Sentencia CL-572-02 — Registro 297
Resumen
El recurrente( empleado) dice que en segunda instancia se revoca la sentencia de primera instancia la cual habia declarado con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare ilegal e injustificado un despido y para que se de cumplimiento a lo establecido en el XI contrato colectivo de condiciones de Trabajo suscrito por el Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (SITRAPANI) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), alegando que que hubo una apreciaciòn errónea del medio de prueba y el cual no se encuentra debidamente justificada, porque sencillamente no se señaló causa o motivo de tal decisión.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que en la forma que el recurrente consigna el alcance de la impugnación le falta claridad y precisión, y se aparta de la técnica exigida en este Recurso Extraordinario, pues primero solicita CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA en la parte resolutiva anulándola TOTALMENTE y segundo, cuando formula el proyecto del fallo sustitutivo que pretende dicte este Tribunal una vez convertido en instancia, lo hace pidiendo “CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida” lo cual evidentemente constituye un defecto que le impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de Casación que invoca la recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho mérito, pues no le es lícito a la Corte suplir oficiosamente las deficiencias del planteamiento del recurso."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I O N
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiuno de noviembre del año dos mil tres. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación por infracción de ley formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha dieciséis de agosto del dos mil dos, por la Licenciada REINA MARGARITA RIVERA VEGA DE CUESTAS, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada legal del señor MARCO TULIO FLORES MENDOZA, mayor de edad, casado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, hondureño y de este domicilio; en relación a la demanda ordinaria laboral para que se declare ilegal e injustificado un despido y para que se de cumplimiento a lo establecido en el XI contrato colectivo de condiciones de Trabajo suscrito por el Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (SITRAPANI) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en su cláusula No. 20 y salarios dejados de percibir mas costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dos de octubre del dos mil uno, por la Abogada REINA MARGARITA RIVERA VEGA DE CUESTAS, actuando en su condición indicada, contra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), representado por la Directora Ejecutiva Licenciada EDNA ORBELINA NAVARRO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha cinco de marzo del dos mil dos, la cual reformó la sentencia definitiva proferida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial, de fecha veintiuno de enero del dos mil dos, de la siguiente manera: 1). revoca totalmente el numero 1 de la parte resolutiva del fallo que declara con lugar la demanda y condena a la demandante, en consecuencia: A) Declara sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el ciudadano Marco Tulio Flores Mendoza contra el Patronato Nacional de la Infancia y B) Absolver en el presente proceso de toda responsabilidad al Patronato Nacional de la Infancia 2). Confirma el numeral 2 de la parte resolutiva del fallo del A quo que declara con lugar la demanda por vía de reconvención promovida por el señor MARCO TULIO FLORES MENDOZA, contra el Patronato Nacional de la Infancia, en consecuencia condeno al señor MARCO TULIO FLORES MENDOZA a pagarle al Patronato Nacional de la Infancia la cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRES MIL LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS (Lps. 10,402.22), en concepto de pago de lo no debido que recibió el contra demandado. RESULTA: Que en fecha veinticinco de junio del dos mil dos, éste Tribunal de Justicia, dictó sentencia mediante la cual resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Licenciada ODESSA FIGUEROA GUILLEN, en su condición de apoderada legal de el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI), contra la sentencia que se ha relacionado anteriormente y dispuso dar traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formalizara su recurso. RESULTA: Que en fecha dieciséis de agosto del dos mil dos, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia, la Abogada REINA MARGARITA RIVERA VEGA DE CUESTAS, en su condición indicada, formalizando la demanda de casación de la siguiente manera: "... DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION: En el presente caso me propongo con el recurso, desquiciar la sentencia recurrida en FORMA PARCIAL en su parte resolutiva que REFORMA la de primera instancia, sentencia que dice: “POR TANTO: Esta CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, haciendo aplicación de los artículos: 129, 134, 303 y 304 de la Constitución de la República; 4, 5, 60, 664, 666 letra b), 672, 668, 669 párrafo último; 753, 754, 760 y 858 del Código del Trabajo; cláusula 41 No.3 del XI contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el PANI y el SITRAPANI; 184, 187 y 420 del Código de Procedimientos Civiles; 1, 11 y 137 de la Ley de Organizaciones Y Atribuciones de los Tribunales; Falla: I. REFORMA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Letras del trabajo de esta sección Judicial, a las tres con treinta minutos de la tarde del día lunes veintiuno de enero del dos mil dos, visible del folio 139 al 142 de la primera pieza del expediente, promovida por el ciudadano Marco Tulio Flores Mendoza CONTRA el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) , a través de su directora Ejecutiva señora Edna Orbelina Navarro Duarte; de esta manera: 1º. REVOCA totalmente el numero 1 de la parte resolutiva del fallo que declara con lugar la demanda y condena a la demandada en consecuencia: A) Declara sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el ciudadano Marco Tulio Flores Mendoza de generales expresadas contra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por medio de su representante a la fecha de incoarse la señora Edna Orbelina Navarro Duarte; B) ABSOLVER en el presente proceso de toda responsabilidad al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 2). CONFIRMA el numero 2 de la parte resolutiva del fallo.- sin costas en esta instancia. MANDA: que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados de esta Sentencia definitiva a los apoderados de las partes en litigio. Luego de que sea firme el fallo se remita al Juzgado de su procedencia el expediente con la certificación de estilo, para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado JESÚS ELOY MONTES CORTES.” EN PRIMER LUGAR SOLICITO: CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA en la parte resolutiva anteriormente transcrita, anulándola TOTALMENTE EN SEGUNDO LUGAR SOLICITO: Que casada esta, la Honorable Corte Suprema de Justicia , acto seguido y en sede de instancia la sustituya por la que en derecho corresponde declarando en la misma lo siguiente: “POR TANTO: La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 129, 303, 314 y 319 atribución 7ª. De la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1º. De la ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 25, 30, 60, 113, interpretado, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 740 numeral 3, 764 literal a), 765, 777, 778 del Código del Trabajo; FALLA: 1º.- CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida y en consecuencia declara CON LUGAR la demanda laboral de primera instancia promovida por el señor MARCO TULIO FLORES MENDOZA, de generales expresadas, contra el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) por medio de su Directora Ejecutiva y Representante legal señora EDNA ORBELINA NAVARRO DUARTE, también de generales expresadas en consecuencia CONDENA a dicha institución demandada a pagarle al demandante señor MARCO TULIO FLORES MENDOZA, la cantidad de DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 213,847.92), en concepto de daños y perjuicios correspondiente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de sus prestaciones laborales, en virtud de despido injustificado.- 2º. Declara SIN LUGAR la demanda que por vía de REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo esta comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: la Corte sentenciadora, al reformar el fallo dictado por el Juzgado de Primera instancia, revocando el numeral primero de dicha sentencia, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios probatorios documentales 50, 51, 56, 57 y 58 de la primera pieza, los cuales singularizó de la siguiente manera: a) Acuerdo D. E. PANI 0041-2001, visible a folio 50 del expediente de primera instancia, donde consta la cancelación o separación injustificada del señor MARCO TULIO FLORES MENDOZA; b) Oficio G.R.H. # 211-2001 de fecha 29 de junio del 2001, el cual obra a folio 51 de la primera pieza, en el cual se le notifica al demandante la determinación de separarlo de su trabajo; c) Acta de cancelación de Prestaciones Laborales de fecha 10 de julio del 2001, y que aparece a folio 56 de la primera pieza, donde si bien consta que se le hizo al demandante el pago de tales conceptos, el mismo las recibió de forma incompleta y bajo protesta y d) certificación del Acta de Investigación de fecha 10 de julio del 2001, de la Inspector de Trabajo MIRIAN ROSARIO AVILA, visible a folios 57 y 58, donde consta el reclamo formulado por el señor FLORES MENDOZA por el pago incompleto de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, conforme lo establecido el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo ante su patrono. Los medios de prueba singularizados. Son auténticos, en consecuencia de haberlos apreciado correctamente el tribunal recurrido, hubiera dado por establecido en forma indubitable, que: la terminación del contrato de trabajo que vincula al señor MARCO TULIO FLORES MENDOZA con el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI), no se encuentra debidamente justificada, porque sencillamente no se señaló causa o motivo de tal decisión. El fallo recurrido, estima y aprecia erróneamente que no ha ocurrido se ha calificado ningún despido injustificado, y que el demandado recibió y le fueron pagadas las prestaciones laborales correspondientes, siendo ello una muestra de aceptación de su parte la terminación de la relación laboral que le unía con el patrono, lo cual evidentemente configura un craso error en la apreciación del material probatorio singularizado precedentemente, ya que de haberlo realizado de forma correcta, hubiese concluido que dicha cancelación o despido fue injustificada, porque ello mismo se le pago una parte de sus prestaciones laborales, razón por la cual se instó la presente acción, reclamando los conceptos no cancelados y derivados de los beneficios adicionales de la contratación colectiva vigente en dicha institución demandada, donde en la cláusula 20 parte introductoria y literal b) del Contrato Colectivo celebrado entre el PANY Y EL SITRAPANI se establece el derecho a favor del trabajador despedido injustificadamente por dicha institución al pago de un TREINTA POR CIENTO de las prestaciones e indemnizaciones legales, a título de daños y perjuicios, el cual no le fue reconocido y pagado al demandante, pese a haber ocurrido el supuesto señalado en tal disposición, el cual no le fue reconocido y pagado al demandante, pese a haber ocurrido el despido injustificado del trabajador demandante, nombrado por acuerdo en el PANI y que por ello se ejercitó la acción de mérito. Si bien es cierto el juez estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, sin embargo, si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en su tiempo. Tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procésales que debió haber observado la corte recurrida en la apreciación correcta de los medios de prueba que he singularizado y que tal falta, le hizo incurrir en error de hecho por su apreciación errónea. SEGUNDO MOTIVO: interpretación errónea del artículo 113 párrafo primero interpretado del Código del Trabajo, en relación con el artículo 60 del mismo Código y cláusula No. 20 del Contrato Colectivo celebrado entre el sindicato de trabajadores del PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA y dicha institución. PRECEPTO AUTORIZANTE: Se encuentra comprendido en el numeral primero párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Si bien es cierto, la corte recurrida no cita expresamente entre los fundamentos de la parte dispositiva del fallo impugnado, el artículo 113 del Código del Trabajo, primer párrafo, sin embargo, si lo hace en la motivación del mismo, interpretándolo de forma errónea cuando sostiene que: “que la ley del trabajo de manera clara y precisa establece que cuando el despido “injustificado” suerte efecto y firme que sea la sentencia condenatoria el trabajador tendrá derecho a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir”, limitándolo a la situación de que los Tribunales del trabajo deban calificar dicho despido mediante sentencia condenatoria, cuando dicha disposición si bien es cierto, otorga el derecho al trabajador para emplazar a su patrono ante los tribunales del trabajo y antes de que transcurra el término de prescripción, efecto de que le prueba la causa o motivo en que se fundó el despido, también lo es que lo injustificado de dicha determinación no requiere de tal emplazamiento, si el patrono acepta lo injustificado de tal decisión, ofreciéndole el pago de las prestaciones e indemnizaciones legales, como es el caso de autos, en donde se le han cancelado al trabajador demandante, pero, de forma incompleta, los valores correspondientes por preaviso, auxilio de cesantía, etc. Quedando sin hacerlo y objeto de reclamo el derecho que a título de daños y perjuicios reconoce la cláusula No. 20 parte introductoria literal b) del contrato colectivo vigente en la institución demandada.- la interpretación correcta de tal disposición, el artículo 113 párrafo primero interpretado del Código del Trabajo, es que la misma concede el derecho a emplazar al patrono a que se le pruebe en juicio la causa del despido, lo cual no limita que el mismo patrono reconozca lo injustificado de tal determinación y que por ello se genera el derecho alterativo del trabajador de reclamar el pago de prestaciones o el reintegro a su trabajo”. RESULTA: Que en fecha veintiuno de julio del dos mil tres, éste Tribunal de Justicia declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el Licenciado JUAN RAMON LAINEZ, para contestar la demanda de casación planteada. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en la demanda de mérito, se nombra Magistrado Ponente, a la Abogada LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este tribunal se dictase lo que procediera en derecho. CONSIDERANDO: Que toda demanda de Casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte y prosperar. CONSIDERANDO: Que la Recurrente, Abogada REINA MARGARITA RIVERA DE CUESTAS, actuando en su condición de apoderada del demandante MARCO TULIO FLORES MENDOZA, en la demanda de Casación, al pretender formular la declaración del alcance de la impugnación, que es el petitum de la demanda lo hace en los siguientes términos: “EN PRIMER LUGAR SOLICITO: CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA en la parte resolutiva anteriormente transcrita, anulándola TOTALMENTE. EN SEGUNDO LUGAR: Que casada ésta, la Honorable Corte Suprema de Justicia, acto seguido y en sede de instancia la sustituya por la que en derecho corresponde declarando en la misma lo siguiente: “POR TANTO: La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 129, 303, 314 y 319 atribución 7a. de la Constitución de la República: 1 y 80 numeral 1o. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales: 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 25, 30, 60, 113 interpretado, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 740 numeral 3, 764 literal a), 765, 777, 778 del Código del Trabajo; FALLA: 1o. CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida y en consecuencia declara CON LUGAR la demanda laboral de primera instancia promovida por el señor MARCO TULIO FLORES MENDOZA, de generales expresadas, contra el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) por medio de su Directora Ejecutiva y representante legal señora EDNA ORBELINA NAVARRO DUARTE, también de generales expresadas, en consecuencia CONDENA a dicha institución demandada a pagarla al demandante señor MARCO TULIO FLORES MENDOZA, la cantidad de DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 213,847.92) en concepto de daños y perjuicios correspondiente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de sus prestaciones laborales, en virtud de despido injustificado. 2o. Declara SIN LUGAR la demanda que por vía de reconvención promoviera el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA contra el señor MARCO TULIO FLORES MENDOZA, para el pago de lo no debido, por ende absuelve a éste de toda responsabilidad económica por dicho concepto. 3. CON COSTAS.” CONSIDERANDO: Que en la forma que el recurrente consigna el alcance de la impugnación le falta claridad y precisión, y se aparta de la técnica exigida en este Recurso Extraordinario, pues primero solicita CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA en la parte resolutiva anulándola TOTALMENTE y segundo, cuando formula el proyecto del fallo sustitutivo que pretende dicte este Tribunal una vez convertido en instancia, lo hace pidiendo “CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida” lo cual evidentemente constituye un defecto que le impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de Casación que invoca la recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se ha hecho mérito, pues no le es lícito a la Corte suplir oficiosamente las deficiencias del planteamiento del recurso. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 666 letra c, 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo, FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SUYAPA THUMANN CONDE. COORDINADORA. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida a solicitud de la Abogada REINA MARGARITA RIVERA DE CUESTAS, en su condición de apoderada legal del señor MARCO TULIO FLORES MENDOZA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de enero del dos mil cuatro. Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de noviembre del dos mil tres, recaída en el Recurso de Casación Laboral por Infracción de Ley registrado bajo el No. 572=02.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL