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Sentencia CL-1997-01 — Registro 89

Resumen

Primera instancia declaro con lugar la excepción perentoria de prescripción de los derechos y acciones que tenia el patrono para despedir justificadamente a la trabajadora Maria Dilcia Martínez; sin lugar la excepción perentoria de prescripción alegada por la parte demandada o patronal y con lugar la demanda de que se ha hecho merito para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e ilegal. Segunda instancia lo confirmo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el recurrente comete el mismo error indicado en el primer motivo al citar como violadas normas constitucionales, que como ya se deja dicho y ha establecido este Tribunal las normas constitucionales no son violables para efectos de casación, por lo tanto se desestima el segundo motivo invocado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, certifica la sentencia que literalmente dice: CORRELACIONADO POR FRANCISCA VILLELATE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL. Tegucigalpa, M.D.C., once de Diciembre de Dos Mil Dos. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación formalizado ante este Supremo Tribunal de Justicia, en fecha ocho de marzo del dos mil dos, por el Licenciado CESAR AUGUSTO GARCIA ESPINOZA, mayor de edad, casado y del domicilio de La Lima, Cortés, en su condición de apoderado de la TELA RAILROAD Company; en relación a la demanda de emplazamiento promovida ante el Juzgado de Letras Primero Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha diecinueve de julio del dos mil, por el señor FLORENTINO ALFONSO DIAZ DIAZ, mayor de edad, soltero, vigilante, hondureño y del domicilio de La Lima, Cortés, contra la empresa TELA Railroad Company a través de su representante legal señor ARNALDO PALMA, mayor de edad, casado, ejecutivo de negocios, de nacionalidad panameña y del domicilio de La Lima, Cortés, en su condición de Gerente General de la empresa demandada; demanda que se contrajo a pedir que previo los trámites legales correspondientes se condenara a la empresa demandada a pagar al trabajador demandante la cantidad de OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps. 81,192.95), por los siguientes conceptos: Preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, más a título de daños y perjuicios los salarios caídos y las costas del juicio. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha treinta de agosto del dos mil uno, mediante la cual se CONFIRMO la sentencia emitida por el Juzgado de Letras Primero Seccional del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintisiete de julio del dos mil uno, misma que falló: 1) Declarando HA LUGAR la demanda ordinaria laboral contraída a obtener el pago de prestaciones laborales, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido injusto, en consecuencia CONDENO a la demandada Tela Railroad Company a través de su representante a pagar al trabajador demandante la suma de OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 82,982.94), por los conceptos siguientes: preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, condena además al pago de salarios dejados de percibir por el trabajador desde la fecha de terminación injusta del contrato de trabajo hasta que quede firme el fallo. 2) Declara SIN LUGAR la excepción perentoria de falta de derecho opuesta por el apoderado legal de la demandada. RESULTA: Que en fecha once de diciembre del dos mil uno, este Supremo Tribunal de Justicia dictó sentencia mediante la cual resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Licenciado Cesar Augusto García Espinoza, en su condición de apoderada de la Tela Railroad Company, contra la sentencia que se ha hecho relación en el preámbulo de este fallo, así mismo dispuso dar traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formalizará su recurso. RESULTA: Que en fecha ocho de marzo del dos mil dos, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia el Licenciado Cesar Augusto García, en su condición indicada, formalizando la demanda de casación interpuesta ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de la siguiente manera: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION: Con el presente recurso me propongo obtener la anulación total de la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula con fecha 30 de agosto del año 2001, en que se confirma la condenatoria proferida por la Juez A- quo de fecha 27 de julio del mismo año, sentencia cuya parte resolutiva dice: “POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones del Trabajo, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos: 80, 82, 90, 128 n.-3. 134, 135, 303 y 314 de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 1, 4, 5, 8, 18, 19, 20, 21, 25, 112, literal l, 113, 664, 665, 666 letra b), 669 672, 686, 690, 703, 744, 760 u 858 del Código del Trabajo: 183, 187 reformado, 188, 189, 190 y 192 del Código de Procedimientos Civiles: FALLA: CONFIRMANDO, en todos sus extremos la sentencia definitiva, dictada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de esta ciudad, en fecha veintisiete de julio del año dos mil uno, en el procedimiento iniciado con la demanda de la referencia; Y MANDA: Que se notifique el presente fallo a las partes, y con la certificación de estilo se devuelva la primera pieza de autos al Juzgado de su procedencia para los efectos legales pertinentes. SIN COSTAS, por tener el apelante motivos racionales para litigar. Redactó la Magistrada propietaria PONCE DE MURILLO.” En tal virtud solicito, en primer lugar, casar la sentencia en la parte resolutiva anteriormente transcrita anulándola totalmente, y en segundo lugar que, casada dicha sentencia, acto seguido la honorable Corte Suprema de Justicia, constituida en sede de instancia, dicte en su sustitución la que en derecho corresponda, declarando en dicho fallo sin lugar la demanda laboral de mérito y absolviendo a la demandada de toda responsabilidad económica en relación con el referido caso. EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: Primer Motivo: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional mediante infracción directa del artículo 64 de la Constitución de la República en relación con el Artículo 112 literal e) del Código del Trabajo. Precepto autorizante: Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero, del artículo 765 del Código del Trabajo. Doctrina. De acuerdo con la jurisprudencia nacional y extranjera “cuando el texto de la norma legal es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con él, se tiene el caso de la infracción directa.” Explicación del motivo: El demandante, Florencia Alfonso Díaz Díaz, fue despedido de su trabajo como vigilante de la Tela Railroad Company por habérsele comprobado que en la madrugada del 23 de mayo del año 2000 y con la complicidad de dos compañeros más cometió el delito de hurto con abuso de confianza en perjuicios de su empleadora, según se expresa en la anterior síntesis de los hechos en litigio; sin embargo la Corte sentenciadora argumentando “Que cuando la ruptura del contrato de trabajo provenga de un hecho delictuoso, requiere que su aceptación y calificación se haga por autoridad competente; ante esta circunstancia se presenta la cuestión de que habría que esperar que los jueces declararan comprobando el hecho delictuoso para poder romper el contrato de trabajo; en el sub-júdice no aparece acreditado que el demandante haya sido condenado por el delito de hurto por el juzgado respectivo, pues toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por la autoridad competente.”, y agregando a continuación, “que este Tribunal estima correctas las apreciaciones de hecho y de derecho que del asunto sometido a su conocimiento efectuó el A-quo, por lo que estima procedente CONFORMAR en todas sus partes la sentencia de mérito.” (considerandos cuarto y quinto que pueden verse a folios 11 vuelto antepenúltima línea y 12 frente séptima línea, respectivamente, de la segunda pieza de autos), falla confirmando la sentencia de primera instancia en que se declara con lugar la demanda y se condena a la sociedad demandada a pagarle al actor L. 82,982.94 en concepto de prestaciones más los salarios dejados de percibir hasta que quede firme la sentencia por despido injustificado, lo cual es violatorio de la norma contenida en el Artículo 64 de la Constitución de la República que declara: “Artículo 64. No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.”, pues con esa condena se le restringe a mi representada su legítimo derecho de defensa que en razón del principio de igualdad ante la ley debe ser aplicado a favor de ambas partes y no en beneficio de una con perjuicio de la otra, ya que si bien es cierto que el trabajador es inocente mientras no se demuestre lo contrario, también lo es que no es justo condenar al patrono sin que esa inocencia haya quedado confirmada por la referida sentencia criminal. Por tanto, al confirmar la sentencia condenatoria de primera instancia, la Corte sentenciadora incurrió en infracción directa de la ley por falta de aplicación de la norma que se invoca como violada contenida en el Artículo 64 de la Constitución de la República, pues siendo su texto absolutamente claro la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con él. Se aclara que aunque existe un principio general establecido en el sentido de que las normas constitucionales son inviolables para efectos de casación, se invoca como infringida la disposición contenida en el Art. 64 de la Constitución de la República porque el aspecto que regula la hace descender a la categoría de norma substantiva invocada en este motivo es procedente la prosperidad del cargo y casar la sentencia impugnada. Segundo Motivo: Infracción indirecta del artículo 135 párrafo segundo de la Constitución de la República por intermedio de los artículos 738, 739 y 858 del Código del Trabajo en relación con el Artículo 194 del Código de Procedimientos Civiles, proveniente de error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de apreciación de la prueba en su conjunto que adelante se singulariza. Precepto autorizante. Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo segundo, del Artículo 765 del Código del Trabajo. Pruebas no apreciadas. Las pruebas que el juzgador dejó de apreciar se singularizan de la siguiente manera: “1) Documental consistente en los siguientes documentos privados: a) Declaración jurada del único testigo presencial de los hechos, Juan Antonio Perdomo Mejía, señalando a David Rigoberto Turcios Uham Lung y Luis Enrique López Castro, alias Telique, pero que él llama “Lique” como autores del delito; y b) Declaraciones juradas de Luis Enrique López Castro y David Rigoberto Turcios Uham Lung confesando su delito e implicando a Florencio Díaz como tercer participante en la actoría del mismo, declaraciones que pueden verse a folios 35, 36 y 37 de los autos. 2) Prueba testifical evacuada el cuatro de enero de 2001 y que puede verse a folios 58, 59 y 60 del expediente, en la cual los tres testigos propuestos por la parte demandada fueron contestes en su afirmación de que Florencio Díaz era responsable de la custodia del material hurtado la noche en que se extravió. 3) Prueba de Inspección Uno: Con este medio de prueba cuya acta de fecha 24 de enero de 2001 corre a folio 65 de la primera pieza se acreditó que al actor como inspector de vigilantes le tocaba cubrir el sitio donde se encontraba el alambre hurtado asignado a Rigoberto Turcios Uham Lung, según consta también en la lista de turnos que corre a folio 66, en la madrugada del 23 de mayo del año dos mil, y por tanto debía saber cómo desapareció dicho material y reportarlo a su jefe inmediato, pero no lo hizo. 4) Prueba de Inspección Dos efectuada en Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal el 22 de febrero de 2001 por medio del señor Juez de Letras Segundo del Trabajo, en que se constató que el actor Florencio Alfonso Díaz Díaz está procesado por el delito de hurto que motivó su despido. 5) Prueba Comunicación librada a la Dirección General de Investigación Criminal de San Pedro Sula, por medio de la cual dicha Dirección General informó, como autoridad competente policial, que la denuncia del hecho delictivo se presentó en tiempo y forma por parte de la empresa afectada para que se iniciaran las investigaciones respectivas, la cual se encuentra a folio 79 de la misma primera pieza.” Explicación del Motivo: Si la Corte sentenciadora hubiese apreciado los medios de prueba singularizados habría encontrado que existe un indicio racional o presunción legal de que el actor en este juicio es culpable del delito de hurto que se le imputa, y en vista de que se le tendrá por inocente mientras no se declare su culpabilidad por autoridad competente, hubiera dictado providencia ordenando suspender el trámite hasta tanto el Juzgado de lo penal que conoce de la causa no dictara la correspondiente sentencia definitiva firme, fundándose en lo dispuesto por el Artículo 194 del Código de Procedimientos Civiles en relación con el Artículo 858 del Código del Trabajo, que a la letra dice: “Art. 194. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los jueces y magistrados, cuando hubiesen de fundar exclusivamente la sentencia en el supuesto de la existencia de un delito, suspenderán el fallo del pleito hasta la terminación del procedimiento criminal, si oído el Fiscal, estimaren procedente la formación de causa.”, pero en lugar de ello dictó sentencia definitiva confirmando la del Juez A-Quo en que se condena a mi representada a pagar injustamente prestaciones al actor por su despido supuestamente injustificado, basándose en una disposición del Código del Trabajo (Artículo 112 inciso e) parte final) que fue derogada por el Artículo 64 de la Constitución por atentar contra el derecho de defensa que es inviolable. Por tanto, la falta consistente en dejar de aplicar lo dispuesto por el Artículo 194 del Código de Procedimientos Civiles en relación con el 858 del Código del Trabajo, siendo del caso hacerlo, lo que la llevó a infringir indirectamente la norma contenida en el Artículo 135, segundo párrafo, de la Constitución que dice que el Estado está obligado no sólo a tutelar los derechos de los trabajadores, sino también a proteger al Capital y al empleador, y que se invoca como violada. Se aclara asimismo que no obstante haber un principio general de derecho que establece que las normas constitucionales son inviolables para efectos de casación, en el presente caso se invoca el Artículo 135 párrafo segundo de la Constitución como norma infringida en este motivo porque el aspecto que regula la hace descender a la categoría de norma sustantiva de orden nacional por excepción. De esta forma ha quedado demostrada la infracción indirecta de la Ley substantiva invocada en este motivo, lo cual hace procedente la prosperidad del cargo y casar la sentencia que se impugna.” RESULTA: Que en fecha ocho de marzo del dos mil dos este Supremo Tribunal de Justicia dictó providencia mediante la cual tuvo por devuelto en tiempo la demanda de casación por parte del Licenciado Cesar Augusto García y por formulada en tiempo la demanda de casación; así mismo ordeno dar traslado de las presentes diligencias al opositor para que dentro del término de diez días contestará dicha demanda. RESULTA: Que en fecha dieciséis de mayo del dos mil dos, está Corte Suprema de Justicia emitió providencia mediante la cual declaro CADUCADO DE DERECHO Y PERDIDO IRREVOCABLEMENTE el término dejado de utilizar por el Licenciado Donaldo Barahona Flores, para contestar la demanda de casación planteada y ordeno proseguir con el trámite legal correspondiente. RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, en la demanda de mérito, se nombró Ponente a la Magistrada SUYAPA THUMANN CONDE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando éste Tribunal se dictase lo que procediere de conformidad a derecho. CONSIDERANDO: que como primer motivo de casación se acusa la sentencia de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del Artículo 64 de la Constitución de la República en relación con el Artículo 112 literal e) del Código del Trabajo. Precepto autorizante: artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. En el caso de autos el Censor considera como violada una norma constitucional que como lo afirma el mismo, las normas constitucionales son inviolables para efectos de casación, en razón de lo cual no se admite el primer motivo. CONSIDERANDO: que como segundo motivo se acusa la sentencia de infracción indirecta del artículo 135 párrafo segundo de la Constitución de la República por intermedio de los artículos 738, 739 y 858 del Código del Trabajo en relación con el Artículo 194 del Código de Procedimientos Civiles, proveniente de un error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de apreciación de la prueba en su conjunto. Precepto autorizante: Artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. Pruebas no apreciadas: “Documental: Las pruebas que el Juzgador dejó de apreciar se singularizan de la siguiente manera: 1) Documental consistente en los siguientes documentos privados: a) Declaración jurada del único testigo presencial de los hechos, Juan Antonio Perdomo Mejía, señalando a David Rigoberto Turcios Uham Lung y Luis Enrique López Castro alias Telique, pero que él llama “Lique” como autores del delito, y b) Declaraciones juradas de Luis Enrique López Castro y David Rigoberto Turcios Uham Lung confesando su delito e implicando a Florencio Díaz como tercer participante en la autoría del mismo, declaraciones que pueden verse a folios 35, 36 y 37 de los autos. 2) Prueba testifical evacuada el cuatro de enero de 2001 y que puede verse a folios 58, 59 y 60 del expediente en la cual los tres testigos propuestos por la parte demandada fueron contestes en su afirmación de que Florencio Díaz era responsable de la custodia del material hurtado la noche en que se extravió. 3) Prueba de Inspección Uno: Con este medio de prueba cuya acta de fecha 24 de enero de 2001 corre a folio 65 de la primera pieza se acreditó que al actor como Inspector de vigilantes le tocaba cubrir el sitio donde se encontraba el alambre hurtado asignado a Rigoberto Turcios Uham Lung, según consta también en la lista de turnos que corre a folio 66, en la madrugada del 23 de mayo del año dos mil, y por tanto debía saber cómo desapareció dicho material y reportarlo a su jefe inmediato, pero no lo hizo. 4) Prueba de Inspección Dos efectuada en el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal el 22 de febrero de 2001 por medio del señor Juez de Letras Segundo del Trabajo, en que se constató que el actor Florencio Alfonso Díaz Díaz está procesado por el delito de hurto que motivó su despido. 5) Prueba Comunicación librada a la Dirección General de Investigación Criminal de San Pedro Sula, por medio de la cual dicha Dirección General informó, como autoridad competente policial, que la denuncia del hecho delictivo se presentó en tiempo y forma por parte de la empresa afectada para que se iniciaran las investigaciones respectivas, la cual se encuentra a folio 79 de la misma primera pieza.” Que el recurrente comete el mismo error indicado en el primer motivo al citar como violadas normas constitucionales, que como ya se deja dicho y ha establecido este Tribunal las normas constitucionales no son violables para efectos de casación, por lo tanto se desestima el segundo motivo invocado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 1, y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, FALLA: 1) Declarando no ha lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) Sin costas. MANDA: que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. COORDINADORA. SUYAPA THUMANN CONDE. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta días del mes de enero de dos mil tres, certificación de la sentencia de fecha once de diciembre de dos mil dos, recaída en el Recurso de Casación número 1997-01.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL