteadas por los impetrantes, esta Sala de lo constitucional considera que son validas; toda vez que del análisis del Decreto 18-2008, efectivamente se ha comprobado que el mismo modifica el procedimiento establecido para la ejecución del proceso de reforma agraria, se a encontrado que en el nuevo tramite introducido este no admite oposición alguna, por parte de los propietarios de tierras afectadas, los cuales de esta manera se ven imposibilitados de ser oídos e interponer recursos respectivos. Es pues criterio de la Sala, que estando el derecho de defensa consagrado por nuestra norma constitucional y que además es un derecho fundamental consagrado por varios tratados internacionales de los que el Estado de Honduras es signatario; en ese orden de ideas, resulta indudablemente claro que toda persona natural o jurídica tiene derecho a la defensa, derecho en el cual se incluye el que pueda hacerse aconsejar, defenderse, a ser oído en todo procedimiento administrativo o judicial, presentar pruebas, disponer de recursos procesales y a no ser juzgado en ausencia; en fin este derecho tiene como objeto que toda persona sea oída y vencida en juicio; en otras palabras la inviolabilidad del derecho de defensa consiste, radicalmente, en que el justiciable disponga de “oportunidad suficiente” para participar con utilidad en el proceso, y para ello es obvio que se requiere: a) tener noticia o conocimiento del proceso y de cada uno de sus actos o etapas; b) ser oído; c) ofrecer y producir pruebas. Cuando el proceso es “contradictorio”, o sea, cuando hay controversia entre las partes, el mismo tiene que sustanciarse conforme al principio de “bilateralidad” o contradicción, que asegura la participación de ambas partes y el conocimiento reciproco de los actos y etapas procesales; así pues la bilateralidad refleja el cumplimiento del debido proceso y la sujeción de este a las formas sustanciales de la defensa en juicio. Esta Sala de lo Constitucional, al tenor de lo expresado anteriormente observa que con el referido decreto en perjuicio de los propietarios de tierras afectadas se producen vulneraciones constitucionales tales como: 1) Dejarlos sin posibilidad alguna de accionar para que puedan comparecer ante la referida comisión en defensa de sus derechos, de aportar pruebas, de ser oídos, es decir que se les niega la oportunidad de exponer sus argumentos para defender sus interese a través de un proceso, 2) La introducción de este nuevo procedimiento no solo vulnera el derecho de defensa de los mismos, al no permitirles ser parte del proceso de expropiación de sus tierras; si no que también les veda el derecho de recurrir ante una instancia superior en defensa de sus derechos; 3) Que con la introducción del procedimiento de afectación en el cuestionado decreto, esta Sala observa que también se vulnerara el derecho a la jurisdicción, consignado en el párrafo segundo del articulo 82 constitucional; entendido esté como aquel que tiene todo ciudadano del libre acceso a los tribunales, en otra palabras la facultad que tienen los ciudadanos de incitar o provocar la actividad jurisdiccional del Estado, a través de su comparecencia ante los órganos jurisdiccionales, a fin de que se le resuelva una pretensión jurídica, para que dicho órgano judicial ejerciendo la administración de justicia resuelva dicha pretensión. CONSIDERANDO 10: Que los impetrantes en el Cuarto Motivo de Inconstitucionalidad, exponen que el Decreto 18-2008, violenta la garantía genérica del debido proceso consignada el artículo 90 párrafo primero de la constitución de la república, que expresa: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…..”. Resulta evidente para esta Sala de Lo Constitucional que con la conformación de la comisión especial, consignada en el Decreto 18-2008, el legislador le ha dado a la misma, las potestades de conocer y decidir sobre aquellos expedientes cuyo trámite administrativo o judicial se encuentre manejado por el Instituto Nacional Agrario (INA), El Consejo Nacional Agrario (CNA) y La Corte Suprema de justicia(CSJ), subrogándose el conocimiento de tales expedientes en un afán de resolver la mora agraria. Al respecto cabe señalar, que al ser Honduras un Estado de Derecho, deviene obligado a garantizar a sus habitantes la seguridad jurídica, tal garantía implica que necesariamente las relaciones entre particulares y las de estos con el Estado están reguladas por la ley, y que para cada caso concreto que se plantee, ya sea en la instancia administrativa o en la judicial, habrá un procedimiento previamente establecido para dilucidarlo; encuentra esta Sala que el cuestionado decreto, sustrae efectivamente del conocimiento y procedimiento con que se habían estado ventilando todos aquellos expedientes, iniciados con anterioridad a la vigencia del referido decreto, tal sustracción evidentemente violenta el debido proceso consignado en el articulo 90 de nuestra Carta Magna; y es que entendemos que la garantía genérica del debido proceso, encaja en el derecho a la jurisdicción, mismo que no se agota con el solo acceso de las partes al Tribunal, sino que se desarrolla durante toda la secuela del proceso en persecución de la sentencia o resolución que resuelva la pretensión, así pues para que exista la posibilidad de defensa y debido proceso, tiene que haber proceso, lo que presupone disponer del acceso al órgano judicial o administrativo para que administre justicia; es evidente que con la aludida sustracción que el decreto hace, de todos aquellos procesos agrarios que se venían conociendo en la vía administrativa como judicial, para trasladarlos a la esfera de su competencia, con ello se provoca no solo la vulneración del debido proceso si no que también la garantía constitucional consignada en el articulo 94 de nuestra carta magna. Evidentemente el Decreto 18-2008 al vedar las garantías constitucionales del derecho de defensa, derecho a la jurisdicción, y debido proceso, en cuya defensa procede la garantía procesal de amparo; que tiene consagración en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, los cuales en Honduras, de acuerdo con el articulo 16 párrafo segundo de la Constitución, tienen rango constitucional; en ese sentido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de establecer en su articulo 12 la garantía del debido proceso, puede decirse que consagro como derecho de todas las personas el derecho de amparo a los derechos fundamentales, el articulo 8 expresa: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”., este derecho fundamental establecido en la Declaración se puede considerar como un derecho que tiene toda persona, a fin de que sus derechos fundamentales sean amparados judicialmente mediante un recurso efectivo, lo que modernamente ha dado lugar al desarrollo del recurso de amparo. CONSIDERANDO 11: Que también se plantea en el Quinto Motivo de Inconstitucionalidad, la vulneración que el supracitado decreto, hace del artículo 96 constitucional que expresa: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Al respecto, es parecer de esta Sala de lo Constitucional, que al tenor de lo preceptuado en el citado articulo de nuestra Carta Magna; en Honduras la ley no tiene efecto retroactivo, la única excepción admitida por el citado articulo constitucional, es la que versa en materia penal en donde se puede aplicar la nueva ley penal más benigna en beneficio del procesado; en ninguna otra situación la nueva ley podrá aplicares a hechos anteriores, la nueva ley solo se podrá aplicar a hechos futuros; entiende esta Sala que el principio de que las leyes no son retroactivas al emanar directamente de la Constitución, y al tratarse de la aplicación retrospectiva de cualquier norma nueva que priva a alguien de algún derecho ya incorporado a su patrimonio, evidentemente con ello la nueva norma que se pretende que tenga efecto retroactivo es violatoria del artículo 96 de nuestra constitución. Así en absoluto apego a la seguridad jurídica que debe privar en un Estado de Derecho; esta Sala estima que la aplicación retrospectiva del Decreto 18-2008 a fin de resolver todos aquellos procesos que en materia agraria se encuentran en mora, vulnera la prohibición establecida en el artículo 96 de nuestra Carta Magna. CONSIDERANDO 12: Que el recurrente alega en el Sexto Motivo de Inconstitucionalidad, que el Decreto 18-2008, vulnera en forma directa el artículo 103 constitucional que expresa: “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin mas limitaciones que aquellas que por motivo de necesidad o interés público establezca la ley.”. Respecto de la referida vulneración constitucional es criterio de esta Sala de lo Constitucional, que con la creación de una comisión especial contemplada en el cuestionado decreto, cuya función primordial seria la de expropiar tierras que se encuentren en litigio, con ello no se esta vulnerando el derecho constitucional a la propiedad, ya que si bien es cierto la norma constitucional reconoce y garantiza la propiedad privada, también es cierto que tal reconocimiento esta basado “en su más amplio concepto de función social”, lo que implica de que a la par del interés individual también debe privar un interés social, en ese sentido el concepto de interés social, es la base de la ley de reforma agraria; encontramos entonces que la propia constitución intuye los lineamientos para la ejecución del proceso de reforma agraria, la cual al tenor del artículo 344 constitucional se “declara de necesidad y utilidad pública su ejecución”, constitucionalmente será entonces facultad del Estado la expropiación de tierras de propiedad privada, con fines de reforma agraria, esto a fin de garantizar un sistema de propiedad, tenencia y explotación que garantice la justicia social en el campo, debemos entender que tal facultad concedida al Estado por nuestra constitución, no constituye en manera alguna que el mismo se pueda exceder actuando arbitriamente y con ello menoscabando el derecho a la propiedad privada; en un Estado democrático y de derecho se entiende que tal facultad de expropiación se debe de enmarcar en el respeto absoluto de la constitución y de la normativa atinente a los procesos de expropiación y que si el Estado se ve compelido a usar de tal mecanismo, será única y exclusivamente en aquellas situaciones necesarias que el interés social lo demande; en ese orden de ideas es parecer de esta Sala, que el cuestionado decreto no vulnera el derecho de propiedad, habida cuenta de que el derecho de expropiación es una facultad constitucional concedida al Estado; es criterio también que en cuanto a la prohibición que se hace en el referido decreto de enajenar todas aquellas tierras adjudicadas a través del proceso de reforma agraria (Vid., párrafo segundo del articulo 16 del Decreto 18-2008), con ello no se violenta el derecho de propiedad, ya que el Estado esta facultado constitucionalmente a fin de restringir el derecho de propiedad privada, para fines de ejecución de la reforma agraria. CONSIDERANDO 13: Que se plantea por parte de los recurrentes en el Séptimo Motivo de Inconstitucionalidad, la vulneración por parte del Decreto 18-2008, del articulo 186 constitucional que expresa: “Ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas juzgadas en materia penal y civil que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio”. Con referencia al citado artículo constitucional estima esta Sala que el mismo es lo suficientemente claro al expresar que “ningún poder o autoridad puede avocarse causas pendientes”, en ese sentido es importante señalar que el articulo 4 de nuestra constitución, establece que la forma de gobierno se ejercerá por tres poderes; Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación,; tal complementariedad e independencia de los poderes en un estado de Derecho, implica la no intromisión de un poder en los asuntos de otro poder; del análisis del referido decreto y más concretamente de su artículo primero, se observa una clara injerencia en cuanto a las atribuciones concedidas a la comisión especial, “al avocarse el conocimiento” de causas que se están conociendo por parte de La Corte Suprema de Justicia, atribuciones tan amplias que incluso facultan a la referida Comisión para concluir los casos que en materia agraria se estén ventilando en los distintos tribunales de la República, tal intromisión, en los asuntos propios del Poder Judicial abarca también la de extinguir las acciones civiles y sobreseer las acciones penales incoadas en contra de los ocupantes de tierras expropiadas; así pues al concederse tales facultades a la comisión especial, suscita con ello la vulneración no solo del articulo constitucional antes referido, si no que también pone en precario el estado de derecho. CONSIDERANDO 14: Que el impetrante considera en el Octavo Motivo de Inconstitucionalidad, que el Decreto 18-2008, violenta directamente el artículo 303 párrafo primero constitucional que expresa: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la constitución y las leyes….”; y el artículo 304 constitucional que establece “…En ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción”, al hacer esta Sala el juicio de contraste entre los referidos artículos constitucionales con los artículos 1, 2, 3, 5 y 10 del Decreto 18-2008, efectivamente encuentra que con la creación de la Comisión especial, se ha establecido una especie de “Tribunal especial”, entre cuyas atribuciones se encuentran las de determinar que expedientes serán afectados y estableciendo también un procedimiento especial por el cual se le dará tramite a todos aquellos expedientes pendientes de solución en las diferentes instancias tanto administrativas como judiciales; tales prerrogativas que el referido decreto concede a esta Comisión especial entran en franca violación del monopolio que el estado de derecho le concede al Poder judicial para impartir justicia, entendiéndose entonces que con la creación de la referida comisión especial se ha creado un órgano jurisdiccional de excepción, el cual contraria directamente lo preceptuado por el articulo 304 constitucional. CONSIDERANDO 15: Que en el Noveno Motivo de Inconstitucionalidad, los recurrentes plantean que el Decreto 18-2008, produce la vulneración del artículo 349 de la constitución de la Republica que expresa: “La expropiación de de bienes con fines de reforma agraria o de ensanche y mejoramiento de poblaciones o de cualquier otro propósito de interés nacional que determine la ley, se hará mediante indemnización justipreciada por pagos al contado y en su caso, bonos de la deuda agraria. Dichos bonos serán de aceptación obligatoria, gozarán de garantías suficientes por parte del Estado y tendrán los valores nominales, plazos de redención, tasas de interés y demás requisitos que la ley de reforma agraria determine”; y el artículo 350 constitucional que establece: “Los bienes expropiables para fines de reforma agraria o de ensanche y mejoramiento de poblaciones, son exclusivamente los predios rústicos y sus mejoras útiles y necesarias que se encuentren adheridas a los mismos y cuya separación pudiera menoscabar la unidad económica productiva”. En cuanto a las referidas vulneraciones constitucionales, es menester observar que nuestra constitución señala los lineamientos generales a través de los cuales debe llevarse a cabo el proceso de reforma agraria, estableciéndose que aquellos propietarios a los que se les hubiese expropiado tierras reciban una indemnización justa a través del pago de contado o en su caso mediante bonos de la deuda agraria; ahora bien al hacer el juicio de contraste entre las normas constitucionales invocadas y el Decreto 18-2008, nos encontramos con que el aludido decreto en su articulo 6 introduce una formula que no resulta justa en cuanto al cálculo del precio a pagar por concepto de indemnización, ya que referido valor no está acorde con el valor real que pudiese tener el bien a indemnizar, al establecer además que el pago en su totalidad se hará mediante bonos clase A de la deuda agraria, devengando un interés del 5% anual redimibles en amortizaciones cada cinco años, en cuotas similares por un período de diez años a partir de la fecha de su colocación; y aunque razonablemente se pudiese plantear lo que debemos entender por “indemnización justa”, ya que tal definición implica diversos puntos de vista, tanto del Estado como la de los propietarios de las tierras afectadas, pero entendemos también que un Estado que se precie ser de Derecho, debe ser sumamente cuidadoso en el respeto de los derechos de los ciudadanos, en ese sentido entiende esta Sala que el cuestionado decreto, en cuanto al valor que ha fijado para el pago por las tierras expropiadas no ha tomado en cuenta el derecho de los afectados a obtener un valor si no igual, por lo menos similar al de valor del mercado, así tenemos que la formula que se establece en el artículo 6 del Decreto, reduce hasta en un 40% el valor del mercado de las tierras afectadas; entiende esta Sala que fijar una indemnización justa por parte del Estado por la expropiación de tierras, se trata ni más ni menos, que la persona indemnizada obtenga un valor que por lo menos se acerque o iguale al valor, que hubiese obtenido en el mercado; en ese sentido al no establecerse un justiprecio para las tierras expropiadas, en el referido Decreto; es criterio de esta Sala que se ha producido la vulneración constitucional del artículo 349. También se produce la vulneración del artículo 350 constitucional, ya que éste artículo es claro al precisar que para fines de reforma agraria, los predios expropiables son “exclusivamente los predios rústicos”; al ampliar el ámbito de aplicación del proceso de expropiación para fines de la reforma agraria, e incluir otra serie de predios, incluso urbanos que en un origen fueron rurales, tal y lo consignado en el articulo 3 del referido Decreto 18-2008, con ello se produce efectivamente la vulneración del articulo 350 constitucional. CONSIDERANDO 16: Que el accionante en el Décimo Motivo de Inconstitucionalidad considera vulnerados por el Decreto 18-2008 el artículo 16 párrafo segundo que expresa:”Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entren en vigor, forman parte del derecho interno”. Y el artículo 18 constitucional que expresa: “En caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley prevalecerá el primero”, en relación con los artículos 10.5 y 10.7 del Tratado de Libre Comercio República Dominicana Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA); artículos estos que versan sobre que a los inversionistas se les debe otorgar y no denegar justicia, debiéndose respetar el debido proceso y estableciendo que en caso de expropiación la tasa deberá ser equiparada a una tasa comercialmente razonable. Es criterio de esta Sala de lo constitucional que con referencia a los artículos constitucionales invocados como vulnerados, es pertinente hacer la observación que el tratado de libre comercio DR-CAFTA, entro en vigencia para nuestro país el primero de abril del año dos mil seis y que el Decreto 18-2008 establece que la comisión especial conocerá de los expedientes iniciados en el Instituto Nacional Agrario antes del veintinueve de abril inclusive, por lo que el referido decreto puede llegar a afectar tierras que estén cubiertas por el referido tratado, sin embargo esta Sala estima que de acuerdo al planteamiento esgrimido por el impetrante en el sentido de que el decreto vulnera las normas constitucionales, pues entra en conflicto con el tratado internacional DR-CAFTA, al respecto es oportuno observar que tales artículos constitucionales señalan la integración de los convenios o tratados suscritos por Honduras al derecho interno situándolos en una condición de superior jerarquía con respecto a ley y por ende al decreto 18-2008, por lo que se estima que este no contradice las normas constitucionales invocadas ya que en caso de conflicto por la aplicación del Decreto a tierras que estén cubiertas por el DR-CAFTA, se deberá aplicar lo establecido en el tratado. CONSIDERANDO 17: Que el impetrante alega finalmente el motivo de Inconstitucionalidad de Forma, para lo cual señalan la vulneración del artículo 219 constitucional que expresa: “Siempre que un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los códigos de la República, no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel tribunal. La Corte emitirá su informe en el término que el Congreso Nacional le señale. Esta disposición no comprenderá las leyes de orden público, económico y administrativo”. Es parecer de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en referencia a la inconstitucionalidad que se demanda del Decreto 18-2008, en cuanto a fu forma; habría que remitirse a lo dispuesto en el mismo artículo 219 de la Constitución de la República, el que de manera paladina dispone que la Corte Suprema de Justicia emitirá su opinión en aquellos proyectos de ley que tiendan a reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en “los códigos de la Republica”; el mismo artículo señala una excepción, en el sentido de que tal opinión no será necesaria por parte de este alto Tribunal, en aquellos asuntos que comprenda leyes de orden público, económico y administrativo; ahora bien, del análisis del Decreto cuestionado esta Sala observa que si bien es cierto que los recurrentes señalan que con el referido Decreto se deroga o reforma los artículos 613, 2263, 2264, 2269, 2272, 2273 y 2274 del Código Civil y los artículos 270 numeral 4 y 277 del Código de Procedimientos Civiles; y que por lo tanto debió haberse oído la opinión de este alto Tribunal; situación que al no ocurrir así ha producido la vulneración constitucional, en cuanto a la forma del articulo 219; opinión que no es compartida por esta Sala, ya que del análisis de los referidos artículos invocados por los recurrentes, se estima que los mismos en manera alguna entran en contradicción con las normas del Decreto 18-2008; además cabe señalar que el referido articulo constitucional contempla la excepción de que cuando el proyecto de ley verse sobre aspectos políticos o económicos no será necesaria la opinión de este Alto tribunal; por lo que resulta valido el argumento en el sentido de que si bien es cierto el proceso de reforma agraria es un proceso integral que involucra muchos aspectos, tales como salud, educación, infraestructura etc., también resulta cierto que tratándose del proceso de adjudicación de tierras a través de la expropiación, este componente del proceso de reforma agraria es de carácter predominantemente económico; siendo así, esta Sala estima que de acuerdo al precepto constitucional invocado, no era necesaria la opinión especializada de este alto Tribunal con respecto del proyecto de ley que dio vida al Decreto 18-2008, por lo que no se ha producido la vulneración constitucional en cuanto a la forma del articulo 219 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 18: Que a la luz de lo anteriormente expuesto el Decreto No. 18-2008 de fecha trece de marzo del año dos mil ocho, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 31,594 el veintinueve de abril de 2008, entra en conflicto con los artículos 82, 90, 94, 96, 186, 303,304, 349 y 350 de la Constitución de la República; por lo que procede declarar la inconstitucionalidad total del mismo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 4, 5,59, 61, 62, 63, 64, 82, 90, 94, 96, 184, 185 párrafo 1º, 186, 216, 219, 303, 304, 313 atribución 5ª., 316 numeral 1, 320, 321, 344, 345, 349 y 350, de la Constitución de la República; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 3, 4, 5, 6, 7, 8, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89, 92, 94 y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8,17 y 30 de La declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 2,3,5, y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; profiere y FALLA: DECLARANDO LA INCONSTITUCIONALIDAD E INAPLICABILIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO NO. 18-2008 publicado en el Diario Oficial La Gaceta número No. 31,594 el veintinueve de abril de 2008; en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuestos por vía de acción por el Abogado JESUS EDUARDO Muñoz, actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores DORA LUCILA ZEPEDA y RIGOBERTO GOMEZ ALVARADO, en contra del referido decreto; Y MANDA: 1) Que se ponga en conocimiento de las partes el presente fallo; 2) Que se proceda a comunicar la presente sentencia al Congreso Nacional de la República para su publicación en el Diario Oficial la Gaceta; 3) Que en su oportunidad se archiven las presentes diligencias en la Secretaría del Tribunal. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Y tal como se manda en el fallo, para ser entregada al licenciado JESUS EDUARDO MUÑOZ, se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diecinueve de septiembre de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil once, recaída en los Recursos de Inconstitucionalidad acumulados con orden de ingreso en este Tribunal No. 391 y 436=09.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL