Sentencia CL-3088-02 — Registro 1157
Resumen
El trabajador interpuso la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, injusto e ilegal, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, se reconozcan beneficios derivados de un contrato colectivo y costas del juicio. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia segunda instancia, la cual revocó la sentencia definitiva dictada en primera instancia, en consecuencia declaro sin lugar la demanda de mérito.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
" que en la forma en que el recurrente consigna el alcance de la impugnación lo hace en forma incompleta pues en el fallo sustitutivo el censor omitió proponer casar totalmente la sentencia y citar los fundamentos legales del mismo, y siendo esta una carga que al demandante en Casación le impone la ley, no es lícito al tribunal entrar a suplir oficiosamente las deficiencias en el planteamiento del recurso. La defectuosa formulación del petitum de la demanda impide a éste tribunal entrar a conocer los dos motivos que invoca el recurrente y a que prospere el recurso de que se ha hecho mérito."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sala Laboral-Contencioso Administrativo.- Tegucigalpa, M.D.C., doce de junio del dos mil tres. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha siete de marzo del dos mil tres, por el Licenciado KEVIN RAMON MURILLO NELSON, mayor de edad, casado y de éste domicilio, en su condición de apoderado legal del señor CARLOS ALBERTO ESPINOZA ZÚÑIGA, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y de éste domicilio; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, injusto e ilegal, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, se reconozcan beneficios derivados de un contrato colectivo y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, por el señor CARLOS ALBERTO ESPINOZA ZÚÑIGA, de generales ya expresadas, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), a través de su Directora Ejecutiva señora SAYDA IVETH BURGOS BENNETT DE GALVEZ, mayor de edad, casada, Licenciada en Psicología, hondureña y de éste domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha quince de noviembre del dos mil dos, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de ésta Sección Judicial, la cual REVOCO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de éste departamento, de fecha siete de octubre del dos mil dos, en consecuencia declaro SIN LUGAR la demanda de mérito y ABSOLVIÓ al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), de toda responsabilidad económica de su parte. RESULTA: Que en fecha seis de diciembre del dos mil dos, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Licenciado KEVIN RAMON MURILLO NELSON, en su condición de apoderado del señor CARLOS ALBERTO ESPINOZA ZÚÑIGA, y dispuso que se llevara adelante con la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente para que en el término de veinte días procediera a formular su demanda de casación, haciéndolo el Licenciado KEVIN RAMON MURILLO NELSON, en su condición ya expresada, en fecha siete de marzo del dos mil tres, de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional proveniente de la violación por infracción directa del artículo 46 literal a) en relación con los artículos 47 y 52 párrafo tercero del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora al revocar el fallo dictado por el Juez de primera instancia, violentó la ley aplicable al caso.- La ley se viola cuando el fallo realiza lo que prohíbe o dejándola de aplicar, no cumple lo que dispone. El literal a) del artículo 46 del Código de Trabajo, violado por la sentencia recurrida, expresa: “El contrato individual de trabajo puede ser: a) Por tiempo indefinido, cuando no especifica fecha para ser terminado”. Apreciamos que es obvio que la serie de Contratos Individuales de Trabajo que por tiempo determinado suscribieron, el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) como empleador por una parte, y mi representado señor CARLOS ALBERTO ESPINOZA ZÚÑIGA por la otra. De esta manera y de mero derecho, por tal circunstancia se ubicaron bajo el contenido del literal a) del artículo 46, en relación con lo dispuesto en el artículo 47 del Código de Trabajo, puesto que el trabajador desempeñó tal como consta en la primera y segunda pieza del proceso, labores que por su propia naturaleza son permanentes o continuas. En ese sentido las actividades o labores contratadas, se consideran celebradas por tiempo indefinido, aunque en los contratos se exprese el termino de duración. No se puede obviar que la relación de trabajo tantas veces relacionadas se estableció a partir del 22 de junio del año 1998, según contrato de Servicios Profesionales suscrito entre el empleador INFOP y el señor CARLOS ALBERTO ESPINOZA ZÚÑIGA, como trabajador, y que finalizó esa relación contractual después de varios contratos sucesivos, el 31 de diciembre del año 2001, según MEMORANDO D.RR.HH.738-2001, de fecha 31 de octubre del 2001 (ver folios 4, 102, 103, 104, 105, 106 y 109 vuelto de la primera pieza). En ese sentido la Corte de Apelaciones del Trabajo dejó de aplicar el literal a) del artículo 46 en relación con el artículo 47 del Código del Trabajo, y deliberadamente aplicó el literal b) de la citada norma legal, puesto que está demostrado hasta la saciedad que se trata de contratos celebrados por tiempo indefinido atendiendo a que las labores realizadas por su propia naturaleza se consideran permanentes. En ese sentido y en consideración a que los aportantes al INFOP, la obligación que los vincula a la institución es permanente en virtud de la ley de su creación, la recuperación de esos valores cuando han caído en mora, se vuelve una labor permanente. Para reforzar la evidente violación al contenido del literal a) del artículo 46 en relación con el artículo 47 del Código de Trabajo, transcribimos el último párrafo del artículo 52 del mismo instrumento legal, que literalmente dice: “Si antes de transcurrido un año se celebrara un nuevo contrato entre las mismas partes contratantes, y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido...” Esto indica que la Corte sentenciadora violentó flagrantemente en perjuicio de mi representado el literal a) del artículo 46 en relación con el artículo 47 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código de Trabajo; en tal virtud estimo que esa Honorable Corte Suprema de Justicia debe conforme a derecho casar la sentencia recurrida por este primer motivo, agregando al motivo la observación de que la Corte sentenciadora sin que la parte demandada haya enervado o instado en lo absoluto en el proceso, proposición siquiera de prueba inútil, haciéndole el todo el trabajo a la institución demandada. SEGUNDO MOTIVO: Acuso igualmente la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional, por violación directa por aplicación indebida del literal b) del artículo 46 en relación con el artículo 47 normas sustantivas en relación con el artículo 112 del Código de Trabajo. Concepto de la Violación: Definimos este concepto como el invocar para la decisión de pleito, concretamente, en la sentencia proferida por la Corte sentenciadora, de fecha 15 de noviembre del año 2002, normas jurídicas ajenas a la cuestión debatida; esto supone naturalmente, que la sentencia ha desfigurado la litis, caracterizándola en forma distinta, de la propia y verdadera relación del derecho que se discute. En autos se encuentra acreditado categóricamente que mi representado señor CARLOS ALBERTO ESPINOZA ZÚÑIGA, a raíz de los contratos de trabajo que suscribió con el INFOP, su empleador, dada la naturaleza de la labor que realizó que fue de índole permanente o continua, se consideraron en conclusión, como celebrados por tiempo indefinido, al tenor del artículo 47 párrafo primero del Código de Trabajo, aunque en el contrato se exprese que es por el tiempo determinado su duración. Es obvio que al vencimiento de esos contratos subsistió la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación del servicio o la ejecución de obras iguales o análogas, circunstancia por la cual el juez de primera instancia con fecha 07 de octubre del año dos mil dos emitió sentencia favorable a las pretensiones de mi representado, concediendo los derechos siguientes: A pagar a mi representado señor CARLOS ESPINOZA ZÚÑIGA, la cantidad de Lps. 100,117.81, por los siguientes conceptos: Preaviso, Lps.20,125.00, Auxilio de Cesantía, Lps.30,187.50, Auxilio de Cesantía Proporcional, Lps.5,310.76, Reajuste de Vacaciones Lps.3,804.39, Décimo Cuarto Mes proporcional, Lps.4,312.50, Horas extras adeudadas, Lps.3,077.66, cantidades dejadas de percibir por aumento según cláusula 92 del Contrato Colectivo, en dos años Lps.31,300.00, bonos anuales dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que con sujeción a las normas procesales la presente sentencia condenatoria quede firme. Al revocar la sentencia de A quo, la Corte sentenciadora aplicó indebidamente el literal b) del artículo 46 del Código de Trabajo, desfigurando la litis en perjuicio no solo de la ley sino de mi representado, violando contundentemente el literal a) de la misma disposición legal, como aplicable al caso que nos ocupa. Asimismo violentó el contenido absoluto del artículo 112 en sus literales de la a) a la 1) del Código de Trabajo, puesto que al tratarse de un contrato de trabajo ya constituido por tiempo indefinido, el empleador debió echar mano de las causas justas que lo facultarían para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, y no valerse de la aplicación indebida del literal b) del artículo 46 del Código de Trabajo. De manera que las explicaciones meramente subjetivas contenidas en los considerandos del 1 al 6 del fallo recurrido, y la parte resolutiva del mismo son violatorios del literal a) del artículo 46 en relación con los artículos 47 y 112 del Código de Trabajo, puesto que al estar acreditado que se trata de un contrato de trabajo por tiempo indefinido por la naturaleza de las labores desarrolladas, debió haberse probado en autos en la primera y segunda pieza, que el empleador INFOP, tuvo justas causas para dar por terminada la relación contractual de trabajo con mi representado. Me vio obligado a denunciar ante ese máximo Tribunal de Justicia que al tenor del artículo 1589 del Código Civil la potestad que tiene de anular de oficio la sentencia recurrida, puesto que se violentaron normas de orden público de las que se refiere el artículo 2, párrafo primero del Código de Trabajo, además de que en el Memorando D.RR.HH.738-2001 de fecha 31 de octubre del año 2001, mediante el cual se le comunicó a mi representado, la no reanudación del contrato de trabajo, es carente de los requisitos o formalidades que establecen los artículos 116 y 117 del Código de Trabajo, sin embargo las causas de nulidad no solo llegan hasta allí, sino que la sentencia recurrida en la parte resolutiva, Romanos II. Literal b) “Absuelve al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) a través de su representante legal en funciones, de toda responsabilidad económica de su parte”. Conculcándole a mi representado, hasta los derechos adquiridos de naturaleza irrenunciable los que no fueron objeto del debate, pero que si fueron reconocidos en la contestación de la demanda en el Acápite Cuantía de la demanda y ofrecidos en pago por el empleador oportunamente, se transcribe: “El INFOP, acepta pagar la cantidad de Lps.34,755.00, que corresponden a 189 días del Décimo cuarto mes, tres meses de cesantía y 189 días de cesantía proporcional, no se reconocen horas extras, porque nunca los trabajos ni fueron autorizados, en cuanto a las vacaciones las gozó”. En este último caso se violentó también una ley como es el Decreto 135-94, de fecha 12 de octubre de 1994, mediante el cual se estableció el Décimo Cuarto mes en concepto de compensación social. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, numeral 1° del Código de Trabajo. Por lo anteriormente expuesto considero que igualmente debe ser casada la presente sentencia por este segundo motivo de casación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1589 del Código Civil”. RESULTA: Que en providencia de fecha diez de marzo del dos mil tres, éste Tribunal de Justicia tuvo por formulada la demanda de casación por parte del recurrente y dio traslado de los autos al opositor para que en el término de diez días contestara dicha demanda, haciéndolo el Licenciado ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA, mayor de edad, casado, hondureño y de éste domicilio, en su condición de apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), en fecha nueve de abril del dos mil tres, de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Ser la sentencia recurrida violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional, proveniente de la violación por infracción directa del artículo 46 literal a) en relación con los artículos 47 y 52 párrafo tercero del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código del Trabajo; en tal virtud estimo que esa Honorable Corte Suprema de Justicia debe conforme a derecho casar la sentencia recurrida por este primer motivo, agregando al motivo la observación de que la Corte sentenciadora si que la parte demandada haya enervado o instado en lo absoluto en el proceso, proposición siquiera de prueba inútil, haciéndole el todo el trabajo a la institución demandada. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: El ordinal 1° del artículo 765 del Código del Trabajo, contiene tres maneras diferentes de infringir la ley que pueden ser por infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea y las que se incurre por la vía indirecta, a través de errores de hecho o de derecho en la estimación probatoria.- En ese orden de ideas, el precepto que autoriza el motivo que se ataca, es el párrafo primero del numeral 1° del artículo apuntado, como debió citarse correctamente, porque dejarlo e forma general, es incurrir en un grave defecto, que a la Corte no le está permitido subsanar, por lo que diré, que desde su inicio, el primer motivo, adolece de un defecto, que vuelve impreciso el recurso que se señala garrafal, cuando se lee una opinión, agregada en forma antiestética y técnica a la vez. Además, conviene aclarar, que la casación laboral, lo que ataca, es la parte dispositiva de la sentencia, planteando una confrontación del fallo y la norma que se considera infringida de donde se observa, que la infracción directa de la ley, ocurre siempre sin consideración a la apreciación probatoria por lo que es obvio, que el cargo, debe formularse con independencia de ese señalamiento, cosa que encontramos en la demanda que se contesta. No obstante lo anterior, encontramos que el cargo se dirige a demostrar la falta de aplicación del literal a) del artículo 46 del Código del Trabajo porque está probado en juicio, los sucesivos contratos temporales de trabajo, por lo que es preciso observar, que la violación de la norma argumentada en este motivo, se produce por error en la apreciación de la prueba y en consecuencia, la violación no puede ser directa, si no indirecta, por haber ocurrido a través de probanzas. Finalmente, la infracción directa de la Ley, según reiterada jurisprudencia, parte de la base de que la sentencia no aplique la norma que reguló el caso debatido; que aplique una distinta o que aplicándola correctamente, la haga producir efectos contrarios o no deduzca las consecuencias previstas. Ninguna de esas formas indica el recurrente haber ocurrido; por tal virtud, se puede asegurar, que el planteamiento del cargo, resulta defectuoso y por lo tanto, el motivo desestimable. SEGUNDO MOTIVO: Se acusa la sentencia recurrida por ser violatoria de la ley sustantiva nacional, por violación directa por aplicación indebida del literal b) del artículo 46 en relación con el artículo 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, numeral 1° del Código de Trabajo. Por lo anteriormente expuesto considero que igualmente debe ser casada la presente sentencia por este segundo motivo de casación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1589 del Código Civil. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: El criterio esgrimido para contestar el primer motivo, le es aplicable a este que se ataca, pues igual que el anterior, adolece del mismo defecto porque el recurrente, en forma genérica, cita como precepto autorizante, el numeral 1° del artículo 765 del Código del Trabajo, y se tiene establecido, que dicho ordinal contiene tres formas diferentes de infringir la ley. Por la razón apuntada, encontramos que el precepto que autoriza el motivo que reclama mi atención, es el párrafo primero del numeral 1° de la norma anteriormente apuntada, forma correcta que debió decirse ya que como lo tiene establecido este Tribunal, los defectos en el planteamiento de un recurso eminentemente técnico, no puede subsidiarse la Corte. No hay pero cosa, que enfrentarse a un recurso pésimamente planteado, como éste al que no se le encuentra pies ni cabeza, sin embargo, haciendo un esfuerzo para desentrañar el contenido del mismo, continuaré con la difícil labor de indicarle, que en términos generales, puede afirmarse, que esta modalidad de violación, consiste en que a un caso establecido en el proceso, sin que medien errores de hecho o de derecho, se le aplique una norma que no lo regula como por ejemplo, estando probado en autos que entre demandante y demandado se suscribieron contratos temporales de trabajo y para la decisión en el fallo, se le aplican disposiciones atinentes a los celebrados por tiempo indefinido, a esta situación fáctica indiscutible, no se le puede aplicar la norma que regula este último contrato, porque de hacerlo, implicaría su violación por aplicación indebida. No aparece en autos, que el demandante, haya reclamado del órgano jurisdiccional su intervención, demandando que los contratos celebrados por tiempo determinado, en sentencia definitiva, se declararan celebrado indefinidamente y de cuya consecuencia, se condenara a la demandada a las pretensiones contenidas en la demanda, forma apropiada de ejercitar su acción, pero es el caso, que ante el Juez de primera instancia, se acreditó fehacientemente, que la relación laboral interpartes, estaba regida por un contrato por tiempo determinado y ante tal evidencia, la norma aplicable para decidir el asunto, es el artículo 46 literal b), por ser la disposición que lo regula. Conviene decir, que la aplicación indebida de una norma, consiste en el error de juicio del juzgador, circunstancia muy humana que suele presentarse en su labor investigativa pero que es propicio aclarar, que no se da en el fallo objeto del recurso que se contesta porque el hecho que lo llevara a la certeza de que el fallo de primera instancia, no estaba dictada conforme a derecho y lo revocara, no implica que las normas en que se apoyara la Corte de Apelaciones del Trabajo para adoptar esa decisión, están aplicadas indebidamente. Agrego que la violación directa de la ley por aplicación indebida, solo puede acusarse en casación, cuando los hechos no se discuten ya que por la violación directa, se hiere a la ley misma, sin consideración alguna de la prueba como lo ha manifestado tantas veces la Corte y es cosa en la que hace hincapié el recurrente. Por otra parte vale decir, que si el supuesto jurídico por el que se recurre en casación, emana con sus consecuencias legales, de un complejo de normas y no de una sola, el cargo no estará bien planteado si no se formula mediante una proposición completa; esto es, que en la censura no solo deben indicarse como violadas las disposiciones que modifican o extinguen los derechos y como podrá apreciarse, el recurrente, cita el artículo 112 del Código del Trabajo que contiene doce literales y agrega disposiciones del Código Civil, que no indicó oportunamente al momento de formular el segundo motivo y además, por no explicar de que manera, ambas disposiciones están interrelacionadas y en consecuencia fueron violadas al momento de proferir el fallo la corte recurrida. Por último, incorpora del motivo de casación una nulidad de la sentencia y sobre tal punto se le aclara al recurrente, que esa modalidad de redactarlo, es inapropiada, es confusa, no es técnica, por lo que por las razones apuntadas y esta última que se señala, se concluye que falto de claridad y precisión también desestimable”. RESULTA: Que no habiendo solicitado el señalamiento de audiencia, se nombró Ponente a la Magistrada SUYAPA THUMANN CONDE, quien en su oportunidad informó tener elaborado el proyecto respectivo; ordenando éste Tribunal que se dictara la sentencia que procede en derecho. CONSIDERANDO: que toda demanda de casación debe desarrollarse observando los requisitos de ley propios de este recurso extraordinario para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte Suprema de Justicia, ya que siendo dicho recurso expresamente formalista debe ajustarse a una técnica rigurosa para ser analizado y prospere. CONSIDERANDO: que el recurrente al indicar la declaración del Alcance de la impugnación lo hace en los siguientes términos: “DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN: conforme a la Doctrina Laboral, este requisito constituye el Petitum del RECURSO Formal y Extraordinario, como es el de Casación en el que debe de determinarse el alcance de la Acusación o sea si se persigue el quebrantamiento total del fallo recurrido o si es parcial, en el presente caso me propongo con el presente recurso, DESQUICIAR la Sentencia recurrida en forma TOTAL, en su parte resolutiva que textualmente dice en su parte conducente: “POR TANTO: Esta CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los artículos 134, 135, 303 y 304 de la Constitución de la República; 1 y 137 de la Ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales; 46 inciso b); 664, 665, 666, letra b), 672, 699 párrafo segundo; 760 y 858 del Código del Trabajo; en relación esta última disposición legal con los artículos 183, 184, 187 reformado, 188, 189, 190, 192 y 200 del Código de Procedimientos Civiles; FALLA: I. REVOCANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha 07 de Octubre del 2002 que corre a folios 127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la primera pieza d autos. II. Consecuentemente, este Tribunal de Alzada, a) DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por Carlos Alberto Espinoza Zúniga contra el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), a través de su representante legal en funciones; para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido directo, ilegal e injustificado; b) Al efecto ABSUELVE al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), a través de su representante legal en funciones, de toda responsabilidad económica de su parte. III. SIN COSTAS en esta instancia”. Al REVOCARSE la sentencia de Primera Instancia se hace necesario transcribir su texto resolutivo así: FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO, INJUSTO E ILEGAL. SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. SE RECONOZCAN BENEFICIOS DERIVADOS DE UN CONTRATO COLECTIVO Y COSTAS DEL JUICIO, promovida ante esta judicatura por el señor CARLOS ALBERTO ESPINOZA ZUNIGA, contra el INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), a través de su Directora Ejecutiva señora SAYDA IVETH BURGOS BENNETT DE GALVEZ, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: Condena al INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)a pagar al Señor CARLOS ALBERTO ESPINOZA ZUNIGA, la cantidad de CIEN MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (L. 100,117.81), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps. 20,125.00; AUXILIO DE CESANTIA, Lps. 30,187.50; AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL, Lps. 5,310.76, REAJUSTE DE VACACIONES, Lps. 3,804.30, DECIMO CUARTO MES PROPOCIONAL, Lps. 4,312.50. HORAS EXTRAS ADEUDADAS, Lps. 3,077.66, CANTIDADES DEJADAS DE PERCIBIR POR AUMENTO SEGÚN CLAUSULA 92 DEL CONTRATO COLECTIVO EN DOS AÑOS, Lps. 31,500.00; BONOS ANUALES DEJADOS DE PERCIBIR EN DOS AÑOS, Lps. 1,800.00; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que con sujeción a las normas procesales la presente sentencia condenatoria quede firme. SIN COSTAS.” EN PRIMER LUGAR: La parte resolutiva de la Sentencia de Segunda Instancia anteriormente transcrita, es la que considero debe anularse. EN SEGUNDO LUGAR: Casada ésta, la Honorable Corte Suprema de Justicia, acto seguido y en sede de instancia deberá sustituirla dictando en su reemplazo la que en derecho corresponde y en la cual se declare: “a) FALLA: DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ordinaria laboral promovida por el señor CARLOS ALBERTO ESPINOZA ZUNIGA, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido directo, injusto e ilegal, pago de salarios dejados de percibir y demás beneficios reclamados. b) Condena al INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) a través de su Directora Ejecutiva, señora SAYDA IVETH BURGOS BENNETT DE GALVEZ a pagar al Señor CARLOS ALBERTO ESPINOZA ZUNIGA, la cantidad de CIEN MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (Lps. 100,117.81), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps. 20,125.00. AUXILIO DE CESANTIA, Lps. 30,187.50, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL, Lps. 5,310.76, REAJUSTE DE VACACIONES, Lps. 3,804.39, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, Lps. 4,312.50, HORAS EXTRAS ADEUDADAS Lps. 3,077.66, CANTIDADES DEJADAS DE PERCIBIR POR AUMENTO SEGÚN CLAUSULA 92 DEL CONTRATO COLECTIVO EN DOS AÑOS, Lps. 31,500.00, BONOS ANUALES DEJADOS DE PERCIBIR EN DOS AÑOS, Lps. 1,800.00; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales la presente sentencia condenatoria quede firme. SIN COSTAS.” CONSIDERANDO: que en la forma en que el recurrente consigna el alcance de la impugnación lo hace en forma incompleta pues en el fallo sustitutivo el censor omitió proponer casar totalmente la sentencia y citar los fundamentos legales del mismo, y siendo esta una carga que al demandante en casación le impone la ley, no es lícito al tribunal entrar a suplir oficiosamente las deficiencias en el planteamiento del recurso. La defectuosa formulación del petitum de la demanda impide a éste tribunal entrar a conocer los dos motivos que invoca el recurrente y a que prospere el recurso de que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 1, y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 666 letra c), 769, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, FALLA: 1) Declarando no ha lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) Sin costas. MANDA: que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SUYAPA THUMANN CONDE. COORDINADORA. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de agosto del dos mil tres. Certificación de la sentencia de fecha doce de junio del dos mil tres, recaída en el Recurso de Casación Laboral por Infracción de Ley registrado bajo el No. 3088=02. LUCILA CRUZ MENÉNDEZ. SECRETARIA GENERAL”.