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Sentencia CL-3210-03 — Registro 407

Resumen

La trabajadora interpuso la demanda ordinaria laboral de emplazamiento. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia emitida en segunda instancia, la que confirmó la sentencia definitiva proferida en primera instancia que falló declarando con lugar la demanda de mérito.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"CONSIDERANDO: Que la declaración del Alcance de la impugnación es el fin que persigue el Recurrente, es el objeto que se propone el recurso, dicho petitum debe hacerse con claridad y propiedad; ya que la presentación en forma impropia y oscura no le es permitido al Tribunal Supremo subsanarlos; en el caso de autos, el impetrante no propone con precisión y claridad el contenido de los pronunciamientos de la sentencia que en sede de instancia debe dictar el Tribunal Supremo, omisión y oscuridad que hacen que la demanda no sea atendible. CONSIDERANDO: Que la defectuosa presentación de la demanda en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal, entrar a conocer los motivos de Casación que invoca la recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho mérito."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

C E R T I F I C A C I O N

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de Junio de dos mil cuatro.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal en fecha tres de Marzo de dos mil cuatro, por el Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este vecindario; quien actúa en su carácter de Apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en relación a la Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para la justificación de un despido, caso contrario se ordene el reintegro al trabajo con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir, de bonificaciones, aumentos salariales y otros derechos reconocidos a los demás trabajadores, interpuesta ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha seis de junio de dos mil dos por la señora MARLA RAMONA NAJERA RUBI, mayor de edad, casada, Maestra de Educación Primaria, hondureña y de este vecindario, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por intermedio de su representante legal y Director DAVID ANTONIO MENDOZA LUPIAC, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este vecindario. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha tres de diciembre de dos mil tres, la que CONFIRMO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de octubre de dos mil tres, la cual FALLA: “1.-DECLARANDO CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE UN DESPIDO, CASO CONTRARIO SE ORDENE EL REINTEGRO AL TRABAJO CON EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DE BONIFICACIONES, AUMENTOS SALARIALES Y OTROS DERECHOS RECONOCIDOS A LOS DEMAS TRABAJADORES, promovida por la señora MARLA RAMONA NAJERA RUBI, de generales expresadas, contra el INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONES DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en cuanto al reintegro y los salarios dejados de percibir, en consecuencia. 2) CONDENA al INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEM), a los siguiente: a) Al pago de los salarios dejados de percibir desde el momento en que ocurrió el despido injustificado hasta el momento que la demandante sea reinstalada en su puesto por lo menos en igualdad de condiciones; b) A reconocer el reclamo por concepto de tres días de vacaciones correspondiente al período del años 2002 que formulara la señora MARLA RAMONA NAJERA RUBI al señor DAVID ANTONIO MENDOZA LUPIAC, en su condición de Director Ejecutivo del INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). 3) CONDENA al INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a otorgar a la demandante MARLA RAMONA NAJERA RUBI, a un aumento salarial del 10% a partir del mes de enero del año 2000 y un aumento del 6% a partir del mes de enero del 2003. 4) SIN COSTAS.” RESULTA: Que mediante sentencia de fecha veinte de Enero de dos mil cuatro, este Supremo Tribunal RESOLVIÓ: Admitir el recurso de casación interpuesto por el Licenciado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, en su calidad expresada y dispuso dar traslado de los autos al recurrente para que en el término de veinte días formule su demanda de casación. RESULTA: Que en fecha tres de marzo de dos mil cuatro, compareció ante este Tribunal Supremo el Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, mayor de edad, hondureño, casado y de este vecindario, actuando en su condición de Apoderado legal de EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO, (INJUPEMP), formalizando su demanda y expresando los siguientes motivos de casación: “PRIMER MOTIVO: Interpretación errónea por error de derecho y por error de hecho en la apreciación de la prueba. ERROR DE HECHO: Existe error de hecho al haberse dado por establecido, por declararse con lugar la Demanda Ordinaria Laboral de reintegro promovida por la señora MARLA RAMONA NAJERA RUBI (ver folio 81 al 86 de la primera pieza de autos), y no haberse apreciado la prueba inspecciones donde se demostró que la cancelación de la señora demandante obedeció a la reestructuración del INJUPEMP a fin de ofrecer al público participante mayor eficiencia y eficacia en la resolución de las cotizaciones indebidas entre otras, en consecuencia es necesario que las personas que ocupen estos cargos tengan conocimientos de contabilidad y estadísticas; la prueba documental con la cual se comprobó que la demandante solamente ostentaba Titulo de Maestra en Educación Primaria, consecuentemente se evidencia que la misma no es Profesional con carrera a fin para ser Auxiliar de registro y afiliación. ERROR DE DERECHO: Existe error de derecho al establecerse en la sentencia recurrida, en su considerando cuatro (4) que el INJUPEMP, no señaló causal alguna de las permitidas por la Ley y no justificar la causa justa del despido que se trataba de una reestructuración en el Departamento de Préstamos Hipotecarios; sin embargo como se comprobó plenamente en la secuela del juicio si hubo justas causas para dar por finalizada la relación laboral con la señora demandante, fundamentándose para ello en el Reglamento Interno de Trabajo del INJUPEMP, el cual forma parte del Contrato de Trabajo, específicamente en el artículo 46 que literalmente dice: “Artículo 46: Cuando a consecuencia de una reorganización administrativa, o por cualquiera de las causas establecidas en el artículo 111 del Código del Trabajo, hubieren necesidad de prescindir de los servicios de un trabajador, podrá darse por terminado el Contrato de Trabajo, haciéndose efectivo las prestaciones laborales a que hubiere lugar”; sumado a lo anterior se tomó como fundamento el artículo 262 párrafo primero de la Constitución de la República, el cual en su parte medular establece: “ARTICULO 262: Las Instituciones descentralizadas gozan de independencia funcional y administrativa y a este efecto podrán emitir los reglamentos que sean necesarios de conformidad con la Ley”. En el caso de autos no se apreciaron las pruebas que acabo de relacionar y los preceptos jurídicos anteriormente mencionados, ya que de lo contrario la sentencia de primera instancia hubiese sido revocada por el Tribunal AD QUEM, ya que se probó plenamente en el juicio que la señora demandante no reunía los requisitos esenciales del cargo de Auxiliar de registro y afiliación, en vista que no ostentaba ningún Título de profesión a fin del cargo relacionado, siendo Maestra de Educación Primaria; resultando lo anterior justas causas para dar por finalizada la relación laboral existente con el INJUPEMP; por lo que no era ni es procedente declarar con lugar la demanda ordinaria laboral de reintegro propuesta por la demandante. El Juez a-quo ha incurrido en error de hecho en la apreciación de las pruebas; porque si bien es cierto que el Juez no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, formará su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito; pero en el presente juicio no se apreciaron las pruebas relacionadas, pues por el contrario fueron ignoradas en su totalidad quizás con el ánimo de los juzgadores de favorecer a la señora demandante, que es lo único que refleja la sentencia impugnada, así como de la primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 765 causal primera del Código del Trabajo, en lo que se refiere a la violación de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. SEGUNDO MOTIVO: Infracción directa o falta de aplicación del artículo 262 párrafo primero de la Constitución de la República que establece: “ARTICULO 262: Las instituciones descentralizadas gozan de independencia funcional y administrativa y a este efecto podrán emitir los reglamentos que sean necesarios de conformidad con la Ley”. Y por la falta de aplicación del artículo 46 del Reglamento Interno de Trabajo, el cual estipula: “Artículo 46: Cuando a consecuencia de una reorganización administrativa, o por cualquiera de las causas establecidas en el artículo 111 del Código del Trabajo, hubieren necesidad de prescindir de los servicios de un trabajador, podrá darse por terminado el contrato de trabajo, haciéndose efectivo las prestaciones laborales a que hubiere lugar”; ya que con las Normas Jurídicas citadas se justificó considerablemente, que el despido de la demandante se debió a una reestructuración o reorganización dentro del Departamento de Control de Beneficios del INJUPEMP, en el sentido de que los Auxiliares de registro y afiliación deben tener conocimientos amplios en el ramo de contabilidad y estadística. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 765 causal primera del Código del Trabajo, en lo que se refiere a la Ley sustantiva, por infracción indirecta, aplicación indebida o interpretación errónea.” RESULTA: Que en fecha quince de Abril del dos mil cuatro, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA, por formulada en tiempo la demanda de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días proceda a contestar la demanda. RESULTA: Que en fecha quince de abril de dos mil cuatro, compareció ante este Tribunal Supremo el Licenciado FRANCISCO ERICK RODRÍGUEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este vecindario, quien actúa en su condición de apoderado legal de la señora MARLA RAMONA NAJERA RUBI, contestando la demanda y expresando los siguientes motivos de casación. “AL PRIMER MOTIVO DE CASACION: Uno de los requisitos fundamentales para la debida estructuración de un cargo en el Recurso Extraordinario de Casación, es el de que se señale la violación de normas sustantivas de orden nacional, entendiéndose por tales las que crean o establecen un derecho concreto y la obligación correlativa. El impetrante no cumplió con esta formalidad. El recurrente no solamente no cita las normas sustanciales supuestamente violadas, si no que tampoco indica las procésales, por cuyo quebrantamiento se llegó a la infracción de las primeras, lo que la doctrina casacioncita llama violaciones de medio y violaciones de fin, por lo cual el cargo nos e presentó en forma completa, no está bien presentado al no haberse formulado por medio de proposición jurídica completa, al no denunciar la violación de medio como la de fin; esto es, en la censura no se indicó como violadas las reglas que crean, modifican o extinguen el derecho que la sentencia declara ni tampoco aquellas cuya infracción sirvió de medio para llegar a la apreciación o inapreciación de las que consagran el derecho sustancial que se pretende. Al enunciar su primer motivo el recurrente expresa que lo hace invocando “interpretación errónea por error de derecho y por error de hecho en la apreciación de la prueba”. Si por una parte se afirma que se incurrió en error de hecho y seguidamente se predica el error de derecho, el cargo peca por contradictorio y se aparta por eso de los presupuestos técnicos de éste recurso extraordinario, según criterio sostenido por el tribunal supremo de Colombia en sentencia de 11 de diciembre de 1970 citada por ENRIQUE ARAMBULA DURAN en el Recurso de Casación Laboral, Editorial TEMIS, Bogotá 1975, Páginas 22 y 23 que en lo concerniente expresa:..Otro requisito es que el recurrente no solo debe indicar la apreciación de la prueba, si no que debe demostrar eficazmente que el sentenciador incurrió en el error de derecho o en el error de hecho que alega. Si se trata de este ultimo, es indispensable que aparezca de manifiesto en el proceso. El recurrente intentó señalar los errores y allí se detuvo, sin llegar a demostrarlos como es debido. No logra el recurrente en el error de hecho que invoca acreditar el grado de evidencia u ostentibilidad requerido por la ley . El error de hecho debe saltar al a vista del simple cotejo entre lo que afirma la sentencia impugnada y lo que expresan los medios probatorios, sin necesidad de acudir a la hipótesis, conjeturas o deducciones, como lo hace el recurrente. No logra el recurrente poner su supuesto error de hecho de manifiesto. Por otro lado el recurrente no individualiza, ni señala concretamente en que consistió, cuando y donde se practicó y en que folio consta el medio o los medios mal apreciados y que demuestren la existencia del yerro alegado. El error de hecho no se funda en la inapreciación de una prueba en todo o parte, como lo afirma el recurrente, si no que en que ella demuestre un hecho que la sentencia desconoce o viceversa, es decir cuando lo aceptado por el Tribunal es abiertamente contrario a lo probado en el juicio. En suma la jurisprudencia de esta Corte, con apoyo en la doctrina y en la propia ley, ha sostenido que no puede involucrarse dentro de un mismo cargo y con relación a unas mismas pruebas la imputación de haber incurrido el sentenciador en errores de derecho y en errores de hecho, pues distinta es la conformación de uno y del otro vicio y por tanto diverso el razonamiento requerido para demostrar cada una de las clases de error. El impetrante se divaga en alegaciones de instancia. Por estas razones el motivo no debe prosperar y no ha lugar al mismo. AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: El recurrente acusa a la sentencia por infracción directa o falta de aplicación del Art. 262 párrafo primero de la Constitución de la República y artículo 46 del Reglamento Interno de Trabajo, lo que resulta improcedente por las siguientes razones. a) La infracción directa de la ley ocurre siempre sin consideración a la apreciación probatoria verificada por el tribunal; b) Las normas constitucionales no son susceptibles de ser invocadas en casación a menos que se justifique que las mismas hayan descendido al status de normas ordinarias por el manejo que se haya hecho de ellas; c) Sabido es que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado, se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente; d) El Decreto reglamentario por si solo no constituye un elemento para alegar su violación en casación, porque si el reglamento tiene por finalidad hacer viable la aplicación de la ley, la violación en estricto sentido no es del decreto reglamentario, sino de la ley que reglamenta. (Silliam Rene Parra Gutierrez, Recurso Extraordinario de Casación Laboral, ECOE Ediciones. Bogotá. Año 2000. P.58-59); e) Las normas acusadas como violadas, son de carácter general y no tienen el carácter de normas sustantivas de orden nacional; f) Toda violación directa de la Ley, según lo ha sostenido esta Corte, parte de la base que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, o que la aplica a hecho no demostrado en él, o que la haga producir efectos contrarios a la norma, o no deduzca las consecuencias en ella previstas; el sentenciador no coloca en franca rebeldía contra la norma lega. Ninguna de esas circunstancias han sido invocadas por el recurrente. Razones suficientes para desestimar el recurso en este motivo.”

RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a la Abogada TEODOLINDA PINEDA C., quien informó tener redactado el Proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal lo que proceda de conformidad a derecho. CONSIDERANDO: Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizada y prospere. CONSIDERANDO: Que el recurrente en la demanda de casación al formular la declaración del alcance de la impugnación, que es el Petitum de la demanda expresa: “La impugnación que se hace comprende los considerandos cuarto y quinto toda la parte resolutiva de la sentencia recurrida, pues no puede considerarse conforme a los lineamientos que flanquean las leyes sobre la materia, señalamos como tal la dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha 03 de diciembre de 2003”. Acto seguido transcribe la parte resolutiva de la sentencia a que hace referencia. A continuación expresa: “En la presente Demanda de Casación se persigue la anulación del Fallo pronunciado que confirma la Sentencia Definitiva del Juzgado de Letras Primero del Trabajo en fecha 06 de octubre del 2003; por lo que se solicita a este Tribunal casar la sentencia recurrida y actuando en sede de instancia profiera el Fallo que ha de sustituirlo reformándola y pronunciándola en los términos siguientes: a) Casar la sentencia en la parte resolutiva anteriormente transitoria, anulándola transitoriamente; b) Que casada ésta, la Honorable Corte Suprema de Justicia, acto seguido y actuando en sede de la instancia la sustituya por la que en derecho corresponde, dictando fallo reemplazado dicho ordenamiento en la forma siguiente: “POR TANTO: La Honorable Corte Suprema de Justicia en nombre de la República, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos No.128, 134, 135, 303, 313, 315 de la Constitución de la República; 1, 80, No.10 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 98 numeral 10, 11 No.7mo., 112 numeral H, 664, 665 y 666 literal c) 858 del Código del Trabajo. FALLA. PRIMERO: Casar totalmente la sentencia dictada por la Corte de apelaciones del Trabajo de esta Ciudad con fecha 03 de diciembre de 2003, que motiva el presente recurso de casación de que se ha hecho mérito. SEGUNDO: Declarar sin lugar la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora MARLA RAMONA NAJERA RUBI contra el INJUPEM, a través de su apoderado Legal en funciones para el reintegro de su trabajo.-TERCERO: Con Costas. NOTIFIQUESE.” CONSIDERANDO: Que el censor la Declaración del Alcance de la impugnación la hace en forma contradictoria; porque por una parte expresa que persigue la anulación del fallo y por otra dice que ha de “sustituirla reformándola y pronunciándola en los términos siguientes: a)casar la sentencia en la parte resolutiva anteriormente transitoria, anulándola transitoriamente; b) que casada esta la Honorable Corte Suprema de Justicia...;” y en el fallo sustitutivo propuesto dice: “Falla Primero: Casar totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad con fecha 03 de diciembre de 2003, que motiva el presente recurso de casación de que se ha hecho mérito...”, pretendiendo que el Tribunal haga declaraciones impropias en la parte resolutiva del fallo.- CONSIDERANDO: Que la declaración del Alcance de la impugnación es el fin que persigue el Recurrente, es el objeto que se propone el recurso, dicho petitum debe hacerse con claridad y propiedad; ya que la presentación en forma impropia y oscura no le es permitido al Tribunal Supremo subsanarlos; en el caso de autos, el impetrante no propone con precisión y claridad el contenido de los pronunciamientos de la sentencia que en sede de instancia debe dictar el Tribunal Supremo, omisión y oscuridad que hacen que la demanda no sea atendible. CONSIDERANDO: Que la defectuosa presentación de la demanda en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal, entrar a conocer los motivos de casación que invoca la recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 No.5, 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 665, 666 letra c), 775, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) Sin costas. MANDA: que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. COORDINADORA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. ROBERTO LAGOS BANEGAS. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de Julio de dos mil cuatro. (Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de Junio de dos mil cuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral con orden de ingreso en este Tribunal No. 3210-03).

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL