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Sentencia CL-2310-01 — Registro 43

Resumen

El recurrente alega que la sentencia en primera instancia declaro sin lugar la demanda ordinaria laboral y que en segunda instancia fue confirmada, alegando asìmismo que por parte de la Corte sentenciadora niega aplicar la norma a los hechos reconocidos.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que reiteradamente lo ha establecido este Tribunal, para que proceda la infracción directa alegada se requiere la existencia del hecho, de tal manera que comprobado, que no se discuta, y en el caso de autos, la cuestión objeto del debate resulta ser la eficacia del despido indirecto, por lo tanto no resulta procedente por esta vía el ataque al fallo recurrido. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas y que el Recurrente como acusador que es de la Sentencia de instancia, está obligado a formular el cargo en forma concreta y exacta, para que la Corte pueda decidir el recurso, sin tener que moverse oficiosamente a completar o subsanar la acusación planteada sin acierto, es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación invocado por el Recurrente."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

C E R T I F I C A C I O N

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente, DICE: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, M. D. C., trece de agosto del dos mil dos. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha diez de abril del dos mil dos, por la Licenciada EDNA PATRICIA GONZALEZ DE CUBERO, mayor de edad, casada, hondureña y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderada legal del señor JUAN JOSE VALENCIA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés; en relación a la demanda ordinaria laboral de primera instancia, promovida ante el Juzgado Segundo de Letras Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintidós de febrero del dos mil, por el señor JUAN JOSE VALENCIA, de generales conocidas, contra la Empresa MAYA CABLE TELEVISION S.A., a través de su Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal señor ROBERT D. SHAHEEN, mayor de edad, casado, comerciante, de nacionalidad norteamericana. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia proferida en fecha dieciocho de octubre del dos mil uno, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que en su parte conducente, DICE: “...FALLA: PRIMERO: REVOCANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de esta ciudad, en fecha diecisiete de septiembre del presente año (2001) en las diligencias iniciadas con la Demanda Laboral de la referencia, SEGUNDO: Declarando SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia reclamando el Pago de Prestaciones Sociales, y Salarios Caídos, promovida por el Señor JUAN JOSE VALENCIA contra la Empresa Mercantil MAYA CABLE TELEVISIÓN, S.A., a través de su Representante Legal el señor ROBERT D. SHAHEEN, consecuentemente se absuelve de toda responsabilidad económica laboral a la sociedad mencionada... SIN COSTAS”. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó sentencia en fecha quince de febrero del dos mil dos, mediante la cual resolvió admitir el Recurso de Casación que en su oportunidad interpuso la Licenciada EDNA PATRICIA GONZALEZ, en su condición expresada, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de fecha dieciocho de octubre del dos mil uno, asimismo dispuso llevar adelante la tramitación del recurso confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara la demanda de casación. RESULTA: Que en fecha diez de abril del dos mil dos, compareció ante este Tribunal de Justicia la Licenciada EDNA PATRICIA GONZALEZ, formulando el Recurso de Casación que en su oportunidad interpuso, el cual fundamentó de la manera siguiente: “...EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO. Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 95 numerales 1), 6) y 23), 96 numeral 9), 114 párrafo primero y literales f), i) y j), 115 párrafo segundo, 116 literal e), 118 párrafo final, 346 literal d), 349 del Código del Trabajo, 9, 11, 12 y 13 de la Ley del Séptimo día y Décimo Tercer Mes en concepto de aguinaldo y artículo 34 del Decreto 135-94 que contiene el Décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social, en relación con el artículo 6 del Código del Trabajo. El presente motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1°, párrafo primero del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: Cuando un trabajador notifica su despido indirecto alegando como causal alguna de las establecidas en el artículo 114 del Código del Trabajo y se prueba en juicio la existencia de dicha causal, el despido indirecto es justo y tiene como consecuencia que el patrono está en la obligación de pagar las indemnizaciones y prestaciones laborales al trabajador. La sentencia recurrida reconoce que en el juicio está acreditado que el señor JUAN JOSE VALENCIA notificó a la Sociedad MAYA CABLE TELEVISIÓN, S.A. su despido indirecto basado en las causales establecidas en los artículos 95 numerales 1), 6) y 23), 96 numeral 9), 114 literales f), i) y j) del Código del Trabajo; igualmente, reconoce la sentencia recurrida que estas causales del despido indirecto son justas, ciertas y que están acreditadas suficientemente dentro del juicio. En fin, la Corte recurrida reconoce la existencia en el juicio de todos los presupuestos señalados en el artículo 114 del Código del Trabajo. No obstante que la Corte recurrida reconoce estos supuestos, que están claramente regulados por las normas sustantivas de orden nacional contenidas en los artículo 114 párrafo primero y literales f), i) y j), así como en el 115 párrafo segundo, todos del Código del Trabajo, al declarar sin lugar la demanda, la Corte sentenciadora se niega a aplicarlos, con lo que los violó por falta de aplicación, pues habiendo reconocido los hechos, se niega a aplicar la norma que regula el caso debatido. Aun habiendo reconocido que el despido indirecto es justo, la Corte recurrida funda su negativa o rebeldía de aplicar la norma sustantiva de orden nacional al caso concreto, señalando que el señor JUAN JOSE VALENCIA notificó su despido indirecto a una persona del Consejo de Administración que no era la llamada para conocer de su determinación, pues, según la Corte sentenciadora, el artículo 209 del Código de Comercio establece a quién corresponde la representación judicial y extrajudicial de una sociedad anónima, lo que vuelve “ineficaz” el despido indirecto. Con ello la Corte sentenciadora ignora lo establecido en forma categórica por el artículo 6 del Código del Trabajo que establece que “Son representantes de los patronos y en tal concepto a estos en sus relaciones con los demás trabajadores: Los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y en general las personas que en nombre de otro ejercen funciones de dirección o de administración”. (lo subrayado es nuestro). Es claro que tratándose de establecer representantes del patrono en una relación de trabajo, el artículo 6 del Código del Trabajo tiene aplicación preferente al artículo 209 del Código de Comercio; es igualmente evidente que todos los miembros del Consejo de Administración de una sociedad anónima ejercen funciones de administración dentro de la misma. La Corte recurrida violó por infracción directa, las normas sustantivas de orden nacional antes señaladas al negarse a aplicarlas a un caso en el que la misma Corte reconoce la existencia del supuesto por ellas regulado, fundando dicha negativa a aplicarlas en una norma extraña a la relación de trabajo y a las normas de orden público que regulan las relaciones entre el capital y el trabajo, por lo que procede que se case la sentencia y la procedencia de este motivo”. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha diez de abril del dos mil dos, mediante la cual tuvo por devuelto el traslado conferido a la Licenciada EDNA PATRICIA GONZALEZ y por formulada en tiempo la demanda de casación, ordenando dar traslado al opositor por el término de diez días para que procediera a contestar dicha demanda; Haciéndolo en fecha veintitrés de abril del dos mil dos, el Licenciado SANTIAGO MORALES BUSTAMANTE, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada MAYA CABLE TELEVISIÓN S.A. DE C.V., de la siguiente manera: “...SE IMPUGNA EL MOTIVO DE CASACIÓN EXPRESADO POR LA RECURRENTE. La sentencia impugnada no viola Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los preceptos jurídicos invocados por la recurrente en virtud de que el trabajador demandante no entregó la nota de despido al verdadero representante de la Sociedad Mercantil demandada, haciendo ineficaz legalmente la notificación del despido y si bien es cierto que en dicha nota de despido el demandante invoca causales previstas en la Ley, en ningún momento probó que existiesen tales causales ni despido, por lo que el patrono no está en la obligación de pagar las indemnizaciones y prestaciones laborales exigidas por el Trabajador. No es cierto que al demandante se le haya rebajado de categoría en virtud de que el demandado continuó ejerciendo el mismo cargo, con el mismo rango y salario, no habiéndosele rebajado a un puesto inferior en virtud de que continuó siendo Gerente y las instrucciones que el Presidente del Consejo de Administración envió al demandado no rebajan de ninguna manera ni el rango ni la categoría del puesto desempeñado por el demandante pues él continuaba como tal, y tenía las mismas facultades, únicamente exigiéndose la aprobación del Presidente del Consejo de Administración para realizar las operaciones de carácter financiero lo que no desmerita en ninguna forma la categoría y el rango del demandante. Tampoco en ningún momento la sociedad mercantil demandada dejó de pagar su salario al trabajador pues el cheque del sueldo correspondiente a la primera quincena del mes de febrero de 2000, en virtud de los cambios estructurales y administrativos que se operaron en aquel momento para garantizar la eficiencia de la empresa, le fue remitido por el Presidente del Consejo de Administración al Bufete del Abogado Leonel Medrano, como consta en los documentos que obran en la segunda pieza de autos, para mayor garantía y seguridad de los pagos y se le dieron instrucciones para que fuera a recibir el cheque al Bufete del Abogado Leonel Medrano Irías pero no se presentó el demandante, habiendo tenido conocimiento el demandante de que el salario de esa quincena no se le iba a entregar en la empresa, y si no lo fue a recoger y cobrar fue por su voluntad y posiblemente en vistas a un planificado despido indirecto. Es totalmente falso que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, acepte que las causales de despido indirecto invocadas por el demandante sean ciertas y que estén acreditadas suficientemente dentro del juicio; lo que la referida Corte expresa es que si bien es cierto que las causales invocadas por el demandante en la nota de despido están previstas en la Ley, eso no significa que el demandante haya probado la existencia real de tales causales pues como ya se expresó no hubo ningún despido injusto porque el trabajador demandante continuaba devengando el mismo salario y además con las mismas atribuciones y facultades con la única circunstancia de que deberían ser aprobadas por el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad mercantil demandada, pero esa aprobación no establecía ninguna limitación ni prohibición para el ejercicio de las facultades del demandante en su condición de Gerente ni hubo revocación del poder en ningún momento. Tampoco es cierto que la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, haya reconocido la existencia en el juicio de los presupuestos señalados en el artículo 114 del Código del Trabajo pues como ya expliqué lo que la Corte indicada dice es que las causales invocadas en la nota de despido están previstas en el Código del Trabajo, pero en ningún momento expresa que estén probadas en autos, pues una cosa es que estén previstas en la Ley y otra cosa muy diferente que hayan sido probadas en el juicio. La Corte de Alzada no ha aceptado en la sentencia que los supuestos regulados por la norma sustantiva estén probados en autos, por el contrario, con el Acta levantada por el inspector del Trabajo que constituye un documento público, auténtico e indubitable, que obra a folio 80 de la primera pieza, está plenamente acreditado en autos y así lo reconoce la Corte recurrida de que no se han llenado esos supuestos jurídicos ya que la nota de despido no fue entregada al verdadero representante legal de la entidad demandada, sino a una persona que nada tenía que ver en esa notificación, lo que vuelve ineficaz tal notificación, además de que el demandante no se ajustó a la realidad de los hechos lo que resulta del mismo documento ya que en el referido documento aparece su declaración de que tiene un sueldo de L.14,480.00, y no aparece acreditado en autos que haya entregado nota de despido a la sociedad mercantil Maya Cable Televisión S.A., por medio de su representante legal ni mucho menos que esta lo haya despedido en forma indirecta por lo que tampoco es cierto que la Corte sentenciadora recurrida se niegue a aplicar los preceptos jurídicos que el recurrente estima violados, pues no son aplicables por no haberse dado los supuestos para su aplicación. Tampoco es cierto que el despido indirecto sea justo, es decir, que no está ajustado a la Ley por no existir el despido y por ser ineficaz legalmente la notificación del despido indirecto por lo que tampoco existe rebeldía en aplicar la norma sustantiva del orden nacional al caso concreto. Es improcedente la cita que hace la recurrente del artículo 6 del Código del Trabajo pues la Pro-Secretaría del Consejo de Administración no ejerce ninguna función de dirección o administración, pues sus funciones se limitan a sustituir a la Secretaria ocasionalmente para levantar actas, y nunca utiliza los servicios del trabajador, cuyas funciones corresponden exclusivamente al Presidente y su sustituto legal es el Tesorero o Primer Consejero no habiéndose acreditado en el juicio que estuvieren ausentes ni el Presidente ni los sustitutos legales y en consecuencia la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, en ninguna forma viola normas sustantivas de orden nacional ni ha reconocido la existencia del supuesto por ella regulado, por lo que no procede se case la sentencia por ser improcedente el motivo invocado. La demanda no ha sido presentada en legal forma por no tener ninguna aplicación los artículos que invoca el recurrente de acuerdo con los hechos y pruebas aportadas en el juicio. La Corte procedió en legal forma aplicando los artículos congruentes con el caso y con las pruebas aportadas al juicio”. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en la demanda de mérito, se nombró Magistrada ponente a la Abogada LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA, quien en su oportunidad informo tener redactado el proyecto de Sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediere conforme a derecho. CONSIDERANDO: Que la recurrente en su primer motivo alega “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 95 numerales 1), 6), y 23, 96 numeral 9), 114 párrafo primero y literales f), i) y j), 115 párrafo segundo, 116 literal e), 118 párrafo final, 346 literal d), 349 del Código de Trabajo, 9, 11, 12 y 13 de la Ley del Séptimo día y Décimo Tercer mes en concepto de aguinaldo y artículo 34 del Decreto 135-94 que contiene el Décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social, en relación con el artículo 6 del Código del Trabajo”, y en la explicación del concepto de la infracción manifiesta: “No obstante que la Corte Recurrida reconoce estos supuestos, que están claramente regulados por las normas sustantivas de orden nacional contenidas en los artículos 114 párrafo primero y literales f), i) y j), así como en el 115 párrafo segundo, todos del Código del Trabajo, al declarar sin lugar la demanda, la Corte Sentenciadora se niega a aplicarlos, con lo que los violó por falta de aplicación, pues habiendo reconocido los hechos, se niega a aplicar la norma que regula el caso debatido” Es el caso que el Ad-quem aplicó el artículo 114 en el fallo recurrido e hizo análisis de los medios de prueba allegados al proceso formando su convencimiento de que el Señor JUAN JOSE VALENCIA no demandó a las dos empresas que le pagaban el salario y que le sirve de base para fijar la cuantía de su demanda, asimismo el despido indirecto alegado resultó INEFICAZ por no haberlo notificado como legalmente corresponde. CONSIDERANDO: Que reiteradamente lo ha establecido este Tribunal, para que proceda la infracción directa alegada se requiere la existencia del hecho, de tal manera que comprobado, que no se discuta, y en el caso de autos, la cuestión objeto del debate resulta ser la eficacia del despido indirecto, por lo tanto no resulta procedente por esta vía el ataque al fallo recurrido. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas y que el Recurrente como acusador que es de la Sentencia de instancia, está obligado a formular el cargo en forma concreta y exacta, para que la Corte pueda decidir el recurso, sin tener que moverse oficiosamente a completar o subsanar la acusación planteada sin acierto, es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación invocado por el Recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303 y 319 atribución 7º de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 666 letra c, 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo, FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. NOTIFIQUESE.- SELLO Y FIRMAS. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. COORDINADORA. SUYAPA THUMANN CONDE. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. SELLO Y FIRMA. MIRNA LIZZETE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de septiembre del dos mil dos, certificación de la sentencia de fecha trece de agosto del dos mil dos, recaída en el Recurso de Casación Laboral No.2310-01.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL