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Sentencia CL-1543-02 — Registro 152

Resumen

La empleada -recurrida- solicita pago de salarios adeudados, prestaciones e indemnizaciones, derechos adquiridos, décimo cuarto mes de salario, vacaciones, aguinaldo, horas extras, bonificaciones y las costas del juicio; la segunda instancia confirmó la sentencia dictada por primera instancia que declaro con lugar la demanda.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en la forma que el Recurrente consigna el alcance de la Impugnación le falta precisión y claridad, omitiendo los requisitos que debe contener el petitum de la demanda, como es la anulación del fallo del Ad-quem e indicar el contenido por el que debe ser reemplazado al convertirse este Tribunal en sede de instancia, la omisión de estos requisitos impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Recurrente, pues no le es lícito suplir oficiosamente las deficiencias en el planteamiento del recurso"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

C E R T I F I C A C I O N

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de mayo del dos mil tres. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal en fecha veinticinco de Octubre el dos mil dos, por el Abogado REINALDO BARAHONA LIZARDO, mayor de edad, casado, hondureño y de este vecindario; en su condición de Apoderado Legal de la Empresa UNION RELOJERA LATIONOAMERICANA (URLA), en relación a la demanda ordinaria laboral para que se haga efectivo el pago de salarios adeudados, prestaciones e indemnizaciones, derechos adquiridos, décimo cuarto mes de salario, vacaciones, aguinaldo, horas extras, bonificaciones y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintidós de Octubre del año dos mil uno, por la señora ROSA MARIA GOMEZ VARELA, mayor de edad, casada, Secretaria y de este domicilio, en contra de Empresa UNION RELOJERA LATIONOAMERICANA (URLA), a través de su Gerente propietario ALFONSO CID MARTINEZ, mayor de edad, casado y de este vecindario; demanda que se contrae a pedir que en sentencia definitiva se condene a la demandada al pago de las prestaciones laborales e indemnizaciones, derechos adquiridos, salarios adeudados, décimo cuarto mes de salario, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones y en concepto de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con arreglo a derecho quede firme la sentencia. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia emitida en fecha trece de Junio del dos mil dos, por la Corte de Apelaciones del Trabajo Francisco Morazán, mediante la cual FALLA: “CONFIRMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha 22 de Abril de 2002 que corre a folios 71, 72 y 73 de la primera pieza de autos. SIN COSTAS.”, en la cual el Tribunal A-quo falló: “1º. Declarando con lugar la demanda promovida por la señora ROSA MARIA GOMEZ VARELA, 2º. Declara con lugar la Demanda en cuanto al pago de horas extras y 3º. Declara sin lugar la Excepción Perentoria de Pago, en consecuencia condena al señor ALFONSO CID MARTINEZ, en su carácter de Gerente Propietario de UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA), al pago de la cantidad DE CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 111,618.46) por los siguientes conceptos: PREAVISO Lps. 11,748.34, AUXILIO DE CESANTIA Lps. 88,112.55; VACACIONES Lps. 3,357.00, AGUINALDO PROPORCIONAL Lps. 2,095.00; DECIMO CUARTO MES Lps. 4,615.82; HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2001 Lps. 1,689. 75, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la trabajadora desde la fecha del despido hasta la fecha en que arreglo a derecho quede firme esta sentencia definitiva. SIN COSTAS.” RESULTA: Que mediante sentencia de fecha diecinueve de Agosto del dos mil dos, se resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Licenciado JOSE RAMON CASTRO ROVELO, en su calidad expresada, contra la sentencia dictada por la Corte de apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, ordenándose dar traslado de los autos al recurrente, para que en el término de veinte días formule su demanda de casación. RESULTA: Que en fecha veinte de Octubre del dos mil dos, compareció ante este Tribunal el Abogado REINALDO BARAHONA LIZARDO, de generales ya expresadas, actuando en representación de la Empresa UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA), formalizando su demanda y expresando los siguientes motivos de casación: PRIMER MOTIVO. INFRACCION DIRECTA POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTICULO 379. El artículo No. 379 del Código del Trabajo literalmente dice: “Todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondientes.”. El juzgador en primera instancia en el considerando cinco de su sentencia expresa: ..”Que el demandado propuso como medio de prueba documental que consiste en el Finiquito de Solvencia que se acompañó a la demanda el que no fue formalizado como lo establece el artículo 379 del Código de Trabajo antes transcrito, precepto legal que fue interpretado erróneamente al caso de autos, pues el documento en mención extendido por la demandante a favor de mi representada encierra básicamente su decisión de dar por terminada la relación de trabajo por renuncia de su parte, acto unilateral de la demandante que no se enmarca en una COMPENSACIÓN: que constituye un modo de extinguir las obligaciones entre dos personas que son recíprocamente deudoras y acreedoras, consistente en dar por pagada la deuda a cada uno en cuantía igual a su crédito; NI EN UNA LIQUIDACIÓN, que significa: Ajustar cuentas, para poner término a una cosa u operación; NO ES UNA TRANSACCIÓN; que es un trato, convenio o negocio, ni mucho menos un CONVENIO, ajuste, pacto, acuerdo; la demandante claramente establece en ese documento que por ese acto dar por terminadas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo por RENUNCIA EXPRESA de su parte, una decisión unilateral, decisión muy particular de ella, que no esta comprendida en el contenido del artículo 379 y por tanto no debió interpretarse de esta manera, pues no es costumbre ni esta ordenada por ninguna ley sustantiva que para que la renuncia por parte del trabajador a un puesto de trabajo tenga efecto debe hacerse ante una autoridad del trabajo y es costumbre inverterada usada por los trabajadores que se haga de esa manera, sin que eso signifique que esos documentos dejen de tener el valor que le otorga su librador en uso de su voluntad y por su decisión unilateral. SEGUNDO MOTIVO: INFRACCION DIRECTA POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 117 DEL CODIGO DEL TRABAJO: La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial en el considerando cuatro de la sentencia, cuando se refiere al documento intitulado FINIQUITO DE SOLVENCIA, dice que este no cumple con los requisitos señala el artículo 17 del Código del Trabajo, este artículo literalmente dice: “La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar validamente causales o motivos distintos”, este artículo es uno de los once artículo que forman el capitulo de EL PREAVISO, y este como tal se refiere al derecho que tiene cualquiera de las partes de un Contrato de Trabajo a recibir del que lo esté dando por terminado unilateralmente aviso de tal acción explicando este los motivos que tiene para dar por terminada la relación de trabajo, en caso de que no lo haga no podrá alegar el que lo debió dar no podrá alegar causal o motivo distinto; pero ya establece este mismo capítulo las sanciones para el que no lo da; la intención del legislador con este4 artículo es de proteger al trabajador para que dado el caso no quede de improviso sin una colocación o al contrario, proteger al Patrono para que la labor que desempeña determinado trabajador quede abandonada intempestivamente, protegiendo de esta manera el capital y el trabajo y en este orden de ideas, si fuera el caso a aplicar, la demandante era la obligada a dar el preaviso y el patrono estuvo facultado a emplazar al trabajador en el término que le concede el artículo 866 del –Código del Trabajo para que cumpliera con lo ordenado por el artículo 118 de ese mismo cuerpo legal, al no hacerlo se entiende que renuncia a ese derecho; no existe en nuestra legislación laboral un precepto legal que indique con precisión cuales deben ser los requisitos de una renuncia y la norma legal aplicada no se refiere en ningún momento a esos requisitos, pues no se ha dicho que el documento objeto9 de esta reflexión sea el preaviso a que se refiere ese artículo, pues como lo digo antes el mismo encierra básicamente la renuncia al puesto de trabajo por parte de la trabajadora, por tal motivo se violó directamente el artículo 117 por aplicación indebida al caso de autos. TERCER MOTIVO. INFRACCION LEGAL POR ERROR DE HECHO: En el considerando número ocho dela sentencia dictada por el Juez de Letras Primero del Trabajo, en este caso, el Juzgador expresa claramente que quedó acreditado en juicio que el FINIQUITO DE SOLVENCIA había sido firmado bajo coacción y que en consecuencia no se habían pagado los derechos laborales, ocurre el error de hecho en la apreciación de la prueba en el sentido de que el Juzgador da por acreditado con declaraciones de testigos que no son idóneos por tener interés particular en el juicio, lo que se demuestra con todos documentos que corren agregados en el expediente; como lo explico antes, estas acciones son constitutivas de delito y como tales deben ser declarados por Juez y autoridad competentes en una sentencia condenatoria firme, y este documento ni constancia consta en el expediente; en este caso el Juez A-quo usurpó la competencia del Juez en materia criminal, violentando en perjuicio de mi representada y demás involucrados los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. Pues consta a folios 38 al 42 una simple denuncia, la que fue presentada en fecha 24 de enero y la inspección se realizó diez días después, apenas iniciada y con el evidente propósito de sorprender al Tribunal, pues si hubiese sido cierto lo alegado por la demandante, que la atrasó para acudir a los Tribunales en la fecha precisa de la supuesta comisión de esos delitos si estaban tan ofendidos. Por todo lo antes expuesto el Juzgador de primera instancia incurre en violación de la ley por apreciación errónea incurriendo en error de hecho. El referido documento claramente dice: QUE POR ESE ACTO DA POR TERMINADA LA RELACION DE TRABAJO POR RENUNCIA EXPRESA DE SU PARTE, y el que hace constar que recibió a satisfacción el pago de sus derechos laborales. Documento que además evidencia la forma infantil con la que la demandante pretende sorprender la justicia, manifestando que la renuncia fue redactada por otras personas en un papel en blanco que firmo bajo coacción y amenazas, lo que es a simple vista ilógico e incongruente pues como pudo firmar en blanco una hoja de papel, en la cual escribió con su puño y letra “ULTIMA LINEA” , pues esto solo evidencia claramente que no hubo ningún tipo de coacción o amenaza para que lo hiciera. CUARTO MOTIVO. INFRACCION LEGAL POR ERROR DE HECHO: Asimismo dice el sentenciador de Primera instancia en el considerando que el demandado no acreditó que se hubieran pagado los derechos laborales a la demandante, apreciación errada del mismo pues como se expresa en el documento que corre agregado a folio 15 de la primera pieza del proceso la demandante libremente expresa que recibió el pago de sus derechos laborales y este hecho se complementa con la inspección ocular realizada por el Juzgado de Letras y que consta a folio 30 del proceso en lo que se refiere a los literales a y c y que se complementa con los documentos que corren agregados a folio 69 frente y vuelto de la primera pieza consistentes en la planilla de pago correspondiente a los meses de mayo y junio del año 2001 y que se agregaron a manera de ilustración pues la funcionaria judicial que realizó la inspección no obstante de haberlas tenido a la vista no lo plasmó en su acto y en las mismas consta que la señora ROSA MARIA GOMEZ VARELA, recibió además de su sueldo y horas extras la suma de NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (L. 9, 134.61) cantidad que corresponde a sus derechos laborales y que hizo constar que recibió en el documento que intituló como finiquito de solvencia. RESULTA: Que en fecha veintiocho de Octubre del dos mil dos, se ordenó dar traslado al opositor para que en el término de diez días proceda a contestar la demanda, haciéndolo en fecha trece de Noviembre del año en curso (2002) la Abogada TULA HERNÁNDEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este vecindario, actuando en su condición de apoderada legal dela señora ROSA MARIA GOMEZ VARELA, de generales ya expresadas de la siguiente manera: “ A LA EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Este motivo de casación lo contesto de la siguiente manera: El Casacionista alega haberse infringido directamente el artículo 379 del Código del Trabajo, por haberse interpretado erróneamente, en lo referente a “Que todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondientes” y que a cuyo efecto el Juzgador en la sentencia en el considerando cinco, refiere “Que el demandado propuso como medio de prueba documental FINIQUITO DE SOLVENCIA y que el mismo no fue formalizado como lo establece el referido artículo 379 del Código del Trabajo, el que fue interpretado erróneamente, puesto que el documento en mención, básicamente encierra la decisión de dar por terminada la relación laboral por renuncia, y que en tal virtud dicho documento no se encuentra enmarcado dentro de los presupuestos de la COMPENSACIÓN, LIQUIDACIÓN, TRANSACCIÓN O CONVENIO. Al respecto, Honorables Magistrados, considero que quien interpreta erróneamente esa disposición legal es el casacionista, pues pretende sacar o distraer de su expresión literal al documento presentado como prueba, queriéndole adjudicar solamente el contenido de una RENUNCIA, lo cual por supuesto no es cierto, puesto que el documento intitulado FINIQUITO DE SOLVENCIA, refiérese precisamente a eso, a declarar solvente a la empresa demandada, de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, supuestamente por haber recibido de la empresa el pago de los derechos laborales como: preaviso, auxilio de cesantía, reclamo por accidentes de trabajo, auxilio por enfermedad no profesional, pago de horas extras, salarios devengados hasta el último día de trabajo, pago de obligaciones por maternidad, pago de días feriados, días de descanso y otros, y en el mismo documento, agrega que el FINIQUITO ES EN VIRTUD DE RENUNCIA EXPRESA: Es bien claro, que se trata de un supuesto documento que libera a la empresa por haberle liquidado a su empleada todos los derechos laborales, documento este que para tener validez y transparencia era imprescindible el haberlo formalizado ante la Autoridad del Trabajo respectiva. SEGUNDO MOTIVO: Dice el Casacionista existir infracción directa por aplicación indebida del artículo 117 del Código del Trabajo, por cuanto la Corte de Apelaciones del Trabajo en su considerando cuarto dela sentencia al referirse al documento FINIQUITO DE SOLVENCIA dice que éste no cumple con los requisitos señalados en el artículo 117 del Código del Trabajo, en cuanto a que “La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación”: Después no podrá alegar validamente causales o motivos diferentes”. Y agrega que éste artículo es uno de los once artículos que forman el capitulo de EL PREAVISO.... Al respecto, no se entiende a que se refiere el recurrente; pero mas adelante explica lo que es el PREAVISO y los requisitos del mismo así como las sanciones por falta de requisitos, agrega también, que cuando la trabajadora renunció y no hizo uso del derecho a presentar el preaviso, fue porque renuncio a ese derecho y que no existe en nuestra legislación en la cual se nos indiquen los requisitos que debe contener esa renuncia, y que por esos motivos se violó directamente el artículo 117 laboral. Yo creo que el recurrente no comprende el alcance del considerando cuatro de la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, ni de la misma disposición legal. Esta disposición legal tiene como propósito, por parte del patrono, no perjudicar los derechos al trabajador para lo cual se le informa el motivo de la terminación unilateral del contrato del trabajo y por parte del trabajador en igual forma, no perjudicar los intereses de la empresa por lo que pudiera suceder en el caso intempestivo de no contar con esa fuerza de trabajo; y en cuanto a la renuncia y liquidación de derechos laborales, el interponerla sin el conocimiento de la autoridad del trabajo, puede viciar de nulidad el acto, como es el caso que nos ocupa, y que se encuentra previsto en el artículo 379 del Código del Trabajo. La disposición legal contenida en el artículo 379 del Código del Trabajo, fue tomada por el legislador con la intención de evitar fraudes o actos dolosos provenientes de la coacción o amenazas y porque sí lo han tenido contemplados legislaciones de otros países, en las que en relación a las renuncias interpuestas por el trabajador, para su validez deben llenar ciertos requisitos, como constar en acta notarial, hacerse ante autoridad judicial o administrativa o por medios que revelen en forma fehaciente que la misma ha sido voluntariamente formulada (Guillermo Cabanellas, Página 144). TERCER Y CUARTO MOTIVO: En cuanto al tercer y cuarto motivo de Casación, el recurrente no indica cual o cuales son las disposiciones legales infringidas, pero en su desarrollo refierese también a lo expresado en sus dos anteriores motivos de casación y las observaciones al respecto también, con todo respeto señalo que están comprendidos en las que se hacen en los motivos anteriores. QUE SE DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO Y CONSECUENTEMENTE DESIERTO EL RECURSO. Con el mas debido respeto, llamo la atención de los honorables magistrados, y reparen en lo siguiente: 1) Consta en la segunda pieza de los autos, que a la fecha del 18 de Julio 2002, el Licenciado JOSE RAMON CASTRO ROVELO, interpuso Recurso de Casación ante la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de esta Sección Judicial, el cual fue admitido por el Tribunal dela segunda instancia en fecha 20 del mismo mes y año y remitido a la Honorable Corte Suprema de Justicia el día 24 del mismo mes y año. 2) Asimismo consta en autos, que en fecha 15 de Octubre del año 2002, el Licenciado JOSE RAMON CASTRO ROVELO, recibió en traslado las diligencias con el objeto de proceder a formalizar el recurso. 3) El día 25 del mes de Octubre, el Abogado REINALDO BARAHONA LIZARDO, compareció ante este Alto Tribunal, personándose en la Demanda Laboral y al mismo tiempo formalizando el recurso. 4) Consta en el expediente que contiene la pieza del Recurso de Casación, el PODER que la Empresa UNION RELOJERA LATIONOAMERICANA le otorgara al Abogado REINALDO BARAHONA LIZARDO, el cual fue autorizado ante los oficios del Notario don MARCO ANTONIO AMAYA DURON, en fecha 4 de Octubre del 2002. 5) En virtud de que el Poder General para pleitos le fuere otorgado al Abogado BARAHONA LIZARDO, en la fecha antes referida, considero, Honorables Magistrados, que en aplicación a lo establecido en el artículo 361 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, a esa fecha del 4 de Octubre ya se le había revocado el poder al Licenciado JOSE RAMON CASTRO ROVELO, y por consiguiente él ya no podía comparecer, como así lo hizo, ante este Tribunal a recibir el traslado de las diligencias el día 15 de Octubre para formalizar el Recurso; es decir, este Profesional del Derecho recibió el Traslado cuando ya no era apoderado legal de la empresa demandada, y este actuar vicia de nulidad el acto. Lo correcto era que el nuevo apoderado, se personara ante esta Honorable Corte a efecto de que se le tuviera como parte y poder en su oportunidad recibir el traslado para formalizar el Recurso; sin embargo, el Abogado BARAHONA LIZARDO, no se personó por acto separado y lo hizo al mismo tiempo de formalizar el recurso de Casación. En virtud de lo anterior, se solicita se tenga a bien decretar la nulidad del acto, y tener por desierto el recurso.- RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien informó tener redactado el Proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal lo que proceda de conformidad a derecho. CONSIDERANDO: Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a la técnica y cumplir con los requisitos propios de este recurso extraordinario, para que pueda ser atendible por la Corte y prosperar. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en su demanda de casación al pretender formular el petitum de la demanda, como lo es la Declaración del Alcance de la Impugnación, además de no proponer el proyecto del fallo sustitutivo, lo hace en los términos siguientes: “La Sentencia dictada por la corte de Apelaciones del Trabajo en fecha trece de junio del presente año 2002, por violar directamente por aplicación indebida del artículo 117 del Código del Trabajo, sentencia que confirma la dictada por el Juez de Letras Primero del Trabajo, que a su vez viola directamente el artículo 379 del Código del Trabajo por interpretación errónea. La impugnación se dirige además a los considerandos cuatro y cinco de la sentencia dictada por la corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán y por ser esta confirmatoria el alcance de la impugnación se extiende a los fundamentos del fallo de primero instancia, pues no pueden considerarse ajustado a derecho un fallo que se funda en una prueba que no es fehaciente ni la que debió utilizarse para probar los hechos alegados, además de ser el fallo desestimatorio de la prueba propuesta por mi representado, misma que consiste en el finiquito de solvencia que extendió la Señora ROSA MARIA GOMEZ VARELA a favor de URLA. Se impugna asimismo la falta de apreciación de la prueba testifical propuesta por la parte demandante con la que según los Juzgadores se acredita el despido verbal, además de las amenazas y coacciones en perjuicio de la demandante y de los demás testigos, de lo que se desprende que los mismos no fueron idóneos por evidenciarse con las inspecciones realizadas que son parte interesada en el Juicio, además de ser errónea la apreciación de la misma al establecerse que con esas declaraciones se acreditaron los delitos de coacción y amenazas que alega la demandante y los mismos testigos, estas supuestas acciones según nuestra legislación penal vigente son constitutivas de delito y como tales deben ser declarados por Juez y autoridad competente en una sentencia condenatoria firme. Al igual que la apreciación de la prueba de inspección ocular propuesta por la parte demandante y que obra agregada a folio 30 de la primera pieza del proceso y que se complementa con los documentos que corren agregados a folio 69 frente y vuelto siempre de la primera pieza del proceso”. CONSIDERANDO: Que en la forma que el Recurrente consigna el alcance de la Impugnación le falta precisión y claridad, omitiendo los requisitos que debe contener el petitum de la demanda, como es la anulación del fallo del Ad-quem e indicar el contenido por el que debe ser reemplazado al convertirse este Tribunal en sede de instancia, la omisión de estos requisitos impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Recurrente, pues no le es lícito suplir oficiosamente las deficiencias en el planteamiento del recurso. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo, FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que

con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia. NOTIFIQUESE. SUYAPA THUMANN CONDE. COORDINADORA. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. MIRNA LIZETTE ALVARADO G. SECRETARIA POR LEY.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de Julio del año dos mil tres. (Certificación de la sentencia de fecha 23 de Mayo del 2003, recaída en el Recurso de Casación Laboral con orden de ingreso en este Tribunal No. 1543-02).

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL