Sentencia CL-2663-03 — Registro 365
Resumen
El trabajador interpuso demanda laboral para reintegro al puesto de trabajo por despido directo e injustificado, siendo declarada sin lugar en primera instancia y revocada en segunda instancia,condenado a la demandada al reintegro del trabajador demandante e interponiendo ésta el recurso de merito en contra de dicha sentencia
Análisis jurisprudencial
(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERITIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., quince de Abril de dos mil cuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Alto Tribunal de Justicia en fecha cuatro de Febrero del dos mil cuatro por el Abogado POMPILIO COTO TORRES, mayor de edad, casado, hondureño y vecino de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en su condición de apoderado legal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, en relación a la Demanda Ordinaria Laboral para la reinstalación al puesto de trabajo por despido directo e injustificado, otorgamiento de contrato individual de trabajo, nivelación de salarios y demás derechos laborales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, más las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, por el señor JORGE ALBERTO GARCIA, mayor de edad, casado, jornalero, hondureño y vecino de Puerto Cortés, Cortés, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (E.N.P.), representada por su Gerente General FERNANDO ALVAREZ, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y vecino de Puerto Cortés, Cortés. El recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha siete de Octubre del dos mil tres, la cual FALLO: “: REVOCANDO la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de julio del dos mil tres, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Puerto Cortes, departamento de Cortés; relacionada con la demanda ordinaria promovida por el señor JORGE ALBERTO GARCIA, contra la entidad estatal denominada EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (E.N.P.), representada legalmente por el señor FERNANDO ALVAREZ, ambos de generales conocidas en los autos. SEGUNDO: Declarando CON LUGAR la demanda de la referencia; en consecuencia SE CONDENA a la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (E.N.P.), a través de su representante legal, a REINTEGRAR a su puesto de trabajo como chequero al señor JORGE ALBERTO GARCIA, por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo a las que tenía en el momento del despido, más los beneficios adquiridos conforme a la Contratación Colectiva Vigente, suscrita entre la E.N.P. y el SITRAENP; así como a la nivelación del salario en la cantidad de TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps. 32,68) la hora y al reconocimiento de su antigüedad laboral desde el uno (1º) de enero de 1986; en consecuencia se condena a la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (E.N.P.), a pagar la cantidad de CIEN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (Lps.100,148.12), en concepto de ajuste de salarios devengados y los derechos adquiridos, correspondientes a los dos últimos años de labores; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación de la relación laboral, hasta el día en que el trabajador sea reintegrado a su puesto de trabajo.... SIN COSTAS”. RESULTA: Que en fecha seis de Noviembre del dos mil tres, este Tribunal dictó sentencia mediante la cual RESOLVIÓ: Admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado POMPILIO COTO TORRES, en su calidad expresada, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha siete de Octubre del dos mil tres, y dispuso dar traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formalizara su recurso. RESULTA: Que en fecha cuatro de Febrero del dos mil cuatro, compareció ante este Tribunal Supremo, el Abogado POMPILIO COTO TORRES, de generales ya expresadas y en su condición de Apoderado legal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, formalizando su Demanda y expresando los siguientes motivos de casación: “PRIMER MOTIVO DE CASACION: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción indirecta del artículo 113 párrafo primero interpretado mediante decreto No.89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de la FALTA DE APRECIACION de los medios de prueba que a continuación singularizo: A) INSPECCION PERSONAL DEL SEÑOR JUEZ: NUMERO UNO: PARTE DEMANDADA, que corre a folio 51 y 51 vuelto, inciso f) del acta de inspección de la primera pieza de autos; B) MEDIO DE PRUEBA NUMERO TRES TESTIFICAL: propuesta por la parte Demandante, que corre al folio 27 la proposición de la prueba y folio 40 la evacuación de la primera pieza de autos, C) TESTIFICAL propuesta por la parte demandada, que corre a folio 43 y 43 vuelto de la primera pieza de autos; D) DOCUMENTAL NUMERO CUATRO: Propuesta por la parte demandada, consistente en la Comunicación librada por el Juez A quo a la División de Recursos Humanos de la Empresa Nacional Portuaria, que corre a folio 65 vuelto. En relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, y con el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación esta comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 7865 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La Corte sentenciadora al revocar la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia, incurrió en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos, por falta de apreciación de los medios probatorios que he SINGULARIZADO en la estructuración de este motivo, el Tribunal Ad Quem no aprecio el contenido del acta de INSPECCION PERSONAL DEL SEÑOR JUEZ: NUMERO UNO, propuesto por la PARTE DEMANDADA que corre a FOLIO 51 frente y vuelto de la primera pieza de autos inciso f), del acta de inspección levantada en la audiencia tercera de trámite de fecha 11 de febrero de 2003, mediante la cual el Juez A Quo constató en la División de Recursos Humanos de la Empresa Nacional Portuaria, que no existe ninguna nota de despido o circular que acredite que la empresa despidió al señor Jorge Alberto García, según información aportada durante la audiencia por los señores Oscar Contreras, Jefe de la División de Recursos Humanos y el señor Mario Sabillòn, Jefe de Tomadores de Tiempo. MEDIO DE PRUEBA, NUMERO TRES TESTIFICAL: propuesta por la parte Demandante, que corre al folio 27 de la primera pieza de autos que consiste en la declaración José Ernesto Carcomo Arias, quien contestó afirmativamente el capítulo tercero, acerca de que si le constaba el despido del señor Jorge Alberto García y al ser repreguntado sobre este capitulo que corre a folio 40 en audiencia de fecha 8 de enero de 2002, contestó en la letra a) que no le constaba el despido porque fue el demandante quien “le dijo que lo habían despedido “ TESTIFICAL propuesta por la parte demandada, que corre a FOLIOS 43 frente y vuelto de la primera pieza de autos, consistente en las declaraciones de los testigos Dolores Mejia y Joaquín Mejia, quienes preguntados al capitulo segundo del interrogatorio folio 27 de la primera pieza de autos, acerca de que el señor Jorge Alberto García en ningún momento fue despedido de su trabajo como chequero en la sección de operaciones, a lo que correspondieron afirmativamente en la audiencia segunda de trámite de fecha 27 de enero de 2003. DOCUMENTAL NUMERO CUATRO: Propuesta por la parte demandada, consistente en la Comunicación librada por el Juez A quo, cumplimentada en fecha 26 de mayo de 2003, en la que certifica el Jefe de la División de Recursos Humanos en el literal c) que “no existe ninguna notificación de despido donde se haya despedido al señor Jorge Alberto García ni tampoco de parte de este”. Los medios probatorios singularizados, son auténticos, en consecuencia, que de haberlos apreciado el Tribunal Ad Quem, hubiera dado por establecido en forma indubitable que la parte demandante no probó que haya existido el despido directo que planteó en la demanda, que en materia laboral procesal al trabajador demandante le corresponde probar el despido alegado y que no habiendo prestado este prueba alguna procedía confirmar la sentencia definitiva de primera instancia. La falta de apreciación de la prueba singularizada conforme a los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, hizo incurrir al Tribunal Ad Quem en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevó en forma indirecta a la violación de normas sustantivas de orden nacional contenida en el artículo 113 párrafo primero, interpretado mediante decreto numero 89 de fecha 24 de noviembre de 1969, que literalmente dice: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que se le pruebe la justa causa en que se fundo el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a titulo de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”. El referido artículo establece que la terminación del contrato, surte efecto desde que el patrono se la comunique al trabajador, esto constituye la figura del despido directo, que nunca surtió efecto por no haberse probado en juicio este hecho, requisito sine qua non para que el trabajador pueda accionar, por lo que el juez A quo declaró sin lugar la demanda y que el Tribunal Ad Quem debió motivar su decisión en este hecho que constituyó la controversia, que al no haberlo probado el demandante debió confirmar la sentencia de primera instancia, y mas aún la sentencia impugnada no es congruente con las pretensiones deducidas en el proceso. DOCTRINA: Para que se configure la infracción de ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: Debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba es decir respeto a la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que regulan la prueba de que se trata, pues en ese ultimo caso se estará frente a una cuestión diferente. Ese error de hecho de generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva y el error de hecho expresado debe ser manifiesto o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado el hecho que en realidad no esta demostrado o al contrario, se da por no probado, el hecho que en realidad no esta demostrado o al contrario, se da por no probado, el hecho que en realidad no esta demostrado o al contrario, se da por no aprobado, el hecho que si esta demostrado plenamente en el juicio (como es el caso de autos). Siendo así que el error de hecho en la apreciación de la prueba documental fundamento de este motivo del recurso, no consiste en sacar el recurrente aquellas deducciones de que de los documentos le interesen, pretendiendo sustituir el criterio del magistrado por el propio, sino en demostrar que los hechos declarados probados y las afirmaciones contenidas en la sentencia, están en manifiesta oposición con lo que en los documentos aparece, por estimar como cierto lo contrario de lo que de ellos resulta, incurriendo por ello el Juzgador en la evidente equivocación que exige el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código de Trabajo en que se ampara este motivo, por lo que procede que este Tribunal case la sentencia por este motivo. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Acuso a la Sentencia Recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva de orden nacional por infracción directa por Falta de Aplicación del Artículo 113 párrafos primero, interpretado mediante Decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación esta comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el artículo 113 párrafo primero, interpretado mediante Decreto numero 89 de fecha 24 de noviembre de 1969, es claro, de modo que su interpretación no ofrece duda, no obstante el Tribunal Ad Quem negó su aplicación debiendo haberla aplicado, incurriendo en infracción directa a dicha norma sustantiva de orden nacional. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la corte sentenciadora, condena a la Empresa Nacional Portuaria a reintegrar al señor Jorge Alberto García, sin citar la norma sustantiva de orden nacional aplicable al caso, como ser la contenida en el artículo 113 párrafo primero, interpretado mediante decreto numero 89 de fecha 24 de noviembre de 1969, que literalmente dice. “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efecto desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que se le pruebe la justa causa en que se fundo el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder y, a titulo de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente código debe quedar firme la sentencia condenatoria. La terminación del contrato, surte sus efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, hecho que constituye la controversia o litis, en virtud de que la parte demandada la alego en los hechos de su demanda y la parte demandada además de negarlo, razonó y fundamentó su defensa en que el despido no ocurrió. La Corte sentenciadora, además de omitir la motivación de su decisión, no consignó el precepto antes transcrito y condenó en la parte dispositiva, el reintegro del trabajador infringiendo directamente el articulo 113 párrafo primero, interpretado mediante decreto numero 89 de fecha 24 de noviembre de 1969, del código de trabajo, por negativa de aplicación de la disposición legal contenida en el. NULIDAD SUBSIDIARIA: La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha 7 de octubre de 2003 dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, señalando los errores procesales siguientes: a) En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la corte sentenciadora, condena a la Empresa Nacional Portuaria a reintegrar al señor Jorge Alberto García, sin citar la norma substantiva de orden nacional aplicable al caso, como ser la contenida en el artículo 113 interpretado, del Código del Trabajo. En dicha parte dispositiva debe citarse las leyes en que se funde, pero a pesar de este requerimiento legal, la Corte sentenciadora quebranta esta norma procesal, omitiendo consignar la cita de la ley de carácter laboral en que se fundo de conformidad con el articulo 187 ordinal 3º del Código de Procedimientos de 1906, Primera Parte, Procedimientos Civiles, analógicamente aplicable por falta de disposiciones especiales en el procedimiento de trabajo. Esta omisión acarrea inobservancia a normas de carácter procesal ineludible cumplimiento so pena de nulidad. Como precedente se cita la sentencia dictada por este Honorable Corte Suprema de Justicia de fecha 24 de junio de 1987 en el Recurso de Casación laboral formalizado por el Abg. German E. Leitzelar contra la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, en la demanda laboral promovida por Gilberto Orellana Borjas contra la Empresa Tabacalera Hondureña, S.A. b) La sentencia recurrida de fecha 7 de octubre de 2003 se limita a revocar la de primera instancia pero no resuelve los puntos objeto del debate. En la parte dispositiva de la sentencia recurrida, la corte sentenciadora condena a la Empresa Nacional Portuaria a reintegrar al señor Jorge Alberto García, sin analizar en ninguno de sus considerandos, si ha habido o no un DESPIDO directo o indirecto. El Tribunal Ad Quem, al no analizar todas las pruebas allegadas en tiempo para poder proferir su decisión ni indicar en la parte motivada de la sentencia, todos los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento, quebranta lo establecido en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo en relación con el 187 ordinal 3º y 190 Código de Procedimientos de 1906, Primera Parte, Procedimientos Civiles, analógicamente aplicable, este ultimo literalmente dice: “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Reitero, en la parte motivada de la sentencia recurrida, el Tribunal Ad Quem no indico el hecho fundamental de la controversia acerca del supuesto DESPIDO DIRECTO indispensable para proferir su decisión en el fallo de Reintegrar al señor Jorge Alberto García. Señalo las pruebas dejadas de analizar allegadas en tiempo sobre la controversia si hubo o no DESPIDO directo, requisito sine qua non para que el trabajador tenga el derecho de accionar en pro de sus derechos y son las siguientes: A) INSPECCION PERSONAL DEL SEÑOR JUEZ: NUMERO UNO: PARTE DEMANDADA, que corre a folio 51 y 51 vuelto, inciso f) del acta de inspección de la primera pieza de autos; B) MEDIO DE PRUEBA NUMERO TRES TESTIFICAL: propuesta por la parte demandante, que corre al folio 27 de la proposición de la prueba y folio 40 la evacuación de la misma, de la primera pieza de autos; C) TESTIFICAL propuesta por la parte demandada, que corre a folio 43 y 43 vuelto de la primera pieza de autos; D) DOCUMENTAL NUMERO CUATRO: Propuesta por la parte demandada procede la nulidad absoluta de la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil tres, la parte demandada, consistente en la Comunicación librada por el Juez A quo a la División de Recursos Humanos de la Empresa Nacional Portuaria que correa folio 65 vuelto. Concluyendo procede la nulidad la nulidad absoluta de la sentencia de fecha siete de octubre de mil tres, porque el Tribunal Ad Quem al motivar su fallo no razono cada una de las pruebas aportadas por las partes, por lo que es imposible fiscalizar la apreciación probatoria, razonamiento que se vuelve indispensable cuando el Tribunal de Segunda Instancia revoca la sentencia de primera instancia, es de hacer notar que este defecto causado por pereza procesal, impide la correcta e inteligente apreciación de las pruebas, por lo que es procedente anular la sentencia recurrida y enviarla al Tribunal de su procedencia. Que la sentencia recurrida se limita a revocar la de primera instancia, pero no resuelve sobre los puntos objeto del debate, olvidándose que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes y que deben estar dirigidas a despejar la incertidumbre que un juicio conlleva. Se señala como precedente la sentencia de fecha 13 de marzo de 1991, dicta por la Corte Suprema de Justicia en la demanda laboral promovida por Gilberto Alvarado Romero en contra del Banco Continental, S.A., Expediente 822-990. Que los Tribunales conociendo por vía de apelación o de Casación tienen facultad para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan, cuando aparezca de manifiesto en ellas algunas de las causas que dan lugar a la Casación en la forma, y si bien es cierto que en materia laboral se ha establecido por jurisprudencia la improcedencia de la Casación por error improcedendo, admitiendo únicamente como causal de Casación los errores in indicando, no es menos cierto que como excepción al principio general anteriormente relacionado es admisible como causal el error improcedendo cuando por el quebrantamiento de normas de procedimiento se llegue a infringir normas sustanciales de índole laboral. RESULTA: Que en providencia de fecha cinco de Febrero del dos mil cuatro, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado POMPILIO COTO TORRES, por formulada en tiempo la demanda de Casación ordenándose dar traslado al opositor para que en el término de diez días proceda contestar dicha demanda, haciéndolo el Licenciado ARTURO SABILLON PAZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este vecindario, quien actúa en su carácter de apoderado legal del señor JORGE ALBERTO GARCIA, contestando la demanda, lo que hizo de la siguiente manera: “A LA EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: En relación a los motivos de casación no tiene justificación legal, puesto que el recurrente quiere hacer creer que hay violación de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del Articulo 113, párrafo primero interpretado mediante decreto No.89 de fecha 24 de Noviembre de 1969, del Código del Trabajo por error de hecho, derivada de la falta de apreciación de los medios de prueba y enumera algunos medios de prueba propuestos por la parte demandada, exposición que realiza en forma de alegaciones, lo que vuelve inadmisible dicho recurso. El Tribunal Aquen valoro de manera correcta los medios de prueba propuestos y evacuados oportunamente por las partes y quedo plenamente acreditado con el acta de constatación de fecha quince de julio del año dos mil dos, levantada por el inspector del Trabajo señor FEDERICO A. ORDOÑEZ, que mi representado JORGE ALBERTO GARCIA fue despedido de manera verbal, por su jefe inmediato, JUAN RAMON PALMA, del cargo de chequero que desempeñaba en la Empresa Nacional Portuaria, acta que se acompaño a la demanda y se evacuo oportunamente en la primera audiencia de tramite de fecha catorce de octubre del año dos mil dos, pretende hacer creer que la sentencia emitida por el Tribunal Ad quem es violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa, por falta de aplicación del artículo 113 párrafo primero interpretado mediante decreto No.89 de fecha 24 de Noviembre de 1969, del Código del Trabajo, lo cual no es cierto porque el Tribunal Ad quem fundamento su sentencia de manera correcta al ordenar el reintegro del demandante JORGE ALBERTO GARCIA, al cargo que venia desempeñando como Chequero de la Empresa Nacional Portuaria. NULIDAD SUBSIDIARIA: en cuanto a la nulidad subsidiaria alegada por la parte recurrente, de existir errores procésales, que dan lugar a anular o invalidar la sentencia emitida por el Tribunal Ad quem, esta es improcedente en virtud de que el recurrente no cita los fundamentos legales en que se apoya.”. RESULTA: Que en proveído de fecha uno de Marzo del dos mil cuatro, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Licenciado ARTURO SABILLON PAZ, por contestada en tiempo la demanda de Casación, ordenándose seguir con el trámite correspondiente. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombra Magistrada Ponente a la Abogada TEODOLINDA PINEDA C., quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediera en derecho. CONSIDERANDO: Que el Recurrente, Abogado POMPILIO COTO TORRES, apoderado de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA en el primer motivo alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por Infracción Indirecta del artículo 113 párrafo primero interpretado mediante decreto No. 89 de fecha 24 de Noviembre de 1969 del Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de la FALTA DE APRECIACION de los medios de prueba que a continuación singularizo: A) INSPECCION PERSONAL DEL SEÑOR JUEZ: NUMERO UNO: PARTE DEMANDADA, que corre a folio 51 y 51 vuelto, inciso f) del acta de inspección de la primera pieza de autos; B) MEDIO DE PRUEBA NUMERO TRES TESTIFICAL: propuesta por la parte Demandante, que corre al folio 27 la proposición de la prueba y folio 40 la evacuación, de la primera pieza de autos; C) TESTIFICAL propuesta por la parte demandada, que corre a folios 43 y 44 vuelto de la primera pieza de autos; D) DOCUMENTAL NUMERO CUATRO: Propuesta por la parte demandada, consistente en la comunicación librada por el Juez A quo a la División de Recursos Humanos de la Empresa Nacional Portuaria, que corre a folio 65 vuelto. En relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, y con el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. Pero confrontada la sentencia recurrida con el cargo se evidencia que el Tribunal sentenciador apreció en su conjunto las pruebas y conforme la técnica del recurso de casación no le es lícito al recurrente en casación hacer un estudio aislado de aquellas pruebas que cree le favorecen para, en esta apreciación fundar el error de hecho, ya que entonces pretendería que su criterio se sobreponga al criterio del Tribunal. Debe demostrarse el error en la misma apreciación en conjunto, con examen de los distintos elementos de convicción aducidos, analizados en su valor probatorio según las reglas legales que lo fijan para cada uno de tales elementos y presentar la conclusión correcta a juicio del recurrente, en este sentido el cargo así expuesto resulta inadmisible. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el segundo motivo expresa: “Acuso a la Sentencia Recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por Infracción directa por Falta de Aplicación del artículo 113 párrafo primero, interpretado mediante Decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. Que el cargo así formulado está expuesto en forma clara y precisa, imponiéndose en consecuencia la admisión de este motivo. CONSIDERANDO: Que el Tribunal sentenciador revoca la sentencia dictada en primera instancia, y por consiguiente declara con lugar la demanda, condenando a la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA a reintegrar al trabajador demandante a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones, pero omitiendo la norma que autoriza el reintegro, lo que lo lleva a la conclusión equivocada de resolver en la forma indicada, esto es, que declara con lugar el reintegro pero sin tener la sustentación jurídica para ello, siendo ésta consecuencia de la inexistencia de un despido pues no existe ninguna prueba que demuestre lo contrario, es decir, el despido del trabajador por parte del patrono. CONSIDERANDO: Que en el recurso de casación que se conoce resulta justificado el segundo motivo invocado, por lo que ha lugar el recurso de casación; casar la sentencia impugnada y a continuación en sede de instancia decidir lo que proceda conforme a la ley. CONSIDERANDO: Que el hecho controvertido consiste en el reclamo al reintegro a su puesto de trabajo por despido directo e injusto en forma verbal y ajuste salarial. CONSIDERANDO: Que la Empresa Nacional Portuaria al contestar la demanda la rechazó, fundándose en la inexistencia de la relación laboral y en que como consecuencia de ello que no despidió al trabajador demandante. CONSIDERANDO: Que en la audiencia primera de trámite los apoderados de las partes propusieron las pruebas correspondientes para acreditar cada quien sus pretensiones, y así el apoderado actor propuso: documental consistente en: a) acta de quince de julio de dos mil dos, para hacer constar, que JUAN RAMON MIRALDA jefe inmediato de JORGE ALBERTO GARCIA, manifestara el motivo de la destitución y la persona que había dado las instrucciones para la misma; b) el reclamo laboral planteado por el trabajador en contra de la demandada alegando haber sido despedido sin justa causa; acta de conciliación levantada en la Inspectoría del Trabajo de San Pedro Sula de fecha veintitrés de julio de dos mil dos en la cual el demandante solicitó su reinstalación, otorgamiento de su contrato individual de condiciones de trabajo por tiempo indefinido y demás derechos laborales que le asisten, y en la cual la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA a través de su apoderado no accedió a lo solicitado; Inspección a las oficinas de la División de Recursos Humanos y/o de la División de Contabilidad de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA para constatar en los archivos o planillas que obran en las oficinas antes mencionadas lo siguiente: a) fecha en que ingresó a trabajar JORGE ALBERTO GARCIA, número de fecha de identificación laboral; b) que el trabajo que desempeñaba JORGE ALBERTO GARCIA era de chequero en el departamento de operaciones de la demandada, siendo sus jefes inmediatos JUAN RAMON PALMA y MARIO EUGENIO SABILLON; c) cuál era el salario que devengaba el trabajador JORGE ALBERTO GARCIA hasta el ocho de julio de dos mil dos, si le era pagado de manera semanal o bisemanal; e) cuál fue el salario que devengó el trabajador JORGE ALBERTO GARCIA, en los últimos seis meses anteriores al ocho de julio de dos mil dos, fecha en que fue despedido de su trabajo, incluyendo salario base y tiempo extraordinario; f) verificar si le fueron pagados el décimo tercer mes de salario y décimo cuarto mes de salario, correspondiente a los años 2001 y 2002. g) si existen o no contratos de trabajo por tiempo determinado celebrado entre el trabajador JORGE ALBERTO GARCIA y la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, las fechas de los mismos y los períodos de los mismos y si existen se adjunten fotocopias de los mismos; h) Si existen amonestaciones o sanciones por incumplimiento en el desempeño de su trabajo; i) constatar y consignar cuál es el sueldo que devengan los empleados denominados permanentes que realizan las labores de chequeros en el departamento de Operaciones de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. Testifical: para lo cual propuso la declaración de los testigos JOSE WILLIANS y JOSE ERNESTO CARCAMO ARIAS, quienes declararían que “sobre generales de ley; que JORGE ALBERTO GARCIA se desempeñó como chequero en la sección de chequeros del departamento de operaciones de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, desde el primero de enero de mil novecientos noventa y tres, hasta el día ocho de julio de dos mil dos; y que el día ocho de julio de dos mil dos, JUAN RAMON PALMA, jefe de chequeros del departamento de operaciones de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA le notificó al trabajador JORGE ALBERTO GARCIA, que por instrucciones superiores quedaba despedido de su trabajo. CONSIDERANDO: Que el apoderado de la parte demandada propuso como pruebas los siguientes: testifical, para lo cual propuso la declaración de los testigos DOLORES MEJIA, LICIA DE LEON, y JOAQUIN MEJIA, quienes declararían que “sobre generales de ley; que el señor JORGE ALBERTO GARCIA en ningún momento fue despedido de su trabajo como chequero en la sección de chequeros, dependiente del departamento de operaciones como trabajador eventual; que JORGE ALBERTO GARCIA nunca ha sido empleado permanente de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA y por lo tanto no tuvo plazo o puesto titular; y qué labores se le asignaban a JORGE ALBERTO GARCIA como trabajador eventual; documental, consistente en un ejemplar del décimo contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA y el Sindicato de Trabajadores de la misma; fotocopia autenticada de la certificación de la sentencia dictada por el Tribunal el 11 de enero de 1989 en la demanda similar que promovieron Omar Karín Espinal Sierra y Luis Manuel Romero Sierra en contra de la demandada; fotocopia autenticada de la certificación de la sentencia pronunciada por el ese Tribunal el 17 de julio de 1995 en la demanda que promovieron Lidia Maribel Michelsen Castro en contra de la demandada; que se libre comunicación a la División de Recursos Humanos de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA y certificar que: a) que si tenía el demandante titularidad de plaza; b) que si existe alguna comunicación del demandante a la empresa en relación con su retiro; c) que no existe ninguna notificación de despido ni de la empresa ni del trabajador. Comunicación a librarse al Sindicato de Trabajadores de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA y certificar si el demandante era afiliado a dicha organización, si pagaba cuotas y demás obligaciones sindicales. Comunicación al Ministerio del Trabajo de Puerto Cortés para certificar si existen actas de comunicación del trabajador a la empresa de cese de su relación de trabajo o contratación de hecho solicitada por el demandante. Instrumental de actuaciones, consistente en el libelo de demanda del demandante en donde no establece ser titular de plaza ni expresa con exactitud ser objeto de despido de conformidad con el Código del Trabajo. Inspeccional a realizarse en la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA particularmente en las oficinas de la División de Recursos Humanos para constatar los siguientes extremos: a) En qué fecha empezó a trabajador el señor JORGE ALBERTO GARCIA en la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA; b) Constatar en el expediente que clase de trabajo y que plaza cubría el señor JORGE ALBERTO GARCIA; c) Verificar si el señor JORGE ALBERTO GARCIA fue empleado permanente o titular de plaza alguna en la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA; e) Que si al señor JORGE ALBERTO GARCIA se le hacían deducciones por concepto de cuota sindical; f) Que si el señor JORGE ALBERTO GARCIA fue despedido por la División de Recursos Humanos verificando la documentación como ser actas, cartas o en general cualquiera que constituya comunicación o notificación del trabajador o de la empresa. Inspeccional, la que debería realizarse en las oficinas del Sindicato de Trabajadores de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA para corroborar los extremos siguientes: a) que si el señor JORGE ALBERTO GARCIA era afiliado al Sindicato de Trabajadores de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA; b) Que si el señor JORGE ALBERTO GARCIA pagaba o paga cuotas u otros valores como afiliado a este Sindicato. Confesional, que debería rendirse por el demandante; pruebas que fueron evacuadas en su oportunidad y en las que se constató que: a) que el trabajador JORGE ALBERTO GARCIA era empleado temporal, contratado verbalmente por llamado por la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, como chequero desde el año 1986, extremo que el mismo demandante reconoce en la confesión que rindió a instancias de la parte demandada; b) que la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA le hacía deducciones del sueldo al trabajador JORGE ALBERTO GARCIA por el uno por ciento (1%) para el Instituto Hondureño de Seguridad Social; c) que el trabajador JORGE ALBERTO GARCIA no era afiliado al Sindicato de Trabajadores de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA y que por ello no pagaba las cuotas y demás obligaciones sindicales. CONSIDERANDO: Que del análisis de las pruebas aportadas por ambas partes se concluye que el demandante JORGE ALBERTO GARCIA si era empleado de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA y que aunque era temporal y que no era afiliado al Sindicato de la empresa ello en manera alguna desnaturaliza la relación de trabajo existente entre ambas partes, sin embargo el trabajador demandante no logró probar que haya sido despedido por la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA pues la prueba encaminada en ese sentido lo constituye la testifical rendida por JOSE ERNESTO CARCAMO ARIAS, a la cual no se le puede dar ningún valor habida cuenta que al ser repreguntado manifestó que; “me dijo JORGE ALBERTO GARCIA que lo había despedido”, evidenciando con ello que a él no le constaba personalmente el despido, y siendo que toca al trabajador probarlo y al patrono probar la justa causa del mismo, en el presente caso, al no haber probado el despido alegado resulta improcedente la condena del reintegro. CONSIDERANDO: Que el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313, y 319 atribución 7º de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 18, 19, 20, 664, 665, 666 literal c), 667, 669, 690, 703, 704, 706, 709, 720, 726, 727, 730, 738, 739, 764 literal a), 765 párrafo primero, ordinal primero y 858 y demás aplicables del Código de Trabajo; 183, 184, 185, 187 reformado, 188, 190 y 192 del Código de Procedimientos Civiles. FALLA: PRIMERO: CASA la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de San Pedro Sula, con fecha siete de octubre de dos mil tres. SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral de primera instancia para la reinstalación al puesto de trabajo por despido directo e injustificado, otorgamiento de contrato individual de trabajo, nivelación de salarios y demás derechos laborales promovida por el trabajador JORGE ALBERTO GARCIA de generales antes expresadas en contra de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA representada por su Gerente General FERNANDO ALVAREZ, también de generales antes expresadas. TERCERO. EXIME a la demandada de toda responsabilidad laboral proveniente de la relación de trabajo que tenía con el demandante. CUARTO. SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los fines legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- TEODOLINDA PINEDA CARDONA. COORDINADORA.- LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA.- ROBERTO LAGOS BANEGAS.- FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil tres. Certificación de la sentencia de fecha quince de abril de dos mil cuatro, recaída en el recurso de casación laboral No. 2663-03.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL