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Sentencia CL-2889-02 — Registro 259

Resumen

La trabajadora interpuso la demanda ordinaria laboral para que se haga efectivo el pago de los derechos adquiridos, derechos por maternidad y costas del juicio. Los Recursos de Casación se interpusieron contra la sentencia de segunda instancia, que falló reformando la sentencia de primera instancia, en el sentido de que confirmó los numerales uno, tres y cuatro de la referida sentencia, de los cuales el numeral uno declaró con lugar la demanda de mérito, el numeral tres declaro sin Lugar la excepción perentoria de pago promovida por el demandado, y el numeral cuatro declaro sin costas en virtud de que la parte demandada tuvo motivos racionales para litigar.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

CONSIDERANDO: Que el recurrente, en su demanda de Casación, al pretender formular la Declaración del Alcance de la Impugnación, que es el petitum de la demanda, lo hace en forma incompleta al no formular el proyecto del fallo sustitutivo, que solicita dicte este Tribunal una vez convertido en sede de instancia; lo que vuelve incompleto el planteamiento y le falta claridad y precisión. CONSIDERANDO: Que la infracción incurrida en la formulación de la demanda, en los términos anteriormente indicados, impide a este Tribunal entrar oficiosamente a completar y corregir lo que está obligado a realizar el recurrente y entrar a conocer los motivos de Casación invocados y que prospere el recurso.

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 776 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 777 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sala Laboral-Contencioso Administrativo. Tegucigalpa, M.D.C., trece de octubre del año dos mil tres. VISTO: Para dictar sentencia los recursos de Casación por Infracción de Ley formalizados ante éste Tribunal de Justicia en fecha dieciocho de febrero del dos mil tres, por el Licenciado JOSE RAMON CASTRO ROVELO, en su condición de apoderado de la empresa UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA), y por el Licenciado JORGE MARIN DIAZ DURON, mayor de edad, soltero, hondureño y de éste domicilio, en su condición de apoderado de la señora FRANCIS CAROLINA AVILEZ GARCIA; en relación a la demanda ordinaria laboral para que se haga efectivo el pago de los derechos adquiridos, derechos por maternidad y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, por la señora FRANCIS CAROLINA AVILEZ GARCIA, mayor de edad, soltera, estudiante, hondureña y de éste domicilio, contra el señor ALFONSO CID MARTINEZ, mayor de edad, casado y de éste domicilio, en su condición de Propietario de la empresa UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA). Los Recursos de Casación se interpusieron contra la sentencia de fecha veintidós de octubre del dos mil dos, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de ésta Sección Judicial, que fallo REFORMANDO la sentencia de fecha cinco de junio del dos mil dos, dictada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de este departamento, en el sentido de que CONFIRMO los numerales uno, tres y cuatro de la referida sentencia, de los cuales el numeral uno declaró Con Lugar la demanda de mérito, el numeral tres declaro Sin Lugar la excepción perentoria de pago promovida por el demandado, y el numeral cuatro declaro Sin Costas en virtud de que la parte demandada tuvo motivos racionales para litigar, CONFIRMO parcialmente el numeral dos en lo que se refiere a la condena de vacaciones proporcionales por Lps.351.65, aguinaldo proporcional por Lps.957.66, décimo cuarto mes proporcional por Lps. 2,070.85, salario adeudado por Lps.3,028.90 y horas extras adeudadas por Lps.811.50, y REVOCO parcialmente el numeral dos de dicha sentencia, en lo que se refiere al pago de indemnización por despido en estado de embarazo, descanso pre y post natal y lactancia, en virtud de que la actora no demandó por despido por motivo de embarazo. RESULTA: Que en fecha veintiuno de noviembre del dos mil dos, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por los Licenciados JOSE RAMON CASTRO ROVELO y JORGE MARIN DIAZ DURON. RESULTA: Que en fecha dieciocho de febrero del dos mil tres, compareció ante este Tribunal de Justicia el Licenciado JOSE RAMON CASTRO ROVELO, en su condición de apoderado de la empresa UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA), formalizando su recurso de casación de la siguiente manera: “DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN: La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha trece de junio del presente año 2002, por violar directamente por aplicación indebida del artículo 379 del Código del Trabajo, sentencia que reforma la dictada por el Juez de Letras Primero del Trabajo, en la que declaran con lugar la demanda planteada y que a su vez viola también el artículo 379 del Código del Trabajo por interpretación errónea. La impugnación se dirige además a los considerandos siete y ocho de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán y por ser esta confirmatoria en el sentido de declarar con lugar la demanda planteada, el alcance de la impugnación se extiende a los fundamentos del fallo de primera instancia, pues no pueden considerarse ajustado a derecho un fallo que se funda en una prueba que no es fehaciente ni la que debió utilizarse para probar los hechos alegados, además de ser el fallo desestimatorio de la prueba propuesta por mi representado, misma que consiste en el finiquito de solvencia que extendió la señora FRANCIS CAROLINA AVILES, a favor de URLA. Al igual que la apreciación de la prueba de inspección ocular propuesta por la parte demandante y que consisten en las planillas y obra agregada a folio 30 de la primera pieza del proceso y que se complementa con los documentos que corren agregados a folio 69 frente y vuelto siempre de la primera pieza del proceso. EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: INFRACCIÓN DIRECTA POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 379. El artículo N° 379 del Código de Trabajo literalmente dice: “Todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondientes”. El juzgador Ad-quem en el considerando siete de su sentencia, para apoyar su sentencia y declarar con lugar la demanda, se ampara en el artículo antes citado; precepto legal que fue interpretado erróneamente al caso de autos, pues el documento en mención extendido por la demandante a favor de mi representada encierra básicamente su decisión de dar por terminada la relación de trabajo por renuncia de su parte, acto unilateral de la demandante que no se enmarca en una COMPENSACIÓN: Que constituye un modo de extinguir las obligaciones entre dos personas que son recíprocamente deudoras y acreedoras, consistente en dar por pagada la deuda a cada uno en cuantía igual a su crédito; NI EN UNA LIQUIDACIÓN, que significa: Ajustar, cuentas, para poner termino a una cosa u operación; NO ES UNA TRANSACCIÓN: que es un trato, convenio o negocio; mucho menos un CONVENIO, ajuste, pacto, acuerdo; La demandante claramente establece en ese documento que por ese acto dar por terminadas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo por RENUNCIA EXPRESA de su parte, una decisión unilateral, decisión muy particular de ella, que no esta comprendida en el contenido del artículo 379 y por tanto no debió interpretarse de esta manera, pues no es costumbre ni está ordenada por ninguna ley sustantiva que para que la renuncia por parte del trabajador a un puesto de trabajo tenga efecto debe hacerse ante una autoridad del trabajo y es costumbre inveterada usada por los trabajadores que se haga de esa manera, sin que eso signifique su librador en uso de su voluntad y por su decisión unilateral. SEGUNDO MOTIVO. INFRACCIÓN LEGAL POR ERROR DE HECHO: En el considerando número ocho de la sentencia de segunda instancia, en este caso, el Juzgador expresa claramente que quedó acreditado en juicio que el FINIQUITO DE SOLVENCIA quedó acreditado bajo coacción y que en consecuencia no se habían pagado los derechos laborales, ocurre el error de hecho en la apreciación de la prueba en el sentido de que el juzgador da por acreditado con declaraciones de testigos que no son idóneos por tener interés particular en el juicio, como se encuentra acreditado a lo largo de todo el juicio con todos documentos que corren agregados en el expediente; como lo explico antes, estas acciones son constitutivas de delito y como tales deber ser declarados por Juez y autoridad competente en una sentencia condenatoria firme, y este documento ni constancia consta en el expediente; en este caso el juzgador usurpó la competencia del juez en materia criminal, violentando en perjuicio de mi representada y demás involucrados los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que contienen las garantías individuales de debido proceso y el de defensa. Pues los documentos con los que supuestamente se acredita el delito de coacción consiste en una simple denuncia, la que fue presentada en fecha 24 de enero y la inspección se realizó diez días después, apenas iniciada y con el evidente propósito de sorprender al Tribunal, pues si hubiese sido cierto lo alegado por la demandante, que la atrasó para acudir a los tribunales en la fecha precisa de la supuesta comisión de esos delitos si estaban tan ofendidos. Por todo lo antes expuesto el Juzgador de primera instancia incurre en violación de la ley por apreciación errónea incurriendo en error de hecho. El referido documento claramente dice: QUE POR ESE ACTO DA POR TERMINADA LA RELACION DE TRABAJO POR RENUNCIA EXPRESA DE SU PARTE, en consecuencia se acreditó plenamente que la empleada no había sido despedida, que ella renunció a su puesto de trabajo y además de que se le pagaron sus derechos laborales, por lo que no es procedente declarar con lugar la demanda”. RESULTA: Que el dieciocho de febrero del dos mil tres, compareció a este Tribunal el Licenciado JORGE MARIN DIAZ DURON, en su condición de apoderado de la señora FRANCIS CAROLINA AVILEZ GARCIA, formalizando su demanda de casación de la siguiente manera: “DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN: La presente demanda de casación tiene por objeto impugnar en forma parcial el fallo recurrido o sea la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, señalando en la indicación de la sentencia impugnada que reforma la de la primera instancia, al efecto solicito CASAR parcialmente la sentencia de la segunda instancia, invalidándola en lo conducente; y una vez casada, actuando esa Suprema Corte, en sede de instancia dicte la correspondiente sentencia que en su parte resolutiva diga: POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 80, 134, 135, 303, 304 numeral 7) de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 919 Declaración primera y 920, 183, 184, 188, 189, 190, 192 del Código de Procedimientos Civiles; 1, 2, 3 reformado, 8, 113, 116, 120, 123, 124, 135, 140, 141, 144, 145, 245, 364, 365, 686 literal c), 667, 669, 689 numeral 1), 690, 738, 744, 759, 765, 769, 776, 777, 868 del Código del Trabajo, “FALLA: PRIMERO CASA PARCIALMENTE LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial el cinco de junio del dos mil dos, que motiva el presente recurso de casación de que se hace merito; SEGUNDO: CONFIRMA los numerales 1, 2, y 4 de la sentencia recurrida. TERCERO: REVOCA parcialmente el número 2 en lo que se refiere al pago de indemnización por despido en estado de embarazo, descanso pre y post natal y lactancia. CUARTO. CONDENA al señor ALFONSO CID MARTINEZ en su carácter de Gerente Propietario de la empresa UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA) a pagar la cantidad de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (L.21,629.47) por los siguientes conceptos: vacaciones proporcionales Lps.351.65, aguinaldo proporcional Lps.957.66, décimo cuarto mes proporcional Lps.2,070.85, salario adeudado Lps.3,028.90, horas extras adeudadas Lps.811.50, indemnización por despido en estado de embarazo Lps.5,192.40, descanso pre y post natal Lps.7,269.26, lactancia Lps.1,947.15. QUINTO. CONFIRMA el numeral 3. SIN COSTAS. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. NOTIFIQUESE”. EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: MOTIVO UNICO: “Violación de ley sustantiva por infracción directa por falta de aplicación del artículo 144 del Código del Trabajo, y 78 de la Ley del Seguro Social”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Se fundamenta este motivo en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. 1) DOCTRINA: “La violación directa de ley, según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, parte de la base de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso o que la aplique a hecho no demostrado en él o que lo haga producir efectos contrarios a la norma, o no deduzca las consecuencias en ellas previstas”. 2) DOCTRINA: “Señalar con carácter obligatorio para el juzgador que “los casos no previstos” por el Código del Trabajo, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, como lo es EL DE LA DUDA SOBRE EL DERECHO o SOBRE LA PRUEBA se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho del Trabajo; ... “entre los cuales se destaca, con preeminencia sobre los que informan EL PRINCIPIO TUTELAR o PROTECCIONISTA DEL TRABAJADOR conforme el cual debe aplicarse la regla de IN DUBIO PRO-OPERARIO... Es por medio, del más alto Tribunal Supremo, conociendo en sede de instancia su Sala de lo laboral, que se encamina la aplicación de este elemento integrador del principio IN DUBIO PRO OPERARIO. (Revista ESCUELA JUDICIAL año 4 No. 10 enero 1999). EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo cuando motiva su sentencia en el CONSIDERANDO 3, sostiene que la acción no procede en vista de que la reclamante no accionó jurisdiccionalmente por despido directo, por motivo de embarazo, y que consecuentemente por este hecho la condena resulta improcedente. Es precisamente por este punto donde la Honorable Corte de Apelación materializa la violación de una ley nacional de orden público, al no haber aplicado la disposición contenida en el artículo 144 del Código de Trabajo que contiene expresamente una PRESUNCIÓN LEGAL, de cumplimiento obligatorio, es decir que el juzgador de ninguna manera puede ignorarla y debe en consecuencia aplicarla aunque las partes no la aleguen, mas si es obvio que se demostró que la señora FRANCIS CAROLINA AVILEZ GARCIA, cuando fue despedida estaba en evidente estado de embarazo. Esto no fue apreciado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo y por consiguiente dejo de aplicar la norma sustantiva contemplada en el referido artículo 144 del Código del Trabajo”. RESULTA: Que en providencias de fechas diecinueve de febrero del dos mil tres, éste Tribunal de Justicia tuvo por formalizados en tiempo a los Licenciados JOSE RAMON CASTRO y JORGE MARIN DIAZ, en sus condiciones indicadas, dando traslado en forma común a las partes, para que en el término de diez días contestarán dichas demandas de casación. RESULTA: Que en fecha diecinueve de marzo del dos mil tres, compareció ante este Tribunal el Licenciado JORGE MARIN DIAZ DURON, en su condición de apoderado de la señora FRANCIS CAROLINA AVILEZ GARCIA, contestando la demanda de casación interpuesta por el Licenciado JOSE RAMON CASTRO ROVELO, en su condición indicada, haciéndolo de la siguiente manera: “DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN: Si bien es cierto el recurrente, pretendió indicarle a esta Honorable Corte Suprema de Justicia, la Declaración del alcance de la impugnación también es cierto, que en el mismo no citó debidamente este requisito esencial que señala la Ley y la Doctrina Legal respecto de la rigurosidad a debe someterse el casacionista en la formulación del recurso, al no haber indicado con precisión, el alcance de la impugnación que es el fin que persigue el recurrente, y el objeto que se propone el recurso; es decir no señaló la sentencia que el Tribunal ha de dictar convertido en Tribunal de Instancia. A LA EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Este motivo de casación lo contesto de la siguiente forma: El casacionista alega haberse infringido directamente el artículo 379 del Código del Trabajo, por haberse interpretado erróneamente, en lo referente a “Que todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondientes”; y que a cuyo efecto el Juzgador en la sentencia en el considerando siete, refiere “Que para apoyar su sentencia y declarar con lugar la demanda, se ampara en el artículo antes citado; precepto legal, que dice el haber sido interpretado erróneamente, puesto que el documento en mención extendido por la demandante a favor de su representada encierra básicamente su decisión de dar por terminada la relación laboral por renuncia expresa, y que en tal virtud, dicho documento no se encuentra enmarcado dentro de los presupuestos de la: COMPENSACIÓN, LIQUIDACIÓN, TRANSACCIÓN O CONVENIO. Al respecto, Honorables Magistrados, considero, que quien interpreta erróneamente esa disposición legal es el casacionista, pues pretende sacar o distraer de su expresión literal al documento presentado como prueba, queriéndole adjudicar solamente el contenido de una RENUNCIA, lo cual por supuesto no es cierto, puesto que el documento intitulado FINIQUITO DE SOLVENCIA, refiérese precisamente a eso, a declarar solvente a la empresa demandada, de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. SEGUNDO MOTIVO: Alega el recurrente que en el considerando ocho de la sentencia de segunda instancia, en este caso, el Juzgador expresa claramente que quedó acreditado en juicio el que FINIQUITO DE SOLVENCIA había sido firmado mediante coacción y que en consecuencia no se habían pagado los derechos laborales, lo que lo hace ocurrir en error de hecho en la apreciación de la prueba, en el sentido de que el juzgador da por acreditado con las declaraciones de testigos que no son idóneos por tener interés particular; refiriendo que la coacción como tal es de haberse probado en juzgado de competencia en materia criminal, y que por ello el Juzgado y la Corte misma usurparon esa competencia en perjuicio de su representado, y sigue en su exposición sosteniendo que la terminación unilateral de la relación laboral se materializó por RENUNCIA EXPRESA, y con solo ello se probó que no había sido despedida y que además se le pagaron sus derechos laborales y por tal razón no era procedente declarar con lugar esta demanda. Esto por supuesto honorables Magistrados es el criterio del casacionista, pero no el criterio de los juzgadores, puesto que ellos dictaron su fallo de conformidad a la ley, porque se demostró mediante prueba testifical que mi representada fue amenazada y coaccionada para obligarla a firmar un papel en blanco, cuyo texto fue llenado al gusto del patrón por instrucciones de su apoderado legal, en el cual la trabajadores renuncia hasta de los derechos que por maternidad le correspondían. En cuanto a que los testigos no son idóneos tampoco estamos de acuerdo porque a los declarantes les sucedió exactamente lo mismo porque también ellos fueron coaccionados; además de cómo compañeros de trabajo que fueron de la demandante, les consta personalmente los hechos por haberlos sufrido y presenciado; en consecuencia no se puede decir que por eso no son idóneos porque es todo lo contrario. En cuanto a los dos motivos de casación, me permito hacer la siguiente observación: El casacionista incurre en error al no haberse sujetado a la rigurosidad del procedimiento propio del Recurso de Casación, puesto que se extendió en hacer alegaciones propias de instancia,. Y no en señalar la norma jurídica de orden nacional violada”. RESULTA: Que en providencia de fecha veinticinco de julio del dos mil tres, éste Tribunal declaro caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término concedido y dejado de utilizar por el Licenciado JOSE RAMON CASTRO para que contestara la demanda de casación planteada. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en la demanda de mérito, se nombró Magistrada Ponente a la Abogada LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando éste Tribunal se dictase lo que procediere de conformidad a derecho. CONSIDERANDO: Que toda demanda de casación para que pueda ser atendible por la Corte y prosperar debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, ya que dicho Recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica propia de este Recurso Extraordinario. CONSIDERANDO: Que el recurrente, en su demanda de casación, al pretender formular la Declaración del Alcance de la Impugnación, que es el petitum de la demanda, lo hace en forma incompleta al no formular el proyecto del fallo sustitutivo, que solicita dicte este Tribunal una vez convertido en sede de instancia; lo que vuelve incompleto el planteamiento y le falta claridad y precisión. CONSIDERANDO: Que la infracción incurrida en la formulación de la demanda, en los términos anteriormente indicados, impide a este Tribunal entrar oficiosamente a completar y corregir lo que está obligado a realizar el recurrente y entrar a conocer los motivos de casación invocados y que prospere el recurso. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 666 letra c) 769, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo en relación este último con el artículo 929 del Código de Procedimientos Civiles, FALLA: DECLARANDO NO HA LUGAR al recurso de Casación de que se ha hecho mérito.- SIN COSTAS.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SUYAPA THUMANN CONDE. COORDINADORA. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de noviembre del dos mil tres. Certificación de la sentencia de fecha trece de octubre del dos mil tres, recaída en el Recurso de Casación Laboral por Infracción de Ley registrado bajo el No. 2889=02. LUCILA CRUZ MENÉNDEZ. SECRETARIA GENERAL”.