Sentencia CL-2054-03 — Registro 351
Resumen
El trabajador interpuso la demanda ordinaria laboral para el pago de días trabajados y no pagados, prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injustificado. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia proferida en segunda instancia que confirmó la sentencia de primera instancia, la cual declaró con lugar la demanda de mérito.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.” CONSIDERANDO: Que en la forma que el recurrente consigna el alcance de la impugnación le falta claridad y precisión, pues omitió el fallo sustitutivo que en sede de instancia proferirá esta Corte en caso que prospere el Recurso; siendo esta una carga que al demandante en Casación le impone la ley; ya que precisamente dentro de dicho ámbito es que La Corte debe estudiar el recurso, no pudiendo el Tribunal suplir oficiosamente las deficiencias en el planteamiento del recurso.- La defectuosa presentación de la demanda en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de Casación que invoca la Recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho mérito.
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, certifica, la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de febrero de dos mil cuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Supremo Tribunal de Justicia, en fecha dieciocho de noviembre de dos mil tres, por la Abogada IRIS ONDINA CASTRO A., mayor de edad, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada sustituta del Estado de Honduras; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de días trabajados y no pagados, prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injustificado, promovida ante el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de febrero de dos mil tres, por el señor RAMÓN SALGADO COELLO, mayor de edad, soltero, con domicilio en el caserío de San José de Soroguara, Departamento de Francisco Morazán, Contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Representante legal, el señor Procurador General de la República, Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, mayor de edad, casado, Hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en fecha siete de agosto de dos mil tres, mediante la cual falló CONFIRMANDO la sentencia dictada el trece de junio de dos mil tres, por el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de este departamento, la cual declaró con lugar la demanda de mérito y CONDENÓ al Estado de Honduras a pagarle al demandante, señor RAMÓN SALGADO COELLO, la cantidad de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps. 41,468.98) por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo cuarto mes proporcional y salarios adeudados, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta la fecha en que quede firme dicha sentencia. RESULTA: Que en fecha veintiséis de septiembre de dos mil tres, este Supremo Tribunal de Justicia dictó sentencia mediante la cual resolvió admitir el recurso de casación interpuesta por la Licenciada LURBIN KARINA LÓPEZ MEJÍA, en su condición indicada, contra la sentencia de que se ha hecho relación en el preámbulo de este fallo, así mismo dispuso dar traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formalizara por escrito su recurso. RESULTA: Que en fecha dieciocho de noviembre de dos mil tres, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia la Abogada IRIS ONDINA CASTRO A., en su condición indicada, formalizando la demanda de casación interpuesta ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de ésta Sección Judicial, de la siguiente manera: “...EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA. PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 899 del Código de Procedimientos Comunes establece: El conocimiento de los recursos de casación corresponde exclusivamente a la Corte Suprema. El Artículo 903 del mismo Código indica: Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina Legal entre otros: “1o. Cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea, o aplicación indebida de la leyes o doctrinas legales, aplicables al caso del pleito.-......”. De conformidad al artículo 765 del Código del Trabajo son causales de Casación: “1o. Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la Ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el Sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en autos. Sólo habrá lugar a error de derecho en la Casación de Trabajo cuando haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio, y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo; y...” El Artículo 738 del Código del Trabajo establece: “El Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo”. En su artículo 739 también del mismo Código establece: “El Juez no estará sujeto a la tarifa de las pruebas, por lo tanto formará libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, sin embargo, cuando la Ley exija determinada solemnidad Ad-Sustantiam Actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motivada de la Sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causan su convencimiento”. El Juzgador en Segunda Instancia en el CONSIDERANDO (4) manifiesta que la parte demandante o Actor de la Demanda acreditó en la sustanciación del proceso que el patrono carece de causa justa para la terminación del vínculo laboral, , mediante la prueba INSPECCIÓN PERSONAL DEL SEÑOR JUEZ, consistente en la inspección del rol de turno de Vigilancia y DOCUMENTAL, que se refiere a la nota de Despido de fecha 16 de Diciembre del 2002, en la que supuestamente no se especifica el motivo de su Despido. Debo mencionar, Honorables Magistrados, que en la referida nota de Despido se establece por analogía, los motivos o causales que produjeron el Despido del señor RAMÓN SALGADO COELLO, fundamentado en los Artículos 112 inciso d); 97 numerales 1y2 del Código del Trabajo, Estos preceptos legales han sido interpretados de manera errónea en el caso de autos pues en el documento en mención Prueba Documental (nota de Despido) y la prueba Inspección Personal del señor Juez, es refutada con la prueba documental presentada y evacuada consistente en el Expediente Administrativo específicamente los folios 33 al 49, que se refiere al proceso de investigación realizado previo al Despido y que enmarca específicamente la decisión de dar por terminada la relación laboral con el Demandante por no cumplir con sus obligaciones como lo establece claramente el Artículo 97 numerales 1 y 2 del Código del Trabajo, en consecuencia se acreditó en Autos en su momento oportuno, que la Autoridad Nominadora sí Actúo apegada a la ley, por lo que podemos afirmar que efectivamente en las pruebas presentadas y evacuadas por el Apoderado legal de la parte Demandante se acreditó, que el señor Ramón Salgado Coello como sus compañeros, no cumplieron sus obligaciones establecidos en el Artículo 97 numerales 1 y 2 del código del Trabajo para lo cual fueron contratados sus servicios y que literalmente dice: “Además de las contenidas en otros Artículos de este Código, en sus reglamentos y en las leyes de Previsión Social, son obligaciones de los trabajadores: 1.- Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos del Reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular les impartan el patrono o su representante, según el orden jerárquico establecido; y, 2.- Ejecutar por sí mismo ssu trabajo, con la mayor eficiencia, cuidado y esmero, en el tiempo, lugar y condiciones convenidos;”. En ese sentido el Artículo 112 inciso d) del Código del Trabajo, faculta al patrono para dar por terminado la relación laboral, sin responsabilidad de su parte: a), b), c), d) Todo daño material causado dolosamente a los edificios, obras, maquinarias o materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas; Debo recalcar que el Juzgado de Alzada al igual que el Juzgado A-Quo, han hecho suyas de manera particular la interpretación del demandante de sus medios probatorios, dándole un giro extremo a lo establecido en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, pues el hecho de que el Juez, en materia Laboral no está sujeto a la tarifa de la prueba, su convencimiento se forma inspirándose en los principios científicos, lo que indica un procedimiento a seguir que informan la crítica de la prueba y es en este respecto que el volumen cuarto del diccionario Jurídico Temático de Derecho Procesal que literalmente dice: “SANA CRÍTICA: Es un instrumento destinado a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales; los medios aportados y admitidos serán valorados en conjunto por el Juzgador, atendiendo las reglas de la lógica y la experiencia; la valoración de la prueba opuestas serán confrontadas, a efecto de que por el enlace interior de las rendidas, las presunciones y los indicios, se llegue a una convicción, es decir que no se debe sobreponer puntos subjetivos de apreciación, sino que del análisis de las pruebas se debe formar su convencimiento”, tal como lo establece artículo 739 del código del Trabajo citado anteriormente. SEGUNDO MOTIVO: INFRACCIÓN DE LEY POR ERROR DE DERECHO El fallo dictado por el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo declara “CON LUGAR” la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE DÍAS TRABAJADOS Y NO PAGADOS; PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTIFICADO, promovida por el señor RAMÓN SALGADO COELLO, contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda, al condenar al Estado de Honduras, representación que ostenta el Procurador General de la República Señor Sergio Zavala Leiva, al pagar al Demandante la Cantidad de: Lps. 41,468.98 (CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS), desglosados así: Preaviso, dos meses equivalentes a Lps. 6,113.32; Auxilio de Cesantía, ocho meses equivalente a Lps. 24,453.23; Auxilio de Cesantía Proporcional, doscientos ochenta y seis días equivalentes a Lps. 2,428.04; Vacaciones, cuarenta días equivalentes a Lps.4,075.60; Vacaciones proporcionales, doscientos ochenta y seis días equivalentes a Lps. 1,207.77; Salario adeudado dieciocho días equivalente a Lps. 1,571.94, en concepto de días trabajados y no pagados; y a título de daños y perjuicios los salarios que habría percibido el trabajador demandante, desde la fecha del despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales cause ejecutoria esta sentencia condenatoria. En relación a la Sentencia de Segunda Instancia, debo señalar que la misma contiene decisiones que dañan a la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y en Consecuencia al Estado de Honduras, pues la crisis que actualmente está atravesando el país, no nos permite el lujo de utilizar los pocos recursos con que se cuentan por decisiones legales de carácter particular, sino mas bien orientar los recursos disponibles a obras en beneficio de la colectividad, y que además la Autoridad Nominadora al momento de tomar la decisión del Despido, estableciéndolo por las causales ya mencionadas, quiere sentar un precedente ante los responsables de proteger los bienes del Estado, ya que si se le paga lo que pide el demandante, sería como premiarlo por NO cumplir con sus Obligaciones de trabajo, lo cual en consecuencia de un error de apreciación por parte del juzgador en las pruebas presentadas por la parte demandada recurrente, consistente en “INSPECCIÓN PERSONAL DEL SEÑOR JUEZ”, en el Libro de Novedades y Control de Turno y “DOCUMENTAL”, consistente documentos que acreditan el proceso realizado para la investigación de los extravíos, (CONSIDERANDO (4) de la sentencia referida), que corre agregada al Expediente Administrativo folios 26 al 47 en las cuales se establece el motivo del Despido del señor Salgado Coello. Por otro lado interpretación errónea de las pruebas presentadas por la parte demandante, “DOCUMENTAL” NOTA DE DESPIDO, CONSIDERANDO (3) también se la Sentencia de Apelación), en la cual SÍ se establece el motivo del despido del Demandante, habiéndose oído previamente mediante Acta de Descargo al señor Salgado Coello, pues se realizaron las investigaciones e interrogatorios pertinentes para evitar precisamente una decisión equivocada, pero al concluir las investigaciones, se comprobó la falta de diligencia y eficiencia por incapacidad manifiesta de realizar y/o cumplir con sus Obligaciones emanadas de su trabajo, para lo cual se contrató, pues no pudo desvirtuar su participación y responsabilidad directa ante la Autoridad Nominadora. Honorables Magistrados es imperiosa la necesidad de reiterar que la condena antes referida se deriva de una apreciación errónea y falta de apreciación, en las pruebas presentadas y evacuadas por la parte demandada, ya que el Juzgador de Primera y Segunda Instancia, sólo Vé lo que beneficia al demandante y no aprecia las pruebas y alegaciones del demandado, que fueron acreditados de forma fehaciente, por lo que las Sentencias emitidas por los Juzgados de Primera y Segunda Instancia no han sido ajustadas a Derecho, y lesionan los intereses de mi representada”. RESULTA: Que en fecha dieciocho de noviembre de dos mil tres, este Tribunal de Justicia dictó providencia mediante la cual tuvo por devuelto en tiempo el traslado de casación por parte de la Licenciada IRIS ONDINA CASTRO, y por formulada en tiempo la demanda de casación; así mismo ordeno dar traslado de las presentes diligencia al opositor para que dentro del término de diez días contestara dicha demanda. RESULTA: Que en fecha nueve de diciembre de dos mil tres compareció ante esta Corte Suprema de Justicia el Abogado MINELIO RAMÍREZ MARTÍNEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado Legal del señor RAMÓN SALGADO COELLO de generales expresadas, contestando la demanda de casación de la siguiente manera: “... El indicado recurso de casación laboral, invoca como precepto autorizante del primer motivo de casación el artículo 903 número 1º, del Código de Procedimientos Civiles o Comunes, en relación con el artículo 899 de ese mismo Código, que resulta irrelevante. Lo anterior, única y exclusivamente respeto al primer motivo; en cuanto al segundo motivo, no aparece precepto autorizante, lo que constituye otro error. La recurrente se ha olvidado por completo que en la casación laboral, en el artículo 765 del Código del Trabajo, se encuentran señaladas todas las causas, causales o preceptos autorizantes de la casación laboral, no hay otras, ni se pueden confundir con la casación civil”. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en la demanda de mérito, se nombra Magistrada Ponente a la Abogada TEODOLINDA PINEDA CARDONA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este tribunal se dictase lo que procediera en derecho. CONSIDERANDO: Que toda demanda de Casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere. CONSIDERANDO: Que la Recurrente, Abogada IRIS ONDINA CASTRO A., apoderado del ESTADO DE HONDURAS en la demanda de Casación, al pretender formular la declaración del alcance de la impugnación, que es el petitum de la demanda lo hace en los siguientes términos: “La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha siete (7) de Agosto del 2002, por violar directamente por aplicación indebida y errónea los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo; sentencia que confirma la sentencia dictada por el Juez de Letras Segundo del Trabajo; que a su vez viola directamente los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo por interpretación errónea. La impugnación se dirige además a los considerandos No. 4 y 5 de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán y por ser esta confirmatoria, el alcance de la impugnación se extiende a los fundamentos del fallo de 1ra. Instancia pues no puede considerarse que está ajustado a Derecho, un fallo que se funda en una prueba que no es fehaciente y que fue presentada por el demandante que consiste en: a) Nota de fecha 16 de diciembre del 2002, propuesta y evacuada en el medio de prueba documental número 2 en la sustanciación del juicio, suscrita por el Licenciado Juan Carlos Díaz, Sub-Gerente de Recursos Humanos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, dirigida al señor Ramón Salgado Coello, en la cual se manifiesta que en base a la audiencia celebrada el 27 de noviembre del año 2002, esta siendo separado de su cargo a partir del 19 de diciembre de 2002 y se procede a la cancelación por despido en base a los Artículos 112 inciso d); 97 numerales 1 y 2 del Código del Trabajo. Dicha prueba fue interpretada en forma errónea. Además las pruebas propuestas denominadas DOCUMENTAL: a), b), c), d), e), f), g) y h) evacuadas por la apoderada legal de la parte demandada fueron desestimadas tanto por el Juez de primera instancia como por el de segunda instancia.” CONSIDERANDO: Que en la forma que el recurrente consigna el alcance de la impugnación le falta claridad y precisión, pues omitió el fallo sustitutivo que en sede de instancia proferirá esta Corte en caso que prospere el Recurso; siendo esta una carga que al demandante en casación le impone la ley; ya que precisamente dentro de dicho ámbito es que la Corte debe estudiar el recurso, no pudiendo el Tribunal suplir oficiosamente las deficiencias en el planteamiento del recurso.- La defectuosa presentación de la demanda en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca la Recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Sala Laboral y de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral, Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5, de la Constitución de la República 1, y 80 No. 1 de Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 664, 665, 769, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al Recurso de Casación de que se ha hecho merito. 2) SIN COSTAS.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. COORDINADORA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SUYAPA THUMANN CONDE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETH ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida a solicitud de la Licenciada IRIS ONDINA CASTRO ALVARENGA en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil cuatro, certificación de sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil cuatro, recaída en el Recurso de Casación número 2054-03.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL