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Sentencia CL-502-02 — Registro 147

Resumen

Trabajadora interpone demanda laboral para el pago de indemnización por incapacidad parcial permanente con motivo de una enfermedad profesional, que fue declarada sin lugar en primera instancia y confirmada en segunda instancia Recurso de Casación, invocando, que cuando en segunda instancia se confirmó la sentencia dictada en primera instancia, e interponiendo le recurso de merito contra la sentencia impugnada e invocando violación de ley sustantiva por infracción directa por falta de aplicación e interpretación errónea

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en la forma en que formula la declaración del alcance de la impugnación, le falta claridad y precisión; ya que no indica que persigue con el recurso, es decir si la anulación parcial o total del fallo recurrido. Si bien formula el proyecto de la parte resolutiva del fallo sustitutivo omite los artículos en los que el Tribunal debe fundamentar el fallo; que por los defectos expresados es motivo para que el recurso no prospere, en consecuencia impide a la Corte por el rigor característico de este recurso extraordinario entrar a conocer los motivos que invoca el recurrente"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sala Laboral-Contencioso Administrativo.- Tegucigalpa, M.D.C., catorce de mayo del dos mil tres. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintiséis de junio del dos mil dos, por el Licenciado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, mayor de edad, soltero, hondureño y de éste domicilio, en su condición de apoderado de la señora GLORIA MARIA GALINDO URBINA, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de indemnización por incapacidad parcial permanente con motivo de una enfermedad profesional, promovida por la señora GLORIA MARIA GALINDO URBINA, de generales ya expresadas, contra EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, a través de su Presidente, señora VICTORIA ASFURA DE DÍAZ, mayor de edad, casada y de éste domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha dieciocho de febrero del dos mil dos, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de ésta Sección Judicial, que CONFIRMO la sentencia de fecha cuatro de enero del dos mil dos, dictada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de este departamento, la cual declaró Sin Lugar la demanda de mérito, en consecuencia ABSOLVIÓ a la parte demandada de lo solicitado en la demanda. RESULTA: Que en fecha veinticinco de marzo del dos mil dos, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de mérito y dispuso que se siguiera adelante con la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente para que en el término de veinte días formulara su demanda de casación, haciéndolo el Licenciado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en su condición indicada, en fecha veintiséis de junio del dos mil dos, de la siguiente manera: “ EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Ser la sentencia recurrida violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción directa del artículo 401 párrafo primero del Código del Trabajo en relación con el párrafo segundo del mismo artículo y con el artículo 426 del Código del Trabajo al haber aplicado una norma a un hecho inexistente o no demostrado en el juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: El artículo 401 del Código del Trabajo en su párrafo primero establece: Artículo 401. Todos los patronos están obligados a pagar las prestaciones establecidas en este título, salvo las excepciones que en el mismo se consagran. En el caso de autos, la señora GLORIA MARIA GALINDO URBINA, sufrió una enfermedad profesional consistente SINDROME DEL TUNEL CARPAL BILATERAL siendo declarada su incapacidad parcial permanente, estableciéndole una indemnización equivalente al 60% de la valuación de incapacidad realizada por la Comisión de Invalidez del IHSS y la Dirección Regional de Asistencia Social de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. El Código del Trabajo claramente establece que los trabajadores que sufren un riesgo profesional tienen derecho a que su patrono les haga efectiva una indemnización que determina el artículo 426 del Código de Trabajo. La Corte acusada infringió en forma directa el artículo 401 párrafo primero del Código del Trabajo, en relación con el párrafo segundo del mismo artículo, al aplicar una norma a un hecho inexistente o no probado en juicio. La sentencia recurrida señala que el Código del Trabajo establece que las prestaciones por riesgos profesionales dejan de estar a cargo del patrono cuando el riesgo de ellas ha sido asumido por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, lo que se originó cuando la trabajadora demandante no quiso acogerse al Plan de Pensión establecido en el Reglamento del Plan de Asistencia Social del Banco Central de Honduras, siendo esta la base por la cual declaró sin lugar la demanda y absolvió del pago de indemnización por incapacidad parcial permanente al Banco Central de Honduras. Con esto, la Corte sentenciadora aduce que, debido a que la demandante no se acogió a un Plan de Pensión del Banco Central de Honduras, el Instituto Hondureño de Seguridad Social asumió el riesgo que origina la obligación de pago de una indemnización por incapacidad parcial permanente sufrida por la trabajadora demandante, pero esta acción de la trabajadores no puede significar una obligación de parte del IHSS. En efecto, el Instituto Hondureño de Seguridad Social NO HA ASUMIDO EL RIESGO QUE ORIGINA LA OBLIGACIÓN DE PAGAR UNA INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE; es decir, no ha sido demostrado en juicio que el IHSS asumió el riesgo mencionado, como lo afirma la Corte recurrida, por lo que se trata de un hecho inexistente que no fue objeto del debate. Cuando la Corte sentenciadora confirmó la sentencia que declaró sin lugar la demanda y absolvió de responsabilidad al banco Central de Honduras, fundada en un hecho inexistente o no demostrado en juicio, infringió la ley de forma directa, por lo que procede que se case la sentencia por este motivo. SEGUNDO MOTIVO: Ser la sentencia recurrida violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por interpretación errónea del artículo 401 párrafo primero del Código del Trabajo en relación con el párrafo segundo del mismo artículo y con los artículos 3 y 426 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: El artículo 401 del Código del Trabajo en su párrafo primero establece: ARTÍCULO 401.- TODOS LOS PATRONOS ESTAN OBLIGADOS A PAGAR LAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE TITULO, SALVO LAS EXCEPCIONES QUE EN EL MISMO SE CONSAGRAN. La señora GLORIA MARIA GALINDO URBINA a consecuencia de su trabajo en el Banco Central de Honduras, sufrió una enfermedad profesional consistente SINDROME DEL TUNEL CARPAL BILATERAL, siendo declarada su incapacidad parcial permanente con una indemnización equivalente al 60% de la valuación de incapacidad realizada por la Comisión de Invalidez del IHSS y la Dirección Regional de Asistencia Social de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. El Código del Trabajo claramente establece que los trabajadores que sufren un riesgo profesional tienen derecho a que su patrono les haga efectiva una indemnización que determina el artículo 426 del Código del Trabajo. La Corte acusada interpreta erróneamente el artículo 401 párrafo primero del Código del Trabajo, en relación con el párrafo segundo del mismo artículo, al establecer que de conformidad con lo expuesto en el Código del Trabajo, las prestaciones por riesgos profesionales dejan de estar a cargo del patrono cuando el riesgo de ellas ha sido asumido por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, agregando que esta situación se origina cuando la trabajadora no quiso acogerse al Plan de Pensión establecido en el Reglamento del Plan de Asistencia Social del banco Central de Honduras. La Corte recurrida interpreta erróneamente la ley, puesto que el párrafo segundo del artículo 401 del Código del Trabajo lo que establece es que dichas prestaciones dejarán de estar a cargo del patrono cuando sean asumidas por el IHSS, pero no significa que dichas prestaciones efectivamente han sido asumidas por el IHSS. Al contrario, el IHSS nunca ha asumido el pago de la indemnización por incapacidad parcial permanente que establece el artículo 426 del Código del Trabajo. En consecuencia, la interpretación de la ley que realiza la Corte sentenciadora es errónea al establecer que el IHSS asumió una obligación que nunca ha asumido. De igual forma, el hecho de que la trabajadora demandante no quiso acogerse al plan de pensión establecido en el Plan de Asistencia Social del banco Central de Honduras, no puede interpretarse como una renuncia al derecho establecido en la ley a ser indemnizado por el patrono en caso de enfermedad profesional que produzca una incapacidad parcial permanente. Puesto que el derecho a las indemnizaciones establecida en el artículo 426 del Código del Trabajo es irrenunciable y NO ES UN DERECHO ALTERNATIVO O UNA PRESTACION QUE SUSTITUYA A LA PENSION A LA QUE LA TRABAJADORA NO QUISO ACOGERSE, puesto que no existe ninguna norma que así lo indique. La correcta interpretación de la norma violada debió ser que el artículo 401 en su párrafo primero establece que el patrono está obligado al pago de una indemnización por la ocurrencia del riesgo profesional, y al estar acreditado la existencia del riesgo se debió condenar al Banco Central de Honduras al pago de las indemnizaciones que el artículo 426 del Código del Trabajo establece; por lo que procede se case la sentencia por este motivo. NULIDAD SUBSIDIARIA: El artículo 105 de la Ley del Seguro Social establece que: “Art. 105.- El Instituto será parte de todos los asuntos que se promuevan ante los Tribunales y en los cuales tanto el instituto como lo asegurados en su relación con él, estén interesados”. En el presente juicio la señora GLORIA MARIA GALINDO URBINA promovió demanda contra el Banco Central de Honduras para el pago de una indemnización causada por una enfermedad profesional que le ocasionó una incapacidad parcial permanente; es decir, que se trata de un asunto en la que tanto el Instituto Hondureño de Seguridad Social como un asegurado de este, en su relación con él, están interesados. Interés que resulta evidente, pues tanto el Juzgado de Letras como la Corte de Apelaciones en sendas sentencias establecen una responsabilidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social a favor de la trabajadora demandante, al establecer que la responsabilidad de la indemnización por la Incapacidad Parcial permanente que la trabajadora demandante reclama no le corresponde pagarla al patrono demandado, sino que al Instituto Hondureño de Seguridad Social. No obstante lo anterior, en el juicio no ha sido parte el Instituto Hondureño de Seguridad Social como lo ordena el artículo citado de la Ley del Seguro Social, razón suficiente para declara la existencia de una nulidad absoluta de actuaciones”. RESULTA: Que en providencia de fecha veintisiete de junio del dos mil dos, éste Tribunal de Justicia tuvo por formulado en tiempo la demanda de casación por parte del recurrente y dio traslado de los autos al opositor para que en el término de diez días contestara dicha demanda, haciéndolo el Licenciado JOSÉ ROBERTO ALVARADO GALVEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de éste domicilio, en su condición de apoderado del Banco Central de Honduras, en fecha uno de agosto del dos mil dos, de la siguiente manera: “A LA EXPRESIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN: Los motivos de la demanda de casación deben desestimarse por las siguientes razones: AL PRIMER MOTIVO: El primer motivo de casación del impetrante debe desestimarse en vista de que conforme al artículo 1 de la Ley del Seguro Social (reformado según el decreto 80-2001 de fecha 1 de junio de 2001), el Instituto Hondureño de Seguridad Social, es UN SERVICIO PUBLICO QUE SE APLICARA CON CARÁCTER OBLIGATORIO.- Por tal razón el artículo 7 de la misma ley (reformado por igual decreto) obliga a todos los empleadores a inscribir en el Instituto Hondureño de Seguridad Social a todo empleado que ingrese a su servicio. Mediante el medio de prueba inspección judicial evacuado a folio 129 frente inciso g) de la primera pieza de autos, se constató que la señora GLORIA MARIA GALINDO URBINA cotizaba al Instituto Hondureño de Seguridad Social, en consecuencia dicha institución por virtud de ley esta obligada a prestar los servicios para los cuales fue creada, sin necesidad de esperar que emita una resolución asumiendo como pretende el recurrente el riesgo profesional. AL SEGUNDO MOTIVO: Este segundo motivo de casación que invoca el impetrante corre igual suerte de rechazo que su antecesora por los siguientes motivos: a) No es de la técnica de casación acusar primero a una sentencia de infringir directamente un determinado artículo por aplicarlo a un hecho inexistente para luego imputarle que lo ha interpretado erróneamente, como lo hace el casacionista en este segundo motivo y sobre las mismas normas que considera violadas directamente. B) Esta acreditado en autos mediante la inspección judicial que obra a folios 128 y 129 de la primera pieza de autos que la señora GLORIA GALINDO URBINA, cotizaba tanto para el Plan de Asistencia Social del Banco Central de Honduras como al Instituto Hondureño de Seguridad Social y que nunca solicitó a ésta última el beneficio de Pensión por Invalidez, lo que necesariamente implica que gozaba de dos derechos entre sí alternativos pero al no acogerse al que proporcionaba el Banco Central de Honduras y renunciar a su cargo dentro del mismo, le dejaba como único derecho la prestación que otorga el Instituto Hondureño de Seguridad Social. C) El recurrente tanto en este motivo como en el primero afirma que no ha sido probado en autos que el Instituto Hondureño de Seguridad Social haya asumido la obligación de pagarle a la señora Galindo Urbina su indemnización, pero la misma Ley del Seguro Social impone la obligatoriedad de sus servicios, los que en caso de accidente o enfermedad profesional están detallados en los artículos 42 reformado de la Ley de mérito, por lo que no es necesario que dicha institución se pronuncie sobre su obligación de asumir el riesgo cuando por ley es obligatorio. A LA NULIDAD SUBSIDIARIA: La nulidad que el recurrente pretende introducir debe ser rechazada por dos razones: a) En reiteradas ejecutorias se ha dejado establecido que para que proceda la nulidad interpuesta en el recurso de casación es necesaria que haya sido alegada en las instancias respectivas y sobre todo si la nulidad descansa en la infracción de una norma legal, dado que nadie por disposición del artículo 6 del Código Civil pueda alegar ignorancia de ley. B) El artículo 105 de la Ley del Seguro Social, que invoca el recurrente como infringido y como causa de la nulidad que propone, fue derogado mediante el decreto 80-2001 de fecha 1 de junio de 2001, es decir, 60 días antes de que la señora GLORIA GALINDO URBINA interpusiera su demanda, por lo que es improcedente la nulidad solicitada”. RESULTA: Que no habiéndose solicitado el señalamiento de audiencia, se nombró Magistrado Ponente a la Abogada TEODOLINDA PINEDA CARDONA, quien en su oportunidad informó tener elaborado el proyecto respectivo; ordenando éste Tribunal que se dictara la sentencia que procede en derecho. CONSIDERANDO: Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a la técnica y cumplir con los requisitos exigidos en este recurso extraordinario, para que pueda ser analizada por la parte prosperar. CONSIDERANDO: Que el recurrente al pretender formular el petitum de la demanda, como lo es la Declaración del Alcance de la Impugnación, luego de indicar la sentencia impugnada expresa; que en sede instancia se sustituya dictando el fallo en los términos siguientes: “FALLA: 1° DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA para el pago de indemnización por incapacidad parcial permanente con motivo de una enfermedad profesional promovida por la Señora GLORIA MARIA GALINDO URBINA contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, por medio de su Presidente Señora VICTORIA ASFURA DE DIAZ.- 2° Condena al BANCO CENTRAL DE HONDURAS, por medio de su Presidenta Señora VICTORIA ASFURA DE DIAZ a lo siguiente: 1.- PAGAR a la señora GLORIA MARIA GALINDO URBINA, la indemnización por incapacidad parcial permanente con motivo de una enfermedad profesional que asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps.196.058.88).- II.- CON COSTAS. CONSIDERANDO: Que en la forma en que formula la declaración del alcance de la impugnación, le falta claridad y precisión; ya que no indica que persigue con el recurso, es decir si la anulación parcial o total del fallo recurrido. Si bien formula el proyecto de la parte resolutiva del fallo sustitutivo omite los artículos en los que el Tribunal debe fundamentar el fallo; que por los defectos expresados es motivo para que el recurso no prospere, en consecuencia impide a la Corte por el rigor característico de este recurso extraordinario entrar a conocer los motivos que invoca el recurrente. POR TANTO: La Sala Laboral y de lo Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 303, 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República; 1° y 80 numeral 1° de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361, 362, 666 letra c), 765, 769, 777 del Código del Trabajo. FALLA: Declarando no ha lugar el recurso de casación en sus cuatro motivos de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los fines legales consiguientes.- SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. COORDINADORA POR LEY. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. RAMON OVIDIO NAVARRO DUARTE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio del dos mil tres. Certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil tres, recaída en el Recurso de Casación Laboral por Infracción de Ley registrado bajo el No. 502=02.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL