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Sentencia CL-2991-03 — Registro 411

Resumen

Los trabajadores interpusieron la demanda para el reintegro al trabajo en virtud de despido ilegal e injusto, que se emplace al patrono para que pruebe la justa causa en que fundo el despido, pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de segunda instancia que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró con lugar la demanda promovida.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"La norma que el Recurrente invoca como aplicada indebidamente constituye una proposición jurídica incompleta por ser conceptual e inviolable en Casación, por lo que el motivo resulta inadmisible."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1, parráfo 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

C E R T I F I C A C I O N

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Laboral-Contencioso Administrativo. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de junio del dos mil cuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha ocho de marzo de dos mil cuatro, por el Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL); en relación a la demanda para el reintegro al trabajo en virtud de despido ilegal e injusto, que se emplace al patrono para que pruebe la justa causa en que fundo el despido, pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia, promovida ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de febrero de dos mil dos, por los señores RENE HUMBERTO COELLO IRIAS y PEDRO ANGEL MENDEZ RIVAS, ambos mayores de edad, solteros, Técnicos en Telecomunicaciones, hondureños y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General señor ALONSO VICTOR VALENZUELA SOTO, mayor de edad, casado, empresario, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha once de noviembre de dos mil tres, emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que CONFIRMO la sentencia de fecha veintiséis de septiembre de dos mil tres, dictada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de este departamento, la cual declaro CON LUGAR la demanda de mérito, CONDENANDO al demandado a reintegrar a los demandantes Rene Humberto Coello Irías y Pedro Ángel Méndez Rivas, a sus puestos de trabajo en igualdad de condiciones que tenían al momento de su despido, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sean reintegrados a su trabajo, declarando SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción opuesta por el apoderado demandado. Sin Costas en ambas instancias. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia en fecha cuatro de diciembre de dos mil tres, admitió el recurso de casación interpuesto por el Abogado Juan Manuel Sibaja Salinas en su condición ya expresada, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente para que en el término de veinte días formulara su demanda de casación. RESULTA: Que en fecha ocho de marzo de dos mil cuatro, compareció ante este Alto Tribunal el Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS, en su condición de apoderado legal de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), formalizando su demanda de casación de la manera siguiente: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION. En el capítulo denominado Indicación de la sentencia impugnada, señala con precisión la sentencia que dictara la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esa sección judicial el día martes 11 de noviembre 2003, cuya parte resolutiva copia íntegramente la cual dice: “FALLA: CONFIRMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán de fecha 26 de septiembre del 2003, que corre a folios 287, 288, 289 y 290 frente y vuelto de la primera pieza de autos.- SIN COSTAS en esta instancia: MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los apoderados de las partes en litigio y que una ves firme el presente fallo, vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes. REDACTO el magistrado HERNANDEZ BARAHONA.- Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia. Firman para constancia los Magistrados y el Secretario del Despacho que da fé. Con la presente demanda de casación se persigue que esta Honorable Corte Suprema de Justicia, anule totalmente el fallo recurrido, el cual es violatorio de ley sustantiva de orden nacional y por consiguiente al casar la sentencia este Honorable Tribunal obrando en sede de instancia, pronuncie el fallo que ha de sustituir la sentencia recurrida, liberando a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), en los términos siguientes: POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre de la República de Honduras por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 134, 303, 314 y 319 numeral 7 de la Constitución de la República; 95 numeral 19; 129 primer párrafo, 111 numeral 1, 123 letra b) interpretado por decreto No. 65, 709, 710 y 858 del Código del Trabajo; 1 y 80 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; Decreto Ejecutivo PCM-005-2002, Decreto Legislativo 195-2002. CASA: La sentencia recurrida y en consecuencia declara sin lugar la demanda promovida ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo del departamento de Francisco Morazán por los señores RENE HUMBERTO COELLO IRIAS Y PEDRO ANGEL MENDEZ RIVAS, ambos mayores de edad, solteros y de este domicilio, Técnicos en telecomunicaciones, con dirección el primero en la Colonia El Alamo, Bloque j) casa número 3206 y el segundo en la Colonia La Rosa Contiguo al Aserradero José Lamas, casa No. 2205 ambos de la ciudad de Comayaguela, M.D.C., contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), por intermedio del señor Gerente General Don Alonso Víctor Valenzuela Soto, de generales conocidas en la presente demanda, para el reintegro al puesto que ha venido desempeñando, en consecuencia se absuelve de toda responsabilidad a la Empresa demandada y manda que se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia con la certificación de estilo del presente fallo. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción indirecta del artículo 95 numeral 19 en relación con el 738, 739 y 858 de aplicación analógica a todos del Código del Trabajo, artículos 320 numeral 4 del Código de Procedimientos Civiles, por error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de apreciación de la prueba de inspección que aparece a folios 122 vuelto en su letra h) y 123 frente en su letra k) de la primera pieza de autos donde se demuestra que la plaza de los demandantes se encuentra cancelada; así como en la sección donde el señor RENE HUMBERTO COELLO IRIAS éste no tenía funciones y no hacia ningún tipo de labor y en la sección donde ejecutaba sus labores el señor PEDRO ANGEL MENDEZ RIVAS, habían treinta y nueve personas con el mismo cargo y realizaban las mismas funciones del ahora recurrido. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación esta contenido en el artículo 765 numeral 1ª párrafo segundo del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA: La doctrina sostiene en estos casos, según Don Miguel Gerardo Salgado, que la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de la prueba consistente en lo siguiente: 1. Debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba. 2. Una mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir respecto de la prueba consignada en su misma, y no con relación a las normas legales que reclamen la prueba de que se trate. 3. Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva. Y 4. El error de hecho expresado debe ser manifiesto; o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario se de por no aprobado un hecho que está plenamente demostrado en el juicio. Lo anterior entendemos que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, al no considerar en su fallo dictado el día martes 11 de noviembre del año 2003, el acta de inspección que corre a folio No. 122 vuelto en su literal h) y 123 en su literal k), de la primera pieza de autos, en donde se constata que la plaza que ocupaban los demandantes se encuentran canceladas por la aplicación de los decretos PCM-005-2002 y 195-2002, y que en la Sección de Centro de Servicios (Mantenimiento) donde el señor RENE HUMBERTO COELLO IRIAS tenía que ejecutar sus labores, se demostró que no tenía funciones y que no ejecutaba ningún tipo de labores y en la Sección de Centro de Servicios donde el señor PEDRO ANGEL MENDEZ RIVAS donde ejecutaba sus labores habían treinta y nueve personas con la misma plaza y las mismas funciones del demandante, en circunstancias oscuras o difusas en su CONSIDERANDO 4, expresó que la Empresa no tuvo causa justa para el rompimiento del vínculo contractual de manera unilateral, para lo cual allegaron al mismo prueba documental y testifical, medios probatorios con los cuales acreditan plenamente el hecho controvertido o sea que el despido injusto alegado, pues con el documento transcrito en el Considerando Número Tres de este fallo, el despido de los actores es directo, ilegal e injustificado, por la clara violación de los artículos 112 y 117 del Código de Trabajo vigente, al no señalar alguna de las causales permitidas por la ley y no concretizar la causa justa del despido, en clara violación de las normas laborales arriba citadas, pues en forma reiterada los órganos jurisdiccionales del trabajo han declarado que la reestructuración no está contemplada como causal de despido, al no tener un panorama claro el Tribunal de Segunda Instancia, que no consideró que en la sección donde los demandantes ejecutaban sus labores habían treinta y nueve personas ejecutando las mismas labores y con el mismo cargo del señor PEDRO ANGEL MENDEZ RIVAS y en el caso del señor RENE HUMBERTO COELLO IRIAS éste no ejecutaba ningún tipo de labor y que las plazas que ocupaban los ahora demandantes se encuentran canceladas, desde este punto de vista por lógica entendemos que no era necesario no obligatorio que mi representada tuviera contratados a los señores RENE HUMBERTO COELLO IRIAS y PEDRO ANGEL MENDEZ RIVAS, y atendiendo instrucciones emanadas por el Gobierno Central y el Poder Legislativo, según decretos PCM-005-2002 Medidas de Austeridad y Control de los Gastos Corrientes en el Sector Público, y decreto 195-2002 era innecesaria la prestación de los servicios profesionales de los demandantes, pues vasta analizar los puntos de inspección del acta antes indicada y tendremos que si existió la condición de dualidad de funciones, en virtud que las mismas actividades que la demandante realizaba en la empresa, las realizaban treinta y nueve personas mas, y que el señor RENE HUMBERTO COELLO IRIAS no ejecutaba ningún tipo de labor, por naturaleza de estos hechos se entiende que dichos señores eran personal supernumerario en virtud de que son varias las personas que ejecutaban las funciones que tenía la parte actora, por ende al no considerar la prueba de inspección señalada se produce en forma indirecta la violación del artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, en cuanto que es una obligación de los patronos llevar a cabo los reajustes del personal; observación que fue eludida por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo y el Juzgado Primero de Letras del Trabajo; por lo expresado es procedente que el presente motivo prospere en sentencia definitiva que ha de dictar este Honorable Tribunal. SEGUNDO MOTIVO… Ser la sentencia recurrida violatoria de Ley Sustantiva nacional, por infracción indirecta de los artículos de 95 numeral 19, en relación con el 738 y 739 del Código del Trabajo, por falta de apreciación por error de hecho, al no haber apreciado el Tribunal de Segunda Instancia las pruebas documentales siguientes: 1) decreto Legislativo No. 195-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 12 de junio del 2002, No. 289,805 que obra a folio 124 al 143 frente y vuelto de la primera pieza de autos, específicamente el artículo 13 que corre a folio 143 de la primera pieza de autos. 2) Decreto Ejecutivo PCM-005-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el martes 2 de julio del 2002, mediante No. 29,822 que obra a folios 144 al 146 de la primera pieza de autos específicamente su artículo No.1 en su letra a) y b). 3) Certificación extendida por el Secretario de la Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) del punto de acta No. 12 de la Sesión Ordinaria No. 451-02 del 21 de junio del 2002, que se encuentra a folios 147 y 148 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo de casación está contenido en el artículo 76 numeral 1ro. Párrafo 2do. Del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA: La doctrina establecen que el error de hecho se produce cuando un proceso subjetivo del juzgador, de un equivocado razonamiento apreciativo de la probanza se da por establecido un hecho que no sucedió o que al contrario de por establecido un hecho consumado y probado plenamente.- El error de hecho como lo ha sostenido la Corte de Apelaciones, no tiene en cuenta para producirse elemento jurídico alguno, sino que simplemente un fenómeno de convencimiento acerca de la existencia o no existencia de un hecho.- La individualidad jurídica antes enunciada de estos medios de equivocación, hace concluir que dentro de la técnica de la casación laboral no puede aceptarse la impugnación de un error de hecho, se puede convertir en un error de derecho. En el presente motivo se trata de establecer jurídicamente que la falta de apreciación de la prueba documental enunciada indujo a la Honorable Corte de Apelaciones del trabajo a confirmar la sentencia del Juzgado Primero de Letras del Trabajo, en tal sentido obtenemos que el Tribunal de Segunda Instancia lo que ha establecido es una rebeldía frente a las pruebas propuestas, en el caso del Decreto Legislativo No. 195-2002 de fecha 12 de junio del 2002, específicamente su artículo 13 que establece lo siguiente: “Los ahorros provenientes de la reducción del gasto en el Presupuesto modificado del 2002, que se generen por la cancelación de plazas, reestructuración administrativa, duplicidad de funciones o por personal supernumerario en el Gobierno Central, organismos desconcentrados e instituciones descentralizadas podrán destinarse al pago de las prestaciones laborales o cesantías correspondientes. Las plazas que quedaran vacantes por las medidas anteriores, serán automáticamente canceladas una vez que se hayan pagado las prestaciones laborales por cesantía, quedando prohibido el reingreso o reintegro del cesanteado”. A lo expuesto e el artículo anterior específicamente tanto a la prohibición de reintegro y cancelación de plazas, en el presente caso, la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, hizo caso omiso al confirmar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, ordenando el reintegro de los señores RENE HUMBERTO COELLO IRIAS y PEDRO ANGEL MENDEZ RIVAS, con lo cual se da una abierta y confrontada rebeldía con esta Prueba Documental, violentando en forma indirecta las obligaciones de los patronos contempladas en el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo que establece los Reajustes de Personal. El Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2002, que emitiera el Presidente Constitucional de la República en Consejo de Ministros, establece en su artículo 1ª lo siguiente: “Con el propósito de lograr eficiencia y eficacia en la Administración Pública todas las Secretarías de estado, incluyendo los organismos desconcentrados e instituciones descentralizadas deberán de adoptar las siguientes medidas: a) Revisar su estructura organizativa, administrativa, operativa y de servicios, a efecto de eliminar posiciones duplicadas o supernumerarias debiendo presentar al Presidente Constitucional de la República, en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de aprobación del presente decreto un informe pormenorizado, sobre las medidas que se proponen y tomar los resultados esperados. Posteriormente, se deberá presentar un informe mensual detallado de las medidas efectivamente tomadas y los ahorros obtenidos. b) Cancelar el 60% de las plazas vacantes existentes a la fecha de aprobación de este decreto, excepto las de servicio docente, de atención a la salud y seguridad que figuren en centros Educativos de todo nivel, Hospitales, centros de salud, policías y aquellas calificadas por el Presidente de la República, previa opinión favorable emitida conjuntamente por las Secretarías de estado en el despacho de Finanzas y el despacho Presidencial. Para tal propósito, la Secretaría de estado en el despacho de Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto, suministrará a cada Secretaría de estado el listado de las plazas vacantes existentes a dicha fecha, a fin de que se señalen en un plazo máximo de 30 días las plazas a cancelar, por su parte, los organismos desconcentrados e instituciones descentralizadas, deberán reportar en un plazo máximo de 30 días a la Secretaría de Finanzas, el detalle de las plazas a cancelar, cuantificando el producto del ahorro de este concepto”.- Lo anterior expuesto y a pesar de ser un decreto emanado por el Gobierno Central de la República, no fue considerado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo específicamente del Magistrado que redactó la sentencia HERNANDEZ BARAHONA, denota la rebeldía del Tribunal de Segunda Instancia, frente a la disposición de carácter público hacen que dicha sentencia sea violatoria de ley sustantiva nacional por infracción directa al artículo 95 numeral 19 en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo para lo cual se debió tener en cuenta que la obligación del patrono en cuanto a los reajustes de personal, cancelación de plazas fueron emanadas por los decretos antes apuntados, para lo cual debió analizar las pruebas y formar libremente el convencimiento de conformidad con las pruebas documentales antes indicadas hay que entender Honorables magistrados que los Decretos antes señalados no solo obedecen a dualidad de funciones y personal supernumerario, sino que también a la cancelación de la plaza como se dio y probó en el presente caso, todo lo contrario que afirma el Tribunal de segunda Instancia. Certificación extendida por el Secretario de la Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) autoriza a la Gerencia General el cumplimiento de las medidas de austeridad, equilibrio financiero y protección social. Según decreto Legislativo No. 194-2002 Ley de Equilibrio Financiero; Decreto Legislativo No. 195-2002. Ley de Modificación Presupuestaria y Decreto PCM-005-2002.- Lo anterior con el fin de mantener los lineamientos de las obligaciones contempladas en el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo en cuanto a los reajustes de Personal, al violentarse esta norma sustantiva en forma indirecta al no apreciar la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo la Prueba Documental presenta en su sentencia la rebeldía frente a esta Prueba que no le dio cabida en su contenido al momento de proferir su fallo, por tanto este motivo también debe prosperar en sentencia definitiva que dicte este Honorable Tribunal. TERCER MOTIVO. Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva nacional por infracción directa de artículo 95 numeral 19, en relación con los artículo 738 y 739 del Código del Trabajo en relación a la prueba de inspección admitida a la parte demandada que obra a folios 122 vuelto en su literal h) y 123 en su literal k) de la primera pieza de autos que expresa: QUE EN LA SECCION DONDE LOS DEMANDANTES EJECUTABAN SUS LABORES COMO TECNICOS EN TELECOMUNICACIONES, EN EL CASO DEL SEÑOR RENE HUMBERTO COELLO IRIAS NO REALIZABA NINGUN TIPO DE FUNCION Y PEDRO ANGEL MENDEZ RIVAS, HABIAN TREINTA Y NUEVE PERSONAS CON EL MISMO CARGO Y TODOS EJECUTABAN LAS MISMAS LABORES, DEL AHORA RECURRIDO. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA: El presente motivo lo iniciamos invocando la doctrina que en materia laboral se ha escrito con el fin de establecer un marco legal en cuanto a la violación de la sentencia recurrida específicamente a la infracción directa del artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, en cuanto a las obligaciones de los patronos de llevar a cabo los reajustes de personal; esta infracción directa según la ley tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula, o al contrario cuando se aplica esa norma a un hecho inexistente. La violación directa exige la existencia del hecho de tal manera comprobado, que no se discute para que la ley cuyo texto se aprecia en forma clara, en base a lo expresado plenamente y con los argumentos jurídicos que lo respalda demostraremos que la Corte de Apelaciones del Trabajo en su sentencia manifiesta rebeldía contra la Ley sustantiva invocada, por las razones siguientes: La sentencia emitida por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo que confirma la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo, condena a mi representada al reintegro de los demandantes, circunstancia Honorables Magistrados que está en contra total y absolutamente del artículo 13 del decreto No. 195-2002, que emitiera el Soberano Congreso nacional de la República, y que en su párrafo final indica que las plazas que quedaran vacantes, por las medidas anteriores serán automáticamente canceladas una vez que se haya pagado las prestaciones laborales por cesantía, quedando prohibido el reingreso o reintegro del cesanteado mi representada demostró que los trabajadores demandantes desempeñaban el señor RENE HUMBERTO COELLO IRIAS, de técnico e Telecomunicaciones III y PEDRO ANGEL MENDEZ RIVAS Técnico de Mesa de Pruebas II, las cuales se encuentran canceladas, y que en el caso del primero, éste o ejecutaba ningún tipo de labor y e el caso del segundo demandante habían treinta y nueve personas desempeñando las mismas labores, razón por la cual lleva a la Corte de Apelaciones del Trabajo a violentar directamente la norma sustantiva señalada, la obligación de llevar a cabo los reajustes que de conformidad con la ley se han dado en mi representada, es y han sido en cumplimiento de los decretos Legislativos No. 195-2002 y el decreto ejecutivo PCM-005-2002 y la autorización de la Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), está bien claro que si existió dualidad de funciones y ser personal supernumerario el demandante con las mismas funciones de treinta y nueve personas más, por ende pasa a ser personal supernumerario, es decir mi representada no está obligada a mantener la relación de trabajo con los demandantes. Por lo antes expuesto es procedente que el presente motivo prospere en sentencia definitiva que ha de dictar esta Honorable Corte Suprema de Justicia, en relación al presente caso, cito el expediente C.L.912-99 en el juicio promovido por el señor JOSE HUMBERTO NUÑEZ, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) mediante la cual la Honorable Corte Suprema de Justicia, casando parcialmente el recurso de Casación, por aplicación indebida de ley Sustantiva y error de hecho en apreciación de la prueba. CUARTO MOTIVO: Ser la sentencia violatoria Ley sustantiva nacional por infracción directa al artículo 120 párrafo 1ª en relación con los artículos 738 y 739 todos del Código del Trabajo, por las pruebas propuestas denominadas documental, que consiste en lo siguiente: 1) Decreto Legislativo No. 195-2002 de fecha miércoles 12 de junio del 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante No. 29805 y que obra a folios 124 al 143 de la primera pieza de autos.- 2) Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2002, de fecha martes de 2 de julio del 2002 publicado en el Diario oficial La Gaceta mediante No. 29,822 que corre a folio 144 al 146 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo de casación está comprendido el numeral 1ª párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA. En cuanto al Decreto PCM-005-2002, que emitiera el señor Presidente Constitucional de la República en Consejo de Ministros, amplia el marco de la reestructuración, y señala que las instituciones descentralizadas deberá revisar su estructura organizativa, administrativa, operativa y de servicio para eliminar posiciones duplicadas o supernumerarias, lo cual atendiendo esta disposición mi representada reformó toda su infraestructura empresarial, tal como consta en los folios 122 al 283 de la primera pieza de autos, y no tomando en cuenta este hecho la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, hace que el artículo señalado fuese violado directamente, en virtud de haberse dejado de aplicar la norma que regula el hecho en este caso con la terminación del Contrato del Trabajo de la demandante obedecieron a causas ajenas a voluntad del trabajador por disposición de los Decretos ya señalados, por cuanto este motivo debe prosperar en sentencia definitiva”. RESULTA: Que en providencia de fecha nueve de marzo de dos mil cuatro, este Tribunal de Justicia tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación por parte del recurrente, y dio traslado de los antecedentes al opositor para que en el término de diez días contestara dicha demanda, haciéndolo el Abogado MANUEL ORLANDO FUNES PADILLA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal de los señores René Humberto Coello Irías y Pedro Angel Méndez Rivas, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil cuatro, de la manera siguiente: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION. En este capítulo el escrito del impugnador no determina con claridad y precisión su acusación primero dice que lo que persigue con su demanda de casación, es que se anule totalmente el fallo recurrido, si observamos la suma de la demanda y la petición de la misma, veremos que no existe tal petición y después dice que se case la sentencia, no se distingue cual es el deseo del impugnador, porque envuelve el término CASACION con el de NULIDAD,, términos estos, que aunque están vinculados cada uno de ellos tiene una definición específica. Además el impugnador no señala cual o cuales de los ordenamientos del AD-QUEM son violatorios de ley y en que forma deben reemplazarse, es obligación del recurrente declarar cual es el alcance de la impugnación, esto es, indicar con claridad los extremos de la sentencia en su opinión deben ser anulados, precisamente por el Tribunal de Casación. La Corte Suprema de Justicia, actúa a instancia de las partes y no oficiosamente, y es deber del recurrente expresar en forma clara y concreta el objeto de la impugnación, para que el Tribunal de Casación sepa dentro de que límites queda circunscrito su poder de decisión. Este es el Segundo defecto que tiene el Petitum de la Demanda. A LA EXPRESION DE LOS MOTIVO. PRIMER MOTIVO. El recurrente alega en este primer motivo, violación de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 95 numeral 19. En relación con el 738, 739 y 858 del Código de Trabajo. No es cierto que la sentencia recurrida es violatoria de Ley sustantiva de dichos artículos.- ¿Por qué son falsas las aseveraciones del recurrente?.- La falsedad consiste en que al analizar la sentencia de la Corte de Apelaciones recurrida, no procede el ataque a la aplicación indebida como lo hace el recurrente, en virtud que en dicha sentencia no aparecen mencionados en los fundamentos de derecho los artículos del Código de Trabajo que asevera el casacionista.- por consiguiente LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO de esta jurisdicción no los aplica y es de lógica no se puede ir en casación por aplicación indebida de unos artículos que no aparecen aplicados a la sentencia. Por otro lado es importante subrayar, que el juez de primera instancia analiza en todo su conjunto el haz probatorio de inspección. Ver folios 122 y 123 frente y vuelto y 283 frente y vuelto de la primera pieza de autos. Asimismo el recurrente al fundamentar el motivo de casación dice que lo fundamenta el en “RECEPTO” AUTORIZANTE: A LA EXPLICACION DE LA VIOLACION: Manifiesta el recurrente que el trabajador René Humberto Coello Irías no tenía funciones si esto fuera así es imputable al patrono y olvidándose que el demandante fue despedido por reestructuración administrativa, en relación al trabajador Pedro Ángel Méndez Rivas, dice el recurrente que donde ejecutaba sus labores el trabajador habían 39 personas con la misma plaza, desconociendo el recurrente que lo que hubo fue cancelación de personas no de plazas y esto es imputable al patrono y este trabajador como el anterior fueron despedidos por reestructuración administrativa. Este es el TERCER defecto que tiene el petitum de la demanda por consiguiente no procede el primer motivo en dicha demanda. SEGUNDO MOTIVO. En este motivo según el recurrente la sentencia de la Corte de Apelaciones del Trabajo de fecha martes once de noviembre del año dos mil tres, es violatoria de ley sustantiva nacional por infracción indirecta del artículo 95 numeral 19 en relación con los artículos 738 y 739 todos del código de trabajo, según dice el recurrente por falta de apreciación por error de hecho- la Corte de Apelaciones del Trabajo de este termino, aprecio y verifico toda la prueba documental, ver considerando números 3 y 4 de la sentencia recurrida. Además no hay falta de apreciación de dichos artículos, por que no puede haber aplicación indebida de una norma, si esta no ha sido aplicada en un hecho, lo anterior en virtud que en la sentencia recurrida como puede analizar el Tribunal de Casación, los artículos antes mencionados por el recurrente no ha sido aplicados en la sentencia recurrida, por consiguiente no –basta el señalamiento de una norma para que proceda un cargo en casación pues se requiere enfrentar a la sentencia acusada con la ley y demostrar de que manera aquella violo una norma legal. De lo anterior surge la siguiente interrogante ¿SI LA CORTE de Apelaciones del Trabajo no uso como fundamento legal los artículos que señala el recurrente? Cómo puede haber violado los mismos? Por consiguiente debe desestimarse el motivo de casación de dicha demanda. TERCER MOTIVO: El recurrente alega en este tercer Motivo, violación de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa del artículo 95 numeral 19 en relación con los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo proveniente de la falta de apreciación de la prueba inspección admitida a la parte demanda en lo que se refiere a tomar en consideración dicha inspección como puede observar el tribunal de casación, el recurrente en este tercer motivo esta planteado lo que dejo planteado en primer motivo y para demostrar la verdad de mis aciertos observe, la Honorable Corte Suprema de Justicia, que la inspección a que se refiere el recurrente es la misma del primer motivo, ver inspección que aparece en folios 122 vuelto en su letra h, 123 frente en su letra k, si quería exponer mas sobre la inspección el recurrente lo hubiese hecho en el primer motivo, solamente es de hacer el parangón entre ambos motivos y se observa que son los mismos, por otro lado, la Corte de Apelaciones del Trabajo, estima en su conjunto todo el haz probatorio, y cuando enfoca la cuestión toral el Tribunal de Alzada dice en el considerando número 4 “pues de conformidad con el documento trascrito en el considerando número 3 de este fallo el despido de los actores es directo, ilegal e injustificado por clara violación de los artículos 112 y 117 del Código de Trabajo vigente al no señalar alguna de las causales permitidas por la ley y no concretizar la causa justa del despido, en clara violación de las normas laborales arriba citadas, pues en forma reitera los órganos jurisdiccionales del trabajo han declarado que la “reestructuración” no esta contemplada como causal de despido”. Como puede observarse la Corte sentenciadora, analizo la cuestión toral del conflicto promovido por el patrono, que es el despido, al revisar este, que es punto umbilical de la prueba documental. “En el juicio se aprecio sensorialmente la prueba, además debemos observar que en los juicios del trabajo, los falladores gozan de autonomía en las apreciaciones de la prueba, por consiguiente no puede acusarse válidamente en casación. Por lo anterior somos de la opinión que debe desestimarse este recurso. CUARTO MOTIVO. En este motivo según el recurrente manifiesta que, la sentencia de la Corte de Apelaciones del Trabajo de fecha martes once de noviembre del año dos mil tres, es violatoria de ley sustantiva nacional por infracción directa del artículo 120 párrafo 1ª en relación con los artículos 738 y 739 todos del Código de Trabajo. Sobre lo expuesto por el recurrente debo manifestar, que no existe violación a una norma, si esta no ha sido aplicada en un hecho, lo anterior en virtud que en la sentencia recurrida. Como puede analizar el Tribunal de Casación, los artículos antes mencionados por recurrente, no han sido aplicado en la sentencia recurrida, por consiguiente no basta el señalamiento de una norma para que proceda un cargo en casación, pues se requiere enfrentar a la sentencia acusada con la ley y demostrar de que manera aquella violo una norma legal, de lo anterior surge la siguiente interrogante? Si la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, no uso como fundamento legal los artículos anteriormente señalados, como los puede haber violado? Por consiguiente debe desestimarse el motivo de casación de dicha demanda”. RESULTA: Que no habiendo solicitado el señalamiento de audiencia, se nombró Magistrado Ponente al Abogado ROBERTO LAGOS BANEGAS, quien en su oportunidad informó tener elaborado el proyecto respectivo; ordenando éste Tribunal que se dictase lo que procediere en derecho. CONSIDERANDO: Que el Censor Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS, EN EL PRIMER MOTIVO EXPRESA: “Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional, por Infracción indirecta del artículo 95 numeral 19 en relación con el 738, 739 y 858 de aplicación analógica todos del Código del Trabajo, Artículos 320 numeral 4 del Código de Procedimientos Civiles, por error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de apreciación de la prueba de inspección que aparece a folios 122 vuelto en su letras h) y 123 frente en su letra k) de la primera pieza de autos donde se demuestra que la plaza de los demandantes se encuentran canceladas; así como en la sección don de el señor RENE HUMBERTO COELLO IRIAS, este no tenia funciones y no hacia ningún tipo de labor y en la sección donde ejecutaba sus labores el señor PEDRO ANGEL MENDEZ RIVAS, habían treinta y nueve personas con el mismo cargo y realizaban las mismas funciones del ahora recurrido.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación esta contenido en el Artículo 765 Numeral 1º Párrafo segundo del Código del Trabajo.” Confrontado el cargo con el fallo impugnado se evidencia que el fallador en la sentencia objeto del recurso forma su convencimiento fundamentándose en el conjunto de los medios de prueba allegados al proceso, por lo que no basta para anularlo que se ataquen algunos de tales medios, si los que restan no fueron atacados y son suficientes para dar por probados los hechos objeto de la demanda, tal como ocurre en el caso de autos; sumado a lo anterior, el Recurrente se aparte de la técnica propia del recurso al omitir indicar las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas, razones suficientes para declarar inadmisible el primer motivo. CONSIDERANDO: Que en el segundo motivo el censor expresa: “Ser la sentencia recurrida violatoria de Ley Sustantiva Nacional, por infracción indirecta de los Artículos de 95 Numeral 19, en relación con el 738 y 739 del Código del Trabajo, por falta de apreciación por error de hecho, al no haber apreciado el Tribunal de Segunda Instancia las Pruebas documentales siguientes: 1) Decreto Legislativo No. 195 – 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 12 de junio del 2002, No. 289, 805 que obra a folio 124 al frente y vuelto de la primera pieza de autos, específicamente el Artículo 13 que corre a folio 143 de la primera pieza de autos. 2) Decreto Ejecutivo PCM-005-2002, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el martes 2 de Julio del 2002, mediante No. 29,822 que obra a folios 144 al 146 de la primera pieza de autos específicamente su artículo No. 1 en su letra a) y b).- 3) Certificación extendida por el Secretario de la Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) del punto de acta NO. 12 de la Sesión Ordinaria No. 451.02 del 21 de junio del 2002, que se encuentra a folios 147 y 148 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está Contenido en el Articulo 76 Numera 1ro. Párrafo 2do. del Código del Trabajo. Es de hacer notar que el Recurrente incurre en el mismo error u omisión indicado en el considerando que antecede, al no consignar las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas, asimismo en la explicación de la violación, entre otras hace la siguiente afirmación: “no fue considerado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo específicamente del Magistrado que redactó la sentencia HERNÁNDEZ BARAHONA, denota la rebeldía del Tribunal de Segunda Instancia frente a la disposición de carácter público hacen que dicha sentencia sea violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa al artículo 95 numeral 19 en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo…”, con ello alega en un solo motivo dos formas de infringir la ley, que se producen por causas distintas y deben alegarse en forma separada, como reiteradamente lo tiene establecido este Tribunal, en adición, el artículo 76 que cita como precepto autorizante no tiene tal carácter, lo que vuelve el cargo incompleto y carente de claridad y precisión, volviendo inadmisible el segundo motivo. CONSIDERANDO: Que en el Tercer Motivo el censor expresa: “Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva Nacional por infracción directa de Artículo 95 numeral 19, en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo en relación a la prueba de inspección admitida a la parte demandada que obra a folios 122 vuelto en su numeral h) y 123 en su literal k) de la Primera Pieza de Autos que expresa: QUE EN LA SECCION DONDE LOS DEMANDATES EJECUTAVAN SUS LABORES COMO TÉCNICOS EN TELECOMUNICACIONES, EN EL CASO DEL SEÑOR RENE HUMBERTO COELLO IRIAS, NO REALIZABA NINGUN TIPO DE FUNCION Y PEDRO ANGEL MENDEZ RIVAS, HABIAN TREINTA Y NUEVE PERSONAS CON EL MISMO CARGO Y TODOS EJECUTABAN LAS MISMAS LABORES DEL AHORA RECURRIDO. PRECEPTO AUTORIZANTE: … Este motivo de Casación está comprendido en el numeral Primero, Párrafo Primero del Artículo 765 del Código del Trabajo”. Sin embargo el censor incurre en los mismos errores señalados en el primer considerando, hace alegatos de instancia impropios de este recurso y se olvida que la infracción directa se da con independencia del haz probatorio, no obstante, hace “relación a la prueba de inspección admitida a la parte demandada”. Por las razones expuestas se desestima este tercer motivo. CONSIDERANDO: Que en el cuarto motivo el Recurrente alega: “Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva Nacional por infracción directa al Artículo 120 Párrafo 1º.- En relación con los Artículos 738 y 739 todos del Código del Trabajo, por las pruebas propuestas denominadas documental, que consiste en lo siguiente: 1) Decreto Legislativo No. 195-2002, de fecha miércoles 12 de junio del 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante No. 29805 y que obra a folio 124 al 143 de la Primera Pieza de autos.- 2) Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2002, de fecha martes 2 de julio del 2002 publicado en el Diario Oficial la Gaceta mediante No. 29,822 que corre a folios 144 al 146 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE.. Este motivo de Casación está comprendido en el Numeral 1º, Párrafo Primero del Artículo 765 del Código del Trabajo.” Es el caso que como ya se ha indicado en las motivaciones precedentes, la infracción directa se dá con independencia del haz probatorio y el censor se refiere a las pruebas propuestas denominadas documental; asimismo el artículo 120 párrafo 1º del Código del Trabajo, que alega como infringido, no fue aplicado en ninguna de las instancias, razones que vuelven inadmisible este cuarto motivo. CONSIDERANDO: Que las razones anteriormente expuestas tornan los motivos de casación formulados absolutamente ineficaces para anular la sentencia impugnada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República 1, y 80 No. 1 de Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 664, 665, 769, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al Recurso de Casación de que se ha hecho merito en sus cuatro motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. COORDINADORA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. ROBERTO LAGOS BANEGAS. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida a solicitud del señor RENE HUMBERTO COELLO, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio de dos mil cuatro. Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de junio de dos mil cuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral registrado bajo el No. 2991=03.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL