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Sentencia CL-1257-02 — Registro 127

Resumen

En segunda instancia se reforma la sentencia dictada por el juzgado; declarándose sin lugar la demanda y absolviendo de responsabilidad al empleador.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que como primer motivo de casación se acusa la sentencia por “Infracción directa de la ley por falta de aplicación de los artículos .... En el caso de autos el censor considera como violada una norma constitucional que como lo indica el mismo censor, dichas normas son inviolables para efectos de casación, razón por la cual el motivo resulta inadmisible..."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN. La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente, DICE: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Laboral-Contencioso Administrativo.-Tegucigalpa, M.D.C., siete de abril del dos mil tres. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dos, por el Abogado HECTOR RENE MALDONADO RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor JUAN CARLOS MUNGUIA; en relación a la demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa que tuvo para dar por terminado el contrato individual de trabajo, caso contrario sea condenado en juicio a pagar las prestaciones sociales e indemnizaciones legales, reajuste salarial y pago de horas extras conforme al Estatuto Médico Empleado, salarios caídos y costas del juicio, promovida ante el Juzgado Segundo de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintiséis de julio del dos mil uno, por el señor JUAN CARLOS MUNGUIA, mayor de edad, casado, Médico General, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, contra la Empresa GILDAN SAN JOSE, S.A., por medio de su Representante Legal señor EDUARDO ARTURO FACUSE, mayor de edad, casado, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés. El recurso de Casación se interpuso contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha catorce de mayo del año dos mil dos, que en su parte conducente, DICE: “...FALLA: PRIMERO: REFORMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de esta misma sección judicial el veinte de marzo del año dos mil dos, relacionada con la demanda promovida por el señor JUAN CARLOS MUNGUIA, contra la sociedad mercantil denominada GILDAN ACTIVEWEAR SAN JOSE, S.A., representada legalmente por el señor EDUARDO ARTURO FACUSSE, reforma que se contrae únicamente a la parte resolutiva, en cuanto al monto de la condena impuesta a la demandada relativa a pagar al trabajador JUAN CARLOS MUNGUIA, cantidad de dinero en concepto de reajuste salarial y derechos adquiridos, la que será en la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTISÉIS CENTAVOS (Lps.140,947.26) que se desglosa así: vacaciones proporcionales: Lps.12,512.26; décimo tercer mes proporcional: Lps.9,927.50: décimo cuarto mes proporcional: Lps.20,757.50: reajuste de salario: Lps.97,750.00, reajuste de vacaciones OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps.8,163.45).- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia de la referencia en los demás extremos”. Asimismo, el A-quo declaró SIN LUGAR la demanda de mérito; en cuanto a lo que se refiere al pago de las prestaciones como ser preaviso, auxilio de cesantía, horas extras y salarios, más no así en cuanto al pago de reajuste salarial reclamado y los derechos adquiridos; En consecuencia, ABSUELVE a la Sociedad Mercantil demandada GILDAN ACTIVEWEAR SAN JOSE, S.A., del pago de prestaciones laborales como ser preaviso, auxilio de cesantía, horas extras y los salarios caídos. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia, dictó sentencia en fecha trece de agosto del año dos mil dos, mediante la cual resolvió admitir el Recurso de Casación que en su oportunidad interpuso el Licenciado HECTOR RENE MALDONADO RODRIGUEZ, en su condición expresada, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha catorce de mayo del dos mil dos, asimismo dispuso se llevara adelante la tramitación del recurso confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara la demanda de casación. RESULTA: Que en fecha veintisiete de septiembre del dos mil dos, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado HECTOR RENE MALDONADO RODRIGUEZ, formulando el Recurso de Casación, que en su oportunidad interpuso, el cual fundamentó de la manera siguiente: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN. Infracción directa de la Ley por falta de aplicación de los artículos 129 de la Constitución de la República en relación con el artículo 46 reformado de la Ley del Estatuto del Médico Empleado. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA. Reiteradamente a mantenido esta Corte el sólido criterio de que la infracción directa de la Ley, parte de la base que la sentencia no aplique la norma que regule el caso debatido y establecido en el proceso, cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la Ley. CONCEPTO DE LA INFRACCION. El artículo 46 reformado de la Ley del Estatuto del Médico Empleado señala: “Todo médico empleado que fuere removido de su cargo, tendrá derecho a recibir una indemnización equivalente a un (1) mes de salario por cada año de servicio sin exceder de lo correspondiente a quince (15) meses y además al pago de dos (2) meses de preaviso cuando este no se le hubiera concedido”, (ver folio 77 de la primera pieza). De conformidad con la norma legal antes citada las indemnizaciones concernientes a Cesantía y Preaviso son derechos adquiridos de los médicos empleados y deberán hacerse efectivos una vez terminada la relación laboral, es de decir su cumplimiento es obligatorio para los patronos, consta en autos que la empresa GILDAN ACTIVE WEAR S.A., despidió de su puesto de trabajo como Médico General al doctor JUAN CARLOS MUNGUIA mediante nota escrita en fecha 15 de junio del año 2001, (ver folio seis de la primera pieza de autos) liberándose según dicha notificación de despido de toda responsabilidad económica de su parte, ignorando la empresa que lo establecido en el artículo precitado. No obstante lo señalado la Corte sentenciadora deja de aplicar el artículo 46 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, en consecuencia le niega al demandante el pago de las prestaciones laborales previsto en los artículos 129 de la Constitución de la República y 46 reformado de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, pues las prestaciones laborales para los médicos son Derechos Adquiridos sin importar las causales de terminación de contrato de trabajo, disposiciones sustantivas de orden nacional infringidas por el sentenciador al no aplicarlas como reguladoras del caso debatido, siendo absolutamente claro el texto de la norma y sin embargo la sentencia recurrida al absolver a la demandada contiene disposiciones en abierta pugna con la Ley. EN ESTA FORMA QUEDA DEMOSTRADA LA INFRACCION ALEGADA EN ESTE MOTIVO. Es de hacer notar que la disposición constitucional que se invoca (art.129) por su falta de aplicación en el fallo recurrido en éste motivo de casación, es porque el aspecto que regula la hace descender a la categoría de norma sustantiva por excepción, por cuanto es un principio general establecido que las normas constitucionales son inviolables para los efectos de casación, a menos que como en el presente caso ostenten las características señaladas. Estando demostrada la infracción directa de la Ley sustantiva contenida en este mismo, es procedente la prosperidad del cargo y casar parcialmente la sentencia que se impugna. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. Infracción directa de la Ley por falta de aplicación de los artículos 129 de la Constitución de la República en relación con los artículos 33 y 34 párrafo primero ambos reformados de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, relacionado además con el artículo 13 párrafo primero y último del Decreto Ley 121 de fecha 18 de abril de 1974, reformado por el Decreto Ley número 624 de fecha 11 de mayo de 1978, referente al pago de salarios. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA. Reiteradamente a mantenido esta Corte el sólido criterio de que la infracción directa de la Ley, parte de la base que la sentencia no aplique la norma que regule el caso debatido y establecido en el proceso, cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la Ley. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. La Ley del Estatuto del Médico Empleado establece en el artículo 33: “El salario base que devengue el Médico empleado será determinado de conformidad a su categoría profesional y tomando como base para su cuantificación, el salario base cuantificado por el Gobierno de la República a la actividad económica de servicios prestados a las empresas” en relación directa el artículo 34 párrafo primero reformado de la Ley del Estatuto del Médico Empleado señala: “El sueldo base del Médico empleado en la categoría de Médico general será el equivalente a doce (12) salarios mínimos; y el sueldo base del Médico especialista será el equivalente a catorce (14) salarios mínimos. El sueldo base del Médico empleado será ajustado en forma automática y proporcionalmente en relación a las modificaciones que se efectúen al salario mínimo por el Gobierno de la República. El artículo 13 párrafos primero y último del decreto Ley número 121 de fecha 18 de abril de 1974, reformado por el decreto número 624 de fecha 11 de mayo de 1978 que en su parte conducente dice: Artículo 13.- “Todo trabajador al que se le pague un salario inferior mínimo establecido en esta Ley, tendrá acción para demandar al patrono, ante el Juzgado competente, el pago de la cantidad que aquel le adeude”; “La acción que este artículo concede al trabajador, prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que ocurra el hecho que motiva su ejercicio”. La sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula en fecha catorce de mayo del año dos mil dos, REFORMA la de primera instancia en cuanto a lo relacionado al pago del reajuste de salario reclamado por el demandante. De conformidad a la sentencia de primera instancia, al demandante le corresponden en concepto de reajuste de salarios de los dos últimos años de trabajo la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS, sin embargo la Corte de Apelaciones sin fundamento jurídico reduce dicha cantidad a NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS, otorgándole al demandante el reajuste de salario solamente al último año y medio de servicio, es decir doce meses del año dos mil y los últimos seis meses que laboro el demandante del año dos mil uno, (ver folio 16 de la segunda pieza) hecho con el cual la corte sentenciadora viola flagrantemente lo establecido en el párrafo último del artículo 13 del decreto Ley 121 reformado de fecha 18 de abril de 1974, el cual establece el derecho del trabajador a que se le pague el reajuste salarial correspondiente a los DOS últimos años de servicio. Por lo tanto es evidente la infracción por parte de la Corte sentenciadora al negarle al demandante el pago completo del reajuste salarial correspondiente a dos años, con lo cual a infringido las disposiciones sustantivas de orden nacional señaladas, al no aplicarlas como reguladoras del caso debatido, siendo absolutamente claro el texto de la norma y sin embargo la sentencia recurrida al reformar la sentencia de primera instancia reduce el monto de lo legalmente condenado y ordenado por la Ley en concepto de reajuste de salario, lo cual evidentemente contiene disposiciones en abierta pugna con la Ley. EN ESTA FORMA QUEDA DEMOSTRADA LA INFRACCION ALEGADA EN ESTE MOTIVO. Es de hacer notar que la disposición constitucional que se invoca (art.129) por su falta de aplicación en el fallo recurrido en éste motivo de casación, es porque el aspecto que regula la hace descender a la categoría de norma sustantiva por excepción, por cuanto es un principio general establecido que las normas constitucionales son inviolables para los efectos de casación, a menos que como en el presente caso ostenten las características señaladas. Estando demostrada la infracción directa de la Ley sustantiva contenida en este motivo, es procedente la prosperidad del cargo y casar parcialmente la sentencia que se impugna en los términos anteriormente indicados.- TERCER MOTIVO DE CASACIÓN. Infracción indirecta de los artículos 129 de la Constitución de la República en relación con los artículos 33 y 34 párrafo primero ambos reformados de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, relacionado además con el artículo 13 párrafos primero y último del Decreto Ley 121 de fecha 18 de abril de 1974, reformado por el Decreto Ley número 624 de fecha 11 de mayo de 1978 referente al pago de salarios, a través de los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo; por error de hecho manifiesto resultante de la apreciación errónea por parte del Juzgador de los medios de prueba DOCUMENTALES que aparecen a folios 126 y 127 de la primera pieza de autos.- PRECEPTO AUTPRIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo.- DOCTRINA. El error de hecho procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el fallador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta contraria a la realidad de los hechos.- El error de hecho debe ser manifiesto o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría con la Sentencia que admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado, o por el contrario se da por no probado un hecho que si está demostrado plenamente en juicio.-CONCEPTO DE LA INFRACCION. En atención a lo que establece el artículo 13 reformado del Decreto Ley Número 121 de fecha 18 de abril de 1971 en sus párrafos primero y último: “Todo trabajador al que se le pague un salario inferior al mínimo establecido en esta Ley, tendrá acción para demandar al patrono, ante el Juzgado competente, el pago de la cantidad que aquel le adeude”.....”La acción que este artículo concede al trabajador, prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que ocurra el hecho que motiva su ejercicio”. Las pruebas que fueron erróneamente apreciadas por la Corte sentenciadora y que la llevaron a infringir disposiciones de orden sustantivo de carácter nacional obran a folios 126 y 127 de la primera pieza de los autos, la cual consiste en la certificación de la estructura salarial extendida por la Secretaría General del Colegio Médico de Honduras vigente, donde se establece cual es el salario que debe devengar un médico empleado en la categoría general, de conformidad al razonamiento hecho por la Corte sentenciadora, la estructura salarial en referencia únicamente hace mención del salario que debía devengar un médico empleado de carácter general para los años 2000 y 2001, lo cual es totalmente erróneo pues es evidente que dicha certificación también establece cual era el salario devengado por un médico general para el año 1999, por lo tanto la Corte sentenciadora ha apreciado erróneamente el medio de prueba que aparece singularizado en los autos de la primera pieza a folios 126 y 127.- De la relación de los hechos y actos que aparecen acreditados en autos mediante los medios de prueba documentales y que obran a folios 126 y 127 de la primera pieza de autos, queda establecido claramente la apreciación errónea de los medios de prueba señalados por parte del Juzgado de Segunda instancia.- Por lo tanto la no observancia de las disposiciones procesales establecidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo, por error de hecho manifiesto resultante de la apreciación errónea de la prueba documental que se ha hecho mención y que aparece en autos de primera pieza a folios 126 y 127, deja demostrada la infracción por parte de la Corte Sentenciadora en el fallo que se recurre a las normas sustantivas citadas, de tal suerte y en virtud de lo expuesto es procedente la prosperidad de éste motivo de casación, por lo que debe casarse parcialmente la sentencia recurrida en los términos indicados. CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN. Infracción directa de la Ley por falta de aplicación de los artículos 129 de la Constitución de la República en relación con el artículo 22 reformado y 23 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA. Reiteradamente a mantenido esta Corte el sólido criterio de que la infracción directa de la Ley, parte de la base que la sentencia no aplique la norma que regule el caso debatido y establecido en el proceso, cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la Ley. CONCEPTO DE LA INFRACCION. El artículo 22 reformado de la Ley del Estatuto del Médico Empleado señala: “Todo médico empleado tendrá derecho a vacaciones anuales REMUNERADAS y pagadas anticipadamente. La remuneración por el pago de vacaciones es independiente del salario mensual que el médico percibe como empleado y para su cálculo se tomará como base el promedio del salario ordinario devengado por el médico durante los últimos seis (6) meses. El pago de vacaciones será por cada tipo de jornada de trabajo que el médico desempeñe, para el caso de que labore mas de una jornada al servicio de un mismo patrono o empleador”, ver folio 77 de la primera pieza de autos. De conformidad con la norma legal contenida en el artículo 22 de la Ley del Estatuto del Médico empleado, las vacaciones anuales a que tiene derecho el médico empleado deben ser remuneradas anticipadamente y son independientes del pago de su salario mensual devengado, por lo tanto las vacaciones al médico deben remunerársele en los términos anteriormente indicados, y siguiendo lo establecido en el artículo 23 de la mencionada Ley al médico empleado después del tercer año de servicio le corresponden 20 días hábiles consecutivos. Según la sentencia pronunciada por la Corte sentenciadora al demandante se le otorgo el pago de OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS en concepto de reajuste de vacaciones, ver folio dieciséis vuelto de la segunda pieza de autos, pero es evidente de que no se le concedió el pago de las cantidades correspondientes a las parte de las vacaciones que no fueron cubiertas de los dos últimos periodos de conformidad al artículo 22 del estatuto Médico, hecho esto probado plenamente en los autos y reconocido por la Juzgadora de primer instancia ver folio 200, razón por la cual es evidente la procedencia de su condena, en consecuencia la sentencia que se solicita sea casada parcialmente le niega al demandante el pago de las vacaciones remuneradas previsto en los artículos 129 de la Constitución de la República y 22 reformado de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, disposiciones sustantivas de orden nacional infringidas por el sentenciador al no aplicarlas como reguladoras del caso debatido, siendo absolutamente claro el texto de la norma y sin embargo la sentencia recurrida al no condenar el pago de las vacaciones conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado contiene disposiciones en abierta pugna con la Ley. EN ESTA FORMA QUEDA DEMOSTRADA LA INFRACCION ALEGADA EN ESTE MOTIVO. Es de hacer notar que la disposición constitucional que se invoca (art.129) por su falta de aplicación en el fallo recurrido en éste motivo de casación, es porque el aspecto que regula la hace descender a la categoría de norma sustantivas por excepción, por cuanto es un principio general establecido que las normas constitucionales son inviolables para los efectos de casación, a menos que como en el presente caso ostenten las características señaladas. Estando demostrada la infracción directa de la Ley sustantiva contenida en este motivo, es procedente la prosperidad del cargo y casar parcialmente la sentencia que se impugna”. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha treinta de septiembre del año dos mil dos, mediante la cual tuvo por formalizada en tiempo la demanda de casación por parte del Licenciado HECTOR RENE MALDONADO RODRIGUEZ, ordenando en consecuencia dar en traslado al opositor por el término de diez días para que procediera a contestar dicha demanda. Haciéndolo el Licenciado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, actuando en su condición de Apoderado Legal de la Empresa Mercantil denominada GILDAN ACTIVEWEAR SAN JOSE, S.A., en fecha diecisiete de octubre del dos mil dos, de la siguiente manera: “... EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. 1.- En el PRIMER MOTIVO de casación el acusador de la sentencia recurrida sostiene que en la misma se incurrió en Infracción directa de la Ley por falta de aplicación de los artículos 129 de la Constitución de la República en relación con el artículo 46 reformado de la Ley del Estatuto del Médico Empleado.- Al explicar este motivo el casacionista transcribe el artículo 46 reformado de la Ley del Estatuto del Médico Empleado que dice: “Artículo 46.- Todo médico empleado que fuere removido de su cargo, tendrá derecho a recibir una indemnización equivalente a un (1) mes de salario por cada año de servicio, sin exceder de lo correspondiente a quince (15) meses, y además al pago de dos (2) meses de preaviso cuando éste no se le hubiera concedido”.- Argumenta el recurrente que de conformidad con la norma precitada el doctor Juan Carlos Munguía tenía el derecho a recibir la indemnización por despido equivalente a un mes de salario por cada año trabajado sin exceder de 15 años; y al pago del preaviso.- Le voy a conceder al recurrente en beneficio de la duda porque no creo que esté incurriendo en faltas graves a la ética que debe observar todo Profesional del Derecho.- “El Profesional del Derecho, como servidor de la justicia y colaborador de su administración, debe tener presente que su deber profesional consiste en defender los derechos que su cliente con diligencia y estricta sujeción a las normas legales y morales.- La conducta del Profesional del Derecho se debe caracterizar por la honradez y franqueza.- No debe aconsejar ni ejecutar actos dolosos, forjar o desfigurar los hechos, ni hacer citas inexactas, incompletas o maliciosas, ni realizar acto alguno que pueda entorpecer o desviar la rápida y eficaz administración de la justicia”. (Código de Ética del Profesional Hondureño del Derecho).- Afirmar por parte del recurrente que el doctor Juan Carlos Munguía, tiene derecho al pago de sus prestaciones laborales porque así lo dice el artículo 46 reformado de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, es tener un total desconocimiento de dicho Estatuto, porque el texto del artículo 46 reformado de la Ley del Estatuto del Médico Empleado debe entenderse y así se aplica, que se derecho le correspondería al doctor Juan Carlos Munguía, si la terminación de su contrato individual de trabajo se hubiera efectuado por parte de la empresa GILDAN ACTIVEWAR SAMN JOSE, S.A., sin causa justificada, pero ese no es el caso, porque al doctor Juan Carlos Munguía, se le despidió del trabajo con causas justificadas y durante la secuela del juicio se le probaron esas causas y fue por ello que el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés absolvió a mi representada del pago de la indemnización por despido del trabajo del demandante; y por igual razón la Corte de Apelaciones del Trabajo de aquella misma Sección Judicial confirmó la sentencia en cuanto a absolver a la empresa demandada del pago de la indemnización por el despido del trabajo del demandante.- Si fuera como lo asegura el recurrente no habrían tantos juicios promovidos por médicos reclamados el pago de sus indemnizaciones por despido del trabajo.- La Ley del Estatuto del Médico Empleado contempla en su CAPITULO X, LAS SANCIONES.- En su artículo 53 habla precisamente de las sanciones a que se hacen acreedores los médicos empleados como medidas disciplinarias; en su artículo 54 se establecen esas medidas disciplinarias que van desde amonestación hasta el despido según la gravedad de la falta cometida.- En su artículo 57 el mismo Estatuto se establece que los médicos empleados serán despedidos o removidos de sus cargos por las causas o motivos establecidos en las leyes vigentes y el Reglamento de la presente Ley.- De manera que no es verdad lo que alega el recurrente en el primer motivo de casación, en el sentido de que el pago de preaviso y auxilio de cesantía o sea lo que se conoce como indemnización por despido sean una especie de “derechos adquiridos” para el médico que ha sido despedido, porque de conformidad con la Ley del Estatuto del Médico Empleado esa indemnización la puede perder si el médico empleado incurre en faltas graves en el cumplimiento de sus obligaciones como es el caso del doctor Juan Carlos Munguía.- La empresa previo a proceder al despido del trabajo al doctor Juan Carlos Munguía, agotó la instancia de oírlo y fue escuchado ante la Autoridad Administrativa del Trabajo, así consta en los autos.- 2.- En el SEGUNDO MOTIVO se acusa por el recurrente que la sentencia es violatoria por infracción directa de la Ley por falta de aplicación de los artículos 129 de la Constitución de la República en relación con los artículos 33 y 34 párrafo primero ambos reformados de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, relacionado además con el artículo 13 párrafos primero y último del Decreto Ley 121 de fecha 18 de abril de 1974, reformado por el Decreto Ley número 624 de fecha 11 de mayo de 1978, referente al pago de salarios.- El Juzgador de la primera instancia al condenar a la empresa demandada al pago de cierta cantidad de Lempiras por concepto de reajuste de salario ni siquiera hizo un detalle de la manera en que procedió para realizar el cálculo, fue por ello que esa sentencia fue apelada por la parte demandada, para que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, revisara lo relativo al cálculo del ajuste de salario y reformara la sentencia como efectivamente así se hizo, este Tribunal hizo un detalle del pago del ajuste del salario y la empresa quedó conforme con la condena impuesta por ese concepto.- De ninguna manera hubo falta de aplicación de ningún artículo, simplemente la parte actora nunca quedó conforme con el cálculo efectuado por la Corte de Apelaciones del Trabajo, cómputo que se hizo en apego a las diferentes escalas salariales contenidas en las reformas a la Ley del Estatuto del Médico Empleado y a los salarios que se le pagaron al señor Juan Carlos Munguía. 3.- En el TERCER MOTIVO se acusa por el recurrente que la sentencia es violatoria por infracción indirecta de los artículos 129 de la Constitución de la República en relación con los artículos 33 y 34 párrafo primero ambos reformados de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, relacionado además con el artículo 13 párrafos primero y último del Decreto Ley 121 de fecha 18 de abril de 1974, reformado por el Decreto Ley número 624 de fecha 11 de mayo de 1978, referente al pago de salarios, a través de los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo; por error de hecho manifiesto resultante de la apreciación errónea por parte del Juzgador de los medios de prueba DOCUMENTAL que aparecen a folios 126 y 127 de la primera pieza de autos.- De conformidad con el numeral 1° del artículo 765 del Código del Trabajo, otro requisito de mucha importancia en la técnica casacional, es que el recurrente no solo indique la apreciación errónea o falta de apreciación de la prueba, sino que demuestre eficazmente que el sentenciador incurrió en el error de hecho que alega. El error de hecho es inevitable que aparezca de manifiesto en el proceso. El casacionista señala lo que él cree son errores, sin llegar a demostrarlo como es debido. El error de hecho en la apreciación de las pruebas, que conduce a la violación de la Ley sustantiva y autoriza a la sala de lo laboral para casar el fallo impugnado, tiene que ser manifiesto, notorio, que sin mayor esfuerzo ni raciocinio se imponga a la mente. El error de hecho no se funda en la falta de apreciación de una prueba en todo o parte, como lo afirma el recurrente, sino en que ella demuestre un hecho que la sentencia desconoce, o viceversa. La omisión de una prueba por parte del sentenciador, no es lo que constituye el error de hecho, este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el juicio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente, o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso. Los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado por el tribunal es abiertamente contrario a lo probado en el juicio. 4.- En el CUARTO MOTIVO se acusa por el recurrente que la sentencia es violatoria por infracción directa de la Ley por falta de aplicación de los artículos 129 de la Constitución de la República en relación con el artículo 22 reformado y 23 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado. El Juzgador de la primera instancia al condenar a la empresa demandada al pago de cierta cantidad de Lempiras por concepto de reajuste de vacaciones ni siquiera hizo un detalle de la manera en que procedió para realizar el cálculo, fue por ello que esa sentencia fue apelada por la parte demandada, para que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, reformara lo relativo al cálculo del ajuste de vacaciones como efectivamente así se hizo, este Tribunal hizo un detalle del pago del ajuste de las vacaciones y la empresa quedó conforme con la condena impuesta por ese concepto.- De ninguna manera hubo falta de aplicación de ninguna disposición legal, simplemente la parte actora nunca quedó conforme con el cálculo efectuado por la Corte de Apelaciones del Trabajo, cómputo que se hizo en apego a las diferentes escalas salariales contenidas en las reformas a la Ley del Estatuto del Médico Empleado y a las vacaciones que se le pagaron al señor Juan Carlos Munguía”. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, en la demanda de mérito se nombró ponente a la Magistrada SUYAPA THUMANN CONDE, quien en su oportunidad informo tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal lo que procediere conforme a derecho. CONSIDERANDO: que como primer motivo de casación se acusa la sentencia por “Infracción directa de la ley por falta de aplicación de los artículos 129 de la Constitución de la República en relación con el artículo 46 reformado de la Ley del Estatuto del Médico Empleado. Precepto autorizante: este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. En el caso de autos el censor considera como violada una norma constitucional que como lo indica el mismo censor, dichas normas son inviolables para efectos de casación, razón por la cual el motivo resulta inadmisible. CONSIDERANDO: que como segundo motivo de casación se acusa la sentencia por “infracción directa de ley por falta de aplicación de los artículos 129 de la Constitución de la República en relación con los artículos 33 y 34 párrafo primero ambos reformados de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, relacionado además con el artículo 13 párrafos primero y último del Decreto Ley 121 de fecha 18 de Abril de 1974, reformado por el Decreto Ley número 624 de fecha 11 de Mayo de 1978, referente al pago de salarios. Precepto autorizante: Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo.” Al igual que en el motivo anterior el censor cita como violado un artículo de la Constitución de la República, que es inviolable para efectos de casación. En consecuencia, el motivo es inadmisible. CONSIDERANDO: que como tercer motivo se acusa la sentencia por “infracción indirecta de los artículos 129 de la Constitución de la República en relación con los artículos 33 y 34 párrafo primero ambos reformados de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, relacionados además con el artículo 13 párrafo primero y último del Decreto Ley 121 de fecha 18 de Abril de 1974, reformado por el Decreto Ley número 624 de fecha 11 de Mayo de 1978 referente al pago de salarios, a través de los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, por error de hecho manifiesto resultante de la apreciación errónea por parte del juzgador de los medios de prueba documentales que aparecen a folios 126 y 127 de la primera pieza de autos. Precepto autorizantes. Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo”. Este motivo al igual que los anteriores es inadmisible por las mismas razones. CONSIDERANDO: que el cuarto motivo se formula así: “Infracción directa de la ley por falta de aplicación de los artículos 129 de la Constitución de la República en relación con el artículo 22 reformado y 23 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado. Precepto autorizante: Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo.” Este motivo también resulta inadmisible por las razones expuestas en los considerandos anteriores. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 1, y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 665, 666 letra c), 775, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, FALLA: 1) Declarando no ha lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. 2) Sin costas. MANDA: que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE.- SELLO Y FIRMAS. SUYAPA THUMANN CONDE. COORDINADORA. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. SELLO Y FIRMA. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del dos mil tres, certificación de la sentencia de fecha 7/4/2003, recaída en el Recurso de Casación Laboral No.1257-02. LUCILA CRUZ MENÉNDEZ. SECRETARIA GENERAL”.