Sentencia CL-555-02 — Registro 1181
Resumen
El patrono (recurrente) fue condenado en primera instancia a pagar a la trabajadora demandante la cantidad que habría percibido hasta la terminación de su contrato individual de trabajo. En segunda instancia se confirmó el fallo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"CONSIDERANDO: Que el Recurrente en su primer motivo acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de hecho que resulta evidente de autos en los medios de prueba DOCUMENTAL e INSPECCIONAL que obran a folios 45, 46, 64, 65, 67, 92, 93, 112, 118 y 120 del expediente de primera instancia, y cita como normas sustantivas violadas las contenidas en los artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo y como reglas procesales que sirvieron de medio para la violación las contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo, en relación con los artículos 617 letra g), 664 y 665 del Código del Trabajo, cita como precepto autorizante el artículo 765 ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. Pero es de hacer notar que: a) El recurrente no precisa en que ha consistido la violación; y b) Los artículos 664 y 665 del Código del Trabajo son disposiciones de carácter general inviolables para efectos de casación. Así formulado el cargo resulta inadmisible este primer motivo invocado. CONSIDERANDO: Que el Recurrente acusa en su segundo motivo a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de derecho que resulta evidente de autos en el medio de prueba documental que obra a folio 45 del expediente de primera pieza, y cita como normas sustantivas violadas las contenidas en los artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo y como reglas procesales violadas las contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo, en relación con el artículo 622 del Código del Trabajo. Explica la violación indicando con claridad y precisión la forma en que el fallador ha incurrido en la infracción indirecta preveniente de la apreciación errónea por error de derecho del medio de prueba singularizado, lo que hace admisible este segundo motivo. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en su tercer motivo acusa la sentencia de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de hecho que resulta evidente de los medios de prueba DOCUMENTAL e INSPECCIONAL que obra a folios 37, 50 al 63, 69 al 82 y 100 del expediente de primera instancia y cita como normas sustantivas violadas las contenidas en los artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 letra c) reformando del Código del Trabajo, como reglas procesales violadas las contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, y como precepto autorizante el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo. La violación la explica: “Que resulta evidente que el Tribunal Ad-quem ha apreciado erróneamente las pruebas documentales: oferta de trabajo y vaucher de cheques que obran a folios 37 y 69 al 82 respectivamente,...; la oferta de trabajo es con relación a una empresa distinta,.., y además con la escritura de constitución de la sociedad J.R. MORGAN DE HONDURAS, S.A. se ha acreditado que es una sociedad hondureña sin encontrarse en ella que tenga relación con MORGAN MILLS. Que por otro lado, con la prueba de inspección propuesta por ambas partes, evacuada que fue y que obra a folio 100 de la primera pieza de autos, se comprobó que el sueldo mensual devengado por la demandante era de US $ 1,750.00, pagaderos en su equivalente en Lempiras al momento de su cancelación, sin haberse podido comprobar el pago de bonificaciones ni de salarios complementarios. Visto y analizado este motivo resulta justificado el motivo tercero por lo que es procedente su admisión. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en su cuarto motivo acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de derecho que resulta evidente de autos en el medio de prueba DOCUMENTAL que obra a folios 37 y 69 al 82 del expediente de primera instancia y cita como normas sustantivas violadas las contenidas en los artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo y como reglas procesales violadas las contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo en relación con el 325 del Código de Procedimientos Civiles. Es evidente que el Recurrente en este cuarto motivo, pretende formular repetidamente, dentro de la órbita de una causal distinta, el cargo que dejó expuesto en su tercer motivo. En consecuencia, olvida el recurrente que el cargo ha de estar redactado en forma tal que pueda procederse a su estudio con prescindencia absoluta de ataques anteriores por lo que es necesario no solo que se individualicen las pruebas atacadas, se demuestre el manifiesto error de derecho y su incidencia respectiva sobre el fallo impugnado, sino que también es indispensable que no se encuentre relacionado con ataques anteriores, con el fin de mantener la autonomía de los cargos y su individualidad propia sino que por tanto le sea dado a la Corte estudios sucesivamente a efecto de completar el uno con otro y otros, siendo improcedente en consecuencia la pretensión que encierra el motivo de casación invocado. CONSIDERANDO: Que en el recurso de casación de que se conoce resultan inadmisibles el primero y cuarto motivo y justificados el segundo y tercer motivo, por lo cual se impone su prosperidad y en la decisión de instancia se procederá conforme a ley, razón por lo cual acto seguido este Tribunal en sede de instancia procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. CONSIDERANDO: Que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. CONSIDERANDO: Que consta en autos la relación laboral existente que vinculaba a la demandante con la empresa demandada. CONSIDERANDO: Que el objeto principal del juicio consiste en la pretensión de la demandante OLGA MARINA CABALLERO BUSTAMANTE, en que la empresa demanda “J.E. MORGAN DE HONDURAS, S.A.”, le pague las prestaciones e indemnizaciones legales y demás derechos adquiridos por el despido directo e injusto, que alega fue objeto y que se le notificó verbalmente. CONSIDERANDO: Que la empresa demandada al contestar la demanda rechazó categóricamente las pretensiones de la demandante, aceptando únicamente el cargo desempeñado por ésta, sosteniendo: “que no se produjo el despido alegado y que fue en la práctica de una auditoria que se le indicó que mientras se ejecutaba la misma, se quedara en su casa y que allí se le enviará su correspondiente salario..., ....- El día 12 de julio de 1999 se le envío el pago correspondiente del primero al quince de julio del mismo año...”. CONSIDERANDO: Que ambas partes propusieron y evacuaron los medios de prueba aportados al juicio con la pretensión de acreditar sus extremos alegados; teniendo la demandante la carga de la prueba, con la pretensión de acreditar el despido directo injustificado que afirma le notificó verbalmente el señor DAVID HILTON, propuso los medios de prueba consistentes en: fotocopia del acta de fecha 15 de julio de 1999 levantada en el centro de trabajo por el Inspector FRANCIS L. ENAMORADO e informe de fecha 11 de julio del mismo año, emitido por el mismo Inspector dirigido a su jefe inmediato Señor Gabriel Chavarría Discua, y declaración testifical. En ambos medios de prueba se pretende probar que el Señor DAVID JAMES HILTON fue la persona que despidió y le notificó el despido a la demandante. Es de hacer notar que: El medio de prueba testifical propuesto fue precluído y en cuanto al acta de 15 de julio de 1999, según la certificación (folio 112 vuelto) que certifica el record migratorio del Señor DAVID JAMES HILTON, se acredita que éste no se encontraba en el país en la fecha que afirma la demandante se le notificó el despido; por otra parte, el acta de fecha quince de julio de mil novecientos noventa y nueve referida, no puede hacer prueba en juicio por no reunir los requisitos para su validez y que aún de haberlos cumplido, la certificación del record migratorio la contradice y la hace perder credibilidad. CONSIDERANDO: Que si bien es cierto los Inspectores del Trabajo son Agentes Ejecutivos del Ministerio del Trabajo y seguridad Social y controlan directamente la aplicación de las leyes laborales, como sujetos de la ley están obligados a observar los requisitos y procedimientos exigidos para la validez de los actos que ejecutan, en consecuencia, el Inspector FRANCIS L. ENAMORADO cuando levantó el Acta de Constatación de Hechos, “ que constata la violación de los derechos laborales de que fue objeto la empleada OLGA MARINA CABALLERO de parte de la empresa demandada (folio 45 Y 46), debió observar lo prescrito en el artículo 622 del Código del Trabajo. CONSIDERANDO: Que vistas y analizadas en su conjunto las pruebas aportadas por las partes en juicio, se acredita: a) Que la demandante inició su relación de trabajo el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y siete en el cargo de Gerente General; b) Que el salario mensual devengado fue de UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES (US$.1,750.00); c) No se pudo comprobar el pago de bonificaciones y salarios complementarios; d) Que el Señor DAVID HAMES HILTON no entró al país en el año de 1999, y f) Que efectivamente en el período que se produjo la terminación del contrato de trabajo de la demandante, la empresa demandada practicó una auditoria a su gestión administrativa. CONSIDERANDO: Que sin perjuicio de la libre formación del convencimiento otorgada al Juzgador en materia laboral, cuando la ley exija determinada solemnidad ad-sustantiam actus no se podrá admitir sin prueba por otro medio. La discrecionalidad del fallador en esta materia, esta vinculada con la convicción obtenida a través del juicio, que le permite fallar de conformidad y en forma mas ajustada a la equidad y la justicia; en el caso de autos, el Acta de Constatación de Hechos aún cuando fue emitida por autoridad competente no tiene fuerza probatoria por no haberse cumplido con los requisitos que establece el artículo 622 del Código del Trabajo y además la contradice la certificación del record migratorio (folio 112 vuelto) que certifica que el señor DAVID JAMES HILTON “salió el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y ocho por la delegación de Toncontín, departamento de Francisco Morazán”, y afirma la parte actora que el despido se produjo el dos de julio de mil novecientos noventa y nueve. CONSIDERANDO: Que del análisis de las pruebas en su conjunto e inspirándose en los principios que informan la critica de las mismas, y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito se llega al convencimiento que la demandante no probó el despido directo e injustificado y notificado verbalmente que alega fue objeto, en consecuencia, no procede la condena al pago de las prestaciones e indemnizaciones reclamadas. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303 y 319 atribución 7º de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 19, 20, 616, 617 letra g), 619, 622, 664, 665, 666 literal c), 667, 669, 690, 703, 709, 726, 727, 730, 738, 739, 858 y demás aplicables del Código de Trabajo; 183, 184, 185, 187 reformado, 188, 190 y 192 del Código de Procedimientos Civiles."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente, DICE: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, M.D.C., veintiocho de noviembre del dos mil dos. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación por infracción de ley, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veinticuatro de junio del dos mil dos, por el Licenciado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal de la Sociedad denominada J.E. MORGAN DE HONDURAS S.A.; en relación a la demanda para el pago de prestaciones e indemnizaciones legales en virtud de despido directo e injusto y costas del juicio, que promoviera ante el Juzgado Segundo de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintidós de julio de mil novecientos noventa y nueve, la Señora OLGA MARINA CABALLERO BUSTAMANTE, mayor de edad, soltera, Secretaria Ejecutiva Bilingue, hondureña y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, contra la Empresa J.E. MORGAN DE HONDURAS S. A., por medio de su Director señor JAMES L. DEFOREST, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Negocios, de nacionalidad Norteamericana y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés. El recurso de Casación se interpuso contra la Sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintiocho de febrero del dos mil dos, mediante la cual CONFIRMA la Sentencia definitiva dictada por el Juzgado Segundo de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintitrés de octubre del dos mil, misma que declara Con Lugar la demanda de mérito; en consecuencia, CONDENA a la Empresa Mercantil demandada “J.E. MORGAN DE HONDURAS, S.A.” a través de su representante legal, pagar a la trabajadora demandante OLGA MARINA CABALLERO BUSTAMANTE, la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (LPS.646,923.81) por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes en concepto de aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, bono, más a título de daños y perjuicios los salarios que la actora o trabajadora, habría percibido desde la terminación de su contrato individual de trabajo, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código vigente, quede firme la sentencia condenatoria respectiva, SIN COSTAS. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia, dictó sentencia en fecha veinte de mayo del dos mil dos, mediante la cual resolvió admitir el Recurso de Casación que en su oportunidad interpuso el Licenciado MANUEL DE JESÚS GIRON GOMEZ, en su condición expresada, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintiocho de febrero del dos mil dos; asimismo dispuso llevar adelante la tramitación del recurso confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara la demanda de casación. RESULTA: Que en fecha veinticuatro de junio del dos mil dos, compareció ante este Tribunal de Justicia el Licenciado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, formulando el Recurso de Casación que en su oportunidad interpuso, el cual fundamentó de la manera siguiente: “...EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO. Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden Nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de hecho que resulta evidente de autos en los medios de prueba DOCUMENTAL e INSPECCIONAL que obran a los folios 45, 46, 64, 65, 67, 92, 93, 112, 118 y 120 del expediente de primera instancia. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las Normas Sustantivas de Orden Nacional violadas, están contenidas en los artículos 113, interpretado, 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA: La prueba erróneamente apreciada por el Tribunal, fueron la Documental e Inspección que se encuentran agregados a los folios 45, 46, 64, 65, 67, 92, 93, 112, 118 y 120 del expediente de primera instancia. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo, en relación con los artículos 617 letra g), 664 y 665 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. De los autos se evidencia en forma manifiesta y notoria que la Corte sentenciadora por error de hecho confirma la sentencia apreciando erróneamente los medios de prueba que fueron propuestos y evacuados en tiempo y forma especialmente las pruebas documentales y de Inspección aquí relacionadas y evacuadas en juicio. La errónea apreciación de los medios de prueba que afirmamos se produjo en el caso de autos es evidente por el error de hecho que es manifiesto en los autos y que se explica por las razones siguientes: El artículo 617 letra g) del Código del Trabajo establece lo siguiente: “Los Inspectores de Trabajo y las Visitadoras Sociales son autoridades que tienen las obligaciones y facultades que se expresan a continuación: a)..., b)..., c)..., d)..., e)..., f)..., g) Las Actas que levanten y los informes que rindan en materia de sus atribuciones, tienen plena validez en tanto no se demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o parcialidad; y h)...”. De esta norma se desprende que tienen las actas plena validez solamente siempre y cuando no se haya demostrado su inexactitud falsedad o parcialidad en juicio tal como se desprende de las siguientes normas. El artículo 664 del Código del Trabajo establece: “ Los asuntos de que conoce la jurisdicción del trabajo se tramitaran de conformidad con el presente Código”. El artículo 665 establece: La jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. Estas disposiciones legales se derivan de la norma constitucional que instituyo la jurisdicción del trabajo ejercida por los Juzgados del Trabajo y Cortes de Apelaciones a las cuales están sometidas todas las controversias que se originen directa o indirectamente de las relaciones entre el capital y el trabajo. El artículo 113 interpretado del Código del Trabajo contiene lo siguiente: ARTICULO 113: “ La terminación del Contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el Patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que fundo el despido”. Conforme la disposición legal antes relacionada se concluye que para su aplicación deben existir debidamente probados en juicio los siguientes presupuestos. Uno: La existencia de un contrato o relación de Trabajo; Dos: El hecho probado de la existencia de un despido; y Tres: Que dicho despido haya sido sin causa justificada o sin invocación de justa causa. La Corte Sentenciadora al apreciar erróneamente los medios de prueba hace producir a la sentencia agravios a la Ley sustantiva invocada al considerar que esta probado en autos el presupuesto de la existencia de una acción de despido directo, y calificando el mismo de injustificado a pesar de no estar probada en juicio su existencia, y muy a pesar de que las pruebas se evidencian lo contrario o sea su inexistencia. A folio 45 del expediente de primera instancia se encuentra el medio de prueba documental consistente en acta levantada por un inspector del trabajo con la cual se propone acreditar en juicio que la demandante fue despedida en vía directa en forma verbal el 2 de julio de 1999, por el señor DAVID HILTON en representación de la demandada. La Corte Acusada haciendo suyos los argumentos del Juzgador de primera instancia le da plena validez a este documento que fue rechazado por la demandada en la contestación de la demanda por contener hechos inexistentes y estar viciado de falsedad, por Ley al ser rechazada el acta en juicio el impugnante debía probar en forma evidente tales afirmaciones de falsedad e inexactitud de la misma. Con las pruebas contenidas a folios 46, 67 y 117, 64 y 65, 92, 93, 100, 112, 118 y 120 del expediente de autos, quedo demostrado en forma evidente que el acta es inexacta y que contiene información falsa sobre los hechos narrados en su contenido. En el acta se afirma que la demandante fue despedida por el señor DAVID HILTON, en representación de la demandada. A folios 92 y 100 del expediente de autos consta con plena prueba la evidencia de que el señor David Hilton no es Funcionario, Miembro del Consejo de Administración ni Empleado de la demandada. A folios 93 y 112 del expediente de primera instancia queda plena evidencia que conforme los movimientos migratorios que maneja la Dirección General de Población y Política Migratoria aparece que únicamente en los años de 1997 y 1998 aparece haber ingresado al país un ciudadano norteamericano de nombre DAVID JAMES HILTON de oficio RELIGIOSO, no apareciendo que en el año 1999 haya ingresado al país persona de ese nombre. A folios 64 y 65 del expediente de primera instancia consta que la demandante recibió y cobro el cheque por el pago de su salario correspondiente a la primera quincena del mes de julio de 1999 el cual cobro en fecha 10 de julio del mismo año. A folios 46, 67, 118 y 120 del expediente de autos, se encuentra el acta y el informe en los que consta que se le informó al Inspector del Trabajo que la demandante no podía ingresar porque se le estaba efectuando una auditoria por lo que la misma se encontraba con permiso. El acta de folio 45 del expediente no puede tener plena validez en juicio porque es evidente que de la información arrojada por los otros medios de prueba en conjunto, la misma contiene INFORMACIÓN FALSA E INEXACTA sobre el hecho del alegado despido. Los medios de prueba admitidos y evacuados y antes relacionados establecen con toda claridad que el presupuesto requerido para que surta efectos el artículo 113 interpretado del Código del Trabajo requiere legalmente que debe haber plena prueba en juicio de la existencia del despido; en el caso de autos es evidente que no se encuentra demostrada la existencia del despido, por tanto no debió la Corte Acusada hacer producir sus efectos jurídicos indemnizatorios a las normas sustantivas invocadas, por que hay evidencia clara en la prueba documental que demuestra que no fue probada la existencia del despido, y sin esta probanza en juicio no puede el juzgador calificar la existencia o no de la justa causa que es la base jurídica para liberar o condenar al patrono al pago de la indemnización señalada en las normas sustantivas invocadas. Por Ley debe existir una relación de causalidad directa en la que se requiere el presupuesto de la terminación y su calificación de injustificada y como efecto de esta, la indemnización. Se afirma en juicio que el señor JAMES L. DEFOREST ratificó el despido ejecutado por el señor DAVID HILTON. No existe prueba alguna aportada por la demandante que confirme lo afirmado sobre este hecho de la confirmación del despido por el relacionado señor Deforest. De todo lo anterior se evidencia claramente, que la Corte Acusada, EN APRECIACIÓN. Errónea por error de hecho, que es de manifiesto en los autos, a violado las normas sustantivas de orden nacional invocadas, en vía indirecta, y por medio de las normas procesales señaladas y las normas relacionadas, todas del Código del Trabajo, al decidir contra la evidencia probatoria que las normas sustantivas de orden nacional invocadas produjeran sus efectos legales indemnizatorios, razón por la cual procede se case la sentencia en el presente motivo. SEGUNDO MOTIVO...Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de derecho que resulta evidente de autos en el medio de prueba DOCUMENTAL que obra a folio 45 del expediente de primera instancia. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las Normas Sustantivas de Orden Nacional violadas, están contenidas en los artículos 113, interpretado, 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA: La prueba erróneamente apreciada por el Tribunal, fue la Documental que se encuentran agregadas a folio 45 del expediente de primera instancia. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo, en relación con el artículo 622 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. El artículo 622 del Código del Trabajo establece: “Las Actas de constatación o de hechos y las de intimación o notificación, se ajustaran a las formulas que establezca la Dirección General de Trabajo, PERO HARAN EN TODO CASO MENCION EXPRESA LA PRIMERA, DEL DERECHO DE FORMULAR DESCARGOS EN EL ACTA O POR ESCRITO, DENTRO DEL TERCERO DIA, y la segunda, de los recursos consagrados en este Código y el plazo para ejercitarlos”. El artículo 113 reformado del Código del Trabajo al respecto desarrolla este principio en la parte que literalmente dice: “La terminación del Contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el PATRONO la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que fundo el despido”. Esta misma disposición señala “Que el trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. El ejercicio de este derecho es alternativo con el de reclamar la indemnización de prestaciones laborales. Conforme la primera disposición legal del Código del Trabajo relacionada es evidente que la Ley establece para la validez de las actas de constatación o de hechos que se cumpla en las mismas la solemnidad requerida por la Ley y que consiste en la exigencia de que se deje constancia EXPRESA en la misma de haberse cumplido con habérsele hecho a las partes la advertencia del derecho que tienen de formular descargos en el acta o por escrito dentro del tercer día. En cuanto a la segunda disposición legal del Código del Trabajo antes relacionada, la misma establece que deben existir legalmente dos presupuestos para que surta sus efectos legales. Uno la existencia de un contrato o relación de Trabajo; Dos la prueba de la existencia de la terminación de ese contrato o relación por vía de un despido injustificado. La Corte sentenciadora al confirmar el fallo basándose en el acta agregada a folio 45 del expediente, no toma en cuenta que este documento en que se sustenta para dar por probada la existencia del despido es un documento que no cumple con las formalidades y solemnidades que exige la Ley para que el mismo tenga plena validez en juicio. Al darle plena validez la Corte Acusada incurre en apreciación errónea del mismo por manifiesto error de derecho que es evidente en juicio, ya que no le da cumplimiento a lo que dispone el párrafo final del artículo 739 del Código del Trabajo que dispone “ SIN EMBARGO, CUANDO LA LEY EXIJA DETERMINADA SOLEMNIDAD AD-SUSTANTIAN ACTUS NO SE PODRA ADMITIR SIN PRUEBA POR OTRO MEDIO”. La doctrina en materia de casación laboral refiere que el error de derecho se produce en aquellos casos como: A) Cuando el Tribunal da por establecido un hecho con una prueba no autorizada por la Ley, o por exigir esta DETERMINADA SOLEMNIDAD PARA LA VALIDEZ DEL ACTO; o B) También cuando se deja de apreciar una prueba de esta índole. En el caso de autos, es evidente, la situación del hecho, que pone de manifiesto el error de derecho cometido por la Corte Sentenciadora. De la lectura del acta contenida a folio 45, y puesta a prueba, con lo que dispone el artículo 622 del Código del Trabajo, consta de autos, que no se cumplió en el acta LA SOLEMNIDAD EXPRESA QUE LE EXIGE LA LEY PARA SU VALIDEZ, y que consiste, tal y como lo dispone el artículo 622 del Código del Trabajo, en la formalidad expresa de: “PERO HARAN EN TODO CASO MENCION EXPRESA LA PRIMERA, DEL DERECHO DE FORMULAR DESCARGOS EN EL ACTA O POR ESCRITO, DENTRO DEL TERCERO DIA”. La norma del Código del Trabajo relacionada, señala en su contenido, dos tipos de actas, las ACTAS DE CONSTATACIÓN DE HECHOS, y las actas de intimación o notificación; en el caso de autos el acta que relacionamos es un acta de constatación o de hechos por tanto debe contener la mención de la formalidad expresa que exige el artículo 622 del Código del Trabajo, al no tener esta formalidad, fijada por la Ley, la misma no puede ser apreciada por el Tribunal, para dar por probado un hecho en juicio, porque es evidente, que el documento no cumple con la solemnidad exigida por la Ley, por tal razón al apreciarlo y dar por probado uno de los hechos controvertidos en el juicio ha violado el derecho de todo ciudadano, de ser juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, al violar el mandato expreso del artículo 379 que dispone “SIN EMBARGO, CUANDO LA LEY EXIJA DETERMINADA SOLEMNIDAD AD-SUSTANTIAN ACTUS NO SE PODRA ADMITIR SIN PRUEBA POR OTRO MEDIO”. Estas consideraciones legales expuestas llevan a la conclusión de que no procede en el caso de autos la aplicación de las disposiciones legales de orden nacional invocadas y contenidas en los artículos 113 interpretado 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo, cuando es evidente que en el caso de autos no hay plena prueba de que haya existido un despido. Y la aplicación de estas normas sustantivas a un caso concreto, solo se produce, en virtud de estar probado el presupuesto de la existencia del despido, y que así, dentro del silogismo jurídico, el Juzgador pueda calificar la existencia o no de la justa causa para determinar si procede o no otorgar la indemnización. Es evidente que el presupuesto de hecho que requiere la aplicación de estas normas sustantivas como lo es la prueba de la existencia del despido, es la prueba irrefutable de la existencia de la ruptura ilegal del contrato para que en un estrecho vinculo de relación de causalidad produzca el efecto indemnizatorio previsto en la Ley. En consecuencia, queda demostrado que la Corte Acusada, ha violado las normas sustantivas de orden nacional invocadas en vía indirecta, a través de la violación de medio de las normas procesales y normas relacionadas en el presente motivo, por el error de derecho, que es manifiesto en los autos al darle validez a un documento que no reúne la solemnidad requerida por la Ley para su validez en juicio. En razón de todo lo anteriormente expuesto procede se case la sentencia en el presente motivo. TERCER MOTIVO...Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de hecho que resulta evidente de los en la prueba DOCUMENTAL e INSPECCIONAL que obra a folios 37, 50 al 63, 69 al 82 y 100 del expediente de primera instancia. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las Normas Sustantivas de Orden Nacional violadas, están contenidas en los artículos 113, interpretado, 116 letra e) y 120 letra c) reformado todos del Código del Trabajo. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA: La prueba erróneamente apreciada por el Tribunal, fue la Documental e Inspeccional que se encuentra agregada a folios 37, 50 al 63, 69 al 82 y 100 del expediente de primera instancia. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. La Corte Sentenciadora, incurre en error de hecho, que es manifiesto en los autos, al apreciar erróneamente los documentos contenidos a folios 37, 50 al 63, 69 al 82 y 100 del expediente de primera instancia, hecho que la conduce a hacer producir sus efectos indemnizatorios al artículo 113 reformado del Código del Trabajo sin que sea procedente por las razones siguientes: A folios 37 y 69 al 82 del expediente de primera instancia se encuentran agregados a juicio un documento y vaucher de cheques en los cuales la Corte Acusada se fundamento para determinar la cuantía, como la indemnización de daños y perjuicios de salarios dejados de percibir a favor de la demandante. La apreciación errónea de los documentos en relación, se deriva del error de hecho, en que incurre la Corte Acusada, al tomar en cuenta los mismos, para fijar el salario, conforme al cual determina y liquida la condena en el presente juicio. Los documentos relacionados, no evidencian que a la demandante se le pagara los valores derivados de estos documentos por parte de la empresa demandada. El documento contenido a folio 37 del expediente de primera instancia y que contiene una carta en ingles enviada por la Empresa MORGAN MILLS radicada en los Estados Unidos y que contiene una oferta de trabajo de esta empresa norteamericana y no de J E. MORGAN DE HONDURAS que es una empresa constituida en Honduras tal como consta a folios 50 al 63 del expediente de autos, lo que por tanto deja demostrado en juicio que son dos personas jurídicas diferentes. Y la alegación de que esta empresa norteamericana es la empresa holding de J E. Morgan en los Estados Unidos igualmente con el documento relacionado y que es la fotocopia de la escritura de constitución que fue cotejada en el Registro Público correspondiente, evidencia que la principal accionista y holding en los Estados Unidos lo es la empresa DAWSON INTERNACIONAL, por tanto es evidente que no existe prueba alguna en juicio que acredite la existencia de vinculo jurídico o de cualquier otra naturaleza entre MORGAN MILLS y la demandada J E. MORGAN DE HONDURAS para que esos valores sean por la Corte Acusada considerados como parte del salario de la demandante. En cuanto a los vaucher de cheques agregados a folios del 69 al 82 del expediente de autos, es evidente que estos documentos son extendidos por la empresa MORGAN MILLS en los Estados Unidos a favor de la demandante, pero de su contenido no se evidencia en ellos el concepto por el cual fueron expedidos los cheques que amparan los mismos ni que sean bajo la responsabilidad de J E. MORGAN DE HONDURAS persona jurídica demandada, por lo que es evidente que al tomarlos en cuenta para fijar el salario se esta erróneamente apreciando este medio de prueba. A folio 100 del expediente de primera instancia se encuentra el acta de inspección de la cual se evidencia como hecho probado tanto a petición de la parte actora como de la demandada que en los documentos contables de la empresa el salario devengado por la demandante correspondía a la suma de US.$1,750.00, no aparece en libros y planillas ningún otro valor por bonificaciones ni por salarios complementarios. Es evidente en juicio que la Corte Sentenciadora, determina el salario y fije la liquidación de la condena tanto de prestaciones como de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, basándose en estos documentos contenido a folios 37 y 69 al 84 del expediente de primera instancia, siendo evidente en juicio, que estos son documentos que no corresponden a obligaciones de la persona jurídica demandada, sino que a otra persona jurídica radicada en otro país y que en juicio no se a probado en forma evidente la existencia de vínculo jurídico alguno entre la demandada y esa persona jurídica emisora de esa obligación, y más bien a contrario censu esta probado en autos que la principal o holding de la demandada es la DAWSON INTERNATIONAL (Holding) y no MORGAN MILLS que es la emisora de los documentos relacionados. Es evidente de autos, que la Corte da como validos dichos documentos para fijar el salario de la demandante, por lo que es claro que, cuando la Corte Acusada, ordena liquidar las obligaciones laborales, tomándolos en cuenta para fijar el salario, queda claro en los autos que se esta cometiendo un error de hecho que conduce a la apreciación errónea de este medio de prueba documental y por medio de tal error se violan las normas procesales del Código del Trabajo aquí señaladas como violadas, y así en vía de esta violación de medio, como consecuencia, en forma indirecta se están violando las normas sustantivas de orden nacional del Código del Trabajo invocadas. Al darle plena validez la Corte Acusada a estos documentos agregados a juicio y contenidos en los folios 37 y 69 al 82 del expediente de primera instancia, incurre en apreciación errónea de los mismos por manifiesto error de hecho que es evidente en juicio, ya que no aprecia en su conjunto los medios de prueba que evidencian lo contrario a las conclusiones a que llegó la Corte acusada. En el caso de autos es evidente la existencia de la situación, que pone de manifiesto el error de hecho cometido por la Corte Sentenciadora; con solo tener a la vista los documentos contenidos a folios del 37, 50 al 63, 69 al 82 y 100 del expediente de autos y a los que le da el Tribunal validez para dar por probado un hecho en juicio. Estas evidencias legales y de hecho confirman que al hacer producir sus efectos indemnizatorios a las disposiciones legales de orden nacional invocadas y contenidas en los artículos 113 interpretado 116 letra e) y 120 letra c) reformado todos del Código del Trabajo, cuando es evidente en el caso de autos que no hay prueba que demuestre la existencia del salario que la Corte acusada a fijado para liquidar prestaciones e indemnizaciones laborales en el caso de autos, no es procedente y además produce una injusta condena. En consecuencia es evidente que la Corte Acusada ha violado las normas sustantivas de orden nacional del Código del Trabajo invocadas en vía indirecta a través de la violación de medio de las normas procesales contenidas en el Código del Trabajo vigente en el presente motivo por el error de hecho que es manifiesto en los autos al dar por probado este hecho con los documentos relacionados. En razón de todo lo anteriormente expuesto procede se case la sentencia en el presente motivo. CUARTO MOTIVO...Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de derecho que resulta evidente de autos en el medio de prueba DOCUMENTAL que obra a folios 37 y 69 al 82 del expediente de primera instancia. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las Normas Sustantivas de Orden Nacional violadas, están contenidas en los artículos 113, interpretado, 116 letra e) y 120 letra c) reformado todos del Código del Trabajo. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA: La prueba erróneamente apreciada por el Tribunal, fue la Documental que se encuentra agregada a folios 37 y 69 al 82 del expediente de primera instancia. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo, en relación con los artículos 858 del Código del Trabajo y 325 del Código de Procedimientos Civiles en forma supletoria. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. La Corte Sentenciadora, incurre en error de derecho, que es manifiesto en los autos, al apreciar erróneamente los documentos contenidos a folios 37 y 69 al 82 del expediente de primera instancia, hecho que la conducta a hacer producir sus efectos indemnizatorios al artículo 113 reformado del Código del Trabajo sin que sea procedente por las razones siguientes: A folios 37 y 69 al 82 del expediente de primera instancia se encuentran agregados a juicio un documento y vaucher de cheques en los cuales la Corte Acusada se fundamento para determinar la cuantía, como la indemnización de daños y perjuicios de salarios dejados de percibir a favor de la demandante. La apreciación errónea de los documentos en relación, se deriva del error de derecho, en que incurre la Corte Acusada, al tomar en cuenta los mismos, para fijar el salario, conforme al cual determina y liquida la condena en el presente juicio. Los documentos relacionados, no reúnen las formalidades y solemnidades legales requeridas por la Ley para que puedan ser apreciados en juicio, y darles validez como prueba de un extremo alegado en juicio. Los documentos en relación agregados a folios 37 y 69 al 82 del expediente de autos, son documentos emitidos en otra nación o sea fuera del territorio nacional y así redactados en idioma extranjero, por lo que, por Ley requieren la formalidad de que sean traducidos y debidamente legalizados para surtir sus efectos en el país sin estos requisitos o formalidades procesales, la Corte Sentenciadora, no puede tomarlos en cuenta para fijar el salario, ni la liquidación indemnizatoria, en el caso de autos. El artículo 325 del Código de Procedimientos Civiles establece: “ Los Instrumentos públicos otorgados fuera de Honduras deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están, cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la practica de cada país, deban acreditarlas. La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobara en Honduras por alguno de los medios siguientes: 1° El atestado de un Agente Diplomático o Consular Hondureño, acreditado en el país de donde el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores. 2° El atestado de un Agente Diplomático o Consular de una Nación amiga acreditado en el mismo país, a falta de funcionario hondureño, certificándose en este caso la firma por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores del País a que pertenezca el Agente o del Ministro Diplomático de dicho país en Honduras, y además por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República en ambos casos; y 3° El atestado del Agente Diplomático acreditado en Honduras por el Gobierno del país en donde se otorgo el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República”. Esta disposición, es aplicables supletoriamente, en lo relativo a documentos privados emitidos en el extranjero, por no estar señalado en la Ley nada al respeto en el capítulo que se remite a los documentos privados. La Corte Sentenciadora al confirmar el fallo no toma en cuenta el mandato de darle cumplimiento a esta disposición legal, sobre las solemnidades legales requeridas para que documentos emitidos en país extranjero como los relacionados surtan efectos y tenga validez en juicio. En el caso de autos los documentos agregados a folios 37 y del 69 al 82 del expediente de primera instancia, son documentos, que se encuentran redactados en idioma ingles, y expedidos en el extranjero, en autos consta en forma evidente, que el Juzgador de primera instancia mandó a traducir por perito los mismos, sin que estos documentos estuviesen debidamente legalizados para surtir efectos en el país, no hay evidencia alguna en juicio de que dichos documentos agregados a los folios relacionados hayan sido legalizados en su país de origen ni mucho menos ante las Autoridades hondureñas competentes. La Corte frente a esta evidencia debió proceder conforme a derecho a revocar el fallo. Es evidente en juicio, que la Corte Sentenciadora, determina el salario y fija la liquidación de la condena tanto de prestaciones como de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, basándose en estos documentos contenido a folios 37 y 69 al 84 del expediente de primera instancia, siendo evidente en juicio, que estos no cumplen con las formalidades y solemnidades exigidas por la Ley para su validez en juicio, dando así como probado el hecho de la existencia de un salario en clara violación de las formalidades y solemnidades ordenadas por esta disposición legal que es aplicable en forma supletoria. Por mandato de Ley, estos documentos al ser documentos emitidos en otro idioma y fuera del país solo pueden surtir sus efectos en juicio y tener plena validez cuando se haya cumplido con todas las formalidades y solemnidades siguientes: Uno: Que los documentos que se han de hacer valor en juicio estén suscritos en IDIOMA CASTELLANO (español). Por así disponerlo el artículo 45 del Código Civil de aplicación supletoria en materia laboral. Dos: Que cuando un documento esta redactado en idioma que no sea el castellano, la Ley exige la formalidad de que el Juez ordene que el mismo sea traducido por un perito que el mismo nombrara en juicio, o que este se presente ya traducido, caso para el cual se seguirá el procedimiento del párrafo segundo del artículo 326 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en forma supletoria en materia laboral; y Tres: Que los documentos expedidos en el extranjero deben ser legalizados para surtir sus efectos legales en el País; artículo 325 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en forma supletoria en materia laboral. Es evidente de los autos, quede las formalidades y solemnidades exigidas por la Ley y antes relacionadas, únicamente, el Juzgador ordena el cumplimiento de la traducción para poder tenerles como validos, pero mando a traducir documentos que no pueden ser agregados a juicio como prueba en virtud de que los mismos no están debidamente legalizados conforme lo que dispone el artículo 325 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en el caso de autos, ya que dichos documentos fueron extendidos en un país extranjero; por lo que es claro que, cuando la Corte Acusada, ordena liquidar las obligaciones laborales, tomándolos en cuenta para fijar el salario, sin que reúnan las formalidades y solemnidades exigidas por la Ley, es evidente de los autos que esta cometiendo un error de derecho que conduce a apreciar erróneamente este medio de prueba documental y por medio de tal error se violan las normas procesales y normas relacionadas, y en vía de violación de medio, como consecuencia, en forma indirecta se están violando las normas sustantivas de orden nacional invocadas. Al darle plena validez la Corte Acusada a estos documentos agregados a juicio y contenidos en los folios 37 y 69 al 82 del expediente de primera instancia, incurre en apreciación errónea de los mismos por manifiesto error de derecho que es evidente en juicio, ya que no le da cumplimiento a lo que dispone el párrafo final del artículo 739 del Código del Trabajo que establece “SIN EMBARGO, CUANDO LA LEY EXIJA DETERMINADA SOLEMNIDAD AD-SUSTANTIAN ACTUS NO SE PODRA ADMITIR SIN PRUEBA POR OTRO MEDIO”. La doctrina en materia de casación laboral refiere que el error de derecho se produce en aquellos casos como: Uno: Cuando el Tribunal da por establecido un hecho con una prueba no autorizada por la Ley, o por exigir esta DETERMINADA SOLEMNIDAD PARA LA VALIDEZ DEL ACTO, y Dos: También cuando se deja de apreciar una prueba de esta índole. En el caso de autos es evidente la existencia de la situación contemplada en lo referido en cuanto lo relacionado de cumplir determinadas solemnidades para la validez del acto, que no se cumplieron, lo que pone de manifiesto el error de derecho cometido por la Corte Sentenciadora; con solo tener a la vista los documentos contenidos a folios del 37 y 69 al 82 del expediente de autos, y confrontarlos con las disposiciones legales señaladas del Código del Trabajo y Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria, evidencian claramente, QUE LAS SOLEMNIDADES Y FORMALIDADES REQUERIDAS POR LA LEY PARA SU VALIDEZ EN JUICIO NO FUERON CUMPLIDAS, al no haber sido legalizados para tener en juicio, razón por la cual los mismos no pueden ser tomados en cuenta por el Tribunal para dar por probado un hecho en juicio, porque evidencia que al no cumplir los mismos con las solemnidades procesales y formalidades exigidas por la Ley, y darles el tribunal validez para dar por probado un hecho en juicio, se esta juzgando el caso fuera de las formalidades derechos y garantías que la Ley establece. Estas evidencias legales y de hecho confirman que al hacer producir sus efectos indemnizatorios a las disposiciones legales de orden nacional invocadas y contenidas en los artículos 113 interpretado 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo, cuando es evidente de autos que no es del caso hacerlo, al no haber prueba legalmente valida en juicio, que demuestre la existencia del salario que la Corte acusada a fijado para liquidar prestaciones e indemnizaciones laborales en el caso de autos, es claro que a dichas disposiciones legales de orden nacional se les ha hecho surtir sus efectos sin ser del caso hacerlo produciendo una injusta y sobre valorada condena. En consecuencia es evidente que la Corte Acusada ha violado las normas invocadas en vía indirecta a través de la violación de medio de las normas procesales y normas relacionadas en el presente motivo por el error de derecho que es manifiesto en los autos al darle validez en juicio a documentos que no reúnen las solemnidades y formalidades requeridas por la Ley para su validez en juicio. En razón de todo lo anteriormente expuesto procede se case la sentencia en el presente motivo”. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha veinticuatro de junio del año dos mil dos, mediante la cual tuvo por devuelto el traslado conferido al Licenciado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, y por formulada en tiempo la demanda de casación, ordenando en consecuencia dar en traslado al opositor por el término de diez días para que procediera a contestar dicha demanda. Haciéndolo el Abogado KENNETH ARAUJO DUNAWAY, mayor de edad, casado y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderado legal de la señora OLGA MARINA CABALLERO BUSTAMANTE, en fecha treinta de julio del años dos mil dos, de la siguiente manera: "... MOTIVOS DE CASACIÓN. AL PRIMER MOTIVO: El recurrente formula el cargo como violatoria de Ley sustantiva de orden nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de hecho que resulta evidente de autos en los medios de prueba documental e inspeccional que obran a folios 45, 46, 64, 65, 67, 92, 93, 112, 118 y 120 del expediente de primera instancia. En primer lugar, el recurrente no identifica cuales son las pruebas apreciadas erróneamente, en la exposición que hace del recurso las menciona pero de manera general, se limita a expresar que fueron la documental e inspección que se encuentran agregados a folios 45, 46, 64, 65, 67, 92, 93, 112, 118 y 120 del expediente de la primera instancia. Pero cuáles son las documentales y cuales son las de inspección? La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia dicho que es necesario citar las pruebas que fueron mal apreciadas, o dejadas de apreciar, singularizándolas debidamente. En segundo lugar, el recurrente cita como disposiciones infringidas, entre otras, los artículos 664 y 665 del Código del Trabajo, pero estas son de carácter general, inviolables por tanto en casación. En tercer lugar, el documento que se encuentra a folio 45 y que es el que mas identifica el recurrente, según él no puede tener validez en juicio porque contiene información falsa e inexistente, es decir que se trata de un documento falso e inexistente. Pero lo falso es lo que afirma el recurrente, el documento que se encuentra a folio 45 es un Acta levantada por un Inspector de Trabajo en la que se hace constar de manera fehaciente que la demandante fue despedida, manifestación hecha por la señora Deysi Janet Meléndez en su calidad de Jefa de Jefe de Personal de J.E. MORGAN DE HONDURAS. El recurrente dice que es falsa por el hecho que dicha señora menciona al señor David Hilton, Consultor y quien despidió a mi representada. Pero el recurrente en ningún momento dice que la manifestación de la señora Deysi Janet Meléndez es falsa, tampoco dice que la firma de dicha señora es falsa. Cómo se puede afirmar que ese documento es falso e inexistentes, si en ningún momento se ha redarguido de falsa la firma de la señora Deysi Janet Meléndez? Eso es absurdo. La única persona que podría afirmar que dicha Acta es falsa sería esa señora Meléndez pues ella es la que podría decir si es o no su firma y si ella manifestó tal situación al Inspector de Trabajo, pero no existiendo ninguna prueba en este sentido no se puede tomar como falso tal documento. Y en cuarto lugar, el recurrente no dice si la infracción indirecta se produce por violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas legales violadas. Por las razones indicadas el primer motivo debe ser declarado no ha lugar. AL SEGUNDO MOTIVO: En la formulación de este motivo se dice que la sentencia es violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de derecho que resulta evidente de autos en el medio de prueba DOCUMENTAL que obra a folio 45 del expediente de primera instancia. En primer lugar, al recurrente parece que le falta claridad y precisión en este motivo de casación, por no decir en todo el recurso pues el documento que obra a folio 45 del expediente de primera instancia es el mismo que impugna como error de hecho en el PRIMER MOTIVO y según la técnica del recurso de casación, al recurrente no le es dable impugnar una misma prueba en uno u otro error. En segundo lugar, la disposición que invoca el recurrente no es aplicable en este caso en tanto que el Acta que obra a folio 45 se levantó únicamente con el objeto de precisar el despido verbal de la trabajadora OLGA MARINA CABALLERO BUSTAMANTE, lo que en efecto así se hizo y no precisaba mas consecuencia que de la que de ella se desprende, considerando además que la misma fue evacuada con la Jefe de Personal de la empresa J.E. MORGAN DE HONDURAS, S.A. quién en ningún momento objetó nada al respecto; verbigracia, la trabajadora OLGA MARINA CABALLERO BUSTAMANTE había sido despedida verbalmente y para constatar que en efecto había sido despedida se le preguntó a la Jefe de Personal de la empresa, quién ratificó dicho despido. Qué solemnidad puede existir en esa acta? Estamos claros que las actas pueden y deben llenar las formalidades que contempla el artículo 622 del Código del Trabajo pero cuando produzcan efectos entre patrono y trabajador, pero en este caso el trabajador ya no lo era, había dejado de serlo lo que fue confirmado por la misma Jefe de Personal de la empresa J.E. MORGAN DE HONDURAS, S.A.- Y en tercer lugar, el recurrente no dice si la infracción indirecta se produce por violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas legales violadas. Por estas razones este motivo debe ser declarado no ha lugar. AL TERCER MOTIVO: En este motivo el recurrente acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de hecho que resulta evidente de los en la prueba documental e inspeccional que obra a folios 37, 50 al 63, 69 al 82 y 100 del expediente de primera instancia. En primer lugar, y al igual que en el primer motivo, el recurrente no identifica cuáles son las pruebas documentales e inspeccional que señala como apreciadas erróneamente, se limita a decir que se encuentran en tales y cuales folios. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que se deben citar las pruebas que fueron mal apreciadas, o dejadas de apreciar, singularizándolas debidamente. En segundo lugar, el recurrente dice, al concluir sobre este motivo de casación, “en consecuencia es evidente que la Corte Acusada ha violado las normas sustantivas de orden nacional del Código del Trabajo invocadas en vía indirecta a través de la violación de medio de las normas procesales contenidas en el Código del Trabajo vigente en el presente motivo por el error de hecho que es manifiesto en los autos al dar por probado este hecho con los documentos relacionados”. La técnica del recurso de casación por error de hecho dice que la mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate, pues en este último caso se estaría frente a una cuestión diferente, como ocurre en el presente caso en que el recurrente hace relación a las normas procesales y no al error mismo. En tercer lugar, el recurrente confunde el presunto error de hecho, pues por una parte admite que con las pruebas se tiene por probado un hecho aceptado por ambas partes. Veamos lo que dice el recurrente: “A folio 100 del expediente de primera instancia se encuentra el acta de inspección de la cual se evidencia como hecho probado tanto a petición de la parte actora como de la demandada que en los documentos contables de la empresa el salario devengado por la demandante correspondía a la suma de US$1,750.00, no aparece en libros y planillas ningún otro valor por bonificaciones ni por salarios complementarios”. Mas adelante el recurrente expresa que “estas evidencias legales y de hecho confirman que al hacer producir sus efectos indemnizatorios a las disposiciones legales de orden nacional invocadas y contenidas en los artículos 113 interpretado 116 letra e) y 120 letra c) reformado todos del Código del Trabajo, cuando es evidente que en el caso de autos que no hay prueba que demuestre la existencia del salario que la Corte acusada a fijado para liquidar prestaciones e indemnizaciones laborales en el caso de autos, no es procedente y además produce una condena injusta”. Hay o no hay contradicción? Uno de los documentos que el impetrante pretende desconocer es el que obra a folio 37 que contiene la oferta de trabajo hecha a OLGA CABALLERO, pero también el recurrente desconocer que en la segunda instancia, el entonces apoderado demandado refiriéndose al bono que es señalado en dicha oferta de trabajo dijo que “el bono esta sujeto al cumplimiento de metas por parte de la señora Olga Marina Caballero según se establece en folio que corre agregado en autos a folio ciento cuarenta y siete”. Qué significa tal expresión? No es eso un reconocimiento del contenido de la oferta de trabajo, pues si no fuere así, qué sentido tiene que haga mención al cumplimiento de metas? Y en cuarto lugar, el recurrente no dice si la infracción indirecta es por violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas legales violadas. Por estas razones el tercer motivo de casación debe ser declarado no haber lugar. AL CUARTO MOTIVO: El recurrente acusa a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de derecho que resulta evidente de autos en el medio de prueba documental que obra a folios 37 y 69 al 82 del expediente de primera instancia. En primer lugar, y como ocurre con los dos primeros motivos de casación, en éste el recurrente adolece de falta de claridad y precisión pues los mismos documentos que impugna como errores de hecho, los impugna también como errores de derecho y en la técnica de casación no le es dable al recurrente impugnarlos en uno y otro sentido. En segundo lugar, el recurrente, al igual que lo ha hecho en los anteriores motivos de casación, no identifica cuáles son los documentos en que la Corte sentenciadora ha incurrido en error de derecho, se limita a indicar que se encuentran a folios tales y cuales. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que el recurrente debe citar las pruebas que fueron mal apreciadas, o dejadas de apreciar, singularizándolas debidamente. Y en tercer lugar, el recurrente no dice si la infracción indirecta se produce por la violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas legales violadas. Por las razones expuestas es que debe declararse no haber lugar este motivo de casación”. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente se nombró Ponente a la Magistrada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictara lo que procediere conforme a derecho. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en su primer motivo acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de hecho que resulta evidente de autos en los medios de prueba DOCUMENTAL e INSPECCIONAL que obran a folios 45, 46, 64, 65, 67, 92, 93, 112, 118 y 120 del expediente de primera instancia, y cita como normas sustantivas violadas las contenidas en los artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo y como reglas procesales que sirvieron de medio para la violación las contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo, en relación con los artículos 617 letra g), 664 y 665 del Código del Trabajo, cita como precepto autorizante el artículo 765 ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. Pero es de hacer notar que: a) El recurrente no precisa en que ha consistido la violación; y b) Los artículos 664 y 665 del Código del Trabajo son disposiciones de carácter general inviolables para efectos de casación. Así formulado el cargo resulta inadmisible este primer motivo invocado. CONSIDERANDO: Que el Recurrente acusa en su segundo motivo a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de derecho que resulta evidente de autos en el medio de prueba documental que obra a folio 45 del expediente de primera pieza, y cita como normas sustantivas violadas las contenidas en los artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo y como reglas procesales violadas las contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo, en relación con el artículo 622 del Código del Trabajo. Explica la violación indicando con claridad y precisión la forma en que el fallador ha incurrido en la infracción indirecta preveniente de la apreciación errónea por error de derecho del medio de prueba singularizado, lo que hace admisible este segundo motivo. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en su tercer motivo acusa la sentencia de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de hecho que resulta evidente de los medios de prueba DOCUMENTAL e INSPECCIONAL que obra a folios 37, 50 al 63, 69 al 82 y 100 del expediente de primera instancia y cita como normas sustantivas violadas las contenidas en los artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 letra c) reformando del Código del Trabajo, como reglas procesales violadas las contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, y como precepto autorizante el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo. La violación la explica: “Que resulta evidente que el Tribunal Ad-quem ha apreciado erróneamente las pruebas documentales: oferta de trabajo y vaucher de cheques que obran a folios 37 y 69 al 82 respectivamente,...; la oferta de trabajo es con relación a una empresa distinta,.., y además con la escritura de constitución de la sociedad J.R. MORGAN DE HONDURAS, S.A. se ha acreditado que es una sociedad hondureña sin encontrarse en ella que tenga relación con MORGAN MILLS. Que por otro lado, con la prueba de inspección propuesta por ambas partes, evacuada que fue y que obra a folio 100 de la primera pieza de autos, se comprobó que el sueldo mensual devengado por la demandante era de US $ 1,750.00, pagaderos en su equivalente en Lempiras al momento de su cancelación, sin haberse podido comprobar el pago de bonificaciones ni de salarios complementarios. Visto y analizado este motivo resulta justificado el motivo tercero por lo que es procedente su admisión. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en su cuarto motivo acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de derecho que resulta evidente de autos en el medio de prueba DOCUMENTAL que obra a folios 37 y 69 al 82 del expediente de primera instancia y cita como normas sustantivas violadas las contenidas en los artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo y como reglas procesales violadas las contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo en relación con el 325 del Código de Procedimientos Civiles. Es evidente que el Recurrente en este cuarto motivo, pretende formular repetidamente, dentro de la órbita de una causal distinta, el cargo que dejó expuesto en su tercer motivo. En consecuencia, olvida el recurrente que el cargo ha de estar redactado en forma tal que pueda procederse a su estudio con prescindencia absoluta de ataques anteriores por lo que es necesario no solo que se individualicen las pruebas atacadas, se demuestre el manifiesto error de derecho y su incidencia respectiva sobre el fallo impugnado, sino que también es indispensable que no se encuentre relacionado con ataques anteriores, con el fin de mantener la autonomía de los cargos y su individualidad propia sino que por tanto le sea dado a la Corte estudios sucesivamente a efecto de completar el uno con otro y otros, siendo improcedente en consecuencia la pretensión que encierra el motivo de casación invocado. CONSIDERANDO: Que en el recurso de casación de que se conoce resultan inadmisibles el primero y cuarto motivo y justificados el segundo y tercer motivo, por lo cual se impone su prosperidad y en la decisión de instancia se procederá conforme a ley, razón por lo cual acto seguido este Tribunal en sede de instancia procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. CONSIDERANDO: Que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. CONSIDERANDO: Que consta en autos la relación laboral existente que vinculaba a la demandante con la empresa demandada. CONSIDERANDO: Que el objeto principal del juicio consiste en la pretensión de la demandante OLGA MARINA CABALLERO BUSTAMANTE, en que la empresa demanda “J.E. MORGAN DE HONDURAS, S.A.”, le pague las prestaciones e indemnizaciones legales y demás derechos adquiridos por el despido directo e injusto, que alega fue objeto y que se le notificó verbalmente. CONSIDERANDO: Que la empresa demandada al contestar la demanda rechazó categóricamente las pretensiones de la demandante, aceptando únicamente el cargo desempeñado por ésta, sosteniendo: “que no se produjo el despido alegado y que fue en la práctica de una auditoria que se le indicó que mientras se ejecutaba la misma, se quedara en su casa y que allí se le enviará su correspondiente salario..., ....- El día 12 de julio de 1999 se le envío el pago correspondiente del primero al quince de julio del mismo año...”. CONSIDERANDO: Que ambas partes propusieron y evacuaron los medios de prueba aportados al juicio con la pretensión de acreditar sus extremos alegados; teniendo la demandante la carga de la prueba, con la pretensión de acreditar el despido directo injustificado que afirma le notificó verbalmente el señor DAVID HILTON, propuso los medios de prueba consistentes en: fotocopia del acta de fecha 15 de julio de 1999 levantada en el centro de trabajo por el Inspector FRANCIS L. ENAMORADO e informe de fecha 11 de julio del mismo año, emitido por el mismo Inspector dirigido a su jefe inmediato Señor Gabriel Chavarría Discua, y declaración testifical. En ambos medios de prueba se pretende probar que el Señor DAVID JAMES HILTON fue la persona que despidió y le notificó el despido a la demandante. Es de hacer notar que: El medio de prueba testifical propuesto fue precluído y en cuanto al acta de 15 de julio de 1999, según la certificación (folio 112 vuelto) que certifica el record migratorio del Señor DAVID JAMES HILTON, se acredita que éste no se encontraba en el país en la fecha que afirma la demandante se le notificó el despido; por otra parte, el acta de fecha quince de julio de mil novecientos noventa y nueve referida, no puede hacer prueba en juicio por no reunir los requisitos para su validez y que aún de haberlos cumplido, la certificación del record migratorio la contradice y la hace perder credibilidad. CONSIDERANDO: Que si bien es cierto los Inspectores del Trabajo son Agentes Ejecutivos del Ministerio del Trabajo y seguridad Social y controlan directamente la aplicación de las leyes laborales, como sujetos de la ley están obligados a observar los requisitos y procedimientos exigidos para la validez de los actos que ejecutan, en consecuencia, el Inspector FRANCIS L. ENAMORADO cuando levantó el Acta de Constatación de Hechos, “ que constata la violación de los derechos laborales de que fue objeto la empleada OLGA MARINA CABALLERO de parte de la empresa demandada (folio 45 Y 46), debió observar lo prescrito en el artículo 622 del Código del Trabajo. CONSIDERANDO: Que vistas y analizadas en su conjunto las pruebas aportadas por las partes en juicio, se acredita: a) Que la demandante inició su relación de trabajo el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y siete en el cargo de Gerente General; b) Que el salario mensual devengado fue de UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES (US$.1,750.00); c) No se pudo comprobar el pago de bonificaciones y salarios complementarios; d) Que el Señor DAVID HAMES HILTON no entró al país en el año de 1999, y f) Que efectivamente en el período que se produjo la terminación del contrato de trabajo de la demandante, la empresa demandada practicó una auditoria a su gestión administrativa. CONSIDERANDO: Que sin perjuicio de la libre formación del convencimiento otorgada al Juzgador en materia laboral, cuando la ley exija determinada solemnidad ad-sustantiam actus no se podrá admitir sin prueba por otro medio. La discrecionalidad del fallador en esta materia, esta vinculada con la convicción obtenida a través del juicio, que le permite fallar de conformidad y en forma mas ajustada a la equidad y la justicia; en el caso de autos, el Acta de Constatación de Hechos aún cuando fue emitida por autoridad competente no tiene fuerza probatoria por no haberse cumplido con los requisitos que establece el artículo 622 del Código del Trabajo y además la contradice la certificación del record migratorio (folio 112 vuelto) que certifica que el señor DAVID JAMES HILTON “salió el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y ocho por la delegación de Toncontín, departamento de Francisco Morazán”, y afirma la parte actora que el despido se produjo el dos de julio de mil novecientos noventa y nueve. CONSIDERANDO: Que del análisis de las pruebas en su conjunto e inspirándose en los principios que informan la critica de las mismas, y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito se llega al convencimiento que la demandante no probó el despido directo e injustificado y notificado verbalmente que alega fue objeto, en consecuencia, no procede la condena al pago de las prestaciones e indemnizaciones reclamadas. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303 y 319 atribución 7º de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 19, 20, 616, 617 letra g), 619, 622, 664, 665, 666 literal c), 667, 669, 690, 703, 709, 726, 727, 730, 738, 739, 858 y demás aplicables del Código de Trabajo; 183, 184, 185, 187 reformado, 188, 190 y 192 del Código de Procedimientos Civiles. FALLA: PRIMERO: CASAR PARCIALMENTE LA SENTENCIA recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula el veintiocho de febrero del dos mil dos. SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR la demanda laboral promovida por la señora OLGA MARINA CABALLERO BUSTAMANTE contra la empresa mercantil denominada J.E. MORGAN DE HONDURAS, S.A. representada legalmente por el señor JAMES L. DEFOREST, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones. TERCERO: DECLARA CON LUGAR la demanda en cuanto al pago de los derechos adquiridos en la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES ESTADOUNIDENSE CON SEIS CENTAVOS (US$.2,374.06), por los siguientes conceptos: Vacaciones proporcionales CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (US$.453.89); Aguinaldo proporcional TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON SEIS CENTAVOS (US$.389.06) y Décimo Cuarto mes proporcional UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON DOCE CENTAVOS (US$.1,531.12), pagaderos a su equivalente en Lempiras al momento de su cancelación. CUARTO: SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de éste fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE.- LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. COORDINADORA. SUYAPA THUMANN CONDE. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. SELLO Y FIRMA. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida a solicitud del Licenciado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de enero del dos mil tres, certificación de la sentencia de fecha 28/11/2002, recaída en el Recurso de Casación Laboral No.555-02.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL