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Sentencia CL-2565-01 — Registro 1178

Resumen

El trabajador interpone la demanda ordinaria laboral de emplazamiento contra la empresa mercantil, demanda que se contrajo a pedir que previo los trámites legales correspondientes un patrono pruebe en juicio justa causa de despido, caso contrario se condene al mismo al pago de prestaciones sociales, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, catorceavo mes proporcional, salarios caídos, costas del juicio. El recurso de Casación se interpuso contra la sentencia dictada en segunda instancia la cual reformó parcialmente la sentencia definitiva emitida en primera instancia y declaró sin lugar la demanda laboral promovida por el trabajador en lo que respecta al reclamo de prestaciones laborales e indemnizaciones legales; en consecuencia se condenó a la empresa a pagar al trabajador demandante los derechos adquiridos. El recurso de Casación es interpuesto para que el patrono pruebe en juicio la justa causa en que se fundó su despido, caso contrario de no probar sea obligado mediante sentencia condenatoria que al efecto se dicte a pagarle sus prestaciones sociales, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, catorceavo mes proporcional, salarios caídos, costas del juicio, en virtud de despido injusto.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

CONSIDERANDO: que del análisis de los medios de prueba aportados al proceso se llega al convencimiento de que el despido del trabajador ..., es ilegal e injusto en razón de que el bajo rendimiento invocado como causal del despido es motivado por enfermedad común que padecía el trabajador ...., hechos plenamente alegados y probados en juicio y que de conformidad a las normas sustantivas que rigen la materia, el trabajador tiene derecho a la suspensión de su contrato de trabajo, hasta por el término de seis meses; término después del cual, en caso de persistir la enfermedad puede ponerse fin a la relación de trabajo, sin responsabilidad de las partes, siguiendo el procedimiento respectivo, el que no se observó.

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 104 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La infrascrita Secretaria General de la Corte de Justicia, certifica la sentencia que literalmente dice: “CORRELACIONADO POR FRANCISCA VILLELATE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL. Tegucigalpa, M.D.C., veintiocho de Noviembre de Dos Mil Dos. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante esta Corte Suprema de Justicia, en fecha seis de marzo del dos mil dos, por Licenciado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, hondureño, mayor de edad, casado y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderado del señor MARCO ANTONIO PAZ RIOS, mayor de edad, hondureño, soltero, Jornalero y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés; en relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento promovida ante el Juzgado Segundo de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintiuno de noviembre del dos mil, por el señor MARCO ANTONIO PAZ RIOS, de generales expresadas, contra la empresa mercantil denominada CERTIFIED APPAREL SERVICES OF HONDURAS, S.A. (CASH), a través de su representante señor BILL ROBERTNSON, mayor de edad, norteamericano, ejecutivo de empresas, casado y de domicilio ignorado; demanda que se contrajo a pedir que previo los trámites legales correspondientes un patrono pruebe en juicio justa causa de despido, caso contrario se condene al mismo al pago de prestaciones sociales, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, catorceavo mes proporcional, salarios caídos, costas del juicio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha once de septiembre del dos mil uno, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, la cual falló: PRIMERO: REFORMANDO PARCIALMENTE la sentencia definitiva de fecha veintiséis de julio del año dos mil uno, emitida por el Juzgado Segundo de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés. SEGUNDO: Declarando SIN LUGAR la demanda laboral promovida por el señor MARCO ANTONIO PAZ RIOS contra la empresa denominada CERTIFIED APPAREL SERVICES OF HONDURAS, S. A. representada legalmente por el señor BILL ROBINSON, en lo que respecta al reclamo de prestaciones laborales e indemnizaciones legales; en consecuencia se CONDENA a la empresa indicada a pagar al trabajador demandante, la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 2,811.74) en concepto de derechos adquiridos que se le adeudan; cantidad que se desglosa así: a) Vacaciones proporcionales, b) décimo tercer mes proporcional, y c) Décimo cuarto mes proporcional. SIN COSTAS. RESULTA: Que en fecha once de diciembre del dos mil uno, este Supremo Tribunal de Justicia dictó sentencia mediante la cual resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Licenciado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, en su condición de apoderado del señor MARCO ANTONIO PAZ RIOS, contra la sentencia que se ha hecho relación en el preámbulo de este fallo, así mismo dispuso dar traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formalizará su recurso. RESULTA: Que en fecha seis de marzo del dos mil dos, compareció ante este Tribunal de Justicia el Licenciado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, de generales y condición indicada, formalizando la demanda de casación interpuesta ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de la siguiente manera: "DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION La impugnación de la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula tiene el siguiente alcance: En primer lugar, persigo que se case parcialmente la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Seccional del Trabajo de San Pedro sula, Departamento de Cortés en fecha once de septiembre del año dos mil uno un cuanto reforma la dictada por la Juez del Juzgado Segundo de Letras Seccional de San Pedro Sula, en fecha veintiséis de julio del año dos mil uno. En segundo lugar persigo que casada la sentencia recurrida y constituida la Honorable Corte Suprema de Justicia en sede de instancia, se dicte la correspondiente sentencia en su reemplazo, en los términos siguientes: "POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos 134, 303, 314 y 319 atribución 7a de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1° de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 26, 30, 46, 113 párrafo primero interpretado por el Decreto Número 89 emitido por el Congreso Nacional, publicado en La Gaceta número 19.956 del 23 de diciembre de 1969; 116 inciso e; 120 inciso c) 123 inciso b) 126, 345, 349 segundo párrafo, 360, 361, 664, 665 párrafo primero, 666 inciso c) 667, 738, 739, 769, 776 y 777 del Código del Trabajo, 183, 184, 188, 190 y 192 del Código de Procedimientos Civiles. FALLA: PRIMERO: CASA PARCIALMENTE LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones Seccional del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de fecha once de septiembre del año Dos Mil uno que motiva el presente recurso de casación de que se ha hecho mérito; SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO, para que el patrono pruebe en juicio la justa causa en que se fundó su despido, caso contrario de no probar sea obligado mediante sentencia condenatoria que al efecto se dicte a pagarle sus prestaciones sociales, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, catorceavo mes proporcional, salarios caídos, costas del juicio, en virtud de despido injusto, promovida por el señor MARCO ANTONIO PAZ RIOS hondureño, mayor de edad, soltero, jornalero, del domicilio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la empresa mercantil denominada: CERTIFIED APPAREL SERVICES OF HONDURAS, S.A. (CASH), por medio de su representante legal señor BILL ROBINSON quien es mayor de edad, soltero, ejecutivo de negocios, estadounidense, con domicilio de San Pedro Sula Departamento de Cortés. TERCERO: CONDENAR A LA EMPRESA MERCANTIL: CERTIFIED APPAREL SERVICES OF HONDURAS, S.A. (CASH) por medio de su representante legal a pagar al trabajador demandante la cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 3, 624.54); b) Auxilio de Cesantía la cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 7, 249.08); c) Auxilio de Cesantía Proporcional la cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 1,550.72). Más a título de daños y perjuicios los salarios que la trabajadora MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria respectiva. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales procedentes. NOTIFIQUESE. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION Expreso los motivos de Casación de la manera siguiente: PRIMER MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustancial: POR INFRACCION DIRECTA, en que incurrió el Tribunal de Apelación, al dejar de aplicar el artículo 113; primer párrafo del Código del Trabajo, que me permito copiar literalmente "Artículo 113. La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según éste Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva"; y a su vez aplicando los artículos 97 números 1, 2, 3 y 13; y artículo 104 reformado todos del Código del Trabajo, a un hecho no demostrado en juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: Honorables Magistrados, para que se produzca la infracción directa de la ley sustantiva es necesario que la ley sea clara, de modo que su interpretación no ofrezca dudas; que el fallador le haya dado o reconocido su sentido exacto y que a pesar de ello la sentencia esté en contradicción con la ley, por uno de los siguientes motivos: 1°) porque el Juzgador negó su aplicación debiendo haberla aplicado; 2°) porque aplicó la norma pertinente pero en forma incompleta, o porque nego un derecho que claramente esta consagrado por ella; y 3°) PORQUE APLICO CORRECTAMENTE LA LEY, CONSIDERADA EN SI MISMA, PERO A UN HECHO INEXISTENTE EN LOS AUTOS O NO DEMOSTRADO EN JUICIO. Honorables Magistrados, el patrono imputó al trabajador demandante como causal de despido: el haber incurrido en bajo eficiencia en cuanto a sus labores productivas se refiere, ese hecho no se discute como tal. De acuerdo con los considerandos cuatro, cinco y seis de la Sentencia Definitiva dictada por Tribunal de Apelación y que es la que motiva el presente recurso de casación, el adquem expresa: "CONSIDERANDO: Que del examen exhaustivo del presente proceso laboral, viene a conocimiento que el punto toral en controversia lo constituye el hecho de definir si la decisión unilateral tomada por la patronal de romper el nexo contractual que la unió con el señor MARCO ANTONIO PAZ RIOS está amparada en ley". CONSIDERANDO: Que corre agregado a la pieza principal abundante prueba documental de la que se aprecia que C.A.S.H. para tomar la decisión de despedir directamente al trabajador vigente, de lo que se desprende que el actor no desconocía los llamados de atención verbales y escritos que le giraron, así como la suspensión disciplinaria que se tradujo en el despido directo que le fue comunicado el día 26 de octubre del año 2000, a través del Gerente de Personal. CONSIDERANDO: Que asimismo esta Corte de Apelaciones no desconoce que el demandante tiene un cuadro clínico complicado, del cual se evidencia que sus dolencias eran muy sensibles; sin embargo se hace preciso acotar que la empresa asistió al trabajador a través del médico general en sus diferentes dolencias; y que además estaba inscrito en el Instituto Hondureño de Seguridad Social a efecto de ser atendido contra todos los riesgos que redujeran incapacidad laboral que suspendiera el contrato de trabajo indican, razones que esta Corte de Apelaciones ha analizado detenidamente y que conducen sin lugar a dudas en concluir que el reclamo laboral planteado por el señor PAZ RIOS se encuentra al margen de la ley". Honorables Magistrados, el Tribunal de Apelación ha incurrido en infracción directa por una parte al aplicar los artículos 97 numerales 1, 2, 3 y 13; y el artículo 104 reformado ambos del Código del Trabajo; en virtud de que no se ha demostrado el hecho en el juicio de que la baja eficiencia imputada como causal de despido, haya sido intencional o por voluntad deliberada de mi representado se encontraba enfermo, y aún así producía de acuerdo a su capacidad física, as+i se acredita a folios 7, 8, y 9 de la primera pieza de autos y con todo el haz probatorio, hasta el mismo Tribunal de Apelación lo reconoce en uno de sus considerandos. Por otra parte y en mismo orden de ideas al incurrir en la infracción directa de los artículos antes indicados, niega la aplicación del artículos 113 párrafo primero del Código del Trabajo, párrafo que se ha dejado transcrito en las primeras líneas del presente motivo. SEGUNDO MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria por infracción indirecta de los artículos: 113 párrafo primero reformado, 116 letra e); 120 letra c); 349, 361, por intermedio de los artículos 738; y 739 relacionado éste último en cuanto a libre formación del convencimiento; todos del Código del Trabajo, por Error de Hecho en la apreciación de la prueba en que incurrió la Honorable Corte de Apelaciones Seccional de Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, prueba que adelante se singulariza y aparece de manifiesto en los autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el numeral primero, párrafo segundo del Art. 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA: Esta clase de error debe de estar vinculado a la existencia de determinadas pruebas en el proceso y para que la violación se configure son necesarios los requisitos siguientes: 1°) debe de existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba; 2°) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate; 3°) ese error de hecho debe general como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; 4°) el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada en la prueba de que se trate. EXPLICACION DE LA VIOLACION: me permito para ello singularizar la prueba que diera erróneamente apreciada por el ad-quem; PRUEBA DOCUMENTAL: procede relatar que en el cuatro, quinto y sexto considerados de la sentencia de segundo grado recurrida el ad-quem expresa: "CONSIDERANDO: Que del examen exhaustivo del presente proceso laboral, viene a conocimiento que el punto toral en controversia lo constituye el hecho de definir si la decisión unilateral tomada por la patronal de romper el nexo contractual que la unió con el señor MARCO ANTONIO PAZ RIOS está amparada en ley". CONSIDERANDO: Que corre agregado a la pieza principal abundante prueba documental de la que se aprecia que C.A.S.H. para tomar la decisión de despedir directamente al trabajador MARCO ANTONIO PAZ RIOS, hizo aplicación estricta del Reglamento de Trabajo vigente, de lo que se desprende que el actor no desconocía los llamados de atención verbales y escritos que le giraron, así como la suspensión disciplinaria que se tradujo en el despido directo que le fue comunicado el día 26 de octubre del año 2000, a través del Gerente de Personal". CONSIDERANDO: Que asimismo esta Corte de Apelaciones no desconoce que el demandante tiene un cuadro clínico complicado, del cual se evidencia que sus dolencias eran muy sensibles; sin embargo se hace preciso acotar que la empresa asistió al trabajador a través del médico general en sus diferentes dolencias; y que además estaba inscrito en el Instituto Hondureño de Seguridad Social a efecto de ser atendido contra todos los riesgos que redujeran o suprimieran sus actividades profesionales; resultando que al actor no le fue extendida incapacidad laboral que suspendiera el contrato de trabajo por el término y procedimiento que el artículo 104 reformado del Código del Trabajo indican, razones que esta Corte de Apelaciones ha analizado detenidamente y que conducen sin lugar a dudas en concluir que el reclamo laboral planteado por el señor PAZ RIOS se encuentra al margen de la ley" Honorables Magistrados el Ad quem ha apreciado en mala forma toda una documentación con la cual se evidencia que mi representado fue injustamente despedido de su trabajo, a continuación singularizo tales pruebas documentales: A folio número 7 de la primera pieza de autos se encuentra un documento público consistente en un dictamen médico emitido por el Instituto Hondureño de Seguridad Social firmado y sellado por el Doctor Mario Rodríguez especialista en ortopedia y también firmado y sellado por el Directos de Unidades Médicas del precitado I.H.S.S.; ese dictamen expresa claramente que se recomienda a la empresa cambiar a otro trabajo al señor MARCO ANTONIO PAZ RIOS que no implique esfuerzo físico. Es evidente que el trabajador estaba muy enfermo desde aproximadamente un año atrás. A folio 8 de la primera pieza de autos se encuentra un segundo Dictamen Médico emitido por el mismo Instituto Hondureño de Seguridad Social también debidamente firmado y sellado por un médico especialista y pro el Director de Unidades Médicas de dicha institución, en éste dictamen de fecha diez y seis de agosto del año Dos Mil, se vuelve a expresar claramente que la enfermedad se exacerba con el Stress Laboral habitual en su trabajo, es evidente que a la fecha en que empezó a amonestarse a mi representado equivale decir prepararle el terreno para despedirlo éste se encontraba enfermo situación que se le agravada como consecuencia del trabajo que le tocaba desempeñar. A folio 9 de la primera pieza de autos se encuentra una certificación médica extendida por un médico particular la cual viene a corroborar que mi representado se encontraba sumamente enfermo. A folio 30 del la primera pieza de autos se encuentra otro dictamen médico emitido por el mismo Instituto Hondureño de Seguridad Social amparando y corroborando el estado de salud de mi representado. A folio 48, 49, 50, 51 y 52 de la primera pieza de autos se encuentra un documento consistente en una comunicación girada a la Inspección Regional de San Pedro Sula, Departamento de Cortés la cual contiene una certificación de Acta levantada por un inspector de Trabajo y que específicamente en la parte final del folio 50 se hace evidente que mi representado actúo con honestidad al expresar ante el inspector de trabajo que se encontraba enfermo y que era su problema para producir lo alcanzar la nueva meta impuesta unilateralmente por la parte patronal, es decir no escondió su enfermedad, no trató de sorprender al patrono sino que fue sincero en su manifestación. PRUEBA INSPECCIONAL mal apreciada por el ad quem, a folio 54 se encuentra una inspección ocular practicada por el Juzgado Primero de Letras Seccional del Trabajo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual se corrobora que mi representado se encontraba con su salud quebrantada y que estuvo asistiendo constantemente al I.H.S.S. inclusive para las fechas en que se le aplicaron las medidas del Reglamento Interno de Trabajo. Es evidente Honorables Magistrados que el Tribunal de Segunda Instancia, se equivocó al apreciar las pruebas documentales e inspeccionales que mi representado allegó oportunamente al juicio, pues si fueron apreciadas pero erróneamente no les da el valor que realmente tienen, es evidente que totalmente sanos; por esa razón el mismo Instituto al expresar claramente es que mi representado no produjera, está claro que si efectuaba su trabajo pero con un rendimiento menor que los demás trabajadores debido a su mal estado de salud, por tal razón considero que la baja eficiencia imputada no tiene razón de ser pues no es ni proveniente de la intencionalidad de mi representado ni de su propia voluntad, sino que obedeció a causas ajenas a su voluntad. El tribunal de Apelación se confundió al no apreciar correctamente dichas pruebas y ponerse a buscar una incapacidad que no era menester encontrar, puesto que no se trataba de un hecho de no producción o suspensión total de ejecución de la labro encomendada sino que se trataba de una baja de eficiencia que tiene su origen en causas o factores exógenos o extraños a la imputable. Es necesario expresar que si bien es cierto que en materia laboral el juzgador no está sujeto a tarifa legal de pruebas y forma libre su convencimiento, no menos cierto es que ese convencimiento debe de ser inspirado en los principios científicos que informan la crítica de la pruebas; es decir que el convencimiento debe de estar en consonancia con la prueba legalmente producida en juicio y no de acuerdo al capricho del Juzgador, pues el libre convencimiento establecido en nuestro Código del Trabajo no tiene nada que ver con los fallos de mera conciencia; Por todo lo expuesto considero que el ad quem incurrió en apreciación errónea de las pruebas, por error de hecho, dado que es evidente que el patrono no probó que tuvo justa causa para despedir sin prestaciones sociales a mi representado, siendo además que se trata de una demanda laboral de emplazamiento; provocando la violación indirecta de las normas sustantivas antes apuntadas y por ello debe ser admisible el presente motivo. TERCER MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria por infracción indirecta de las normas sustantivas siguientes: 112 letra l (ele) en relación con el artículo 98 numeral 5, 113 reformado, 116 letra e), 120 letra c), 349, sirven de intermedio los artículos 738 y 739 todos del Código del Trabajo, por error de derecho originado en virtud de apreciación errónea de la prueba en que incurrió La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo Seccional de San Pedro Sula, Departamento de Cortés al dictar la sentencia Definitiva objeto del presente recurso. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo está contenido en el numeral primero párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA ASI: De acuerdo con la doctrina El error de derecho en la apreciación de las pruebas consiste, en darle a la prueba producida en juicio un mérito que la ley no le asigna o, a la inversa en desconocérselo a la que por ley tiene uno determinado. De acuerdo con el artículo 765 numeral primero segundo párrafo del Código del Trabajo en su parte conducente dice: "Artículo 765 ...... Sólo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo, cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio, y también cuando deja de apreciarse una prueba de ésta naturaleza, siendo el caso de hacerlo". El ad- quem apreció las pruebas pasando por alto, vale decir sin atender la solemnidad expresada en el artículo 112 letra l (ele), que claramente expresa que cuando se trate de faltas graves relacionadas con los artículos 97 y 98 del Código del Trabajo (tal es el caso que nos ocupa pues el hecho o causal de despido imputada se encuentra comprendida en el artículo 97 numeral 2 del Código del Trabajo) para que el patrono entre en facultad de despedir al trabajador sin responsabilidad de su parte debe observarse el procedimiento reglamentario o convencional, así las cosas es obvio que si previamente no se llenó ese requisito las demás pruebas que se produzcan por el patrono, con el fin de eximirse de responsabilidad, sin llenar tal exigencia, carecen de validez o mérito en casos como el presente, pues el patrono sostuvo que en el despido de mi representado se siguió el procedimiento reglamentario. Veamos la singularización de la pruebas aportadas por la parte patronal. LA INSPECCIONAL PARTE DEMANDADA visible a folio 55, y que en el numeral 5 expresa literalmente: "5) Se constató que el Señor MARCO ANTONIO PAZ fue amonestado por escrito y con suspensión sin goce de salario, de las cuales se nos proporcionó fotocopia" Honorables Magistrados relacionando ésta prueba con las mencionadas fotocopias que fueron proporcionadas por el patrono concluimos en lo siguiente: Que el patrono no cumplió correctamente con el procedimiento reglamentario o convencional exigió en el inciso l (ele) del artículo 112 del Código de Trabajo como requisito o solemnidad. Pues por una parte es importante expresar que cuando deba despedirse al trabajador por incurrir reiteradamente en la comisión de faltas leves las que acumuladas puedan constituir falta grave para ser considerada como causal de despido, es evidente que la acumulación de tales faltas leves que van desde amonestación por verbal, amonestación por escrito y suspensión de labores sin goce de salario hasta por ocho días, pues violenta lo establecido en el artículo 863, que expresa claramente: "Artículo 863: los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, prescriben en un (1) mes que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de éste, o en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la sanción disciplinaria". Honorables Magistrados observando las copias de amonestación y suspensión de labores sin goce de salarios que fueron aplicadas a mi representado y que recoge en su inspección la Señora Juez y que el Ad quem utiliza para dar por acreditado que se cumplió con el procedimiento reglamentario podemos evidenciar que, las copias de amonestación verbales que obran a folios 119, 120 y 212 son de fechas 12 de enero, 4 de abril y 11 de abril, del año Dos Mil; que la amonestación por escrito que obra a folio 122 de la primera pieza de autos es de fecha 30 de mayo del año Dos Mil; y que la suspensión de labores sin goce de salario es de fecha veintiuno de julio del año Dos Mil para surtir efectos a partir del 24 de julio del año Dos Mil; finalmente puede observarse que la Nota de Despido de mi representado que obra a folio 5 también de la primera pieza de autos es de fecha 26 de octubre del año 2000. En consecuencia es evidente que la reiteración de las faltas leves no tuvo lugar dentro de los treinta días y que por lo tanto no se cumplió con la solemnidad que manda el artículo 863 en relación con el 112 inciso L ambos de Código del Trabajo, en otras palabras el procedimiento reglamentario que se siguió para despedir a mi representado no se encuentra arreglado a derecho pues el patrono violentó la solemnidad establecida en el artículo 863 como antes se dijo. De tal suerte que si no se observó tal solemnidad las demás pruebas aportadas por el patrono están demás en el presente caso; pues la ley señala especialmente, que el patrono entra en facultad de despedir al trabajador son responsabilidad de su parte, siempre que observe el procedimiento reglamentario o convencional cuando de casos como el presente se trate, y ese requisito no lo acreditó a cabalidad el patrono; sin embargo el ad-quem pasó por alto tal mandato de solemnidad incurriendo con ello en Error de Derecho por errónea apreciación de la prueba, dándole mérito a las pruebas antes singularizadas que no lo tiene en el presente caso, por disponer la ley cual es el requisito o solemnidad exigida para probar la causal de despido imputada a mi representado. Por otro lado y siempre para acreditar el error de derecho en que incurre el Ad quem es oportuno expresar que la Juzgadora de primer grado en la inspección de la parte demandada que se ha dejado singularizada, en el numeral cinco únicamente dice que constató que mi representado fue amonestado si fue realmente amonestado verbalmente, pues únicamente dice que se le proporcionó fotocopias y si bien es cierto que aparecen unas copias de constancias de amonestaciones verbales que ya he mencionado en el presente motivo singularizándolas por sus folios, no menos cierto es que esas copias de constancias de amonestación verbal no tiene valor probatorio puesto que son documentos privados en copia sin autenticar y que para hacer fe en juicio deben de estar autenticadas, y además pues no fueron legalmente producidas en juicio al no haber sido propuestas oportunamente con las solemnidades del caso, si bien es cierto es que su convencimiento tendrá que obtenerlo con la prueba legalmente producida en juicio y no por un sentimiento caprichoso o de mera conciencia, que ya responde a otro sistema probatorio no admitido en nuestro Código del Trabajo, sin embargo el Ad quem dio por valido un procedimiento reglamentario evidentemente carente de solemnidad. En tal sentido considero que el Tribunal de Apelación a incurrido en error de derecho por violación indirecta de normas sustantivas que se han dejado relacionada anteriormente, y siendo la Casación un recurso extraordinario cuya finalidad primordial es la unificación de la jurisprudencia y la defensa de la ley, considero que el presente motivo debe de ser admitido en casación. A virtud de lo expuesto, con el respeto de siempre solicito, tener por devuelto el traslado que me fuera conferido y por formulada la presente demanda de casación; casar la sentencia impugnada, y que la Honorable Corte Suprema de Justicia, se constituya en Tribunal de Instancias, y proceda a dictar en su reemplazo la respectiva sentencia de conformidad a lo expuesto en el acápite intitulado Alcance de la Impugnación de la presente Demanda de Casación." RESULTA: Que en fecha seis de marzo del dos mil dos, este Tribunal de Justicia tuvo por formalizado el recurso de casación por parte del recurrente y se ordeno dar traslado de los antecedentes al opositor por el término de diez días para que contestará la demanda; con fecha veintiséis de marzo del dos mil dos, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia el Licenciado JUAN CARLOS ESPINAL SAN MARTIN, mayor de edad, casado y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderado de la entidad mercantil denominada CERTIFIED APPAREL SERVICES OF HONDURAS, S.A., contestando la demanda de mérito de la siguiente manera: "A LA DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION Se rechazan todos y cada uno de los puntos indicados por la parte contraria en este acápite, ya que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en fecha once de septiembre de dos mil uno, se halla conforme a derecho, en lo que respecta a absolver a la sociedad demandada de pagar las sumas reclamadas por el actor en concepto de prestaciones sociales, salarios caídos y costas judiciales. A LA EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. AL PRIMER MOTIVO: Desde el punto de vista laboral, el hecho de manifestar que un trabajador "se halla enfermo" no tiene la connotación que el recurrente pretende atribuirle, si esa "enfermedad" no llega a tener un carácter incapacitante. Resulta absurdo afirmar que para despedir al actor "la empresa debió previamente agotar el trámite preceptuado en el artículo 104 del Código del Trabajo, en relación con el 111, numeral 4°, ibídem", y es absurdo porque en el caso de autos lisa y llanamente no hubo ninguna incapacidad prolongada -tal como se explicará más adelante- que permitiera a la empresa la aplicación de dichos preceptos legales. El despido se debió a baja eficiencia en el trabajo, y no a enfermedad del trabajador. Por ello este primer motivo debe ser desestimado. AL SEGUNDO MOTIVO: Corresponde aquí referirse en forma separada a los medios probatorios a que alude el recurrente, a saber: a) El dictamen que figura a folio 7 no prescribe ningún tipo de incapacidad, aparte de que la empresa nunca tuvo conocimiento en forma oportuna sobre tal documento. b) El dictamen que obra a folio 8 fue emitido el 16 de agosto de 2000 y en él tampoco se menciona incapacidad alguna; cabe mencionar que para la fecha de emisión de dicho documento ya la empresa había aplicado la amonestación verbal, amonestación escrita y la suspensión disciplinaria por ocho días. c) La certificación médica que obra a folio 9 es absolutamente extemporánea, ya que fue emitida en una época posterior a la terminación del contrato de trabajo. d) Lo mismo acontece con el dictamen médico del IHSS que obra a folio 30, y que aparece con fecha 18 de diciembre de 2000, es decir, también fue librado en una fecha posterior a la del despido. e) En la comunicación cumplimentada en las oficinas del IHSS (folio 54) tampoco se dictamina incapacidad alguna, sino que sólo consultas a la institución. Por todo lo anterior corresponde también desestimar este motivo. AL TERCER MOTIVO: Es evidente que el recurrente está distorsionando la forma de aplicar el tiempo de prescripción en el procedimiento disciplinario que se le siguió al actor. De ninguna manera la empresa dejó de transcurrir el término para proceder al despido de Marco Antonio Paz. El mes de prescripción comienza a contarse desde que el despido se he configurado, es decir, en este caso concreto, desde la fecha en que el trabajador incurrió de nuevo en baja eficiencia en la semana del 25 de septiembre al 1° de octubre de 2000. Resulta contrario a la letra y al espíritu del artículo 863 del Código del Trabajo pretender que el mes de prescripción comience a correr desde la primera sanción disciplinaria (amonestación verbal) ya que para ese momento la causal de despido aún no se hallaba configurada. Igual criterio corresponde aplicar a la amonestación escrita y la suspensión disciplinaria, es decir, en ninguna de esas tres etapas la empresa se hallaba facultada a despedir con justa causa al actor, sino que a partir del momento en que se cometió la última falta, ya explicada, de la baja eficiencia del 25 de septiembre al 1° de octubre de 2000. En donde sí hubo prescripción fue respecto al actor, ya que él dejó transcurrir el lapso de dos (2) meses sin haber entablado reclamo alguno contra las amonestaciones verbal y escrita y suspensión disciplinaria sin goce de salario aplicadas por la empresa. Es así que también existen sobradas razones para desestimar el tercer motivo." RESULTA: que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, en la demanda de mérito se nombró ponente a la Magistrada SUYAPA THUMANN CONDE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal lo que procediera conforme a derecho. CONSIDERANDO: que como primer motivo de casación se acusa la sentencia de ser violatoria de ley sustancial por infracción directa, en que incurrió el tribunal de apelación, al dejar de aplicar el artículo 113 primer párrafo del Código del Trabajo, y a su vez aplicando los artículos 97 números 1, 2, 3 y 13 y el artículo 104 reformado del Código del Trabajo, a un hecho no demostrado en juicio. Precepto autorizante 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. El censor explica el motivo así: “Honorables Magistrados, para que se produzca la infracción directa de la ley sustantiva es necesario que la ley sea clara, de modo que su interpretación no ofrezca dudas; que el fallador le haya dado o reconocido su sentido exacto y que a pesar de ello la sentencia esté en contradicción con la ley, por uno de los siguientes motivos: 1) porque el Juzgador negó su aplicación debiendo haberla aplicado; 2) porque aplicó la norma pertinente pero en forma incompleta, o porque negó un derecho que claramente está consagrado por ella; y, 3) PORQUE APLICO CORRECTAMENTE LA LEY, CONSIDERADA EN SI MISMA, PERO A UN HECHO INEXISTENTE EN LOS AUTOS O NO DEMOSTRADO EN JUICIO. Honorables Magistrados, el patrono imputó al trabajador demandante como causal de despido: el haber incurrido en baja eficiencia en cuanto a sus labores productivas se refiere, ese hecho no se discute como tal. De acuerdo con los considerandos cuatro, cinco y seis de la Sentencia Definitiva dictada por Tribunal de Apelación y que es la que motiva el presente recurso de casación, el Ad-quem expresa: “CONSIDERANDO: que del examen exhaustivo del presente proceso laboral, viene a conocimiento que el punto toral en controversia lo constituye el hecho de definir si la decisión unilateral tomada por la patronal de romper el nexo contractual que la unió con el señor MARCO ANTONIO PAZ RIOS está amparada en ley.” CONSIDERANDO: que corre agregado a la pieza principal abundante prueba documental de la que se aprecia que C.A.S.H. para tomar la decisión de despedir directamente al trabajador MARCO ANTONIO PAZ RIOS, hizo aplicación estricta del Reglamento de Trabajo vigente, de lo que se desprende que el actor no desconocía los llamados de atención verbales y escritos que le giraron, así como la suspensión disciplinaria que se tradujo en el despido directo que le fue comunicado el día 26 de octubre del año 2000, a través del Gerente de Personal. CONSIDERANDO: que asimismo esta Corte de Apelaciones no desconoce que el demandante tiene un cuadro clínico complicado, del cual se evidencia que sus dolencias eran muy sensibles, sin embargo se hace preciso acotar que la empresa asistió al trabajador a través del médico general en sus diferentes dolencias; y que además estaba inscrito en el Instituto Hondureño de Seguridad Social a efecto de ser atendido contra todos los riesgos que redujeran o suprimieran sus actividades profesionales; resultando que al actor no le fue extendida incapacidad laboral que suspendiera el contrato de trabajo por el término y procedimiento que el artículo 104 reformado del Código del Trabajo indican, razones que esta Corte de Apelaciones ha analizado detenidamente y que conducen sin lugar a dudas en concluir que el reclamo laboral planteado por el señor PAZ RIOS se encuentra al margen de la ley”. Honorables Magistrados, el Tribunal de Apelación ha incurrido en infracción directa por una parte al aplicar los artículos 97 numerales 1, 2, 3 y 13; y el artículo 104 reformado ambos del Código del Trabajo; en virtud de que no se ha demostrado el hecho en el juicio de que la baja eficiencia imputada como causal de despido, haya sido intencional o por voluntad deliberada de mi representado, si no que contrario a ello se ha demostrado plenamente que mi representado se encontraba enfermo, y aún así producía de acuerdo a su capacidad física, así se acredita a folios 7, 8 y 9 de la primera pieza de autos y con todo el haz probatorio, hasta el mismo Tribunal de Apelación lo reconoce en uno de sus considerandos. Por otra parte y en mismo orden de ideas al incurrir en la infracción directa de los artículos antes indicados, niega la aplicación del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, párrafo que se ha dejado transcrito en las primeras líneas del presente motivo.” De la explicación antes relacionada aparece que el censor está alegando dos formas de infracción en el mismo motivo como ser la falta de aplicación del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo al exponer que se dejó de aplicar dicho artículo; y la aplicación indebida del artículo 97 numerales 1, 2, 3 y 13 y del artículo 104 reformado del Código del Trabajo, al exponer que: “El Tribunal de Apelación ha incurrido en infracción directa por una parte al aplicar los artículos 97 numerales 1, 2, 3 y 13 y el artículo 104 reformado ambos del Código del Trabajo, en virtud de que no se ha demostrado el hecho en el juicio de que la baja eficiencia imputada como causal de despido, haya sido intencional o por voluntad deliberada de mi representado, si no que contrario a ello se ha demostrado plenamente que mi representado se encontraba enfermo, y aún así producía de acuerdo a su capacidad física, así se acredita a folios 7, 8 y 9 de la primera pieza de autos y con todo el haz probatorio, hasta el mismo tribunal de apelación lo reconoce en uno de sus considerandos. Por otra parte y en mismo orden de ideas al incurrir en la infracción directa de los artículos antes indicados, niega la aplicación del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo.” Resultando incompatible invocar dos tipos de infracción en un solo motivo, por lo que no se admite el primer motivo invocado. CONSIDERANDO: que como segundo motivo se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria por infracción indirecta de los artículos 113, párrafo primero reformado, 116 letra e), 120 letra c); 349, 361 por intermedio de los artículos 738 y 739 relacionado éste último en cuanto a libre formación del convencimiento, todos del Código del Trabajo por error de hecho en la apreciación de la prueba en que incurrió la Honorable Corte de Apelaciones Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, prueba que adelante se singulariza y aparece de manifiesto en autos. Precepto Autorizante: Artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. La explicación de la violación se formula así: “Me permito para ello singularizar la prueba que fuera erróneamente apreciada por el Ad-quem: PRUEBA DOCUMENTAL. Procede relatar que en el cuarto, quinto y sexto considerandos de la sentencia de segundo grado recurrida el Ad-quem expresa: “CONSIDERANDO: que del examen exhaustivo del presente proceso laboral, viene a conocimiento que el punto toral en controversia lo constituye el hecho de definir si la decisión unilateral tomada por la patronal de romper el nexo contractual que la unió con el señor MARCO ANTONIO PAZ RIOS está amparada en ley.” CONSIDERANDO: que corre agregado a la pieza principal abundante prueba documental de la que se aprecia que C.A.S.H. para tomar la decisión de despedir directamente al trabajador MARCO ANTONIO PAZ RIOS, hizo aplicación estricta del Reglamento de Trabajo vigente, de lo que se desprende que el actor no desconocía los llamados de atención verbales y escritos que le giraron, así como la suspensión disciplinaria que se tradujo en el despido directo que le fue comunicado el día 26 de Octubre del año 2000, a través del Gerente de Personal”. CONSIDERANDO: que asimismo esta Corte de Apelaciones no desconoce que el demandante tiene un cuadro clínico complicado, del cual se evidencia que sus dolencias eran muy sensibles; sin embargo se hace preciso acotar que la empresa asistió al trabajador a través del médico general en sus diferentes dolencias; y que además estaba inscrito en el Instituto Hondureño de Seguridad Social a efecto de ser atendido contra todos los riesgos que redujeran o suprimieran sus actividades profesionales; resultando que al actor no le fue extendida incapacidad laboral que suspendiera el contrato de trabajo por el término y procedimiento que el artículo 104 reformado del Código del Trabajo indican; razones que esta Corte de Apelaciones ha analizado detenidamente y que conducen sin lugar a duda en concluir que el reclamo laboral planteado por el señor PAZ RIOS se encuentra al margen de la ley.” Honorables Magistrados el Ad-quem ha apreciado en mala forma toda una documentación con la cual se evidencia que mi representado fue injustamente despedido de su trabajo, a continuación singularizo tales pruebas documentales. “A folio número 7 de la primera pieza de autos se encuentra un documento público consistente en un Dictamen Médico emitido por el Instituto Hondureño de Seguridad Social firmado y sellado por el Doctor Mario Rodríguez, Especialista en Ortopedia y también firmado y sellado por el Director de Unidades Médicas del precitado I.H.S.S.; ese dictamen expresa claramente que se recomienda a la empresa cambiar a otro trabajo al señor MARCO ANTONIO PAZ RIOS que no implique esfuerzo físico. Es evidente que el trabajador estaba muy enfermo desde aproximadamente un año atrás. A folio 8 de la primera pieza de autos se encuentra un segundo Dictamen Médico emitido por el mismo Instituto Hondureño de Seguridad Social también debidamente firmado y sellado por un médico especialista y por el Director de Unidades Médicas de dicha institución, en éste dictamen de fecha diez y seis de Agosto del año Dos Mil, se vuelve a expresar claramente que la enfermedad se exacerba con el stress laboral habitual en su trabajo, es evidente que a la fecha en que empezó a amonestarse a mi representado equivale decir prepararle el terreno para despedirlo éste se encontraba enfermo situación que se le agravaba como consecuencia del trabajo que le tocaba desempeñar. A folio 9 de la primera pieza de autos se encuentra una certificación médica extendida por un médico particular la cual viene a corroborar que mi representado se encontraba sumamente enfermo. A folio 30 de la primera pieza de autos se encuentra otro dictamen médico emitido por el mismo Instituto Hondureño de Seguridad Social amparando y corroborando el estado de salud de mi representado. A folios 48, 49, 50, 51 y 52 de la primera pieza de autos se encuentra un documento consistente en un comunicación girada a la Inspección Regional de San Pedro Sula, Departamento de Cortés la cual contiene una Certificación de Acta levantada por un Inspector de Trabajo y que específicamente en la parte final del folio 50 se hace evidente que mi representado actuó con honestidad al expresar ante el Inspector de Trabajo que se encontraba enfermo y que ese era su problema para producir o alcanzar la nueva meta impuesta unilateralmente por la parte patronal, es decir no escondió su enfermedad, no trató de sorprender al patrono sino que fue sincero en su manifestación. PRUEBA INSPECCIONAL. Mal apreciada por el Ad-quem, a folio 54 se encuentra una inspección ocular practicada por el Juzgado Primero de Letras Seccional del Trabajo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual se corrobora que mi representado, se encontraba con su salud quebrantada y que estuvo asistiendo constantemente al I.H.S.S., inclusive para las fechas en que se aplicaron las medidas del Reglamento Interno de Trabajo. Es evidente, Honorables Magistrados, que el Tribunal de Segunda Instancia, se equivocó al apreciar las pruebas documentales e inspeccionales que mi representado allegó oportunamente al juicio, pues si fueron apreciadas pero erróneamente no les da el valor que realmente tienen, es evidente que el trabajador no podía rendir igual que aquellos compañeros que se encontraban totalmente sanos; por esa razón el mismo Instituto Hondureño de Seguridad Social recomendó primero un cambio de labor y después reiteró dicha institución al expresar claramente que tal situación se agravaba por el trabajo desarrollado. Honorables Magistrados, no es que mi representado no produjera, está claro que sí efectuaba su trabajo pero con un rendimiento menor que los demás trabajadores debido a su mal estado de salud, por tal razón, considero que la baja eficiencia imputada no tiene razón de ser pues no es ni proveniente de la intencionalidad de mi representado ni de su propia voluntad, sino que obedeció a causas ajenas a su voluntad. El Tribunal de Apelación se confundió al no apreciar correctamente dichas pruebas y ponerse a buscar una incapacidad que no era menester encontrar, puesto que no se trataba de un hecho de no producción o suspensión total de ejecución de la labor encomendada sino que se trataba de una baja de eficiencia que tiene su origen en causas o factores exógenos o extraños a la voluntad de mi representado y que por lo tanto a la luz del entendimiento no le era imputable. Es necesario expresar que si bien es cierto que en material laboral el juzgador no está sujeto a tarifa legal de pruebas y forma libre su convencimiento, no menos cierto es que ese convencimiento debe de ser inspirado en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas; es decir que el convencimiento debe de estar en consonancia con la prueba legalmente producida en juicio y no de acuerdo al capricho del Juzgador, pues el libre convencimiento establecido en nuestro Código del Trabajo no tiene nada que ver con los fallos de mera conciencia. Por todo lo expuesto considero que el ad-quem incurrió en apreciación errónea de las pruebas, por error de hecho, dado que es evidente que el patrono no probó que tuvo justa causa para despedir sin prestaciones sociales a mi representado, siendo además que se trata de una demanda laboral de emplazamiento, provocando la violación indirecta de las normas sustantivas antes apuntadas y por ello debe ser admisible el presente motivo.” Encontrándose hecha la formulación de este motivo de forma clara y precisa, procede su admisión. CONSIDERANDO: que como tercer motivo de casación se acusa la sentencia de ser violatoria por infracción indirecta de las normas sustantivas siguientes: 112 letra l) en relación con el artículo 98 numeral 5, 113 reformado, 116 letra e), 120 letra c), 349, por medio de los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo por error de derecho originado por apreciación errónea de la prueba, en que incurrió la Corte de Apelaciones del Trabajo Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Precepto Autorizante: artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. La violación se explica así: “De acuerdo con la doctrina el Error de Derecho en la apreciación de las pruebas consiste, en darle a la prueba producida en juicio un mérito que la ley no le asigna o, a la inversa en desconocérselo a la que por ley tiene uno determinado. De acuerdo con el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo en su parte conducente dice: “ARTICULO 765 ...... Sólo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo, cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio, y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo.” El Ad-quem apreció las pruebas pasando por alto, vale decir sin atender la solemnidad expresada en el Artículo 112 letra l (ele), que claramente expresa que cuando se trate de faltas graves relacionadas con los artículos 97 y 98 del Código del Trabajo (tal es el caso que nos ocupa pues el hecho o causal de despido imputada se encuentra comprendida en el artículo 97 numeral 2 del Código del Trabajo) para que el patrono entre en facultad de despedir al trabajador sin responsabilidad de su parte debe observarse el procedimiento reglamentario o convencional, así las cosas es obvio que si previamente no se llenó ese requisito las demás pruebas que se produzcan por el patrono, con el fin de eximirse de responsabilidad, sin llenar tal exigencia, carecen de validez o mérito en casos como el presente, pues el patrono sostuvo que en el despido de mi representado se siguió el procedimiento reglamentario. Veamos la singularización de las pruebas aportadas por la parte patronal. LA INSPECCIONAL. PARTE DEMANDADA visible a folio 55, y que en el numeral 5 expresa literalmente: “5) Se constató que el señor MARCO ANTONIO PAZ fue amonestado por escrito y con suspensión sin goce de salario, de las cuales se nos proporcionó fotocopia.” Honorables Magistrados, relacionando esta prueba con las mencionadas fotocopias que fueron proporcionadas por el patrono concluimos en lo siguiente: Que el patrono no cumplió correctamente con el procedimiento reglamentario o convencional exigido en el inciso l (ele) del artículo 112 del Código del Trabajo como requisito o solemnidad. Pues por una parte es importante expresar que cuando deba despedirse al trabajador por incurrir reiteradamente en la comisión de faltas leves las que acumuladas pueden constituir falta grave para ser considerada como causal de despido, es evidente que la acumulación de tales faltas leves que van desde amonestación verbal, amonestación por escrito y suspensión de labores sin goce de salario hasta por ocho días, es necesario que la acumulación de estas faltas se dé dentro de treinta días pues una sola falta leve aisladamente no puede ser causal de despido, es decir fuera de los treinta días, pues violenta lo establecido en el artículo 863 que expresa claramente: “Artículo 863: Los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, prescriben en un (1) mes que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de éste, o en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la sanción disciplinaria”. Honorables Magistrados observando las copias de amonestación y suspensión de labores sin goce de salarios que fueron aplicadas a mi representado y que recoge en su inspección la Señora Juez y que el Ad-quem utiliza para dar por acreditado que se cumplió con el procedimiento reglamentario, podemos evidenciar que las copias de amonestaciones verbales que obran a folios 119, 120 y 121 son de fechas 12 de enero, 4 de abril y 11 de abril del año Dos Mil, que la amonestación por escrito que obra a folio 122 de la primera pieza de autos es de fecha 30 de mayo del año Dos Mil, y que la suspensión de labores sin goce de salario es de fecha veintiuno de julio del año Dos Mil para surtir efectos a partir del 24 de julio del año Dos Mil, finalmente puede observarse que la Nota de Despido de mi representado que obra a folio 5 también de la primera pieza de autos es de fecha 26 de Octubre del año 2000. En consecuencia es evidente que la reiteración de las faltas leves no tuvo lugar dentro de los treinta días y que por lo tanto no se cumplió con la solemnidad que manda el artículo 863 en relación con el 112 inciso l, ambos del Código del Trabajo, en otras palabras el procedimiento reglamentario que siguió para despedir a mi representado no se encuentra arreglado a derecho pues el patrono violentó la solemnidad establecida en el artículo 863 como antes se dijo. De tal suerte que si no se observó tal solemnidad las demás pruebas aportadas por el patrono están de más en el presente caso; pues la ley señala especialmente, que el patrono entra en facultad de despedir al trabajador sin responsabilidad de su parte, siempre que observe el procedimiento reglamentario o convencional cuando de casos como el presente se trate, y ese requisito no lo acreditó a cabalidad el patrono; sin embargo el ad-quem pasó por alto tal mandato de solemnidad incurriendo con ello en Error de Derecho por errónea apreciación de la prueba, dándole merito a las pruebas antes singularizadas que no lo tienen en el presente caso, por disponer la ley cual es el requisito o solemnidad exigida para probar la causal de despido imputada a mi representado. Por otro lado y siempre para acreditar el error de derecho en que incurre el Ad-quem es oportuno expresar que la Juzgadora de primer grado en la inspección de la parte demandada que se ha dejado singularizada, en el numeral cinco únicamente dice que constató que mi representado fue amonestado por escrito y suspendido de sus labores sin goce de salario, no dice haber constatado si fue realmente amonestado verbalmente, pues únicamente dice que se le proporcionó fotocopias y si bien es cierto que aparecen unas copias de constancias de amonestaciones verbales que ya he mencionado en el presente motivo singularizándolas por sus folios, no menos cierto es que esas copias de constancias de amonestación verbal no tienen valor probatorio puesto que son documentos privados en copia sin autenticar y que para hacer fe en juicio deben de estar autenticadas, y además pues no fueron legalmente producidas en juicio al no haber sido propuestas oportunamente con las solemnidades del caso, si bien es cierto que el juez en materia laboral no estará sujeto a tarifa legal de pruebas, no menos cierto es que su convencimiento tendrá que obtenerlo con la prueba legalmente producida en juicio y no por un sentimiento caprichoso o de mera conciencia, que ya responde a otro sistema probatorio no admitido en nuestro Código del Trabajo, sin embargo el Ad-quem dio por válido un procedimiento reglamentario evidentemente carente de solemnidad. En tal sentido considero que el Tribunal de Apelación ha incurrido en error de derecho por violación indirecta de normas sustantivas que se han dejado relacionadas anteriormente, y siendo la Casación un recurso extraordinario cuya finalidad primordial es la unificación de la jurisprudencia y la defensa de la ley, considero que el presente motivo debe ser admitido en casación.” Del análisis del presente motivo se concluye que el censor se aparta totalmente de la técnica del recurso extraordinario de casación al no demostrar que el sentenciador incurrió en el error de derecho alegado, por que lo que se hace inadmisible este tercer motivo. CONSIDERANDO: que habiéndose admitido el Segundo motivo de casación formulado por el impetrante, este Tribunal, a continuación y en sede de instancia procede a dictar la sentencia que en derecho corresponde. CONSIDERANDO: que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del Contrato de Trabajo. CONSIDERANDO: que la demanda se contrae a que el patrono Empresa Certified Apparel Services of Honduras, S.A. (C.A.S.H.) pruebe la justa causa del despido del trabajador MARCO ANTONIO PAZ RIOS caso contrario se le condene a pagarle las prestaciones e indemnizaciones sociales, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, catorceavo mes proporcional, salarios caídos y costas del juicio. CONSIDERANDO: que el demandante en los hechos Primero, Segundo y Tercero de su demanda expone: “PRIMERO: empecé a trabajar para la demandada empresa CERTIFIED APPAERL SERVICES OF HONDURAS (CASH) en fecha dieciocho de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco, desempeñándome a la fecha del despido como operario de máquinas industriales de costura y con un horario de labores de 7:30 a.m. a 11:45 p.m., y de 12:45 p.m., a 5:30 p.m. de lunes a jueves y el viernes, con el mismo horario, pero hasta las 4:30 p.m., y algunos sábados de 7:30 a.m., a 4:00 p.m., con salario promedio de Lps. 63.50 y con una forma de pago semanal. SEGUNDO: Acontece Señora Juez, que en fecha veintiséis de Octubre del presente año (2000) fui injustamente despedido de mi trabajo imputándoseme una causal que es a todas luces injustas, pues aduce el patrono que mi despido se debe a la baja eficiencia en mi trabajo. Tal causal Señor Juez no tiene razón de ser pues yo trato de dar de mí lo mejor especialmente en mi trabajo pero como bien sabe el patrono me encuentro muy enfermo y por esa razón es que se me hace muy difícil alcanzar las metas impuestas a su antojo por el patrono; ya que antes de que el patrono impusiera metas tan altas, aún con mi enfermedad llegaba a la meta establecida, pero desde que unilateralmente impusieron metas demasiado elevadas, en el estado de salud en que me encuentro es casi una crueldad exigirme que cumpla con dichas metas. TERCERO: Señora Juez, el despido de que soy objeto obedece a meras represalias patronales por el simple hecho de encontrarme muy enfermo; mi enfermedad se me desarrolló encontrándome trabajando para el patrono ahora demandado y se me exacerba por el trabajo mismo encontrándome aún en tratamiento médico, esperando mi dictamen final, así las cosas, considero que mi despido como antes dije obedece a represalias pues talvez ya no soy “rentable” para la empresa, y para colmo a sabiendas de mi enfermedad y que me encuentro en tratamiento médico actualmente, me imputan una causal de despido que en mi caso es improcedente por todo lo que antes he expuesto. Como la empresa ahora demandada no ha dado muestras de querer hacerme efectivas mis prestaciones sociales y demás derechos laborales que me corresponden, hoy comparezco ante este Juzgado laboral a fin de que previos los trámites legales, y mediante sentencia definitiva condenatoria que al efecto se dicte se obligue al patrono a pagarme lo reclamado con la presente demanda.” CONSIDERANDO: que el Patrono en los hechos y omisiones de la demanda expone: “PRIMERO: Se acepta el hecho primero del plan de demanda en lo que respecta a la fecha de ingreso del actor; quien en la época de terminación del contrato se estuvo desempeñando como operario en corte de hebra e inspección final. Se acepta asimismo lo relativo a su promedio salarial diario indicado en el texto de la demanda. El trabajo ordinario se desarrollaba de lunes a viernes, es decir, el actor cumplía en esos días las 44 horas ordinarias semanales, por lo que el tiempo de trabajo del día sábado, cada vez que se ejecutaba, se consideraba como extraordinario. El pago era en forma semanal. SEGUNDO: El despido fue absolutamente justificado. Habría que determinar qué es lo que entiende el trabajador cuando afirma que “la empresa sabía muy bien que él estaba enfermo”. La fijación de las metas de producción forma parte de las facultades de administración de una empresa, pero, en todo caso, para tomar una decisión de tal naturaleza, mi representada se fundamenta en criterios técnicos que permiten inferir que un trabajador que realiza determinada operación está apto para desarrollar su trabajo dentro de pautas de eficiencia aceptables. Se observa que el actor está innecesariamente dramatizando la situación al afirmar que es una “crueldad” exigirle cumplir con las metas de producción. TERCERO: El único dictamen médico emitido por el Seguro Social del que ha tenido conocimiento la empresa, en el que hiciera alguna vinculación con el trabajo, fue el de fecha 16 de agosto del 2000, y en él sólo se indica, sin más, que el actor “padece de colon espástico e irritable, cuya sintomatología se exacerba con el estrés laboral habitual de su trabajo”. Sin embargo, en ese documento no se prescribe ningún tipo de incapacidad ni se indica qué tratamiento se va a seguir. Por otra parte, no es ningún pecado sino más bien una legitima exigencia de toda empresa que sus empleados trabajen con la mayor eficiencia posible, tanto así que el mismo Código del Trabajo establece en el artículo 97, numeral 2, que una obligación de los trabajadores es la de “ejecutar por sí mismos su trabajo, con la mayor eficiencia, cuidado y esmero, en el tiempo lugar y condiciones convenidas”. De ahí que la acción incoada por el demandante no tiene el debido sustento legal.” CONSIDERANDO: que la demandada en los hechos y razones en que apoya la defensa expresa: “1o. Corresponde explicar al Señor Juez que mi representada es una empresa que se dedica al ensamblado de prensas de vestir que son exportadas al mercado de los Estados Unidos de América. Debido a ello, el éxito de sus operaciones, como la de cualquier otra empresa con ese rubro, se debe fundamentalmente a los siguientes factores; a) Por un lado, tener en forma constante órdenes de trabajo de parte de los clientes en el extranjero; y b) Por el otro, que esas órdenes sean despachadas cumpliendo los requerimientos de cantidad, calidad y fecha de entrega, todo ello dentro del marco de las normas legales aplicables de la República de Honduras. 2o. Acontece que durante el pasado año 2000 la empresa ha tenido serios problemas de producción, debido a que muchos de sus operarios venían mostrando niveles muy bajos de eficiencia y productividad. Una forma inicial de propiciar el aumento de esos niveles fue incrementar los incentivos salariales por producción. Luego, para todos aquellos operarios que aún así no aumentaron su eficiencia a niveles razonables, la empresa decidió seguirles un expediente disciplinario según las etapas contempladas en el Reglamento Interno de Trabajo (Amonestación verbal y privada, amonestación escrita, suspensión y despido). Tal fue el caso del trabajador Marco Antonio Paz. 3º. Según podrá constatar oportunamente el Señor Juez, al actor se le aplicaron, al tenor de lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Empresa, las siguientes sanciones disciplinarias por su baja eficiencia en la producción, a saber: a) amonestación verbal; b) Amonestación escrita, con fecha 30 de Mayo del 2000; c) Suspensión de labores sin goce de sueldo, mediante nota de fecha 21 de julio del 2000; y d) Despido, mediante nota del 26 de octubre del 2000. Tomando en cuenta que el único dictamen médico del Seguro Social en el que hubiera alguna vinculación con el trabajo, que presentó el demandante a la empresa, tiene fecha 16 de agosto del 2000, no constituye mayor dificultad colegir que tal documento fue emitido después de haber impuesto amonestación verbal, amonestación escrita y suspensión disciplinaria sin goce de sueldo. 4º. Sobre el anterior dictamen médico procede formular las siguientes observaciones: a) En él no se prescribe ningún tipo de incapacidad ni se establece qué tipo de impedimento constituye el “colon espástico e irritable” para el desempeño normal de sus labores; b) Tampoco se menciona cuál será el tratamiento que deberá seguir el señor Marco Paz; c) Para cuando el dictamen fue emitido, ya al señor Marco Paz se le habían aplicado amonestación verbal, amonestación escrita y suspensión:” CONSIDERANDO: que se encuentra acreditado en juicio: a) que la relación laboral entre las partes en litigio se inició el dieciocho (18) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco; b) que el veintiséis (26) de Octubre del año Dos Mil (2000) se puso fin a la relación de trabajo fundamentándose el patrono en la baja eficiencia en la producción por parte del trabajador (ver folio 5 de la primera pieza de autos); c)Que el salario promedio devengado en los últimos seis meses por el trabajador es de NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (Lps. 9,320.24.). CONSIDERANDO: que del análisis de los medios de prueba aportados al proceso se llega al convencimiento de que el despido del trabajador MARCO ANTONIO PAZ RIOS, es ilegal e injusto en razón de que el bajo rendimiento invocado como causal del despido es motivado por enfermedad común que padecía el trabajador Marco Antonio Paz Ríos, hechos plenamente alegados y probados en juicio y que de conformidad a las normas sustantivas que rigen la materia, el trabajador tiene derecho a la suspensión de su contrato de trabajo, hasta por el término de seis meses; término después del cual, en caso de persistir la enfermedad puede ponerse fin a la relación de trabajo, sin responsabilidad de las partes, siguiendo el procedimiento respectivo, el que no se observó. CONSIDERANDO: que por las razones expuestas es procedente declarar con lugar la demanda promovida por el señor MARCO ANTONIO PAZ RIOS. CONSIDERANDO: que el Código del Trabajo regula las relaciones entre el capital y el trabajo, colocándolas sobre una base de justicia social a fin de garantizar al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal y al capital una compensación equitativa a su inversión. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 129, 134, 135, 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 1, y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 4 PÁRRAFO PRIMERO, 18, 19, 20, 25, 26, 104, 113, 116, 117, 120, 345, 346, 349, 360, 361, 664, 665, 666 letra c), 690, 703, 704, 709, 738, 739 Y 858 del Código del Trabajo, FALLA: PRIMERO: CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida de fecha once de septiembre del dos mil uno dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que motiva el recurso de casación de que se ha hecho mérito, en consecuencia: 1) Declara con lugar la demanda laboral promovida por el señor MARCO ANTONIO PAZ RIOS contra la Empresa mercantil denominada CERTIFIED APPAREL SERVICES OF HONDURAS, S.A. (CASH), representada legalmente por el señor BILL ROBINSON, de generales expresadas. En consecuencia: CONDENA a la Empresa CERTIFIED APPAREL SERVICES OF HONDURAS, S.A. (CASH) a través de su representante legal a pagar al trabajador MARCO ANTONIO PAZ RIOS, la cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (L. 15,236.08) por los conceptos siguientes: a) Preaviso, la cantidad de Tres Mil Seiscientos Veintiocho Lempiras con cincuenta y cuatro centavos (L. 3,628.54); b) Auxilio de Cesantía la cantidad de Siete Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Lempiras con Ocho centavos (L. 7,249.08); c) Auxilio de Cesantía proporcional Mil Quinientos Cincuenta Lempiras con Setenta y Dos centavos (L. 1,550.72); d) Vacaciones proporcionales Mil Treinta y Tres Lempiras con Sesenta y Dos centavos (L. 1,033.62); Décimo Tercer mes en concepto de aguinaldo Mil Doscientos Setenta y Siete Lempiras con Cuarenta y Un centavos (L.1,277.41); y por décimo tercer mes proporcional: Quinientos Lempiras con Setenta y Un centavos (L. 500.71) Y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme la presente sentencia. SEGUNDO: Sin costas. MANDA: que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. COORDINADORA. SUYAPA THUMANN CONDE. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve días del mes de enero de dos mil tres, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dos, recaída en el Recurso de Casación número 2565-01.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL