Sentencia CL-1909-01 — Registro 82
Resumen
En primera instancia se declara con lugar la demanda para el pago de prestaciones laborales y en segunda instancia se confirmó el fallo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El recurrente al atacar el fallo incurre en las siguientes deficiencias: 1) El recurrente habla de interpretación errónea, pero predica al mismo tiempo una Infracción de medio que se produce por causas de distintas: error de derecho. Pues el error de derecho consiste en aceptar como probado un hecho cuando la ley exige determinadas solemnidades para su validez o no darlo por establecido cuando así ha hecho de manera solemne; 2) La interpretación errónea de la ley consiste en su equivocado entendimiento, independientemente de toda cuestión de hecho, y el impetrante no demuestra como el fallador expresa un concepto erróneo de la ley en su resolución pues se limita a hacer alusión a los medios de prueba como si se tratase de instancia"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 literal a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente, DICE: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, M. D. C., veintiocho de noviembre del dos mil dos. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha diecinueve de marzo del dos mil dos, por el Abogado DOMINGO ESCOBAR PINOT, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de Representante Legal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda laboral promovida ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha veinte de marzo del dos mil uno, por el Licenciado RICARDO A. DIAZ CASTELLANOS, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de su Procurador General de la República en ese entonces señor HECTOR RAMON TROCHEZ, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio; acción contraída a pedir el reintegro al trabajo por el hecho de que fue despedido injustamente, el reconocimiento de salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, reconocimiento de antigüedad en el trabajo y costas del juicio. EL recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintidós de agosto del dos mil uno, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, la cual falló CONFIRMANDO la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de junio del dos mil uno; sentencia ésta que declaró CON LUGAR la demanda de mérito; en consecuencia, CONDENA al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Procurador General de la República actual señor CARLOS ARITA, a lo siguiente: I. Reintegrar a su puesto de trabajo o a otro de iguales o mejores condiciones al demandante RICARDO A. DIAZ CASTELLANOS. II. Pagarle al demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta el día en que sea reintegrado a su trabajo. III. Declara la antiguedad en el trabajo del demandante, desde el 1 de agosto de 1991 en que empezó a laborar en la Procuraduría General de la República, hasta la actualidad en que labora en la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales. SIN COSTAS. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó sentencia en fecha once de diciembre del dos mil uno, mediante la cual resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado DOMINGO ESCOBAR PINOT, contra la sentencia proferida por el Tribunal Ad-quem, de que se ha hecho mérito, disponiendo que se lleve adelante la tramitación del recurso confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que procediera a formular la demanda de casación que en su oportunidad interpuso. Haciéndolo el Abogado DOMINGO ESCOBAR PINOT, en fecha diecinueve de marzo del dos mil dos, de la manera siguiente: " ...EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: Interpretación errónea, por error de derecho, en la apreciación de la prueba. Error de derecho. Existe error de derecho por haberse dado por establecido que el demandante laboraba indistintamente para la Procuraduría General de la República y para la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales. El artículo 11 del Código Civil establece lo siguiente: "Las Leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres no podrán eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares, pero podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren el interés individual del renunciante y que no este prohibida su renuncia". Por su parte el artículo 2370 del Código Civil en su regla noventa establece lo siguiente: "Si una nueva Ley amplia o restringe las condiciones necesarias para ejecutar ciertos actos o adquirir determinados derechos dicha Ley debe aplicarse a todas las personas que comprende". En el caso de autos dejó de aplicarse los preceptos anteriormente relacionados, confome el artículo 2 del Código del Trabajo, por medio del cual se establece el orden público laboral, así como el régimen de aplicación y de excepción de la norma laboral, al efecto dice en su numeral 2), que se excluye a los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales.- SE ENTIENDE POR EMPLEADO PUBLICO AQUEL CUYO PUESTO HA SIDO CREADO POR LA CONSTITUCION, LA LEY, DECRETO EJECUTIVO O ACUERDO MUNICIPAL, es claro y evidente que el sentenciador ha infraccionado con su fallo lo arriba resumido. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las normas sustantivas de orden nacional violadas, están contenidas en el artículo 2, numeral 2) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 11 y 2370 del Código Civil. MEDIO PROBATORIO DEJADO DE APRECIAR: La prueba dejada de apreciar por el Tribunal fue la Ley de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales Decreto No.134-99, que se encuentra a folio 124 de la primera pieza. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 664, 665, 666 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Los motivos están comprendidos en el numeral 1) del artículo 765 del Código del Trabajo. SEGUNDO MOTIVO: Infracción directa o falta de aplicación del artículo 872 del Código del Trabajo, en el cual se establece que: "Los conflictos de competencia entre dos (2) o más Tribunales de Trabajo, o entre uno de estos y un Tribunal Ordinario o Administrativo, o entre un Tribunal de Trabajo y un Juez de otra Sección Judicial o entre dos (2) Juzgados de distintas secciones judiciales, serán dirimidos por la Corte Suprema de Justicia. Los que se susciten entre dos (2) Jueces de Letras de Trabajo de una misma Sección Judicial, o entre un (1) Juez de Letras de Trabajo y otro del mismo Departamento serán dirimidos por la respectiva Corte de Apelaciones de Trabajo". El Tribunal sentenciador contra el cual recurro al volver por ser competente para conocer de esta reclamación al A-quo, violó flagrantemente lo establecido en el artículo anterior, pues al obrar en contrario, en un examen superficial y sin mayores esfuerzos se comprueba que incluso se violó una de las disposiciones constitucionales respecto de la responsabilidad del Estado y de sus servidores, cuando este cuerpo legal establece en su artículo 321 que: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuere de la Ley es nulo e implica responsabilidad". LAS VIOLACIONES PASO A EXPLICARLAS EN LA FORMA SIGUIENTE: En el plan de la demanda dice el actor, que reclama el reintegro al trabajo por el hecho de haber sido despedido injustamente. Reconocimiento de salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicio. Que se reconozca la antiguedad en el trabajo, y afirma que comenzó a trabajar con la Institución en el cargo de agente titular de la Procuraduría General de la República el 01 de agosto de 1991, sin embargo en el folio 01 numeral 3) de la primera pieza, solicita que el Estado de Honduras por medio de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales me pague en concepto de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde mi despido hasta mi reintegro. Y el fallo declara en su considerando número uno: Que la parte resolutiva del fallo que se revisa en apelación, dice: "FALLA: 1° DECLARA CON LUGAR la demanda laboral interpuesta por el señor Ricardo A. Diaz Castellanos contra el Estado de Honduras por medio del Procurador General de este entonces señor Hector Ramón Trochez, ambos de generales expresadas. En consecuencia, CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS por medio del Procurador General de la República actual señor Carlos Arita, a lo siguiente: I. Reintegrar a su puesto de trabajo o a otro de iguales o mejores condiciones al demandante RICARDO A. DIAZ CASTELLANOS; II. Pagarle al demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta el dia en que sea reintegrado a su trabajo; III. Declara la antiguedad en el trabajo del demandante RICARDO A. DIAZ CASTELLANOS desde el 01 de Agosto de 1991 en que empezó a laborar en la Procuraduría General de la República, hasta la actualidad en que labora en la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales"; y la parte dispositiva de la sentencia confirma la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de esta sección judicial, pero esta al declarar con lugar la demanda laboral interpuesta por el demandante, contrario a lo pedido por este, condena al Estado de Honduras por intermedio del Procurador General de la República a lo siguiente: I. Al reintegro al puesto de trabajo o a otro de iguales o mejores condiciones al demandante; II. Pagarle al demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta el día en que sea reintegrado a su trabajo; III. Declara la antiguedad en el trabajo del demandante RICARDO A. DIAZ CASTELLANOS desde el 01 de Agosto de 1991 en que empezó a laborar en la Procuraduría General de la República, hasta la actualidad en que labora en la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, es prácticamente imposible darle cumplimiento al fallo cuando se desconoce la autonomía presupuestaria de dirección y exclusividad de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, que es para la cual laborada el demandante hasta la fecha que antes indicó, por tanto es improcedente la pretensión del Ad-quem que el Decreto No.175-2000, por medio del cual se reformo la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y no es, sino hasta ahora que se encuentra un proyecto en el Congreso Nacional encaminado a que este órgano, superior jerárquico de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, emita un Decreto que confiera ciertos derechos sociales, a los funcionarios y empleados de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales". RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha veinte de marzo del dos mil dos, mediante la cual tuvo por formalizada en tiempo la demanda de casación por parte del Abogado DOMINGO ESCOBAR PINOT, ordenando en consecuencia dar en traslado al opositor por el término de diez días para que procediera a contestar dicha demanda. Haciéndolo el Abogado RICARDO ADOLFO DIAZ CASTELLANOS, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, actuando por sí, en fecha nueve de abril del dos mil dos, de la siguiente manera: "...RECHAZO LA EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: Es equivocado el argumento de que la Sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, y la dictada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo adolezcan de interpretación errónea, por error de derecho, en la apreciación de prueba. Las sentencias difinitivas no incurren en error de derecho porque en el transcurso del juicio se acreditaron los extremos de la demanda (recordemos que el demandado en su contestación de demanda no argumento causa justa de despido); entre otros, el extremo de la antiguedad, este extremo sostiene que comencé a trabajar en la Procuraduría General de la República el 1ro de agosto de 1991; que en el año de 1994 fui trasladado definitivamente a la Procuraduría del Ambiente; que en el año de 1996 el Procurador General de la República me nombró Sub-Oficial Mayor de la Procuraduría del Ambiente. Que en la Procuraduría del Ambiente laboré sin interrupción hasta la fecha de mi despido. Que la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales es un órgano desconcentrado adscrito a la Procuraduría General de la República y que tiempo de servicio debe contarse desde la fecha de inicio de la relación de trabajo; y que el patrono no probo en juicio justa causa por mi despido (ante Tribunal competente). Cabe recalcar que la Procuraduría del Ambiente fue creada mediante Decreto No.104-93 el 8 de junio de 1993, el artículo 16 del Decreto en cuestión decía: "Créase la Procuraduría del Ambiente, que dependerá de la Procuraduría General de la República". En el año de 1999 se reformó dicho Decreto No.134-99, el artículo primero de dicho Decreto dice: "Créase la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales como órgano desconcentrado adscrito a la Procuraduría General de la República". Si por derecho la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales es un órgano adscrito a la Procuraduría General de la República, por derecho debe aplicarse el Decreto No.175-2000 a los empleados de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales; por lo que las sentencias interlocutarias de fecha 2 de mayo del año 2001 dictada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo y la sentencia interlocutaria de fecha 22 de mayo del año 2001 dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo resolvieron entorno a las excepciones que por falta de competencia en el Tribunal y falta de personalidad en el demandado, interpuso la parte demandada; ahora bien, si las sentencias interlocutorias abordaron y resolvieron en cuanto a la aplicación del Decreto No.175-2000 a favor de los empleados de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, entonces es errado argumentar que el artículo 2 del Código del Trabajo es la norma sustantiva violada; porque mi derecho al trabajo me lo da el artículo 129 de la Constitución de la República en concordancia con el artículo 17 del Decreto No.175-2000. SEGUNDO MOTIVO: En cuando al segundo motivo, en autos consta que no se presentó conflicto de competencia entre dos o más Tribunales, o entre uno de éstos y un Tribunal ordinario o administrativo; el clásico incidente de "cuestiones de competencia" no se dio en el presente juicio; por tanto, no hay infracción directa o falta de aplicación del artículo 872 del Código del Trabajo. Finalmente debemos tener claro: "Que el sujeto de Derecho demandado es el Estado de Honduras". La Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales no es sujeto de derecho; por lo tanto, la sentencia definitiva tiene que condenar al Estado de Honduras, por medio de su representante legal. La Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales tiene que ser un órgano adscrito a la Procuraduría General de la República, porque de no ser así, la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales sería un órgano inconstitucional, porque la representación legal del Estado, conforme a la Constitución de la República, corresponde exclusivamente a la Procuraduría General de la República; el artículo 228 de la Constitución de la República no da ningún margen para que otro órgano detente la representación legal del Estado en cualquier otra materia; por lo tanto, el fallo dictado por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo y la sentencia definitiva que confirma dicho fallo dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo están correctamente fundamentadas al condenar al Estado por medio de su representante legal". RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, en la demanda de mérito se nombró Magistrada ponente a la Abogada TEODOLINDA PINEDA CARDONA, quien en su oportunidad informo tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal lo que procediere conforme a derecho. CONSIDERANDO: Que en su primer motivo el recurrente expresa: “Interpretación errónea, por error de derecho, en la apreciación de la prueba. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las normas sustantivas de orden nacional violadas, están contenidas en el articulo 2, numeral 2) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 11 y 2370 del Código Civil. MEDIO PROBATORIO DEJADO DE APRECIAR: La prueba dejada de apreciar por el Tribunal fue la ley de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales Decreto No. 134-99, que se encuentra a folio 124 de la primera pieza. REGLAS PROCÉSALES VIOLADAS. Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 664, 665, 666 del Código del Trabajo. Precepto autorizante. Los motivos están comprendidos en el numeral 1) del articulo 765 del Código del Trabajo” Sin embargo el recurrente al atacar el fallo incurre en las siguientes deficiencias: 1) El recurrente habla de Interpretación errónea, pero predica al mismo tiempo una infracción de medio que se produce por causas de distintas: error de derecho. Pues el error de derecho consiste en aceptar como probado un hecho cuando la ley exige determinadas solemnidades para su validez o no darlo por establecido cuando así ha hecho de manera solemne; 2) La interpretación errónea de la ley consiste en su equivocado entendimiento, independientemente de toda cuestión de hecho, y el impetrante no demuestra como el fallador expresa un concepto erróneo de la ley en su resolución pues se limita a hacer alusión a los medios de prueba como si se tratase de instancia. CONSIDERANDO: En cuanto el segundo motivo el casacionista expresa: “Infracción directa o falta de aplicación del articulo 872 del Código de Trabajo, en el cual se establece que: “Que los conflictos de competencia entre dos (2) o más Tribunales de Trabajo, o entre uno de estos y un Tribunal ordinario o Administrativo, o entre un Tribunal de Trabajo y un Juez de otra sección judicial o entre dos (2) Juzgados de distintas secciones judiciales, serán dirimidos por la Corte Suprema de Justicia.- Los que se susciten entre dos (2) Jueces de Letras de una misma sección judicial , o entre un (1) Juez de Letras del Trabajo y otro del mismo departamento serán dirimidos por la respectiva Corte de Apelaciones del Trabajo”.- El Tribunal sentenciador contra el cual recurro al volver por ser competente de conocer de esta reclamación al a-quo, viola flagrantemente lo establecido en el articulo anterior, pues al obrar en contrario, en un examen superficial y sin mayores esfuerzos se comprueba que incluso violó una de las disposiciones constitucionales respecto de la responsabilidad del Estado y de sus servidores, cuando este cuerpo legal establece en su articulo 321 que: “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que se ejecute fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Sin embargo el recurrente omitió citar el precepto autorizante en que considera comprendido el motivo, estando obligado a hacerlo, según el articulo 765 del Código del Trabajo. CONSIDERANDO: Que por las razones anteriormente expuestas, es procedente desestimar el recurso de casación de que se ha hecho merito. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral Contencioso-Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la Republica; 1 y 80 numeral 1º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 666 letra c), 765, 769, 777 del Código del Trabajo, FALLA: Declarando NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho merito en sus dos motivos; Y MANDA: Que con la Certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- SIN COSTAS. NOTIFIQUESE. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. COORDINADORA. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. JOSE ROLANDO ARRIAGA MANCIA. SELLO Y FIRMA. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero del dos mil dos, certificación de la sentencia de fecha 28/11/2002, recaída en el Recurso Casación Laboral No.1909-01.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL