Sentencia CL-2458-02 — Registro 123
Resumen
El empleado interpuso la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injustificado. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de segunda instancia que reformó la sentencia dictada en primera instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"CONSIDERANDO: que en este segundo motivo el censor vuelve a cometer el mismo error al citar como precepto autorizante el numeral 1o. párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo y el motivo así planteado se vuelve inadmisible. CONSIDERANDO: que en el presente motivo el censor cita incorrectamente el precepto autorizante, pues la violación que alega es infracción directa y el numeral 1o., párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo, debe citarse cuando la infracción alegada sea infracción indirecta por apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba por haber incurrido el sentenciador en error de hecho o de derecho; en razón de lo expuesto se desestima el primer motivo alegado."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 literal a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I O N
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Sala Laboral-Contencioso Administrativo.- Tegucigalpa, M.D.C., siete de abril del dos mil tres. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintidós de noviembre del dos mil dos, por la Abogada GLADYS SUYAPA QUIROZ AGUILAR, mayor de edad, casada, hondureña y de éste domicilio, en su condición de apoderada legal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS “SANAA”; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injustificado, promovida ante el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de Francisco Morazán, por el señor ERASMO EDGARDO SOLORZANO ORDOÑEZ, mayor de edad, casado, Licenciado en Economía, hondureño y de éste domicilio, contra el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), a través de su Gerente General y Representante Legal, señor ROBERTO MARTÍNEZ LOZANO, mayor de edad, Ingeniero, hondureño y de éste domicilio. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha dieciocho de septiembre del dos mil dos, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de ésta Sección Judicial que REFORMO la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de éste departamento, de fecha uno de agosto del dos mil dos, de la siguiente manera: “FALLA: I. REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Segundo de Letras del Trabajo de ésta Sección Judicial, de fecha primero de agosto del año dos mil dos, así: a) REVOCA PARCIALMENTE EL NUMERAL PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia apelada, únicamente en cuanto a que declara con lugar el pago de salarios caídos, en consecuencia DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA en cuanto al pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; b) REVOCA PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia apelada, únicamente en cuanto a que CONDENA al SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (S.A.N.A.A.) al pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, en consecuencia SE ABSUELVE AL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (S.A.N.A.A.), a través de su representante ROBERTO MARTÍNEZ LOZANO del pago por éstos conceptos; c) CONFIRMA TOTALMENTE EL NUMERAL TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia apelada; II SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA”, habiendo declarado el A Quo en el numeral tercero de su sentencia: “Sin Costas en esta instancia”. RESULTA: Que en sentencia de fecha siete de octubre del dos mil dos, éste Tribunal de Justicia dispuso llevar adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente para que en el término de veinte días formulara su demanda de casación, haciéndolo la Abogada GLADYS SUYAPA QUIROZ AGUILAR, en su condición indicada, en fecha veintidós de noviembre del dos mil dos, de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMERO MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 111 numeral 1° del Código de Trabajo que establece: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo 1°) Cualquiera de las estipuladas en ellos si no fueren contrarias a la ley; ... 2°) ...”, en relación con el artículo 90 de la Ley General de la Administración Pública interpretado mediante Decreto Legislativo Número 122-98, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 1 de junio de 1998. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación esta comprendido en el numeral 1°, párrafo segundo del artículo 765 del Código de Trabajo.- LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: Dispone el artículo 111 del Código del Trabajo que son causas de terminación de los contratos de trabajo.- 1°) cualquiera de las estipuladas en ello si no fueren contrarias a la ley; ... En el caso que nos ocupa el contrato de trabajo que el demandante había suscrito con la Contraloría General de la República termino por causa justificada, en virtud de el mandato de ley, ya que la terminación de los contratos de trabajo con los auditores internos de las instituciones autónomas tiene su fundamento en los artículos 90, 92 reformado y 93 de la Ley General de la Administración Pública por lo que no se trata de despidos injustos o incumplimiento de contratos.- (La negrilla es nuestra). El artículo 90 de la precitada ley establece: “No obstante lo dispuesto en las leyes orgánicas de las instituciones autónomas el auditor será nombrado por la Contraloría General de la República, empero, el sueldo y gastos inherentes, a su cargo serán pagados por la institución autónoma respectiva”. El artículo 90 de la Ley General de la Administración Pública fue interpretado mediante Decreto Legislativo Número 122-98, publicado en el Diario Oficial La gaceta el 1 de junio de 1998, y en el mismo se establece: “Interpretar el artículo 90 de la Ley General de la Administración Pública, en el sentido de que los Jefes de auditoria y su personal auxiliar, cuando sean despedidos sin justa causa, o bien sean trasladados de una entidad a otra, tendrán derecho a todas sus prestaciones e indemnizaciones laborales por cuenta de la entidad donde prestan sus servicios mientras tanto se emita el estatuto del empleado de la Contraloría General de la República” (la negrilla es nuestra). Es decir Honorable Corte, que para que al señor EDGARDO ERASMO SOLORZANO ORDOÑEZ le pudieran haber correspondido las prestaciones e indemnizaciones laborales el mismo hubiera sido despedido sin justa causa, o bien hubiera sido trasladado de una entidad a otra, sin embargo la misma Corte sentenciadora al dictar el fallo contra el cual se recurre, señala en el considerando número seis (6) “Que si bien es cierto por ordenamiento de la ley, el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (S.A.N.A.A.) está obligado a pagar las prestaciones laborales al demandante; también es cierto que quien canceló a este fue la Contraloría General de la República en cumplimiento a lo dispuesto a la Ley General de la Administración Pública, en consecuencia procede el pago de las prestaciones laborales del demandante ERASMO EDGARDO SOLORZANO ORDOÑEZ; no así el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios también reclamados por el trabajador, en virtud de que no estamos ante un despido injustificado” (la negrilla es nuestra). Nótese Honorable Corte la contradicción en que incurre la Corte Sentenciadora al conceder las prestaciones laborales al demandante, señalando que no estamos ante un despido injustificado, por ende no debió haberse condenado a mi representada al pago de las mismas, ya que como lo señalamos anteriormente la terminación de la relación de trabajo con el señor EDGARDO ERASMO SOLORZANO ORDOÑEZ operó con mandato de ley, o sea con justa causa. (la negrilla es nuestra). El artículo número 92, reformado de la Ley General de la Administración Pública establece: “Los auditores duraran en sus cargos dos años, no obstante cesarán en sus funciones en el mes siguiente de la toma de posesión del Contralor y Sub-Contralor General de la República, electos constitucionalmente. Los auditores no podrán ser nombrados para un período inmediato sucesivo en una misma institución autónoma”. Mediante este artículo, opera la cancelación de todo auditor interno de las instituciones autónomas que a su nombramiento, para un período de dos años esté vigente para la toma de posesión del nuevo contralor. Esa cancelación es por mandato de la ley, por lo tanto la misma no es injusta, es simplemente la orden que dinama de la ley. (la negrilla es nuestra). A lo largo de todo el juicio, mi representada ha sostenido y demostrado que el señor EDGARDO ERASMO SOLÓRZANO ORDÓÑEZ, como auditor interno de el SANAA fue cancelado en virtud de haber transcurrido el período por el que fue nombrado, así se establece en el acuerdo de cancelación No. 15/2002 DRH, asimismo quedó demostrado que no fue trasladado de una entidad a otra, ya que si esto hubiera sucedido o se hubiera cancelado de su cargo antes del vencimiento de los dos años señalados en la ley se podría decir que estamos ante un despido injustificado y por ende le corresponderían sus prestaciones laborales. La Corte sentenciadora no obstante de reconocer en el considerando número seis (6) de la sentencia recurrida de que no estamos ante un despido injustificado, con ello dejó de aplicar el contenido del artículo 111 numeral 1 del Código del Trabajo, ya que mi representada si probó la justa causa en que se fundo el despido del señor EDGARDO ERASMO SOLÓRZANO ORDÓÑEZ, por lo que este motivo debe ser admitido y casar parcialmente la sentencia recurrida. (La negrilla es nuestro). SEGUNDO MOTIVO: Ser la sentencia violatoria a la ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida de los artículos 116, 117 y 120 del Código de Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación esta comprendido en el numeral 1° párrafo segundo del artículo 765 del Código de Trabajo.- LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: El artículo 116 del Código del Trabajo establece “Que si el contrato es por tiempo indeterminado cualquiera de las partes puede hacerlo terminar dando a la otra un preaviso. Durante el término de este el trabajador que va a ser despedido tiene derecho a licencia remunerada de un (1) día en cada semana a fin de que pueda buscar nueva colocación. El preaviso será notificado con anticipación así: a)..., b)...”. El artículo 117 del Código del Trabajo señala: “La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación.- Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos”. El artículo 120 del precitado cuerpo legal establece: “Que si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por razón de despido injustificado, o por alguna de las causas previstas en el artículo 114 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle a este un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas: a)..., b)...” (la negrilla es nuestra). Como se podrá observar Honorable Corte, la Corte sentenciadora al dictar el fallo que se recurre hace como suyos los fundamentos establecidos en los artículos 116, 117 y 120 del Código del Trabajo, cuando está claramente establecido que estos preceptos deben ser aplicados únicamente cuando los contratos de trabajo son por tiempo indeterminado y que la causa que da origen al despido o a la terminación de un contrato de trabajo este fundamentado en una causa injustificada. En el presente caso no estamos ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado ya que la Ley General de la Administración Pública establece en su artículo 92 reformado que los auditores duraran en su cargo dos años, o sea que ya tienen señalado el período por el cual duraran en su cargo; asimismo el demandante fue despedido con justa causa en virtud de que ya había terminado el período por el que fue nombrado. La Corte Sentenciadora no obstante de reconocer en el considerando número seis (6) de la sentencia recurrida de que no estamos ante un despido injustificado, con ello aplicó indebidamente los artículos 116, 117 y 120 del Código del Trabajo, ya que no estamos ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado y el demandante no fue despedido injustamente, por lo que este motivo debe ser admitido y casar parcialmente la sentencia recurrida. (La negrilla es nuestro)”. RESULTA: Que en providencia de fecha veinticinco de noviembre del dos mil dos, éste Tribunal de Justicia tuvo por devuelto en tiempo el traslado concedido a la recurrente para que formalizara su recurso, y dio traslado de los autos al opositor para que en el término de diez días contestara dicha demanda, haciéndolo el Abogado ALFONSO OCAMPO OROZCO, mayor de edad y de éste domicilio, en su condición de apoderado del señor ERASMO EDGARDO SOLÓRZANO ORDÓÑEZ, en fecha seis de diciembre del dos mil dos, de la siguiente manera: “EN CUANTO A LA EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: Al contestar la demanda de casación a que me vengo refiriendo la rechazo y pido SE DECLARE NO HA LUGAR en virtud de no llenar los requisitos exigidos por el artículo 769 del Código de Trabajo como lo expreso a continuación. En la “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN”, incurre en grave imprecisión y oscuridad ya que no preciso como lo exige el artículo 769 del Código del Trabajo en su ordinal 5° literales a) y b), como lo expreso a continuación: Expresa el recurrente en sus motivos de casación “ser la sentencia violatoria a la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa de los artículos 111 n° 1°, 116, 117 y 120 del Código del Trabajo”. Pero no explica con claridad el concepto de violación y solo se remite a citar disposiciones legales por él señaladas.- Y esto es como resultado, porque no pudo desvirtuar los hechos de la demanda, no aclara el concepto de la infracción, no explica si la infracción legal ocurrió como consecuencia de errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas propuestas por las partes. NO CITA ÉSTAS SINGULARIZÁNDOLAS NI EXPRESANDO QUE CLASE DE ERROR CONSIDERA QUE SE COMETIÓ POR LA CORTE DE APELACIONES OLVIDANDO ADEMÁS QUE ACEPTO PARCIALMENTE LOS HECHOS DE LA DEMANDA. Esencialmente el Recurso de Casación que contesto no reúne los requisitos indispensables para poder ser declarado con lugar dicha demanda de casación, porque él no lleno las exigencias del ordinal 5° en sus literales a) y b) del artículo 769 del Código del Trabajo, motivo por el cual respetuosamente, os pido, que en su oportunidad se declare no a lugar el recurso y se condene al pago de los salarios caídos dejados de percibir quitados indebidamente por la Corte de Apelaciones”. RESULTA: Que no habiéndose solicitado el señalamiento de audiencia, se nombró Ponente a la Magistrada SUYAPA THUMANN CONDE, quien en su oportunidad informó tener elaborado el proyecto respectivo; ordenando éste Tribunal que se dictara la sentencia que procede en derecho. CONSIDERANDO: que el primer motivo se formula así: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 111 numeral 1o. del Código del Trabajo que establece: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 1o.) Cualquiera de las estipuladas en ellos si no fueren contrarios a la ley; ... 2o.) ...”, en relación con el artículo 90 de la Ley General de la Administración Pública interpretado mediante Decreto Legislativo Número 122-98, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 1 de Junio de 1998. Precepto Autorizante: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1o. párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo.” CONSIDERANDO: que en el presente motivo el censor cita incorrectamente el precepto autorizante, pues la violación que alega es infracción directa y el numeral 1o., párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo, debe citarse cuando la infracción alegada sea infracción indirecta por apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba por haber incurrido el sentenciador en error de hecho o de derecho; en razón de lo expuesto se desestima el primer motivo alegado. CONSIDERANDO: que el segundo motivo se estructura así: “Ser la sentencia violatoria a la Ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida de los artículos 116, 117 y 120 del Código del Trabajo. Precepto Autorizante: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1o. párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo.” CONSIDERANDO: que en este segundo motivo el censor vuelve a cometer el mismo error al citar como precepto autorizante el numeral 1o. párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo y el motivo así planteado se vuelve inadmisible. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 1, y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 666 letra c), 775, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, FALLA: 1) Declarando no ha lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) Sin costas. MANDA: que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SUYAPA THUMANN CONDE. COORDINADORA. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida a solicitud de la Abogada GLADYS SUYAPA QUIROZ AGUILAR, en su condición de apoderada legal del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (S.A.N.A.A.), en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de junio del dos mil tres. Certificación de la sentencia de fecha siete de abril del dos mil tres, recaída en el Recurso de Casación Laboral por Infracción de Ley registrado bajo el No. 2458=02.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL