Sentencia CL-776-02 — Registro 90
Resumen
El recurrente (la alcaldia) interpone demanda en vista que en segunda instancia se confirmo, la sentencia de primera instancia en el que se reconoce el arancel del colegio de ingenieros.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que en la forma que el Recurrente consigna el alcance de la impugnación le falta precisión y claridad, omitiendo uno de los requisitos que de conformidad con la ley debe contener el petitum de la demanda, como es la anulación del fallo del Ad quem, y en la indicación del contenido por la que debe ser reemplazada al convertirse este Tribunal en sede de instancia señala como la demandada a la doctora VILMA ANTONIETA REYES ESCALANTE, cuando ésta es únicamente la representante de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, y no la demandada, debiendo consignar “contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL a través de su representante legal, Doctora VILMA ANTONIETA REYES ESCALANTE”; siendo esta una carga que la ley impone al demandante en casación, no le es lícito al Tribunal entrar a suplir o completar oficiosamente las deficiencias en el planteamiento del recurso, los defectos incurridos por la Recurrente impiden a este Tribunal entrar a conocer los motivos de Casación que invoca la recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se hace mérito."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I O N
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-Tegucigalpa, M.D.C., once de diciembre del dos mil dos.VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación por infracción de ley formalizado ante este Alto Tribunal de Justicia, en fecha veintiuno de Agosto del dos mil dos, por el Licenciado DANIEL ENRIQUE AMADOR FIALLOS, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL; en relación a la Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se reconozca el cumplimiento del arancel del Colegio de Ingenieros de Honduras, pago de reajuste de salario, más las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha veintiséis de Octubre del dos mil uno, por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal de los señores FAUSTO RAMÍREZ GARCIA, MILTON ROY MORILLO ZÚNIGA Y CARLOS FRANCISCO GUTIERREZ LOZANO, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, a través de su representante en ese entonces señora VILMA REYES DE CASTELLANOS, mayor de edad, soltera por viudez, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha veintiséis de Marzo del dos mil dos, mediante la cual FALLA: CONFIRMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha 14 de Febrero de 2002 que corre a folios 62, 63 y 64 frente y vuelto. SIN COSTAS. RESULTA: Que en fecha veinticinco de Junio del dos mil dos, este Tribunal dictó sentencia mediante la cual RESOLVIÓ Admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Licenciado DANIEL ENRIQUE AMADOR FIALLOS, en su condición de Apoderado de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, ordenando dar traslado de los autos al recurrente para que en el término de veinte (20) días formule su demanda de Casación. RESULTA: Que en fecha veintiuno de Agosto del dos mil dos, compareció ante este Tribunal el Licenciado DANIEL ENRIQUE AMADOR FIALLOS, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda y expresando los siguientes motivos de Casación: PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: Violación de los artículos 360 y 363 del Código del Trabajo por infracción directa, con relación de los artículos 1, 4 reformado, 367 y 381 del Código del Trabajo; preámbulo del artículo 16 y su literal f) de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras; relacionados al artículo1 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el preámbulo del artículo 765, ordinal primero y su párrafo primero del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA ASI: La Corte recurrida violó lo dispuesto en los artículos 360 y 363 del Código del trabajo, normas legales que a la letra dicen: Artículo 360: Salario, jornal o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud de contrato de trabajo, o de la relación de trabajo vigente, Artículo 363. El salario se estipulará libremente, pero no podrá ser inferior al que se fija como mínimo de acuerdo con las prescripciones de este Código. Existe violación de las normas antes transcritas, porque la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, haciendo suyas las consideraciones del Juzgador de Primera Instancia dejó de aplicarlas, siendo el caso de hacerlo. Las normas precitadas establecen y ordenan que la fijación del salario se hace de manera libre entre el patrono y el trabajador en virtud de la relación del trabajo; la única limitación a esta contratación o fijación libre del salario es que el mismo no puede ser inferior al salario mínimo, según lo dispone el artículo 381 del mismo Código del Trabajo y desarrollado por la Ley Especial sobre el Salario Mínimo. Es nuestro criterio que las normas sustantivas señaladas como infringidas directamente, por falta de aplicación, con relación a lo establecido en los artículos 1, 4 y 367 del Código del Trabajo, no han sido aplicados cuando es del caso hacerlo. Se dice lo anterior, porque es evidente que el PATRONO, en este caso la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, bajo la regulación de dichas normas legales establece una relación de trabajo y acuerda con el TRABAJADOR una compensación o remuneración sobre esa relación laboral. Para los trabajadores: FAUSTO RAMÍREZ GARCIA, MILTON ROY MORILLO ZÚÑIGA Y CARLOS FRANCISCO GUTIERREZ LOZANO, todos ingenieros civiles, al momento de su contratación se establece libremente el salario a devengar de acuerdo con la clase de trabajo, de ahí que dichas remuneraciones se encuentran dentro del mismo rango salarial, que es de L. 10.000.00 a L. 18.000.00 (según se dice en el hecho primero dela demanda y se comprueba en la Inspección visible a folio 52 vuelto de la primera pieza), posteriormente los incrementos de salarios se devengan de acuerdo al puesto de trabajo, la eficiencia y al tiempo de servicio. La afirmación de que la Corte recurrida violó los artículos 360 y 363 del Código del Trabajo, se basa en que dicha Corte confirmó la sentencia y al igual que el Juzgador de primera instancia no considera esa libre determinación del salario con los tres trabajadores antes señalados. Cabe hacer notar que de conformidad con el preámbulo del artículo 16 y su literal f) de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, la Asamblea General de dicho organismo colegiado únicamente se encuentra facultado para: “Acordar y poner en vigencia el arancel de honorarios mínimos que regula la remuneración por los servicios profesionales”. Según el Maestro Guillermo Cabanellas, la definición de Honorarios Profesionales es la de: “Remuneración, estipendio o sueldo que se concede por ciertos trabajos o actividades. Generalmente se aplica el vocablo a las profesiones liberales, cuando no hay relación de dependencia económica entre las partes, y donde se fija libremente su retribución el que desempeña la actividad o presta los servicios, se emplea sobre todo con referencia a abogados, médicos, arquitectos, notarios, procuradores, escribanos, si bien en estos últimos casos se utiliza también el concepto de Arancel, de objetable sinominia, por la fijeza del mismo y la determinación oficial” Lo resultado es nuestro. Es decir, que la facultad de dicho organismo se haya restringido a determinar el arancel por honorarios profesionales, no pueden ampliar la cobertura de su ejercicio al establecimiento de un salario mínimo que por disposición legal, es de atribución estatal u oficial. El fallo impugnado en Casación sin embargo y contrariando el espíritu y la letra de las normas legales aquí señaladas, usa para resolver la controversia que ha sido dirimida entre los Estrados de Justicia, disposiciones no individualizadas del “ARANCEL DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS”, regulación normativa que de acuerdo a las disposiciones dela precitada Ley Orgánica no puede ser objeto de aplicación al caso particular, por carecer de obligatoriedad general, según lo preceptúa el artículo 1 del Código Civil. Al confirmar la Corte recurrida la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Primera instancia, tal confirmación la llevó a la violación de la Ley por infracción directa, al no aplicar los artículos 360 y 363 del Código del Trabajo, SIENDO DEL CASO HACERLO. Por las razones expresadas, procede que esta Honorable Corte Suprema de Justicia, CASE la sentencia recurrida en este motivo. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 360 y 363 del Código del Trabajo en relación con las normas adjetivas contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo y las disposiciones del preámbulo del artículo 16 y su inciso f) de la Ley orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Infracción indirecta por error de hecho que provino de apreciación errónea de la prueba. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA. Documentos contentivos de constancias del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, que establecen los salarios a devengar por los trabajadores demandantes, así:
Folio de la
Primera pieza de autos
Trabajador
Sueldo Establecido
Disposición aplicada del arancel
Criterio de Aplicación
Milton Roy Murillo
L.49.200.00
Categoría IV
Artículo 4.l.l.
“De acuerdo con la información que nos proporcionó”.
Fausto Ramírez Garcia
L.42.000.00
Categoría V
Artículo 4.1.1.
“De acuerdo con la información que nos proporcionó
Carlos Francisco Gutierrez
L.42.000.00
Categoría V
Artículo 4.1.1.
“De acuerdo con la información que nos proporcionó
PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral primero y párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. Como ha sido el criterio del Tribunal Supremo, se esgrime este motivo al considerar que el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el fallador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta contrario a la realidad de los hechos. Igualmente la Corte Suprema de Justicia ha dicho, que en circunstancias de hecho dudosas, los Tribunales quedan en libertad de dedicarse en caso tal por el extremo, que a su juicio, consideren mejor demostrado. Siguiendo esos parámetros, previamente establecidos por nuestro Tribunal Supremo, es evidente que aunque la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento, acepta la libre apreciación de las pruebas del Tribunal de Instancia que descansa exclusivamente en dichas constancias del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y sobre cuya base se establece con lugar la Demanda de mérito y se fijan el reajuste de salarios para los tres trabajadores aquí individualizados. Sin embargo, el libre convencimiento del Juez de instancia, es ajeno a la realidad de los hechos, porque el supuesto Arancel de Honorarios mínimos profesionales del Ingeniero Civil que aparece publicado en el Diario La Gaceta del 13 de Febrero del 2001 que reconoce como válido el Juzgador, no se encuentra en vigencia dado que según las normas aquí citadas de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, la Asamblea General de dicha institución solo puede establecer Honorarios profesionales, nunca salarios mínimos de las personas que prestan sus servicios mediante una remuneración salarial, ya que esta se fija libremente. No puede aplicarse el criterio legal en beneficio del trabajador, en este caso de los tres ingenieros civiles señalados, dado que la normativa de dicha ley Orgánica en relación al artículo 1 del Código Civil y las normas sustantivas del artículo 360 y 363 del Código del Trabajo claramente permiten la libre fijación del salario o remuneración, la cual solo se vería constreñida por una legislación vigente en relación a dicha materia. En consecuencia es proceder admitir el presente motivo y casar la sentencia recurrida por ser evidente la violación indirecta a las normas sustantivas antes señaladas, ya que se reconoció un hecho como cierto, que se encuentra ajeno a la realidad jurídica y normativa del país. NULIDAD SUBSIDIARIA. En reiteradas ocasiones este Supremo Tribunal de Justicia ha reconocido que en materia laboral es procedente decretar la nulidad de una sentencia definitiva que se pronuncia en abierta contradicción a lo establecido en el artículo 190 del Código Procesal Civil, incluso se ha reconocido la necesidad de esa declaración de nulidad cuando existe un evidente abuso al principio procesal del Debido Proceso, como ocurre en el fallo del Recurso de Casación Número 1720-99. En atención a lo anterior y por considerar que en el fallo ahora impugnado en Casación existe lo que este Tribunal ha determinado: “ la nulidad absoluta que puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen”, me permito solicitar que “es procedente ANULAR DE OFICIO la sentencia recurrida” por las razones que a continuación expongo: 1. La Corte sentenciadora ha dirimido la contienda judicial aplicando preceptos que no tienen la categoría jurídica de leyes. Consta en el fallo objeto de la impugnación, específicamente en el Considerando 83) visible a folio 08 frente y vuelto de la Segunda Pieza de Autos, que el fundamento legal del mismo es el denominado: “ARANCEL DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS”. Dicha norma no tiene el carácter de “LEY” y no puede ser usada para la resolución de contiendas judiciales como el caso que ahora nos ocupa. 2.- Existe en el fallo impugnado una carencia de fundamentación objetiva en relación a la norma aplicable a cada uno de los trabajadores o demandantes para la determinación de su reajuste de sueldo. Resulta evidente, la falta de asidero jurídico del fallo, porque no se señala específicamente que normas o artículos especificos se aplican a cada uno de los trabajadores, según las disposiciones del ARANCEL DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE HONDURAS. Se dice lo anterior, porque en la resolución impugnada nada se establece en cuanto a que el artículo, numeral, inciso, acápite o circunstancia legal se decide la contienda judicial o porque principio legal se ha enmarcado a cada uno de los trabajadores en determinada posición del arancel. 3.El fallo impugnado contiene la determinación de una condena de reajuste de sueldos y salarios que es ajena a los hechos comprobados en el Juicio. Desde la CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, mi representada rechaza la cuantía y el monto de los sueldos alegados por los trabajadores demandantes; incluso se refiere a que FAUSTO RAMÍREZ GARCIA al momento de su ingreso no había acreditado su condición de Ingeniero Civil, al respecto ver el folio 15 de la primera pieza de autos. Con la INSPECCION JUDICIAL visible a folios 52 frente y vuelto, los demandantes no demuestran a cuanto ascienden los sueldos por ellos devengados durante todo el año 2000 y durante todo el año 2001, en ese sentido no puede concedérsele una condena por la cuantía que ellos reclamaron, por no haberse acreditado ese extremo en juicio. Al momento de establecer la condena en efectivo para mi representada, no se hace el correspondiente cálculo en cuanto al ajuste o disminución en cuanto al momento en efectivo que debe pagarse a los trabajadores. Para determinar el monto de la cuantía en efectivo que debe pagar mi representada a los demandantes, únicamente se toma en consideración las constancias visibles a folios 29, 30, y 33 que nada mas señalan que según la información unilateral del trabajador el sueldo deberá ser el resultado de multiplicar el sueldo base por el factor determinado en el arancel bien de 4.1. o 3.5. Es decir, nada se establece en cuanto a que si desde el 01 de enero del 2000 hasta el presente se debe o no cancelar esa suma de dinero, lo que vuelve inconsistente el fundamento probatorio para determinar una determinada cuantía para pagar por mi representada. Por todo lo que hace necesario la invalidación de oficio del fallo para efectos que determinen con precisión y cabalidad el monto o cuantía de la condena a favor de los trabajadores. RESULTA: Que en fecha veintidós de Agosto del dos mil dos, se dio traslado al opositor por el término de diez días para que procediera a contestar la demanda, haciéndolo el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este vecindario, en su carácter de apoderado de los señores: FAUSTO RAMÍREZ GARCIA, MILTON ROY MORILLO ZÚÑIGA, Y CARLOS FRANCISCO GUTIERREZ LOZANO, en fecha nueve de Septiembre del dos mil dos, de la siguiente manera: MOTIVO UNICO: Se recalca que la sentencia impugnada es dictada con apego a Ley y a las pruebas aportadas en juicio a favor de mis representados, por lo que no puede haber violación a la demanda de casación que se conoce. PRECEPTO AUTORIZANTE: Se rechaza los fundamentos en que la institución demandada hoy casacionista ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, por que la sentencia se apega a Ley. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Si bien es cierto que lo expuesto por la ALCALDÍA MUNICIPAL, a través de su apoderado sustituto el Licenciado DANIEL ENRIQUE AMADOR FIALLOS, en su explicación en la respectiva demanda de casación, en relación a la existencia de los artículos que ella relaciona; no es menos cierto que también existe el Arancel del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Arancel del Colegio de Abogados de honduras y otros, y en que sus afiliados o profesionales que se encuentran regidos por el mismo, les da la facultad de reclamar a su patrono el pago del salario que dicho Arancel establece para cada uno de sus afiliados. Por lo que la definición de Arancel es la Tarifa Oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos, en el caso que no ocupa se trata de la aplicación del Arancel vigente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, es decir, que este Arancel actualmente vigente fija la remuneración que por su actuación puede percibir determinado profesional, de este Arancel existen varias modalidades aplicándose en el caso de autos el que define la doctrina como los que marcan las cantidades mínimas que el profesional puede percibir, evitar así el envilecimiento que a esas profesiones pudiera llevar una competencia poco escrupulosas, consecuentemente el reclamo de reajuste de salarios realizado por los demandantes se fundamenta en Ley que regulan el trabajo humano y estas son de orden público y por consiguiente de su cumplimiento obligatorio. Esto en cuanto a su primer motivo. SEGUNDO: En el segundo motivo se da por enterado la existencia de los artículos por ellos invocado, pero a la presente demanda de casación no le son aplicables, ya que como se dijo anteriormente, también es cierto la existencia del arancel del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Arancel del Colegio de Arquitectos de Honduras, y otros, y en que sus afiliados o profesionales que se encuentran regidos por el mismo, les da la facultad de reclamar a su patrono el pago del salario que dicho Arancel establece para cada uno de sus afiliados. Por lo que la definición de Arancel es la Tarifa Oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos, en el caso que nos ocupa se trata de la aplicación del Arancel Vigente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, es decir, que el Arancel actualmente vigente fija la remuneración que por su actuación puede percibir determinado profesional; de estos Aranceles hay varias modalidades, aplicándose en el caso de autos el que define la doctrina como los que marcan las cantidades mínimas que el Profesional puede percibir, evitando así el envilecimiento que a esas profesiones pudiera llevar una competencia poco escrupulosas, consecuentemente el reclamo de reajuste de salarios realizado por los demandantes se fundamenta en Ley que regulan el trabajo humano y estas son de orden público y por consiguiente de su cumplimiento obligatorio, por lo tanto en ningún momento ha existida la infracción en que basa la alcaldía Municipal del Distrito Central su demanda de Casación en virtud, de que en ningún momento desvirtuó lo que alegaban los demandantes, como ser el pago de su salario que legalmente les correspondía como agremiados de sus Colegios respectivos, por el contrario ratifican la existencia del Arancel de cada uno de los demandantes según su profesión. NULIDAD SUBSIDIARIA: La nulidad alegada por el Casacionista está alejada de todo fundamento legal, en virtud, de que Arancel es una Tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos, en el caso que nos ocupa se trata de la aplicación del Arancel vigente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, es decir, que es un Arancel actualmente vigente que fija la remuneración que por su actuación puede percibir determinado profesional; de este Arancel hay varias modalidades, aplicándose en el caso de autos el que define la doctrina como los que marcan las cantidades mínimas que el profesional puede percibir, evitando así el envilecimiento que a esas profesiones pudiera llevar una competencia poco escrupulosas, consecuentemente el reclamo de reajuste de salarios realizado por los demandantes se fundamenta en Ley que regula el trabajo humano y estás son de orden público y por consiguiente de su cumplimiento obligatorio. CONCLUSIÓN: SE ACOMPAÑA DOCUMENTO Y SE SEÑALA EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA SU ORIGINAL. Existe en materia laboral jurisprudencia, en el sentido de que el patrono o trabajador que alegue algo en juicio, este debe ser acreditado con las pruebas que se aporten en la respectiva audiencia primera de trámite, y después no podrá alegar causas diferentes; en el caso de la Casación que nos ocupa sus alegatos están basados diferentes a los que había legado en la demanda de primera instancia, ya que alegó de los impedimentos que tenía la Alcaldía Municipal del Distrito Central para el reajuste respectivo como ser lo material y lo legal; pero si observamos la primera pieza de autos no aportó ninguna prueba en cuanto a lo que alegaba, por lo que se cumple en este acto lo que nuestra doctrina y jurisprudencia dice: Acreditar lo que se alega en juicio y después no se puede alegar causas diferentes. Por otro lado la causa por ellos invocado no es imputable a los trabajadores ya que este es un acto meramente administrativo de la Institución demandada Alcaldía Municipal del Distrito Central. Cabe agregar que la propia institución reconoce los derechos de mis representados, prueba de ello es la no interposición del recurso de Casación contra la sentencia que dictara la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en la demanda ordinaria laboral de igual género a la de los demandantes promovida por la Ingeniero Iris Lizeth Castillo Castellón y actualmente se encuentra en etapa de ejecución el pago de sus derechos como se comprueba con los documentos que se acompañaron a la demanda de Casación que interpusiera la Alcaldía Municipal del Distrito Central en contra de los señores YALILA MENA SABILLON, MIRIAN WALESKA LOPEZ MONDRAGÓN, RANDOLL REÍDLE PINEDA GARCIA, LISANDRO ANTONIO CALDERON PADILLA, NORMAN JAVIER ZÚÑIGA BORJAS Y JANE MADELINE THOMPSON RECONCO, como ser: Sentencia de primera instancia, de segunda instancia y liquidación, los cuales se acompañan en fotocopia para ser agregados a los autos, por lo tanto se encuentra consentida en derecho reclamado en la presente acción. Por último pongámonos en la situación de los hoy demandantes, en cuanto a los profesionales del Derecho, que por laborar en una Institución y no le paguen el salario que legalmente establece el Arancel del profesional del Derecho, a caso no tienen el derecho de solicitar ante el Tribunal competente el pago de su reajuste salarial. RESULTA: Que no habiéndose señalado la audiencia correspondiente en la demanda de mérito, se nombra Magistrada ponente a la Abogada LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediera en derecho. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en su demanda de casación, al pretender formular la declaración del alcance de la impugnación, que es el petitum de la demanda lo hace en los siguientes términos: “En el párrafo denominado “INDICACION DE LA SENTENCIA IMPUGNADA” señalé como sentencia impugnada la dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de ésta sección judicial el 26 de marzo de 2002, cuya parte resolutiva copié íntegramente, y que en la parte conducente: “FALLA” Confirmando la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de esta sección judicial, del día catorce de febrero del año dos mil dos, que corre a folios 62, 63 y 64 frente y vuelto de la primera pieza de autos, del expediente en el Juicio Ordinario Laboral promovido por el Licenciado JUAN ANGEL BENAVIDEZ PAZ, actuando en su condición de apoderado legal de los señores FAUSTO RAMIREZ GARCIA, MILTON ROY MORILLO ZUNIGA y CARLOS FRANCISCO GUTIERREZ LOZANO contra la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Sin costas en esta instancia. Con la presente demanda de Casación percibo la CASACION TOTAL del fallo recurrido que es violatorio de la ley sustantiva y, por consiguiente, al casar la sentencia recurrida, en sede de instancia, se dicte fallo reemplazando dicho ordenamiento en la forma siguiente: POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 94, 135, 297, 299, 303, 314, 315, 319 numeral 7), 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículo 8, 664, 665, 666 literal c), 667, 669, 672, 673, 699 párrafo primero, 709, 710, 738, 739 párrafo segundo, 740 numeral 3, 765 numeral 1, 766, 769, 770 y 774 del Código del Trabajo vigente. FALLA: Declarando sin lugar la demanda promovida por los señores FAUSTO RAMIREZ GARCIA, MILTON ROY MORILLO ZUNIGA y CARLOS FRANCISCO GUTIERREZ LOZANO, de generales conocidas en el juicio contra la doctora VILMA ANTONIETA REYES ESCALANTE. Con Costas de la instancia.”CONSIDERANDO: Que en la forma que el Recurrente consigna el alcance de la impugnación le falta precisión y claridad, omitiendo uno de los requisitos que de conformidad con la ley debe contener el petitum de la demanda, como es la anulación del fallo del Ad quem, y en la indicación del contenido por la que debe ser reemplazada al convertirse este Tribunal en sede de instancia señala como la demandada a la doctora VILMA ANTONIETA REYES ESCALANTE, cuando ésta es únicamente la representante de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, y no la demandada, debiendo consignar “contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL a través de su representante legal, Doctora VILMA ANTONIETA REYES ESCALANTE”; siendo esta una carga que la ley impone al demandante en casación, no le es lícito al Tribunal entrar a suplir o completar oficiosamente las deficiencias en el planteamiento del recurso, los defectos incurridos por la Recurrente impiden a este Tribunal entrar a conocer los motivos de Casación que invoca la recurrente y a que prospere el recurso extraordinario de que se hace mérito. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 666 letra c, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo, FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia. NOTIFIQUESE. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. COORDINADORA. SUYAPA THUMANN CONDE. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de Febrero del año dos mil tres. (Certificación de la sentencia de fecha once de Diciembre del año dos mil dos, recaída en el Recurso de Casación Laboral con Registro en este Tribunal No. 766-02.)
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL