Sentencia CL-2455-01 — Registro 93
Resumen
La empleada interpuso la demanda ordinaria laboral para pedir que previo los trámites legales correspondientes se condene a la demandada al pago de reajuste de salario, las prestaciones e indemnizaciones sociales, preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones y demás, y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de de segunda instancia que reformó e la sentencia definitiva de primera instancia, reforma que se contrae a declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"CONSIDERANDO: que el alcance de la impugnación es el fin que persigue el recurrente, el objeto que se propone el recurso de tal forma que la manifestación debe hacerse con claridad y propiedad. La finalidad del recurso tiende a la anulación o Casación del fallo de segundo grado con motivo de la violación de la ley; dicha Casación puede ser total o parcial según la apreciación del recurrente; en el presente caso se observa que el censor persigue desquiciar la sentencia recurrida en forma total, sin embargo, al formular su solicitud a La Corte, pide que se case la sentencia en la parte resolutiva, anulándola parcialmente, de tal forma que dicho alcance se aparta de la técnica de Casación, ya que el censor se contradice en su pretensión , pues si se persigue desquiciar totalmente la sentencia recurrida se debe pedir que su anulación sea total; en razón de lo anterior no le es permitido a La Corte Suprema de Justicia subsanar dicho alcance y entrar a estudiar el fondo del recurso, por lo que se desestima el presente Recurso de Casación."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN.
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL. Tegucigalpa M.D.C., cinco de Febrero de Dos Mil Tres. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Supremo Tribunal de Justicia, en fecha ocho de mayo de dos mil dos, por el Licenciado Ramón Echeverría López, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de la señora Lorena Garzona de Álvarez, mayor de edad, casada, Doctora en Medicina, hondureña y del domicilio de Villanueva, Cortés, en relación a la demanda ordinaria laboral promovida ante el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha catorce de septiembre de dos mil, por Lorena Garzona de Álvarez, de generales ya expresadas contra Mass Power Industries, S. De R.L., a través de su Representante Legal Leonel Mejía, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, demanda que se contrajo a pedir que previo los trámites legales correspondientes se condene a la demandada al pago de trescientos cincuenta y siete mil cien lempiras con setenta centavos (L.357,100.70) en concepto de reajuste de salario de los años 1998, 1999, 2000, vacaciones de 1998 y 1999, consignados en el Estatuto del Médico Empleado, más las prestaciones e indemnizaciones sociales, preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones y demás, y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha seis de noviembre de dos mil uno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, la cual reformó parcialmente la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha cuatro de octubre de dos mil dos, reforma que se contrae a declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia reclamando el pago de prestaciones sociales, reajuste de salario y salarios caídos, promovida por Lorena Garzona de Álvarez, contra Mass Power Industries, S. De R. L., a través de su representante legal Leonel Mejía, consecuentemente se absuelve de responsabilidad económica laboral, en los conceptos indicados, asimismo confirmando en su parte resolutiva los demás extremos de la sentencia apelada y mencionada anteriormente (derechos adquiridos). Sin costas. RESULTA: Que en fecha trece de marzo de dos mil dos, este Supremo Tribunal de Justicia dictó sentencia mediante la cual resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Licenciado Rigoberto Duarte Acosta, en su condición indicada, contra la sentencia de que se ha hecho relación en el preámbulo de este fallo, así mismo dispuso dar traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formalizará por escrito su recurso. RESULTA: Que en fecha ocho de mayo de dos mil dos, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia el Licenciado Ramón Echeverría López, en su condición indicada, formalizando la demanda de casación interpuesta ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional en infracción indirecta proveniente de apreciación errónea de la prueba documental, consistente en: informe de fecha 8 de septiembre del 2000, formulado por el Inspector de Trabajo FRANCIS L. ENAMORADO, admitido a la parte demandante y que aparece a folios 39 y 126 de la primera pieza y de la prueba en su conjunto, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 111 numeral 9 y 113 párrafo primero del Código del Trabajo, 46 reformado de la Ley del Estatuto del Médico empleado. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al reformar parcialmente y confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Primera instancia, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio probatorio documental, que es visible a folios 39 y 126 de la primera pieza, y del mismo en relación con las demás pruebas en su conjunto, lo cual singularizo de la siguiente manera: Informe de fecha 8 de septiembre del 2000, formulado por el Inspector de Trabajo FRANCIS L. ENAMORADO. El medio de prueba singularizado, es auténtico, en consecuencia de haberlo apreciado correctamente el Tribunal recurrido, hubiera dado por establecido en forma indubitable que: ocurrió la terminación del contrato de trabajo que vinculaba a las partes, debido a que la empresa demandada cerró operaciones. El fallo recurrido, aduce que la empresa continúo con su ritmo normal de labores hasta el día 15 de ese mismo mes y año, y que no se notificó ningún despido, cuando fácilmente de la simple lectura del documento relacionado y de las demás pruebas en conjunto, se puede desprender que el día 8 de septiembre del 2000, la empresa se encontraba cerrada, y luego continúo cerrada como el mismo demandado lo reconoce en los hechos y razones en que se apoya la defensa de su escrito de contestación de la demanda de mérito, donde señala que la empresa estuvo abierta hasta el día 11 de octubre del 2000, y siendo dicha clausura o cierre de forma definitiva, el empleador estaba obligado a seguir con el procedimiento legal establecido en los artículos 101 y 102 del Código del Trabajo, lo cual no realizó, removiendo de su cargo a la demandante, quien como médico empleado protegida por una ley especial, tiene derecho al pago de las indemnizaciones previstas en el artículo 46 reformado de la ley del Estatuto del Médico Empleado, norma que le concede tal derecho a ser indemnizada por el solo hecho de removérsele de su cargo. Si bien es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, pero si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la apreciación correcta del medio de prueba que ha singularizado y que tal falta, le hizo incurrir en error de hecho por la apreciación errónea del documento relacionado, en relación con las demás pruebas en su conjunto aportada y evacuada en el proceso. SEGUNDO MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Substantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de falta de apreciación de la Prueba Documental y de Inspección aportada por la parte demandante, consistente en: Documento intitulado “ESTRUCTURA SUELDO LEGAL DEL MÉDICO EMPLEADO CATEGORÍA MÉDICO GENERAL PERÍODO DE ENERO DE 1998 A DICIEMBRE DEL 2001” que aparece a folios 100 al 109 y la inspección a folio 90 de la primera pieza de autos, que hizo incurrir en error de hecho que aparece a folios 100 al 109 y la inspección a folio 90 de la primera pieza de autos, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevó en forma indirecta a la violación de los artículos 95 numeral 1 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 9 parte introductiva numeral 1, 33, 34 párrafo primero y 71 párrafo introductiva y numerales 1, 2 y 3 todos reformados, de la Ley del Estatuto del Médico Empleado. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 734, 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al reformar parcialmente y confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, incurrió en error de hecho, al dejar de apreciar el medio de prueba documental aportado por la parte demandante, que singularizó como Documento intitulado “ESTRUCTURA SUELDO LEGAL DEL MÉDICO EMPLEADO CATEGORÍA MÉDICO GENERAL PERÍODO DE ENERO DE 1998 A DICIEMBRE DEL 2001” que aparece a folios 100 al 109 de la primera pieza de autos, y la inspección visible a folio 90, con los cuales en primer lugar se establece el valor del salario base mensual que determinado según su categoría profesional de médico general, le correspondía devengar a la demandante desde el 1 de enero de 1998 hasta el 8 de septiembre del dos mil, ya que conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 9 parte introductiva numeral 1, 33 y 34 reformados de la ley del Estatuto del Médico Empleado aplicado gradualmente tal como lo establece el artículo 71 de ese mismo cuerpo de leyes, procedía que el patrono o empleador ajustara en forma automática y proporcionalmente en relación al salario mínimo decretado por el Gobierno de la República aplicable a la actividad económica de servicios prestados a aplicable a la actividad económica de servicios prestados a las Empresas, ya que la carga de la prueba de que la demandante recibía el salario que por ley le correspondía era de la Empresa demandada, al afirmar la misma en el hecho segundo del escrito de contestación de la demanda que si se le pagaba el salario de acuerdo con la ley, extremo que al no haberlo satisfecho, se debe entender que no cumplía a cabalidad con dicha obligación, además que en la inspección personal del señor Juez celebrada el 19 de marzo del 2001, visible a folio 90, esos extremos no se pudieron constatar porque la demandada no aportó la documentación requerida, entonces existió renuencia de su parte y se deben entender demostrados los hechos a que se refiere dicha prueba, conforme lo establece el artículo 734 del Código del Trabajo. TERCER MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional en infracción directa de los artículos 9 parte introductiva, numeral 1, 33, 34 reformados de la ley del Estatuto del Médico Empleado, en relación al 4 y 71 parte introductiva numerales 1, 2 y 3 reformados de ese mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Es un hecho no controvertido que la demandante es una profesional de la Medicina debidamente colegiada, quien laborara subordinadamente para la empresa demandada. Al no ser hecho del debate este punto, se debe entender que es aplicable al caso de autos, las disposiciones de la ley del Estatuto del Médico Empleado, en cuyo texto se dispone a favor de estos el derecho a devengar un salario base mensual que determinado según su categoría profesional de médico general, le correspondía a la demandante desde el 1 de enero de 1998 hasta el 8 de septiembre del 2000, ya que conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 9 parte introductiva numeral 1, 33 y 34 reformados de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, aplicado gradualmente tal como lo establece el artículo 71 de ese mismo cuerpo de leyes, procedía que el patrono o empleador ajustara en forma automática y profesionalmente en relación al salario mínimo decretado por el Gobierno de la República aplicable a la actividad económica de servicios prestados a las empresas, por ende dicha situación legal estaba sujeta únicamente a que el Juzgador le aplicara, lo cual no hizo, debiendo hacerlo, para efectos de ajustar los salarios que debió haber devengado la demandante conforme las disposiciones de la Ley del Estatuto del Médico Empleado. NULIDAD SUBSIDIARIA. Conforme consta de autos en la segunda pieza, la Honorable Corte recurrida, ha procedido a dictar una sentencia que no resulta clara, precisa ni congruente con lo demandado y las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, y ello resulta evidente porque dicho fallo contiene disposiciones contradictorias, en base a que REFORMADO PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia que declara con lugar el pago de los conceptos reclamados, luego a continuación CONFIRMA la misma, sin especificar que parte revoca, sino que utiliza una terminología totalmente confusa, por lo cual resulta evidente que la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, no se encuentra dictada de conformidad a derecho y se violenta el artículo 190 párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles en relación o en aplicación supletoria conforme lo dispone el artículo 858 del Código del Trabajo y por ello esta Honorable Corte Suprema de Justicia debe declarar la nulidad absoluta de tal sentencia, o invalidar de oficio dicho fallo con base a la facultad concedida en el artículo 956 del Código de Procedimientos Civiles, ya que es visto, reitero, que dicho fallo no se encuentra debidamente estructurado, porque por un lado señala que declara que reforma parcialmente la sentencia recurrida en la que se declara sin lugar la demanda de mérito, pero luego procede a confirmar dicho fallo definitivo y no señala a que conceptos condena a la parte demandada, ni su cuantificación”. RESULTA: Que en fecha nueve de mayo de dos mil dos, este Tribunal de Justicia dictó providencia mediante la cual tuvo por devuelto en tiempo el traslado de casación por parte del Licenciado Ramón Echeverría, y por formulada en tiempo la demanda de casación; así mismo ordeno dar traslado de las presentes diligencia al opositor para que dentro del término de diez días contestara dicha demanda. RESULTA: Que en fecha diecisiete de junio de dos mil dos, se declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Licenciado Cesar Castro Díaz, para contestar la demanda de casación planteada, asimismo se ordena la continuación normal del trámite legal correspondiente. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en la demanda de mérito, se nombra Ponente a la Magistrada SUYAPA THUMANN CONDE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este tribunal se dictase lo que procediera en derecho. CONSIDERANDO: que el recurrente al formular el alcance de la impugnación lo hace de la siguiente forma: “En el presente caso me propongo con el recurso, desquiciar la sentencia recurrida en FORMA TOTAL, en su parte resolutiva que REFORMA PARCIALMENTE Y CONFIRMA la de primera instancia, sentencia que dice: “POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones del Trabajo, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1 y 137 de la Ley de Organización y atribuciones delos Tribunales; 1, 2, 4, 5, 19, 20, 21, 26, 27, 617, 664, 665, 669, 681, 687, 688, 740 numeral 2, 760 del Código del Trabajo; FALLA: PRIMERO: Reformando parcialmente la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de esta ciudad, en fecha cuatro de octubre del presente año (2001) en las diligencias iniciadas con la Demanda Laboral de la referencia, reforma que se contrae a declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia reclamando el pago de prestaciones sociales, reajuste de salario y salarios caídos, promovida por la señora LORENA GARZONA DE ALVAREZ, contra la Empresa Mercantil MASS POWER INDUSTRIES, S. D. R. L., a través de su representante legal el señor LEONEL MEJIA, consecuentemente, se absuelve de responsabilidad económica laboral, en los conceptos indicados a la Sociedad mencionada; SEGUNDO: confirmando en su parte resolutiva los demás extremos de la sentencia apelada y mencionada anteriormente (derechos adquiridos). Y MANDA: queden notificados en estrados de la presente sentencia las partes, y con la certificación de estilo devuélvase la primera pieza de autos al Juzgado de su procedencia para los efectos legales correspondientes. SIN COSTAS, por haber tenido el recurrente motivos racionales para litigar en segunda instancia. Redactó la Magistrada Propietaria PONCE DE MURILLO.” EN PRIMER LUGAR SOLICITO: CASAR LA SENTENCIA en la parte resolutiva anteriormente transcrita, anulándola PARCIALMENTE. En segundo lugar solicito: que casada ésta, la Honorable Corte Suprema de Justicia, acto seguido y en sede de instancia sustituya por la que en derecho corresponde declarando el la misma lo siguiente: “POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 129, 303, 314 y 319 atribución 7ª. , de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1o., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 25, 30, 113 interpretado; 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 740 numeral 3, 764 literal a), 765, 777, 778 del Código del Trabajo; FALLA: 1o. CASAR la sentencia recurrida y en consecuencia declara CON LUGAR la demanda laboral de primera instancia promovida por la señora LORENA GARZONA DE ALVAREZ, contra la empresa mercantil MASS POWER INDUSTRIES, S.D.R.L., a través de su representante legal el señor LEONEL MEJIA, para el pago de prestaciones sociales, pago de reajuste de salarios, derechos adquiridos y demás conceptos; 2o. CONDENA a la Empresa demandada a pagar a la demandante LORENA GARZONA DE ALVAREZ, la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIEN LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS DE LEMPIRA (Lps. 357,100.70), distribuido en los siguientes conceptos: Preaviso Lps. 41,237.70; Auxilio de cesantía: Lps. 103, 094.25; Auxilio de Cesantía proporcional Lps. 18,785.92; Vacaciones Proporcionales Lps. 9,469.32; Décimo Tercer mes proporcional Lps. 12,174.93; Décimo Cuarto mes proporcional Lps. 3,338.20, reajuste de salario de los años 1998, 1999 y 2000 Lps. 169,057.38, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que conforme a las normas procesales quede firme este fallo. 3º. SIN COSTAS.” CONSIDERANDO: que el alcance de la impugnación es el fin que persigue el recurrente, el objeto que se propone el recurso de tal forma que la manifestación debe hacerse con claridad y propiedad. La finalidad del recurso tiende a la anulación o casación del fallo de segundo grado con motivo de la violación de la ley; dicha casación puede ser total o parcial según la apreciación del recurrente; en el presente caso se observa que el censor persigue desquiciar la sentencia recurrida en forma total, sin embargo, al formular su solicitud a la Corte, pide que se case la sentencia en la parte resolutiva, anulándola parcialmente, de tal forma que dicho alcance se aparta de la técnica de casación, ya que el censor se contradice en su pretensión , pues si se persigue desquiciar totalmente la sentencia recurrida se debe pedir que su anulación sea total; en razón de lo anterior no le es permitido a la Corte Suprema de Justicia subsanar dicho alcance y entrar a estudiar el fondo del recurso, por lo que se desestima el presente recurso de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 1, y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 665 666 letra c), 769, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, FALLA: 1) Declarando no ha lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) Sin costas. MANDA: que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. SELLO Y FIRMAS. SUYAPA THUMANN CONDE. COORDINADORA. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. SELLO Y FIRMA. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de marzo del año dos mil tres. Certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero de dos mil tres, recaída en el recurso de casación por infracción de ley número 2455/01. LUCILA CRUZ MENÉNDEZ. SECRETARIA GENERAL”.