Sentencia CL-43-03 — Registro 188
Resumen
Los trabajadores interpusieron la demanda ordinaria laboral poara el pago de prestaciones el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia dictada en segunda instancia que confirmó la sentencia dictada en primera insyancia la que declaró con lugar la demanda de mérito.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"CONSIDERANDO: Que la declaración del alcance de la impugnación es un requisito importante de los señalados en el artículo 769 del Código del Trabajo; en virtud que le sirve de indicador al Tribunal Supremo para conocer el alcance de las pretenciones del recurrente, es por esto que en su formulación se deben llenar las formalidades exigidas por la técnica del Recurso de Casación, puesto que este requisito del libelo de Casación constituyen el petitum de la demanda extraordinaria como asi lo tiene declarado reiteradamente La Corte Suprema de Justicia. Es importante señalar que la formulación que hace el censor incurre en las siguientes irregularidades: a) Omite por completo señalar el contenido del fallo por el cual debe ser remplazada la sentencia que se impugna al constituirse este tribunal en sede de instancia; b) La manifestación no fue hecha con claridad y precisión. Tales irregularidades cometidas por el recurrente son motivos para que el recurso no prospere, en consecuencia impide que La Corte por el rigor característico de este recurso extraordinario, pueda entrar a conocer los motivos de Casación que invoca el recurrente."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sala Laboral-Contencioso Administrativo.- Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de julio de dos mil tres. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha seis de marzo del dos mil tres, por el Licenciado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de éste domicilio, en su condición de apoderado legal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS); en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones legales, cumplimiento del décimo contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Sindicato de Trabajadores (SITRAIHSS) y de los convenios de la O.I.T. y decreto del salario mínimo, promovida ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de éste departamento, por los señores FAUSTINO LOPEZ VASQUEZ, SANTOS CESAR AGUILAR AGUILAR, Y FRANCISCO DIAZ PADILLA, todos mayores de edad, casados, vigilantes y de éste domicilio, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, por intermedio del Director Ejecutivo señor RICHARD JOSE ZABLA, mayor de edad, casado, Médico, hondureño y de éste domicilio. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintinueve de noviembre del dos mil dos, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de ésta Sección Judicial, que CONFIRMO la sentencia de fecha once de octubre del dos mil dos, dictada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de éste departamento, la cual declaro CON LUGAR la demanda de mérito, en consecuencia CONDENO al Instituto Hondureño de Seguridad Social a pagar al señor FAUSTINO LOPEZ VASQUEZ la cantidad de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps. 41,275.45), al señor SANTOS CESAR AGUILAR AGUILAR la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (Lps.92,668.50) y al señor FRANCISCO DIAZ PADILLA la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (Lps.36,336.60), en concepto de pago del complemento de sus prestaciones laborales, sin costas en ambas instancias. RESULTA: Que en fecha trece de enero del dos mil tres, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Licenciado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, en su condición indicada, y dispuso que se llevara adelante con la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente para que en el término de veinte días procediera a formular su demanda de casación, haciéndolo el Licenciado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, en fecha seis de marzo del dos mil tres, de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: El único motivo de casación en el presente recurso es el que esta contemplado en el artículo 765 numeral primero del Código del Trabajo, ser la sentencia recurrida violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa que proviene de aplicación indebida de una cláusula del décimo contrato colectivo que da a los demandantes un derecho que no les corresponde por las razones siguientes: 1.- El objeto del litigio es la aplicación de la cláusula 22 del Décimo Contrato Colectivo a la manera que pretenden los demandantes a lo que nos hemos opuesto basándonos en que a los demandantes se les canceló sus prestaciones sociales, tal como lo manda la ley específicamente el artículo 120 reformado mediante Decreto 247-89 del 15 de diciembre de 1989 en su literal b), lo que se acreditó plenamente. 2.- La cláusula 22 del Décimo Contrato Colectivo no tienen por objeto y es nuestro propio análisis el de pagar a los trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social que tienen una antigüedad de más de quince (15) años, un mes por cada año de servicio, sino que el objeto de la cláusula en referencia era el de proteger a todos aquellos empleados que por alguna causa ascendían a un cargo de confianza y luego eran despedidos, ya que como se sabe anteriormente un empleado de confianza era despedido y no se le cancelaban sus prestaciones, lo que era injusto, producto de esta injusticia surge la cláusula 22 y se acreditó que dicha cláusula ha estado en por lo menos seis contratos colectivos. 3.- En todo caso si se aplicara la cláusula como pretenden los demandantes, en la misma deben cumplirse ciertos requisitos, como ser: Que el empleado sea ascendido a un cargo de confianza, requisito este por ejemplo que no se cumple en ninguno de los demandantes, ya que ninguno de ellos ocupaba un cargo de confianza, sino que ocupaban cargos de motoristas y vigilantes, por lo que en el presente caso no procede tampoco la demanda. 4.- La norma sustantiva violada de orden nacional la constituye el artículo 120 reformado mediante decreto legislativo 247-89 del 15 de diciembre de 1989 en su literal b), en virtud que mediante la sentencia objeto de este recurso se está autorizando un pago mayor al que establece el artículo que se menciona como la norma violada, lo que trae como consecuencia una enorme erogación para la Institución que represento y que está atravesando, como otras instituciones una crítica situación económica.- Por lo que creemos que la Cláusula 22 del Décimo Contrato Colectivo está mal aplicada, no es el que se le presente aplicar, porque ese no es el espíritu de quienes la crearon. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: La violación consiste en el hecho de atribuir a la cláusula 22 del décimo contrato colectivo que el mismo establece un mes de salario por cada año de servicio, para todos aquellos con una antigüedad de más de quince (15) años, lo que la cláusula no lo establece, y además contraviene lo establecido en el artículo 120 reformado mediante decreto 247-89 de fecha 15 de diciembre del 1989 en su párrafo segundo, el cual estipula que se pagará en concepto auxilio de cesantía un mes de salario por cada año de trabajo, pero en ningún caso dicho auxilio de cesantía podrá exceder de quince (15) meses, pero este artículo reformado, ha sido desplazado por aplicación indebida que pretende dársele a la cláusula 22 del contrato colectivo por una mala interpretación a la misma, además Honorables Magistrados, para aplicar la cláusula como se pretende en el presente caso, no se observaron los requisitos que la misma cláusula establece entre los más importantes está que el empleado que demanda por esta cláusula, deberá acreditar que ocupa un cargo de confianza o que fue ascendido a ese cargo, lo que no ocurrió en el presente caso; además la misma cláusula estipula que sea despedido sin justa causa.- la cláusula 22 objeto de esta demanda establece, primero como título ASCENSOS A CARGOS DE CONFIANZA.- CLAUSULA 22.- El trabajador que haya sido o fuere ascendido a un cargo de confianza y que posteriormente sea despedido sin causa justificada, conservan el derecho al pago de las prestaciones laborales, por todo el tiempo trabajador..- Igual tratamiento se dará a los empleados permanentes.- A la simple lectura de la cláusula, se puede establecer que no es aplicable a los demandantes, pues estos no están reclamando el pago de prestaciones, sino un supuesto complemento, que tampoco procede pues los demandantes no llenan los requisitos que la cláusula establece.- Al aplicarse esta cláusula, se está creando clases privilegiadas, lo que violenta el orden constitucional en el sentido que en Honduras no existe clases privilegiadas, además se deja de observar y se violenta lo que establece el artículo 120 literal d) del Código de Trabajo, reformado mediante decreto 247-89 del 15 de diciembre de 1989, además de mal aplicarse la cláusula en referencia al caso concreto, por lo que consideramos que la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha 29 de noviembre del 2002, que confirma la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo, en la que se condena a mi representada, es objeto de casación fundada en los artículos 765 No. 1 en relación con el artículo 120 literal d) del Código de Trabajo reformado mediante decreto No. 247-89 del 15 de diciembre de 1989”. RESULTA: Que en providencia de fecha seis de marzo del dos mil tres, éste Tribunal de Justicia tuvo por formalizado en tiempo la demanda de casación por parte del recurrente y dio traslado de los autos al opositor para que en el término de diez días contestara dicha demanda, haciéndolo el Abogado JOSE RENIERY GUILLÉN RODRÍGUEZ, en su condición de apoderado legal de los señores FAUSTINO LOPEZ VASQUEZ, SANTOS CESAR AGUILAR AGUILAR Y FRANCISCO DIAZ PADILLA, en fecha cuatro de abril del dos mil tres, de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO UNICO: El recurrente nuevamente termina cometiendo errores taxativamente contra el recurso de casación, en primer lugar no señala el precepto autorizante lo que hace totalmente impreviso el recurso de casación. Al referirse de la aplicación indebida, esta tiene lugar en tres momentos: 1) Cuando entendida rectamente una norma en sí misma y sin que medien errores de hecho o de derecho, se hace aplicación de la regla jurídica a un hecho probado, pero no regulado por ella o cuando se aplica dicha regla a ese hecho probado en forma de llegar a consecuencias jurídicas contrarias a las queridas por la ley.- 2) Cuando se da como probado un hecho alegado como básico que manifiestamente no ha ocurrido o viceversa, y sobre esa base se aplica la respectiva disposición legal, desde luego de una manera indebida, a un hecho inexistente o se deja de aplicar a un hecho existente, y 3) Cuando la indebida aplicación proviene de que a una prueba se le ha dado un mérito distinto del que expresamente le atribuye la ley o se le ha dado el mismo que ella ha fijado, pero fuera de las condiciones o sin los requisitos que la ley exige que se le estime. Al analizar la expresión de los motivos de casación, el recurrente no hace explicación del motivo, sino a una exposición de alegaciones que se dieron en la segunda instancia, lo cual no marca la configuración jurídica de la aplicación indebida de una cláusula, nótese Honorables Magistrados que el señalamiento anterior no explica si es prueba documental o prueba de inspección o de otra naturaleza, imprecisiones que rompen el record de errores en el presente recurso. Al señalar la explicación de la violación, el recurrente no enlaza en el cual de las tres situaciones planteadas como aplicación indebida se encuentra el cargo formulado, visto desde este punto no es posible el análisis de fondo de este recurso. Por las razones antes expuestas se declare SIN LUGAR dicho recurso y condenar en costas al recurrente”. RESULTA: Que no habiendo solicitado el señalamiento de audiencia, se nombró Magistrada Ponente a la Abogada TEODOLINDA PINEDA CARDONA, quien en su oportunidad informó tener elaborado el proyecto respectivo; ordenando éste Tribunal que se dictara la sentencia que procede en derecho. CONSIDERANDO: que toda demanda de casación debe ajustarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere. CONSIDERANDO: que el recurrente en la demanda de casación, al formular la declaración del alcance de la impugnación, que es el petitum de la demanda lo hace en los siguientes términos: “ El presente recurso extraordinario de casación tiene por objeto impugnar totalmente la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de noviembre del dos mil dos, y en la cual dicho Tribunal ratifica la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo en fecha 11 de octubre del año dos mil dos, que declara con lugar la demanda promovida por los señores FAUSTINO LOPEZ VASQUEZ, SANTOS CESAR AGUILAR Y FRANCISCO DIAZ PADILLA, en consecuencia condena al Instituto Hondureño de Seguridad social, al pago de CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (LPS. 170.246.55) en forma proporcional para cada demandante por los reclamos planteados en la demanda y con tal impugnación se persigue lo siguiente: 1. En primer lugar se impugna totalmente la sentencia definitiva de fecha 29 de noviembre del año dos mil dos, dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la cual falla: confirmando la sentencia definitiva pronunciada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo en fecha 11 de octubre del año dos mil dos que corre agregada a folios 73 y 74 del expediente de primera pieza y que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo conoció en recurso de apelación.- 2. En segundo lugar persigo que casada la sentencia se constituya la Honorable Corte Suprema de Justicia en Tribunal de Instancia Superior y dicte la correspondiente sentencia en su reemplazo en la cual se declare SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones legales, cumplimento del Décimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, presentado por los señores FAUSTINO LOPEZ VASQUEZ, SANTOS CESAR AGUILAR, FRANCISCO DIAZ PADILLA dictada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo y ratificada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo”. CONSIDERANDO: Que la declaración del alcance de la impugnación es un requisito importante de los señalados en el artículo 769 del Código del Trabajo; en virtud que le sirve de indicador al Tribunal Supremo para conocer el alcance de las pretenciones del recurrente, es por esto que en su formulación se deben llenar las formalidades exigidas por la técnica del Recurso de Casación, puesto que este requisito del libelo de casación constituyen el petitum de la demanda extraordinaria como asi lo tiene declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia. Es importante señalar que la formulación que hace el censor incurre en las siguientes irregularidades: a) Omite por completo señalar el contenido del fallo por el cual debe ser remplazada la sentencia que se impugna al constituirse este tribunal en sede de instancia; b) La manifestación no fue hecha con claridad y precisión. Tales irregularidades cometidas por el recurrente son motivos para que el recurso no prospere, en consecuencia impide que la Corte por el rigor característico de este recurso extraordinario, pueda entrar a conocer los motivos de casación que invoca el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 1, y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 665, 666 letra c), 769, 775, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, FALLA: 1) Declarando no ha lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) Sin costas. MANDA: que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SUYAPA THUMANN CONDE. COORDINADORA. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de septiembre del dos mil tres. Certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio del dos mil tres, recaída en el Recurso de Casación Laboral por Infracción de Ley registrado bajo el No. 43=03. LUCILA CRUZ MENÉNDEZ. SECRETARIA GENERAL”.