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Sentencia CL-196-04 — Registro 415

Resumen

El recurrente (empleador) dice que en primera instancia se declaro con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, en virtud de despido injusto e ilegal, misma que fue confirmada en segunda instancia, alegando que hubo una apreciaciòn erronea de la prueba a pesar de que se demostro que habían diecinueve personas con la misma plaza del demandante y que realizaban las mismas labores, en el departamento de operaciones de la empresa.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

” El censor incurre en los mismos errores señalados en el primer considerando, hace alegatos de instancia impropios de este recurso; y se olvida que la infracción directa, se dá con independencia del haz probatorio, por lo tanto no debió relacionarla con la prueba de inspección admitida a la parte demandada ni citar como violadas en relación las normas procedimentales contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. Por las razones expuestas se desestima este motivo."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

C E R T I F I C A C I O N

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-Sala Laboral.- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de junio del dos mil cuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal en fecha dieciséis de Marzo de dos mil cuatro, por el Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS, mayor de edad, casado, hondureño y de este vecindario; en su condición de Apoderado legal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), en relación a las Demandas Ordinarias Laborales de emplazamiento para la justificación de un despido, caso contrario se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores o que puedan derivarse de la privatización de la Empresa, más las costas del juicio, interpuestas ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán, por los señores JOSE ROLANDO ARTEAGA SÁNCHEZ, soltero, Bachiller Industrial, ARÍSTIDES RODRÍGUEZ MARTINEZ, casado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, JULIO CESAR ENAMORADO FLORES, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, DILIA AGUILERA, soltera, Secretaria Bilingüe, y NORMAN ISRAEL BARAHONA MEJIA, soltero, Ingeniero Mecánico, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General ALONZO VICTOR VALENZUELA S, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y de este vecindario. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha siete de enero del dos mil cuatro emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, la cual CONFIRMO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial de fecha trece de octubre del dos mil tres, la cual “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA promovida por JOSE ROLANDO ARTEAGA SÁNCHEZ, ARÍSTIDES RODRÍGUEZ MARTINEZ, JULIO CESAR ENAMORADO, DILIA AGUILERA, NORMAN ISRAEL BARAHONA MEJIA, en cuanto al reintegro, salarios dejados de percibir y al pago del 20% de incremento salarial a partir de Enero del 2003 en consecuencia 2) CONDENA AL DEMANDADO LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES a través de su Gerente General ALONSO VICTOR VALENZUELA SOTO, a reintegrar a JOSE ROLANDO ARTEAGA SÁNCHEZ, ARÍSTIDES RODRÍGUEZ MARTINEZ, JULIO CESAR ENAMORADO, DILIA AGUILERA, NORMAN ISRAEL BARAHONA MEJIA, por lo menos en igualdad de Condiciones que tenían al momento del despido, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que sean reintegrados los demandantes. 3º) DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN opuesta por el apoderado demandado. 4) SIN COSTAS.” RESULTA: Que mediante sentencia de fecha doce de Febrero de dos mil cuatro, este Tribunal RESOLVIÓ: Admitir el recurso de Casación interpuesto por el Abogado Juan Manuel Sibaja Salinas, en su condición de apoderado de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y DISPUSO: Conferir el traslado de los autos al recurrente para que en el término de veinte días formule por escrito la demanda de casación. RESULTA: Que en fecha dieciséis de Marzo de dos mil cuatro, compareció ante este Tribunal el Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS, mayor de edad, casado, hondureño y de este vecindario; en su condición de Apoderado legal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda y expresando los siguientes motivos de casación: “PRIMER MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 95 numeral 19 en relación con el 738, 739 y 858 de aplicación analógica todos del Código del Trabajo, Artículos 320 numeral 4 del Código de Procedimientos Civiles, por error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de apreciación de la prueba de inspección que aparece a folios 275 vuelto en sus numerales 7 y 8 dela primera pieza de autos donde se demuestra que en la Sección donde el señor JOSE ROLANDO ARTEGA SÁNCHEZ habían 19 personas con la misma plaza de instalador y Reparador de Lineas I, y que todos realizaban las mismas labores, en la Sección o Departamento donde ejecutaban las labores el señor ARÍSTIDES RODRÍGUEZ habían dos personas con la plaza de Jefe de del Departamento de Operaciones II y que ambos realizaban las mismas funciones, en el Departamento donde el señor JULIO CESAR ENAMORADO FLORES, ejecutaba sus labores como Auxiliar Técnico Administrativo y hay varios trabajadores con ese mismo cargo y con las mismas funciones, en la Sección o Departamento donde ejecutaba las labores la señora DILIA AGUILERA como Secretaria III, habían varias personas con el mismo cargo y funciones y en el departamento o Sección donde el señor NORMAN ISRAEL BARAHONA MEJIA, ejecutaba sus labores como Ingeniero I, habían dos personas mas con el mismo cargo y las mismas funciones de los ahora demandantes. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está contenido en el Artículo 765 Numeral 1º Párrafo segundo del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA: La doctrina sostiene en estos casos, según Don Miguel Gerardo Salgado, que la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de la prueba consistente en lo siguiente: 1. Debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba. 2. Una mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir respecto de la prueba consignada en si misma y no con relación a las normas legales que reclamen la prueba de que se trate. 3. Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva, y 4. El error de hecho expresado debe ser manifiesto ; o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario se de por no aprobado un hecho que está plenamente demostrado en el juicio. Lo anterior entendemos que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, al no considerar en su fallo dictado el día miércoles 7 de enero del año 2004, en el acta de inspección que corre a folio No.275 frente y vuelto y sus numerales 7 y 8 de la primera pieza de autos, en donde se constata que en la Sección de Planta Externa, Mantenimiento donde el demandante JOSE ROLANDO ARTEGA SÁNCHEZ, ejecutaba sus labores como Instalador y Reparador de Líneas I, habían diecinueve personas con la misma plaza del demandante y que realizaban las mismas labores; en el Departamento de Operaciones donde el señor ARÍSTIDES RODRÍGUEZ MARTINEZ, ejecutaba sus labores había una persona mas con el mismo cargo y las mismas funciones del demandante, en el Departamento de Cobranzas donde el señor JULIO CESAR ENAMORADO FLORES, ejecutaba sus labores como Auxiliar Técnico Administrativo II habían varias personas con el mismo cargo y las mismas funciones; en la Sección de Conmutación (REDES), en donde la señora DILIA AGUILERA Secretaria III ejecutaba sus labores habían varias personas con el mismo cargo y las mismas funciones de la demandante y en el Sección de Electromecánica (MANTENIMIENTO), en donde el señor NORMAN ISRAEL BARAHONA MEJIA, ejecutaba sus labores como Ingeniero I, habían dos personas mas con el mismo cargo y las mismas funciones de los demandantes, en circunstancias oscuras o difusas en su CONSIDERANDO 7 expresó que la demandada no ha acreditado la justificación de la terminación del Contrato de trabajo que le unía con los trabajadores JOSE ROLANDO ARTEAGA SÁNCHEZ, ARÍSTIDES RODRÍGUEZ MARTINEZ, JULIO CESAR ENAMORADO, DILIA AGUILERA, NORMAN ISRAEL BARAHONA MEJIA. La reestructuración alegada en la carta de despido no es causa autorizada por la Ley, para despedir a un trabajador, al no tener un panorama claro el Tribunal de Segunda instancia que no consideró que en los Departamentos y Secciones donde los demandantes ejecutaban sus labores habían diecinueve personas ejecutando las mismas labores y con el mismo cargo del señor JOSE ROLANDO ARTEGA SÁNCHEZ, en el caso del señor ARÍSTIDES RODRÍGUEZ MARTINEZ, había una persona mas con el mismo cargo y las mismas funciones, en el caso de JULIO CESAR ENAMORADO FLORES, en el Departamento donde ejecuta sus labores habían varias personas con el mismo cargo y las mismas funciones, en el caso de DILIA AGUILERA, habían varias personas con el mismo cargo y las mismas funciones y en el caso del señor NORMAN ISRAEL BARAHONA MEJIA, habían dos personas con el cargo de Ingeniero I y realizaban las mismas funciones, desde este punto de vista por lógica entendemos que no era necesario ni obligatorio que mi representada tuviera contratados a los señores JOSE ROLANDO ARTEGA SACHEZ, ARÍSTIDES RODRÍGUEZ MARTINEZ, JULIO CESAR ENAMORADO FLORES, DILIA AGUILERA Y NORMAN ISRAEL BARAHONA, y atendiendo instrucciones emanadas por el Gobierno Central y el Poder Legislativo, según Decreto Legislativo, según Decretos PCM-005-2002 Medidas de Austeridad y Control de los Gastos Corrientes en el Sector Público y Decreto 195-2002 era innecesaria la prestación de los servicios profesionales de los demandantes, pues basta analizar los puntos de inspección del acta antes indicada y tendremos que si existió la condición de dualidad de funciones, en virtud que las mismas actividades que los demandantes realizaban en la Empresa, las realizaban varias personas mas, por naturaleza de estos hechos se entiende que dichos señores eran personal supernumerario en virtud de que son varias las personas que ejecutaban las funciones que tenía la parte actora, por ende al no considerar la prueba de inspección señalada se produce en forma indirecta la violación del artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, en cuanto que es una obligación de los Patronos llevar a cabo los Reajustes del Personal; observación que fue eludida por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo y el juzgado Primero de Letras del Trabajo; por lo expresado es procedente que el presente motivo prospere en Sentencia Definitiva que ha de dictar este Honorable Tribunal. SEGUNDO MOTIVO: Ser la sentencia recurrida violatoria de Ley Sustantiva Nacional, por infracción indirecta de los artículos de 95 numeral 19, en relación con el 738 y 739 del Código del Trabajo, por falta de apreciación por error de hecho, al no haber apreciado el Tribunal de Segunda Instancia las Pruebas documentales siguientes: 1) Decreto Legislativo No. 195-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 12 de Junio del 2002, No. 289,805 que obra a folio 184 al 2003 frente y vuelto de la primera pieza de autos, específicamente el Artículo 13 que corre a folio 203 de la primera pieza de autos. 2) Decreto Ejecutivo PCM-005-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el martes 2 de Julio del 2002, mediante No. 29,822 que obra a folios 181 al 183 de la primera pieza de autos específicamente su artículo No.1 en su letras a) y b). 3) Certificación extendida por el Secretario de la Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), del punto de acta No.12 de la sesión ordinaria No.451-02 del 21 de Junio del 2002, que se encuentra a folios 204 y 205 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está contenido en el artículo 76 numeral 1ro., párrafo 2do., del Código el Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA: La doctrina establecen que el error de hecho se produce cuando un proceso subjetivo del juzgador, de un equivocado razonamiento apreciativo de la probanza se da por establecido un hecho que no sucedió o que al contrario de por establecido un hecho consumado y probado plenamente. El error de hecho como lo ha sostenido la Corte de Apelaciones, no tiene en cuenta para producirse elemento jurídico alguno, sino que simplemente un fenómeno de convencimiento acerca de la existencia o no existencia de un hecho. La individualidad jurídica antes enunciada de estos medios de equivocación, hace concluir que dentro de la técnica de la casación laboral no puede aceptarse la impugnación de un error de hecho, se puede convertir en un error de derecho. En el presente motivo se trata de establecer jurídicamente que la falta de apreciación de la Prueba Documental enunciada indujo a la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo a confirmar la sentencia del Juzgado Primero de Letras del Trabajo, en tal sentido obtenemos que el Tribunal de Segunda Instancia lo que ha establecido es una rebeldía frente a las pruebas propuestas, en el caso del Decreto Legislativo No. 105-2002 de fecha 12 de Junio del 2002, específicamente su Artículo 13 que establece lo siguiente: “Los ahorros provenientes de la reducción del gasto en el Presupeusto modificado del 2002, que se generen por la cancelación de plazas, reestructuración administrativa, duplicidad de funciones, o por personal supernumerario en el gobierno Central, Organismos desconcentrados e instituciones Descentralizadas podrán destinarse al pago de las Prestaciones Laborales o Cesantías correspondientes. Las plazas que quedaran vacantes por las medidas anteriores, serán automáticamente canceladas una vez que se hayan pagado las prestaciones laborales por Cesantía quedando prohibido el reintegro del Cesanteado”. A lo expuesto en el Artículo anterior específicamente tanto a la prohibición de reintegro y cancelación de plazas, en el presente caso, la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, hizo caso omiso al confirmar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, ordenando el Reintegro de los señores JOSE ROLANDO ARTEAGA SÁNCHEZ, ARÍSTIDES RODRÍGUEZ MARTINEZ, JULIO CESAR ENAMORADO FLORES, DILIA AGUILERA Y NORMAN ISRAEL BARAHONA MEJIA, con lo cual se da una abierta y confrontada rebeldía con esta prueba Documental Documental, violentando en forma indirecta las obligaciones de los Patronos contempladas en el Artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo que establece los Reajustes de Personal. El Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2002 que emitiera el Presidente Constitucional de la República en Consejo de Ministros, establece en su Artículo 1º lo siguiente. “Con el propósito de lograr eficiencia y eficacia en la Administración Pública todas las Secretarías de Estado, incluyendo los organismos desconcentrados e Instituciones Descentralizadas deberán de adoptar las siguientes medidas: a) Revisar su estructura organizativa, administrativa, operativa y de servicios, a efecto de eliminar posiciones duplicadas o supernumerarias debiendo presentar al Presidente Constitucional de la República, en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de aprobación del presente decreto un informe pormenorizado, sobre las medidas que se proponen y tomar los resultados esperados. Posteriormente, se deberá presentar un informe mensual detallado de las medidas efectivamente tomadas y los ahorros obtenidos. B) Cancelar el 60% de las plazas vacantes existentes a la fecha de aprobación de este Decreto, excepto las de servicio docente, de atención a la salud y seguridad que figuren en Centros Educativos de todo nivel, Hospitales, Centros de Salud, Policías y aquellas calificadas por el Presidente de la República, previa opinión favorable emitida conjuntamente por las Secretarías de Estado en el Despacho de Finanzas y el Despacho Presidencial. Para el propósito , la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, a través de la dirección General de Presupuesto, suministrará a cada Secretaría de Estado el listado de las plazas vacantes existentes a dicha fecha, a fin de que se en un plazo máximo de 30 días las plazas a cancelar, por su parte, los organismos desconcentrados e instituciones descentralizadas deberán reportar un lazo máximo de 30 días a la Secretaría de Finanzas, el detalle de las plazas a cancelar, cuantificando el producto del ahorro de este concepto. Lo anterior expuesto y a pesar de ser un Decreto emanado por el Gobierno Central de la República, no fue considerado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo específicamente del Magistrado que redactó la Sentencia JESÚS ELOY MONTES CORTES, denota la rebeldía del Tribunal de Segunda Instancia, frente a la disposición de carácter público hacen que dicha sentencia sea violatoria de ley sustantiva nacional por infracción directa al artículo 95 numeral 19 en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo para lo cual se debió tener en cuenta que la obligación del Patrono en cuanto a los Reajustes de Personal, cancelación de plazas fueron emanadas por los Decretos antes apuntados para lo cual debió analizar las pruebas y formar libremente el convencimiento de conformidad con las pruebas documentales antes indicadas hay que entender Honorables Magistrados que los Decretos antes señalados no solo obedecen a dualidad de funciones y personal supernumerario sino que también a la cancelación de la plaza. Como se dio y probó en el presente caso, todo lo contrario que afirma el Tribunal de Segunda Instancia. Certificación extendida por el Secretario de la Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), del punto de acta No.12 de la Sesión Ordinaria No.451-02 que obra a Folios 206 al 207 de la primera pieza de autos, mediante la cual la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), autoriza a la Gerencia General el cumplimiento de las medidas de austeridad, equilibrio financiero y protección social, según Decreto Legislativo No. 194-2002 Ley del Equilibrio Financiero; Decreto Legislativo No.195-2002, Ley de Modificación Presupuestaria y Decreto PCM-005-2002. Lo anterior con el fin de mantener los lineamientos de las obligaciones contempladas en el Artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo en cuanto a los Reajustes de Personal, al violentarse esta norma sustantiva en forma indirecta al no apreciar la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo la Prueba Documental presenta en su Sentencia la Rebeldía frente a esta prueba que no le dio cabida en su contenido al momento de proferir su fallo, por tanto este motivo también debe prosperar en sentencia definitiva que dicte este Honorable Tribunal. TERCER MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva Nacional por infracción directa del Artículo 95 numeral 19, en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo en relación a la prueba de inspección admitida a la parte demandada que obra a folios 83 vuelto y 84 frente en sus numerales 7 y 8 los cuales fueron evacuados mediante acta de comparecencia que corre a folio 275 frente y vuelto en los mismos numerales antes citados de la Primera Pieza de Autos que expresa: QUE EN LOS DEPARTAMENTOS O SECCIONES DONDE LOS DEMANDANTES EJECUTABA SUS LABORES COMO SER: EL SEÑOR JOSE ROLANDO ARTEAGA SÁNCHEZ INSTALADOR Y REPARADOR DE LINEAS, HABIAN DIECINUEVE PERSONAS CON EL MISMO CARGO Y LAS MISMAS FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DONDE EL SEÑOR ARÍSTIDES RODRÍGUEZ MARTINEZ EJECUTABA SUS LABORES HABIA UNA PERSONA MAS CON EL CARGO DE JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIONES II, CON LAS MISMAS FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DONDE EL SEÑOR JULIO CESAR ENAMORADO FLORES EJECUTABA SUS LABORES COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO II HABIAN VARIAS PERSONAS CON EL MISMO CARGO Y LAS MISMAS FUNCIONES, EN LA SECCION DE CONMUTACIÓN (REDES) DONDE LA SEÑORA DILIA AGUILERA EJECUTABA SUS LABORES COMO SECRETARIA III, HABIAN VARIAS PERSONAS CON EL MISMO CARGO Y LAS MISMAS FUNCIONES, EN LA SECCION DE ELECTROMECÁNICA DONDE EL SEÑOR NORMAN ISRAEL BARAHONA MEJIA EJECUTABA SUS LABORES COMO INGENIERO I, HABIAN DOS PERSONAS MAS CON LA MISMA PLAZA Y LAS MISMAS FUNCIONES DE LOS DEMANDANTES. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral Primero, Párrafo Primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA: El presente motivo lo iniciamos invocando la doctrina que en materia laboral se ha escrito con el fin de establecer un marco legal en cuanto a la violación de la sentencia recurrida específicamente a la infracción directa del artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, en cuanto a las obligaciones de los patronos de llevar a cabo los Reajustes de Personal; esta infracción directa según la ley, tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula, o al contrario cuando se aplica esa norma a un hecho inexistente. La violación directa exige la existencia del hecho de tal manera comprobado, que no se discute para que la Ley cuyo texto se aprecia en forma clara, en base a lo expresado plenamente y con los argumentos jurídicos que lo respaldan demostraremos que la Corte de Apelaciones del Trabajo en su Sentencia manifiesta rebeldía contra la ley sustantiva invocada, por las razones siguientes: La sentencia emitida por la Honorable Corte de apelaciones del Trabajo que confirma la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo, condena a mi representada al reintegro de el demandante, circunstancia Honorables Magistrados que está total y absolutamente del artículo 13 del Decreto No.195-2002 que emitiera el Soberano Congreso Nacional de la República y que en su Párrafo Final indica que las plazas que quedaran vacantes, por las medidas anteriores serán automáticamente canceladas una vez que se haya pagado las Prestaciones Laborales por Cesantía quedando prohibido el reingreso o reintegro del cesanteado, mi representada demostró que los trabajadores demandantes JOSE ROLANDO ARTEAGA SÁNCHEZ, habían diecinueve personas con la misma plaza y las mismas funciones, ARÍSTIDES RODRÍGUEZ MARTINEZ, había una persona mas con el mismo cargo y las mismas funciones, JULIO CESAR ENAMORADO FLORES, habían varias personas con la misma plaza y las mismas funciones, DILIA AGUILERA habían varias personas con la misma plaza y las mismas funciones y NORMAN ISRAEL BARAHONA MEJIA, habían dos personas mas con la misma plaza de Ingeniero I y las mismas funciones, razón por la cual lleva a la Corte de apelaciones del Trabajo a violentar directamente la norma sustantiva señalada, la obligación de llevar a cabo los reajustes que de conformidad con la ley se han dado en mi representada y es y han sido en cumplimiento de los Decretos Legislativos NO. 195-2002 y el Decreto ejecutivo PCM-005-2002 Y LA AUTORIZACIÓN DE LA Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), está bien claro que si existió la dualidad de funciones y ser personal supernumerario, por ende pasan a ser personal supernumerario, es decir mi representado no está obligada a mantener la relación de trabajo con los demandantes...... Por lo antes expuesto es procedente que el presente motivo prospere en Sentencia Definitiva que ha de dictar esta Honorable Corte Suprema de Justicia, en relación al presente caso, cito el expediente C.L.912-99 en el Juicio promovido por el señor JOSE HUMBERTO NUÑEZ, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) mediante la cual la Honorable Corte Suprema de Justicia, casando parcialmente el Recurso de Casación, por aplicación indebida de Ley sustantiva y error de hecho en la apreciación de la prueba. CUARTO MOTIVO: Ser la sentencia Violatoria Ley sustantiva nacional por infracción directa al Artículo 120 párrafo 1º. En relación con los Artículos 738 y 739 todos del Código del Trabajo, por las pruebas propuestas denominadas documental, que consiste en lo siguiente: 1) Decreto legislativo No.195-2002 de fecha miércoles 12 de Junio del 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante No.29805 y que obra a folios 184 al 206 de la primera pieza de Autos. 2) Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2002, de fecha martes de 2 de Julio del 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, mediante No. 29,822 que corre a folio 181 al 183 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido el Numeral 1º Párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA: En cuanto al Decreto PCM-005-2002, que emitiera el Señor Presidente Constitucional de la República en Consejo de Ministros, amplia el marco de la reestructuración y señala que las instituciones descentralizadas deberá revisar su estructura organizativa, administrativa, operativa y de servicio para eliminar posiciones duplicadas o supernumerarias, lo cual atendiendo esta disposición mi representada reformó toda su infraestructura empresarial, tal como consta en los Folios 275 al 290 y del 291 al 295 de la Primera Pieza de Autos, y no tomando en cuenta este hecho la Honorable corte de apelaciones del Trabajo, hace que el Artículo señalado fuese violado directamente, en virtud de haberse dejado de aplicar la norma que regula el hecho en este caso con la terminación del Contrato de Trabajo de la demandante obedecieron a causas ajenas a voluntad del trabajador por disposición de los Decretos ya señalados, por cuanto este motivo debe prosperar en Sentencia Definitiva.” RESULTA: Que en proveído de fecha diecisiete de marzo de dos mil cuatro, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JUAN MANUEL SIBAJA, y se ordenó el traslado al opositor para que en el término de diez días proceda a contestar la demanda, haciéndolo en fecha quince de Abril de dos mil cuatro, el Licenciado FRANCISCO ERICK RODRIGUEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de los señores JOSE ROLANDO ARTEAGA SÁNCHEZ, ARÍSTIDES RODRÍGUEZ MARTINEZ, JULIO CESAR ENAMORADO FLORES, DILIA AGUILERA Y NORMAN ISRAEL BARAHONA MEJIA, de la siguiente manera: AL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: El recurrente invoca infracción indirecta del artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo. Dicha norma se refiere a la obligación del patrono de realizar los ajustes de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo, es decir, se limita a indicar un procedimiento, encaminado a determinar los medios de hacer valer los derechos abstractos, siendo por lo tanto una norma adjetiva o de mero procedimiento, por ende no susceptible del Recurso de Casación. Miguel Gerardo Salazar en su Curso de Derecho Procesal del Trabajo, tercer Edición, Bogotá 1984, página 443, expresa: “ya lo dijo esta corporación en sentencia del 16 de Junio de 1932, Gaceta Judicial, Tomo XL, página 157, columna segunda: La violación de las disposiciones legales adjetivas o de mero procedimiento no dan lugar al Recurso de Casación”. El precepto invocado no consagra derechos y obligaciones correlativas, sino que se limita a señalar el procedimiento que deberá seguir el patrono en los reajustes de personal por medio del contrato colectivo, respetando los derechos de antigüedad y, en igualdad de condiciones prefiriendo a los elementos sindicalizados. El hecho que en los puestos desempeñados por JOSE ROLANDO ARTEAGA SÁNCHEZ, ARÍSTIDES RODRÍGUEZ MARTINEZ, JULIO CESAR ENAMORADO FLORES, DILIA AGUILERA Y NORMAN ISRAEL BARAHONA MEJIA, ejecutaban sus labores realizando tareas que también eran asignadas a otros trabajadores, no presupone duplicidad porque en empresas como HONDUTEL cien o mas trabajadores pueden desempeñarse como operadores, no presupone duplicidad porque en empresas como operadores de telefonía internacional o como vigilantes, sin que ello haga presumir la existencia de duplicidad de funciones; por lo tanto el fallador no incurrió en error de hecho respecto a la apreciación de la prueba de Inspección que corre a folio 275 frente y vuelto en sus numerales 7 y 8 que invoca el recurrente al concluir que la demandada no acreditó la justificación de la terminación del contrato de trabajo que le unía con los demandantes sobre todo por ser doctrina reiterada que la reestructuración no es causa autorizada por la ley, para despedir a un trabajador, sobre todo si se tiene en cuenta que en la Inspección, que según el recurrente no se apreció, lo que recoge el acta no son constataciones, sino manifestaciones de la Licenciada CARTAGENA, testimonios, que debieron haberse rendido mediante el medio de prueba Testifical, por lo que es procedente declarar no ha lugar el Recurso por este motivo. AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: El recurrente en su segundo motivo acusa a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional por infracción indirecta del artículo 95 numeral 19 por falta de apreciación por error de hecho de la prueba documental que obra a folios 123 al 142, 120, al 122 y 143 al 144 de la primera pieza de autos. Al respecto cabe observar: a) Infracción Indirecta resulta siempre de la errónea interpretación de las pruebas, a través de la cual se viola la norma sustantiva, b) la prueba documental a la que se refiere el recurrente es el Decreto Legislativo No. 195-2002 y el Decreto Ejecutivo PCM-005-2002, como se sabe, las leyes no son objeto de probanzas, su carácter de pruebas no puede ser invocada en un motivo de casación, pues el mismo recurrente al explicar su motivo sostiene que el error de hecho se produce por un equivocado razonamiento apreciativo de la probanza, sostiene el recurrente “El error de hecho como lo ha sostenido la corte de Apelaciones, no tiene en cuenta para producirse elemento jurídico alguno, sino que simplemente un fenómeno de convencimiento acerca de la existencia o no existencia de un hecho..., contrariándose en su propio libelo el recurrente ataca, no hechos, sino elementos jurídicos, indicando como si el sentenciador se hubiera revelado contra las normas contenidas en los decretos invocados, y no frente alas pruebas. En uno de sus párrafos el recurrente expresa “a pesar de ser un decreto emanado por el gobierno central de la República no fue considerado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo...” con lo que está sugiriendo que existió falta de aplicación del decreto en referencia que es un motivo diferente a la falta de apreciación de una prueba. En este motivo el recurrente se divaga en alegaciones de instancia. Por las razones expuestas procede declarar no ha lugar el recurso en este motivo. AL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN. El recurrente en su tercer motivo acusa la sentencia de ser violatoria de ley sustantiva nacional por infracción directa del artículo 99 numeral 19 en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. En relación a la prueba de Inspección admitida a la parte demandada que obra a folios 83 y 84 frente en sus numerales 7 y 8 de la primera pieza de autos. Tal motivo es improcedente por las siguientes razones: a) Infracción Indirecta resulta siempre de la errónea interpretación de las pruebas, a través de la cual se viola la norma sustantiva; b) porque la infracción directa no se debe invocar en relación a determinada prueba, pues al hacerlo se convierte en infracción indirecta error que hace que este motivo no esté planteado en forma clara y precisa, pues técnicamente no se puede invocar infracción directa de la ley en relación a una prueba determinada. La doctrina define como infracción directa la que tiene lugar cuando a un hecho que no se discute debidamente o debidamente comprobado, se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. El mismo recurrente expresa al explicar la violación que “infracción directa según la ley tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula, o al contrario cuando se aplica esa norma a un hecho inexistente. La violación directa exige la existencia del hecho de tal manera comprobado, que no se discute para que la ley cuyo texto se aprecia en forma clara, en base a lo expresado plenamente y con los argumentos jurídicos que lo respaldan demostraremos que la Corte de Apelaciones del Trabajo en su sentencia manifiesta rebeldía contra la ley sustantiva invocada”. “Pero el recurrente no confronta la ley con la sentencia sino con la prueba, lo que técnicamente es inadmisible. Nuevamente el recurrente divaga en alegatos de instancia pero la nota disonante la pone en el párrafo final de este motivo cuando pide que “La Honorable Corte Suprema de Justicia casando parcialmente el recurso de casación, por aplicación indebida de la ley sustantiva y error de hecho en apreciación de la prueba. Este último párrafo crea una confusión de tal que indica que el recurrente no tiene claridad sobre: a) Si lo que se debe casar es la sentencia o el recurso; b) Si debe casarse total o parcialmente la sentencia; y c) Confunde la aplicación indebida, que es una forma de una forma de violación indirecta de la ley. AL CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN: El recurrente acusa la sentencia de ser violatoria de ley sustantiva nacional por infracción directa al artículo 120 párrafo primero en relación con los artículos 738 y 739 todos del Código del Trabajo, por las pruebas Documental consistente en los Decretos Legislativo 195-2002 y Ejecutivo PCM-005-2002. Este motivo se rechaza por las siguientes razones: a) El recurrente invoca infracción directa en relación con las pruebas denominadas Documental, pero ocurre que la infracción directa no debe plantearse con relación a la prueba, resulta simplemente de la confrontación entre la sentencia y la ley, sin referencia alguna ala prueba; b) El artículo 120 fue reformado mediante Decreto Legislativo 247-89 de fecha 6 de enero de 1990, publicado en la Gaceta No.26,028, el recurrente no expresa si se refiere a la versión original del decreto o a la reforma; C) El artículo 120 original y reformado tienen varios literales, era un deber del recurrente indicar a qué literal se refiere. Por las razones expuestas este motivo no debe prosperar y deberá ser declarado no ha lugar”. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien informó tener redactado el Proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal lo que proceda de conformidad a derecho. CONSIDERANDO: Que el Censor Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS, EN EL PRIMER MOTIVO EXPRESA: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 95 numeral 19 en relación con el 738, 739 y 858 de aplicación analógica todos del Código del Trabajo, Artículos 320 numeral 4 del Código de Procedimientos Civiles, por error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de apreciación de la prueba de inspección que aparece a folios 275 vuelto en sus numerales 7 y 8 de la primera pieza de autos donde se demuestra que en la Sección donde el señor JOSE ROLANDO ARTEGA SÁNCHEZ habían 19 personas con la misma plaza de instalador y Reparador de Lineas I, y que todos realizaban las mismas labores, en la Sección o Departamento donde ejecutaban las labores el señor ARÍSTIDES RODRÍGUEZ habían dos personas con la plaza de Jefe del Departamento de Operaciones II y que ambos realizaban las mismas funciones, en el Departamento donde el señor JULIO CESAR ENAMORADO FLORES, ejecutaba sus labores como Auxiliar Técnico Administrativo lihayarios trabajadores con ese mismo cargo y con las mismas funciones, en la Sección o Departamento donde ejecutaba las labores la señora DILIA AGUILERA como Secretaria III, habían varias personas con el mismo cargo y funciones y en el departamento o Sección donde el señor NORMAN ISRAEL BARAHONA MEJIA, ejecutaba sus labores como Ingeniero I, habían dos personas mas con el mismo cargo y las mismas funciones de los ahora demandantes. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está contenido en el Artículo 765 Numeral 1º Párrafo segundo del Código del Trabajo.” Es el caso que el fallador en la sentencia objeto del recurso forma su convencimiento fundamentándose en el conjunto de los medios de prueba allegados al proceso, por lo que no basta para infirmarla que se ataquen algunos de tales medios, si los que restan no fueron atacados y son suficientes para dar por probados los hechos objeto de la demanda, tal como ocurre en el caso de autos; sumado a lo anterior, el Recurrente se aparte de la técnica propia del recurso al omitir indicar las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas; en la estructuración del motivo señala la violación de normas sustantivas en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, pero estos dos artículos por contener disposiciones procedimentales únicamente sirven de medio para la violación de las sustantivas, resultando impropio alegar su violación en relación; razones suficientes para declarar inadmisible el primer motivo. CONSIDERANDO: Que en el segundo motivo el censor expresa: “Ser la sentencia recurrida violatoria de Ley Sustantiva Nacional, por infracción indirecta de los artículos de 95 numeral 19, en relación con el 738 y 739 del Código del Trabajo, por falta de apreciación por error de hecho, al no haber apreciado el Tribunal de Segunda Instancia las Pruebas documentales siguientes: 1) Decreto Legislativo No. 195-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 12 de Junio del 2002, No. 289,805 que obra a folio 123 al 142 frente y vuelto de la primera pieza de autos, específicamente el Artículo 13 que corre a folio 142 de la primera pieza de autos. 2) Decreto Ejecutivo PCM-005-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el martes 2 de Julio del 2002, mediante No. 29,822 que obra a folios 120 al 122 de la primera pieza de autos específicamente su artículo No.1 en su letras a) y b).- 3) Certificación extendida por el Secretario de la Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), del punto de acta No.12 de la sesión ordinaria No.451-02 del 21 de Junio del 2002, que se encuentra a folios 143 y 144 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está contenido en el artículo 76 numeral 1ro., párrafo 2do., del Código del Trabajo. Sin embargo el Recurrente en la explicación del cargo dice: “hace que dicha sentencia sea violatoria de ley sustantiva nacional por infracción directa del artículo 95 No.19” contradiciendo lo expresado en el cargo propuesto” violación indirecta del artículo 95 No. 19”.Es de hacer notar que el Recurrente incurre en el mismo error u omisión indicado en el considerando que antecede, al no consignar las normas procedimentales que sirvieron de medio para la violación de las sustantiva, en adición el artículo 76 que cita como precepto autorizante no tiene tal carácter, lo que vuelve el cargo carente de claridad y precisión e inadmisible el segundo motivo. CONSIDERANDO: Que en el Tercer motivo el censor expresa: “Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva Nacional por infracción directa del Artículo 95 numeral 19, en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo en relación a la prueba de inspección admitida a la parte demandada que obra a folios 83 vuelto y 84 frente en sus numerales 7 y 8 los cuales fueron evacuados mediante acta de comparecencia que corre a folio 275 frente y vuelto en los mismos numerales antes citados de la Primera Pieza de Autos que expresa: QUE EN LOS DEPARTAMENTOS O SECCIONES DONDE LOS DEMANDANTES EJECUTABA SUS LABORES COMO SER: EL SEÑOR JOSE ROLANDO ARTEAGA SÁNCHEZ INSTALADOR Y REPARADOR DE LINEAS, HABIAN DIECINUEVE PERSONAS CON EL MISMO CARGO Y LAS MISMAS FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DONDE EL SEÑOR ARÍSTIDES RODRÍGUEZ MARTINEZ EJECUTABA SUS LABORES HABIA UNA PERSONA MAS CON EL CARGO DE JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIONES II, CON LAS MISMAS FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DONDE EL SEÑOR JULIO CESAR ENAMORADO FLORES EJECUTABA SUS LABORES COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO II HABIAN VARIAS PERSONAS CON EL MISMO CARGO Y LAS MISMAS FUNCIONES, EN LA SECCION DE COMNUTACIÓN (REDES) DONDE LA SEÑORA DILIA AGUILERA EJECUTABA SUS LABORES COMO SECRETARIA III, HABIAN VARIAS PERSONAS CON EL MISMO CARGO Y LAS MISMAS FUNCIONES, EN LA SECCION DE ELECTROMECÁNICA DONDE EL SEÑOR NORMAN ISRAEL BARAHONA MEJIA EJECUTABA SUS LABORES COMO INGENIERO I, HABIAN DOS PERSONAS MAS CON LA MISMA PLAZA Y LAS MISMAS FUNCIONES DE LOS DEMANDANTES. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral Primero, Párrafo Primero del Artículo 765 del Código del Trabajo.” El censor incurre en los mismos errores señalados en el primer considerando, hace alegatos de instancia impropios de este recurso; y se olvida que la infracción directa, se dá con independencia del haz probatorio, por lo tanto no debió relacionarla con la prueba de inspección admitida a la parte demandada ni citar como violadas en relación las normas procedimentales contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. Por las razones expuestas se desestima este tercer motivo: CONSIDERANDO: Que en el cuarto motivo el Recurrente alega: “Ser la sentencia Violatoria de Ley sustantiva nacional por infracción directa al Artículo 120 párrafo 1º. En relación con los Artículos 738 y 739 todos del Código del Trabajo, por las pruebas propuestas denominadas documental, que consiste en lo siguiente: 1) Decreto legislativo No.195-2002 de fecha miércoles 12 de Junio del 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante No.29805 y que obra a folios 123 al 142 de la primera pieza de Autos. 2) Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2002, de fecha martes 2 de Julio del 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, mediante No. 29,822 que corre a folio 120 al 122 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el Numeral 1º Párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo.” El censor cita el artículo 120 párrafo 1º del Código del Trabajo como infringido, pero tal disposición no fue aplicada en ninguna de las instancias por no tener relación con la litis e incurre en los mismos errores indicados en el considerando que antecede; las razones indicadas tornan el motivo ineficaz para infirmar el fallo impugnado. CONSIDERANDO: Que por las razones anteriormente expuestas, resulta procedente desestimar los motivos de casación formulados por el Recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República 1, y 80 No.1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 776 y 777 del Código del Trabajo. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al Recurso de Casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.-NOTIFIQUESE. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. COORDINADORA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. ROBERTO LAGOS BANEGAS. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de Julio de dos mil cuatro. (Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de junio de dos mil cuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral con orden de ingreso en este Tribunal No.196-04).

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL