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Sentencia CL-874-96 — Registro 11794

Resumen

Demandante alega que el despido que la empresa le notifico tenia la causal de reorganización interna alegada, pero que lo que verdaderamente motivó a sus patronos a tomar tan injusta determinación, es el hecho de que se encontraba en estado de embarazo; Segunda instancia declaró parcialmente con lugar la demanda, absolviendo a la demandada del pago de indemnización por el estado de embarazo, se declara sin lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en el SEGUNDO MOTIVO de Casación, el impetrante demandado, invoca: "Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva por infracción directa del artículo 113 interpretado párrafo primero del Código del Trabajo en relación con el artículo 728 del mismo ordenamiento legal".- Y, en virtud de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario se aplica una norma a un hecho inexistente, el presente motivo resulta improcedente, pues el fallo recurrido no se encuentra comprendido en ninguna de dichas situaciones.- Por otra parte, el Tribunal de alzada no ha incurrido en violación al principio de la reformatio in pejus ya que su decisión se fundamenta en hechos discutidos en el juicio y debidamente probados, como lo es el hecho de que el despido de la demandante fue ilegal e injustificado y, consecuentemente, adquirió derecho a recibir el pago de la indemnización correspondiente, a título de daños y perjuicios."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 124 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 144 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 145 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en el SEGUNDO MOTIVO de Casación, el impetrante demandado, invoca: "Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva por infracción directa del artículo 113 interpretado párrafo primero del Código del Trabajo en relación con el artículo 728 del mismo ordenamiento legal".- Y, en virtud de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario se aplica una norma a un hecho inexistente, el presente motivo resulta improcedente, pues el fallo recurrido no se encuentra comprendido en ninguna de dichas situaciones.- Por otra parte, el Tribunal de alzada no ha incurrido en violación al principio de la reformatio in pejus ya que su decisión se fundamenta en hechos discutidos en el juicio y debidamente probados, como lo es el hecho de que el despido de la demandante fue ilegal e injustificado y, consecuentemente, adquirió derecho a recibir el pago de la indemnización correspondiente, a título de daños y perjuicios."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la Sentencia que literalmente dice: "CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, M.D.C., cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de casación por infracción de Ley, formalizado ante este Supremo Tribunal, en fecha veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, por la Licenciada ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR, mayor de edad, hondureña y de este domicilio, actuando en su condición de apoderada legal de la señora BRENDA GUADALUPE SANTOS JAUREGUI, mayor de edad, soltera, Doctora en Química y Farmacia, hondureña y de este domicilio,y por el Licenciado JOSE MANUEL CASTRO RIVERA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad "LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA LIMITADA", en relación a la demanda laboral promovida por la señora BRENDA GUADALUPE SANTOS JAUREGUI, contra la sociedad "CORPORACION (Laboratorio) CHALVER DE COLOMBIA LTD.", de la ciudad de Bogotá, Colombia, a través de su representante en Honduras, la sociedad denominada "DROGUERIA NACIONAL S.A.", representada a su vez por su Presidente del Consejo de Administración, el señor, CONSTANTINO BARLETTA, mayor de edad, casado, Doctor, hondureño y de este domicilio, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales. El recurso de casación se interpone contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento, en fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y seis, la cual reforma la proferida por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha quince de marzo mil novecientos noventa y seis. RESULTA: Que en fecha diez de agosto de mil novecientos noventa y seis, compareció ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, la señora BRENDA GUADALUPE SANTOS JAUGUERI, interponiendo demanda ordinaria Laboral, contra la sociedad denominada "CORPORACION CHALVER DE COLOMBIA S.A.", demanda que basó en los hechos y disposiciones legales siguientes: "HECHOS Y OMISIONES: 1.- Comencé a prestar mis servicios para la sociedad Corporación Chalver S.A., el día uno de marzo de mil novecientos noventa y dos, desempeñando el cargo de Visitadora Médica, con salario mensual de dos mil doscientos lempiras (L. 2,200.00); mi actividad, básicamente consistía en visitar médicos y Farmacias, para ofrecerles los productos elaborados por la sociedad demandada, por esta actividad llegué a devengar finalmente un salario de SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS (L. 6,300.00) ya que a partir del año mil novecientos noventa y cuatro, me nombraron como Coordinadora Nacional. 2.- También convenimos con la demandada, de que se me reconocería el importe de las llamadas telefónicas fuera de la ciudad y del país que tuviera necesariamente que hacer en el ejercicio de mis labores en favor de la empresa. Pagos que siempre se me hicieron al final del mes, debiéndome únicamente los que se causaron en el mes de mayo del año en curso, que ascienden a la suma de un mil novecientos treinta lempiras (1,930.00). 3.- Otro aspecto convenido con mi ex patrono, es que se me iban a pagar mis comisiones por las ventas que por mi medio se realizaran, y a la fecha me están adeudando las comisiones correspondientes a los meses de abril y mayo del año en curso, que suman un total de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 3,379.80). 4.- La sociedad demandada tiene en Honduras, como distribuidora de sus productos comerciales a la también sociedad mercantil denominada "Droguería Nacional S.A.", cuyas oficinas principales como lo expresé anteriormente, se encuentran ubicadas en la 3a. avenida 2da calle Noroeste numero diez del Barrio Guamilito, de la ciudad de San Pedro Sula y también tiene una sucursal en la Colonia La Alameda de esta ciudad. En las oficinas de la sucursal de esta sociedad en la Colonia Alameda, en esta ciudad, fue donde se me instaló para prestar mis servicios profesionales, como ser la colocación de los productos médicos de los cuales Droguería Nacional S.A. le distribuía en Honduras a la Corporación Chalver S.A. o Laboratorio Chalver, S.A. 5.- El 30 de mayo de 1995, el Dr. Alejandro Valbuena, Director Medico Internacional de la Corporación Chalver S.A., me hizo entrega de la nota de despido que textualmente dice: "Tegucigalpa, M.D.C. 30 de mayo de 1995. Doctora Brenda Santos Jauregui. Estimada Doctora Brenda: Por medio de la presente le notifico que a partir del 30 de mayo de 1995, hemos decidido prescindir de sus servicios que venía desempeñando desde el 01 de marzo de 1992; por motivos de reorganización interna (el subrayado es mio) ya que su cargo como Coordinadora no necesitamos continúe existiendo. Agradecemos muchísimo sus servicios y colaboración para con nosotros durante este tiempo y estaremos cancelando sus prestaciones laborales y preaviso conforme lo estipulado por la ley laboral, dentro de nuestro plazo permitido. Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente. Dr. Alejandro Valbuena. Director Medico Internacional. Corporación Chalver S.A." 6.- Debo agregar que aun cuando la supuesta causal (reorganización interna) alegada en la nota de despido descrita en el numeral precedente, no es de las que el Código del Trabajo autoriza al patrono para dar por terminado sin responsabilidad alguna el contrato de trabajo, esta situación no es la que incidió para que realmente se me despidiera, sino que lo que verdaderamente motivó a mis patronos a tomar tan injusta determinación, es el hecho de que me encuentro en estado de embarazo. En este tipo de empresas (dedicadas a la introducción y venta de medicinas en el país) no obstante de que la mayoría de mis colegas al igual que yo, que somos la base fundamental del desarrollo de sus actividades financieras y comerciales, pues nos dedicamos a tiempo completo a colocar en todo el país, los productos médicos que obtienen de la fabrica principal radicada en el exterior, es un "delito" que alguna de las profesionales de la Química y Farmacia que les prestemos nuestros servicios profesionales, salga en estado de embarazo; para estas empresas, que exigen que en primer lugar, aparte de los requisitos profesionales, de que una sea soltera y sin compromiso alguno, cuando se llega a dar una situación humana como ser la de aspirar a ser madre, viene el acabóse y deciden hacerle la vida imposible o bien que una toma la decisión de renunciar o bien la despiden bajo cualquier motivo o treta que le tienden para justificar su repudiable actitud. La empresa a la que le presté mis valiosos servicios no es la excepción del perfil que vengo dando. No pueden bajo ningún aspecto negar que el día 30 de mayo de 1995, fecha en que me despidieron, no sabían de que me encontraba embarazada. A la fecha de mi despido, tenía seis meses de embarazo, lo han sabido todas mis compañeras y compañeros de trabajo, lo han sabido mis jefes inmediatos, no solamente porque se los haya expresado verbalmente, sino también porque este estado no se puede ocultar, y nunca ha sido mi intención, por lo menos después de los primeros tres meses. No se en que cabeza cabe que a los seis meses de mi embarazo no se hayan percatado de mi estado. Esta situación (de mi embarazo) quedara establecida a su libre criterio y sana crítica cuando de a luz al hijo que espero, y se determine que a la fecha de mi despido, ya tenía los seis meses de embarazo, y que por lo tanto es física y lógicamente imposible que no lo hayan podido saber mis patronos. Existe abundante jurisprudencia en la Honorable Corte Suprema de Justicia, sobre este particular. 7.- Finalizaré estos hechos y omisiones, expresando que recurrí a las oficinas de la Dirección General del Trabajo a efecto de lograr en una audiencia de conciliación el pago completo de mis prestaciones e indemnizaciones laborales que de acuerdo con el Código del Trabajo me corresponden. Audiencia celebrada el día 13 de junio de 1995, en la cual el representante de la empresa demandada Laboratorio Chalver S.A. de Colombia o Corporación Chalver S.A., Licenciado José Manuel Castro Rivera, expresó que me pedía me reintegrara de nuevo a mis labores, como si yo lo que estuviera reclamando fuera el reintegro, después del maltrato que me dieron al haber "premiado" mis esfuerzos de varios años prestados con la mejor y destacada eficiencia, despidiéndome por el "delito" de convertirme en una madre potencial. De acuerdo con la ley, la trabajadora tiene la opción al ser despedida injustamente, de reclamar o bien el reintegro a su trabajo, por lo menos en las mismas condiciones, o bien el pago total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales. Esta ultima es la acción que estoy intentando en esta demanda, de acuerdo con lo dispuesto al artículo 113 del Código del Trabajo y por la sencilla razón de que para muestra de botón, si se me despidió solamente porque voy a ser madre a mucha honra, me preguntó que no se me hará al volver y encontrar un clima de hostilidad por tan gran hecho. Repito por eso es que recurro ante la justicia para que se me cancele el resto de mis derechos laborales que la empresa demandada se niega a efectuar. LO QUE SE DEMANDA: Demando y pido que la Sociedad demandada CORPORCION CHALVER DE COLOMBIA, S.A. o bien su distribuidora en Honduras, la Sociedad Mercantil denominada Drogueria Nacional, S.A., quien es representada legalmente por su Presidente del Consejo de Administración, el señor Constantino Barletta, o quien haga las veces de su representante legal en Honduras, sean condenadas a pagarme la totalidad de mis prestaciones y demás indemnizaciones laborales que me corresponden, con motivo de haber sido despedida en forma ilegal e injustificada y encontrarme además en estado de seis meses de embarazo. CUANTIA DE LA DEMANDA: La cuantía de la demanda la fijo en la suma de CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS DE LEMPIRA (l.117,148.64), que se descompone de la siguiente manera: Preaviso 2 meses L.18,643.10; Auxilio de Cesantía 3 meses 27, 964. 65. Auxilio de Cesantía proporcional a 89 dias (7.43 dias) 2, 305. 54; Vacaciones proporcionales a 89 dias (4, 94 días) 1,536.34; Aguinaldo proporcional (12.50 dias) 3, 329.12; Décimo cuarto mes proporcional (27.50 días) 7,324.08), 61.102.83 a esta cantidad hay que agregarle: El pago de 60 días de salario de indemnización por despido en estado de embarazo 28,643.10; El pago de 84 días de pre y post natal 26,100. 48, el pago de 180 horas de lactancia 5, 992.43 sub total 111, 838. 84, además el valor de las llamadas telefónicas y las comisiones adeudadas a las que me refiero en el hecho número tres de esta demanda. TOTAL 3, 379. 80. Mas a título de indemnización el pago de los salarios caídos desde el despido ilegal e injustificado hasta que quede firme la sentencia de este juicio. RELACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA: En el presente juicio, me valdré de los siguientes medios de prueba: a) Documental; b) Testifical; c) inspección personal del señor Juez; d) confesión; e) pericial y f) Presunciones. FUNDAMENTOS DE DERECHO: Fundo esta demanda en los artículos 1, 2, 3, y 8 de la Ley de representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y extranjeras; 1, 2, 4, 5, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 113, interpretado mediante Decreto Número 89 del 24 de Noviembre de 1969, 116, 117, 120 reformado, 123 interpretado por Decreto número 65 del 28 de septiembre de 1966; 124, 135, 144, 703, 704, 707, 708, 728, 752, 755, 756, 758, 759 y 858 del Código del Trabajo. RESULTA: Que en fecha ocho de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, compareció ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de esta Sección Judicial, el Licenciado JOSE MANUEL CASTRO RIVERA, en su condición de Apoderado Legal de LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA LTD, contestando la demanda promovida en contra de su representada por la señora BRENDA CAROLINA SANTOS JAUREGUI, contestación que basó en los Hechos y Fundamentos de Derecho siguientes: A LOS HECHOS: 1o. Se acepta el hecho número uno de la demanda por ser la realidad. 2o. Se acepta también el segundo hecho de la demanda por ser cierto, con el único desacuerdo de que si la señora BRENDA SANTOS, no ha retirado lo que se le adeuda por pagos por concepto de teléfono que ella hizo, es porque no se ha presentado a retirarlos, los mismos están a su disposición cuando desee. 3o. También se acepta el hecho tercero por ser cierto, con el único agregado de que tampoco ella se ha presentado para retirar lo que por concepto de comisiones del 0.5% le correspondía y no es que la Empresa se lo esté negando, en todo caso, todo ello se estará a lo que pruebe en juicio. 4o.) Se acepta el hecho cuarto de la demanda por ser cierto, lo único que la sucursal de la Droguería Nacional aquí en Tegucigalpa, no está ubicada en la Colonia Alameda, sino en Colonia Ruben Dario. 5o. Se acepta el hecho quinto de la demanda, ya que en efecto, se le hizo la respectiva nota de despido, como ya de previo habia quedado concertado con el señor Alejandro Valbuena, Director Médico Internacional de mi representada; lo único que extrañamos es que no sabemos por qué medios se agenció dicha nota de despido, ya que en ningún momento, cuando se le hizo entrega de la misma, el 30 de Mayo del corriente año, ella no la quiso aceptar, extremo que también acreditaremos en el juicio. 6o. Se rechaza total y contundentemente el hecho sexto de la demanda por ser completamente falaz, alejado de toda la verdad y preñado de ignominia contra mi representada y tocará a la parte demandante probar dichos extremos en el transcurso del juicio. 7o. Se acepta el hecho séptimo de la demanda, únicamente en lo que se refiere al ofrecimiento del reintegro hecho en audiencia de conciliación en la Oficina de Conflictos Individuales de Trabajo, como también se dejará acreditado con la correspondiente Certificación que en su oportunidad se presentará, ya que todo lo demás que dicho acápite contiene es una falsedad. A LO QUE SE DEMANDA: Se rechaza el acápite de lo que se demanda, por estar condicionado a las pretensiones de la demandante y no en base a la justicia. A LA CUANTIA DE LA DEMANDA: Se rechaza el acápite cuantía de la demanda, por estar condicionada también a las pretensiones de la demandante y no en base a la justicia que debe imperar en el juicio. HECHOS DE LA DEFENSA: 1o) Resulta señor Juez, que en efecto mi poderdante, representada por la persona del Doctor Alejandro Valbuena, en la semana del 22 de Mayo del corriente año, tuvieron varias reuniones de trabajo en el Hotel Alameda de esta ciudad capital, tiempo durante del cual en varias oportunidades el Doctor Valbuena le dejó entrever que por razones de reorganización la Empresa prescindiría del cargo de Coordinadora Nacional para Honduras de la Empresa Chalver, que la Gerencia de este pasaría a San Salvador, El Salvador y que desde allá llevarían los asuntos, pero que sin embargo al tomar la determinación de despedirla le pagarían la totalidad de sus prestaciones laborales, como así sucedió cuando de común acuerdo con la demandante la Empresa le envió nota de despido en fecha 30 de mayo del presente año, nota que dicho sea de paso nunca quiso recibir, y al producirse dicho despido la Empresa no tenía conocimiento de su estado de embarazo, razón por la cual en audiencia ante el Ministerio de Trabajo se le ofreció el reintegro el día 13 de Junio de 1995, no así antes aclarar señor Juez que un día antes, es decir el día 12 se estuvo esperando a la demandante en las oficinas regionales de Droguería Nacional para hacerle entrega de una nota en la que se dejaba sin valor y efecto dicho despido en virtud de precisamente desconocer de que se encontraba en estado de embarazo, y que nunca actuaría en contraposición a lo que establece el artículo 144 del Código de Trabajo, que se reintegrara a su trabajo y que continuara laborando en las mismas condiciones de su contrato, nota que nunca recibió como repito pues llegó después de la 4:00 p.m. y según manifiesta ella misma su Abogado le dijo que no recibiera ningún documento. Todo ello señor Juez lo acreditaré en juicio y en su debida oportunidad. 2o) Que en el acápite sexto de la Demanda, la señora BRENDA SANTOS, aduce una actitud poco decorosa y humanitaria de mi representada, al presentarla ante la opinión del señor Juez como una Empresa que deshecha por así decir a las mujeres que salen embarazadas, nada mas falaz como repito y lleno de perversidad se puede decir, por cuanto en la actualidad aún laboran otras dos empleas, una en San Pedro Sula y otra en Tegucigalpa, que han salido en estado de embarazo, han tenido sus hijos y allí están trabajando con mi representada y no han tenido problema alguno, ni de malos tratos ni de nada que se asemeje. Que lo que realmente venía sucediendo es que la demandante, por su carácter inestable, había tenido algunas diferencias con el señor RAUL URBINA, Gerente Regional de Drogueria Nacional, inclusive con el mismo Gerente Regional de El Salvador, pero no vamos a evocar esos extremos en esta contestación; aunque en efecto sucedieron. Que no puede ella ahora alegar malos tratos, ya sea antes o después, de que se pusieron de acuerdo con el señor Valbuena sobre su despido, por cuanto su relación con los personeros de la Empresa era ya por vía fax o por teléfono y sólo ocasionalmente venían ellos a Tegucigalpa para revisar como iban los asuntos. De todo ello señor Juez, es decir, desvirtuar que mi representada no es violadora de los derechos de la mujer, máxime en estado de embarazo, de que no se tenía relación directa más que ocasionalmente y de que en ningún momento la Empresa que represento despidió a la señora BRENDA SANTOS, porque se encontraba en estado de embarazo, ya que al producirse el despido desconocían este extremo, lo podré acreditar en todo el curso del juicio y probaré que mi Representada actuó de buena fe y no de una manera desleal, de mala fe, como está actuando la demandante. 3o) Que mi representada en ningún momento ha pretendido provocar un conflicto de índole laboral sólo por el hecho de haber despedido a la demandante, ya que se le ha ofrecido a la misma el reintegro, el pago de sus prestaciones laborales, sin que se haya llegado a un acuerdo entre las partes, en lo que respecta a sus prestaciones laborales, precisamente, ya que la indemnización no le corresponde por no haber sido despedida por su estado de embarazo; razón por la cual se consignaron a favor de la demandante la cantidad que en efecto le corresponde, consignación que se efectuó en este Despacho, la cual se registra en el Libro de Entradas de Demanda bajo el número 15,276. RELACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA: Para acreditar la procedencia de la contestación de la demanda y desvirtuar lo aseverado por la actora, haré uso de los medios de prueba siguientes: Documental, inspección, confesión, testifical y las demás permitidas por la ley. FUNDAMENTOS DE DERECHO: Fundo la presente contestación de la demanda en los artículos 135, 613, 667, 703, 755, 756, 757, 858 y demás aplicables del Código de Trabajo; 192 del Código de Procedimientos Civiles. RESULTA: Que en fecha quince de Marzo de mil novecientos noventa y seis, el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial, dictó sentencia mediante la cual falló: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora BRENDA GUADALUPE SANTOS JAUREGUI, contra la Sociedad denominada CORPORCION LABORATORIO CHALVER DE COLOMBIA, S.A., y representada por la Sociedad DROGUERIA NACIONAL, S.A., a través de su Presidente del Consejo de Administración señor CONSTANTINO BARLETA, en consecuencia CONDENAR a la parte demandada a pagarle a la trabajadora demandante la cantidad de (Lps.61, 102. 83) SESENTA Y UN MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS, por los conceptos siguientes: Preaviso Lps. 18, 643. 10; Auxilio de Cesantía Lps. 27, 964. 65; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 2, 305. 54; Vacaciones proporcionales Lps. 1, 536. 34; Aguinaldo proporcional Lps. 3, 329.,12; Décimo cuarto mes proporcional Lps. 7, 324. 08; 2) ABSOLVER a la parte demandada del pago de los valores por los conceptos de indemnización por despido en estado de embarazo, pago de pre y pos natal; el pago de 180 horas de lactancia; igual manera el pago de salario caídos en virtud de que el pago de consignación relacionado en esta sentencia tiene los efectos de suspender el pago de dicha indemnización cuanto éste se haya hecho por el mismo importe del pago de prestaciones laborales reclamado por la parte actora. 3) SIN COSTAS. RESULTA: Que el Juzgado instructor fundó su fallo en las consideraciones y disposiciones legales siguientes: CONSIDERANDO (1): Que en fecha 10 de Agosto de 1995, compareció ante este Juzgado la señora BRENDA GUADALUPE SANTOS JAUREGUI, promoviendo demanda ordinaria laboral contra la Sociedad CORPORACION (LABORATORIO) CHAVEL DE COLOMBIA, S.A. a través de su representante la Sociedad Mercantil DROGUERIA NACIONAL, S.A. por medio de su Presidente del Consejo de Administración el señor CONSTANTINO BARLETTA, para el pago de prestaciones e indemnizaciones. CONSIDERANDO (2): Que en fecha 8 de Diciembre de 1995, compareció ante este Juzgado el Licenciado JOSE MANUEL CASTRO RIVERA, en su condición de Apoderado de la Sociedad LABORATORIO CHAVEL DE COLOMBIA LTD., dando contestación a la demanda, rechazando la misma. CONSIDERANDO (3): Que en la audiencia primera de trámite celebrada en fecha 13 de diciembre de 1995, el apoderado de la parte demandada para acreditar la verdad de sus afirmaciones propuso los medios de prueba siguientes: 1) DOCUMENTAL; 2) INSPECCION Y 3) CONFESION. CONSIDERANDO (4): Que la parte demandante alega en el numeral 5) del acápite HECHOS Y OMISIONES de su escrito de demanda entre otras cosas las siguientes:a) Que su ex patrono le comunicó mediante nota de fecha 30 de Mayo de 1995, que prescindía de sus servicios que venía desempeñando desde el 1 de marzo de 1992, por motivo de reorganización interna ya que su cargo como Coordinadora no necesitamos continúe existiendo. No obstante la parte demandante alega en el numeral 6 de ese mismo acápite. "...que la causal que le invocó el patrono en su nota de despido no es de las que el Código de Trabajo autoriza al patrono para dar por terminado sin responsabilidad alguna el contrato de trabajo, y que el verdadero motivo que tuvo su ex patrono para tomar tan injusta determinación, es el hecho de que se encontraba en estado de embarazo (ver folios 3, 4 y 34 de los autos).- CONSIDERANDO (5): Que la parte demandada al contestar su demanda, alega en su defensa bajo el acápite HECHOS DE LA DEFENSA entre otras cosas las siguientes: a) Que la empresa le envió a la hoy demandante nota de despido de fecha 30 de mayo de 1995 y al producirse dicho despido la Empresa no tenía conocimiento de su estado de embarazo, razón por la cual en la audiencia ante el Ministerio de Trabajo se le ofreció el reintegro el día 13 de Junio de 1995. CONSIDERANDO (6): Que si bien es cierto, que con la fotostática de la certificación médica No.15221 de fecha 31 de mayo de 1995 (ver folio 37), se aprecia que la trabajadora demandante a esa fecha tenía un estado de embarazo de (24) semanas; no es menos cierto, que no se encuentra probado en juicio que con ese documento la trabajadora demandante le comunicó oportunamente a su patrono su estado de embarazo. CONSIDERANDO (7): Que la indemnización que impone el Código del Trabajo por el despido de una trabajadora en estado de embarazo, equivale a una sanción para el patrono y, no es concebible la imposición de sanciones cuando el sancionado no conoce los hechos que motivan la sanción. CONSIDERANDO (8): Para que pueda configurarse la sanción de despido por embarazo es indispensable que el patrono que comunique la terminación del contrato, tenga previo conocimiento de la situación en que se encuentra la trabajadora. CONSIDERANDO (9): Que con fecha 16 de Noviembre de 1995, la parte demandada compareció ante este Juzgado consignando la cantidad de (SESENTA NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS) Lps. 60, 978.83 a favor de la señora BRENDA SANTOS JAUREGUI, bajo cheque No. 63761 girado contra el Banco del Comercio, por el concepto de prestaciones laborales menos el impuesto sobre la renta gravables a las mismas. A dicha acción se le dió el trámite correspondiente y la misma se registra bajo el No. 15276. CONSIDERANDO (10): Que la jurisdicción del Trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se origen directa o indirectamente del contrato o relación de trabajo. CONSIDERANDO (11): Que el Juez laboral no está sujeto a la tarifa legal de la prueba, por lo tanto forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la critica de la prueba, atendiendo a las circunstancias relevantes del proceso y a la conducta observado a las partes. Artículos 134, 135, 303 de la Constitución de la República; 1, 38 párrafo segundo y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 25, 30, 664, 665, 666 letra a), 667, 669, 690, 738, 739, 740, 759 y 858 del Código del Trabajo; 183, 184, 188, 190 y 192 del Código de Procedimientos Civiles. RESULTA: Que conociendo en apelación el fallo proferido por el Tribunal de primera instancia, la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y seis, dictó sentencia mediante la cual FALLO: 1) REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de este Departamento, el día viernes quince de Marzo de mil novecientos noventa y seis, que obra a folios 80 y 81 de la primera pieza de autos, en la forma siguiente: 1o) REVOCA la parte final del No.2 de la parte resolutiva de la sentencia precitada, en consecuencia CONDENA a la parte demandada Corporación Laboratorio Chalver de Colombia, S.A., representada por la Sociedad Mercantil Drogueria Nacional, S.A., a pagar a la trabajadora Brenda Guadalupe Santos Jauregui, a título de daños y perjuicios, los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme esta sentencia condenatoria. 2o) CONFIRMAR el No.1 de la parte primera del No.2 y el No.3 de la parte resolutiva de la sentencia apelada. II. SIN COSTAS en esta instancia. RESULTA: Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, fundó su fallo en las consideraciones y disposiciones legales siguientes: CONSIDERANDO: Que se encuentra acreditado en juicio que el día 30 de Mayo de 1995, la parte demandada le comunicó a la trabajadora demandante su determinación de dar por terminado el contrato de trabajo que les unía, alegando como motivo la "reorganización interna ya que su cargo como Coordinadora Nacional no necesitamos continúe existiendo". (folio 9 de la primera pieza de autos). CONSIDERANDO: Que en su demanda, la señora Brenda Guadalupe Santos Jauregui, reclama el pago de lo siguiente: a) Preaviso; b) Auxilio de Cesantía; c) Auxilio de Cesantía proporcional; f) Décimo cuarto mes proporcional; g) Indemnización por despido en estado de embarazo; h) Pre y post natal, horas de lactancia; i) Valor de llamadas telefónicas; j) Comisiones adeudadas y k)a título de daños y perjuicios los salarios caídos desde el despido ilegal e injustificado hasta que quede firme la sentencia. CONSIDERANDO: Que el Juez a quo en el número 1) de la parte resolutiva de la sentencia que se conoce en apelación, declaró parcialmente con lugar la demanda que promoviera la señora Brenda Guadalupe Santos Jauregui, contra "Corporación Chalver de Colombia, S.A., representada por la Sociedad Mercantil Drogueria Nacional, S.A., y, condenó a dicha parte demandada a pagarle a la trabajadora demandante la cantidad de Lps. 61, 102. 83 por los conceptos de: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, parte dispositiva que, a criterio de este Tribunal Ad quem, se encuentra ajustada a derecho ya que el despido fué ilegal e injustificado y procede que se confirme, asimismo procede que se confirme la parte primera del número 2) de la parte resolutiva de la sentencia, en cuanto a que absuelve a la parte demandada "del pago de los valores por los conceptos de indemnización por despido en estado de embarazo; pago de pre y post natal; el pago de 180 horas de lactancia", porque como bien lo dice el Juez sentenciador en el considerando número (8) que, para que pueda configurarse la presunción de despido por embarazo es indispensable que el patrono comunique la terminación del contrato de trabajo; tenga conocimiento de la situación en que se encuentra la trabajadora" y, no habiendo probado en juicio la trabajadora que comunicó a su patrono el estado de embarazo en que se encontraba antes del despido (30 mayo 1995) no procede que se condene al patrono a las indemnizaciones por tales conceptos. CONSIDERANDO: Que en la parte final del número dos de la parte resolutiva de la sentencia apelada, el aquo absolvió a la parte demandada del pago de "salarios caídos en virtud de que el pago de consignación relacionado en esta sentencia tiene los efectos de suspender el pago de dicha indemnización cuando este se haya hecho por el mismo importe del pago de prestaciones laborales reclamado por la parte actora", absolución que no se ajusta a derecho y procede revocarla porque: a) El artículo 111 del Código del Trabajo de manera taxativa establece las causas de terminación de los contratos de trabajo y, la invocada por la parte demandada en su nota de fecha 30 de Mayo de 1995 (folio 9) no se encuentra comprendida en la disposición legal anteriormente mencionada; b) El despido de que fué objeto la trabajadora Brenda Guadalupe Santos Jauregui, el dia 30 de mayo de 1995, fué ilegal e injusto y, ello lo ha dejado establecido el sentenciador de primera instancia al declarar con lugar la demanda y condenar a la demandada al pago de las indemnizaciones que el Código del Trabajo establece para el caso que el trabajador haya sido despedido injustificadamente, esto es, preaviso, auxilio de cesantía y auxilio de cesantía proporcional; c) "...Cuando el despido injustificado surta efecto y que sea firme la sentencia condenatoria respectiva el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas" (artículo 129 de la constitución de la República; d) Al constar en el proceso el despido injustificado, no habrá consignación alguna que absuelva al patrono de pagar al trabajador los salarios dejados de percibir, ya que éstos son una consecuencia de ello; además la trabajadora Brenda Guadalupe santos Jauregui, fué despedida injustificadamente de su trabajo el día 30 de Mayo de 1995, fué hasta la fecha 16 de Noviembre de 1995 (5 meses y medio después del despido), que el patrono hace una consignación ante el Juzgado, consignación que dicho sea de pago, solo fué mencionada en la parte final del número 3 del acápite "Hechos de la Defensa", de la contestación de la demanda y luego mencionada; e) Mediante Decreto No.89 de fecha 24 de Noviembre de 1969, publicado en La Gaceta No. 19,956 del 23 de diciembre de 1969, se interpretó el párrafo primero del artículo 113 del Código del Trabajo, en el sentido de que la "percepción de salarios por parte del trabajador, con motivo de la obligación que corresponde al patrono, por causa de despido injusto, de pagar a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador habría percibido, se contará desde la terminación del contrato, hasta la fecha en que con sujecióna las normas procesales del Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, de consiguiente los Tribunales de Justicia, no deben hacer deducción alguna del tiempo que dure el juicio, ni limitar el pago de salarios dejados de percibir". CONSIDERANDO: Que si bien es cierto que el despido de la trabajadora no se efectuó por motivo de embarazo, no es menos cierto que, aún así, el despido de la demandante fué ilegal e injustificado, ya que, el motivo invocado no se encuentra establecido en la Ley laboral. CONSIDERANDO: Que corresponde a los Tribunales de justicia la aplicación de las leyes en casos concretos. CONSIDERANDO: Que el recurso de apelación tiene por objeto obtener del Tribunal superior respectivo que enmiende con arreglo a derecho, la resolución del inferior. CONSIDERANDO: Que por todo lo anteriormente expuesto es procedente REFORMAR la parte final del número 2) de la parte resolutiva de la sentencia que se conoce en apelación, en el sentido de condenar a la parte demandada a pagar a la trabajadora demandante a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir. Artículos 129, 134, 135, 303, 314 de la Constitución de la República; 1, 3, 4, 5, 19, 20, 25, 111, 113, 664, 665, 666 letra b), 672, 699 párrafo segundo, 760 y 858 del Código del Trabajo; 187, 200 y 420 del Código de Procedimientos Civiles; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. RESULTA: Que en fecha veintidós de Mayo de mil novecientos noventa y seis, compareció ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, el Licenciado JOSE MANUEL CASTRO RIVERA, en su condición de Apoderado de Laboratorios Chalver de Colombia Ltd, interponiendo Recurso de Casación en contra de la sentencia dictada por dicho Tribunal en fecha dieciséis de Mayo del año en curso, mismo que fue concedido en providencia de fecha veinticuatro de los mismos, ordenándose la inmediata remisión de los autos a este Supremo Tribunal. RESULTA: Que en fecha veintitrés de Mayo de mil novecientos noventa y seis, compareció ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, la Licenciada Ericka Lorena Molina Aguilar, en su condición de Apoderada de la señora Brenda Santos Jauregui, interponiendo Recurso de Casación en contra de la sentencia dictada por dicho Tribunal en fecha dieciséis de Mayo del año en curso, siendo concedido el mismo mediante auto de fecha veinticuatro de Mayo del año en curso, ordenándose la inmediata remisión de los autos a este Supremo Tribunal. RESULTA: Que mediante sentencia de fecha dieciocho de Junio de mil novecientos noventa y seis, se admitieron los recursos de casación interpuestos por el Licenciado José Manuel Castro Rivera y la Licenciada Ericka Lorena Molina Aguilar, en su condición ya indicadas y contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, ordenando se lleve adelante la tramitación de los recursos, concediéndoles el término de veinte días para que formulen por escrito sus demandas de casación, y en virtud de ser dos los recurrentes, omítanse los traslados correspondientes. RESULTA: Que en fecha veintinueve de Agosto de mil novecientos noventa y seis, compareció ante la Corte Suprema de Justicia, la Licenciada Ericka Lorena Molina Aguilar, en su carácter indicado, formalizando el Recurso de Casación de que se ha hecho mérito, formalización que hizo de la siguiente manera: " EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: MOTIVO UNICO: Infracción de Ley substantiva, por interpretación errónea del párrafo primero del artículo 113 del Código del Trabajo, en la parte que dice: "...Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder...", en relación esta norma, con los artículos 135 párrafo primero, 140 párrafo primero y 144 párrafo tercero, todos también del expresado Código del Trabajo. Precepto Autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el ordinal 1o. del párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. El concepto de la infración lo explico de la siguiente manera: La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en la sentencia recurrida, reconoce expresamente que el despido de la trabajadora Brenda Guadalupe Santos Jauregui, fue "...ilegal e injustificado..." y como consecuencia de ello, reformó la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de este Departamento, en el presente juicio, reforma que consistió en confirmar parcialmente la condena que este Juzgado le impuso a la sociedad demandada, obligándola a pagar a la trabajadora demandante la cantidad de Lps. 61, 102.83 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, y décimo cuarto mes proporcional y en revocar también parcialmente dicha sentencia, en cuanto que condenó a la sociedad demandada al pago de los salarios dejados de percibir por la trabajadora demandante, desde que fué injustamente despedida hasta que con arreglo a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme la sentencia, ya que, el mencionado juzgado de Letras Primero del Trabajo de este Departamento, había absuelto a la parte patronal del pago de estos conceptos. Se basó el Tribunal Sentenciador en este fallo, entre otras disposiciones legales, en el artículo 113 del Código del Trabajo, sin embargo, no obstante lo anteriormente expuesto, interpretó erróneamente la parte que se encuentra en el primer párrafo de este artículo 113 de dicho cuerpo de leyes, específicamente a donde dispone que: "...si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador..." ya que las indemnizaciones a que se refiere esta norma, son también las que se consignan en el párrafo primero del artículo 135, en el también párrafo primero del artículo 140 y en el artículo 144 párrafo tercero, todos del Código del Trabajo, entendiendo como indemnizaciones y por definición del propio vocablo "indemnización", como la compensación económica que el patrono abona al trabajador por el lapso de servicios prestados y por los perjuicios que le causa la ruptura del contrato sin motivo imputable al trabajador o empleado. Las indemnizaciones laborales pues, a que tiene derecho la trabajadora Santos Jauregui, no solamente son las que el Juzgado de Primera instancia condenó a la parte demandada, confirmadas por el tribunal sentenciador, ni además las que este reconoció en el fallo recurrido, como ser los salarios que habría percibido la demandante, desde que fué despedida hasta que quede firme la sentencia de acuerdo a las normas procesales del Código del Trabajo, sino que además están las indemnizaciones derivadas de la maternidad, que acabo de referirme a ellas, esto es, las consignadas en el párrafo primero del artículo 135, en el 140 párrafo primero y en el párrafo tercero del artículo 144, todos del Código del Trabajo. el haber eliminado estas indemnizaciones la corte sentenciadora en la parte dispositiva del fallo recurrido, sin explicación o justificación alguna, es porque interpretó erróneamente la parte de la norma que alego como infringida en el presente motivo, ya que la misma no hace excepción alguna para que se omitan estas indemnizaciones, por lo tanto el Tribunal de segunda instancia, debió haber condenado a la sociedad demandada a pagar también a mi representada esas indemnizaciones. RESULTA: Que en fecha veintinueve de Agosto de mil novecientos noventa y seis, compareció ante este Tribunal el Licenciado José Manuel Castro Rivera, en su condición de Apoderado de Laboratorios Chalver de Colombia Limitada, contestando la Demanda de Casación de que se ha hecho mérito, lo que hizo de la siguiente manera: EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: Primer Motivo de Casación: Ser la sentencia violatoria de Ley substantiva, por aplicación indebida del artículo 113 interpretado, párrafo primero, en relación con los artículos 116 literal e) y 120 modificado, párrafo primero literal c) todos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE:Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: La parte demandada aceptó, y en consecuencia no fué objeto de debate, que la parte demandante, estaba desempeñando el Cargo de Visitadora Médica, con un salario de Lps. 6,300.00 mensuales al momento de su despido. El artículo 113 interpretado párrafo primero del Código de Trabajo establece: "La terminación del Contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero esta goza el derecho de emplazarnos ante los Tribunales de Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido, si el Patrono no prueba esta causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según éste Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva". El artículo 116 literal e) del mismo ordenamiento jurídico dispone: "Si el contrato es por tiempo indeterminado cualquiera de las partes puede hacerlo terminar dando a la otra un preavusi..a)...b)...c)...d)...e) preaviso...d)...e) de dos (2) meses, cuando le ha servido por mas de dos años". El artículo 120 modificado parte introductoria literal c) del mismo ordenamiento establece: "Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por razón de despido injustificado, o por alguna de las causas previstas en el artículo 114 u otra ajena a la voluntad del trabajador el patrono deberá pagarle a este un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas a)...b)...c)Después de un trabajo continuo mayor de un (1) año, con un importe igual a un mes de salario, por cada año de trabajo, y si los servicios no alcanzan a un (1) año en forma proporcional al plazo trabajado." De los artículos antes transcritos se establece claramente los derechos laborales de los trabajadores cuando el despido es injustificado, derechos éstos, que la parte recurrente honró al consignar la cantidad respectiva que cubrían los mismos en favor de la parte actora, en el Juzgado de Trabajo correspondiente y que además conoció de la acción entablada por la parte demandante; consignación ésta que fué admitida por dicho Juzgado la que fué previamente anunciada y notificada a la parte demandante a través del procedimiento legal, siendo aceptado el pago por consignación, tal como lo establece en uno de los considerandos de la sentencia definitiva dictada por el Juez A quo en la que se afirma haberse hecho dicha consignación por la cantidad de Lps. 60, 978, 83 a favor de la señora BRENDA GUDALUPE SANTOS JAUREGUI, bajo cheque 63761 girado contra le Banco del Comercio, acción ésta que se encuentra registrada bajo el número 15, 276 en dicha judicatura, en consecuencia, la Corte Sentenciadora, al proferir su fallo condenando a una indemnización que no corresponde por concepto de salarios caídos, consecuentemente, ha incurrido en violación a la Ley al establecer en su fallo la obligación de pagar a la parte actora a título de daños y perjuicios los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo quede firme la sentencia condenatoria respectiva lo que hace mas gravosa la situación de la parte recurrente, por cuanto se había liberado de esa obligación al consignar el 16 de noviembre de 1995, ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo de esta Sección Judicial, los derechos laborales que le correspondían conforme a la Ley, ala parte demandante, según cheque No. 63761 girado contra el Banco del Comercio, S.A.,m lo que constituye un error de juicio del fallador, circunstancias muy humana que suele presentarse fuera de su labor investigativa dentro de su campo probatorio. En términos generales, puede decirse que esta modalidad de violación consiste en que, a un caso establecido en el proceso, sin que medien errores de hecho o de derecho, se le aplique una norma que no lo regule. Bien es cierto que la aplicación indebida de una norma puede ser motivo para que se deje de aplicar otra que si es pertinente, o que la falta de aplicación de la que corresponda lleve a la indebida aplicación de la que no viene el caso. En consecuencia, la norma legal indebidamente aplicada es el artículo 113 interpretado del Código del Trabajo, y no se aplicó las normas legales habiendo debido serlo como lo es el artículo 116 literal e) y 120 modificado párrafo primero literal c) del mismo ordenamiento legal que establecen derechos a los trabajadores en caso de despido injusto. Consecuentemente, la aplicación indebida por parte de la Corte sentenciadora de la norma citada, produce la infracción alegada en este motivo y por tal virtud, el mismo debe prosperar y casar la sentencia recurrida. SEGUNDO MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de Ley Substantiva por infracción directa del artículo 113 interpretado párrafo primero del Código del Trabajo en relación con el artículo 728 del mismo ordenamiento legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 113 interpretado, párrafo primero del Código del Trabajo dispone: "La terminación del Contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono le comunique al trabajador, pero este goza el derecho de emplazarnos ante los Tribunales de Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba esta causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva". El artículo 728 párrafo primero del mismo ordenamiento legal establece: "El Juez de Primera Instancia podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que estas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pegadas." La Corte sentenciadora en el fallo que se impugna parcialmente, al reformar la sentencia de primera instancia condena a la parte demandada LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA LTD., a pagar a la trabajadora BRENDA GUADALUPE SANTOS JAUREGUI, a título de daños y perjuicios los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme la sentencia condenatoria. Esta indemnización a título de daños y perjuicios respecto a los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo la trabajadora BRENDA GUADALUPE SANTOS JAUREGUI, no fueron declarados a favor de la parte actora en el fallo de primera instancia, y es que precisamente, la facultad para condenar extra y ultra petita, se atribuyó únicamente al Juez de primera instancia, según los términos claros de la disposición legal transcrita, y se niega rotundamente esa facultad al tribunal de segundo grado, para conservar el principio procesal de la reformatio in pejus, según el cual, no se puede hacer mas gravosa la situación de un apelante. De modo que la violación de Ley substantiva por parte de la Corte sentenciadora, de las normas citadas, producen la infracción directa alegada en este motivo y por tal virtud, el mismo debe prosperar y casar la sentencia recurrida. NULIDAD SUBSIDIARIA: Con fundamento en la facultad que tiene los tribunales al conocer por vía de Casación para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan, cuando aparezca de manifiesto en ellas alguna de las causas que dan origen a la Casación en la forma, que en materia laboral es admisible, como causal el error improcedendo, cuando por quebrantamiento de norma de procedimiento se llegue a infringir normas substantivas de índole laboral; se alega en forma subsidiaria LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA, por el motivo siguiente: en el escrito de contestación de la demanda en el acápite HECHOS DE LA DEFENSA, en el hecho tercero, se indica que las prestaciones laborales que le corresponden en derecho a la parte demandante fueron consignadas a favor de la misma, la cantidad que en efecto le corresponde de conformidad con la ley, consignación que se efectuó en el Juzgado Primero de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la cual se registra en el Libro de Entradas de Demandas bajo el número 15,276, consignación que fue precisamente anunciada y notificada a la parte demandante, a través del procedimiento legal, siendo aceptado el pago por consignación tal como lo establece en uno de los considerandos de la sentencia definitiva dictada por el Juez A-quo y que en la parte conducente de dicha sentencia libera a la parte demandada del pago de los salarios caídos, en virtud de que el pago de consignación relacionado en dicha sentencia tiene los efectos de suspender el pago de la referida indemnización, cuando éste, se haya hecho por el mismo importe del pago de las prestaciones laborales reclamadas por la parte autora. La Corte sentenciadora al proferir el fallo, reforma la sentencia definitiva de primera instancia dictada por el Juzgado Primero de Letras del Trabajo de este Departamento el día viernes 15 de Marzo de 1996, que obra a folios 80, 81 y 82 de la primera pieza de autos, en consecuencia, condena a la parte demandada LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA LTD., a pagar a la trabajadora BRENDA GUADALUPE SANTOS JAUREGUI, a título de daños y perjuicios, los salarios que habría percibido desde la terminación del Contrato de Trabajo, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme la sentencia condenatoria. Se le confieren al Juez de Primera Instancia en materia laboral, las facultades necesarias para fallar ultra petita y extra petita, es decir, para imponer condenaciones por mas de lo pedido, y también para ordenar el pago de los salarios, prestaciones o indemnizaciones no reclamadas por el autos en el libelo de su demanda, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio, y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores de las demandadas por el mismo concepto. Pero la facultad para imponer condenaciones ultra petita y extra petita, SOLO SE LE CONFIEREN A LOS JUZGADORES DE PRIMERA INSTANCIA, vale decir, que los Tribunales de apelación CARECEN DE DICHAS FACULTADES, para conservar el principio procesal de La reformatio in pejus, según el cual, no se puede hacer mas gravosa la situación de un apelante. De donde resulta, con toda nitidez, que la facultad tantas veces mencionada ES EXCLUSIVA DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, tal como lo tiene establecido el artículo 726 párrafo primero del Código del Trabajo. Por último, fuera de los motivos de casación anteriormente invocados, cabe anotar además, que puede impugnarse la sentencia de segundo grado en el concepto de NULIDAD DEL JUICIO por falta de competencia del fallador, ya que en efecto, a la Corte Sentenciadora, se le niega rotundamente, en apego a derecho, esa facultad para conservar el principio procesal de la reformatio in pejus, por consiguiente, lo actuado por la corte sentenciadora otorgando la indemnización de los salarios dejados de percibir, ES NULA por las razones expuestas resulta procedente, se decrete la nulidad del fallo objeto de este recurso. RESULTA: Que no habiéndose señalado la audiencia correspondiente se nombró Magistrado Ponente en estas diligencias al Abogado RIGOBERTO ESPINAL IRIAS, quien informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediera de conformidad a derecho. CONSIDERANDO: Que la Recurrente, apoderada de la parte demandante, en el MOTIVO UNICO de Casación formalizado, sostiene: "Infracción de ley sustantiva, por interpretación errónea del parrafo primero del Artículo 113 del Código del Trabajo, en la parte que dice: "...Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le pueda corresponder...", en relación esta norma, con los Artículos 135 párrafo primero, 140 parrafo primero y 144 parrafo tercero, todos tambien del expresado Código del Trabajo".- Pero es muy importante hacer notar que confrontado el fallo con el cargo contenido en el presente motivo único, el impetrante no demuestra que el fallador hubiese interpretado erróneamente el Artículo 113 del Código del Trabajo, pues habiéndose constatado el despido ilegal e injustificado, estimó procedente confirmar la condena a las indemnizaciones desglosadas en la sentencia apelada, así como al constar en autos que no se configura la presunción de despido por embarazo, confirma la absolutoria por este concepto; pues, según reiteradas decisiones judiciales, para ello es indispensable que el patrono que comunique la terminación del contrato de trabajo, tenga conocimiento de la situación en que se encuentra la trabajadora. CONSIDERANDO: Que el censor de la sentencia, apoderado de la parte demandada, en el PRIMER MOTIVO de Casación, alega: "Ser la Sentencia violatoria de Ley sustantiva, por aplicación indebida del artículo 113 interpretado, párrafo primero, en relación con los artículos 116 literal e) y 120 modificado, párrafo primero literal c) todos del Código de Trabajo".- Sin embargo, en virtud de que las disposiciones alegadas como infringidas regulan las consecuencias jurídicas del despido ilegal e injusto, y la Corte sentenciadora en la sentencia materia del Recurso, dió aplicación en su recto sentido a las normas referidas respecto del hecho que la misma Corte tuvo por cierto, y siendo que esta modalidad de violación consiste en que a un caso establecido en el proceso, sin que medien errores de hecho o de derecho, se le aplica una norma que no regula; es visto que este primer motivo resulta improcedente. CONSIDERANDO: Que en el SEGUNDO MOTIVO de Casación, el impetrante demandado, invoca: "Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva por infracción directa del artículo 113 interpretado párrafo primero del Código del Trabajo en relación con el artículo 728 del mismo ordenamiento legal".- Y, en virtud de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario se aplica una norma a un hecho inexistente, el presente motivo resulta improcedente, pues el fallo recurrido no se encuentra comprendido en ninguna de dichas situaciones.- Por otra parte, el Tribunal de alzada no ha incurrido en violación al principio de la reformatio in pejus ya que su decisión se fundamenta en hechos discutidos en el juicio y debidamente probados, como lo es el hecho de que el despido de la demandante fue ilegal e injustificado y, consecuentemente, adquirió derecho a recibir el pago de la indemnización correspondiente, a título de daños y perjuicios. CONSIDERANDO: Que asimismo el apoderado de la sociedad demandada, al formalizar el escrito de Casación, alega NULIDAD SUBSIDIARIA, entre otros conceptos, invocando la facultad que tienen los tribunal

es al conocer por vía de casación para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan, cuando aparezca de manifiesto en ellas alguna de las causas que dan origen a la Casación en la forma.- Y, argumenta que, la Corte Sentenciadora al proferir el fallo, reforma la sentencia definitiva de primera instancia en el sentido de condenar a la parte demandada LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA LTD. a pagar a la Trabajadora Brenda Guadalupe Santos, a título de daños y perjuicio, los salarios que habría percibido desde la terminación del Contrato de Trabajo, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme la sentencia condenatoria.- Pero, que la facultad para imponer condenaciones ultra y extra petita, sólo se le confieren a los juzgadores de Primera Instancia; vale decir, que los Tribunales de Apelación, carecen de dichas facultades, para conservar el principio procesal de la reformatio in pejus. No obstante, este Tribunal Supremo, en diversas ocasiones ha sostenido que la reformatio in pejus sólo se opera cuando el superior enmienda el fallo, objeto del recurso, en el sentido de agravar la situación adquirida por el único apelante, condición procesal que no tiene el peticionario.- Además, en el caso materia del presente recurso, al constar en el proceso el despido injustificado, introdujo una enmienda indispensable sobre un punto íntimamente relacionado con el hecho del despido injustificado, que al tenor del Artículo 129 de la Constitución de la República, en lo conducente, da derecho al trabajador a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionales previstas. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas es procedente desestimar la admisión del presente Recurso, tanto en la pretensión que encierra el MOTIVO UNICO de Casación invocado por el Recurrente apoderado de la parte actora; y en cuanto a los DOS MOTIVOS de Casación y la NULIDAD SUBSIDIARIA, alegados por el impetrante apoderado de la parte demandada. POR TANTO: La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los Artículos: 303 y 319 Atribución 7a. de la Constitución de la República; 1o. y 80 numeral 1o. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 666 letra c), 769, 770, 776 y 777 del Código del Trabajo; FALLA: DECLARANDO NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado por ambas partes litigantes, de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado ESPINAL IRIAS.-NOTIFIQUESE.MIGUEL ANGEL RIVERA PORTILLO. Presidente. RIGOBERTO ESPINAL IRIAS. DARIO HUMBERTO MONTES. ARMANDO HERNANDEZ MUNDT. JOSE EDUARDO GAUGGEL RIVAS. BLANCA ESMERALDA VALLADARES. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. JUAN MURILLO DURON. CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO. LUCILA CRUZ MENENDEZ. Secretaria."

Y, a solicitud de la Licenciada ERICKA LORENA MOLINA, se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de abril de mil novecientos noventa y siete, CERTIFICACION de la sentencia de fecha cinco de Marzo de mil novecientos novecientos noventa y siete, recaída en el Recurso de casación laboral registrado bajo el No.874-96.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

Secretaria