Sentencia CL-62-03 — Registro 285
Resumen
La empleada interpuso la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Obras Múltiples, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI). El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia proferida en segunda instancia mediante la cual confirmó la sentencia definitiva dictada en primera instancia que declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Es evidente que el planteamiento resulta incompleto, le falta claridad y precisión, y se aparta de la técnica exigida en este Recurso extraordinario, por las razones siguientes: Omite los requisitos que debe contener el petitum de la demanda, al no consignar la parte resolutiva del fallo impugnado; pedir su anulación, en forma parcial o total; e indicar en forma completa el contenido por el que debe ser reemplazado, al convertirse este Tribunal en sede de instancia; tal debió ser el planteamiento propio del alcance del recurso, ya que no le es lícito al Tribunal entrar a suplir oficiosamente las deficiencias señaladas. CONSIDERANDO: Que la defectuosa formulación de la Declaración del Alcance de la Impugnación en los términos indicados le impide entrar a conocer los motivos de Casación invocados por el recurrente y que prospere el recurso."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, certifica, la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de noviembre del año dos mil tres. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante esta Corte Suprema de Justicia, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil tres, por la Licenciada LIDA GUDELIA MANCÍA RIVERA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de procuradora Judicial, del Estado de Honduras; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de esta Sección Judicial, por la señora MILVIA MARINA CASTRO MEDINA, mayor de edad, soltera, oficinista, hondureña y de este domicilio, contra el Estado de Honduras a través de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), representada por el Procurador General de la República señor SERGIO ZAVALA LEIVA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, de esta Sección Judicial en fecha veintinueve de noviembre de dos mil dos, mediante la cual CONFIRMO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Segundo de Letras del Trabajo de esta Sección judicial, de fecha ocho de octubre del dos mil dos, mediante la cual “Falla: 1.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR; promovida por MILVIA MARINA CASTRO MEDINA de generales expresadas; contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los despachos de OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) representación ostentada por el señor Procurador General de la República el señor SERGIO ZAVALA LEIVA también de generales expresadas; 2.- CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS, a través de la secretaría de Estado en los despachos de OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) representación ostentada por el señor Procurador General de la Republica el señor SERGIO ZAVALA LEIVA a pagar a la trabajadora MILVIA MARINA CASTRO MEDINA la cantidad de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTITRÉS CENTAVOS (L. 31,364.23) por los siguientes conceptos Preaviso L. 9,319.80; Auxilio de Cesantía L. 13,979.70; Auxilio de Cesantía Proporcional L. 2,368.78; Aguinaldo proporcional L. 1,275.48; Decimocuarto mes proporcional L. 3,272.58; Reajuste de vacaciones (7 días) L. 1,147.89; más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido injustificado, hasta la fecha que con sujeción a las normas procesales quede firme esta sentencia condenatoria.- 3.-SIN COSTAS en esta instancia”. RESULTA: Que en fecha trece de enero de dos mil tres, éste Alto Tribunal de Justicia, dictó sentencia mediante la cual resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Licenciado OSCAR RENE CORRALES, contra la sentencia que se ha relacionado anteriormente y dispuso dar traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formalizara su recurso. RESULTA: Que en fecha veinticuatro de marzo de dos mil tres, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia, la Licenciada LIDA GUDELIA MANCIA RIVERA, en su condición indicada, formalizando la demanda de casación de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. Primer Motivo: Interpretación Directa por interpretación erróneo del Artículo 738 del Código de Trabajo literalmente dice: El Juez, al preferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo; Artículo 739 que a la letra dice: El Juez no estará sujeto a la tarifa de pruebas, por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, sin embargo, cuando la Ley exija determinada solemnidad ad-sustantiam actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causan su convencimiento. El Juzgador en la Segunda Instancia en el considerando cuatro de la sentencia expresa que la parte reclamante para acreditar en la sustanciación del proceso que el patrono no tuvo causa justa para la terminación del vínculo contractual; allegó al mismo prueba Documental y Testifical; especialmente el Documento transcrito en el considerando No.3 de este fallo, el cual consiste en el Oficio No.SGRH.0501-2002 del 3 de abril del año 2002, el cual literalmente dice: “Señora Milvia Marina Castro Medina Presente. Señora Castro: Por este medio se le notifica a usted que debido a la restauración que por asuntos presupuestarios, esta Secretaría de Estado se ve en la necesidad de prescindir de sus servicios profesionales dando por terminada la relación de trabajo con usted a partir del 04 de abril del 2002, reconociéndole todos sus derechos laborales que de acuerdo a la ley le corresponden. En base a los Artículos 53 inciso a) y b) y el Artículo 278 inciso a) y b) de la ley de Servicio Civil; Artículo 3 inciso q) de la misma ley y Artículo 100 numeral 5 del Código del Trabajo. Le agradecemos los servicios prestados a esta Secretaría. Atentamente. Sello y firma ilegible Licdo . Juan Carlos Díaz Ordóñez-Sub-Gerente de Recursos Humanos; los preceptos legales anteriormente descritos han sido interpretados de manera errónea en el caso de autos pues el documento en mención extendido por la Secretaría de Estado enmarca específicamente la decisión de dar por terminada la relación laboral con la demandante y en ningún momento acredita que dicha cancelación ha sido ilegal e injusta, por el contrario hace constar y hace evidente la intención por parte del demandado a pagar la totalidad de sus prestaciones laborales al demandante, el Juzgado de alzada al igual que el Juzgado A-Quo han hecho suyas de manera particular la interpretación del medio probatorio, dándole un giro extremo a lo establecido en los Artículos 738 y 739 del Código de Trabajo, pues el hecho de que el Juez en materia laboral no esta sujeto a la tarifa legal de la prueba, su convencimiento se forma inspirándose en los principios científicos, lo que indica un procedimiento a seguir que informan la crítica de la prueba y es a este respecto que el volumen cuarto del diccionario jurídico temáticos de Derecho Procesal que dice: “sana crítica” en un instrumento destinado a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales; los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el Juzgador, atendiendo las reglas de la lógica y la experiencia; la valoración de las pruebas opuestas se harán confrontadas, a efecto de que por el enlace interior de las rendidas, las presunciones y los indicios, se llegue a una convicción, es decir que no se debe sobreponer puntos subjetivos de apreciación, sino que del análisis de las pruebas aportadas se debe formar su convencimiento, tal como lo establece el Artículo 739 del Código del Trabajo y que manda “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de las pruebas y por lo tanto formará libremente su conocimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesar observada por las partes, sin embargo cuando la ley exige determinada solemnidad ad-sustantiam actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento”. Segundo Motivo: INFRACCION LEGAL POR ERROR DE HECHO El fallo dictado por el Juzgado Segundo de Letras del Trabajo declarara con lugar la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones Laborales, Salarios dejados de Percibir, promovida por la Señora Milvia Marina Castro Medina de generales expresadas; contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) al condenar al Estado de Honduras a través de la misma Secretaría, representación que ostenta por el Señor Procurador General de la República el Señor Sergio Zavala Leiva a pagar a la trabajadora Milvia Marina Castro Medina a la cantidad de Treinta y Un Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Lempiras con veintitrés Centavos (Lps.31,364.23) por los siguientes conceptos: Preaviso Lps.9,319.80, proporcional 2,368.78, aguinaldo proporcional 1,275.48, décimo cuarto mes proporcional 3,272,78, reajuste de vacaciones (7 días) 1,147.89, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta la fecha que con sujeción a las normas procesales quede firme esta sentencia condenatoria. Cabe mencionar al respecto que dicha sentencia contiene decisiones que hace más gravosa la situación de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) en el sentido de haberse condenado al Estado al Pago de los Salarios Dejados de Percibir hasta que la fecha a que con sujeción de las costas procesales quede firme la sentencia, es imperiosa la necesidad de hacer se su conocimiento Honorables Magistrados que la condena antes referida se deriva de la apreciación errónea de las pruebas presentadas y evacuadas en el juicio o cuando el Juzgado no consideró los hechos provocados por parte del demandado y si bien es cierto ambas partes hicieron uso de algunos medios probatorios en común, el Juzgador solo ve lo que beneficia al demandante y no lo que contrapone a ello en forma fehaciente como es el caso de los Medios Probatorios que describe y que acredita que es contrario a lo manifestado por la demandante en el escrito de la demanda que dice: 1.- Que fue cancelada el 25 de abril del 2002, siendo lo correcto el 4 de abril del mismo año; 2.- Que en acta de conciliación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se le negó las prestaciones, siendo lo correcto aceptado y confirmado por el representante de SOPTRAVI que se pagaron las mismas una vez concluido los trámites administrativos; 3.- En cuanto a la solicitud de vacaciones que se le envió y luego se le canceló siendo la verdad que ella solicitó y le fueron aprobadas por la Jefatura de Personal, extremos que el Juez de Primera Instancia no tomó en consideración para dictar el fallo en contra del estado de Honduras; siendo estas las razones por la que se considera que la sentencia referida no ha sido dictada en forma justa y ajustada a Derecho”. RESULTA: Que en fecha veinticinco de marzo de dos mil tres, este Tribunal de Justicia dictó providencia mediante la cual tuvo por devuelto en tiempo la demanda de casación por parte de la Licenciada LIDA GUDELIA MANCIA, y por formulada en tiempo la demanda de casación; así mismo ordeno dar traslado de las presentes diligencia al opositor para que dentro del término de diez días contestará dicha demanda. RESULTA: Que en fecha veintiséis de septiembre de dos mil tres, se declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Licenciado FAUSTO EMILIO VIDEA, para que contestara la demanda de casación planteada y ordenó seguir con la tramitación normal del juicio. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en la demanda de mérito, se nombra Magistrada Ponente a la Abogada LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este tribunal se dictase lo que procediera en derecho. CONSIDERANDO: Que toda demanda de casación para que pueda ser atendible por la Corte y prosperar debe sujetarse en su formulación a la técnica y los requisitos propios de este recurso extraordinario. CONSIDERANDO: Que el recurrente al pretender formular la Declaración del Alcance en los términos siguientes: “ La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha 29 de noviembre del 2002, por violar directamente por aplicación indebida del Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo; sentencia que confirma la dictada por el Juez de Letras Segundo del Trabajo, que a su vez viola directamente los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo por interpretación errónea.- La impugnación se dirige además en sus considerandos No. 4 y No. 5 de la sentencia dictada…,”.- Es evidente que el planteamiento resulta incompleto, le falta claridad y precisión, y se aparta de la técnica exigida en este Recurso extraordinario, por las razones siguientes: Omite los requisitos que debe contener el petitum de la demanda, al no consignar la parte resolutiva del fallo impugnado; pedir su anulación, en forma parcial o total; e indicar en forma completa el contenido por el que debe ser reemplazado, al convertirse este Tribunal en sede de instancia; tal debió ser el planteamiento propio del alcance del recurso, ya que no le es lícito al Tribunal entrar a suplir oficiosamente las deficiencias señaladas. CONSIDERANDO: Que la defectuosa formulación de la Declaración del Alcance de la Impugnación en los términos indicados le impide entrar a conocer los motivos de casación invocados por el recurrente y que prospere el recurso. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 666 letra c), 769, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo en relación este último con el artículo 929 del Código de Procedimientos Civiles, FALLA: DECLARANDO NO HA LUGAR al Recurso de Casación de que se ha hecho mérito.- SIN COSTAS.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. SUYAPA THUMANN CONDE. COORDINADORA. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETH ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida a solicitud de la Licenciada LIDIA G. MANCIA en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil cuatro, certificación de sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil tres, recaída en el Recurso de Casación número 62-03.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL