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Sentencia CL-820-01 — Registro 65

Resumen

El recurrente alega en el presente recurso, en donde en segunda instancia confirma, la sentencia de primera instancia y que declara sin lugar la demanda ordinaria laboral, por apreciación defectuosa de la prueba por parte del juzgador

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que en su único motivo el casacionista expresa: “Violación por infracción indirecta del artículo 112, literal e) del Código de Trabajo relacionado con el artículo 60, del mismo cuerpo de leyes, que impone la aplicación y observancia obligatoria de los contratos Colectivos de Trabajo, en virtud de error de hecho, por apreciación errónea de la prueba documental. Este motivo esta comprendido en el ordinal 1° párrafo segundo del artículo 765 del Código de Trabajo.” Sin embargo el motivo así planteado se vuelve inadmisible por los siguientes motivos: 1) olvida señalar las normas procésales que el fallador violó y que por cuyo quebrantamiento se produjo la infracción acusada en la sentencia recurrida; 2) Olvida señalar concretamente el medio o los medios mal apreciados, que tuvo que singularizar. 3) Se limita a hacer alegaciones como si se tratase instancia no llegando a demostrar el hecho apreciado erróneamente por el juzgador. Que por las razones anteriormente expuestas, es procedente desestimar el recurso de casación de que se ha hecho mérito."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION. La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente, DICE: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, M. D. C., dieciocho de octubre del dos mil dos. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha uno de noviembre del año dos mil uno, por el Licenciado RICARDO ESTEBAN ESTRADA IGLESIAS, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de Apoderado Legal del Señor RIGOBERTO MORALES VASQUEZ, en relación a la demanda promovida ante el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha ocho de noviembre del dos mil, por el señor RIGOBERTO MORALES VASQUEZ, mayor de edad, casado, pasante de Ingeniería, hondureño y de este domicilio, contra el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), a través de su Gerente General señor HUMBERTO DE JESUS PUERTO, mayor de edad, casado, Ingeniero y de este domicilio; acción contraída a pedir el pago de Preaviso causado, auxilio de cesantía causado y proporcional, vacaciones causadas y proporcionales, treceavo mes proporcional, catorceavo mes proporcional, bono educativo del año, salarios que dejó de percibir desde la fecha de su despido, hasta la fecha en que quede firme la correspondiente sentencia, mas costas del Juicio. EL recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha cuatro de abril del dos mil uno, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, la cual falló CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintiocho de febrero del dos mil uno, proferida por el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de Francisco Morazán; sentencia ésta que declaró SIN LUGAR la demanda de mérito; en consecuencia, ABSUELVE al SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), del pago de preaviso, auxilio de cesantía, cesantía proporcional, bono educativo del año y salarios dejados de percibir; asimismo, declara CON LUGAR el reclamo que por concepto de vacaciones causadas, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes proporcionales; por lo que CONDENA a dicha Institución a pagarle al señor RIGOBERTO MORALES VASQUEZ, la cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps.31,806.75) por los siguientes conceptos: vacaciones, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional; por lo tanto declara SIN LUGAR el Incidente de Tacha contra la declaración del señor ANGEL SAUL ZELAYA, testigo propuesto por el apoderado demandado; siendo absueltas las partes del pago de costas. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó sentencia en fecha trece de agosto del dos mil uno, mediante la cual resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Licenciado RICARDO ESTEBAN ESTRADA IGLESIAS, contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito, disponiendo que se lleve adelante la tramitación del recurso confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que procediera a formular la demanda de casación que en su oportunidad interpuso. Haciéndolo el Licenciado RICARDO ESTEBAN ESTRADA IGLESIAS, en fecha uno de noviembre del año dos mil uno, de la manera siguiente: "...EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. MOTIVO UNICO. Violación por infracción indirecta del artículo 112, literal e) del Código del Trabajo, relacionado con el artículo 60, del mismo cuerpo de leyes, que impone la aplicación y observancia obligatoria de los Contratos Colectivos de Trabajo, en virtud de error de hecho, por apreciación errónea de la prueba documental. Este motivo esta comprendido en el ordinal 1°, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION. El artículo 112, literal e) del Código del Trabajo, tipifica como causal justificada de despido directo: "Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo, cuando sea debidamente comprobado ante autoridad competente". En tal sentido la comprobación de la causa, en el caso de autos, esta determinada por el procedimiento que establece la cláusula 9 del Contrato Colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) y el SINDICATO, cuya eficacia jurídica y obligatoria aplicación, por ser ley inter-partes, esta avalada por el artículo 60 del Código del Trabajo, que establece que, "Los contratos colectivos obligan a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebren...". Dicha cláusula, literalmente prescribe lo siguiente: "El SANAA y el Sindicato, convienen y se obligan a documentar, estudiar y resolver los problemas y conflictos de trabajo, ya sean, individuales o colectivos que ameritan suspensión, despido, terminación del contrato de trabajo o violación del contrato antes de acudir a las autoridades competentes del trabajo. Para tal efecto el Comité Ejecutivo Nacional, las Juntas Directivas Seccionales, los delegados de grupos y los representantes legales del sindicato con los representantes del SANAA celebraran platicas de arreglo directo, para lo cual la parte que solicite la reunión, convocara y presentara a la otra, la agenda respectiva por lo menos con tres días de anticipación, salvo en los casos de urgencia que requieran una solución inmediata, en cuyo caso la platica de arreglo directo se efectuara el mismo días de la convocatoria. Se tendrá por cumplido el procedimiento anterior, cuando cursada una segunda convocatoria cualesquiera de las partes no concurra a la audiencia de arreglo directo en la fecha que se convocare. Este procedimiento solo será aplicable a los trabajadores sindicalizados. De todas las reuniones de arreglo directo, se levantará un acta que firmaran las partes que concurran destinándose una original para el SANAA, con copia para el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, sin embargo, cuando el problema o conflicto de trabajo se produzca en las areas regionales las copias se destinaran para las juntas directivas seccionales o para los delegados de grupo que conocieren el asunto según el caso. CUALQUIER SANCION O DESPIDO QUE SE APLIQUE SIN LLEVAR EL PROCEDIMIENTO AQUI ESTABLECIDO SERA NULO". No obstante el procedimiento prescrito, omitido por el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, que se sanciona con la nulidad del despido efectuado, la Corte sentenciadora llegó al convencimiento, con base en el "análisis de los medios de prueba allegados al proceso", que la parte demandada ha probado "1°. Que el demandante recibió sin estar autorizado para ello, la cantidad de L.27,000.00 de parte del patronato de la Colonia San José de Loarque, por estudio de alcantarillados; y 2°. Que previo a despedirlo, dio cumplimiento al procedimiento establecido en la Cláusula 9 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y el Sindicato Nacional de los Trabajadores del SANAA y similares (SITRASANAAYS). La violación de los preceptos aludidos se hace evidente cuando el juzgador, incurriendo en un evidente error de hecho, manifiesto en autos, originado en la defectuosa apreciación de la prueba documental que corre agregada a la primera pieza del expediente, da expresamente por cumplimiento el procedimiento de arreglo directo impuesto por la Cláusula 9 del Contrato Colectivo, no obstante destacarse lo siguiente: a) Que la supuesta denuncia de la Colonia San José de Loarque, que corre agregada a folios 126 de la primera pieza, fue presentada el 18 de julio del 2000; b) Que la audiencia, supuestamente celebrada con representantes del sindicato, que consta en Acta No.002/2000, unilateralmente firmada, que se encuentra a folio 111 de la primera pieza, se celebro el 28 de julio del 2000; c) Que el despido efectuado en perjuicio del señor RIGOBERTO MORALES VASQUEZ, se verifico mediante Oficio No.145/2000/D-RH, de fecha 2 de agosto del 2000 (folios 4 y 5 de la primera pieza); d) Que las únicas convocatorias, que supuestamente sustentan la tesis de cumplimiento del procedimiento de arreglo directo, se verificaron de la siguiente manera: 1.- Convocatoria al SITRASANAAYS, fechada el 8 de julio del 2000, y recibida el 8 de agosto, a la audiencia del 9 de agosto del 2000, para tratar la nota de fecha 28 de julio del 2000, enviada por el señor Rigoberto Morales Vásquez (folio 124 de la primera pieza). 2.- Convocatoria a representantes patronales y sindicales, de fecha 13 de junio del 2000, para reunión de trabajo el 14 de junio del 2000 (Folio 135 de la primera pieza). 3.- Convocatoria al SITRASANAAYS, de fecha 9 de junio del 2000, a reunión para el dia 12 de junio del 2000 (folio 136 de la primera pieza). 4.- Convocatoria al SITRASANAAYS, de fecha 6 de junio del 2000, para la reunión del 7 de junio del 2000 (folio 137 de la primera pieza). 5.- Convocatoria a representantes patronales, de fecha 1 de junio del 2000, a la reunión de trabajo del 5 de junio del 2000 (folio 138 de la primera pieza). e) Que entre la fecha en que fue presentada la denuncia al SANAA por los miembros del Patronato de la Colonia San José de Loarque el 18 de julio del 2000, y la fecha en que celebro la supuesta audiencia el 28 de julio del 2000, contenida en el Acta No.002/2000, no se efectuó NI UNA TAN SOLA CONVOCATORIA AL SINDICATO. En consecuencia, la apreciación defectuosa del juzgador, radica en el hecho de tener como acreditado el cumplimiento del procedimiento impuesto por la Cláusula 9, sobre la base del análisis de las pruebas, sin estar debidamente acreditado el mismo, por no existir las convocatorias de Ley, sin percatarse que esas convocatorias correspondían a otro caso, cuya sanción imponible ya había prescrito al tiempo del despido. La correcta aplicación del artículo 112 literal e) del Código del Trabajo, relacionado con el artículo 60 del mismo cuerpo de leyes y la Cláusula 9 del Convenio Colectivo, que debió imponer el juzgador en su sentencia, al no seguirse el procedimiento legal establecido, determina la violación de esos preceptos, dejando de aplicar por ende la nulidad obligada del despido, que prescriben dichos artículos, que autorizan al señor RIGOBERTO MORALES VASQUEZ, a ser indemnizado de conformidad a la Ley; por lo que esta Honorable Corte deviene obligada a restaurar el orden juridico quebrantado, bajo la correcta aplicación de los ordenamientos enunciados que, al declarar nulo el despido, garantizarían el pago de las prestaciones e indemnizaciones legales correspondientes, de conformidad al artículo 113 del Código del Trabajo". RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha dos de noviembre del dos mil uno, mediante la cual tuvo por formalizada en tiempo la demanda de casación por parte del Licenciado RICARDO ESTEBAN ESTRADA IGLESIAS, ordenando en consecuencia dar en traslado al opositor por el término de diez días para que procediera a contestar dicha demanda. Haciéndolo el Licenciado HUGO RENIERY BORJAS TORRES, mayor de edad, casado y de este domicilio, actuando en su condición de Apoderado Legal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS "SANAA", en fecha veinte de noviembre del dos mil uno, de la siguiente manera: "...EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO. En este capitulo el recurrente viola todos las solemnidades del recurso de casación. Primero, señala incorrectamente el precepto autorizante, establecido en el artículo 765 del Código del Trabajo; omisión que vuelve inadmisible el recurso, según reiterada jurisprudencia de esta Honorable Corte, solo cita el ordinal 1° del artículo 765 del Código del Trabajo; dicho ordinal establece varias formas de interponer la casación, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Siendo varios los preceptos indicados en dicho artículo, no singulariza el recurrente por cual causal interpone la casación. Segundo, la casación procede únicamente cuando se han violado normas sustantivas pero cita como violado el artículo 60 del Código del Trabajo, que no es sustantivo; para hacer más inadmisible el recurso, cita que "La comprobación de la causa está determinada por el procedimiento que establece la cláusula 9 del Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo suscrito entre el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS y el SINDICATO. Las anteriores normas son de procedimientos y el contrato Colectivo citado, no es Ley nacional; pues Ley sustantiva es toda norma de carácter nacional por medio de la cual se declaran derecho y obligaciones correlativas. El alegato que hace sobre el motivo de la casación, es alegato de instancias, inadmisible conforme a la técnica de casación. Tercero, el recurrente se olvida que el recurso de casación es una confrontación entre la sentencia y la Ley para fallar si en esta controversia se ha violado la Ley. Sin embargo la sentencia de la Corte de Apelaciones no ha sido atacada por el recurrente, porque esta sólo CONFIRMA la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo. Aunque estamos lejos de ser maestros de nadie, el recurrente debió atacar la sentencia de primera instancia, puesto que la Corte de Apelaciones hace suyos los argumentos del Tribunal inferior al confirmarlos. Esta omisión, esta falta de rigor técnico, hace inadmisible el recurso; porque además este Tribunal no puede suplir de oficio las omisiones del recurrente. Cuatro, las pruebas dejados de apreciar por el Juzgado deben ser tales que su existencia o inexistencia altere radicalmente el sentido de la sentencia acusada, es decir que se trate de una prueba esencial; pero en el juicio existen otras pruebas que son esenciales, como es la falta cometida por el Trabajador; los tribunales tienen la facultad de apreciar libremente las pruebas en los litigios laborales y esta potestad no puede ser objeto de casación. Tampoco demuestra el recurrente una clara y evidente relación de antagonismo entre el hecho alegado de que no se agotó el tramite administrativo, y que se afirma demostrado por los documentos citados en el alegato y el hecho aceptado por la sentencia. No ataca, tampoco, a la totalidad de la prueba, ya que no es lícito desarticularla para combatir un elemento aislado y se contraiga a un elemento singular de la misma. El recurrente no explica la prueba que sostiene el fallo o la ha seleccionado son los supuestos fácticos de la sentencia, ni que haya el Tribunal de instancia valorado la prueba de manera irracional o arbitraria, todo su alegato pareciera, porque no está claro, en sostener un criterio valorativo distinto al mantenido por la Corte sentenciadora, sin que se exprese de manera clara y precisa en que consiste el error que acusa. Es reiterada la jurisprudencia de este Tribunal que el error de hecho en la apreciación de la prueba que cuando la sentencia se apoya en un conjunto de medios de prueba que concurrieron todos a formar la convicción del fallador, no basta para infirmarla que se ataquen algunos de dichos medios, suponiendo eficaz el ataque, si los que restan son suficientes para apoyar el fallo. Por todo lo expuesto anteriormente debe desestimarse el Recurso de Casación interpuesto". RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, en la demanda de mérito se nombró Magistrada ponente a la Abogada TEODOLINDA PINEDA CARDONA, quien en su oportunidad informo tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal lo que procediere conforme a derecho. CONSIDERANDO: Que en su único motivo el casacionista expresa: “Violación por infracción indirecta del artículo 112, literal e) del Código de Trabajo relacionado con el artículo 60, del mismo cuerpo de leyes, que impone la aplicación y observancia obligatoria de los contratos Colectivos de Trabajo, en virtud de error de hecho, por apreciación errónea de la prueba documental. Este motivo esta comprendido en el ordinal 1° párrafo segundo del artículo 765 del Código de Trabajo.” Sin embargo el motivo así planteado se vuelve inadmisible por los siguientes motivos: 1) olvida señalar las normas procésales que el fallador violó y que por cuyo quebrantamiento se produjo la infracción acusada en la sentencia recurrida; 2) Olvida señalar concretamente el medio o los medios mal apreciados, que tuvo que singularizar. 3) Se limita a hacer alegaciones como si se tratase instancia no llegando a demostrar el hecho apreciado erróneamente por el juzgador. CONSIDERANDO: Que por las razones anteriormente expuestas, es procedente desestimar el recurso de casación de que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral Contencioso-Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1° de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 666 letra c), 765, 769, 777 del Código del Trabajo, FALLA: Declarando NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en el único motivo; Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE.- SELLO Y FIRMAS. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. COORDINADORA. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. RAMON OVIDIO NAVARRO DUARTE. SELLO Y FIRMA. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre del dos mil dos, certificación de la sentencia de fecha 18/10/2002, recaída en el Recurso de Casación Laboral N° 820=2001. LUCILA CRUZ MENÉNDEZ. SECRETARIA GENERAL”