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Sentencia CL-119-03 — Registro 223

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, proporcionales, aguinaldo, proporcional, décimo cuarto mes, décimo cuarto mes proporcional, gastos de hospitalización y en segunda instancia confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“La declaración del alcance de la impugnación es un requisito esencial de los señalados en el artículo 769 del Código del trabajo; en virtud que le sirve de indicador al tribunal supremo para conocer el alcance de las pretensiones del recurrente, es por esto que en su formulación se deben llenar las formalidades exigidas por la técnica en el Recurso de Casación, puesto que este requisito del libelo de casación constituyen el petitum de la demanda extraordinaria como asi lo tiene declarado reiteradamente La Corte Suprema de Justicia. Es importante señalar que en la formulación el recurrente incurre en las siguientes irregularidades: En el fallo sustitutivo que propone no señala el Tribunal que deberá proferir el fallo, asimismo omitió señalar los artículos del Código del Trabajo, en que se fundamenta dicho fallo una vez casada la sentencia recurrida; por lo expuesto impide a éste Tribunal entrar a conocer el motivo único propuesto en el recurso extraordinario de casación de que se ha hecho mérito"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO LABORAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto del dos mil tres. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Supremo Tribunal de Justicia, en fecha veintidós de abril de dos mil tres, por el Abogado José Alfredo Saavedra Paz, mayor de edad, casado y de este domicilio, en su condición de apoderado legal del Consorcio LOTTI A.C.I.; en relación a la demanda ordinaria laboral promovida ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo, del departamento de Francisco Morazán, por el Abogado Ramón R. Mejía M., mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal del señor Guillermo Alfredo Berlioz Aguilera, mayor de edad, soltero, supervisor de obras, del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, contra Consorcio LOTI A.C.I., a través de su Gerente General Vicenzo Constantino, mayor de edad, Ingeniero Civil, italiano, de este domicilio; demanda que se contrajo a pedir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones por despido directo injustificado. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha seis de diciembre de dos mil dos, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que confirmó la proferida el quince de octubre de dos mil dos por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán, que declaró con lugar la demanda en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, aguinaldo, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes, décimo cuarto mes proporcional, gastos de hospitalización y médicos pagados al Hospital La Policlínica Hondureña, en consecuencia condena al demandado a pagar la cantidad de ciento treinta y cinco mil doscientos cuarenta y nueve lempiras con ochenta y un centavos (L.135,249.81) y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con arreglo a derecho quede firme la sentencia. Sin costas. RESULTA: Que en fecha tres de febrero de dos mil tres, este Supremo Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado José Alfredo Saavedra Paz, contra la sentencia de que se ha hecho relación en el preámbulo de este fallo, así mismo dispuso dar traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formalizará por escrito su recurso. RESULTA: Que en fecha veintidós de abril de dos mil tres, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia el Abogado José Alfredo Saavedra Paz, en su condición indicada, formalizando la demanda de casación interpuesta ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO UNICO. Acuso la sentencia de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional en infracción indirecta del Artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo; en relación con los artículos 116 literal d) y 120 literal c) y con los artículos 46 literal b) y 48 párrafo final del mismo cuerpo de leyes. Sirviendo de medio para dicha violación los artículos 738 y 739 también del Código del Trabajo. Infracción indirecta por error de hecho que provino de la errónea apreciación de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1º. Párrafo segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE. La prueba apreciada de forma erróneamente consiste en los medios de prueba Documental consistentes en: 1) El contrato de Servicios Profesionales suscrito entre el señor GUILLERMO ALFREDO BERLIOZ AGUILERA y el Consorcio LOTI A.C.I. celebrado para el Diseño y Supervisión de obras de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Cosen Hole, French Harbour y Oak Ridge en las Islas de la Bahía, que corre a folios 61 al 64 y 73 al 76 de la primera pieza de los autos; y, 2) La nota de fecha 16 de abril del 2002 dirigida al señor GUILLERMO BERLIOZ por el Ing. VICENZO CONSTANTINO Gerente del Consorcio LOTI A.C.I. que corre a folio 10 de la primera pieza de los autos, que en su parte conducente dice: “... En relación al Contrato de Servicios Profesionales como Inspector de Obra, en el Proyecto “Diseño y Supervisión de Obras de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Cosen Hole, French Harbour y Oak Ridge”, Sub Programa del Programa Manejo Ambiental de las Islas de la Bahía-Honduras, firmado con Usted el primero de julio del 2002, con una vigencia estimada de trece meses, me permito notificarle que el mismo estará en vigencia hasta el 30 de abril del corriente mes. Agradecemos de antemano, su colaboración brindada a nuestro proyecto. Atentamente...” LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA SIGUIENTE FORMA. De manera clara y evidente la Corte Recurrida ha violado por vía indirecta en error de hecho las normas sustantivas invocadas, al apreciar en forma errónea las pruebas propuestas y evacuadas en el transcurso del juicio, especialmente lo relativo a la prueba documental antes singularizada, el error se demuestra de la siguiente forma: La Corte Recurrida al confirmar la sentencia del A Quo, hace suyos los argumentos de este en cuanto a considerar que existió un contrato de trabajo por tiempo indefinido, deducción que hace cuando establece que al prorrogarse el contrato de servicios profesionales suscrito entre el señor GUILLERMO ALFREDO BERLIOZ AGUILERA y el Consorcio LOTI A.C.I. se convirtió en un contrato verbal por tiempo indefinido, igualmente considera la Corte Recurrida que existió la terminación del Contrato de Trabajo por un despido, el que deduce de la nota de fecha 16 de abril del 2002 en la que se le comunica al señor GUILLERMO ALFREDO BERLIOZ AGUILERA que el contrato de Servicios Profesionales tendrá vigencia hasta el 30 de abril del 2002, es decir, considera equivocadamente que este documento es una nota de despido. De manera evidente y notoria, se destaca el error de hecho por la errónea apreciación en que incurre la Corte Recurrida, pues del análisis de los medios de prueba documental, antes singularizados, en su conjunto con los demás medios probatorios, se aprecia de manera manifiestamente clara que la situación jurídica probada en juicio es la existencia de un contrato de trabajo por tiempo limitado o fijo, a través de la celebración de un Contrato de Servicios Profesionales suscrito entre el señor GUILLERMO ALFREDO BERLIOZ AGUILERA y el Consorcio LOTI A.C.I. El artículo 47 literal b) del Código del Trabajo regula la existencia de Contratos por tiempo limitado cuando en su celebración se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la construcción de una obra; y, en el contrato mencionado se previó el Diseño y Supervisión de Obras de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Cosen Hole, French Harbour y Oak Ridge en las Islas de la Bahía como el hecho o circunstancia que motivó dicho contrato; es decir, es evidente que se trata de un contrato de trabajo por tiempo limitado. Es igualmente claro el error de hecho manifiesto en los autos en que incurrió la Corte Sentenciadora al deducir la existencia de un contrato por tiempo indefinido por la sola prórroga del Contrato por tiempo limitado, pues la existencia de prórrogas al contrato por tiempo fijo está regulada el artículo 48 párrafo final del Código del Trabajo, y estas no desnaturalizan la esencia del contrato por tiempo fijo. En efecto, la ley establece que el Contrato de Trabajo por tiempo fijo es susceptible de prórroga expresa o tácita, por lo que la apreciación errónea que hace el sentenciador lo hizo violar en forma indirecta las normas sustantivas señaladas. Con lo anterior, se demuestra también el notorio error de la Corte Recurrida al apreciar equivocadamente como un despido sin causa justificada lo que es una nota de prórroga del Contrato de Trabajo por tiempo fijo contemplada en el párrafo final del artículo 48 del Código del Trabajo, y materializada a través de la carta del 16 de abril del 2002. Si la Corte hubiera apreciado las pruebas presentadas en forma correcta, habría llegado a la conclusión que nos encontramos frente a un contrato de trabajo por tiempo limitado o fijo, celebrado entre el señor GUILLERMO ALFREDO BERLIOZ AGUILERA y el Consorcio LOTI A.C.I., cuyo hecho o circunstancia motivante es el Diseño y Supervisión de Obras de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Cosen Hole, French Jarbour y Oak Ridge en las Islas de la Bahía; y que, como lo permite la ley, dicho contrato por tiempo fijo fue prorrogado hasta el día 30 de abril del 2002 a través de la nota del 16 de abril del 2002 dirigida al señor GUILLERMO BERLIOZ. De haber apreciado correctamente las pruebas propuestas y evacuadas en el juicio en su conjunto, la Corte Recurrida no habría dado el efecto indemnizatorio al artículo 113 del Código del Trabajo en relación con las otras normas antes señaladas; pero al incurrir en el error de hecho la Corte recurrida violó estas normas sustantivas a través de las adjetivas también señaladas. De lo anterior se evidencia claramente que la Corte Acusada, en apreciación errónea por error de hecho, que es manifiesto en los autos, ha violado las normas sustantivas de orden nacional invocadas, en vía indirecta, y por medio de las normas procesales señaladas, todas del Código del Trabajo; al decidir contra la evidencia probatoria que las normas sustantivas de orden nacional invocadas produjeran sus efectos legales indemnizatorios, razón por la cual procede se case la sentencia en el presente motivo”. RESULTA: Que en fecha veintitrés de abril de dos mil tres, este Tribunal de Justicia dictó providencia mediante la cual tuvo por devuelto en tiempo el traslado de casación por parte del Abogado José Alfredo Saavedra Paz, y por formulada en tiempo la demanda de casación; así mismo ordeno dar traslado de las presentes diligencia al opositor para que dentro del término de diez días contestara dicha demanda. RESULTA: Que en fecha catorce de mayo de dos mil tres, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia el Abogado Ramón R. Mejía M., mayor de edad, casado y de este domicilio, en su condición de apoderado del señor Guillermo Alfredo Berlioz Aguilera, contestando la demanda de casación de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. El fondo del recurso lo constituye el numeral cinco del artículo 769 del Código del Trabajo, al señalar como requisito del mismo la expresión de motivos de casación, indicando: a) El precepto legal sustantivo, de orden nacional que se estima violado, y el concepto de la infracción, si directamente, por aplicación indebida o por interpretación errónea; y b) En caso que se estime que la infracción legal ocurrió como consecuencia de errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, citará estas singularizándola y expresará que clase de error se cometió. Al formalizar la demanda de casación, la empresa demandada lo hizo en un motivo único, y citó como precepto autorizante el numeral 1º, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. Contestando este motivo único, expongo: En el motivo único el recurrente acusa la sentencia de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional en infracción indirecta del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo; en relación con los artículos 116 párrafo primero del Código del Trabajo; en relación con los artículos 116 literal d) 120 literal c) y con los artículos 46 literal b) y 48 párrafo final del mismo cuerpo de leyes. Sirviendo de medio para dicha violación los artículos 738 y 739 también del Código del Trabajo. Infracción indirecta por error de hecho que provino de la errónea apreciación de la prueba. En el cargo se expresó que la sentencia es violatoria del artículo 113, en relación con los artículos 116, 120 y concordantes aparentes del Código aparentes del Código del trabajo, por los motivos que allí se determinan; sobre esta forma irregular la jurisprudencia como esa Honorable Corte a sostenido que no es admisible en casación citar el precepto de una ley como infringida y sus concordantes, sino que es indispensable concretar el texto de cada norma que se considere violada, para que el cargo sea admisible. Considero necesario aclarar, que los errores bien de hecho o de derecho, en que pudo haber incurrido el sentenciador por falta de apreciación de una prueba o por errónea apreciación, constituyen de acuerdo con el artículo 765 numeral 1 párrafo primero y con la doctrina, un medio importante de violación de la ley sustantiva; pero, para que pueda darse como establecido un error de esa naturaleza, es necesario que se cumplan determinados requisitos que la ley misma establece y la jurisprudencia y ese alto tribunal o contribuido a fijar. Podrán observar los señores magistrados que el recurrente no concretó el texto de cada norma que considera violada, lo que hace inadmisible el recurso. Para que sea eficaz la acusación por error de hecho ocasionada por la apreciación errónea de la prueba determinada a que se alude, es indispensable además que ese error aparezca de modo manifiesto en los autos, como lo manda el artículo 765 ya citado del Código del Trabajo, o que la cuestión de hecho no sea dudosa, según lo tiene establecido la jurisprudencia de ese alto tribunal. Solo cuando no hay lugar a duda o vacilaciones serias en cuanto a la existencia de determinado hecho y a pesar de ello el tribunal ha partido de una base contraria a esa realidad, es que puede llegar a casarse la sentencia acusada, por lo que resulta improcedente tal pretensión de infracción a la ley, señalada por el recurrente. Esto nos lleva a la conclusión de que cuando se presente una situación de hecho dudosa, el fallador puede hacer uso de su facultad legal de analizar las pruebas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, acoger las que en su opinión ofrezcan mayor crédito, sin que esa estimación sea atacable eficazmente en casación. De la simple lectura de la sentencia recurrida se deduce que tanto el A-Quo como el AD-QUEN, estimaron en conjunto todo el haz probatorio, es decir, que en ninguna de las dos instancias se analizaron por separado determinada prueba, sino, que todas las que adujeron las partes en el juicio, como ser: La documental, confesión e inspección fueron estudiadas con el resultado de que se acogieron unas y desecharon otras de acuerdo con el criterio jurídico del fallador y su valor probatorio legal, por lo que resulta completamente ineficaz el ataque que se hace al fallador y su valor probatorio legal, por lo que resulta completamente ineficaz el ataque que se hace al fallo en este recurso de casación de una de las pruebas así consideradas, porque su estimación ya fue hecha por el sentenciador en relación con las restantes del proceso, y ella entonces no puede servir por si sola, para destruir una apreciación global, que por serlo tiene la presunción de ser más jurídica y mas armónica, dada la libre formación del convencimiento que el artículo 739 del Código del Trabajo, citado por el recurrente, da al juzgador para no sujetarlo a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto le faculta para que forme libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. De lo expuesto se colige la claridad del AD-QUO en la parte motivada de la sentencia al indicar los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento, los que hace suyos el AD-QUEN al confirmar la sentencia recurrida. Cabe aclarar que no fue objeto de debate en la primera ni en la segunda instancia, el o los hechos que el casacionista pretende sea objeto de estudio por ese alto tribunal en el presente recurso; consta en autos que en la primera instancia se debatió sobre la existencia de un contrato escrito por tiempo determinado, que corre a folios del 61 al 64 y del 73 al 76, de la primera pieza de autos, en el que con claridad meridiana se puede apreciar que fue suscrito por el término de trece meses conforme se expresa en la cláusula segunda del mismo y que esos trece meses se comprenden del día primero de julio del año dos mil al primero de agosto del año dos mil uno y a partir de esa fecha fue prorrogado en forma verbal por tiempo indefinido, tal como quedó debidamente acreditado en autos con los medios de prueba de inspección y confesión que corren a folios 68 letra a), 68 vuelto, 89 frente y vuelto, capítulos primero y segundo, 90 frente, capítulos cuarto y quinto, vuelto capítulo octavo, 91 capítulo décimo y undécimo, 93 frente, respectivamente, de la primera pieza de autos. Como este recurso está instituido en defensa de la ley, considero apropiado citar el artículo 36 del Código del Trabajo que en lo pertinente manda, que todo contrato de trabajo, así como sus modificaciones o prórrogas, deben constar por escrito. En el segundo párrafo del mismo artículo se establece con claridad meridiana que la omisión de estas formalidades no invalidara el contrato, pero dará lugar a la aplicación de lo dispuesto en los artículos 30 y 41 que textualmente dicen: “ARTICULO 30 La inexistencia del contrato escrito exigido por este Código es imputable al patrono. El patrono que no celebre por escrito los contratos de trabajo u omita algunos de sus requisitos hará presumir, en caso de controversia que son ciertas las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador, sin perjuicio de prueba en contrario y el ARTICULO 41 prescribe que: La existencia del contrato individual de trabajo se probara con el documento respectivo, y a falta de está con la presunción establecida en el artículo 21 o por los medios generales de prueba”, esto en cuanto respecta al contrato de trabajo sus modificaciones y prorrogas y en lo referente a la terminación del contrato individual de trabajo se probara con el documento respectivo, y a falta de está con la presunción establecida en el artículo 21 o por los medios generales de prueba”, esto en cuanto respecta a la terminación del contrato el artículo 117 del mismo código de trabajo es muy claro al expresar que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos con la expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar causales o motivos distintos. La nota de fecha 16 de abril del año 2002 que corre a folio 10 de la primera pieza de autos es muy clara y no requiere de análisis ni estudio porque hasta el mas lego en la materia podría aseverar que es contentiva de un despido o terminación unilateral del contrato de trabajo, y que en la misma no se expresa la causa o motivo que el patrono tuvo para tomar tal determinación. Basado a la nota recibida y en uso del derecho que le concede el artículo 113 del Código del trabajo, mi mandante emplazó a la Sociedad Consorcio Lotti C.A.I. a través de su Gerente General, firmante de la susodicha nota, con el objeto que le probara la justa causa en que fundo su despido y consta en autos de que dicha empresa fue incapaz de probar esta causa, razón por la que el A-QUO con estricto apego al artículo 113 del código del trabajo la condeno a titulo de daños y perjuicios al pago de salarios que el demandante habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del mismo código del trabajo quedara firme la sentencia que hoy se recurrente y que fuera confirmada por el AD-QUEN. De todo lo expuesto se deduce que la forma en que fue presentado el único cargo que se hace a la sentencia del AD-QUEN es inadmisible en la casación laboral, porque acusar el fallo de quebranto indirecto presume la falta de aplicación o la aplicación indebida nacidas de errores de hecho generado en la falta de apreciación de alguna prueba. Esa honorable Corte en diferentes sentencias a dejado establecido, que el error de hecho se presente cuando el sentenciador a supuesto una prueba que no obra en el proceso o, ha ignorado la que si esta en él, hipótesis esta que comprende la desfiguración del medio probatorio bien sea por adición o su contenido (suposición) o por cercenamiento del mismo (preterición). Además para que el error sirva en casación para apoyar el quebranto indirecto de la ley sustantiva, sea por inaplicación o por aplicación indebida, se requiere como lo exige el artículo 765 numeral 1 del código del trabajo, que sea manifiesto, es decir, evidente, patente, palpable, claro, notorio, ostensible y además que sea trascendente. Concluyo que para que el cargo de casación por quebranto de la ley derivado de manifiesto error de hecho en la apreciación de cierta prueba sea prospero, debe reunir necesariamente los siguientes requisitos: a) El yerro a de consistir en que el sentenciador hubiere supuesto prueba inexistente en los autos o ignorado la que existió en ellos o adulterado la objetividad de esta agregándole algo que le es extrño o cercenando su real contenido. b) La conclusión de orden fáctico derivada del error debe ser contraevidente, vale decir, contraria a la realidad manifiesta establecida por las pruebas en cuestión; c) de ocurrir esto último también es necesario que el yerro de apreciación conduzca al quebranto de los preceptos sustanciales llamados a gobernar la verdadera situación sub-lite. A falta de cualquiera de estos requisitos el fallo acusado por el recurrente debe ser mantenido por esa Honorable corte y modificado en cuanto a lo referente a salarios, por la falta de aplicación, aplicación indebida e interpretación errónea que son evidentes en la sentencia recurrida. Considero oportuno y necesario dejar establecido en esta contestación de la demanda de casación, que el fallo que la parte demandada acusa por aparente violación de normas sustanciales, le es más favorable al recurrente que a mi mandante, ya que dicho fallo es contentivo de violación directa consistente en la aplicación indebida del artículo 362 del código del trabajo, que con claridad meridiana establece que no constituye salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del patrono esto sin lugar a dudas constituye la aplicación indebida y por ende la violación del artículo citado; esta violación conduce al juzgador a cometer otra violación que lo es del artículo 361 del mismo código, en este caso lo es por la falta de aplicación de esta disposición, que claramente establece que constituye salrio no solo la remuneración fija y ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o especie y que implique retribución de servicios; la violación de estos dos preceptos legales sustantivos de orden nacional conducen al juzgador a cometer otra violación por la vía directa que lo es la interpretación errónea, al no considerar la prueba de inspección que corre a folio 68 letra b) de la primera pieza de autos en la que consta en forma muy clara que el señor Guillermo Alfredo Berlioz Aguilera, tenía un sueldo de once mil lempiras más la cantidad de ocho mil quinientos lempiras mensuales, lo que es indicativo que dicha suma no la recibía ocasionalmente ni por mera liberalidad del patrono, sino en forma permanente, quedando así evidenciada la violación de estos preceptos por el AD-QUO y por el AD-QUEN al hacer suyas las consideraciones de aquel, estos son motivos reales que tienen la suficiente validez para que esta Honorable Corte pueda modificar en ese sentido dicho fallo, en base al precepto autorizante que lo es el artículo 765 del código del trabajo; y en cuanto a las costas el artículo 192 del código de procedimientos, ya que en la primera y segunda instancia fue una pretensión objeto de litis la que hoy elevamos ante ese alto tribunal en la contestación de la demanda de amparo que a formulado la sociedad demandada, para que se hagan las modificaciones del caso.” RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en la demanda de mérito, se nombra Ponente a la Magistrada TEODOLINDA PINEDA CARDONA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este tribunal se dictase lo que procediera en derecho. CONSIDERANDO: que toda demanda de casación debe ajustarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere. CONSIDERANDO: que el recurrente en la demanda de casación al formular la declaración del alcance de la impugnación que es el petitum de la demanda expresa: “En el presente caso me propongo con el recurso, desquiciar la sentencia recurrida en FORMA TOTAL en su parte resolutiva que CONFIRMA la de primera instancia, sentencia que literalmente dice: “POR TANTO: Esta CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y, en aplicación de los artículos: 134, 135, 303 y 304 de la Constitución de la República; 1 y 137 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 19, 20, 21, 25, 30, 117, 664, 665, 666, letra b) 672, 699 párrafo segundo, 727, 738, 739 y 858 del Código del Trabajo; 183, 184, 187 reformado, 189, 190 y 192 del Código de Procedimientos Civiles; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia definitiva que se conoce en apelación dictada por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha quince de octubre del año dos mil dos, visible a folios 99, 100 y 101 frente vuelto de la primera pieza de autos.- MANDA:...” Que una vez casada totalmente la sentencia recurrida en sede de instancia la sustituya por la que en derecho corresponda así: FALLA APRIMERO: CASAR totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, el día seis (6)= de diciembre del año dos mil dos (2002) que confirma la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; SEGUNDO : Declarar sin lugar la Demanda Ordinaria Laboral interpuesta por el señor GUILLERMO ALFREDO BERLIOZ AGUILERA contra el Consorcio LOTTI A.C.I. para el pago de salarios, prestaciones laborales por despido injusto. TERCERO: En consecuencia absuelve al Consorcio LOTTI A.C.I. de toda responsabilidad laboral proveniente de la demanda laboral referida. CUARTO: Con Costas. Y MANDA:...” CONSIDERANDO: Que la declaración del alcance de la impugnación es un requisito esencial de los señalados en el artículo 769 del Código del trabajo; en virtud que le sirve de indicador al Tribunal Supremo para conocer el alcance de las pretenciones del recurrente, es por esto que en su formulación se deben llenar las formalidades exigidas por la técnica en el Recurso de Casación, puesto que este requisito del libelo de casación constituyen el petitum de la demanda extraordinaria como asi lo tiene declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia. Es importante señalar que en la formulación el recurrente incurre en las siguientes irregularidades: En el fallo sustitutivo que propone no señala el Tribunal que deberá proferir el fallo, asimismo omitió señalar los artículos del Código del Trabajo, en que se fundamenta dicho fallo una vez casada la sentencia recurrida; por lo expuesto impide a éste Tribunal entrar a conocer el motivo único propuesto en el recurso extraordinario de casación de que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 1, y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 665, 666 letra c), 775, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, FALLA: 1) Declarando no ha lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) Sin costas. MANDA: que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SUYAPA THUMANN CONDE. COORDINADORA. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil tres. Certificación de la sentencia del dieciocho de agosto de dos mil tres, recaída en el recurso de casación por infracción de ley número 119=03.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL