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Sentencia CL-2804-03 — Registro 401

Resumen

El trabajador interpuso la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de un despido, caso contrario se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores o que puedan derivarse de la privatización de la empresa, más las costas del juicio. El recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia que confirmó la sentencia emitida en primera instancia que declaró con lugar la demanda.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Es de hacer notar que el Recurrente incurre en el mismo error u omisión indicado en el considerando que antecede, al no consignar las normas procedimentales que sirvieron de medio para la violación de las sustantiva, asimismo en la explicación de la violación, entre otras hace la siguiente afirmación: “no fue considerado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo específicamente del Magistrado que redactó la sentencia JESÚS ELOY MONTES CORTES, denota la reveldía del Tribunal de Segunda Instancia frente a la disposición de carácter público hacen que dicha sentencia sea violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa al artículo 95 numeral 19 en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo...”, con ello alega en un solo motivo dos formas de infringir la ley, que se producen por causas distintas y deben alegarse en forma separada, como reiteradamente lo tiene establecido este Tribunal, en adición, el artículo 76 que cita como precepto autorizante no tiene tal carácter, lo que vuelve el cargo incompleto y carente de claridad y precisión, volviendo inadmisible el segundo motivo"

Jerarquía: Reiterativa

"Es de hacer notar que el Recurrente incurre en el mismo error u omisión indicado en el considerando que antecede, al no consignar las normas procedimentales que sirvieron de medio para la violación de las sustantiva, asimismo en la explicación de la violación, entre otras hace la siguiente afirmación: “no fue considerado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo específicamente del Magistrado que redactó la sentencia JESÚS ELOY MONTES CORTES, denota la reveldía del Tribunal de Segunda Instancia frente a la disposición de carácter público hacen que dicha sentencia sea violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa al artículo 95 numeral 19 en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo...”, con ello alega en un solo motivo dos formas de infringir la ley, que se producen por causas distintas y deben alegarse en forma separada, como reiteradamente lo tiene establecido este Tribunal, en adición, el artículo 76 que cita como precepto autorizante no tiene tal carácter, lo que vuelve el cargo incompleto y carente de claridad y precisión, volviendo inadmisible el segundo motivo"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 párrafo 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

C E R T I F I C A C I O N

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-Sala Laboral- Contencioso Administrativo. Tegucigalpa, M.D.C., nueve de Junio del dos mil cuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal en fecha cuatro de Marzo de dos mil cuatro, por el Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS, mayor de edad, casado, hondureño y de este vecindario, en su condición de Apoderado Legal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL); en relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de un despido, caso contrario se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores o que puedan derivarse de la privatización de la empresa, más las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán, por la señora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y contador Público, hondureña y de este vecindario, en fecha veintidós de Noviembre de dos mil dos, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su representante legal y Gerente General ALONSO VICTOR VALENZUELA SOTO, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y de este mismo vecindario. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, el veintitrés de octubre de dos mil tres, la que CONFIRMO la sentencia emitida por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de esta Sección Judicial en fecha veintidós de Agosto de dos mil tres, la cual “FALLA: 1)DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA promovida por la señora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, en cuanto al REINTEGRO a su trabajo, en consecuencia 2) CONDENA A LA DEMANDADA LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General ALFONSO VICTOR VALENZUELA SOTO, a reintegrar a su trabajo a la demandante ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, en iguales condiciones que tenía al momento del despido y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que sea reintegrada a su trabajo la demandante. 3) SIN COSTAS”. RESULTA: Que mediante sentencia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil tres, este Tribunal RESOLVIÓ: Admitir el recurso de Casación interpuesto por el Abogado Juan Manuel Sibaja Salinas, en su condición de apoderado de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y DISPUSO: Conferir el traslado de los autos al recurrente para que en el término de veinte días formule por escrito la demanda de casación. RESULTA: Que el cuatro de Marzo de dos mil cuatro, compareció ante este Tribunal el Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS, de generales ya indicadas y en su carácter de Apoderado legal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda y expresado los siguiente motivos de casación: “PRIMER MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 95 numeral 19 en relación con el 738, 739 y 858 de aplicación analógica todos del Código del Trabajo, Artículos 320 numeral 4 del Código de Procedimientos Civiles, por error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de apreciación de la prueba de inspección que aparece a folios 32 vuelto en su numeral 8 y 206 vuelto en su numeral 11 y 12; así como con la constancia que corre a folio 209 de la primera pieza de autos donde se demuestra que la plaza de la demandante se encuentra cancelada; así como en la sección habían cuatro empleados mas con la plaza Contadores II y que la Sección de ingresos a no existe, por la aplicación de los Decretos PCM-005-2002 y 195-2002. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está contenido en el Artículo 765 Numeral 1º Párrafo segundo del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA: La doctrina sostiene en estos casos, según Don Miguel Gerardo Salgado, que la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de la prueba consistente en lo siguiente: 1. Debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba. 2. Una mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir respecto de la prueba consignada en si misma y no con relación a las normas legales que reclamen la prueba de que se trate. 3. Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva, y 4. El error de hecho expresado debe ser manifiesto ; o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario se de por no aprobado un hecho que está plenamente demostrado en el juicio. Lo anterior entendemos que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, al no considerar en su fallo dictado el día jueves 23 de octubre del año 2003, el acta de inspección que corre a folio No.232 vuelto en su numeral 8, 206 vuelto en sus numerales 11, 12 y folio 209 de la primera pieza de autos, en donde se constata que la plaza que ocupaba la demandante se encuentra cancelada por la aplicación de los Decretos PCM-005-2002, en la Sección de Ingresos del Departamento de Contabilidad, en donde la demandante ejecutaba sus labores habían cuatro empleados más con la plaza de Contadores II y todos desempeñaban las mismas labores y que la Sección de Ingresos del Departamento de Contabilidad ya no existe por la aplicación de los Decretos antes citados, en circunstancias oscuras o difusas en su CONSIDERANDO 5, expresó que la demandada no acreditó la justificación de la terminación del contrato de trabajo que le unía con la trabajadora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, y no acreditó en el proceso que la trabajadora desempeñaba el cargo de Contador II en la Sección de Ingresos, y que en el nuevo organigrama depende de la sección de Finanzas, del Departamento de División de Administración y la demandada no acreditó de manera fehaciente que la trabajadora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, fuera personal supernumerario o había dualidad de funciones, al no tener un panorama claro el Tribunal de Segunda Instancia, que no consideró que en la sección donde la demandante ejecutaba sus labores habían ya no existe por la aplicación de los decretos antes relacionados y que habían cuatro personas con el cargo de Contador II realizando las mismas labores y que las plazas que ocupaba la ahora demandante se encuentran canceladas, además no apreció el medio de prueba inspección que corre a folio 31 de la primera pieza de autos en su numeral 3,4, y 5 que la demandante ejecutaba sus labores en la Sección de Ingresos del Departamento de Contabilidad, desde este punto de vista por lógica entendemos que no era necesario ni obligatorio que mi representada tuviera contratada a la señora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, y atendiendo instrucciones emanadas por el Gobierno Central y el Poder Legislativo, según Decretos PCM-005-2002 Medidas de Austeridad y Control de los Gastos Corrientes en el Sector Público y Decreto 195-2002 era innecesaria la prestación de los servicios profesionales dela demandante, pues vasta analizar los puntos de inspección del acta antes indicada y tendremos que si existió la condición de dualidad de funciones, en virtud que las mismas actividades que la demandante realizaba a la Empresa, las realizaban Cuatro personas más y por naturaleza de estos hechos se entiende que la señora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, fue personal supernumerario en virtud de que son varias las personas que ejecutaban las funciones que tenía la parte actora, por ende al no considerar la prueba de inspección señalada se produce en forma indirecta la violación del artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, en cuanto que es una obligación de los Patronos llevar a cabo los Reajustes del Personal; observación que fue eludida por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo y el Juzgado Primero de Letras del Trabajo, por lo expresado es procedente que el presente motivo prospere en Sentencia Definitiva que ha de dictar este Honorable Tribunal. SEGUNDO MOTIVO: Ser la sentencia recurrida violatoria de Ley Sustantiva Nacional, por infracción indirecta de los artículos de 95 numeral 19, en relación con el 738 y 739 del Código del Trabajo, por falta de apreciación por error de hecho, al no haber apreciado el Tribunal de Segunda Instancia las Pruebas documentales siguientes: 1) Decreto Legislativo No. 195-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 12 de Junio del 2002, No. 289,805 que obra a folio 184 al 2003 frente y vuelto de la primera pieza de autos, específicamente el Artículo 13 que corre a folio 203 de la primera pieza de autos. 2) Decreto Ejecutivo PCM-005-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el martes 2 de Julio del 2002, mediante No. 29,822 que obra a folios 181 al 183 de la primera pieza de autos específicamente su artículo No.1 en su letras a) y b). 3) Certificación extendida por el Secretario de la Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), del punto de acta No.12 de la sesión ordinaria No.451-02 del 21 de Junio del 2002, que se encuentra a folios 204 y 205 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está contenido en el artículo 76 numeral 1ro., párrafo 2do., del Código el Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA: La doctrina establecen que el error de hecho se produce cuando un proceso subjetivo del juzgador, de un equivocado razonamiento apreciativo de la probanza se da por establecido un hecho que no sucedió o que al contrario de por establecido un hecho consumado y probado plenamente. El error de hecho como lo ha sostenido la Corte de Apelaciones, no tiene en cuenta para producirse elemento jurídico alguno, sino que simplemente un fenómeno de convencimiento acerca de la existencia o no existencia de un hecho. La individualidad jurídica antes enunciada de estos medios de equivocación, hace concluir que dentro de la técnica de la casación laboral no puede aceptarse la impugnación de un error de hecho, se puede convertir en un error de derecho. En el presente motivo se trata de establecer jurídicamente que la falta de apreciación de la Prueba Documental enunciada indujo a la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo a confirmar la sentencia del Juzgado Primero de Letras del Trabajo, en tal sentido obtenemos que el Tribunal de Segunda Instancia lo que ha establecido es una rebeldía frente a las pruebas propuestas, en el caso del Decreto Legislativo No. 105-2002 de fecha 12 de Junio del 2002, específicamente su Artículo 13 que establece lo siguiente: “Los ahorros provenientes de la reducción del gasto en el Presupeusto modificado del 2002, que se generen por la cancelación de plazas, reestructuración administrativa, duplicidad de funciones, o por personal supernumerario en el gobierno Central, Organismos desconcentrados e instituciones Descentralizadas podrán destinarse al pago de las Prestaciones Laborales o Cesantías correspondientes. Las plazas que quedaran vacantes por las medidas anteriores, serán automáticamente canceladas una vez que se hayan pagado las prestaciones laborales por Cesantía quedando prohibido el reintegro del Cesanteado”. A lo expuesto en el Artículo anterior específicamente tanto a la prohibición de reintegro y cancelación de plazas, en el presente caso, la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, hizo caso omiso al confirmar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, ordenando el Reintegro de la señora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, con lo cual se da una abierta y confrontada rebeldía con esta prueba Documental Documental, violentando en forma indirecta las obligaciones de los Patronos contempladas en el Artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo que establece los Reajustes de Personal. El Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2002 que emitiera el Presidente Constitucional de la República en Consejo de Ministros, establece en su Artículo 1º lo siguiente. “Con el propósito de lograr eficiencia y eficacia en la Administración Pública todas las Secretarías de Estado, incluyendo los organismos desconcentrados e Instituciones Descentralizadas deberán de adoptar las siguientes medidas: a) Revisar su estructura organizativa, administrativa, operativa y de servicios, a efecto de eliminar posiciones duplicadas o supernumerarias debiendo presentar al Presidente Constitucional de la República, en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de aprobación del presente decreto un informe pormenorizado, sobre las medidas que se proponen y tomar los resultados esperados. Posteriormente, se deberá presentar un informe mensual detallado de las medidas efectivamente tomadas y los ahorros obtenidos. B) Cancelar el 60% de las plazas vacantes existentes a la fecha de aprobación de este Decreto, excepto las de servicio docente, de atención a la salud y seguridad que figuren en Centros Educativos de todo nivel, Hospitales, Centros de Salud, Policías y aquellas calificadas por el Presidente de la República, previa opinión favorable emitida conjuntamente por las Secretarías de Estado en el Despacho de Finanzas y el Despacho Presidencial. Para el propósito , la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, a través de la dirección General de Presupuesto, suministrará a cada Secretaría de Estado el listado de las plazas vacantes existentes a dicha fecha, a fin de que se en un plazo máximo de 30 días las plazas a cancelar, por su parte, los organismos desconcentrados e instituciones descentralizadas deberán reportar un lazo máximo de 30 días a la Secretaría de Finanzas, el detalle de las plazas a cancelar, cuantificando el producto del ahorro de este concepto. Lo anterior expuesto y a pesar de ser un Decreto emanado por el Gobierno Central de la República, no fue considerado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo específicamente del Magistrado que redactó la Sentencia JESÚS ELOY MONTES CORTES, denota la rebeldía del Tribunal de Segunda Instancia, frente a la disposición de carácter público hacen que dicha sentencia sea violatoria de ley sustantiva nacional por infracción directa al artículo 95 numeral 19 en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo para lo cual se debió tener en cuenta que la obligación del Patrono en cuanto a los Reajustes de Personal, cancelación de plazas fueron emanadas por los Decretos antes apuntados para lo cual debió analizar las pruebas y formar libremente el convencimiento de conformidad con las pruebas documentales antes indicadas hay que entender Honorables Magistrados que los Decretos antes señalados no solo obedecen a dualidad de funciones y personal supernumerario sino que también a la cancelación de la plaza. Como se dio y probó en el presente caso, todo lo contrario que afirma el Tribunal de Segunda Instancia. Certificación extendida por el Secretario de la Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), del punto de acta No.12 de la Sesión Ordinaria No.451-02 que obra a Folios 206 al 207 de la primera pieza de autos, mediante la cual la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), autoriza a la Gerencia General el cumplimiento de las medidas de austeridad, equilibrio financiero y protección social, según Decreto Legislativo No. 194-2002 Ley del Equilibrio Financiero; Decreto Legislativo No.195-2002, Ley de Modificación Presupuestaria y Decreto PCM-005-2002. Lo anterior con el fin de mantener los lineamientos de las obligaciones contempladas en el Artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo en cuanto a los Reajustes de Personal, al violentarse esta norma sustantiva en forma indirecta al no apreciar la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo la Prueba Documental presenta en su Sentencia la Rebeldía frente a esta prueba que no le dio cabida en su contenido al momento de proferir su fallo, por tanto este motivo también debe prosperar en sentencia definitiva que dicte este Honorable Tribunal. TERCER MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva Nacional por infracción directa del Artículo 95 numeral 19, en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo en relación a la prueba de inspección admitida a la parte demandada que obra a folios 206 vuelto en su numeral 11 y 12; folio 209 de la Primera Pieza de Autos en su numeral 3 que expresa: QUE EN LA SECCION DONDE EL DEMANDANTE EJECUTAVA SUS LABORES COMO CONTADOR II, HABIAN 4 PERSONAS MAS QUE REALIZABAN LAS MISMAS LABORES DEL AHORA RECURRIDO Y QUE LA SECCION DE INGRESOS CUANDO LA DEMANDANTE EJECUTVA SUS LABORES NO EXISTE POR LA APLICACIÓN DE LOS DECRETOS PCM-005-2002. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral Primero, Párrafo Primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA: El presente motivo lo iniciamos invocando la doctrina que en materia laboral se ha escrito con el fin de establecer un marco legal en cuanto a la violación de la sentencia recurrida específicamente a la infracción directa del artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, en cuanto a las obligaciones de los patronos de llevar a cabo los Reajustes de Personal; esta infracción directa según la ley, tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula, o al contrario cuando se aplica esa norma a un hecho inexistente. La violación directa exige la existencia del hecho de tal manera comprobado, que no se discute para que la Ley cuyo texto se aprecia en forma clara, en base a lo expresado plenamente y con los argumentos jurídicos que lo respaldan demostraremos que la Corte de Apelaciones del Trabajo en su Sentencia manifiesta rebeldía contra la ley sustantiva invocada, por las razones siguientes: La sentencia emitida por la Honorable Corte de apelaciones del Trabajo que confirma la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo, condena a mi representada al reintegro de el demandante, circunstancia Honorables Magistrados que está en contra total y absolutamente del Artículo 13 del Decreto No.195-2002, que emitiera el Soberano Congreso Nacional de la República y que en su Párrafo Final indica que las plazas que quedaran vacantes, por las medidas anteriores serán automáticamente canceladas, una vez que se haya pagado las prestaciones laborales por Cesantía, quedando prohibido el reingreso o reintegro del cesanteado mi representado demostró que el trabajador demandante desempeñó la plaza de TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES II, la cual se encuentra cancelada y que en la dirección donde el demandante ejecutaba sus labores veinticuatro personas mas ejecutaban las mismas, razón por la cual lleva a la Corte de Apelaciones del Trabajo a violentar directamente la norma sustantiva señalada, la obligación de llevar a cabo los reajustes que de conformidad con la ley se han dado en mi representada, es y han sido en cumplimiento de los Decretos Legislativos No.195-2002 y el Decreto ejecutivo PCM-005-2002 y la autorización dela Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL, está bien claro que si existió la dualidad de funciones y ser personal supernumerario el demandante con las mismas funciones de cuatro personas más, por ende pasa a ser personal supernumerario, es decir mi representada no está obligada a mantener la relación de trabajo con el demandante. Por lo antes expuesto es procedente que el presente motivo prospere en Sentencia Definitiva que ha de dictar esta Honorable Corte Suprema de Justicia, en relación al presente caso, cito el expediente C.L.912-99 en el Juicio promovido por la señora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) mediante la cual la Honorable Corte Suprema de Justicia, casando parcialmente el Recurso de Casación, por aplicación indebida de Ley sustantiva y error de hecho en la apreciación de la prueba. CUARTO MOTIVO: Ser la sentencia Violatoria Ley sustantiva nacional por infracción directa al Artículo 120 párrafo 1º. En relación con los Artículos 738 y 739 todos del Código del Trabajo, por las pruebas propuestas denominadas documental, que consiste en lo siguiente: 1) Decreto legislativo No.195-2002 de fecha miércoles 12 de Junio del 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante No.29805 y que obra a folios 184 al 206 de la primera pieza de Autos. 2) Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2002, de fecha martes de 2 de Julio del 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, mediante No. 29,822 que corre a folio 181 al 183 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido el Numeral 1º Párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA: En cuanto al Decreto PCM-005-2002, que emitiera el Señor Presidente Constitucional de la República en Consejo de Ministros, amplia el marco de la reestructuración y señala que las instituciones descentralizadas deberá revisar su estructura organizativa, administrativa, operativa y de servicio para eliminar posiciones duplicadas o supernumerarias, lo cual atendiendo esta disposición mi representada reformó toda su infraestructura empresarial, tal como consta en los Folios 158 al 171 y del 172 al 180 de la Primera Pieza de Autos, y no tomando en cuenta este hecho la Honorable corte de apelaciones del Trabajo, hace que el Artículo señalado fuese violado directamente, en virtud de haberse dejado de aplicar la norma que regula el hecho en este caso con la terminación del Contrato de Trabajo de la demandante obedecieron a causas ajenas a voluntad del trabajador por disposición de los Decretos ya señalados, por cuanto este motivo debe prosperar en Sentencia Definitiva.” RESULTA: Que en proveído de fecha cinco de marzo de dos mil cuatro, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JUAN MANUEL SIBAJA, y se ordenó el traslado al opositor para que en el término de diez días proceda a contestar la demanda, haciéndolo en fecha dos de Abril de dos mil cuatro, la Licenciada RUBIA MARLENY SERVELLON SOSA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada de la señora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, de la siguiente manera: “ EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: El recurrente invoca cuatro motivos de casación, los cuales son expuestos evidenciando errores materiales, por un lado, y por el otro, con desconocimiento de la técnica del Recurso de Casación Laboral. Los errores materiales se deducen de artículos mal citados, folios que no existen, e incluso la asignación de una plaza o puesto laboral diferente a la que ocupaba la demandante, razones más que suficientes para desestimar el presente recurso de casación, tales circunstancias las paso a demostrar con respecto a cada uno de los motivos consignados por el casacioncita, en la forma siguiente: PRIMER MOTIVO: alega el recurrente ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva de orden nacional, por infracción indirecta del artículo 95 numeral 19 en relación con el 738, 739 y 858 del Código del Trabajo y artículo 320 numeral 4 del Código de Procedimientos civiles, por error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de apreciación de la prueba de inspección que aparece a folios 32 vuelto en su numeral 8 y 206 vuelto en su numeral 11 y 12, así como la constancia que corre a folio 209 de la primera pieza de autos. En cuanto a la explicación de la violación de la disposición legal aludida por el recurrente me permito exponer lo siguiente: El artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo comprende lo relativo al procedimiento que se sigue al haber una reestructuración o reajustes en la empresa, mandando que se siga de conformidad a lo estipulado en los contratos colectivos de trabajo, luego a falta de tales estipulaciones se procederá respetando los derechos de antigüedad y en igualdad de condiciones se proferirá a los sindicalizados. Así dispuesto resulta que quien violentó la ley fue HONDUTEL, por cuanto procedió a hacer una reestructuración, pero amparo en un decreto del poder ejecutivo, en otro del poder legislativo y en una decisión de su Junta Directiva, en contraposición al Código del Trabajo y a la misma Constitución de la república que garantiza la estabilidad laboral. En consideración a la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de la prueba, para ilustración, también me permito citar al autor Miguel Gerardo Salazar en su obra “Curso de Procedimiento Laboral”, refiriéndose a la violación de las pruebas, en el Recurso de Casación, enseña: “En cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, es de observar que según reiterada jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Suprema de justicia, cuando la sentencia materia del Recurso de Casación se apoya en un conjunto de medios de prueba que concurrieron todos a formar la convicción del fallador, no basta para infirmarla que se ataquen algunos de tales medios, suponiendo eficaz el ataque, si los que restan son suficientes para apoyar la solución a que llegó aquél, ni tampoco que se hallan dejado de estimar algunas pruebas, si la sentencia se funda en otras que no han sido atacadas.” En el caso de autos, el ad-quem al confirmar la sentencia apelada manifiesta que ésta se encuentra dictada conforme a derecho porque consta en autos que la parte actora logró acreditar fehacientemente al señor Juez A-quo, la existencia de la relación de trabajo y asimismo el despido directo e injustificado de que fue objeto. En cuanto a la afirmación de que el acta de inspección que corre a folio 32 vuelto, numeral 8), 206 vuelto numerales 11), 12) y folio 209 no fueron apreciados, resulta que ésta acta, “SI” fue debidamente apreciada, al extremo de dejar plenamente acreditado que: 1) Que la sección de ingresos quedó a nivel del departamento de contabilidad, 2) Que el puesto de contador aún existe, en el departamento de Contabilidad, que hay nueve contadores, 3) Que en lugar de divisiones de explotación y desarrollo, ahora existen Gerencias Corporativas, 4) Que hay departamentos donde no se ha nombrado jefe, pero existe la función, 5) Que desapareció la sección de ingresos, pero las actividades contables son las mismas. Entonces de lo anteriormente expuesto, resultan dos tésis contrarias, ambas con respaldo probatorio, la del Tribunal de alzada que estima que hubo contrato y relación de trabajo, despido directo e injustificado y una mal llamada reestructuración; y la del recurrente que estima que la terminación de la relación de trabajo es justa y legal, porque de acuerdo a los decretos aplicados y la existencia de personal numerario y con dualidad de funciones, esto justificaba a la empresa para llevar a cabo tal acción, la del despido. En conclusión, resulta que la cuestión de hecho aparece así dudosa y no puede darse por existente el error de hecho de que habla el cargo, toda vez que una equivocación de esa naturaleza como lo tiene dicho la Ley, para que pueda estimarse en Casación, debe surgir en forma manifiesta, ostensible, sin mayor esfuerzo. Pero cuando la cuestión de hecho es dudosa, según lo tiene dicho la Jurisprudencia escapa a su estudio en casación porque sólo puede plantearse en este recurso los errores que salen a simple vista, del estudio de las pruebas de que se trate, y en varios precedentes de este Honorable Tribunal se dá por establecido que cuando la cuestión de hecho es dudosa, el Ad quem tiene completa libertad para escoger a aquél que a su juicio estime mejor acreditado en los autos, sin que pueda estudiarse en Casación por no resultar así un error de hecho evidente, ostensible o manifiesto. Por todas las razones que anteceden, es procedente desestimar este primer motivo de casación, por no haber claridad y precisión en los conceptos. SEGUNDO MOTIVO: Alega el recurrente ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva nacional, por infracción indirecta del artículo 95 numeral 19 en error de hecho, al no haber apreciado el Tribunal de Segunda instancia las pruebas documentales siguientes: 1) El Decreto Legislativo No. 195-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 2 de julio de 2002. 3) Certificación extendida por el Secretario de la Junta Directiva de Hondutel, punto de acta No.12 de la sesión ordinaria No.451—02 del 21 de junio de 2002. El precepto autorizante citado es insustancial a los efectos del motivo de casación alegado, el artículo 76 numeral 1º) párrafo 2º Código del Trabajo, como tal no existe, y el artículo 76 precitado, se refiere a la extensión de los Contratos Colectivos, dispuesta por el Poder ejecutivo, debiendo el Ministerio del Trabajo efectuar las publicaciones que manda la ley para el propósito determinado. Este error en el señalamiento del precepto autorizante es suficiente para desestimar el motivo de casación alegado. En cuanto ala explicación de la violación a partir de la falta de apreciación de las pruebas documentales precitadas, me permito exponer lo siguiente: 1) El Decreto Legislativo violenta las disposiciones legales consagradas en la misma Constitución de la República que garantiza la estabilidad laboral. Asimismo irrespeta las disposiciones legales, tanto de la Ley Orgánica de Hondutel y su Reglamento, así como lo dispuesto en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente entre la Empresa y los Trabajadores, en particular lo que se refiere a las reestructuraciones o reajustes. 2) El Decreto Ejecutivo, entre otras consideraciones requería a todas las Secretarías de Estado, incluyendo organismos desconcentrados e instituciones descentralizadas, de un informe previo que debía presentarse al Presidente Constitucional de la República, sobre medidas a tomar con respecto a disminuir el gasto público y los resultados esperados. En el caso de HONDUTEL, tal como se demostró con la inspección ocular, este informe nunca se presentó. Este decreto entró en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, es decir el 2 de Julio de 2002. 3) Certificación extendida por el Secretario de la Junta Directiva de Hondutel, punto de acta No.12 de la sesión ordinaria No.451-02 del 21 de Junio de 2002. En esta sesión, del 21 de junio 2002, se decidió y aprobó la reestructuración de Hondutel, con fundamento entre disposiciones, en el Decreto Ejecutivo PCM-005-2002, que todavía no había entrado en vigencia “entró en vigencia doce (12) días después”. Evidentemente el fundamento vició de nulidad lo decidido por la Junta directiva de HONDUTEL. En fin, lo anterior lo anota sin pretender que tales apreciaciones me hagan incurrir en meros alegatos de instancia, lo cierto es que son hechos derivados de los medios de prueba documentales cuya inobservancia a criterio del recurrente, provocó la infracción de la ley sustantiva nacional. En definitiva y porque el argumento es el mismo, con respecto a este segundo motivo de casación, me limito a insertar nuevamente lo siguiente: “Refiriéndose a la violación de la ley a través de las pruebas, en el Recurso de Casación, enseña: “En cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, es de observar que según reiterada jurisprudencia de esta corporación y dela Corte Suprema de Justicia, cuando la sentencia materia del Recurso de Casación se apoya en un conjunto de medios de prueba que concurrieron todos a formar la convicción del fallador, no basta para infirmarla que se ataquen algunos de tales medios, suponiendo eficaz el ataque, si los que restan son suficientes para apoyar la solución a que llegó aquel, ni tampoco que se hallan dejado de estimar algunas pruebas, si la sentencia se funda en otras que no han sido atacadas. Por las razones que anteceden, es procedente desestimar este segundo motivo de casación, al igual que el primero, agregando que se cita mal el precepto autorizante, y por ende propiciando falta de claridad y precisión en los conceptos. TERCER MOTIVO: Se sustenta en la apreciación de ser la sentencia violatoria de ley sustantiva nacional, por infracción directa del artículo 95 numeral 19 en relación con el 738 y 739 del Código del Trabajo, en relación a la prueba de inspección admitida a la parte demanda que obra a folio 206 vuelto en su numeral 11 y 12 folio 209 de la primera pieza de autos. Al respecto de este tercer motivo de casación, sin mayores preámbulos me remito a la explicación dela violación expuesta por el recurrente, quien inicia invocando la doctrina en materia laboral cuyos conceptos son definitivamente válidos, pero en contraste con los hechos concretos resulta en solemnidad y rigidez del recurso no puede pasar desapercibida y por tal razón me permito insertarla literalmente: “Mi representada demostró que el trabajador demandante desempeñó la plaza de TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES II, la cual se encuentra cancelada, y que enla dirección donde el demandante ejecutaba sus labores, VEINTICUATRO PERSONAS MAS ejecutaban las mismas”. Honorable Corte, la aseveración anterior es más que incongruente, por cuanto la demandante ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, se desempeñaba como CONTADOR II y no como Técnico en Telecomunicaciones y es un hecho que en cuanto ala reestructuración para reducir el gasto público, amparado en los decretos ya varias veces citados, resulta que en los autos quedó acreditado lo siguiente: 1) Que la sección de ingresos quedó a nivel del departamento de contabilidad, 2) Que el puesto de contador aún existe en el departamento de contabilidad, donde hay nueve contadores, 3) Que en lugar de divisiones de explotación y desarrollo, ahora existen Gerencias Corporativas y operativas, 4) Que hay departamentos donde no se ha nombrado jefe, pero existe la función, 5) Que desapareció la sección de ingresos, pero las actividades contables son las mismas. Entonces no hubo ninguna reestructuración. En conclusión, el motivo de casación y su explicación de la violación resultan inexactos, incongruentes con el caso concreto y en definitiva faltos de claridad y precisión, razones mas que suficientes para desestimar este tercer motivo de casación. CUARTO MOTIVO: Este motivo lo sustente el recurrente en que la sentencia es violatoria de Ley sustantiva nacional por infracción directa del artículo 120 párrafo primero en relación con el 738 y 739 todos del Código del Trabajo, por las pruebas propuestas denominadas documental, 1) Decreto Legislativo No.195-2002 del 12 de junio del 2002 y 2) Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2002, de fecha 2 de Julio de 2002. En cuanto a este motivo me permito manifestar lo siguiente: “Para que se produzca la infracción directa dela Ley sustantiva es necesario que la ley sea clara, de modo que su interpretación no ofrezca dudas, que el fallador le haya reconocido su sentido exacto y que a pesar de ello la sentencia esté en contradicción con la ley, por uno de los siguientes motivos: 1) Porque el juzgador negó su aplicación debiendo haberla aplicado, 2) Porque aplicó la norma pertinente, pero en forma incompleta, o porque negó un derecho que claramente está consagrado por ella, 3) Porque aplicó correctamente la ley, considerada en si misma, pero a un hecho inexistente en los autos o no demostró en el juicio. En relación con el caso concreto, el recurrente alega que no se aplicó el artículo 120 del Código del Trabajo, que en su primer párrafo a la letra dice: “ Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por razón de despido injustificado, o por alguna de las causas previstas en el artículo 114 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle a éste un auxilio de censatía..etc. El espíritu del artículo anterior es el reconocimiento de un derecho, el pago de una indemnización en concepto de auxilio de cesantía, y en el caso concreto en donde el despido se ha producido por causa ajena a la voluntad del trabajador, tal como lo sostiene el demandado, amparado en dos decretos, uno ejecutivo y otro legislativo, lo acierto es que la acción no está contemplada dentro de las causales que dan lugar a terminar la relación de trabajo sin responsabilidad del patrono. Volviendo al caso de autos, la controversia no es el pago de prestaciones sino un reclamo para el reintegro al trabajo, situación que es potestativa del trabajador despedido injustamente. Los dos Decretos no son suficientes para impedir que el trabajador ejerza su derecho de pedir el reintegro a su trabajo y el hecho que HONDUTEL a su criterio y conveniencia considere que esta situación esta superada y amparada en la disposición legal recurrida, en definitiva, tal impugnación es mera apreciación subjetiva del patrono. Por lo anteriormente el motivo de casación resulta impreciso y falta de claridad, razones por las que debe ser desestimado. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombra Ponente a LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase la sentencia que procediera en derecho. CONSIDERANDO: Que el Censor Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS EN EL PRIMER MOTIVO EXPRESA: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 95 numeral 19 en relación con el 738, 739 y 858 de aplicación analógica todos del Código del Trabajo, Artículos 320 numeral 4 del Código de Procedimientos Civiles, por error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de apreciación de la prueba de inspección que aparece a folios 32 vuelto en su numeral 8 y 206 vuelto en su numeral 11 y 12; así como con la constancia que corre a folio 209 de la primera pieza de autos donde se demuestra que la plaza de la demandante se encuentra cancelada; así como en la sección habían cuatro empleados mas con la plaza Contadores II y que la Sección de ingresos a no existe, por la aplicación de los Decretos PCM-005-2002 y 195-2002. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está contenido en el Artículo 765 Numeral 1º Párrafo segundo del Código del Trabajo.”. Confrontado el cargo con el fallo impugnado se evidencia que el fallador en la sentencia objeto del recurso forma su convencimiento fundamentándose en el conjunto de los medios de prueba allegados al proceso, por lo que no basta para infirmarla que se ataquen algunos de tales medios, si los que restan no fueron atacados y son suficientes para dar por probados los hechos objeto de la demanda, tal como ocurre en el caso de autos; sumado a lo anterior, el Recurrente se aparte de la técnica propia del recurso al omitir indicar las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas, razones suficientes para declarar inadmisible el primer motivo. CONSIDERANDO: Que en el segundo motivo el censor expresa: “Ser la sentencia recurrida violatoria de Ley Sustantiva Nacional, por infracción indirecta de los artículos de 95 numeral 19, en relación con el 738 y 739 del Código del Trabajo, por falta de apreciación por error de hecho, al no haber apreciado el Tribunal de Segunda Instancia las Pruebas documentales siguientes: 1) Decreto Legislativo No. 195-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 12 de Junio del 2002, No. 289,805 que obra a folio 184 al 203 frente y vuelto de la primera pieza de autos, específicamente el Artículo 13 que corre a folio 203 de la primera pieza de autos. 2) Decreto Ejecutivo PCM-005-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el martes 2 de Julio del 2002, mediante No. 29,822 que obra a folios 181 al 183 de la primera pieza de autos específicamente su artículo No.1 en su letras a) y b).- 3) Certificación extendida por el Secretario de la Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), del punto de acta No.12 de la sesión ordinaria No.451-02 del 21 de Junio del 2002, que se encuentra a folios 204 y 205 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está contenido en el artículo 76 numeral 1ro., párrafo 2do., del Código del Trabajo.” Es de hacer notar que el Recurrente incurre en el mismo error u omisión indicado en el considerando que antecede, al no consignar las normas procedimentales que sirvieron de medio para la violación de las sustantiva, asimismo en la explicación de la violación, entre otras hace la siguiente afirmación: “no fue considerado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo específicamente del Magistrado que redactó la sentencia JESÚS ELOY MONTES CORTES, denota la reveldía del Tribunal de Segunda Instancia frente a la disposición de carácter público hacen que dicha sentencia sea violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa al artículo 95 numeral 19 en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo...”, con ello alega en un solo motivo dos formas de infringir la ley, que se producen por causas distintas y deben alegarse en forma separada, como reiteradamente lo tiene establecido este Tribunal, en adición, el artículo 76 que cita como precepto autorizante no tiene tal carácter, lo que vuelve el cargo incompleto y carente de claridad y precisión, volviendo inadmisible el segundo motivo. CONSIDERANDO: Que en el Tercer Motivo el censor expresa: “Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva Nacional por infracción directa del Artículo 95 numeral 19, en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo en relación a la prueba de inspección admitida a la parte demandada que obra a folios 206 vuelto en su numeral 11 y 12; folio 209 de la Primera Pieza de Autos en su numeral 3 que expresa: QUE EN LA SECCION DONDE EL DEMANDANTE EJECUTAVA SUS LABORES COMO CONTADOR II, HABIAN 4 PERSONAS MAS QUE REALIZABAN LAS MISMAS LABORES DEL AHORA RECURRIDO Y QUE LA SECCION DE INGRESOS CUANDO LA DEMANDANTE EJECUTVA SUS LABORES NO EXISTE POR LA APLICACIÓN DE LOS DECRETOS PCM-005-2002 y 195-2002.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral Primero, Párrafo Primero del Artículo 765 del Código del Trabajo.” Sin embargo el censor incurre en los mismos errores señalados en el primer considerando, hace alegatos de instancia impropios de este recurso y se olvida que la infracción directa se da con independencia del haz probatorio, no obstante, hace “relación a la prueba de inspección admitida a la parte demandada”. Por las razones expuestas se desestima este tercer motivo. CONSIDERANDO: Que en el cuarto motivo el Recurrente alega “Ser la sentencia Violatoria de Ley sustantiva nacional por infracción directa al Artículo 120 párrafo 1º. En relación con los Artículos 738 y 739 todos del Código del Trabajo, por las pruebas propuestas denominadas documental, que consiste en lo siguiente: 1) Decreto legislativo No.195-2002 de fecha miércoles 12 de Junio del 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante No.29805 y que obra a folios 184 al 206 de la primera pieza de Autos. 2) Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2002, de fecha martes 2 de Julio del 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, No. 29,822 que corre a folio 181 al 183 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el Numeral 1º Párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo.” Es el caso que como ya se ha indicado en las motivaciones precedentes, la infracción directa se dá con independencia del haz probatorio y el censor se refiere a las pruebas propuestas denominadas documental; asimismo el artículo 120 párrafo 1º del Código del Trabajo, que alega como infringido, no fue aplicado en ninguna de las instancias, razones que vuelven inadmisible este cuarto motivo. CONSIDERANDO: Que por las razones anteriormente expuestas tornan los motivos de casación formulados absolutamente ineficaces para infirmar la sentencia impugnada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República 1, 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 665, 769, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al Recurso de Casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.-NOTIFIQUESE. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. COORDINADORA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. ROBERTO LAGOS BANEGAS. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de Julio de dos mil cuatro. (Certificación de la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil cuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral con orden de ingreso en este Tribunal No.2804-03).

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

“CERTIFICACIÓN:La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-Sala Laboral- Contencioso Administrativo. Tegucigalpa, M.D.C., nueve de Junio del dos mil cuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal en fecha cuatro de Marzo de dos mil cuatro, por el Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS, mayor de edad, casado, hondureño y de este vecindario, en su condición de Apoderado Legal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL); en relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de un despido, caso contrario se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores o que puedan derivarse de la privatización de la empresa, más las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán, por la señora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y contador Público, hondureña y de este vecindario, en fecha veintidós de Noviembre de dos mil dos, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su representante legal y Gerente General ALONSO VICTOR VALENZUELA SOTO, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y de este mismo vecindario. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, el veintitrés de octubre de dos mil tres, la que CONFIRMO la sentencia emitida por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de esta Sección Judicial en fecha veintidós de Agosto de dos mil tres, la cual “FALLA: 1)DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA promovida por la señora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, en cuanto al REINTEGRO a su trabajo, en consecuencia 2) CONDENA A LA DEMANDADA LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General ALFONSO VICTOR VALENZUELA SOTO, a reintegrar a su trabajo a la demandante ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, en iguales condiciones que tenía al momento del despido y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que sea reintegrada a su trabajo la demandante. 3) SIN COSTAS”. RESULTA: Que mediante sentencia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil tres, este Tribunal RESOLVIÓ: Admitir el recurso de Casación interpuesto por el Abogado Juan Manuel Sibaja Salinas, en su condición de apoderado de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y DISPUSO: Conferir el traslado de los autos al recurrente para que en el término de veinte días formule por escrito la demanda de casación. RESULTA: Que el cuatro de Marzo de dos mil cuatro, compareció ante este Tribunal el Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS, de generales ya indicadas y en su carácter de Apoderado legal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda y expresado los siguiente motivos de casación: “PRIMER MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 95 numeral 19 en relación con el 738, 739 y 858 de aplicación analógica todos del Código del Trabajo, Artículos 320 numeral 4 del Código de Procedimientos Civiles, por error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de apreciación de la prueba de inspección que aparece a folios 32 vuelto en su numeral 8 y 206 vuelto en su numeral 11 y 12; así como con la constancia que corre a folio 209 de la primera pieza de autos donde se demuestra que la plaza de la demandante se encuentra cancelada; así como en la sección habían cuatro empleados mas con la plaza Contadores II y que la Sección de ingresos a no existe, por la aplicación de los Decretos PCM-005-2002 y 195-2002. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está contenido en el Artículo 765 Numeral 1º Párrafo segundo del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA: La doctrina sostiene en estos casos, según Don Miguel Gerardo Salgado, que la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de la prueba consistente en lo siguiente: 1. Debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba. 2. Una mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir respecto de la prueba consignada en si misma y no con relación a las normas legales que reclamen la prueba de que se trate. 3. Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva, y 4. El error de hecho expresado debe ser manifiesto ; o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario se de por no aprobado un hecho que está plenamente demostrado en el juicio. Lo anterior entendemos que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, al no considerar en su fallo dictado el día jueves 23 de octubre del año 2003, el acta de inspección que corre a folio No.232 vuelto en su numeral 8, 206 vuelto en sus numerales 11, 12 y folio 209 de la primera pieza de autos, en donde se constata que la plaza que ocupaba la demandante se encuentra cancelada por la aplicación de los Decretos PCM-005-2002, en la Sección de Ingresos del Departamento de Contabilidad, en donde la demandante ejecutaba sus labores habían cuatro empleados más con la plaza de Contadores II y todos desempeñaban las mismas labores y que la Sección de Ingresos del Departamento de Contabilidad ya no existe por la aplicación de los Decretos antes citados, en circunstancias oscuras o difusas en su CONSIDERANDO 5, expresó que la demandada no acreditó la justificación de la terminación del contrato de trabajo que le unía con la trabajadora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, y no acreditó en el proceso que la trabajadora desempeñaba el cargo de Contador II en la Sección de Ingresos, y que en el nuevo organigrama depende de la sección de Finanzas, del Departamento de División de Administración y la demandada no acreditó de manera fehaciente que la trabajadora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, fuera personal supernumerario o había dualidad de funciones, al no tener un panorama claro el Tribunal de Segunda Instancia, que no consideró que en la sección donde la demandante ejecutaba sus labores habían ya no existe por la aplicación de los decretos antes relacionados y que habían cuatro personas con el cargo de Contador II realizando las mismas labores y que las plazas que ocupaba la ahora demandante se encuentran canceladas, además no apreció el medio de prueba inspección que corre a folio 31 de la primera pieza de autos en su numeral 3,4, y 5 que la demandante ejecutaba sus labores en la Sección de Ingresos del Departamento de Contabilidad, desde este punto de vista por lógica entendemos que no era necesario ni obligatorio que mi representada tuviera contratada a la señora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, y atendiendo instrucciones emanadas por el Gobierno Central y el Poder Legislativo, según Decretos PCM-005-2002 Medidas de Austeridad y Control de los Gastos Corrientes en el Sector Público y Decreto 195-2002 era innecesaria la prestación de los servicios profesionales dela demandante, pues vasta analizar los puntos de inspección del acta antes indicada y tendremos que si existió la condición de dualidad de funciones, en virtud que las mismas actividades que la demandante realizaba a la Empresa, las realizaban Cuatro personas más y por naturaleza de estos hechos se entiende que la señora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, fue personal supernumerario en virtud de que son varias las personas que ejecutaban las funciones que tenía la parte actora, por ende al no considerar la prueba de inspección señalada se produce en forma indirecta la violación del artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, en cuanto que es una obligación de los Patronos llevar a cabo los Reajustes del Personal; observación que fue eludida por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo y el Juzgado Primero de Letras del Trabajo, por lo expresado es procedente que el presente motivo prospere en Sentencia Definitiva que ha de dictar este Honorable Tribunal. SEGUNDO MOTIVO: Ser la sentencia recurrida violatoria de Ley Sustantiva Nacional, por infracción indirecta de los artículos de 95 numeral 19, en relación con el 738 y 739 del Código del Trabajo, por falta de apreciación por error de hecho, al no haber apreciado el Tribunal de Segunda Instancia las Pruebas documentales siguientes: 1) Decreto Legislativo No. 195-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 12 de Junio del 2002, No. 289,805 que obra a folio 184 al 2003 frente y vuelto de la primera pieza de autos, específicamente el Artículo 13 que corre a folio 203 de la primera pieza de autos. 2) Decreto Ejecutivo PCM-005-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el martes 2 de Julio del 2002, mediante No. 29,822 que obra a folios 181 al 183 de la primera pieza de autos específicamente su artículo No.1 en su letras a) y b). 3) Certificación extendida por el Secretario de la Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), del punto de acta No.12 de la sesión ordinaria No.451-02 del 21 de Junio del 2002, que se encuentra a folios 204 y 205 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está contenido en el artículo 76 numeral 1ro., párrafo 2do., del Código el Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA: La doctrina establecen que el error de hecho se produce cuando un proceso subjetivo del juzgador, de un equivocado razonamiento apreciativo de la probanza se da por establecido un hecho que no sucedió o que al contrario de por establecido un hecho consumado y probado plenamente. El error de hecho como lo ha sostenido la Corte de Apelaciones, no tiene en cuenta para producirse elemento jurídico alguno, sino que simplemente un fenómeno de convencimiento acerca de la existencia o no existencia de un hecho. La individualidad jurídica antes enunciada de estos medios de equivocación, hace concluir que dentro de la técnica de la casación laboral no puede aceptarse la impugnación de un error de hecho, se puede convertir en un error de derecho. En el presente motivo se trata de establecer jurídicamente que la falta de apreciación de la Prueba Documental enunciada indujo a la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo a confirmar la sentencia del Juzgado Primero de Letras del Trabajo, en tal sentido obtenemos que el Tribunal de Segunda Instancia lo que ha establecido es una rebeldía frente a las pruebas propuestas, en el caso del Decreto Legislativo No. 105-2002 de fecha 12 de Junio del 2002, específicamente su Artículo 13 que establece lo siguiente: “Los ahorros provenientes de la reducción del gasto en el Presupeusto modificado del 2002, que se generen por la cancelación de plazas, reestructuración administrativa, duplicidad de funciones, o por personal supernumerario en el gobierno Central, Organismos desconcentrados e instituciones Descentralizadas podrán destinarse al pago de las Prestaciones Laborales o Cesantías correspondientes. Las plazas que quedaran vacantes por las medidas anteriores, serán automáticamente canceladas una vez que se hayan pagado las prestaciones laborales por Cesantía quedando prohibido el reintegro del Cesanteado”. A lo expuesto en el Artículo anterior específicamente tanto a la prohibición de reintegro y cancelación de plazas, en el presente caso, la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, hizo caso omiso al confirmar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, ordenando el Reintegro de la señora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, con lo cual se da una abierta y confrontada rebeldía con esta prueba Documental Documental, violentando en forma indirecta las obligaciones de los Patronos contempladas en el Artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo que establece los Reajustes de Personal. El Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2002 que emitiera el Presidente Constitucional de la República en Consejo de Ministros, establece en su Artículo 1º lo siguiente. “Con el propósito de lograr eficiencia y eficacia en la Administración Pública todas las Secretarías de Estado, incluyendo los organismos desconcentrados e Instituciones Descentralizadas deberán de adoptar las siguientes medidas: a) Revisar su estructura organizativa, administrativa, operativa y de servicios, a efecto de eliminar posiciones duplicadas o supernumerarias debiendo presentar al Presidente Constitucional de la República, en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de aprobación del presente decreto un informe pormenorizado, sobre las medidas que se proponen y tomar los resultados esperados. Posteriormente, se deberá presentar un informe mensual detallado de las medidas efectivamente tomadas y los ahorros obtenidos. B) Cancelar el 60% de las plazas vacantes existentes a la fecha de aprobación de este Decreto, excepto las de servicio docente, de atención a la salud y seguridad que figuren en Centros Educativos de todo nivel, Hospitales, Centros de Salud, Policías y aquellas calificadas por el Presidente de la República, previa opinión favorable emitida conjuntamente por las Secretarías de Estado en el Despacho de Finanzas y el Despacho Presidencial. Para el propósito , la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, a través de la dirección General de Presupuesto, suministrará a cada Secretaría de Estado el listado de las plazas vacantes existentes a dicha fecha, a fin de que se en un plazo máximo de 30 días las plazas a cancelar, por su parte, los organismos desconcentrados e instituciones descentralizadas deberán reportar un lazo máximo de 30 días a la Secretaría de Finanzas, el detalle de las plazas a cancelar, cuantificando el producto del ahorro de este concepto. Lo anterior expuesto y a pesar de ser un Decreto emanado por el Gobierno Central de la República, no fue considerado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo específicamente del Magistrado que redactó la Sentencia JESÚS ELOY MONTES CORTES, denota la rebeldía del Tribunal de Segunda Instancia, frente a la disposición de carácter público hacen que dicha sentencia sea violatoria de ley sustantiva nacional por infracción directa al artículo 95 numeral 19 en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo para lo cual se debió tener en cuenta que la obligación del Patrono en cuanto a los Reajustes de Personal, cancelación de plazas fueron emanadas por los Decretos antes apuntados para lo cual debió analizar las pruebas y formar libremente el convencimiento de conformidad con las pruebas documentales antes indicadas hay que entender Honorables Magistrados que los Decretos antes señalados no solo obedecen a dualidad de funciones y personal supernumerario sino que también a la cancelación de la plaza. Como se dio y probó en el presente caso, todo lo contrario que afirma el Tribunal de Segunda Instancia. Certificación extendida por el Secretario de la Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), del punto de acta No.12 de la Sesión Ordinaria No.451-02 que obra a Folios 206 al 207 de la primera pieza de autos, mediante la cual la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), autoriza a la Gerencia General el cumplimiento de las medidas de austeridad, equilibrio financiero y protección social, según Decreto Legislativo No. 194-2002 Ley del Equilibrio Financiero; Decreto Legislativo No.195-2002, Ley de Modificación Presupuestaria y Decreto PCM-005-2002. Lo anterior con el fin de mantener los lineamientos de las obligaciones contempladas en el Artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo en cuanto a los Reajustes de Personal, al violentarse esta norma sustantiva en forma indirecta al no apreciar la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo la Prueba Documental presenta en su Sentencia la Rebeldía frente a esta prueba que no le dio cabida en su contenido al momento de proferir su fallo, por tanto este motivo también debe prosperar en sentencia definitiva que dicte este Honorable Tribunal. TERCER MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva Nacional por infracción directa del Artículo 95 numeral 19, en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo en relación a la prueba de inspección admitida a la parte demandada que obra a folios 206 vuelto en su numeral 11 y 12; folio 209 de la Primera Pieza de Autos en su numeral 3 que expresa: QUE EN LA SECCION DONDE EL DEMANDANTE EJECUTAVA SUS LABORES COMO CONTADOR II, HABIAN 4 PERSONAS MAS QUE REALIZABAN LAS MISMAS LABORES DEL AHORA RECURRIDO Y QUE LA SECCION DE INGRESOS CUANDO LA DEMANDANTE EJECUTAVA SUS LABORES NO EXISTE POR LA APLICACIÓN DE LOS DECRETOS PCM-005-2002. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral Primero, Párrafo Primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA: El presente motivo lo iniciamos invocando la doctrina que en materia laboral se ha escrito con el fin de establecer un marco legal en cuanto a la violación de la sentencia recurrida específicamente a la infracción directa del artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, en cuanto a las obligaciones de los patronos de llevar a cabo los Reajustes de Personal; esta infracción directa según la ley, tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula, o al contrario cuando se aplica esa norma a un hecho inexistente. La violación directa exige la existencia del hecho de tal manera comprobado, que no se discute para que la Ley cuyo texto se aprecia en forma clara, en base a lo expresado plenamente y con los argumentos jurídicos que lo respaldan demostraremos que la Corte de Apelaciones del Trabajo en su Sentencia manifiesta rebeldía contra la ley sustantiva invocada, por las razones siguientes: La sentencia emitida por la Honorable Corte de apelaciones del Trabajo que confirma la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo, condena a mi representada al reintegro de el demandante, circunstancia Honorables Magistrados que está en contra total y absolutamente del Artículo 13 del Decreto No.195-2002, que emitiera el Soberano Congreso Nacional de la República y que en su Párrafo Final indica que las plazas que quedaran vacantes, por las medidas anteriores serán automáticamente canceladas, una vez que se haya pagado las prestaciones laborales por Cesantía, quedando prohibido el reingreso o reintegro del cesanteado mi representado demostró que el trabajador demandante desempeñó la plaza de TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES II, la cual se encuentra cancelada y que en la dirección donde el demandante ejecutaba sus labores veinticuatro personas mas ejecutaban las mismas, razón por la cual lleva a la Corte de Apelaciones del Trabajo a violentar directamente la norma sustantiva señalada, la obligación de llevar a cabo los reajustes que de conformidad con la ley se han dado en mi representada, es y han sido en cumplimiento de los Decretos Legislativos No.195-2002 y el Decreto ejecutivo PCM-005-2002 y la autorización dela Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL, está bien claro que si existió la dualidad de funciones y ser personal supernumerario el demandante con las mismas funciones de cuatro personas más, por ende pasa a ser personal supernumerario, es decir mi representada no está obligada a mantener la relación de trabajo con el demandante. Por lo antes expuesto es procedente que el presente motivo prospere en Sentencia Definitiva que ha de dictar esta Honorable Corte Suprema de Justicia, en relación al presente caso, cito el expediente C.L.912-99 en el Juicio promovido por la señora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) mediante la cual la Honorable Corte Suprema de Justicia, casando parcialmente el Recurso de Casación, por aplicación indebida de Ley sustantiva y error de hecho en la apreciación de la prueba. CUARTO MOTIVO: Ser la sentencia Violatoria Ley sustantiva nacional por infracción directa al Artículo 120 párrafo 1º. En relación con los Artículos 738 y 739 todos del Código del Trabajo, por las pruebas propuestas denominadas documental, que consiste en lo siguiente: 1) Decreto legislativo No.195-2002 de fecha miércoles 12 de Junio del 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante No.29805 y que obra a folios 184 al 206 de la primera pieza de Autos. 2) Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2002, de fecha martes de 2 de Julio del 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, mediante No. 29,822 que corre a folio 181 al 183 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido el Numeral 1º Párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA: En cuanto al Decreto PCM-005-2002, que emitiera el Señor Presidente Constitucional de la República en Consejo de Ministros, amplia el marco de la reestructuración y señala que las instituciones descentralizadas deberá revisar su estructura organizativa, administrativa, operativa y de servicio para eliminar posiciones duplicadas o supernumerarias, lo cual atendiendo esta disposición mi representada reformó toda su infraestructura empresarial, tal como consta en los Folios 158 al 171 y del 172 al 180 de la Primera Pieza de Autos, y no tomando en cuenta este hecho la Honorable corte de apelaciones del Trabajo, hace que el Artículo señalado fuese violado directamente, en virtud de haberse dejado de aplicar la norma que regula el hecho en este caso con la terminación del Contrato de Trabajo de la demandante obedecieron a causas ajenas a voluntad del trabajador por disposición de los Decretos ya señalados, por cuanto este motivo debe prosperar en Sentencia Definitiva.” RESULTA: Que en proveído de fecha cinco de marzo de dos mil cuatro, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JUAN MANUEL SIBAJA, y se ordenó el traslado al opositor para que en el término de diez días proceda a contestar la demanda, haciéndolo en fecha dos de Abril de dos mil cuatro, la Licenciada RUBIA MARLENY SERVELLON SOSA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada de la señora ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, de la siguiente manera: “ EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: El recurrente invoca cuatro motivos de casación, los cuales son expuestos evidenciando errores materiales, por un lado, y por el otro, con desconocimiento de la técnica del Recurso de Casación Laboral. Los errores materiales se deducen de artículos mal citados, folios que no existen, e incluso la asignación de una plaza o puesto laboral diferente a la que ocupaba la demandante, razones más que suficientes para desestimar el presente recurso de casación, tales circunstancias las paso a demostrar con respecto a cada uno de los motivos consignados por el casacioncita, en la forma siguiente: PRIMER MOTIVO: alega el recurrente ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva de orden nacional, por infracción indirecta del artículo 95 numeral 19 en relación con el 738, 739 y 858 del Código del Trabajo y artículo 320 numeral 4 del Código de Procedimientos civiles, por error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de apreciación de la prueba de inspección que aparece a folios 32 vuelto en su numeral 8 y 206 vuelto en su numeral 11 y 12, así como la constancia que corre a folio 209 de la primera pieza de autos. En cuanto a la explicación de la violación de la disposición legal aludida por el recurrente me permito exponer lo siguiente: El artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo comprende lo relativo al procedimiento que se sigue al haber una reestructuración o reajustes en la empresa, mandando que se siga de conformidad a lo estipulado en los contratos colectivos de trabajo, luego a falta de tales estipulaciones se procederá respetando los derechos de antigüedad y en igualdad de condiciones se proferirá a los sindicalizados. Así dispuesto resulta que quien violentó la ley fue HONDUTEL, por cuanto procedió a hacer una reestructuración, pero amparo en un decreto del poder ejecutivo, en otro del poder legislativo y en una decisión de su Junta Directiva, en contraposición al Código del Trabajo y a la misma Constitución de la república que garantiza la estabilidad laboral. En consideración a la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de la prueba, para ilustración, también me permito citar al autor Miguel Gerardo Salazar en su obra “Curso de Procedimiento Laboral”, refiriéndose a la violación de las pruebas, en el Recurso de Casación, enseña: “En cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, es de observar que según reiterada jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Suprema de justicia, cuando la sentencia materia del Recurso de Casación se apoya en un conjunto de medios de prueba que concurrieron todos a formar la convicción del fallador, no basta para infirmarla que se ataquen algunos de tales medios, suponiendo eficaz el ataque, si los que restan son suficientes para apoyar la solución a que llegó aquél, ni tampoco que se hallan dejado de estimar algunas pruebas, si la sentencia se funda en otras que no han sido atacadas.” En el caso de autos, el ad-quem al confirmar la sentencia apelada manifiesta que ésta se encuentra dictada conforme a derecho porque consta en autos que la parte actora logró acreditar fehacientemente al señor Juez A-quo, la existencia de la relación de trabajo y asimismo el despido directo e injustificado de que fue objeto. En cuanto a la afirmación de que el acta de inspección que corre a folio 32 vuelto, numeral 8), 206 vuelto numerales 11), 12) y folio 209 no fueron apreciados, resulta que ésta acta, “SI” fue debidamente apreciada, al extremo de dejar plenamente acreditado que: 1) Que la sección de ingresos quedó a nivel del departamento de contabilidad, 2) Que el puesto de contador aún existe, en el departamento de Contabilidad, que hay nueve contadores, 3) Que en lugar de divisiones de explotación y desarrollo, ahora existen Gerencias Corporativas, 4) Que hay departamentos donde no se ha nombrado jefe, pero existe la función, 5) Que desapareció la sección de ingresos, pero las actividades contables son las mismas. Entonces de lo anteriormente expuesto, resultan dos tésis contrarias, ambas con respaldo probatorio, la del Tribunal de alzada que estima que hubo contrato y relación de trabajo, despido directo e injustificado y una mal llamada reestructuración; y la del recurrente que estima que la terminación de la relación de trabajo es justa y legal, porque de acuerdo a los decretos aplicados y la existencia de personal numerario y con dualidad de funciones, esto justificaba a la empresa para llevar a cabo tal acción, la del despido. En conclusión, resulta que la cuestión de hecho aparece así dudosa y no puede darse por existente el error de hecho de que habla el cargo, toda vez que una equivocación de esa naturaleza como lo tiene dicho la Ley, para que pueda estimarse en Casación, debe surgir en forma manifiesta, ostensible, sin mayor esfuerzo. Pero cuando la cuestión de hecho es dudosa, según lo tiene dicho la Jurisprudencia escapa a su estudio en casación porque sólo puede plantearse en este recurso los errores que salen a simple vista, del estudio de las pruebas de que se trate, y en varios precedentes de este Honorable Tribunal se dá por establecido que cuando la cuestión de hecho es dudosa, el Ad quem tiene completa libertad para escoger a aquél que a su juicio estime mejor acreditado en los autos, sin que pueda estudiarse en Casación por no resultar así un error de hecho evidente, ostensible o manifiesto. Por todas las razones que anteceden, es procedente desestimar este primer motivo de casación, por no haber claridad y precisión en los conceptos. SEGUNDO MOTIVO: Alega el recurrente ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva nacional, por infracción indirecta del artículo 95 numeral 19 en error de hecho, al no haber apreciado el Tribunal de Segunda instancia las pruebas documentales siguientes: 1) El Decreto Legislativo No. 195-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 2 de julio de 2002. 3) Certificación extendida por el Secretario de la Junta Directiva de Hondutel, punto de acta No.12 de la sesión ordinaria No.451—02 del 21 de junio de 2002. El precepto autorizante citado es insustancial a los efectos del motivo de casación alegado, el artículo 76 numeral 1º) párrafo 2º Código del Trabajo, como tal no existe, y el artículo 76 precitado, se refiere a la extensión de los Contratos Colectivos, dispuesta por el Poder ejecutivo, debiendo el Ministerio del Trabajo efectuar las publicaciones que manda la ley para el propósito determinado. Este error en el señalamiento del precepto autorizante es suficiente para desestimar el motivo de casación alegado. En cuanto ala explicación de la violación a partir de la falta de apreciación de las pruebas documentales precitadas, me permito exponer lo siguiente: 1) El Decreto Legislativo violenta las disposiciones legales consagradas en la misma Constitución de la República que garantiza la estabilidad laboral. Asimismo irrespeta las disposiciones legales, tanto de la Ley Orgánica de Hondutel y su Reglamento, así como lo dispuesto en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente entre la Empresa y los Trabajadores, en particular lo que se refiere a las reestructuraciones o reajustes. 2) El Decreto Ejecutivo, entre otras consideraciones requería a todas las Secretarías de Estado, incluyendo organismos desconcentrados e instituciones descentralizadas, de un informe previo que debía presentarse al Presidente Constitucional de la República, sobre medidas a tomar con respecto a disminuir el gasto público y los resultados esperados. En el caso de HONDUTEL, tal como se demostró con la inspección ocular, este informe nunca se presentó. Este decreto entró en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, es decir el 2 de Julio de 2002. 3) Certificación extendida por el Secretario de la Junta Directiva de Hondutel, punto de acta No.12 de la sesión ordinaria No.451-02 del 21 de Junio de 2002. En esta sesión, del 21 de junio 2002, se decidió y aprobó la reestructuración de Hondutel, con fundamento entre disposiciones, en el Decreto Ejecutivo PCM-005-2002, que todavía no había entrado en vigencia “entró en vigencia doce (12) días después”. Evidentemente el fundamento vició de nulidad lo decidido por la Junta directiva de HONDUTEL. En fin, lo anterior lo anota sin pretender que tales apreciaciones me hagan incurrir en meros alegatos de instancia, lo cierto es que son hechos derivados de los medios de prueba documentales cuya inobservancia a criterio del recurrente, provocó la infracción de la ley sustantiva nacional. En definitiva y porque el argumento es el mismo, con respecto a este segundo motivo de casación, me limito a insertar nuevamente lo siguiente: “Refiriéndose a la violación de la ley a través de las pruebas, en el Recurso de Casación, enseña: “En cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, es de observar que según reiterada jurisprudencia de esta corporación y dela Corte Suprema de Justicia, cuando la sentencia materia del Recurso de Casación se apoya en un conjunto de medios de prueba que concurrieron todos a formar la convicción del fallador, no basta para infirmarla que se ataquen algunos de tales medios, suponiendo eficaz el ataque, si los que restan son suficientes para apoyar la solución a que llegó aquel, ni tampoco que se hallan dejado de estimar algunas pruebas, si la sentencia se funda en otras que no han sido atacadas. Por las razones que anteceden, es procedente desestimar este segundo motivo de casación, al igual que el primero, agregando que se cita mal el precepto autorizante, y por ende propiciando falta de claridad y precisión en los conceptos. TERCER MOTIVO: Se sustenta en la apreciación de ser la sentencia violatoria de ley sustantiva nacional, por infracción directa del artículo 95 numeral 19 en relación con el 738 y 739 del Código del Trabajo, en relación a la prueba de inspección admitida a la parte demanda que obra a folio 206 vuelto en su numeral 11 y 12 folio 209 de la primera pieza de autos. Al respecto de este tercer motivo de casación, sin mayores preámbulos me remito a la explicación dela violación expuesta por el recurrente, quien inicia invocando la doctrina en materia laboral cuyos conceptos son definitivamente válidos, pero en contraste con los hechos concretos resulta en solemnidad y rigidez del recurso no puede pasar desapercibida y por tal razón me permito insertarla literalmente: “Mi representada demostró que el trabajador demandante desempeñó la plaza de TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES II, la cual se encuentra cancelada, y que enla dirección donde el demandante ejecutaba sus labores, VEINTICUATRO PERSONAS MAS ejecutaban las mismas”. Honorable Corte, la aseveración anterior es más que incongruente, por cuanto la demandante ELSA VICTORIA MOLINA ORTEZ, se desempeñaba como CONTADOR II y no como Técnico en Telecomunicaciones y es un hecho que en cuanto ala reestructuración para reducir el gasto público, amparado en los decretos ya varias veces citados, resulta que en los autos quedó acreditado lo siguiente: 1) Que la sección de ingresos quedó a nivel del departamento de contabilidad, 2) Que el puesto de contador aún existe en el departamento de contabilidad, donde hay nueve contadores, 3) Que en lugar de divisiones de explotación y desarrollo, ahora existen Gerencias Corporativas y operativas, 4) Que hay departamentos donde no se ha nombrado jefe, pero existe la función, 5) Que desapareció la sección de ingresos, pero las actividades contables son las mismas. Entonces no hubo ninguna reestructuración. En conclusión, el motivo de casación y su explicación de la violación resultan inexactos, incongruentes con el caso concreto y en definitiva faltos de claridad y precisión, razones mas que suficientes para desestimar este tercer motivo de casación. CUARTO MOTIVO: Este motivo lo sustente el recurrente en que la sentencia es violatoria de Ley sustantiva nacional por infracción directa del artículo 120 párrafo primero en relación con el 738 y 739 todos del Código del Trabajo, por las pruebas propuestas denominadas documental, 1) Decreto Legislativo No.195-2002 del 12 de junio del 2002 y 2) Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2002, de fecha 2 de Julio de 2002. En cuanto a este motivo me permito manifestar lo siguiente: “Para que se produzca la infracción directa dela Ley sustantiva es necesario que la ley sea clara, de modo que su interpretación no ofrezca dudas, que el fallador le haya reconocido su sentido exacto y que a pesar de ello la sentencia esté en contradicción con la ley, por uno de los siguientes motivos: 1) Porque el juzgador negó su aplicación debiendo haberla aplicado, 2) Porque aplicó la norma pertinente, pero en forma incompleta, o porque negó un derecho que claramente está consagrado por ella, 3) Porque aplicó correctamente la ley, considerada en si misma, pero a un hecho inexistente en los autos o no demostró en el juicio. En relación con el caso concreto, el recurrente alega que no se aplicó el artículo 120 del Código del Trabajo, que en su primer párrafo a la letra dice: “ Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por razón de despido injustificado, o por alguna de las causas previstas en el artículo 114 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle a éste un auxilio de censatía..etc. El espíritu del artículo anterior es el reconocimiento de un derecho, el pago de una indemnización en concepto de auxilio de cesantía, y en el caso concreto en donde el despido se ha producido por causa ajena a la voluntad del trabajador, tal como lo sostiene el demandado, amparado en dos decretos, uno ejecutivo y otro legislativo, lo acierto es que la acción no está contemplada dentro de las causales que dan lugar a terminar la relación de trabajo sin responsabilidad del patrono. Volviendo al caso de autos, la controversia no es el pago de prestaciones sino un reclamo para el reintegro al trabajo, situación que es potestativa del trabajador despedido injustamente. Los dos Decretos no son suficientes para impedir que el trabajador ejerza su derecho de pedir el reintegro a su trabajo y el hecho que HONDUTEL a su criterio y conveniencia considere que esta situación esta superada y amparada en la disposición legal recurrida, en definitiva, tal impugnación es mera apreciación subjetiva del patrono. Por lo anteriormente el motivo de casación resulta impreciso y falta de claridad, razones por las que debe ser desestimado. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombra Ponente a LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase la sentencia que procediera en derecho. CONSIDERANDO: Que el Censor Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS EN EL PRIMER MOTIVO EXPRESA: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 95 numeral 19 en relación con el 738, 739 y 858 de aplicación analógica todos del Código del Trabajo, Artículos 320 numeral 4 del Código de Procedimientos Civiles, por error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de apreciación de la prueba de inspección que aparece a folios 32 vuelto en su numeral 8 y 206 vuelto en su numeral 11 y 12; así como con la constancia que corre a folio 209 de la primera pieza de autos donde se demuestra que la plaza de la demandante se encuentra cancelada; así como en la sección habían cuatro empleados mas con la plaza Contadores II y que la Sección de ingresos a no existe, por la aplicación de los Decretos PCM-005-2002 y 195-2002. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está contenido en el Artículo 765 Numeral 1º Párrafo segundo del Código del Trabajo.”. Confrontado el cargo con el fallo impugnado se evidencia que el fallador en la sentencia objeto del recurso forma su convencimiento fundamentándose en el conjunto de los medios de prueba allegados al proceso, por lo que no basta para infirmarla que se ataquen algunos de tales medios, si los que restan no fueron atacados y son suficientes para dar por probados los hechos objeto de la demanda, tal como ocurre en el caso de autos; sumado a lo anterior, el Recurrente se aparte de la técnica propia del recurso al omitir indicar las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas, razones suficientes para declarar inadmisible el primer motivo. CONSIDERANDO: Que en el segundo motivo el censor expresa: “Ser la sentencia recurrida violatoria de Ley Sustantiva Nacional, por infracción indirecta de los artículos de 95 numeral 19, en relación con el 738 y 739 del Código del Trabajo, por falta de apreciación por error de hecho, al no haber apreciado el Tribunal de Segunda Instancia las Pruebas documentales siguientes: 1) Decreto Legislativo No. 195-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 12 de Junio del 2002, No. 289,805 que obra a folio 184 al 203 frente y vuelto de la primera pieza de autos, específicamente el Artículo 13 que corre a folio 203 de la primera pieza de autos. 2) Decreto Ejecutivo PCM-005-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el martes 2 de Julio del 2002, mediante No. 29,822 que obra a folios 181 al 183 de la primera pieza de autos específicamente su artículo No.1 en su letras a) y b).- 3) Certificación extendida por el Secretario de la Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), del punto de acta No.12 de la sesión ordinaria No.451-02 del 21 de Junio del 2002, que se encuentra a folios 204 y 205 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está contenido en el artículo 76 numeral 1ro., párrafo 2do., del Código del Trabajo.” Es de hacer notar que el Recurrente incurre en el mismo error u omisión indicado en el considerando que antecede, al no consignar las normas procedimentales que sirvieron de medio para la violación de las sustantiva, asimismo en la explicación de la violación, entre otras hace la siguiente afirmación: “no fue considerado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo específicamente del Magistrado que redactó la sentencia JESÚS ELOY MONTES CORTES, denota la reveldía del Tribunal de Segunda Instancia frente a la disposición de carácter público hacen que dicha sentencia sea violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa al artículo 95 numeral 19 en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo...”, con ello alega en un solo motivo dos formas de infringir la ley, que se producen por causas distintas y deben alegarse en forma separada, como reiteradamente lo tiene establecido este Tribunal, en adición, el artículo 76 que cita como precepto autorizante no tiene tal carácter, lo que vuelve el cargo incompleto y carente de claridad y precisión, volviendo inadmisible el segundo motivo. CONSIDERANDO: Que en el Tercer Motivo el censor expresa: “Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva Nacional por infracción directa del Artículo 95 numeral 19, en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo en relación a la prueba de inspección admitida a la parte demandada que obra a folios 206 vuelto en su numeral 11 y 12; folio 209 de la Primera Pieza de Autos en su numeral 3 que expresa: QUE EN LA SECCION DONDE EL DEMANDANTE EJECUTAVA SUS LABORES COMO CONTADOR II, HABIAN 4 PERSONAS MAS QUE REALIZABAN LAS MISMAS LABORES DEL AHORA RECURRIDO Y QUE LA SECCION DE INGRESOS CUANDO LA DEMANDANTE EJECUTVA SUS LABORES NO EXISTE POR LA APLICACIÓN DE LOS DECRETOS PCM-005-2002 y 195-2002.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral Primero, Párrafo Primero del Artículo 765 del Código del Trabajo.” Sin embargo el censor incurre en los mismos errores señalados en el primer considerando, hace alegatos de instancia impropios de este recurso y se olvida que la infracción directa se da con independencia del haz probatorio, no obstante, hace “relación a la prueba de inspección admitida a la parte demandada”. Por las razones expuestas se desestima este tercer motivo. CONSIDERANDO: Que en el cuarto motivo el Recurrente alega “Ser la sentencia Violatoria de Ley sustantiva nacional por infracción directa al Artículo 120 párrafo 1º. En relación con los Artículos 738 y 739 todos del Código del Trabajo, por las pruebas propuestas denominadas documental, que consiste en lo siguiente: 1) Decreto legislativo No.195-2002 de fecha miércoles 12 de Junio del 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante No.29805 y que obra a folios 184 al 206 de la primera pieza de Autos. 2) Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2002, de fecha martes 2 de Julio del 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, No. 29,822 que corre a folio 181 al 183 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el Numeral 1º Párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo.” Es el caso que como ya se ha indicado en las motivaciones precedentes, la infracción directa se dá con independencia del haz probatorio y el censor se refiere a las pruebas propuestas denominadas documental; asimismo el artículo 120 párrafo 1º del Código del Trabajo, que alega como infringido, no fue aplicado en ninguna de las instancias, razones que vuelven inadmisible este cuarto motivo. CONSIDERANDO: Que por las razones anteriormente expuestas tornan los motivos de casación formulados absolutamente ineficaces para infirmar la sentencia impugnada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República 1, 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 665, 769, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al Recurso de Casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.-NOTIFIQUESE. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. COORDINADORA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. ROBERTO LAGOS BANEGAS. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de Julio de dos mil cuatro. (Certificación de la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil cuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral con orden de ingreso en este Tribunal No.2804-03). LUCILA CRUZ MENÉNDEZ. SECRETARIA GENERAL”.